El 11 de noviembre de 2025, la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law llevó a cabo el conversatorio “Garantizar los Derechos Humanos en Tiempos de Crisis y Poder Corporativo: Colombia y el Mundo Enfrentan el Mismo Desafío”, un espacio académico dedicado a analizar la situación de las personas defensoras de derechos humanos frente al avance del poder corporativo, la persistencia de la violencia y los retos globales para la garantía efectiva de los derechos fundamentales. 

El evento contó con la participación central de dos destacadas defensoras de derechos humanos en Colombia: 

• Astrid Torres Ramírez, defensora de derechos humanos con más de dos décadas de experiencia en organizaciones de la sociedad civil. Ha trabajado en la Fundación Sumapaz (2001–2011), el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (2003–2010) y la Corporación Jurídica Libertad (2015–2023), donde se desempeñó como investigadora y profesional en equipos de garantías para la defensa de derechos humanos, construcción de paz e incidencia a nivel nacional e internacional. Desde enero de 2024 se desempeña como Coordinadora del Programa Somos Defensores. 
• Daniela Rodríguez Novoa, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en instituciones jurídico-penales, con experiencia en justicia transicional y atención a víctimas del conflicto armado. Desde 2022 está vinculada a la Asociación Minga, organización defensora de derechos humanos. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Profesor Diego Rodríguez-Pinzón, Codirector de la Academia, y la sesión fue moderada por Adriana Buenaventura-Martínez, Subdirectora de la Academia. 

El evento fue co-auspiciado por Global Witness, Asociación Minga, el Programa Somos Defensores, y el Colombia Human Rights Committee (CHRC), y contó con interpretación simultánea español–inglés. 

1. Principales desafíos para la defensa de los derechos humanos 

La conversación inició con una reflexión amplia sobre las tendencias globales que configuran el actual panorama de riesgo para defensoras y defensores. 

Astrid Torres señaló que estos riesgos deben analizarse dentro de una “crisis planetaria” caracterizada por desigualdades profundas entre el norte y el sur global, la falta de eficacia de los mecanismos internacionales de protección —particularmente en materia de derecho a la vida—, el auge de discursos fundamentalistas regresivos y el recorte de recursos en cooperación internacional, que hoy prioriza agendas de seguridad y armamentismo. Destacó la necesidad urgente de “rescatar los derechos humanos y los espacios que protegen su defensa”. 

Daniela Rodríguez añadió que la falta de justicia y la criminalización de la protesta social agravan los riesgos para quienes defienden derechos. Subrayó retrocesos preocupantes, como la ley de amnistía en Perú y los altos niveles de impunidad en Colombia, especialmente en casos de violaciones vinculadas al conflicto armado. Señaló además que empresas extractivas intensifican su presión política y jurídica para reducir regulaciones, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades afectadas. 

2. Situación de las personas defensoras en Colombia y la Sentencia SU-546 de 2023 

El diálogo abordó también el impacto de la Sentencia de Unificación SU-546 de 2023, dictada por la Corte Constitucional de Colombia, en la que el tribunal declaró una falla estructural, una vulneración generalizada de derechos fundamentales y declaro un estado de cosas inconstitucional respecto de la protección de personas defensoras de derechos humanos. La sentencia ordenó al Estado diseñar un plan integral de protección, enfatizando la especial vulnerabilidad de comunidades indígenas y campesinas, así como la obligación de adoptar medidas con enfoque étnico y territorial. 

Daniela Rodríguez destacó que, aunque la sentencia unificó precedentes y tiene gran potencial como herramienta de protección, su eficacia depende de la voluntad institucional. Señaló que muchas de las órdenes se dilatan o no se cumplen, y que los riesgos están particularmente asociados a territorios donde operan empresas extractivas de combustibles fósiles que se resisten a transiciones energéticas. 

Astrid Torres complementó que ningún Estado de América Latina está garantizando plenamente el derecho a defender derechos humanos y que los informes internacionales muestran un deterioro alarmante. Indicó que la violencia letal contra defensoras y defensores aumentó un 20% en 2025 y que la persistente impunidad permite que actores armados —legales e ilegales— sigan operando con amplio margen. Aunque señaló avances normativos en el gobierno colombiano hacia el diálogo y nuevas herramientas de protección, enfatizó que la ejecución de la SU-546 continúa en niveles “medios a bajos” y requiere mayor celeridad del Estado. 

3. Poder corporativo, territorio y protección comunitaria

En la tercera parte del conversatorio se discutieron los impactos del poder corporativo en los derechos humanos y los riesgos que enfrentan comunidades y defensoras/es frente a megaproyectos económicos. 

Astrid Torres recordó el caso de AngloGold Ashanti en Antioquia, Colombia donde comunidades campesinas e indígenas han enfrentado amenazas y violencia por oponerse a la explotación minera. Señaló que en Colombia “quien se opone a un megaproyecto siempre termina amenazado o asesinado”, lo que demuestra cómo la presión corporativa puede condicionar la actuación del Estado y desproteger a las comunidades. 

Daniela Rodríguez añadió que defensoras ambientales enfrentan, además, procesos penales infundados que buscan silenciar su labor. Resaltó que en zonas ricas en recursos naturales existe una correlación entre la presencia de empresas, actores armados ilegales y confinamiento de poblaciones para facilitar intervenciones económicas. También mencionó que sectores de la fuerza pública tienden a respaldar intereses empresariales, y que algunas compañías fomentan divisiones internas para debilitar los procesos organizativos comunitarios.