INFORME No. 30/90

CASO 10.220

PERU

ANTECEDENTES:

1.  Con fecha 18 de agosto de 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

El 17 de agosto de 1988, fue detenido en la Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, José Pérez Olivares, Dirigente de Izquierda Unida, por efectivos de las fuerzas policiales, quienes niegan detención.  Solicitamos libertad inmediata así como garantizar su integridad física, para evitar su posible desaparición.

2.  Mediante nota del 18 de agosto de 1988, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la República del Perú, solicitándole que suministrare la información que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestación en el plazo reglamentario.

3.  Esta solicitud de información fue reiterada por medio de las notas dirigidas a dicho Gobierno con fechas 21 de febrero de 1989 y 7 de septiembre de 1989, en las cuales se menciona la eventual aplicación del Artículo 42 del Reglamento de la Comisión, sin que tampoco se recibiere contestación.

CONSIDERANDO:

l. Que la Asamblea General por Resolución 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la práctica de desaparición forzada de personas en Am‚rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2. Que ha transcurrido el plazo establecido en el Artículo 34, párrafo 5, del Reglamento de la Comisión sin que el Gobierno del Perú haya dado respuesta a la solicitud de información formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicción interna que deban ser agotados (Artículo 46 de la Convención Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convención.

3.  Que el Artículo 42 del Reglamento de la Comisión dice:

Artículo 42

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.

4. Que el Artículo 1, inciso l, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice:

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convención se compro- meten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est‚ sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

5. Que la República del Perú es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisión no dispone de otros elementos de convicción que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Artículo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 18 de agosto de 1988, relativa a la detención por agentes del estado peruano y la posterior desaparición de José Pérez Olivares ocurrida en Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, el 17 de agosto de 1988.

2.  Declarar que tal hecho configura una grave violación por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garantías judiciales  (Artículo 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

3. Recomendar al Gobierno del Perú que disponga la más exhaustiva investigación de los hechos denunciados para establecer la responsabili- dad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisión la decisión que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo máximo de 60 días.

4.  Recomendar al Gobierno del Perú que adopte las medidas reparatorias para la familia de la víctima, que establece la legislación nacional.

5.  Comunicar este informe al Gobierno de la República del Perú y a los denunciantes.

6.  Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Perú no presentare observaciones, la Comisión incluirá este informe en su Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 48 del Reglamento de la Comisión.