Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 67

67.0.1. composici�n de la Corte
67.0.2. competencia de la Corte
67.0.3. "[e]l fallo . . . ser� definitivo e inapelable"
67.0.3.1. recurso de revisi�n
67.0.3.1.1. admisibilidad; causales de revisi�n
67.0.3.1.2. procedencia del recurso de revisi�n
67.0.4. desacuerdo sobre el sentido y alcance del fallo; �mbito de aplicaci�n
67.0.5. alcance de la interpretaci�n
67.0.6. ". . . a solicitud de cualquiera de las partes . . . ."
67.0.7. ". . . siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa d�as a partir de la fecha de la notificaci�n del fallo"
67.0.8. otros requisitos formales


El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

67.0.1. composición de la Corte

11. La Corte, en esta ocasión, se integra con los jueces que intervinieron tanto en el fondo del asunto como en la sentencia de indemnización compensatoria de 21 de julio de 1989, cuya interpretación ha sido solicitada por la Comisión.

12. Esta integración obedece a lo dispuesto por el artículo 54.3 de la Convención, según el cual los jueces de la Corte deberán seguir interviniendo en los casos de que ya hubieren tomado conocimiento y se encuentren en estado de sentencia. Dicho precepto debe aplicarse también a la decisión sobre interpretación de sentencia a que se refieren los artículos 67 de la Convención y 48 del Reglamento porque, de acuerdo con las reglas generales del derecho procesal, un asunto contencioso no puede considerarse concluido sino hasta que el fallo se cumpla totalmente. Por analogía debe colegirse que han de seguir interviniendo cuando se encuentre en estado de ejecución, más aún cuando esta propia Corte resolvió en su citada sentencia de 21 de julio de 1989 que supervisaría el cumplimiento del pago de la indemnización acordada y sólo después se archivaría el expediente.

13. El artículo 54.3 de la Convención tiene como antecedentes preceptos similares del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de la Convención (Europea) para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En efecto, el artículo 13.3 del citado Estatuto dispone, en esencia, que después de reemplazados los jueces de la Corte Internacional de Justicia, continuarán conociendo de los casos que hubieren iniciado hasta su terminación, y el artículo 40.6 de la Convención europea establece, en el mismo supuesto, que los jueces de esa Corte seguirán en el conocimiento de los asuntos que ya les habían sido encomendados. De conformidad con el artículo 56 del Reglamento de la misma, [l]a demanda de interpretación será examinada por la Sala que haya pronunciado la sentencia, compuesta si es posible por los mismos jueces . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 11-13.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 11-13.

. . . de acuerdo con el artículo 29.9 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento") dicta la siguiente resolución sobre la solicitud de revisión de la sentencia de 29 de enero de 1997 en el caso Genie Lacayo, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") el 30 de abril de 1997 mediante un escrito en el cual hizo suya una comunicación del padre del joven Jean Paul Genie Lacayo, señor Raymond Genie Peñalba y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).

. . . .

5. La Corte, con su composición actual, es competente para conocer del presente asunto, por aplicación analógica del artículo 16 de su Reglamento que establece que

[t]odo lo relativo a las reparaciones e indemnizaciones, así como a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de esta Corte, compete a los jueces que la integren en este estado del proceso, salvo que ya hubiere tenido lugar una audiencia pública y en tal caso conocerán los jueces que hubieran estado presentes en esa audiencia.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, considerando y párr. 5.

67.0.2. competencia de la Corte

14. La Corte es competente para resolver la presente solicitud de interpretación porque el artículo 67 de la Convención dispone . . . .

Por su parte, el artículo 48 del Reglamento dice:

Artículo 48. Demanda de Interpretación de una Sentencia

  1. Las solicitudes de interpretación que pudieren presentarse en los términos del Artículo 67 de la Convención se acompañaran con veinte copias, e indicará con precisión los aspectos de la parte dispositiva de la sentencia cuya interpretación se pida. Se depositará en la Secretaría de la Corte.
  2. El Secretario comunicará la solicitud a las demás partes y, si procediese, a la Comisión, invitándoles a presentar con veinte copias sus eventuales alegaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.
  3. La Corte determinará la naturaleza de los procedimientos.
  4. Cualquier solicitud de interpretación no suspenderá los efectos de la sentencia.

La Comisión es parte en el caso y presentó su solicitud el 2 de octubre de 1989. Como el fallo fue notificado el 21 de julio de 1989, la solicitud fue presentada dentro del plazo establecido por dicho artículo.

15. En el escrito de 6 de julio de 1990 la Comisión solicitó a la Corte aceptar un pedido de ampliación de recurso de aclaración de sentencia, basada en un hecho nuevo, como lo seria el retardo del Gobierno en el pago de las indemnizaciones, no conocido cuando se presentó la primera solicitud. Como la Corte acudirá a otros principios para resolver lo pertinente, no encuentra necesario pronunciarse ahora sobre la posibilidad de ampliar una solicitud a la cual la Convención fija un término perentorio, ni sobre la doctrina del hecho nuevo que se aplica en otros tribunales.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 14-15.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 14-15.

32. La Corte tuvo en su momento una preocupación similar a la expresada por la Comisión en sus escritos y en la audiencia, en orden a que la suma debida a los menores hijos de Manfredo Velásquez conservara su valor adquisitivo hasta haber alcanzado ellos la edad de veinticinco años y aún más allá. Por esa razón decidió colocar dicha suma en fideicomiso, institución que, a diferencia de las cuentas bancarias ordinarias, debe precaver a la conservación del valor real de los activos y a su incremento.

33. La sentencia contempla el pago de la indemnización de una sola vez o en seis cuotas mensuales consecutivas. La Comisión pide que se imponga al Gobierno el desembolso periódico de sumas adicionales para mantener constante el valor de los activos originales mientras dure el fideicomiso. Es claro que esta solicitud, en los términos en que ha sido formulada, impondría al Gobierno una obligación que no se deduce de la sentencia, excede, en consecuencia, el ámbito de mera interpretación y exige de la Corte declarar que no hay lugar a lo pedido.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 32-33.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 32- 33.

34. En su escrito recibido en la Corte el 6 de julio de 1990, la Comisión presentó una ampliación de la solicitud de interpretación de las sentencias en el que subrayó cómo, a pesar de haber transcurrido ocho meses desde la fecha de exigibilidad de la indemnización, el Gobierno aún no había hecho el pago correspondiente y solicitó que, para atender a las consecuencias de esa demora, la Corte ordenara el pago de:

a) los intereses por dicho retardo y

b) el ajuste del valor adquisitivo de la unidad monetaria para retrotraer su valor presente al momento del pago, al que tenía cuando debía haberse efectuado el mismo.

35. Respecto de este último escrito la Corte debe determinar ante todo si está facultada para atender la solicitud así formulada.

36. Cabe observar que, según el artículo 67 de la Convención, la Corte está facultada para interpretar sus fallos cuando exista desacuerdo sobre el sentido o alcance de los mismos. En el escrito de la Comisión que ahora se analiza, no hay mención alguna sobre aspectos del fallo de la Corte cuyos sentido o alcance sean dudosos o controversiales. Por el contrario, se denuncia que no se han cumplido términos claros de dicha sentencia, como son los plazos dentro de los cuales debió pagarse la indemnización acordada por la Corte. No es procedente, en consecuencia, dar curso a la petición de la Comisión, como una "ampliación" de la solicitud de interpretación anteriormente introducida por ella misma.

37. No obstante, como en los términos del fallo la Corte se reservó la supervisión del pago de la indemnización acordada e indicó que sólo después de su cancelación archivaría el expediente (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 60.5) ella conserva jurisdicción sobre el presente caso y está habilitada para resolver sobre las consecuencias de la demora del Gobierno en abonar la indemnización ordenada.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 34- 37.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 34- 37.

1. Que contribuye a la transparencia de los actos de este Tribunal, esclarecer, cuando estime procedente, el contenido y alcance de sus sentencias y disipar cualquier duda sobre las mismas, sin que puedan ser opuestas a tal propósito consideraciones de mera forma.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 16 de abril de 1997, considerando párr. 1.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párr. 6.

67.0.3. "[e]l fallo . . . será definitivo e inapelable"

He concurrido en el voto unánime de la Corte y en la línea general de su razonamiento pero tengo que separarme de la tesis recogida en los párrafos 12, 14 y 15, en cuanto invocan la aplicabilidad inmediata y no meramente analógica del artículo 67 de la Convención, que regula las solicitudes de interpretación del fallo. En este sentido, tengo que observar que esas solicitudes se articulan en la citada norma de la Convención sólo en relación con el fallo, es decir, obviamente con la sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto, a la que se refieren, entre otros, los artículos 63.1 y 66 de la misma Convención: sólo es respecto de ella que se hace necesaria una expresa previsión convencional, así como la fijación de un plazo de caducidad de la legitimación para pedirla, porque, de acuerdo con principios universales de todo derecho procesal, tanto interno como internacional, sólo ella es irrevocable y sólo ella puede adquirir la autoridad de la cosa juzgada.

Todas las demás resoluciones, tanto del proceso principal como de su fase de ejecución, aunque de hecho o por costumbre se llamen también "sentencias", son interlocutorias y siempre sujetas a otras que, por vía de recurso o sencillamente por contrario imperio, las interpreten, complementen, aclaren o adicionen o incluso las modifiquen o revoquen, esto último, claro está, dentro del respeto debido al principio de preclusión y a la buena fe.

La llamada "sentencia de indemnización compensatoria" de 21 de julio de 1989, no es el fallo o sentencia definitivo a que aluden los artículos 63.1 y 66, ni, por ende, susceptible de la clase de interpretación a que se refiere el 67 de la Convención, aunque sí, desde luego, de cualquier interpretación, complementación, aclaración o adición, o aun modificación o revocación, en los términos antes dichos.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10.

En el presente caso, el fallo o sentencia definitivo sólo fue el de 29 de julio de 1988, que resolvió definitivamente la cuestión sobre el fondo. Este único fallo definitivo no requería interpretación en los términos del artículo 67, ni ella fue nunca solicitada. En lo referente a la indemnización compensatoria se limitó a condenar al Gobierno de Honduras, en abstracto, a pagarla a los causahabientes de Manfredo Velásquez Rodríguez, reservando la determinación de su monto y forma de pago a lo que obviamente implicaba una etapa posterior de ejecución de sentencia, valiéndose así de la opción procesal usual de dejar para esa etapa la liquidación de determinadas declaraciones generales contenidas en el fallo mismo, mediante resoluciones dotadas, naturalmente, de la misma eficacia vinculante y ejecutiva de la propia sentencia (en el caso, la de los artículos 65 y 68 de la Convención), pero carentes de su naturaleza y, como se dijo, de su definitividad, es decir, de su irrevocabilidad o intangibilidad. Eso fue, ejecutar la sentencia, lo que hizo la Corte en su resolución de 21 de julio de 1989, lo que está haciendo hoy y lo que puede y posiblemente deberá seguir haciendo en el futuro, mientras el expediente no se archive por habérsele dado cabal cumplimiento.

No quiero con lo anterior significar, ni que la Corte pueda seguir indefinidamente modificando lo resuelto en esta etapa de ejecución mientras no se den las conocidas justificaciones procesales para desaplicar el principio de preclusión; como serían las nulidades o el cambio sustancial de circunstancias (rebus sic stantibus); ni tampoco que no se pueda pedir aclaración o interpretación de las mismas, estas últimas tanto por la analogía que se señala en el voto principal, cuanto por los principios generales señalados, confirmados por la propia sentencia del 21 de julio de 1989 en cuanto dispuso mantener abierto su expediente hasta su consumación, sólo que esa posibilidad no es la del artículo 67 de la Convención y, por lo tanto no está sujeta, ni a petición de parte, ni a plazos de caducidad, sino que se mantiene abierta para siempre que haga falta en el curso de la ejecución de la sentencia definitiva.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10.

6. Que respecto a las resoluciones de esta Corte que resuelven la controversia en cuanto al fondo, el artículo 67 de la Convención dispone de manera categórica que el fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En cuanto a las restantes resoluciones que no sean de simple trámite, es decir las que tradicionalmente se han denominado "resoluciones o sentencias interlocutorias", es también muy claro que tampoco admiten ningún medio de impugnación.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Resolución de 27 de junio de 1996, considerando párr. 6.

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Resolución de 10 de septiembre de 1996, considerando párr. 6.

67.0.3.1. recurso de revisión

67.0.3.1.1. admisibilidad; causales de revisión

6. El recurso de revisión no se encuentra contemplado en la Convención Americana, ni en el Estatuto ni en el Reglamento de la Corte Interamericana. Sin embargo, esta Corte considera oportuno conocer el citado recurso de revisión interpuesto por la Comisión Interamericana, porque ha sido presentado dentro de un plazo razonable y porque "contribuye a la transparencia de los actos de este Tribunal esclarecer, cuando estime procedente, el contenido y el alcance de sus sentencias y disipar cualquier duda sobre las mismas, sin que puedan ser opuestas a tal propósito consideraciones de mera forma" (Caso El Amparo, [Interpretación de Sentencia], Resolución de la Corte de 16 de abril de 1997, Considerando 1).

7. El artículo 61 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece el recurso de revisión y señala que "[s]ólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia".

8. En el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales no existe dicho recurso, pero el Reglamento B del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo establece en el artículo 60 (correspondiente al artículo 57 del Reglamento A) de la siguiente manera:

[e]n caso de descubrirse un hecho que por su naturaleza ejerza una influencia decisiva en un caso que fuese desconocido en la época de pronunciarse la sentencia tanto por el Tribunal como por el demandante de revisión, una Parte o la Comisión podrán plantear ante el Tribunal una demanda de revisión de la sentencia de que se trate, en el plazo de 6 meses a partir del momento en que haya tenido conocimiento del hecho descubierto.

9. De acuerdo con lo establecido por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y los Reglamentos del citado Tribunal Europeo, en aplicación de los principios generales del derecho procesal, tanto interno como internacional y, siguiendo el criterio de la doctrina generalnente aceptada, el carácter definitivo o inapelable de una sentencia no es incompatible con la existencia de un recurso de revisión en algunos casos especiales.

10. La doctrina se ha referido en forma reiterada al recurso de revisión como un recurso excepcional con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia hubiese modificado su resultado, o que demostraría la existencia de un vicio sustancial en la sentencia.

11. Los motivos legales previstos como causales del recurso de revisión son de carácter restrictivo, ya que el recurso se dirige siempre contra resoluciones que han adquirido el efecto de cosa juzgada, es decir, contra sentencias con carácter definitivo o sentencias interlocutorias ejecutoriadas que ponen fin al proceso.

12. El recurso de revisión debe fundamentarse en hechos o situaciones relevantes desconocidas en el momento de dictarse la sentencia. De ahí que ella se puede impugnar de acuerdo a causales excepcionales, tales como las que se refieren a documentos ignorados al momento de dictarse el fallo, a la prueba documental, testimonial o confesional declarada falsa posteriomente en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; a la existencia de prevaricación, cohecho, violencia o fraude y a los hechos cuya falsedad se demuestra posteriornente, como sería estar viva la persona que fue declarada desaparecida.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párrs. 6-12.

Corte I.D.H., Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, párrs. 56-57.

2. El presente recurso ante la Corte Interamericana no tiene precedentes en su historia: mientras que en los casos Velásquez Rodríguez (1990), Godínez Cruz (1990) y El Amparo (1997) la Corte se pronunció sobre recursos de interpretación de sentencia, previstos en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 67), en el presente caso Genie Lacayo la Corte es por primera vez llamada a pronunciarse sobre un recurso de revisión de sentencia, no previsto en la Convención Americana, y tampoco en su Estatuto o Reglamento. El silencio de estos instrumentos sobre la cuestión no ha de interpretarse como equivalente a vacatio legis con la consecuencia de la inadmisibilidad del referido recurso.

3. La Convención Europea de Derechos Humanos tampoco dispone al respecto, y sin embargo la posibilidad de recurso de revisión de sentencia fue insertada en el Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos (Reglamento A, artículo 58; y Reglamento B, artículo 60). Recientemente, en el caso Pardo versus Francia, la Corte Europea efectivamente declaró admisible un recurso de revisión de sentencia (Sentencia de 10.07.1996), a pesar de que posteriormente lo desestimó por improcedente en cuanto al fondo (Sentencia de 29.04.1997).

4. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como recuerda la Corte Interamericana en la presente Resolución, prevé la posibilidad de revisión (admitida desde 1920), cuando se constate la existencia de un hecho nuevo capaz de ejercer una influencia decisiva, y que, antes de la sentencia, era desconocido por la Corte y por la parte que solicita la revisión (artículo 61). En realidad, el recurso de revisión tiene raíces en las normas del propio Derecho Internacional Público, tal como ilustrado, v.g., por la Convención de La Haya (de 1907) sobre Solución Pacífica de Controversias Internacionales (artículo 83).

5. Nadie osaría negar el carácter verdaderamente excepcional de un recurso de revisión, lo que requiere siempre un examen minucioso y riguroso de su admisibilidad y contenido. Por otro lado, la posibilidad de revisión en nada afecta el carácter final de las sentencias; tanto es así que la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia la admiten. A la posición de estos dos tribunales internacionales se puede agregar la práctica, en el mismo sentido, de los Tribunales Administrativos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Naciones Unidas.

6. La jurisprudencia internacional señala efectivamente el carácter excepcional del recurso de revisión, admitiéndose su interposición para considerar un hecho nuevo (desconocido al momento de la decisión y susceptible de ejercer una influencia decisiva sobre la misma), o para rectificar un error material (o falsa constatación de los hechos, distinto del error de derecho), evitando, de ese modo, un injusticia. El hecho de no estar previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en su Estatuto o Reglamento en nada impide a la Corte Interamericana declarar admisible un recurso de revisión de sentencia: la aparente vacatio legis tiene en este particular que ceder terreno a un imperativo de justicia natural.

7. La Corte debe así decidir no tanto por analogía con el derecho internacional general (reflejado en la disposición supracitada del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), como pretende la parte demandante en el presente caso Genie Lacayo, sino más bien con base - en aplicación del principio jura novit curia - en principios generales del derecho procesal, y haciendo uso de los poderes inherentes a su función judicial. Los seres humanos, y las instituciones que integran, no son infalibles, y no hay jurisdicción digna de este nombre que no admita la posibilidad - aunque excepcional - de revisión de una sentencia, sea en el plano del derecho internacional, sea en el plano del derecho interno.

Voto Disidente del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párrs. 2- 7.

67.0.3.1.2. procedencia del recurso de revisión

13. La Corte pasa ahora a considerar si el recurso de revisión interpuesto por la Comisión está comprendido dentro de alguna de las causales excepcionales que pudieran justificar la modificación del fallo de 29 de enero de 1997.

14. En el presente caso el recurso de revisión se basa en que

a) la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de 12 de febrero de este año, que no casó la de segunda instancia por no haberse expresado agravios en el escrito de comparecencia constituye un hecho nuevo que privó a la víctima de un recurso rápido, sencillo y efectivo para proteger sus derechos contra la resolución de sobreseimiento dictada por los tribunales militares, con violación de los artículos 8.1, 25.1 y 24 de la Convención y en que

b) el Gobierno de Nicaragua no ha adecuado su derecho interno a la Convención, con infracción del artículo 2 de la misma.

15. De todo lo anterior cabe concluir que, en el presente caso, la revisión solicitada no encuadra dentro de las causales excepcionales antes aludidas, al no haber sido alegada la existencia de un hecho coetáneo con la sentencia, decisivo para el resultado del proceso y que la Corte no conoció, sino de un hecho nuevo que de ninguna manera puede influir en la modificación del fallo.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párrs. 13- 15.

9. En la presente Resolución, la Corte Interamericana considera que el hecho nuevo señalado en el recurso - la Sentencia n. 8 de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de 12.02.1997 - no sólo no fue alegado como coetáneo con su Sentencia del fondo en Genie Lacayo, sino además no se encuadra en las causales de revisión y no puede, pues, influir en la modificación de esta Sentencia. Se puede argumentar que la revisión sólo se puede efectuar con base en un hecho nuevo, pero acaecido anteriormente - y no posteriormente - a la emisión de la Sentencia del fondo, aunque sólo conocido por el tribunal después del pronunciamiento del fallo. Lo anterior es cierto, excepto cuando tal hecho se enmarca en una situación continuada de supuesta incompatibilidad con las obligaciones convencionales internacionales de protección de los derechos humanos. La noción de "situación continuada", - hoy respaldada por una amplia jurisprudencia en el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, - abarca violaciones de derechos humanos que, v.g., no puedan ser desvinculadas de la legislación de la cual resultan (y que permanece en vigencia).

10. Me permito referirme a los criterios que, a mi modo de ver, requieren revisión. En primer lugar, la tesis de la necesidad de la previa aplicación de una ley para la determinación de su compatibilidad o no con la Convención Americana sobre Derechos Humanos es llevada en Genie Lacayo a un extremo, al distinguir la Corte disposiciones aplicadas y disposiciones presumiblemente no aplicadas de los decretos ns. 591 y 600 (de 1980), como se desprende de una comparación entre los párrafos 83 y 91 (y también 92) de la Sentencia del fondo. Con ésto, la Corte se autolimita a punto de imposibilitar a sí misma de pronunciarse sobre las obligaciones legislativas del Estado demandado. Mi entendimiento es al contrario, en el sentido de que la existencia misma de una ley legitima a las víctimas de violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana a requerir su compatibilización con las disposiciones de la Convención, y la Corte está obligada a pronunciarse sobre la cuestión, sin tener que esperar por la ocurrencia de un daño adicional por la aplicación continuada de dicha ley.

11. En segundo lugar, la tesis de que no siendo la Corte un tribunal de apelación o de casación de decisiones de tribunales nacionales, y constituyendo los eventuales vicios del procedimiento legal militar una cuestión de orden interno, sólo le cabe a la Corte señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención, tal como se desprende del párrafo 94 de la Sentencia del fondo, conlleva a una rígida compartimentalización entre los ordenamientos jurídicos internacional e interno en el presente dominio de protección, y priva la Corte de su atribución de pronunciarse sobre las obligaciones judiciales del Estado demandado. Mi entendimiento es, al contrario, en el sentido de que, en el presente dominio de protección, hay una constante interacción entre el derecho internacional y el derecho interno, en beneficio de los seres humanos protegidos.

12. Los tratados de derechos humanos, v.g., atribuyen funciones de protección a los órganos de los Estados Partes, que tienen la responsabilidad primaria de salvaguardia de estos derechos. Si, por un lado, imponen a los individuos demandantes el deber del previo agotamiento de los recursos de derecho interno, por otro lado imponen al mismo tiempo a los Estados demandados el deber de proveer recursos de derecho interno eficaces. Si los Estados no estuvieron obligados a proveer recursos internos eficaces, no se debería exigir de los individuos demandantes el agotamiento de tales recursos como condición de admisibilidad de sus comunicaciones o denuncias. Los deberes del demandado y demandante, en este particular, son esencialmente complementarios en el presente dominio de protección.

13. Al dictar la Sentencia del fondo en Genie Lacayo, el 29.01.1997, la Corte Interamericana señaló que habían transcurrido más de cinco años en este proceso en el plano del derecho interno nicaragüense (párrafo 81), y aún así expresó su expectativa de que la Corte Suprema de Justicia subsanaría las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención Americana en el ámbito del derecho interno al resolver el recurso de casación entonces pendiente (párrafo 94).

Pero poco después de dicha Sentencia del fondo, la Sentencia n. 8 de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (de 17.02.1997), al rechazar el recurso de casación, frustró la expectativa de la Corte Interamericana.

14. La propia Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en sentencia anterior, de 20.12.1993, hizo una remisión del caso a la jurisdicción militar. Posteriormente a la Sentencia del fondo de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia rechazó - sobre cuestiones de forma - el recurso de casación, con base en la legislación militar (decreto n. 591). En resumen, la sentencia de 1993 determinó que militares fuesen juzgados por en un fuero militar especial por delitos comunes, y la sentencia de 1997 encontró que la aplicación de la legislación militar había sido correcta.

15. Aún así, en la primera sentencia (de 1993) la Corte Suprema de Justicia no se eximió de dejar constancia de que estaba consciente de las deficiencias de la referida legislación militar: consideró oportuno ponderar, en relación con la aplicación de los decretos ns. 591 y 600, que aunque no le agrade la ley aplicable al caso de autos, porque, a su juicio, no responde a las nuevas corrientes y doctrinas sobre la materia, ni a su propio pensamiento, pues considera que los militares deben ser juzgados por la justicia ordinaria cuando estén involucrados en hechos calificados por la ley como delitos o faltas comunes, debiendo reservarse únicamente a la jurisdicción castrense el conocimiento de los que no rebasen el ámbito estrictamente militar (... ,) [s]in embargo y muy a su pesar, esa ley que juzga inapropiada es la que debe aplicar al caso sub judice le guste o no le guste - dura es la ley, pero es la ley (...).

Y agregó que debía aplicar la legislación vigente (principio de legalidad), pero sugirió a la Asamblea Nacional que se la reformase, o dictase una ley "nueva y mejor".

16. La última Sentencia (de 1997) de la Corte Suprema de Justicia no es un hecho aislado: constituye, más bien, un hecho nuevo que demuestra la existencia de una situación continuada, hasta el presente, de impunidad de los responsables por violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Dicha situación continuada ya existía bien antes que la Corte Interamericana dictara su Sentencia del fondo en Genie Lacayo, ya se configuraba a partir del momento en que la Corte Suprema de Justicia remitió el caso a la jurisdicción militar, cuya legislación determina que militares sean juzgados en un fuero militar especial por delitos comunes, aún en presencia de una denuncia de violación de los derechos consagrados en la Convención.

17. El hecho nuevo, enmarcado en dicha situación continuada, es, a mi modo de ver, de influencia decisiva para llevar a la Corte Interamericana a concluir por la procedencia del presente recurso de revisión y proceder a la rectificación de la constatación de los hechos en que se basó en su Sentencia del fondo en Genie Lacayo. El cuadro insatisfactorio, desde la perspectiva de los derechos humanos, resultante de las dos sentencias mencionadas de la Corte Suprema de Justicia, tiene como fuente la aplicabilidad de la legislación militar (los decretos ns. 591 y 600), cuya vigencia persistente configura una situación continuada afectando los derechos humanos protegidos por la Convención Americana; ésto posibilita a la Corte Interamericana revisar los criterios de su Sentencia del fondo en Genie Lacayo.

18. El derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, consagrado en el artículo 25 de la Convención, es una garantía judicial fundamental mucho más importante de lo que uno pueda prima facie suponer, y que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta aplicación tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel nacional, con los cambios legislativos necesarios a la consecución de este propósito.

19. El origen - poco conocido - de esta garantía judicial es latinoamericano: de su consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (de abril de 1948), fue transplantada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí a las Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2 (3)). Bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, ha generado una considerable jurisprudencia, a la par de un denso debate doctrinal.

20. Se podría argumentar que, para que el artículo 25 de la Convención Americana pueda tener efectos vis-a-vis actos del Poder Legislativo, por ejemplo, se requiere la incorporación de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes. Tal incorporación es indudablemente deseable y necesaria, pero, por el hecho de no haberla efectuado, un Estado Parte no estaría por eso eximido de aplicar siempre la garantía judicial estipulada en el artículo 25. Encuéntrase éste intimamente ligado a la obligación general del artículo 1(1) de la Convención Americana, el cual, a su vez, atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.

21. Los artículos 25 y 1 (1) de la Convención se reforzan mutuamente, en el sentido de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno. Los artículos 25 y l (l) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes. En la hipótesis de supuestos obstáculos de derecho interno, entra en operación el artículo 2 de la Convención, que requiere la armonización con ésta del derecho interno de los Estados Partes. Estos últimos se encuentran obligados, por los artículos 25 y l (l) de la Convención, a establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar aplicación efectiva a los mismos. Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas o insuficiencias del derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1 (1) y 2 de la Convención.

22. El presente caso lo ilustra claramente. Si los Poderes Legislativo y Judicial diesen aplicación efectiva, en el plano del derecho interno, a esta normativa de la Convención, la situación que nos concierne sería hoy distinta. El principio de la legalidad no se agota en la "legalidad sandinista" , como parece pretender la legislación militar en el presente caso; para un Estado Parte en la Convención Americana, el principio de legalidad requiere el fiel cumplimiento de los preceptos convencionales y la adecuación de las leyes nacionales a los mismos.

23. Este entendimiento conlleva a una revisión de la resolución, por la Corte Interamericana, en la Sentencia del fondo (párrafos 72 y 86), de la no aplicación expresa de la "conciencia jurídica sandinista" en el fuero militar en el presente caso. Como el propio decreto n. 591 determina que la valoración de las pruebas se debe guiar por "la conciencia jurídica sandinista", difícilmente este principio dejaría de ser aplicado. Su aplicación no sólo va en contra la valoración de las pruebas según los criterios universalmente aceptados de los juicios de valor basados en proposiciones lógicas correctas y observaciones de experiencia confirmadas por la realidad, sino que afecta el debido proceso legal (artículo 8 (1) de la Convención Americana).

24. No se trata, pues, solamente de retardos irrazonables (señalados por la Corte Interamericana en su Sentencia del fondo). Justicia retardada es justicia denegada, y la denegación de justicia abarca los elementos adicionales que integran el debido proceso legal. Mientras no prevalezca en todos los Estados Partes en la Convención Anericana una clara comprensión del amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección, de que la responsabilidad internacional de un Estado puede configurarse por cualquier acto, u omisión, de cualquier de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), muy poco se avanzará en la protección internacional de los derechos humanos en nuestro continente.

25. A la aura lex sed lex - la cual no raramente se equipara al summum jus, summa injuria, - habría que contraponer el viejo adagio inglés: - "Justice must not only be done: it must also be seen to be done". Además, si los tribunales nacionales de los Estados Partes están obligados a aplicar la normativa de protección de la Convención Americana, - y no habría cómo dudar de esto en sana conciencia, - con mayor fuerza está la Corte Interamericana obligada a proceder, en el contexto de los casos concretos (en los cuales se haya establecido la existencia de víctimas de violaciones de los derechos humanos), a la determinación de la compatibilidad o no con la Convención de leyes nacionales y decisiones judiciales de tribunales nacionales basadas en dichas leyes, en el ejercicio de su deber de protección de los derechos humanos. Una vez llamada a pronunciarse sobre la materia en un determinado cas d'espèce, ésto es, a mi juicio, lo que debe hacer la Corte Interamericana, en lugar de confiar la solución final del proceso a los tribunales nacionales.

26. En fin, hay un aspecto fundamental que no puede pasar desapercibido. El sujeto de los derechos consagrados en la Convención es la presunta víctima, la parte demandante. Según el actual Reglamento de la Corte Interamericana, en caso de violación de los derechos protegidos por la Convención, en la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán inclusive comparecer ante la Corte, y "presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma" (artículo 23), como verdadera parte, y con plena participación asegurada. Así, cuando la Corte establece la violación de una o más disposiciones de la Convención, surge la obligación del Estado demandado de cumplir con el fallo de la Corte, a la cual corresponde el derecho del individuo demandante de requerir que el fallo sea cumplido.

27. A todo deber corresponde un derecho, y viceversa. La víctima tiene, a mi juicio, plena legitimatio ad causam para actuar en este sentido, inclusive mediante un recurso de revisión de sentencia, como en el presente caso. Encuéntrase la víctima capacitada a hacerlo, con mayor razón, en caso de una situación continuada de violación de los derechos consagrados en la Convención. Tal situación continuada puede configurarse, por ejemplo, por la persistencia, sea de leyes nacionales incompatibles con la Convención, sea de una jurisprudence constante de los tribunales nacionales claramente adversa a la víctima.

28. Es precisamente para remediar tales situaciones que fueron concebidos y son accionados los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos; si esto no fuera posible, toda nuestra labor estaría irremediablemente desprovista de sentido. La tesis que sostengo me parece ser la más fielmente conforme a la letra y al espíritu de la Convención Americana. Representa el entendimiento que debería, a mi juicio, haber orientado la Corte Interamericana en la presente Resolución. La consecuencia hubiera sido la revisión, por la Corte, de los criterios seguidos en su Sentencia del fondo del 29.01.1997 (en lo que concierne a los artículos 25, 8 (1), 1 (1) y 2 de la Convención Americana tomados en conjunto) en el presente caso Genie Lacayo.

Voto Disidente del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párrs. 9-28.

67.0.4. desacuerdo sobre el sentido y alcance del fallo; ámbito de aplicación

18. La Comisión, en su escrito de 29 de setiembre de 1989, fundamentó su solicitud en los siguientes términos:

Este recurso de aclaración se refiere a la suma de dinero que quedará depositada en el Banco Central de Honduras en fideicomiso en beneficio de Héctor Ricardo, Nadia Waleska y Herling Lizzett Velásquez Guzmán, hijos de la víctima, hasta que los mismos alcancen respectivamente los veinticinco años de edad.

La sentencia no prevé ningún mecanismo de protección que permita mantener su actual poder adquisitivo frente a la inflación o eventuales devaluaciones de la lempira. Como la Corte tiene conocimiento, y detallamos más abajo, la pérdida de ese poder adquisitivo de las unidades monetarias ha sido históricamente alta en América Latina en general y se ha acentuado -en algunos casos catastróficamente- en algunos países.

Mueven a la Comisión a presentar esta petición dos motivos fundamentales:

En primer lugar, en caso de no aclararse el sentido del fallo y su alcance en cuanto al valor futuro de la indemnización puesta bajo fideicomiso, se puede causar un daño irreparable a los damnificados, daño que como mostramos más abajo no es hipotético y banal, sino que es predecible y puede anular prácticamente el valor mismo de la decisión de esa Corte y su intención reparatoria.

Además, entiende la Comisión que en sí dichas sentencias tienen un valor jurídico ejemplar especial que alcanza mucho más allá de la jurisdicción de la Corte Interamericana y de su jurisprudencia, ya que por su naturaleza, contenido y efectos han ganado merecidamente la atención universal y marcan un hito en el desarrollo del sistema jurídico humanitario internacional.

El haber asumido la Corte en forma específica la supervisión de su cumplimiento es un indicador elocuente de la responsabilidad que la misma Corte asigna a que dicho cumplimiento sea hecho de forma cabal y completa, y un elemento más que justifica la importancia de esta interpretación que requerimos.

. . . .

19. La Comisión pidió a la Corte que acepte su solicitud para que

se disponga que a fin de proteger el valor adquisitivo de las sumas que tanto como capital e intereses, surgen del fideicomiso a establecerse a favor de HÉCTOR RICARDO, NADIA WALESKA y HERLING LIZZETT VELÁSQUEZ GUZMÁN,dicha porción de la indemnización debe ajustarse a un indicador que mantenga su poder adquisitivo, tanto para cada uno de los pagos de intereses correspondientes, como para pago del capital en el momento en que deben recibirlo los beneficiarios, al cumplir los veinticinco años de edad respectivamente.

20. La Comisión manifestó que Existen distintas formas de establecer un sistema simple y claro de protección, que la Corte podría establecer en la aclaración de sentencia que se solicita. Ninguna de ellas daría protección total a los beneficiarios, ni preservaría completamente la intención indemnizatoria de la sentencia, pero por lo menos amenguaría la desprotección actual y el deterioro previsible de su valor.

Considera la Comisión que una fórmula adecuada de ajuste sería calcular el valor actual del capital en fideicomiso en dólares americanos al 20 de octubre de 1989, y mantenerlo a dicho valor a lo largo de todo el período del mismo. Para ello debería ajustarse al monto en lempiras necesario para adquirir en el mercado libre internacional ese monto fijo de dólares establecido inicialmente. De esta manera cada pago de intereses se calcularía en lempiras sobre un capital también en lempiras reajustado según el método indicado.

21. El Gobierno, por escrito de 21 de noviembre de 1989, fundamentó su oposición a la solicitud de la Comisión de la siguiente manera:

  1. Porque la sentencia de indemnización compensatoria dictada por la Honorable Corte el 21 de julio de 1989, en el caso de MANFREDO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, es totalmente clara y precisa tanto en su parte considerativa como en la dispositiva y por ello no requiere de aclaración o interpretación, pues la misma fija en términos inequívocos el monto en lempiras del fideicomiso por establecerse en el Banco Central y la tasa del interés que en la misma moneda generará anualmente el capital del fideicomiso.
  2. Porque la Honorable Corte al fijar el monto total de la indemnización compensatoria y su forma de pago, misma que comprende la parte correspondiente al fideicomiso y sus frutos, tomó como unidad monetaria la del país de ejecución de la sentencia, es decir Honduras, sin consideración y condicionamiento alguno acerca de una eventual disminución del valor adquisitivo de la moneda hondureña; asimismo, porque la sentencia tampoco fijó otro parámetro monetario como indicador de ajuste para mantener ese poder adquisitivo.
  3. Porque no estando previstas tales situaciones en la mencionada sentencia indemnizatoria, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos persigue en su solicitud de aclaración es que la Honorable Corte modifique la dicha sentencia del 21 de julio de 1989, introduciendo elementos nuevos de carácter monetario en la parte dispositiva de la misma, cuando pide a la Corte que disponga sobre un indicador a que debe ajustarse la indemnización para mantener inalterable su valor adquisitivo, elemento éste que como ya se ha expresado no se contempla en la sentencia.

Por las razones expuestas, el Gobierno de Honduras pide respetuosamente a la Honorable Corte denegar la expresada solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 18-21.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No.10, párrs. 18-21.

22. En su escrito de 6 de julio de 1990 la Comisión dijo:

...a ocho meses de vencido el término fijado por la Corte para dicha efectivación, la misma no se ha realizado con distintos perjuicios para los damnificados.

Dichos perjuicios surgen de dos fuentes: una, el tiempo transcurrido desde el 20 de octubre de 1989, sin que los mismos pudieran hacer efectivo el goce y usufructo de la indemnización debida; y el otro, la devaluación de la lempira en ese período, devaluación establecida por el Gobierno en forma legal, siguiendo el desarrollo real de su valor adquisitivo que había disminuido sensiblemente en el período en cuestión.

...

No obstante los mismos, sin embargo entiende la Comisión y así lo solicita a la Corte, que tanto por la seriedad del procedimiento internacional y del respeto debido a la indemnización justa fijada por esa Corte, como por la pérdida real de más de un 30 (treinta) por ciento del valor adquisitivo debido al atraso en el pago, la Ilustre Corte debe declarar en esta aclaratoria solicitada, que el monto indemnizatorio fijado debe entenderse como conexo al plazo igualmente fijado.

23. Por tales razones la Comisión

... solicita respetuosamente a esa Ilustre Corte se acepte este pedido de ampliación de recurso de aclaración de sentencia, y se disponga además el pago de intereses por el período desde el 20 de octubre de 1989 hasta la fecha de pago efectivo, más el ajuste retroactivo del valor adquisitivo de las indemnizaciones a esa fecha para compensar la devaluación sufrida por la lempira durante ese período.

24. El Gobierno se opuso a ésta última solicitud en los siguientes términos:

  1. Porque las sentencias de indemnización compensatoria dictadas por la Honorable Corte el 21 de julio de 1989, en los casos de ANGEL MANFREDO VELÁSQUEZ y SAÚL GODÍNEZ CRUZ, son perfectamente claras, tanto en su parte considerativa como en la dispositiva y por ello no requieren aclaración, pues las mismas fijan de manera precisa las cantidades totales a pagar en lempiras, incluyendo las correspondientes a los fideicomisos a establecerse en el Banco Central, así como la tasa del interés que en la misma moneda generara anualmente el capital de dichos fideicomisos.
  2. Porque la Honorable Corte, al fijar los montos totales de las indemnizaciones compensatorias y su forma de pago en lempiras, que comprenden las partes correspondientes a los fideicomisos y sus frutos, lo hizo sin consideración ni condicionamiento alguno acerca de una eventual disminución del valor adquisitivo de la moneda hondureña. Por otra parte, la sentencia tampoco fijó otro parámetro monetario como indicador de ajuste para mantener ese poder adquisitivo, ni intereses en el eventual atraso en el pago de las indemnizaciones.
  3. Porque no estando previstas tales situaciones en las sentencias indemnizatorias, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos persigue en su solicitud de ampliación de aclaración, es que la Honorable Corte modifique las sentencias del 21 de julio de 1989, introduciendo elementos nuevos de carácter monetario en la parte dispositiva de las mismas, cuando pide a la Corte que declare que por el atraso en la cancelación de las indemnizaciones, el Gobierno de Honduras debe pagar intereses y ajustar los montos indemnizatorios en su valor adquisitivo, al valor que tenían cuando debió efectuarse el pago, elementos éstos que, como ya se ha expresado, no se contemplan en las sentencias mencionadas.
  4. Porque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser definitivas e inapelables, tienen efecto de res judicata, lo cual impide que las partes reabran una cuestión para obtener de esa Honorable Corte un segundo fallo, como ocurriría de aceptarse la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y modificar, por adición, las sentencias del 21 de julio de 1989.
  5. Porque, como ha quedado acreditado ante esa Honorable Corte en las presentaciones efectuadas por el Gobierno de Honduras el 27 de enero y 5 de marzo de 1990, durante el período transcurrido a partir del 21 de julio de 1989, mi Gobierno realizó todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a las sentencias y si hubo atraso en el pago de los montos indemnizatorios, no se debió en manera alguna a negligencia o desinterés de su parte, sino a motivos de orden económico y presupuestario, los cuales una vez superados, culminaron con la emisión del Decreto No 59-90, aprobado por el Congreso Nacional el 2 de julio de 1990, mediante el cual, en cumplimiento fiel de las sentencias de esa Honorable Corte, crea en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, la asignación correspondiente para el pago de las indemnizaciones compensatorias a los familiares de los desaparecidos ANGEL MANFREDO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ y SAÚL GODÍNEZ CRUZ, en la forma y condiciones que fueren establecidas en las sentencias respectivas.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 22-24.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 22-24.

25. En la audiencia quedó establecido que, no obstante la estabilidad que había caracterizado el lempira durante muchos años, para la época en la cual la Corte dictó la sentencia de indemnizaciones ya se presentaban algunas diferencias de cambio en relación con divisas fuertes, las cuales han seguido y se han acrecentado hasta ahora, no obstante que la tasa oficial de cambio continúa inmodificable. Igualmente quedó claro que en las actuales disposiciones de cambio internacional en Honduras, se permite a los particulares adquirir libremente otras monedas.

26. La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo, sino también la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de la resolución, de acuerdo con las consideraciones de la misma. Este ha sido el criterio de la jurisprudencia internacional (vgr. Eur. Court H.R., Ringeisen case (Interpretation of the judgment of 22 June 1972), judgment of 23 June 1973, Series A, Vol. 16).

27. La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una "justa indemnización" en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida.

28. La Corte acordó, por eso, una indemnización que comprendió el lucro cesante, calculado con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable, así como los daños morales (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 7, párrs. 49 y 52).

29. La naturaleza de la indemnización acordada, en cuanto comprende el lucro cesante calculado a lo largo de una vida probable, indica que la restitutio in integrum se vincula con la posibilidad de conservar durante un tiempo relativamente largo el valor real del monto acordado. Una fórmula posible para alcanzar ese objetivo es la llamada "indexación", que permite el ajuste periódico de los montos a pagar a fin de mantener constante su valor real. Sin embargo, tal método es aplicable, en general, sólo en aquellos casos en que la indemnización debe ser cubierta a través de cuotas pagaderas durante plazos relativamente largos. No es ese el supuesto presente, pues la Corte ordenó la cancelación de la totalidad de la indemnización de una sola vez o, a lo sumo, mediante el abono de seis cuotas mensuales consecutivas.

30. Esa circunstancia, sin embargo, no hace ajena a un caso como el presente la noción de la conservación del valor real de la suma estipulada pues, como se dijo, la compensación del lucro cesante en los términos en que ha sido calculado implica, en alguna medida, dicha noción. Es así que la Corte decidió, en el párrafo de la parte resolutiva de la sentencia que remite al párrafo 58, un medio de conservación del capital adeudado a los menores hijos de Manfredo Velásquez, como es su colocación en fideicomiso en el Banco Central de Honduras en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña.

31. La Corte interpreta que la expresión en las condiciones más favorables se refiere a que todo acto o gestión del agente fiduciario debe asegurar que la suma asignada mantenga su poder adquisitivo y produzca frutos o dividendos suficientes para acrecerla; la frase según la práctica bancaria hondureña, indica que el agente fiduciario debe cumplir fielmente su encargo como un buen padre de familia y tiene la potestad y la obligación de seleccionar diversos tipos de inversión, ya sea mediante depósitos en moneda fuerte como el dólar de los Estados Unidos u otras, adquisición de bonos hipotecarios, bienes raíces, valores garantizados o cualquier otro medio aconsejable, como precisamente lo ordenó la Corte, por la práctica bancaria hondureña.

32. La Corte tuvo en su momento una preocupación similar a la expresada por la Comisión en sus escritos y en la audiencia, en orden a que la suma debida a los menores hijos de Manfredo Velásquez conservara su valor adquisitivo hasta haber alcanzado ellos la edad de veinticinco años y aún más allá. Por esa razón decidió colocar dicha suma en fideicomiso, institución que, a diferencia de las cuentas bancarias ordinarias, debe precaver a la conservación del valor real de los activos y a su incremento.

33. La sentencia contempla el pago de la indemnización de una sola vez o en seis cuotas mensuales consecutivas. La Comisión pide que se imponga al Gobierno el desembolso periódico de sumas adicionales para mantener constante el valor de los activos originales mientras dure el fideicomiso. Es claro que esta solicitud, en los términos en que ha sido formulada, impondría al Gobierno una obligación que no se deduce de la sentencia, excede, en consecuencia, el ámbito de mera interpretación y exige de la Corte declarar que no hay lugar a lo pedido.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 25-33

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 25-33.

34. En su escrito recibido en la Corte el 6 de julio de 1990, la Comisión presentó una ampliación de la solicitud de interpretación de las sentencias en el que subrayó cómo, a pesar de haber transcurrido ocho meses desde la fecha de exigibilidad de la indemnización, el Gobierno aún no había hecho el pago correspondiente y solicitó que, para atender a las consecuencias de esa demora, la Corte ordenara el pago de:

a) los intereses por dicho retardo y

b) el ajuste del valor adquisitivo de la unidad monetaria para retrotraer su valor presente al momento del pago, al que tenía cuando debía haberse efectuado el mismo.

35. Respecto de este último escrito la Corte debe determinar ante todo si está facultada para atender la solicitud así formulada.

36. Cabe observar que, según el artículo 67 de la Convención, la Corte está facultada para interpretar sus fallos cuando exista desacuerdo sobre el sentido o alcance de los mismos. En el escrito de la Comisión que ahora se analiza, no hay mención alguna sobre aspectos del fallo de la Corte cuyos sentido o alcance sean dudosos o controversiales. Por el contrario, se denuncia que no se han cumplido términos claros de dicha sentencia, como son los plazos dentro de los cuales debió pagarse la indemnización acordada por la Corte. No es procedente, en consecuencia, dar curso a la petición de la Comisión, como una "ampliación" de la solicitud de interpretación anteriormente introducida por ella misma.

37. No obstante, como en los términos del fallo la Corte se reservó la supervisión del pago de la indemnización acordada e indicó que sólo después de su cancelación archivaría el expediente (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 60.5) ella conserva jurisdicción sobre el presente caso y está habilitada para resolver sobre las consecuencias de la demora del Gobierno en abonar la indemnización ordenada.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 34-37.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 34-37.

22. Precisado lo anterior, la Corte se refiere ahora al artículo 67 de la Convención que dispone lo siguiente:

...

A su vez el artículo 48.1 del Reglamento aplicable al caso dice en la parte pertinente que

las solicitudes de interpretación... indicará[n] con precisión los aspectos de la parte dispositiva de la sentencia cuya interpretación se pida.

23. La interpretación de un fallo tiene por objeto precisar o aclarar una decisión judicial. No es un recurso contra lo ya resuelto en ella sino un medio para que se aclaren cuestiones ya decididas.

24. El agente del Gobierno invocó en la audiencia lo expresado por esta Corte en dos asuntos anteriores, en el sentido de que:

La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo, sino también la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de la resolución, de acuerdo con las consideraciones de la misma. Este ha sido el criterio de la jurisprudencia internacional. (Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 9, párr. 26; Caso Godínez Cruz, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 10, párr. 26).

25. En la opinión de la Corte y de otros tribunales internacionales, los puntos resolutivos de un fallo no se pueden interpretar desvinculándolos de las consideraciones que los fundamentan, pero esto no significa, porque contradiría la esencia del mecanismo de interpretación, que se deban interpretar o aclarar hechos aislados o partes descriptivas o motivaciones de la providencia sin relación alguna con el resolutivo de la misma, que es lo que en definitiva interesa a las partes.

26. El solicitante en su escrito no pretende la aclaración de los puntos resolutivos del fallo de 11 de diciembre de 1991 ni de considerandos que estén directamente vinculados con ellos. En consecuencia, esta petición debe considerarse notoriamente improcedente y desecharse.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Resolución de 3 de julio de 1992, párrs. 22- 26.

Aun cuando estoy plenamente de acuerdo con la decisión de la Corte, me siento obligado a hacer esta declaración porque considero las solicitudes de Perú de revisión e interpretación de la sentencia del 11 de diciembre de 1991, un abuso del proceso judicial.

Un gobierno que adhiere a un tratado de derechos humanos y que acepta la jurisdicción de una corte, establecida para asegurar su interpretación y aplicación, como lo hizo el Perú al ratificar la Convención y aceptar la jurisdicción de esta Corte, tiene el derecho de utilizar cualquier recurso judicial legítimo o procedimiento para defenderse de los cargos de violación de ese tratado. Lo que no puede hacer es interponer escritos manifiestamente infundados y triviales, cuyo único propósito solo puede ser el obstruir y atrasar el cumplimiento ordenado y puntual de los procedimientos. Tales tácticas violentan el objetivo y fin del mecanismo de derechos humanos establecido en la Convención y no se ajustan a la intención de los Estados Partes en la Convención, reafirmada en el párrafo uno de su Preámbulo, "...de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".

Declaración del Juez Thomas Buergenthal, Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Resolución de 3 de julio de 1992.

  1. Que contribuye a la transparencia de los actos de este Tribunal, esclarecer, cuando estime procedente, el contenido y alcance de sus sentencias y disipar cualquier duda sobre las mismas, sin que puedan ser opuestas a tal propósito consideraciones de mera forma.
  2. Que en su demanda ante la Corte, la Comisión afirmó que el Presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Perez, había ordenado que no se abriera averiguación sumarial contra el Mayor del Ejército Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez de primera instancia en el caso El Amparo en 1989, no habiendo sido presentada ante la Corte la copia de la resolución del Presidente de la República de Venezuela, a la cual se hizo alusión. Sin embargo, cabe observar que en los autos consta que, después de la separación del cargo del Mayor Pérez Gutiérrez y de la anulación de sus decisiones, el proceso continuó en forma normal.

3. Que los solicitantes citan varias frases contenidas en los escritos presentados por el Gobierno de Venezuela, o pronunciadas en la audiencia pública por sus agentes, de las cuales ellos infieren el reconocimiento del Gobierno sobre la aplicación del artículo 54 del Código de Justicia Militar en el caso El Amparo. La Corte considera que esas frases incidentales no tienen el efecto

aducido por los solicitantes, pues reiteradamente el Gobierno alegó que no debe tomarse en cuenta la mera existencia del artículo 54 del Código de Justicia Militar, sino su aplicación en condiciones excepcionales. Que, por otra parte, desde el inicio del caso ante la Comisión, el Gobierno de Venezuela manifestó, en escrito de fecha 8 de agosto de 1990, que "[e]l Jefe del Estado Mayor no ha intervenido ni directa ni indirectamente en el referido proceso [El Amparo], aun cuando el Código de Justicia Militar le otorga esa potestad. Por el contrario, el Presidente de la República ha manifestado su deseo de que las averiguaciones sigan sin ningún entorpecimiento, a objeto de establecer claramente los hechos y castigar a los culpables". Por lo que, lejos de admitir el hecho de un acuerdo o reconocimiento sobre la aplicación del artículo 54 del Código de Justicia Militar, el Gobierno lo negó expresamente.

4. Que en los escritos presentados por la Comisión, por el Gobierno o por los representantes de las víctimas durante la fase de reparaciones, no se hace referencia al Juez Pérez Gutiérrez ni al Presidente Carlos Andrés Pérez, sino que se solicitó la reforma del Código de Justicia Militar como una de las medidas de reparación a las víctimas. Sólo en la audiencia del 27 de enero de 1996, uno de los representantes de las víctimas expresó que el Presidente Carlos Andrés Pérez "ordenó la paralización del juicio contra Ricardo Pérez Gutiérrez, el juez que fabricó pruebas para encubrir a los funcionarios implicados", sin presentar evidencia y sin explicar como este hecho influyó en el proceso de El Amparo.

5 Que, por lo anterior, debe la Corte concluir que la supuesta aplicación del Código de Justicia Militar por el Presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, se produjo, según los peticionarios originales, "[en] las actuaciones del Juez Pérez Gutiérrez", es decir, en un caso diferente al de El Amparo, no acumulado a éste, ni remitido a la Corte, por lo que ante la carencia de las alegaciones y pruebas en contrario, la sentencia aludida, de fecha 14 de septiembre de 1996 expresó, debidamente, que la facultad concedida al Presidente de la República de Venezuela, en el artículo 54 del Código de Justicia Militar, "no ha sido aplicada en el presente caso" y que "[las] autoridades militares iniciaron y siguieron un proceso contra los responsables del caso El Amparo y el Presidente de la República nunca ordenó que no se siguiera el proceso ni que se sobreseyera".

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 16 de abril de 1997, considerando párrs. 1-5.

En mi opinión la solicitud de la Comisión y de los representantes de las víctimas es notoriamente improcedente ya que el único recurso que permite la Convención contra las sentencias de la Corte Interamericana es el de interpretación, y en la solicitud no se pide una interpretación de la sentencia de 14 de septiembre de 1996 pues no se señala un desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo como lo exige el artículo 67 de la Convención.

En efecto, en esa sentencia se dice que no procede hacer pronunciamiento alguno sobre el Código de Justicia Militar de Venezuela porque no ha sido aplicado en el caso concreto, mientras que en la solicitud se sostiene que sí ha aplicado, de modo que viene a ser una impugnación de la decisión.

Siendo las sentencias de la Corte definitivas e inapelables conforme el citado artículo 67 de la Convención, la conclusión debería ser que la dicha solicitud es, como antes dije, notoriamente improcedente.

El hecho de que la Corte en su Resolución haya accedido a demostrar, como en efecto demuestra, que su sentencia estuvo en lo cierto al afirmar que la Ley de Justicia Militar de Venezuela no había sido aplicada en el caso en cuestión, no viene a ser una aceptación de la procedencia de la solicitud.

En vista de las consideraciones anteriores, hubiera preferido que la parte dispositiva declarara la improcedencia de la solicitud. Empero, como la resolución adoptada tiene de hecho el mismo efecto que la declaración de improcedencia, he votado a favor de ella.

Voto Concurrente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 16 de abril de 1997.

67.0.5. alcance de la interpretación

26. La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo, sino también la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de la resolución, de acuerdo con las consideraciones de la misma. Este ha sido el criterio de la jurisprudencia internacional (vgr. Eur. Court H.R., Ringeisen case (Interpretation of the judgment of 22 June 1972), judgment of 23 June 1973, Series A, Vol. 16).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 26.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 26.

23. La interpretación de un fallo tiene por objeto precisar o aclarar una decisión judicial. No es un recurso contra lo ya resuelto en ella sino un medio para que se aclaren cuestiones ya decididas.

24. El agente del Gobierno invocó en la audiencia lo expresado por esta Corte en dos asuntos anteriores, en el sentido de que:

La interpretación de una sentencia implica no sólo la precisión del texto de los puntos resolutivos del fallo, sino también la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de la resolución, de acuerdo con las consideraciones de la misma. Este ha sido el criterio de la jurisprudencia internacional. (Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 9, párr. 26; Caso Godínez Cruz, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. Sentencia de 17 de agosto de 1990 (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 10, párr. 26).

25. En la opinión de la Corte y de otros tribunales internacionales, los puntos resolutivos de un fallo no se pueden interpretar desvinculándolos de las consideraciones que los fundamentan, pero esto no significa, porque contradiría la esencia del mecanismo de interpretación, que se deban interpretar o aclarar hechos aislados o partes descriptivas o motivaciones de la providencia sin relación alguna con el resolutivo de la misma, que es lo que en definitiva interesa a las partes.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Resolución de 3 de julio de 1992, párrs. 23- 25.

1. Que contribuye a la transparencia de los actos de este Tribunal, esclarecer, cuando estime procedente, el contenido y alcance de sus sentencias y disipar cualquier duda sobre las mismas, sin que puedan ser opuestas a tal propósito consideraciones de mera forma.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 16 de abril de 1997, considerando párr. 1.

67.0.6. ". . . a solicitud de cualquiera de las partes . . . ."

14. . . . La Comisión es parte en el caso y presentó su solicitud el 2 de octubre de 1989. . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 14.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 14.

En el presente caso, el fallo o sentencia definitivo sólo fue el de 29 de julio de 1988, que resolvió definitivamente la cuestión sobre el fondo. Este único fallo definitivo no requería interpretación en los términos del artículo 67, ni ella fue nunca solicitada. En lo referente a la indemnización compensatoria se limitó a condenar al Gobierno de Honduras, en abstracto, a pagarla a los causahabientes de Manfredo Velásquez Rodríguez, reservando la determinación de su monto y forma de pago a lo que obviamente implicaba una etapa posterior de ejecución de sentencia, valiéndose así de la opción procesal usual de dejar para esa etapa la liquidación de determinadas declaraciones generales contenidas en el fallo mismo, mediante resoluciones dotadas, naturalmente, de la misma eficacia vinculante y ejecutiva de la propia sentencia (en el caso, la de los artículos 65 y 68 de la Convención), pero carentes de su naturaleza y, como se dijo, de su definitividad, es decir, de su irrevocabilidad o intangibilidad. Eso fue, ejecutar la sentencia, lo que hizo la Corte en su resolución de 21 de julio de 1989, lo que está haciendo hoy y lo que puede y posiblemente deberá seguir haciendo en el futuro, mientras el expediente no se archive por habérsele dado cabal cumplimiento.

No quiero con lo anterior significar, ni que la Corte pueda seguir indefinidamente modificando lo resuelto en esta etapa de ejecución mientras no se den las conocidas justificaciones procesales para desaplicar el principio de preclusión; como serían las nulidades o el cambio sustancial de circunstancias (rebus sic stantibus); ni tampoco que no se pueda pedir aclaración o interpretación de las mismas, estas últimas tanto por la analogía que se señala en el voto principal, cuanto por los principios generales señalados, confirmados por la propia sentencia del 21 de julio de 1989 en cuanto dispuso mantener abierto su expediente hasta su consumación, sólo que esa posibilidad no es la del artículo 67 de la Convención y, por lo tanto no está sujeta, ni a petición de parte, ni a plazos de caducidad, sino que se mantiene abierta para siempre que haga falta en el curso de la ejecución de la sentencia definitiva.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10.

1. Entiendo que los representantes de los familiares de las víctimas en el caso El Amparo, juntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están plenamente capacitados a solicitar a la Corte una interpretación o aclaración de su Sentencia de Reparaciones dictada el 14 de septiembre de 1996, como también lo estaría el Estado demandado.

Voto Disidente del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 16 de abril de 1997, párr. 1.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párr. 6.

67.0.7. ". . . siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo"

14. . . . La Comisión es parte en el caso y presentó su solicitud el 2 de octubre de 1989. Como el fallo fue notificado el 21 de julio de 1989, la solicitud fue presentada dentro del plazo establecido por dicho artículo.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 14.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 14.

15. En el escrito de 6 de julio de 1990 la Comisión solicitó a la Corte aceptar un pedido de ampliación de recurso de aclaración de sentencia, basada en un hecho nuevo, como lo seria el retardo del Gobierno en el pago de las indemnizaciones, no conocido cuando se presentó la primera solicitud. Como la Corte acudirá a otros principios para resolver lo pertinente, no encuentra necesario pronunciarse ahora sobre la posibilidad de ampliar una solicitud a la cual la Convención fija un término perentorio, ni sobre la doctrina del hecho nuevo que se aplica en otros tribunales.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 15.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 15.

En el presente caso, el fallo o sentencia definitivo sólo fue el de 29 de julio de 1988, que resolvió definitivamente la cuestión sobre el fondo. Este único fallo definitivo no requería interpretación en los términos del artículo 67, ni ella fue nunca solicitada. En lo referente a la indemnización compensatoria se limitó a condenar al Gobierno de Honduras, en abstracto, a pagarla a los causahabientes de Manfredo Velásquez Rodríguez, reservando la determinación de su monto y forma de pago a lo que obviamente implicaba una etapa posterior de ejecución de sentencia, valiéndose así de la opción procesal usual de dejar para esa etapa la liquidación de determinadas declaraciones generales contenidas en el fallo mismo, mediante resoluciones dotadas, naturalmente, de la misma eficacia vinculante y ejecutiva de la propia sentencia (en el caso, la de los artículos 65 y 68 de la Convención), pero carentes de su naturaleza y, como se dijo, de su definitividad, es decir, de su irrevocabilidad o intangibilidad. Eso fue, ejecutar la sentencia, lo que hizo la Corte en su resolución de 21 de julio de 1989, lo que está haciendo hoy y lo que puede y posiblemente deberá seguir haciendo en el futuro, mientras el expediente no se archive por habérsele dado cabal cumplimiento.

No quiero con lo anterior significar, ni que la Corte pueda seguir indefinidamente modificando lo resuelto en esta etapa de ejecución mientras no se den las conocidas justificaciones procesales para desaplicar el principio de preclusión; como serían las nulidades o el cambio sustancial de circunstancias (rebus sic stantibus); ni tampoco que no se pueda pedir aclaración o interpretación de las mismas, estas últimas tanto por la analogía que se señala en el voto principal, cuanto por los principios generales señalados, confirmados por la propia sentencia del 21 de julio de 1989 en cuanto dispuso mantener abierto su expediente hasta su consumación, sólo que esa posibilidad no es la del artículo 67 de la Convención y, por lo tanto no está sujeta, ni a petición de parte, ni a plazos de caducidad, sino que se mantiene abierta para siempre que haga falta en el curso de la ejecución de la sentencia definitiva.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9.

Voto Separado del Juez Piza Escalante, Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10.

VISTO:

2. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana" del 18 de abril de 1995 en el cual solicitó a la Corte que se pronunciara sobre la posibilidad de prorrogar el plazo de 90 días establecido en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") para presentar la solicitud de interpretación de sentencia en este asunto o bien, que diese por interpuesta de manera inmediata dicha petición.

. . . .

CONSIDERANDO:

1. Que la Corte carece de facultades para modificar el plazo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana . . . .

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones, Resolución de 21 de septiembre de 1995, considerando párr. 1.

2. Que la mencionada solicitud de reconsideración se fundamenta en que el artículo 58.1 del

Reglamento vigente no exige, como lo precisara el anterior Reglamento, que [la interpretación] debe presentarse en el término que refiere la Convención y por consiguiente siendo el Reglamento un cuerpo normativo instrumental que efectiviza las normas sustanciales, debe entenderse que no existe en la actualidad plazo para promover dicha solicitud y en todo caso es posible promoverla hasta antes de que se proceda a la ejecución de la sentencia.

Agrega además, que no resulta correcto que se considere que un plazo determinado en días pueda convertirse en meses calendarios, es decir... si se ha fijado un plazo de 90 días, es porque hay la necesidad de computarlo en días hábiles...

3. Que si bien es cierto que el artículo 58.1 del Reglamento no se refiere expresamente al plazo para presentar la solicitud de interpretación sobre el sentido y alcance de un fallo de la Corte, sí remite explícitamente al artículo 67 de la Convención Americana que establece el plazo de noventa días a partir de la notificación de un fallo del Tribunal para presentarla. Dicho plazo está establecido convencionalmente y no puede ser modificado por vía reglamentaria y mucho menos ser eliminado, como lo interpreta el Estado al considerar que "debe entenderse que no existe en la actualidad plazo para promover dicha solicitud".

4. Que en lo referente al argumento del Estado de que el término de noventa días establecido en el artículo 67 de la Convención Americana debe computarse en días hábiles, tanto esta Presidencia en la resolución de 11 de febrero de 1997, como la Corte, en los casos Castillo Páez y Loayza Tamayo, han dicho que por ser un tribunal internacional ante [la Corte] no puede utilizarse la distinción que hacen algunos ordenamientos procesales nacionales para determinar las fechas inhábiles por lo que los plazos fijados en días serán computados en forma calendaria (Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, párr. 31 y Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25 párr. 30) y que en consecuencia el término "día" se entiende como "día natural".

5. Que en el presente caso la solicitud de interpretación de la sentencia de reparaciones fue presentada por el Estado el 6 de enero de 1997, cuando ya había expirado el plazo de noventa días que la Convención Americana otorga a las partes para tales efectos.

6. Que por lo anteriormente expuesto, se concluye que la solicitud de reconsideración del Estado es improcedente y por lo tanto debe desecharse.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Resolución de 16 de abril de 1997, párrs. 2-6.

67.0.8. otros requisitos formales

1. Que la Corte carece de facultades para modificar el plazo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana. Por otra parte, la Comisión pide que, de no otorgarse esa prórroga, se tenga por interpuesta la demanda de interpretación del fallo respectivo. La Corte considera que la solicitud aludida no cumple cabalmente con los requisitos a que se refiere el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte en el se exige que "[l]as demandas de interpretación que se presenten en los términos del artículo 67 de la Convención, se depositarán en la secretaría en diez ejemplares e indicarán con precisión las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida".

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones, Resolución de 21 de septiembre de 1995, considerando párr. 1.