Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 63

63.1.1. general
63.1.2. procedimiento para establecer la reparaci�n
63.1.2.1. acuerdo entre las partes
63.1.2.1.1. partes
63.1.3. competencia de la Corte
63.1.3.1. en general
63.1.3.2. para determinar la reparaci�n en caso de desacuerdo entre las partes o para homologar el acuerdo si lo hubiera
63.1.4. obligaci�n de reparar
63.1.4.1. restitutio in integrum
63.1.4.2. garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados
63.1.4.3. reparaci�n de las consecuencias de la medida o situaci�n que ha configurado la vulneraci�n de derechos
63.1.4.3.1. general
63.1.4.3.2. medidas de reparaci�n
63.1.4.3.2.1. deber de investigaci�n
63.1.4.3.2.2. deber de prevenci�n
63.1.4.3.2.3. deber de sancionar a los responsables
63.1.4.3.2.4. otras medidas
63.1.4.3.2.5. medidas de satisfacci�n
63.1.5. ". . . el pago de una justa indemnizaci�n a la parte lesionada"
63.1.5.1. justa indemnizaci�n
63.1.5.1.1. general
63.1.5.1.2. elementos constitutivos de la indemnizaci�n
63.1.5.1.2.1. daño emergente
63.1.5.1.2.2. lucro cesante
63.1.5.1.2.2.1. criterios para su liquidaci�n
63.1.5.1.2.2.2. cuando el destinatario es la v�ctima afectada de incapacidad total y absoluta
63.1.5.1.2.2.3. cuando los beneficiarios son los familiares
63.1.5.1.2.3. daño moral
63.1.5.1.2.3.1. criterios para su liquidaci�n
63.1.5.1.2.4. daños punitivos
63.1.5.1.3. prueba de la existencia de daños
63.1.5.1.4. derecho aplicable en la determinaci�n de la extensi�n, modalidades y beneficiarios de la indemnizaci�n
63.1.5.2. ". . . a la parte lesionada"
63.1.5.2.1. titulares/beneficiarios de la indemnizaci�n
63.1.5.2.1.1. v�ctima
63.1.5.2.1.2. sucesores de la v�ctima
63.1.5.2.1.3. terceros perjudicados
63.1.5.2.1.3.1. dependientes
63.1.5.2.1.3.2. comunidad en caso de pueblos ind�genas o tribales
63.1.5.3. conservaci�n del valor real del monto indemnizatorio
63.1.5.4. cumplimiento del pago de la indemnizaci�n
63.1.5.4.1. competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento del pago
63.1.5.5. demora en el cumplimiento del pago de la indemnizaci�n
63.1.5.5.1. general
63.1.5.5.2. competencia de la Corte para resolver sobre las consecuencias de la demora
63.1.5.5.3. liquidaci�n de los perjuicios ocasionados por la demora
63.1.6. costas
63.2.1. medidas provisionales
63.2.1.1. competencia de la Corte para adoptar medidas provisionales
63.2.1.2. "[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas . . . ."
63.2.1.3. ". . . asuntos que aún no est�n sometidos a su conocimiento . . . ."
63.2.1.4. prueba
63.2.1.5. medidas solicitadas


1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de un asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

63.1.1. general

43. La disposición aplicable a las reparaciones es el artículo 63.1 de la Convención Americana que prescribe lo siguiente . . . .

Este artículo constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, supra 27, párr. 23) y la jurisprudencia de otros tribunales (cfr. Usine de Chorzów, compétence, arrêt No.8, 1927, C.P.J.I., Série A, No. 9 P. 21; Usine de Chorzów, fond, arrêt No.13, 1928, C.PJ.I., Série A, No. 17, p. 29; Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif, C.I.J., Recueil 1950, p. 228).

44. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de derecho internacional y éste rige todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno (cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 30; Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, supra 27, párr. 28; Jurisdiction of the Courts of Danzig, advisory opinion, 1928, P.C.I.J., Series B, No. 15, pp. 26 y 27; Question des "communautés" gréco-bulgares, avis consultatif, 1930, C.P.J.I., Série B, No. 17, pp. 32 y 35; Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (deuxième phase), ordonnance du 6 decembre 1930, C.P.J.I., Série A, No. 24, p. 12; Affairs des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I.,Série A/B, No.46, p. 167; Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif, 1932, C.PJ.I.,Série A/B, No. 44, p. 24).

45. Una vez precisado que la obligación de reparar pertenece al derecho de gentes y está regida por él, la Corte estima conveniente examinar detalladamente su extensión.

46. El artículo 63.1 de la Convención distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcada. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización.

. . . .

47. La Comisión interpreta el artículo 63.1 de la Convención en el sentido de que instituye como regla la obligación de restablecer el statu quo ante. En otro pasaje de su escrito, la Comisión se refiere a la integrum restitution a la que parece tomar como sinónimo del restablecimiento del statu quo ante. Independientemente de la terminología empleada, la Comisión sostiene que la indemnización a pagar por Suriname ha de ser de un monto tal que repare todas las consecuencias de las violaciones ocurridas.

48. Antes de analizar estas reglas en el plano jurídico, es preciso hacer algunas consideraciones sobre los actos humanos en general y cómo éstos se presentan en la realidad.

Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido:causa causae est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos.

Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias que su acto causó es enteramente imposible porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de modo incommensurable.

49. El Derecho se ha ocupado de tiempo atrás del tema de cómo se presentan los actos humanos en la realidad, de sus efectos y de la responsabilidad que originan. En el orden internacional, la sentencia arbitral en el caso del "Alabama" se ocupa ya de esta cuestión (Moore, History and Digest of International Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington, D.C., 1898, vol. 1, pp. 653-659).

La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable la reparación de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la in integrum restitutio se refiere a un modo como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito internacional, pero no es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada (cfr.Usine de Chorzów, fond, supra 43, p. 48). De esta manera, a juicio de la Corte, debe ser interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 43-49.

63.1.2. procedimiento para establecer la reparación

63.1.2.1. acuerdo entre las partes

189. . . . Es evidente que en el presente caso la Corte no puede disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los derechos especificados en este caso por la Corte, contexto dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización.

190. La Comisión reclamó durante el presente juicio el pago de dicha indemnización, pero no aportó elementos que sirvan de base para definir su monto ni la forma de pago, temas éstos que no fueron objeto de discusión entre las partes.

191. La Corte estima que esa indemnización puede ser convenida entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo al respecto, la Corte la fijará, para lo cual mantendrá abierto el presente caso. La Corte se reserva el derecho de homologar el acuerdo y la potestad de fijar el monto y la forma, si no lo hubiere.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrs. 189-191.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párrs. 89-90.

199. . . . Es evidente que en el presente caso la Corte no puede disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los derechos especificados en este caso por la Corte, contexto dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización.

200. La Comisión reclamó durante el presente juicio el pago de dicha indemnización, pero no aportó elementos que sirvan de base para definir su monto ni la forma de pago, temas éstos que no fueron objeto de discusión entre las partes.

201. La Corte fijará, después de oír a las partes interesadas, el valor de esa indemnización en ejecución de este fallo, para lo cual dejará abierto el presente caso, sin perjuicio de que interim las mismas partes puedan llegar a un acuerdo, hipótesis en la cual la Corte se reserva el derecho de homologar el que se le presente.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrs. 199-201.

20. La primera cuestión que debe resolver la Corte es la relativa al cumplimiento del punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre el fondo, según la cual se dio a Honduras y a la Comisión seis meses, contados a partir de la fecha de la sentencia pronunciada el 29 de julio de 1988, para ponerse de acuerdo sobre la forma y cuantía de la justa indemnización compensatoria que debe pagar el Gobierno a los familiares de Manfredo Velásquez (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2).

21. En su escrito de 1 de marzo de 1989 la Comisión informó sobre las diversas gestiones efectuadas ante el Gobierno para llegar a ese acuerdo. Según la Comisión sólo al término del referido plazo de seis meses fue posible una reunión en la ciudad de Tegucigalpa con una comisión del Gobierno, designada por el Presidente de la República de Honduras con el fin de "negociar y determinar el monto de la cuantía y la forma de pago de la indemnización consignada en la sentencia de la Corte Interamericana de fecha 29 de julio de 1988".

22. De conformidad con el acta de esa reunión (supra 5) las partes sólo alcanzaron un punto de coincidencia sobre el reconocimiento de los beneficiarios de la indemnización. Los restantes puntos consisten en simples declaraciones en las cuales no se establecen los criterios para fijar el monto de la indemnización y, menos aún, para su liquidación. No se cumplió, por ende, el punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988.

23. Los distintos planteamientos formulados por las partes ante la Corte, tanto por escrito como en la audiencia, muestran sustanciales diferencias de criterio en cuanto a la extensión, bases y monto de la indemnización. Algunos de esos planteamientos hacen referencia a la necesidad de utilizar el derecho interno hondureño o parte de él en la determinación o aplicación de la misma.

24. En presencia de tales desacuerdos y en cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988, corresponde ahora a la Corte precisar los alcances y el contenido de la justa indemnización compensatoria que debe pagar el Gobierno a los familiares de Manfredo Velásquez.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 20-24.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 20-22.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 7.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 7.

21. La Corte, en el ejercicio de su competencia contenciosa, considera apropiado que la determinación del monto de las reparaciones y costas se haga de común acuerdo entre el Estado demandado y la Comisión, teniendo en cuenta la disposición del Gobierno y los intereses superiores de las víctimas. En caso de que no se llegue a un acuerdo, la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995, Serie C No. 19, párr. 21.

VISTO:

. . . .

3. La Resolución de la Corte del 17 de mayo de 1995 en la cual resolvió, en primer término, no pronunciarse sobre las peticiones de la Comisión. En segundo lugar decidió que en caso que el Gobierno de la República de Venezuela (en adelante "el Gobierno" o "Venezuela") y la Comisión Interamericana llegaran a un acuerdo, después de vencido el plazo de seis meses otorgado por la sentencia mencionada, la Corte haría uso de su facultad de revisarlo y, si fuera pertinente, aprobarlo; y si no hubieren llegado al acuerdo, "la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas y otros aspectos del caso".

4. La nota del Gobierno del 7 de julio de 1995, dirigida al Presidente de la Corte, en la cual solicita que "considere la posibilidad y procedencia de la ampliación del plazo de seis meses, previsto en la sentencia".

5. El escrito del 18 de julio de 1995 de la Comisión Interamericana en el que señala que "no tendría inconveniente en extender, por un plazo no mayor de tres meses, el período inicialmente establecido por la Corte".

6. Las notas del 28 de julio de 1995 del Presidente de la Corte a la Comisión Interamericana y al Gobierno en las que manifiesta que no tiene la facultad de modificar el plazo fijado en la sentencia del Tribunal y que dicha solicitud será puesta en conocimiento de la Corte en pleno cuando se reúna en el próximo período de sesiones. En ellas agregó que "no existe impedimento para que las partes puedan proseguir sus conversaciones".

7. La carta del Gobierno del 12 de septiembre de 1995, dirigida al Presidente de la Corte, en la cual informa haber recibido de la Comisión Interamericana un "escrito contentivo de las solicitudes de indemnizaciones y reparaciones de las víctimas" y una vez estudiado, las partes realizarán una reunión, la que tienen prevista para octubre de este año, "para debatir y concluir el tema".

CONSIDERANDO:

. . . .

2. Que el 18 de julio de 1995 venció el plazo de seis meses concedido a Venezuela y a la Comisión Interamericana para que llegaran a un acuerdo, según lo establecido en el punto resolutivo número 3 de la sentencia del 18 de enero de 1995, sin que la Corte tenga noticias de que hasta la fecha se hubiese producido dicho acuerdo.

3. Que, de conformidad con el punto resolutivo número 4 de la mencionada sentencia, en caso de que las partes no llegaren a un acuerdo "la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas, para lo cual deja abierto el procedimiento".

4. . . . Lo anterior no obsta para que, durante esta nueva etapa procesal, el Gobierno y la Comisión continúen las conversaciones que ya han iniciado con el fin de llegar a un acuerdo, que en todo caso será revisado por la Corte teniendo en cuenta su responsabilidad de proteger los derechos humanos.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 63.1 de la Convención Americana y 45 de su Reglamento,

RESUELVE:

. . . .

2. Declarar improcedentes las solicitudes del Gobierno de la República de Venezuela y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se prorrogue el plazo fijado en la sentencia del 18 de enero de 1995.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 21 de septiembre de 1995, visto párrs. 3-7, considerando párrs. 2-4, resuelve párr. 2.

28. La Corte considera que corresponde ahora decidir acerca del procedimiento a seguir en materia de reparaciones e indemnizaciones en el presente caso. En ese sentido, el Gobierno ha solicitado a la Corte "la suspensión del procedimiento" por un plazo de seis meses a fin de llegar a un acuerdo. La naturaleza del proceso ante un tribunal de derechos humanos hace que las partes no puedan separarse de determinadas reglas procesales, aún de común acuerdo, pues tienen el carácter de orden público procesal.

29. Dadas las conversaciones existentes entre el Gobierno, la Comisión y los representantes de las víctimas, a las que las partes interesadas han hecho referencia en la audiencia de 1 de febrero de 1996 y en escritos presentados con anterioridad a ella, parece adecuado concederles un plazo de seis meses a fin de que lleguen a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.

30. La Corte se permite señalar la diferencia existente entre la suspensión del procedimiento, lo cual resulta inadmisible, y el otorgamiento de un plazo para lograr un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones, como esta Corte ha decidido en algunos casos anteriores. Esto último se halla dentro de la competencia del Tribunal y, en el presente caso, puede ser un método adecuado para lograr un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones.

Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Sentencia de 2 de febrero de 1996, Serie C No. 26, párrs. 28-30.

  1. El 2 de febrero de 1996 la Corte dictó sentencia sobre el fondo en esta controversia. En su decisión la Corte tomó nota "del reconocimiento efectuado por la Argentina acerca de los hechos articulados en la demanda" y "de su reconocimiento de responsabilidad internacional por dichos hechos." Asimismo el Tribunal concedió "a las partes un plazo de seis meses a partir de la fecha de la presente sentencia para llegar a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones".
  2. El 1 de agosto de 1996, o sea un día antes del vencimiento del plazo fijado en la sentencia, el delegado de la Comisión Interamericana se dirigió a la Corte solicitando una prórroga de diez días del plazo otorgado. Su nota fue acompañada de tres pedidos similares de prórroga dirigidos a la Comisión Interamericana por la comisión ad hoc de investigación creada como parte del procedimiento de solución amistosa (19.VII.1996), por uno de los representantes de las víctimas (24.VII.1996) y por la agente del Gobierno argentino (30.VII.1996).

Dado que el plazo de seis meses fue fijado en la sentencia, el Presidente de la Corte hizo saber a las partes que aquél sólo podía ser modificado por la Corte misma y que, en ese sentido, pondría la solicitud en conocimiento del Tribunal en el próximo período de sesiones y "[m]ientras tanto, las partes pueden seguir negociando un acuerdo sobre reparaciones en el caso Garrido y Baigorria, de cuyos resultados podrán informar a la Corte oportunamente".

3. Mediante una nota recibida en la Secretaría de la Corte el 6 de septiembre de 1996, el señor Robert K. Goldman, delegado de la Comisión, hizo saber a la Corte "el resultado del procedimiento de solución amistosa en el caso" y agregó una copia de los documentos respectivos.

4. En los documentos agregados consta un acta suscrita el 31 de mayo de 1996. En el preámbulo de dicha acta se invoca el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana") que contiene lo que se da en llamar una "cláusula federal". Esta norma fue invocada por la Argentina durante una parte del proceso para alegar que la responsable por las consecuencias de este litigio es la Provincia de Mendoza y no ella. Sin embargo, en la audiencia pública celebrada el 1 de febrero de 1996, la Argentina abandonó esa posición, su agente aceptó la responsabilidad internacional de ese país y"reiteró el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado argentino en el caso de especie"(Caso Garrido y Baigorria, Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No. 26, párrs. 24 y 25).

5. El acta prevé primeramente la constitución de un tribunal arbitral para determinar el "monto indemnizatorio." Los árbitros serían designados según normas en vigor en la Provincia de Mendoza. Una vez constituido el tribunal, el representante de las víctimas y el Gobierno de Mendoza podrían presentar una memoria con sus peticiones y defensas. El acta dispone que, si no hubiera normas procesales convenidas, se aplicaría subsidiariamente el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Mendoza en lo que respecta al procedimiento arbitral.

La sentencia debería dictarse antes de las 24 horas del 28 de junio de 1996. El acta agrega que las "partes podrán objetar el laudo en caso de arbitrariedad".

6. Además del arbitraje para determinar el monto indemnizatorio, el acta dispuso la creación de una comisión ad hoc, que debería iniciar su actividad antes del 21 de junio de 1996 y cuyas funciones son las siguientes:

...tendrá por finalidad la averiguación de la verdad real. Deberá emitir un dictamen acerca de lo acaecido en oportunidad de la desaparición de personas que se investiga en los Casos 11.009... del Registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los responsables de los hechos y lo actuado en la investigación desde su inicio en la jurisdicción interna y sugerirá las medidas a tomar al respecto.

7. Para su entrada en vigor el acta prevé que debe ser ratificada por el Gobierno de Mendoza y por los familiares de las víctimas hasta el 4 de junio de 1996 a las 24 horas. El acta añade que, respecto a las investigaciones en el seno del Poder Judicial de la Provincia y a los trámites judiciales, el Gobierno de Mendoza se sujetaría a la aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

8. El 4 de junio de 1996 el Gobernador de Mendoza ratificó el acuerdo mediante el decreto N· 673. Su artículo 1 dispone:

Ratifíquese el acuerdo suscrito por el Subsecretario de Justicia del Ministerio de Gobierno en representación de la Provincia de Mendoza, con los apoderados de las familias reclamantes e intervención de la Agente del Gobierno Argentino Embajadora Zelmira Mireya Emilse Regazzoli, en orden a la solución de los casos Nros. 11.009 y 11.217, en trámite ante la Comisión Interamericana, presentado el primero de ellos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En uno de sus considerandos, el decreto mencionado expresa:

Que la Provincia de Mendoza ostenta el carácter de estado obligado a través de la cláusula federal contenida en el Art. 28 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

9. El 21 de junio de 1996 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso, mediante la Acordada N· 14.342, que la comisión ad hoc debería ajustar su cometido a las normas de procedimiento vigentes en la Provincia y de conformidad con el artículo 144, inciso 1, de su Constitución. Decidió también que las autoridades judiciales de la Provincia prestarían su colaboración a la comisión ad hoc para el cumplimiento eficaz de sus funciones.

10. El tribunal arbitral previsto en el acta de acuerdo, dictó su laudo el 25 de junio de 1996. El 2 de julio de ese año los abogados de los familiares de las víctimas impugnaron la decisión por arbitraria.

11. La comisión ad hoc produjo su informe el 16 de agosto de 1996. En cuanto a este documento, el delegado de la Comisión, señor Robert K. Goldman, expresó en su nota del 4 de septiembre de 1996:

Respecto a la investigación, es mi opinión que el informe de la Comisión ?ad hoc' refleja el exhaustivo trabajo realizado por los miembros de la misma y sus colaboradores. Estimo que se han cumplido los puntos previstos en el apartado (2) del acuerdo de solución amistosa en cuanto a la averiguación de lo acontecido, la revisión de las actuaciones de la jurisdicción interna y la consiguiente responsabilidad criminal. Las conclusiones y recomendaciones de dicho informe son oportunas y de gran importancia, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados.

12. La Corte dio traslado al Gobierno de la nota del 4 de septiembre de 1996 presentada por la Comisión y de los documentos anexos. Su agente respondió mediante una nota fechada en Buenos Aires el 24 de octubre de 1996 en la que afirmó que "no tiene observaciones que formular a dicho acuerdo".

13. El 23 de octubre de 1996, la Secretaría de la Comisión remitió una nota a la Corte en la que expresó que, "a la luz de nueva información recibida", "debe quedar en claro que el punto de vista de la Comisión es el siguiente: hasta que no se hayan cumplido las recomendaciones de la Comisión ?ad hoc' de investigación de 16 de agosto de 1996, no estará solucionado el caso Garrido y Baigorria."

14. El 31 de octubre de 1996, los señores Viviana Krsticevic, José Miguel Vivanco, Martín Abregú y Ariel Dulitsky, en su carácter de "representantes de los familiares", hicieron llegar su opinión a la Corte sobre los documentos producidos con motivo del acta del 31 de mayo. Respecto del laudo del tribunal arbitral, manifestaron que están realizando gestiones ante el Gobierno argentino con el objeto de lograr una compensación adicional a la fijada en dicho laudo. En cuanto al dictamen de la comisión ad hoc, afirmaron que la reparación integral a los familiares implicaba también la debida sanción a los responsables y que ésta era"un requisito indiscutible para la satisfacción de los intereses de las víctimas". Estimaron que la falta de una investigación penal o de otro tipo en torno a las personas individualizadas en el informe de la comisión ad hoc, así como la falta de las sanciones correspondientes, constituían todavía "obstáculos insalvables para dar por concluido este proceso". Por lo expuesto, solicitaron a la Corte que "mantenga este proceso abierto hasta el momento en que se hayan cumplimentado todos los aspectos del acuerdo arribado por las partes".

Esta manifestación fue ratificada el 20 de noviembre de 1996 por los señores Carlos Varela Alvarez y Diego J. Lavado, apoderados originales de los familiares de las víctimas.

15. Los hechos expuestos impiden a la Corte concluir que las partes han llegado a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones conforme a los puntos resolutivos 3 y 4 de la sentencia del 2 de febrero de 1996. En este sentido, la Corte se permite señalar dos hechos significativos, cada uno de los cuales, por sí solo, es suficientemente elocuente para demostrar la falta de acuerdo.

El primero de ellos es que dicho acuerdo debía ser concertado entre las partes en esta controversia. Una de ellas es la República Argentina y no la Provincia de Mendoza, según lo reconoció claramente el agente alterno del Gobierno el 1 de febrero de 1996. Contrariamente a ello, el acta del 31 de mayo de 1996 invoca el artículo 28 de la Convención Americana para hacer aparecer como parte a la Provincia de Mendoza. Esta conclusión se reafirma por el decreto N· 673 del Gobernador de aquella Provincia y por el laudo arbitral del 25 de junio de 1996 que tiene como partes a los familiares de las víctimas y al Gobierno de Mendoza.

El segundo hecho se refiere al laudo arbitral. El acta del 31 de mayo dice que las "partes podrán objetar el laudo en caso de arbitrariedad". El 2 de julio de 1996 los familiares de las víctimas impugnaron la decisión del tribunal por arbitraria (supra, párr. 10). Sobre esta cuestión, el delegado de la Comisión manifestó en su nota del 4 de septiembre:

En mi opinión, los criterios utilizados por el Tribunal Arbitral, así como el resultado obtenido, resultan aceptables dentro del contexto del presente caso y de los puntos del acuerdo celebrado para solucionarlo.

He tomado nota de la disconformidad de dos de los peticionarios con la interpretación y aplicación de la jurisprudencia argentina e internacional en el fallo. Queda a la prudente apreciación de la Corte constatar la presencia de la causal de arbitrariedad invocada (subrayado de la Corte).

Esta Corte no es tribunal de apelación de ninguna instancia arbitral y, por lo tanto, se limita a comprobar que el laudo no fue aceptado unánimemente.

16. Dada la falta de acuerdo entre las partes sobre reparaciones e indemnizaciones, la Corte debe determinar el procedimiento a seguir en esta instancia del proceso (art. 56.1 del Reglamento, vigente a partir del 1 de enero de 1997). La Corte estima que éste debe constar esencialmente de una presentación de los escritos y pruebas de la Comisión, otra de los familiares de las víctimas con el mismo objeto y una contestación del Gobierno que invoque sus argumentos y pruebas. De conformidad con el artículo 4.1.f) del Reglamento, el Presidente de la Corte está autorizado para fijar los términos de las presentaciones, convocar a audiencias, y adoptar las medidas de procedimiento que considere necesarias.

17. Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento, los representantes de los familiares de las víctimas deberán presentar su acreditación ante la Secretaría de la Corte por medio de los poderes o mandatos para actuar como tales.

V

18. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

de conformidad con el artículo 29 de su Reglamento,

. . . .

RESUELVE,

1. Abrir el procedimiento sobre reparaciones e indemnizaciones, quedando el Presidente facultado para adoptar las medidas procedimentales, según lo indicado en el párrafo 16 de esta resolución. . . .

Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Resolución de 31 de enero de 1997, párrs. 1- 18.

2. En mi opinión las partes en el presente juicio, la República Argentina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han llegado a un acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones. La aprobación de ese acuerdo se produjo mediante comunicaciones dirigidas a esta Corte, en el caso de la Comisión el 4 de septiembre de 1996, suscrita por su delegado y en el caso de la República Argentina el 24 de octubre de 1996, suscrita por su agente. La aprobación de las partes hace innecesario examinar los antecedentes del acuerdo y en particular la intervención que tuvieron en él funcionarios de la Provincia de Mendoza.

3. Se ha señalado que la objeción al laudo arbitral por los familiares de las víctimas por arbitrario impide su aceptación, mas cabría responder que cualquier defecto quedaría subsanado por la aprobación de las partes y por los mismos familiares de las víctimas, que en su informe a la Corte en comunicación del 31 de octubre de 1996, dijeron que "esta[ban] actualmente realizando gestiones con el Gobierno Nacional, con el objeto de lograr una compensación adicional a la determinada por la decisión del Tribunal Arbitral", lo que implica una aceptación de esa decisión.

4. Lo que la Corte debe decidir en caso de arreglo extrajudicial es si por medio de él se repara la violación de los derechos humanos. A mi juicio, existe una libertad absoluta para determinar, en cuanto a la indemnización pecuniaria, el modo de llegar a la fijación de ella, sea mediante negociación directa, por medio de un arbitramento o en cualquiera otra forma. Es irrelevante que el pago de la indemnización vaya a ser hecha por un Estado Federal o por una Provincia.

5. Lo que no podría hacerse en ningún caso es dejar sin reparación la violación de los derechos humanos. En el presente caso, además del Tribunal Arbitral se creó una Comisión ad hoc que "tendrá por finalidad la averiguación de la verdad real." La Comisión rindió su informe y en él se decide que es obligatorio continuar las investigaciones sobre el paradero de las víctimas.

6. De acuerdo con lo anterior, mi voto fue en el sentido de que la Corte debió homologar el acuerdo sobre indemnizaciones y agregar que el Gobierno de la República Argentina está obligado a continuar las investigaciones sobre la desaparición de las víctimas y sancionar a quienes resulten responsables.

Voto Disidente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Resolución de 31 de enero de 1997, párrs. 2-6.

63.1.2.1.1. partes

39. Dada la admisibilidad del caso, que declaro, queda sólo por determinar su trabazón procesal, para la cual es necesario establecer que, a mi juicio, las "partes" en sentido sustancial son, como dije, independientemente de cuál haya sido la que introdujo la instancia: a) el Estado de Costa Rica como "parte pasiva", a la que se imputan las violaciones y deudora eventual de su reparación (ver párr. No. 36, supra): en el orden internacional de la protección de los derechos humanos, el Estado es el único sujeto pasible de condenatoria y de sanción; y b) como "parte activa", titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una eventual sentencia estimatoria, las víctimas, es decir, en concreto, los causahabientes de Viviana Gallardo Camacho y, por sí, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nassar (Ibid. y ver además art. 63.1 de la Convención, que habla de "parte lesionada"). La Comisión no es "parte" en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni de deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por la sentencia.

40. Ahora bien, en lo que se refiere a las "partes" en sentido procesal: a) el Estado de Costa Rica lo es claramente, a plenitud, pero siempre como "parte pasiva", demandada o acusada, aunque fuera él mismo quien introdujo la acción; b) no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, "parte activa" sustancial, su condición autónoma de "parte activa" procesal. En este sentido, me parece suficientemente claro lo que dije en mi Voto Salvado anterior, de que, "a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la "iniciativa de la acción" (art. 61.1), limitación que, como tal, es "materia odiosa" a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de "parte" en el proceso, una vez que éste se haya iniciado. Por el contrario, es posible, y aun imperativo, otorgar al individuo esa posición y los derechos independientes de parte, que le permitirían ejercer ante el Tribunal todas las posibilidades que la Convención le confiere en los procedimientos ante la Comisión" (Ibid., Voto Salvado, párr. No. 8); c) en lo que se refiere a la Comisión Interamericana, que debe comparecer en todos los casos ante la Corte (art. 57 de la Convención), ésta es claramente una "parte sui generis", puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público" del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Ibid., párr. No. 4).

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 39-40.

192. En el Reglamento actual de la Corte las relaciones jurídicas procesales se establecen entre la Comisión, el Estado o Estados que intervienen en el caso y la Corte misma, situación ésta que subsiste mientras no se haya cerrado el procedimiento. Al mantenerlo abierto la Corte, lo procedente es que el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior sea concluido entre el Gobierno y la Comisión aunque, por supuesto, los destinatarios directos de la indemnización sean los familiares de la víctima y sin que ello implique, de ningún modo, un pronunciamiento sobre el significado de la palabra "partes" en otro contexto del sistema normativo de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 192.

1. No habría tenido reserva alguna para suscribir la totalidad de la sentencia si el punto 6 se hubiera redactado en términos como los siguientes:

6. Decide que la forma y cuantía de esta indemnización serán fijadas por la Corte en caso de que las partes, con intervención de la Comisión, no se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses a partir de la fecha de esta sentencia, y deja abierto para ese efecto el procedimiento.

Incluso habría concurrido en una decisión menos definitiva, que se remitiera solamente al acuerdo de las Partes en la forma en que la propia Corte razonó sus conclusiones en el párrafo 191 de la misma, sin referirse a la Comisión; aunque no las del párrafo 192, sobre las cuales también formulo mi reserva.

2. Mi disidencia, así, no lo es del todo con el fondo ni con el sentido fundamental de esa disposición, en cuanto reserva a la Corte la decisión final sobre la indemnización ahora otorgada en abstracto, dejando a las partes la iniciativa para convenirla en el plazo estipulado, sino tan sólo con la titularidad de la condición de parte a ese efecto, que el voto de mayoría reconoce a la Comisión, pero no a los causahabientes de la víctima.

3. Salvo mi voto, pues, por la necesidad de ser consecuente con mi interpretación de la Convención y de los propios Reglamentos de la Comisión y de la Corte, de que, en el proceso ante ésta, la única parte activa, en sentido sustancial, son la víctima o sus causahabientes, titulares de los derechos reclamados y acreedores de las prestaciones que en la sentencia se declaren, en consonancia con el texto del artículo 63.1 de la Convención, el cual incluye expresamente

. . . el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En cambio la Comisión, parte imparcial e instrumental, al modo de un Ministerio Público del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo es solamente en el sentido procesal, como actora en el juicio, nunca en el sustancial o material, como acreedora de la sentencia (arts.57 y 61 de la Convención, 19 inc. b) del Reglamento de la Comisión y 28 del Estatuto de la Corte).

4. Esa tesis, por lo demás, es la misma que he sostenido consistentemente, en general sobre las partes en el proceso ante la Corte, por lo menos desde mis votos particulares sobre las resoluciones dictadas en 1981 y 1983, en el caso "Viviana Gallardo y otras" (vide, p. ej., resolución del 13 de noviembre de 1981, voto razonado del Juez Piza, párr.8, y resolución del 8 de setiembre de 1983, voto salvado del Juez Piza, párrs. 36, 39 y punto resolutivo 8, última donde sostuve, entre otras cosas:

39. ...que, a mi juicio, las ?partes' en sentido sustancial son...: a) el Estado de Costa Rica como ?parte pasiva', a la que se imputan las violaciones y deudora eventual de su reparación...y b) como ?parte activa', titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una eventual sentencia estimatoria, las víctimas... La Comisión no es ?parte' en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni de deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por la sentencia).

5. Lo resuelto por la mayoría resulta, aunque válido, insuficiente, en cuanto no recoge, a mi juicio, la condición de parte de los causahabientes de Manfredo Velásquez de conformidad con el citado artículo 63.1 de la Convención, y, también, con lo dispuesto sobre el contenido de la sentencia por el artículo 45.2 y 3 del Reglamento de la Corte, como sigue:

2. Cuando la Corte decida que hay violación de la Convención, tomará en la misma sentencia una decisión sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención, si dicho asunto después de haber sido presentado de conformidad con el artículo 43 del presente Reglamento, estuviese listo para una decisión; si no lo estuviese, la Corte decidirá el procedimiento a seguir. Por el contrario, si el asunto en mención no ha sido presentado bajo el artículo 43, la Corte determinará el período dentro del que puede ser presentado por una parte o por la Comisión.

3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la Parte responsable han llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.

6. En esos mismos votos particulares expuse, además, mi tesis sobre la situación de las partes en sentido procesal, o sea, no ya como acreedora y deudora del contenido de la sentencia, sino como actora y demandada en el proceso, en términos como los siguientes:

40. ...no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, ?parte activa' sustancial, su condición autónoma de ? parte activa' procesal " a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la ?iniciativa de la acción' (art. 61.1), limitación que, como tal, es ?materia odiosa' a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de ?parte' en el proceso, una vez que éste se haya iniciado ...En lo que se refiere a la Comisión Interamericana, que debe comparecer en todos los casos ante la Corte... ésta es claramente una ?parte sui generis', puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un ?ministerio público' del sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (resolución del 8 de setiembre de 1983).

Lo anterior me obliga, pues, como dije (supra párr. 1), a plantear mi reserva expresa sobre el párrafo considerativo 192, en tanto coloca a la Comisión como única parte procesal frente al Estado o Estados que intervengan en un caso ante la Corte, sin reconocer la legitimación autónoma, incluso en el sentido meramente procesal, de las víctimas o sus causahabientes, entre otros.

7. Por lo demás, considero que, si la Convención y los reglamentos de la Comisión y de la Corte autorizan, en general, formas de solución amistosa antes o después de planteado el proceso ante la Corte, siempre en manos directamente de la parte lesionada y tan sólo con la intervención mediadora o fiscalizadora de la Comisión, carece de sentido que ahora, al autorizar un acuerdo directo para después de la sentencia que ha condenado en abstracto al pago de una indemnización, lo haga invistiendo a la Comisión, para esos efectos, de la condición de única parte frente al Estado responsable, en lugar de los causahabientes de Manfredo Velásquez, únicos acreedores de esa indemnización.

Al respecto, se explican por sí solas disposiciones como las siguientes:

Convención

Artículo 48.-

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención...

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

Reglamento de la Comisión:

Artículo 45 (solución amistosa)

1. A solicitud de cualquiera de las partes, o por iniciativa propia, la Comisión se pondrá a disposición de las mismas, en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos...

Reglamento de la Corte:

Artículo 42 (desistimiento y cancelación de la instancia)

2. Cuando en una causa presentada ante la Corte por la Comisión, aquella recibiere comunicación de una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar una solución al litigio, podrá llegado el caso, cancelar la instancia y archivar el expediente, después de haber recabado la opinión de los delegados de la Comisión....

En relación con esta última disposición, es evidente que si la ?parte' en la solución amistosa hubiera sido la misma Comisión, sería absurdo que la Corte después tuviera que recabar su opinión para ordenar la cancelación de la instancia y el archivo del expediente.

8. Nada de lo anterior significa que yo no comprenda o no comparta la inquietud que la decisión de mayoría parece revelar, en el sentido de que la Comisión está posiblemente, en mejores condiciones reales para velar porque los intereses de los causahabientes de Manfredo Velásquez no se vean menoscabados por la prepotencia del Gobierno, o la de que un acuerdo específico entre éste y la Comisión podría tener la relativa mayor eficacia propia de un convenio internacional. Sin embargo, considero:

a) En cuanto a lo primero, que la Corte está obligada a aplicar las normas de la Convención y de su Reglamento de conformidad con su sentido objetivo, y, para mí, el texto claro de esas normas no autoriza la interpretación adoptada.

b) De todos modos, yo no he pretendido en ningún momento que la Comisión no participe activamente en la negociación de un acuerdo con el Gobierno respecto de la indemnización ordenada por la sentencia. Mi redacción principal lo decía expresamente, e inclusive en mi disposición de aceptar una simple referencia a "las partes" estaba también implícita su participación, desde luego que la Corte se reserva en todo caso la potestad de homologar ese acuerdo (punto resolutivo 7, adoptado por unanimidad).

c) En cuanto a la eficacia del convenio, no me preocupa cuál sea su régimen jurídico - nacional o internacional- porque de todos modos la validez y la fuerza de ese acuerdo en ambos órdenes se derivarán de la propia Convención, en virtud de la sentencia misma y de la posterior homologación o aprobación formal de la Corte, disposición que gozaría de ejecutividad, tanto en el orden internacional como en el interno, conforme al texto expreso del artículo 68.2 de la Convención, en el sentido de que

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

d) Por lo demás, no debe olvidarse que la pendencia establecida en la sentencia es solamente de seis meses, vencidos los cuales el asunto volverá a conocimiento de la Corte, sea para homologar el acuerdo de las partes (punto resolutivo 7), sea para fijar ella misma la forma y monto de la indemnización (punto resolutivo 6), llevado por la Comisión o por los propios interesados, en la forma prevista por el artículo 45.2 y.3 del Reglamento de la Corte ya citado, según el cual

2. ...la Corte determinará el período dentro del que puede ser presentado por una parte o por la Comisión.

3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.

Voto Disidente del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrs. 1-8.

63.1.3. competencia de la Corte

63.1.3.1. en general

3. La Corte es competente para disponer el pago de una justa indemnización a la parte lesionada en el presente caso porque Honduras ratificó la Convención el 8 de setiembre de 1977 y depositó, el 9 de setiembre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El caso fue elevado a la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos 61 de la Convención y 50.1 y 50.2 de su Reglamento y fallado por la Corte el 29 de julio de 1988.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 3.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 3.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 41.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 6.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 7.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 3.

63.1.3.2. para determinar la reparación en caso de desacuerdo entre las partes o para homologar el acuerdo si lo hubiera

191. La Corte estima que esa indemnización puede ser convenida entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo al respecto, la Corte la fijará, para lo cual mantendrá abierto el presente caso. La Corte se reserva el derecho de homologar el acuerdo y la potestad de fijar el monto y la forma, si no lo hubiere.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 191.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 90.

Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Sentencia del 2 de febrero de 1996, Serie C No. 26, parte resolutiva párrs. 3-4.

201. La Corte fijará, después de oír a las partes interesadas, el valor de esa indemnización en ejecución de este fallo, para lo cual dejará abierto el presente caso, sin perjuicio de que interim las mismas partes puedan llegar a un acuerdo, hipótesis en la cual la Corte se reserva el derecho de homologar el que se le presente.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 201.

23. Los distintos planteamientos formulados por las partes ante la Corte, tanto por escrito como en la audiencia, muestran sustanciales diferencias de criterio en cuanto a la extensión, bases y monto de la indemnización. Algunos de esos planteamientos hacen referencia a la necesidad de utilizar el derecho interno hondureño o parte de él en la determinación o aplicación de la misma.

24. En presencia de tales desacuerdos y en cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988, corresponde ahora a la Corte precisar los alcances y el contenido de la justa indemnización compensatoria que debe pagar el Gobierno a los familiares de Manfredo Velásquez.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 23-24.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 21-22.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 7.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 19 de septeimbre de 1996, Serie C No. 29, párr. 7.

21. La Corte, en el ejercicio de su competencia contenciosa, considera apropiado que la determinación del monto de las reparaciones y costas se haga de común acuerdo entre el Estado demandado y la Comisión, teniendo en cuenta la disposición del Gobierno y los intereses superiores de las víctimas. En caso de que no se llegue a un acuerdo, la Corte determinará el alcance de las reparaciones y el monto de las indemnizaciones y costas.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995, Serie C No. 19, párr. 21.

16. Dada la falta de acuerdo entre las partes sobre reparaciones e indemnizaciones, la Corte debe determinar el procedimiento a seguir en esta instancia del proceso (art. 56.1 del Reglamento, vigente a partir del 1 de enero de 1997). La Corte estima que éste debe constar esencialmente de una presentación de los escritos y pruebas de la Comisión, otra de los familiares de las víctimas con el mismo objeto y una contestación del Gobierno que invoque sus argumentos y pruebas. De conformidad con el artículo 4.1.f) del Reglamento, el Presidente de la Corte está autorizado para fijar los términos de las presentaciones, convocar a audiencias, y adoptar las medidas de procedimiento que considere necesarias.

17. Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento, los representantes de los familiares de las víctimas deberán presentar su acreditación ante la Secretaría de la Corte por medio de los poderes o mandatos para actuar como tales.

Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Resolución de 31 de enero de 1997, párrs. 16- 17.

63.1.4. obligación de reparar

25. Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado "incluso una concepción general de derecho", que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Servise of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184).

26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 25-26.

Corte I.D.H.,Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 23-24.

43. La disposición aplicable a las reparaciones es el artículo 63.1 de la Convención Americana que prescribe lo siguiente . . . .

Este artículo constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, supra 27, párr. 23) y la jurisprudencia de otros tribunales (cfr. Usine de Chorzów, compétence, arrêt No.8, 1927, C.P.J.I., Série A, No. 9 P. 21; Usine de Chorzów, fond, arrêt No.13, 1928, C.PJ.I., Série A, No. 17, p. 29; Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif, C.I.J., Recueil 1950, p. 228).

44. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de derecho internacional y éste rige todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno (cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 30; Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, supra 27, párr. 28; Jurisdiction of the Courts of Danzig, advisory opinion, 1928, P.C.I.J., Series B, No. 15, pp. 26 y 27; Question des "communautés" gréco-bulgares, avis consultatif, 1930, C.P.J.I., Série B, No. 17, pp. 32 y 35; Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (deuxième phase), ordonnance du 6 decembre 1930, C.P.J.I., Série A, No. 24, p. 12; Affairs des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I.,Série A/B, No.46, p. 167; Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif, 1932, C.P.J.I.,Série A/B, No. 44, p. 24).

45. Una vez precisado que la obligación de reparar pertenece al derecho de gentes y está regida por él, la Corte estima conveniente examinar detalladamente su extensión.

46. El artículo 63.1 de la Convención distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcada. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización.

. . . .

47. La Comisión interpreta el artículo 63.1 de la Convención en el sentido de que instituye como regla la obligación de restablecer el statu quo ante. En otro pasaje de su escrito, la Comisión se refiere a la integrum restitution a la que parece tomar como sinónimo del restablecimiento del statu quo ante. Independientemente de la terminología empleada, la Comisión sostiene que la indemnización a pagar por Suriname ha de ser de un monto tal que repare todas las consecuencias de las violaciones ocurridas.

48. Antes de analizar estas reglas en el plano jurídico, es preciso hacer algunas consideraciones sobre los actos humanos en general y cómo éstos se presentan en la realidad.

Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido: causa causae est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos.

Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias que su acto causó es enteramente imposible porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de modo incommensurable.

49. El Derecho se ha ocupado de tiempo atrás del tema de cómo se presentan los actos humanos en la realidad, de sus efectos y de la responsabilidad que originan. En el orden internacional, la sentencia arbitral en el caso del "Alabama" se ocupa ya de esta cuestión (Moore, History and Digest of International Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington, D.C., 1898, vol. 1, pp. 653-659).

La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable la reparación de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la in integrum restitutio se refiere a un modo como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito internacional, pero no es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada (cfr.Usine de Chorzów, fond, supra 43, p. 48). De esta manera, a juicio de la Corte, debe ser interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 43-49.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 14-15.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 36-37.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 17.

63.1.4.1. restitutio in integrum

26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 26.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 24.

27. La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una "justa indemnización" en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 27.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 27.

49. El Derecho se ha ocupado de tiempo atrás del tema de cómo se presentan los actos humanos en la realidad, de sus efectos y de la responsabilidad que originan. En el orden internacional, la sentencia arbitral en el caso del "Alabama" se ocupa ya de esta cuestión (Moore, History and Digest of International Arbitrations to which the United States has been a Party, Washington, D.C., 1898, vol. 1, pp. 653-659).

La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable la reparación de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida jurídicamente tutelada. Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la in integrum restitutio se refiere a un modo como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito internacional, pero no es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada (cfr.Usine de Chorzów, fond, supra 43, p. 48). De esta manera, a juicio de la Corte, debe ser interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 49.

16. Por no ser posible la "restitutio in integrum" en caso de violación del derecho a la vida, resulta necesario buscar formas sustitutivas de reparación en favor de los familiares y dependientes de las víctimas, como la indemnización pecuniaria. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y como esta Corte ha expresado anteriormente, éstos comprenden tanto el daño material como el moral (cf. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, supra 14, párrs. 47 y 49).

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 16.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 38.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr.17.

63.1.4.2. garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados

189. . . . Es evidente que en el presente caso la Corte no puede disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los derechos especificados en este caso por la Corte, contexto dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 189.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 199.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párrs. 68-69.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 89.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 68.

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 92.

Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr. 108.

26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 26.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 24.

46. El artículo 63.1 de la Convención distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcada. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización.

En lo que se refiere a violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación, dada la naturaleza del derecho violado, adquiere fundamentalmente la forma de una indemnización pecuniaria (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 189; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 190)

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 46.

96. Habiendo encontrado la Corte que se ha producido una violación de los derechos humanos protegidos por la Convención, se dispone que Nicaragua debe poner todos los medios a su alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y, como consecuencia de esta obligación, debe procurar además el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, subsanar la demora objeto de la violación señalada.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párr. 96.

11. La interpretación que aquí sostengo del sentido y amplio alcance del deber general y fundamental de respetar y garantizar los derechos protegidos (artículo 1.1 de la Convención Americana) en sus relaciones con el otro deber general de adoptar medidas de derecho interno para adecuarlo a la normativa internacional de protección (artículo 2), se coaduna perfectamente con lo que dispone la Convención Americana en su artículo 63.1, sobre el deber de reparación de los daños resultantes de violaciones de los derechos humanos protegidos. El artículo 63.1 (mencionado en la Sentencia del fondo, del 08.12.1995, en el presente caso Caballero Delgado y Santana, párrafo 68) determina que

"Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

12. Permítome destacar tres puntos que me parecen de capital importancia en lo dispuesto en el citado artículo 63.1 de la Convención Americana. Primero, distintamente del correspondiente artículo 50 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el artículo 63.1 de la Convención Americana no hace remisión al derecho interno, facultando así a la Corte Interamericana proceder a la fijación de las medidas de reparación con base -autónomamente - en la propia Convención Americana y en los principios generales del Derecho Internacional aplicables. Segundo, distintamente del artículo 50 de la Convención Europea, el artículo 63.1 de la Convención Americana no se limita a disponer sobre "satisfacción equitativa" (just satisfaction/satisfaction équitable); la Convención Americana va mas allá, al disponer tanto sobre "justa indemnización" como medida de reparación, como, asimismo, sobre el deber de garantizar el goce de los derechos protegidos. Tercero, el artículo 63.1 de la Convención Americana, al disponer sobre el deber de garantizar, se refiere a los lesionados en sus derechos: entiendo que los "lesionados" son tanto las víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos como las víctimas indirectas (sus familiares y dependientes), que también sufren las consecuencias de dichas violaciones.

13. Desde sus primeros casos contenciosos en materia de reparaciones (Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz), la jurisprudencia de la Corte se concentró sobretodo en el elemento de la "justa indemnización" como medida de reparación, curiosamente haciendo abstracción del deber de garantizar en el presente contexto, igualmente consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Es llegado el tiempo de vincular tal deber a la "justa indemnización", como prescribe el artículo 63.1. Dicho deber abarca todas las medidas - inclusive legislativas - que deben tomar los Estados Partes para proporcionar a los individuos bajo su jurisdicción el pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en la Convención Americana. Por consiguiente, a la luz del dispuesto en el artículo 63.1, entiendo que la Corte debía proceder a la fijación tanto de las indemnizaciones como de otras medidas de reparación resultantes del deber de garantizar el goce de los derechos conculcados. La interpretación que sostengo es la que me parece estar en plena conformidad con el carácter objetivo de las obligaciones convencionales contraídas por los Estados Partes en la Convención Americana.

. . . .

18. En uno de estos párrafos, en la referida Sentencia del fondo (del 08.12.1995) en el presente caso Caballero Delgado y Santana, la Corte efectivamente vinculó su determinación del incumplimiento por parte del Estado demandado de la obligación general del artículo 1.1 de la Convención a las medidas de reparación (párrafo 59). Esta no fue la primera vez en que así procedió: en casos anteriores, la Corte precisó que el deber general de garantizar los derechos protegidos implica la obligación de los Estados Partes de organizar todas las estructuras del poder público para asegurar jurídicamente el pleno ejercicio de los derechos protegidos y, por consiguiente, para prevenir, investigar y sancionar todas las violaciones de dichos derechos y, además, buscar la reparación de los daños producidos por estas violaciones.

19. Establecido, así, este vínculo por la propia Corte, su Sentencia del fondo en el presente caso Caballero Delgado y Santana la facultaba, pues, a mi modo de ver, a pronunciarse afirmativamente sobre las referidas medidas de reparación no pecuniaria solicitadas por la Comisión, debiendo haberlo hecho en la presente Sentencia sobre reparaciones. En mi entendimiento, aunque se afirme que no hubo violación del artículo 2 de la Convención, la constatación del incumplimiento de la obligación general del artículo 1.1 es per se suficiente para determinar el Estado Parte la toma de providencias, inclusive de carácter legislativo, a fin de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el pleno ejercicio de todos los derechos protegidos por la Convención Americana.

20. Es perfectamente posible proceder a dicha determinación en el presente contexto de reparación de daños, por cuanto la base normativa del artículo 63.1 de la Convención Americana contempla la fijación tanto de las indemnizaciones como de otras medidas de reparación resultantes del deber de garantizar el goce de los derechos conculcados. En el presente dominio de protección, el derecho internacional y el derecho interno se encuentran en constante interacción; las medidas nacionales de implementación, particularmente las de carácter legislativo, se revisten de capital importancia para el futuro de la propia protección internacional de los derechos humanos.

21. Por eso, de la misma forma con que se aprecia el valor de iniciativas concretas en este sentido, no se puede consentir en que, por omisión o inacción en el plano del derecho interno, lo prescrito en los tratados de derechos humanos en cuanto a las condiciones de ejercicio de los derechos protegidos acabe por reducirse a poco más que letra muerta. En última instancia, toda la evolución futura de esta materia, bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, depende hoy en gran parte de una clara comprensión del alcance de las obligaciones legislativas de los Estados Partes para proteger derechos individuales, y de la disposición (animus) de dar expresión concreta al alcance de dichas obligaciones legislativas en el marco de la fijación de las distintas medidas de reparación por violaciones de los derechos humanos protegidos.

Voto Disidente del Juez Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 11-13 y 18-21.

63.1.4.3. reparación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de derechos

63.1.4.3.1. general

189. . . . Es evidente que en el presente caso la Corte no puede disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los derechos especificados en este caso por la Corte, contexto dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 189.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 199.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párrs. 68-69.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 89.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 68.

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 92.

Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr. 108.

26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 26.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 24.

46. El artículo 63.1 de la Convención distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcada. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización.

En lo que se refiere a violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación, dada la naturaleza del derecho violado, adquiere fundamentalmente la forma de una indemnización pecuniaria (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 189; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 190)

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 46.

16. Por no ser posible la "restitutio in integrum" en caso de violación del derecho a la vida, resulta necesario buscar formas sustitutivas de reparación en favor de los familiares y dependientes de las víctimas, como la indemnización pecuniaria. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y como esta Corte ha expresado anteriormente, éstos comprenden tanto el daño material como el moral (cf. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, supra 14, párrs. 47 y 49).

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 16.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 38.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr.17.

4. Al abstenerse de pronunciarse sobre la materia, la Corte dejó de proceder, como le competía, al examen o determinación de la incompatibilidad de la vigencia del artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar de Venezuela con los deberes generales consagrados en la Convención Americana de garantizar los derechos en ella reconocidos (artículo 1) y de adoptar disposiciones de derecho interno (medidas legislativas o de otro carácter) que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos (artículo 2). Considero a la Corte plenamente habilitada a pronunciarse sobre este punto específico, aun ante la invocada no aplicación de las referidas disposiciones del Código de Justicia Militar en el cas d'espèce.

5. Fue necesario esperar muchos años para que se admitiera la posibilidad de plantear la cuestión de la incompatibilidad de medidas legislativas y prácticas administrativas con las obligaciones convencionales internacionales en materia de derechos humanos, en el contexto de casos concretos . La jurisprudencia internacional en el presente dominio, en los planos tanto regional como global, ha evolucionado a punto de admitir hoy día que un individuo puede, bajo determinadas condiciones, reivindicar ser víctima de una violación de derechos humanos perpetrada por la simple existencia de medidas permitidas por la legislación, sin que hayan sido a él aplicadas. Puede efectivamente hacerlo ante el simple riesgo de ser directamente afectado por una ley, ante la amenaza continua representada por el mantenimiento en vigor de la legislación impugnada. Se reconoce actualmente que un individuo puede efectivamente impugnar una ley que todavía no ha sido aplicada en su perjuicio, bastando para ésto que dicha ley sea aplicable en forma tal que el riesgo o amenaza que él sufra sus efectos sea real, sea algo más que una simple posibilidad teórica.

6. Un entendimiento en contrario minaría el deber de prevención, consagrado en la jurisprudencia de ésta Corte. Se ha precisado el amplio alcance de tal deber, el cual abarca todas las medidas, legislativas y administrativas y otras, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las violaciones de éstos sean efectivamente tratadas como hechos ilícitos acarreando sanciones para sus responsables. La reparación, como concepto genérico, abarca también estos elementos, además de las indemnizaciones debidas a las víctimas. La reparación plena, que en el presente contexto se configura como la reacción del ordenamiento jurídico de protección a los hechos violatorios de los derechos garantizados, tiene un amplio alcance. Incluye, a la par de la restitutio in integrum (restablecimiento de la situación anterior de la víctima, siempre que sea posible) y las indemnizaciones (a la luz del principio general del neminem laedere), la rehabilitación, la satisfacción y - significativamente - la garantía de no repetición de los hechos violatorios (el deber de prevención).

Voto Disidente del Juez Antonio Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 4-6.

2. Para llegar a la decisión de no ordenar las referidas reparaciones no pecuniarias la Corte invocó su decisión anterior en el presente caso (Sentencia del 08.19.1995, sobre el fondo, párrafo 62) en el sentido de que Colombia no violó el artículo de la Convención (obligación garantías y protección judiciales). Sin entrar a reabrir esta decisión - lo que no corresponde en esta etapa de reparaciones, - no debe pasar desapercibido que, al mismo tiempo en que la tomó, la Corte también decidió que "al no haber reparado Colombia las consecuencias de las violaciones realizadas por sus agentes, ha dejado de cumplir las obligaciones que le impone el (...) artículo 1.1 de la Convención" (ibid., párrafo 59). Éste es un punto que sí, cabe considerar en la actual etapa de reparaciones, por cuanto la propia Corte ha expresamente establecido el vínculo entre la obligación general del artículo 1.1 de la Convención y las reparaciones, y el artículo 63.1 de la Convención agrega a las indemnizaciones otras medidas de reparación resultantes del deber de garantizar el goce de los derechos conculcados.

3. En efecto el deber general de respetar y garantizar (consignado en el artículo 1.1 de la Convención) los derechos protegidos tiene amplio alcance, como esta Corte ya ha precisado en casos anteriores. El presente caso Caballero Delgado y Santana acrecienta un elemento nuevo para análisis, por cuanto nos encontramos ahora ante una situación, distinta de casos anteriores, en la cual la Corte ha determinado que hubo violación del artículo 1.1 (en relación con los artículos 7 y 4) pero no del artículo 2 (en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención). El cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos protegidos depende no sólo de las disposiciones constitucionales o legislativas existentes - que frecuentemente no son suficientes per se - pero requiere además otras providencias de los Estados Partes en el sentido de capacitar los individuos bajo su jurisdicción para hacer ejercicio pleno de todos los derechos protegidos.

Tales providencias incluyen la adopción de medidas legislativas y administrativas, en el sentido de eliminar obstáculos o lagunas y perfeccionar las condiciones de ejercicio de los derechos protegidos.

4. En el examen de un caso concreto, aunque se decide que no hubo violación del artículo 2 de la Convención, como lo ha hecho la Corte en el presente caso Caballero Delgado y Santana, no por eso se puede inferir que los Estados Partes no estarían en la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la observancia de los derechos protegidos. Tal obligación general inmediata, y verdaderamente fundamental, resulta del artículo 1.1 de la Convención; negar su amplio alcance sería privar la Convención Americana de sus efectos. La obligación general del artículo 1.1 alcanza todos los derechos protegidos por la Convención. Nada impide que la materia sea tratada en la etapa de reparaciones, por cuanto estas últimas se demandan por incumplimiento tanto de las obligaciones específicas referentes a cada uno de los derechos protegidos como de las obligaciones generales adicionales de respetar y garantizar tales derechos (artículo 1.1) y de adecuar el derecho interno a la normativa de protección de la Convención en este propósito.

5. Difícilmente se podría negar que a veces la propia reparación de violaciones comprobadas de derechos humanos en casos concretos pueda requerir cambios en las leyes nacionales y en las prácticas administrativas. La aplicación de los tratados de derechos humanos, además de solucionar casos individuales ha acarreado dichos cambios, transcendiendo de ese modo las circunstancias particulares de los casos concretos; la práctica internacional se encuentra repleta de casos en que las leyes nacionales fueron efectivamente modificadas, de conformidad con las decisiones de los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos en los casos individuales. La eficacia de los tratados de derechos humanos se mide, en gran parte, por su impacto en el derecho interno de los Estados Partes. No se puede legítimamente esperar que un tratado de derechos humanos se "adapte" a las condiciones prevalecientes al interior de cada país, por cuanto debe, a contrario sensu, tener el efecto de perfeccionar las condiciones de ejercicio de los derechos por él protegidos en el ámbito del derecho interno de los Estados Partes.

. . . .

8. En realidad, estas dos obligaciones generales, - que se suman a las demás obligaciones convencionales, específicas, en relación con cada uno de los derechos protegidos - se imponen a los Estados Partes por la aplicación del propio Derecho Internacional, de un principio general (pacta sunt servanda) cuya fuente es metajurídica, al buscar basarse, mas allá del consentimiento individual de cada Estado, en consideraciones acerca del carácter obligatorio de los deberes derivados de los tratados internacionales. En el presente dominio de protección, los Estados Partes tienen la obligación general, emanada de un principio general del Derecho Internacional, de tomar todas las medidas de derecho interno para garantizar la protección eficaz (effet utile) de los derechos consagrados.

9. Las dos obligaciones generales consagradas en la Convención Americana - la de respetar y garantizar los derechos protegidos (artículo 1.1) y la de adecuar el derecho interno a la normativa internacional de protección (artículo 2) - me parecen ineluctablemente interligadas.

De ahí que la violación del artículo 2 acarrea siempre, a mi modo de ver, la violación igualmente del artículo 1.1. La violación del artículo 1.1 configúrase siempre que haya una violación del artículo 2. Y en casos de violación del artículo 1.1 hay una fuerte presunción de inobservancia del artículo 2, en virtud. v.g., de insuficiencias o lagunas del ordenamiento jurídico interno en cuanto a la reglamentación de las condiciones del ejercicio de los derechos protegidos. Asimismo, no hay como minimizar la obligación del artículo 2, una vez que ésta confiere precisión a la obligación inmediata fundamental del artículo 1.1, de la cual configúrase como casi un corolario. La obligación del artículo 2 requiere que se adopte la legislación necesaria para dar efectividad a las normas convencionales de protección, supliendo eventuales lagunas o insuficiencias en el derecho interno, o entonces que se alteren disposiciones legales nacionales a fin de armonizarlas con las normas convencionales de protección.

10. Como estas normas convencionales vinculan los Estados Partes - y no solamente sus Gobiernos, - también los Poderes Legislativo y Judicial, además del Ejecutivo, están obligados a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la Convención Americana en el plano del derecho interno. El incumplimiento de las obligaciones convencionales, como se sabe, compromete la responsabilidad internacional del Estado, por actos o omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial. En suma, las obligaciones internacionales de protección, que en su amplio alcance vinculan conjuntamente todos los poderes del Estado, comprenden las que se dirigen a cada uno de los derechos protegidos, así como las obligaciones generales adicionales de respetar y garantizar éstos últimos, y de adecuar el derecho interno a las normas convencionales de protección, tomadas conjuntamente. Como sostuve también en mi Voto Disidente en el caso El Amparo (Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28), las violaciones de derechos humanos y las reparaciones de los daños de ellas resultantes deben determinarse bajo la Convención Americana teniendo presentes las obligaciones específicas relativas a c derechos protegidos juntamente con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. El reconocimiento de la indisociabilidad de estas dos obligaciones generales inter se constituiría un paso adelante en la evolución de la materia.

11. La interpretación que aquí sostengo del sentido y amplio alcance del deber general y fundamental de respetar y garantizar los derechos protegidos (artículo 1.1 de la Convención Americana) en sus relaciones con el otro deber general de adoptar medidas de derecho interno para adecuarlo a la normativa internacional de protección (artículo 2), se coaduna perfectamente con lo que dispone la Convención Americana en su artículo 63.1, sobre el deber de reparación de los daños resultantes de violaciones de los derechos humanos protegidos. El artículo 63.1 (mencionado en la Sentencia del fondo, del 08.12.1995, en el presente caso Caballero Delgado y Santana, párrafo 68) determina que

"Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

12. Permítome destacar tres puntos que me parecen de capital importancia en lo dispuesto en el citado artículo 63.1 de la Convención Americana. Primero, distintamente del correspondiente artículo 50 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el artículo 63.1 de la Convención Americana no hace remisión al derecho interno, facultando así a la Corte Interamericana proceder a la fijación de las medidas de reparación con base -autónomamente - en la propia Convención Americana y en los principios generales del Derecho Internacional aplicables. Segundo, distintamente del artículo 50 de la Convención Europea, el artículo 63.1 de la Convención Americana no se limita a disponer sobre "satisfacción equitativa" (just satisfaction/satisfaction équitable); la Convención Americana va mas allá, al disponer tanto sobre "justa indemnización" como medida de reparación, como, asimismo, sobre el deber de garantizar el goce de los derechos protegidos. Tercero, el artículo 63.1 de la Convención Americana, al disponer sobre el deber de garantizar, se refiere a los lesionados en sus derechos: entiendo que los "lesionados" son tanto las víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos como las víctimas indirectas (sus familiares y dependientes), que también sufren las consecuencias de dichas violaciones.

13. Desde sus primeros casos contenciosos en materia de reparaciones (Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz), la jurisprudencia de la Corte se concentró sobretodo en el elemento de la "justa indemnización" como medida de reparación, curiosamente haciendo abstracción del deber de garantizar en el presente contexto, igualmente consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Es llegado el tiempo de vincular tal deber a la "justa indemnización", como prescribe el artículo 63.1. Dicho deber abarca todas las medidas - inclusive legislativas - que deben tomar los Estados Partes para proporcionar a los individuos bajo su jurisdicción el pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en la Convención Americana. Por consiguiente, a la luz del dispuesto en el artículo 63.1, entiendo que la Corte debía proceder a la fijación tanto de las indemnizaciones como de otras medidas de reparación resultantes del deber de garantizar el goce de los derechos conculcados. La interpretación que sostengo es la que me parece estar en plena conformidad con el carácter objetivo de las obligaciones convencionales contraídas por los Estados Partes en la Convención Americana.

14. Por las razones aquí expuestas, me veo en la imposibilidad de compartir la determinación de la Corte, en el punto resolutivo n. 3, y sus criterios, en los párrafos 55-57, de la presente Sentencia, en el sentido de que no se puede considerar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (del 10.05.1996), de proceder, como una de las medidas de reparación no pecuniaria, relativa al recurso de habeas corpus, a la determinación de la compatibilidad o no de las disposiciones pertinentes de la legislación interna colombiana con la Convención Americana, y a la adecuación que sea necesaria de aquellas disposiciones legales a los criterios definidos por la Convención, así como a la determinación de la tipificación legislativa del delito de desaparición forzada de personas.

Voto Disidente del Juez Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 2-5 y 8-14.

63.1.4.3.2. medidas de reparación

63.1.4.3.2.1. deber de investigación

34. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 181), la subsistencia del deber de investigación que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 174)

35. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obligaciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 34-35.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 32-33.

109. Tal como lo expresó la Corte en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz "el derecho de los familiares de la víctimas de conocer [..] dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance" (Caso Velásquez Rodríguez, supra 46, párr. 181; Caso Godínez Cruz, supra 46, párr. 191); esta obligación tiene particular importancia en el caso presente en consideración a la relación familiar imperante entre los saramacas.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 109.

69. En el presente caso la reparación debe consistir en la continuación de los procedimientos judiciales para la averiguación de la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana y su sanción conforme al derecho interno colombiano.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 69.

53. En el mismo escrito la Comisión solicitó la investigación y "sanción efectiva a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de los hechos que dieron origen al presente caso."

54. En su escrito de 3 de enero de 1996, también citado anteriormente, el Estado alegó que la petición de la Comisión no guardaba relación con los hechos ni con la responsabilidad del Estado por estimar que la restitución supone el restablecimiento de la situación al estado anterior a los hechos que dieron lugar a la responsabilidad. Expresó que "[n]ada de lo solicitado por la Comisión a este propósito puede representar una restitución en el sentido apuntado. El Código de Justicia militar no es, por sí mismo incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

55. Con respecto a la investigación y sanción efectiva de los autores de los hechos el Estado manifestó que "es evidente que la Sentencia de la Corte Interamericana no puede ir más allá de las indemnizaciones que correspondan, sin afectar al mismo tiempo los derechos de supuestos implicados. La indemnización a las víctimas y a sus familiares, el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado venezolano y la misma Sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son el medio idóneo para reparar -hasta donde sea posible- los daños causados a las víctimas y a sus familiares".

. . . .

61. Respecto a la continuación del proceso para la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, esa es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 53-55 y 61.

69. Como una reparación de carácter moral, el Gobierno está en la obligación de hacer todo esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 69.

58. Para finalizar, la Comisión ha pedido que el Gobierno acepte públicamente su responsabilidad, presente disculpas a los familiares de las víctimas y a la sociedad, otorgue especial atención y aporte económico al colegio que lleva el nombre de Caballero Delgado y desarrolle un programa de promoción y difusión de los derechos humanos. Sobre esas solicitudes esta Corte considera que la sentencia de fondo que dictó en el presente caso y en que se decide que Colombia es responsable de la violación de derechos humanos, y el reconocimiento de responsabilidad reiterado por la agente en el curso de la audiencia pública (supra 23) constituyen una adecuada reparación y no procede decretar otras más (Caso El Amparo, Reparaciones, supra 19, párr. 62), sin perjuicio de ordenar al Gobierno que continúe los esfuerzos para localizar los restos de las víctimas y entregarlos a los familiares.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 58.

90. En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. Inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán hasta su total cumplimiento (Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C. No. 29, párr. 69 y Punto Resolutivo 4; Caso Caballero Delgado y Santana, supra, párr. 72, párrs. 58 y 69; Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de setiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 61 y Punto resolutivo).

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 90.

63.1.4.3.2.2. deber de prevención

34. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 181), la subsistencia del deber de investigación que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 174).

35. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obligaciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 34-35.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 32-33.

90. En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. Inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán hasta su total cumplimiento (Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C. No. 29, párr. 69 y Punto Resolutivo 4; Caso Caballero Delgado y Santana, supra, párr. 72, párrs. 58 y 69; Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de setiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 61 y Punto resolutivo).

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 90.

63.1.4.3.2.3. deber de sancionar a los responsables

34. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 181), la subsistencia del deber de investigación que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 174).

35. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obligaciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 34-35.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 32-33.

69. En el presente caso la reparación debe consistir en la continuación de los procedimientos judiciales para la averiguación de la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana y su sanción conforme al derecho interno colombiano.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 69.

53. En el mismo escrito la Comisión solicitó la investigación y "sanción efectiva a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de los hechos que dieron origen al presente caso."

54. En su escrito de 3 de enero de 1996, también citado anteriormente, el Estado alegó que la petición de la Comisión no guardaba relación con los hechos ni con la responsabilidad del Estado por estimar que la restitución supone el restablecimiento de la situación al estado anterior a los hechos que dieron lugar a la responsabilidad. Expresó que "[n]ada de lo solicitado por la Comisión a este propósito puede representar una restitución en el sentido apuntado. El Código de Justicia militar no es, por sí mismo incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

55. Con respecto a la investigación y sanción efectiva de los autores de los hechos el Estado manifestó que "es evidente que la Sentencia de la Corte Interamericana no puede ir más allá de las indemnizaciones que correspondan, sin afectar al mismo tiempo los derechos de supuestos implicados. La indemnización a las víctimas y a sus familiares, el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado venezolano y la misma Sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son el medio idóneo para reparar -hasta donde sea posible- los daños causados a las víctimas y a sus familiares".

. . . .

61. Respecto a la continuación del proceso para la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, esa es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 53-55 y 61.

90. En relación con las violaciones a la Convención Americana anteriormente citadas, la

Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. Inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. Corresponde por tanto al Estado, satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables de las mismas. Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán hasta su total cumplimiento (Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C. No. 29, párr. 69 y Punto Resolutivo 4; Caso Caballero Delgado y Santana, supra, párr. 72, párrs. 58 y 69; Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de setiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 61 y Punto resolutivo).

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 90.

63.1.4.3.2.4. otras medidas

20. La Comisión expresa que las familias de las víctimas reclaman la adopción de medidas no pecuniarias tales como que el Presidente de Suriname se disculpe públicamente por los asesinatos y que los jefes de la tribu Saramaca sean invitados a concurrir al Congreso de Suriname para que se les presenten disculpas y que el Gobierno publique la parte dispositiva de esta sentencia. Se pide también que el Gobierno desentierre los cadáveres de las seis víctimas y sean devueltos a sus familias respectivas, que se dé el nombre de la tribu Saramaca a un parque, una plaza o una calle en un lugar prominente de Paramaribo y que el Gobierno investigue los asesinatos cometidos y castigue a los culpables.

. . . .

31. En cuanto a la reparación no pecuniaria solicitada por la Comisión, considera el Gobierno que el reconocimiento de responsabilidad hecho público mediante la sentencia de esta Corte de 4 de diciembre de 1991 constituye una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de las víctimas y para la tribu Saramaca.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 20 y 31.

96. En la indemnización fijada para los herederos de las víctimas se ha previsto una suma para que los menores puedan estudiar hasta una determinada edad. Sin embargo, estos objetivos no se logran sólo otorgando una indemnización, sino que es preciso también que se ofrezca a los niños una escuela donde puedan recibir una enseñanza adecuada y una asistencia médica básica. En el momento actual, ello no ocurre en varias aldeas saramacas.

Los hijos de las víctimas viven, en su mayoría, en Gujaba, donde la escuela y el dispensario están cerrados. La Corte considera que, como parte de la indemnización, Suriname está obligado a reabrir la escuela de Gujaba y a dotarla de personal docente y administrativo para que funcione permanentemente a partir de 1994. Igualmente, se ordenará que el dispensario allí existente sea puesto en condiciones operativas y reabierto en el curso de ese año.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 96.

50. Dentro de las reparaciones no pecuniarias y costas, en su escrito de 3 de noviembre de 1995, la Comisión solicitó que el Estado venezolano convocara a una conferencia de prensa y la posterior publicación en los diarios nacionales del reconocimiento, ante la opinión pública, de que los hechos acaecidos el 29 de octubre de 1988 en "El Amparo" fueron responsabilidad del Estado, así como "[l]a declaración de que nunca más se tolerarán hechos como los del caso y la creación de una fundación cuyo objeto será la promoción y difusión del derecho internacional de los derechos humanos en la región donde ocurrieron los hechos"; pero no hizo suyas las peticiones de los representantes de las víctimas en cuanto a "la publicación de la sentencia en los principales diarios internacionales".

51. En su escrito de 3 de enero de 1996 el Estado expresó que las reparaciones no pecuniarias solicitadas por la Comisión no estaban conformes "ni con la jurisprudencia internacional en general, ni con la jurisprudencia de la Corte Interamericana en particular". El Estado consideró que la satisfacción solicitada por la Comisión para las víctimas y sus familiares estaba comprendida en la pretensión relativa a los daños morales, y alegó que "[e]l honor y la fama de las víctimas y de sus familiares han quedado plenamente reestablecidos por el conocimiento de la sentencia sobre el fondo de la Corte... y por el reconocimiento de responsabilidad -anterior y posterior- de la República de Venezuela por los hechos acaecidos".

. . . .

62. En cuanto a las otras reparaciones no pecuniarias que solicitó la Comisión, la Corte estima que el reconocimiento de responsabilidad que ha hecho Venezuela, la sentencia sobre el fondo de este caso de 18 de enero de 1995 (cf Caso El Amparo, supra 5) y la presente sentencia dictada por esta misma Corte, constituyen, per se, una adecuada reparación.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 50-51 y 62.

52. En su escrito mencionado de 3 de noviembre de 1995 la Comisión solicitó la reforma del Código de Justicia Militar, específicamente el artículo 54.2 y .3, así como de los reglamentos e instrucciones castrenses en tanto y en cuanto sean incompatibles con la Convención. Dicho artículo dispone en su parte conducente que: "[s]on atribuciones del Presidente de la República, como funcionario de justicia militar: ... 2. Ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados, cuando así lo estime conveniente a los intereses de la Nación. 3. Ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo juzgue conveniente, en cualquier estado de la causa".

. . . .

54. En su escrito de 3 de enero de 1996, también citado anteriormente, el Estado alegó que la petición de la Comisión no guardaba relación con los hechos ni con la responsabilidad del Estado por estimar que la restitución supone el restablecimiento de la situación al estado anterior a los hechos que dieron lugar a la responsabilidad. Expresó que "[n]ada de lo solicitado por la Comisión a este propósito puede representar una restitución en el sentido apuntado. El Código de Justicia militar no es, por sí mismo incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

. . . .

57. Por su parte, el Estado alega que los artículos impugnados del Código de Justicia Militar no han sido aplicados en el presente caso y son sólo una habilitación al Presidente de la República; que la satisfacción a las víctimas se consuma por el reconocimiento de responsabilidad por Venezuela y que las reparaciones no patrimoniales no están de acuerdo con la jurisprudencia internacional en general ni con la de esta Corte en particular.

58. En relación con lo anterior, la Corte considera que, efectivamente, el artículo 54 del citado Código que concede al Presidente de la República la facultad de ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados cuando lo estime conveniente a los intereses de la Nación y ordenar el sobreseimiento de los juicios militares en cualquier estado de la causa, no ha sido aplicado en el presente caso. Las autoridades militares iniciaron y siguieron un proceso contra los responsables del caso El Amparo y el Presidente de la República nunca ordenó que no se siguiera proceso ni que se sobreseyera.

59. En la Opinión Consultiva OC-14/94 esta Corte dispuso:

La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención. Como antes se dijo, la Comisión sí podría hacerlo y en esa forma daría cumplimiento a su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. También podría hacerlo la Corte en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la Convención (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 49).

60. La Corte, de acuerdo con lo expresado en la Opinión Consultiva citada, se abstiene de pronunciarse en abstracto sobre la compatibilidad del Código de Justicia Militar de Venezuela y sus reglamentos e instrucciones con la Convención Americana, y por lo tanto no cabe ordenar al Estado de Venezuela la reforma solicitada por la Comisión.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 52,54 y 57-60.

53. En cuanto a reparaciones no pecuniarias la Comisión solicitó la reforma de la legislación colombiana respecto del recurso de hábeas corpus, la tipificación legislativa del delito de desaparición forzada de personas y que los procedimientos judiciales sobre la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana permanezcan en la competencia de la justicia ordinaria y no sean transferidos al fuero militar.

54 . Sobre el primer punto alega que el recurso de hábeas corpus se halla contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991 en términos muy amplios, pero que el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal no ha sido ajustado a la nueva Constitución y a la Convención Americana, ya que limita la actividad judicial a la mera constatación formal de la falta de detención de la persona desaparecida. Cabe señalar que en la audiencia pública celebrada ante esta Corte el agente del Gobierno manifestó que en la actualidad la regulación del hábeas corpus se encuentra en la ley 15 de 1992; que esa ley fue declarada por la Corte Constitucional ajustada a la Constitución Política: y que el Ministerio de Justicia, con otros organismos gubernamentales asumirá la creación de un grupo de trabajo para revisar la referida ley. Expresó, además que el Gobierno Nacional ha asumido el compromiso de presentar un proyecto de ley sobre desaparición forzada de personas.

55. Al respecto, observa esta Corte que en su sentencia de fondo del 8 de diciembre de 1995, párrafo 3 de la parte resolutoria, decidió que Colombia no había violado los artículos 2, 8 y 25 de la Convención relativos a la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados en la misma, las garantías judiciales en los procesos y la protección judicial de los derechos lo que le impediría entrar de nuevo a considerar esa cuestión que adicionalmente, no fue planteada en la demanda sino en la etapa de reparaciones. Por otra parte, el examen de la legislación interna no es materia apropiada para ser considerada en la fase de reparaciones de un proceso y, además, en el caso presente, no habiéndose podido comprobar que las personas desaparecidas se encontraran en ninguna de las instituciones de detención oficiales, no podrían las autoridades judiciales a falta de informaciones pertinentes sobre el paradero de las personas desaparecidas, tomar dentro de un recurso de hábeas corpus medida alguna ni haber impedido la muerte de ellas.

56. En cuanto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en los términos de la Convención Interamericana de 1994 sobre la materia, la Corte considera que esa tipificación es deseable, pero que la falta de ella no ha obstaculizado el desarrollo de los procesos que sigue la justicia colombiana para investigar y sancionar los delitos cometidos en perjuicio de las personas a las que se refiere el presente caso.

57. La Comisión alega finalmente que la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial son delitos que no pueden ser considerados como cometidos en el ejercicio de las funciones militares, por lo que, en concordancia con el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, sólo pueden ser juzgados por la jurisdicción de derecho común, aunque no se desconozca el fuero militar, pero que la "garantía de permanencia del presente caso bajo la competencia de la justicia ordinaria es una responsabilidad directa del Gobierno de Colombia". En relación con lo anterior, esta Corte estima que la cuestión de la competencia de los tribunales militares y su compatibilidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, implicaría una revisión de la legislación colombiana que no es apropiado hacer en forma incidental y en la fase de reparaciones y menos aún cuando ha sido presentada por la Comisión en una forma hipotética.

58. Para finalizar, la Comisión ha pedido que el Gobierno acepte públicamente su responsabilidad, presente disculpas a los familiares de las víctimas y a la sociedad, otorgue especial atención y aporte económico al colegio que lleva el nombre de Caballero Delgado y desarrolle un programa de promoción y difusión de los derechos humanos. Sobre esas solicitudes esta Corte considera que la sentencia de fondo que dictó en el presente caso y en que se decide que Colombia es responsable de la violación de derechos humanos, y el reconocimiento de responsabilidad reiterado por la agente en el curso de la audiencia pública (supra 23) constituyen una adecuada reparación y no procede decretar otras más (Caso El Amparo, Reparaciones, supra 19, párr. 62), sin perjuicio de ordenar al Gobierno que continúe los esfuerzos para localizar los restos de las víctimas y entregarlos a los familiares.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 53-58.

14. Por las razones aquí expuestas, me veo en la imposibilidad de compartir la determinación de la Corte, en el punto resolutivo n. 3, y sus criterios, en los párrafos 55-57, de la presente Sentencia, en el sentido de que no se puede considerar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (del 10.05.1996), de proceder, como una de las medidas de reparación no pecuniaria, relativa al recurso de habeas corpus, a la determinación de la compatibilidad o no de las disposiciones pertinentes de la legislación interna colombiana con la Convención Americana, y a la adecuación que sea necesaria de aquellas disposiciones legales a los criterios definidos por la Convención, así como a la determinación de la tipificación legislativa del delito de desaparición forzada de personas.

15. Como esta propia Corte advirtió pertinentemente hace una década, en su octava Opinión Consultiva, "(...) Es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona , para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención , así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

La eficacia del habeas corpus es un imperativo del deber de prevención como uno de los componentes de la obligación general de garantizar los derechos protegidos (artículo 1.1 de la Convención), inclusive para evitar que se creen situaciones violatorias de derechos consagrados en la Convención Americana, como la de desaparición forzada de personas, que además conllevan a la impunidad de los responsables de los hechos constitutivos de tal delito.

16. La providencia de eficacia del habeas corpus se complementa, en el presente caso, a mi modo de ver, con la otra medida de reparación no pecuniaria, consistente en la tipificación legislativa del delito de desaparición forzada de personas, en armonía con lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, inclusive como medio de garantizar algunos de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (tales como el derecho a la vida, artículo 4, y el derecho a la libertad personal, artículo 7). La referida tipificación, mencionada por la Corte en el párrafo 56 de la presente Sentencia, en mi entender es, más que "deseable", necesaria. Encuéntrase prevista en la mencionada Convención de 1994 (artículo IV), entre otras obligaciones legislativas (artículo III), la cual agrega que los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas "sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar (IX)".

17. En la audiencia pública del 07 de septiembre de 1996 ante la Corte, el propio Gobierno de Colombia se refirió claramente a la materia en cuestión en dos momentos (inclusive mencionando iniciativas nacionales para la revisión de la ley 15 de 1992 sobre el habeas corpus), señalando que "no existe divergencia" entre él y la Comisión Interamericana respecto al tema del habeas corpus. Además, en su escrito del 26 de julio de 1996, el Gobierno comunicó a la Corte inter alia que se encontraba "adelantando las gestiones tendientes a presentar nuevamente al Congreso" el texto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como "a incorporar el tipo penal en el ordenamiento criminal" interno. No veo, pues, razón alguna para que la Corte dejase de considerar la solicitud de la Comisión acerca de las medidas de reparación no pecuniaria. En la presente Sentencia sobre reparaciones, la Corte dejó de extraer las consecuencias jurídicas de su propia determinación de violación del artículo 1.1 (en relación con los artículos 7 y 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual dedicó no menos que cinco párrafos en su Sentencia del fondo.

18. En uno de estos párrafos, en la referida Sentencia del fondo (del 08.12.1995) en el presente caso Caballero Delgado y Santana, la Corte efectivamente vinculó su determinación del incumplimiento por parte del Estado demandado de la obligación general del artículo 1.1 de la Convención a las medidas de reparación (párrafo 59). Esta no fue la primera vez en que así procedió: en casos anteriores, la Corte precisó que el deber general de garantizar los derechos protegidos implica la obligación de los Estados Partes de organizar todas las estructuras del poder público para asegurar jurídicamente el pleno ejercicio de los derechos protegidos y, por consiguiente, para prevenir, investigar y sancionar todas las violaciones de dichos derechos y, además, buscar la reparación de los daños producidos por estas violaciones.

19. Establecido, así, este vínculo por la propia Corte, su Sentencia del fondo en el presente caso Caballero Delgado y Santana la facultaba, pues, a mi modo de ver, a pronunciarse afirmativamente sobre las referidas medidas de reparación no pecuniaria solicitadas por la Comisión, debiendo haberlo hecho en la presente Sentencia sobre reparaciones. En mi entendimiento, aunque se afirme que no hubo violación del artículo 2 de la Convención, la constatación del incumplimiento de la obligación general del artículo 1.1 es per se suficiente para determinar el Estado Parte la toma de providencias, inclusive de carácter legislativo, a fin de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el pleno ejercicio de todos los derechos protegidos por la Convención Americana.

Voto Disidente del Juez Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 14-19.

83. En su petitorio, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Perú reparar "plenamente a María Elena Loayza Tamayo por el grave daño - - material y moral - - sufrido por ésta" y que ordenara decretar "su inmediata libertad".

El artículo 63.1 de la Convención Americana establece que . . . .

84. Como consecuencia de las violaciones señaladas de los derechos consagrados en la

Convención, y especialmente de la prohibición de doble enjuiciamiento, en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo y, por aplicación del artículo anteriormente transcrito, la Corte considera que el Estado del Perú debe, de acuerdo con las disposiciones de su derecho interno, ordenar la libertad de la señora María Elena Loayza Tamayo dentro de un plazo razonable.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párrs. 83-84.

11. Respecto de la orden de libertad de María Elena Loayza Tamayo, la Corte ha usado una fórmula bastante oscura que equivale a un decreto de absolución de la procesada y como fundamento se aducen las violaciones de los derechos consagrados en la Convención, especialmente de la prohibición del doble enjuiciamiento. Cualquiera que sean los vicios de un proceso, ellos pueden conducir a su anulación por un superior competente, pero no a la absolución del reo. . . .

Voto disidente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párr. 11.

63.1.4.3.2.5. medidas de satisfacción

36. Por lo demás, la Corte entiende que la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988 constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de las víctimas.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 36.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 34.

31. En cuanto a la reparación no pecuniaria solicitada por la Comisión, considera el Gobierno que el reconocimiento de responsabilidad hecho público mediante la sentencia de esta Corte de 4 de diciembre de 1991 constituye una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de las víctimas y para la tribu Saramaca.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 31.

35. Por otra parte, son muchos los casos en que otros tribunales internacionales han acordado que la sentencia de condena per se constituye una suficiente indemnización del daño moral, tal como se desprende, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n· 176-A p. 24 par. 39; arrêt McCallum du 30 août 1990, série A n· 183, p. 27 par. 37; arrêt Wassink du 27 septembre 1990, série A n· 185-A, p. 15 par. 41; arrêt Koendjbiharie du 25 octobre 1990, série A n· 185-B, p. 42 par. 35; arrêt Darby du 23 octobre 1990, série A n·187, p. 14 par. 40; arrêt Lala c. Pays-Bas du 22 Septembre 1994, série A n· 297-A, p. 15 par. 38; arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n· 297-B p. 36, par. 44; arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n· 297-C p. 59 par. 45; arrêt Boner c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n· 300-B, p. 76 par. 46; arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, serie A n· 303-A p. 13 par. 33; arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n· 175, p. 20, par. 59). Sin embargo, esta Corte considera que aún cuando una sentencia condenatoria, puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, haya habido o no reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, en el presente caso, ésta no sería suficiente dada la específica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas conforme a la equidad.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 35.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 56.

56. En resumen, la Comisión concreta las reparaciones no pecuniarias en la reforma del Código de Justicia Militar y de los reglamentos e instrucciones castrenses que resulten incompatibles con la Convención; la investigación y sanción efectiva a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de los hechos que dieron origen al presente caso; la satisfacción a las víctimas mediante la restitución de su honor y fama, y el establecimiento inequívoco de los hechos; la satisfacción a la comunidad internacional mediante la declaración de que no se tolerarán hechos como los del caso; y la creación de una fundación para la promoción y la difusión del Derecho internacional de los derechos humanos en la región donde ocurrieron los hechos.

. . . .

62. En cuanto a las otras reparaciones no pecuniarias que solicitó la Comisión, la Corte estima que el reconocimiento de responsabilidad que ha hecho Venezuela, la sentencia sobre el fondo de este caso de 18 de enero de 1995 (cf Caso El Amparo, supra 5) y la presente sentencia dictada por esta misma Corte, constituyen, per se, una adecuada reparación.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 56 y 62.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 58.

63.1.5. ". . . el pago de una justa indemnización a la parte lesionada"

63.1.5.1. justa indemnización

63.1.5.1.1. general

25. Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado "incluso una concepción general de derecho", que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Servise of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184).

26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 25-26.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 23-24.

28. La indemnización por violación de los derechos humanos encuentra fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y regional. El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ha acordado repetidamente, con base en el Protocolo Facultativo, el pago de indemnizaciones por violaciones de derechos humanos reconocidos en el Pacto (véanse por ejemplo las comunicaciones 4/1977; 6/1977; 11/1977; 132/1982; 138/1983; 147/1983; 161/1983; 188/1984; 194/1985; etc., Informes del Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas). Lo propio ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos con base en el artículo 50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 28.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 26.

38. La expresión "justa indemnización" que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la "parte lesionada", es compensatoria y no sancionatoria . . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 38.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 36.

39. Por todo lo anterior la Corte considera, entonces, que la justa indemnización, que la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988 calificó como "compensatoria", comprende la reparación a los familiares de la víctima de los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron con motivo de la desaparición forzada de Manfredo Velásquez.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 39.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 37.

27. La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una "justa indemnización" en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida.

28. La Corte acordó, por eso, una indemnización que comprendió el lucro cesante, calculado con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable, así como los daños morales (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie C No. 7, párrs. 49 y 52).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 27- 28.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 27- 28.

68. Habiendo concluido la Corte, por inferencia, que Asok Gangaram Panday fue ilegalmente detenido por miembros de la Policía Militar de Suriname, debe atribuir tal violación de la Convención a ese Estado.

69. En consecuencia, es aplicable la disposición del artículo 63.1 de la Convención. Observa la Corte que en el caso sub judice, habiendo fallecido la víctima, resulta imposible garantizarle el goce de su derecho o reparar integralmente las consecuencias de la medida violatoria del mismo. De allí que proceda, de acuerdo con la señalada norma, el pago de una justa indemnización.

70. En virtud de que la responsabilidad de Suriname es inferida, la Corte resuelve fijar una indemnización de carácter nominal que debe ser pagada una mitad para la viuda y otra para los hijos de la víctima, si los hubiere. Si no hubiere hijos, la parte de éstos acrecerá la mitad de la viuda.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párrs. 68-70.

16. Por no ser posible la "restitutio in integrum" en caso de violación del derecho a la vida, resulta necesario buscar formas sustitutivas de reparación en favor de los familiares y dependientes de las víctimas, como la indemnización pecuniaria. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y como esta Corte ha expresado anteriormente, éstos comprenden tanto el daño material como el moral (cf. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, supra 14, párrs. 47 y 49).

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 16.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 38.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 17.

94. Finalmente de acuerdo con el derecho internacional general, la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional, sólo puede en este caso, señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención que hayan perjudicado al señor Raymond Genie Peñalba, que es el afectado en este asunto, pero carece de competencia para subsanar dichas violaciones en el ámbito interno, lo que corresponde hacer, según se ha expresado anteriormente, a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua al resolver el recurso de casación que se encuentra pendiente.

95. Dado el tipo de violación de la Convención que la Corte ha encontrado imputable al Gobierno en este caso -obstaculización de las autoridades a la investigación judicial y una demora no razonable en el proceso- y que declarará en la parte resolutiva de esta sentencia, el hecho de determinar una indemnización por perjuicios constituiría una mera especulación sobre cuál hubiera sido el resultado si este tipo de violación no hubiera tenido efecto (Eur. Court H.R., Case of Schmautzer v. Austrice, judgment of 23 October , 1995, Series A No. 328-A; Eur. Court H.R., Hauschildt judgment of 24 May 1989, Series A no. 154; Eur. Court H.R. Saïdi v France, judgment of 20 September 1993, Series A no. 261-C y Eur. Court H. R., Case of Fischer v. Austria judgment of 26 April 1995, Series A no. 132) y, en consecuencia, se abstiene de hacerlo. Pero, en cambio, considera que en equidad debe ordenar al Gobierno el pago de una compensación pecuniaria al padre del joven Jean Paul Genie Lacayo, la cual fija en US$ 20.000 o su equivalente en moneda nacional nicaragüense que deberá ser pagada, sin deducción de impuestos, dentro de los seis meses de la fecha de notificación de esta sentencia . Al respecto para determinar esa equivalencia se utilizará el tipo del cambio del dólar estadounidense y la moneda nicaragüense en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párrs. 94-95.

Disiento de la opinión de la mayoría en relación con el Punto Resolutivo número 4 de la sentencia, en la cual la Corte decidió que el Estado de Nicaragua debe cancelar una compensación equitativa al señor Raymond Genie Peñalba, porque considero que lo procedente hubiera sido haber abierto la etapa de reparaciones para fijar el monto de la compensación por los daños materiales y morales sufridos, después de haber escuchado a las partes y a los familiares de la víctima. Estos últimos son los que sufrieron las consecuencias que produjo la violación del artículo 8.1 de la Convención Americana, aun cuando fuera sólo el padre el que participara como actor de la acusación y realizara la mayoría de las gestiones en las diferentes instancias ordinarias y militares.

Voto disidente del Juez Máximo Pacheco Gómez, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30.

63.1.5.1.2. elementos constitutivos de la indemnización

8. [L]a Comisión presentó su parecer el 1 de marzo de 1989. En su opinión, la justa indemnización compensatoria que Honduras debe pagar a los familiares de Manfredo Velásquez ha de comprender los siguientes aspectos:

. . . .

3. El pago en favor del cónyuge e hijos de Manfredo Velásquez de una cifra de dinero al contado cuya cuantía deberá corresponder al daño emergente, lucro cesante y daño moral sufrido por los familiares de Manfredo Velásquez y cuyo monto deberá ser determinado por esa Ilustre Corte de acuerdo a los antecedentes técnicos que le presenten los representantes de los familiares de la víctima.

9. Los abogados presentaron el 10 de marzo de 1989 un escrito en el que afirman que conforme al artículo 63 de la Convención la reparación debe ser tanto ética como monetaria.

. . . .

En cuanto a la reparación monetaria manifestaron que, en su opinión, la indemnización que debe pagar el Gobierno a la familia de Manfredo Velásquez debe comprender los siguientes rubros: daño emergente, doscientos mil lempiras; lucro cesante, dos millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras, daño moral, cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil lempiras y daños punitivos, dos millones cuatrocientos veintidós mil lempiras.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 8-9.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 7-8.

38. La expresión "justa indemnización" que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la "parte lesionada", es compensatoria y no sancionatoria . . . .

39. Por todo lo anterior la Corte considera, entonces, que la justa indemnización, que la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988 calificó como "compensatoria", comprende la reparación a los familiares de la víctima de los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron con motivo de la desaparición forzada de Manfredo Velásquez.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 38-39.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 36-37.

27. La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una "justa indemnización" en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida.

28. La Corte acordó, por eso, una indemnización que comprendió el lucro cesante, calculado con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable, así como los daños morales (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie C No. 7, párrs. 49 y 52).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 27-28.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 27-28.

15. [La Comisión] considera que, de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención Americana y los principios de derecho internacional aplicables, el Gobierno debe indemnizar a la parte lesionada los perjuicios resultantes del incumplimiento de sus obligaciones, de manera que las consecuencias de la violación sean reparadas en virtud de la regla in integrum restitutio. En su opinión, el Gobierno debería indemnizar los daños materiales y morales, otorgar otras reparaciones no pecuniarias y restituir los gastos y costas en que incurrieron los familiares de las víctimas. La Comisión se refiere en su escrito al monto de los daños y costas, propone un método de pago y enumera las medidas no pecuniarias solicitadas por las familias de las víctimas.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 15.

27. En cuanto a la indemnización de los daños materiales ocurridos, el Gobierno manifiesta que ésta debe fundarse en la Convención Americana y en los principios de derecho internacional vigentes en la materia tal como lo indicó la Corte en el caso Godínez Cruz [Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (artc. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 8, párr. 29]. Las normas consuetudinarias de la tribu Saramaca no deben ser vinculantes para fijar el monto de la indemnización que se otorgue a los familiares de las víctimas, cuyo vínculo familiar debe ser acreditado según la Convención Americana y los principios de derecho internacional atinentes a la materia.

28. Suriname admite la indemnización por daños morales y cita los precedentes de los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz en los que dicha indemnización habría sido otorgada después de haberse demostrado el perjuicio psíquico en los familiares de las víctimas según peritaje médico [Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 7, párr. 51; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, supra 27, párr. 49],lo cual, según el Gobierno, no habría ocurrido en este caso en el que no se han aportado pruebas al respecto.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 27-28.

50. Se ha expresado anteriormente que en lo que hace al derecho a la vida no resulta posible devolver su goce a las víctimas. En estos casos,la reparación ha de asumir otras formas sustitutivas, como la indemnización pecuniaria (supra, párr.46).

Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios materiales sufridos. La jurisprudencia arbitral considera que, según un principio general de derecho, éstos comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante (cfr. Chemin de fer de la baie de Delagoa, sentence, 29 mars 1900, Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, 2eme Série, t. 30, p. 402; Case of Cape Horn Pgeon, 29 November 1902, Papers relating to the Foreign Relations of the United States, Washington, D.C.: Government Printing Office, 1902, Appendix I, p. 470). También, la indemnización debe incluir el daño moral sufrido por las víctimas. Así lo han decidido la Corte Permanente de Justicia Internacional [Traité de Neuilly, article 179, annexe, paragraphs 4 (interprétation), arrêt No. 3, 1924, CPJ.I., Série A, No. 3,p. 9] y los tribunales arbitrales (Maal Case, 1 June 1903, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 732 y 733 y Campbell Case, 10 June 1931, Reports of International Arbitral Awards, vol.II, P. 1158).

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 50.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 16.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 38.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 17.

63.1.5.1.2.1. daño emergente

41. A este respecto los abogados piden que se resarzan los perjuicios patrimoniales comprendidos dentro del concepto de daño emergente e incluyen en éstos los gastos efectuados por los familiares de la víctima con motivo de sus gestiones para investigar el paradero de Manfredo Velásquez.

42. La Corte no puede acoger en el presente caso el señalado pedimento. En efecto, si bien es cierto que, conceptualmente, los referidos gastos caben dentro de la noción de daño emergente, ellos no son resarcibles en este caso, puesto que no fueron demostrados ni reclamados oportunamente. Durante el juicio no fue presentada ninguna estimación ni comprobación de los desembolsos hechos en diligencias destinadas a establecer el paradero de la víctima. De la misma manera, en relación con los gastos ocasionados por el proceso ante la Corte, en la sentencia sobre el fondo ya ésta decidió la improcedencia de la condenatoria en costas, toda vez que no aparece en los autos solicitud alguna en ese sentido (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 193).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 41-42.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 39-40.

17. En cuanto al daño material, en sus escritos de 3 de noviembre de 1995 y 29 de mayo de 1996 y en la audiencia pública de 27 de enero de 1996 sobre reparaciones, la Comisión se refirió al "daño emergente" y consideró que éste incluía los gastos efectuados por los familiares de las víctimas para obtener informaciones acerca de ellas y los realizados para buscar sus cadáveres y efectuar gestiones ante las autoridades venezolanas.

18. El monto total solicitado por la Comisión "es de US$240, 000 para las 14 familias y los 2 sobrevivientes a ser dividido en partes iguales". En su escrito de 3 de noviembre de 1995 y durante la audiencia pública la Comisión señaló que los representantes de las víctimas habían expresado que "[e]l Estado de Venezuela reconoc[ió] como cierta esta suma y renuncia expresamente a la posibilidad de exigir comprobantes", pero no presentaron prueba de dicha afirmación. Por el contrario, en la audiencia pública celebrada ante esta Corte, el Estado calificó la suma reclamada como "astronómica" y "desproporcionada".

19. En su escrito de 29 de mayo de 1996 la Comisión sostuvo que "[l]as condiciones de vida de las víctimas y sus familiares, impidi[eron] que se conservaran los comprobantes respectivos. Ello motiva la necesidad de un cálculo estimativo de los mismos".

20. El Estado, en escrito de 2 de enero de 1996 hizo un análisis de las cantidades solicitadas por la Comisión y manifestó que no fueron presentadas las "pruebas específicas sobre los gastos verdaderamente efectuados para obtener informaciones acerca de las víctimas" y que el monto era evidentemente "desproporcionado" y no se adecuaba a la realidad.

21. Aún cuando no se ha presentado prueba alguna sobre el monto de los gastos, la Corte considera equitativo conceder a cada una de las familias de las víctimas fallecidas y a cada uno de los sobrevivientes, una indemnización de US$2.000,00 como compensación por los gastos incurridos en sus distintas gestiones en el país.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 17-21.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 39 y 42.

63.1.5.1.2.2. lucro cesante

63.1.5.1.2.2.1. criterios para su liquidación

43. El Gobierno ha considerado que la indemnización debe establecerse conforme al tratamiento más favorable para los familiares de Manfredo Velásquez en su ordenamiento interno, que es el que otorga la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para el supuesto de muerte accidental. Según el Gobierno los familiares tendrían derecho a un total de cuarenta y un mil doscientos lempiras, suma a la cual se agrega una cantidad adicional para completar ciento cincuenta mil lempiras.

44. La Comisión no propone una liquidación sino que manifiesta que la indemnización debe comprender dos elementos: a) el otorgamiento de los mayores beneficios que la legislación de Honduras confiere a los nacionales en casos de esta naturaleza y que, según la Comisión, son los que otorga el Instituto de Pensiones Militares y b) una suma de dinero cuyo monto deberá establecerse de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de Honduras y el Derecho internacional.

45. Los abogados han considerado que debería tomarse como base el lucro cesante calculado de acuerdo con el ingreso que percibía Manfredo Velásquez en el momento de su secuestro, su edad de 35 años, los estudios que efectuaba para graduarse de economista, que le habrían permitido percibir ingresos como profesional y las posibles promociones, aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios que habría recibido en el momento de su jubilación. Con estos elementos calculan una suma que en treinta años llega a un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta lempiras. Agregan a lo anterior los beneficios jubilatorios por diez años, de acuerdo con la expectativa de vida en Honduras para una persona de la condición social de la víctima, calculados en setecientos setenta mil setecientos sesenta lempiras, todo lo cual arroja un total de dos millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte lempiras.

46. La Corte observa que la desaparición de Manfredo Velásquez no puede considerarse muerte accidental para efectos de la indemnización, puesto que ella es el resultado de graves hechos imputables a Honduras. La base para fijar el monto de la indemnización no puede, por consiguiente, apoyarse en prestaciones tales como el seguro de vida, sino que debe calcularse un lucro cesante de acuerdo con los ingresos que habría de recibir la víctima hasta su posible fallecimiento natural. En este sentido se puede partir del sueldo que, según la constancia que expidió el Viceministro de Planificación de Honduras el 19 de octubre de 1988, percibía Manfredo Velásquez en el momento de su desaparición (1.030 lempiras mensuales) hasta el momento de su jubilación obligatoria a los sesenta años de edad, según lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, que el propio Gobierno considera como la más favorable. Con posterioridad le habría correspondido una pensión hasta su fallecimiento.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 43-46.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 41-44.

87. En el presente caso, la Corte ha seguido los precedentes mencionados. Para la indemnización del lucro cesante ha efectuado "una apreciación prudente de los daños" y para la del daño moral ha recurrido a "los principios de equidad".

Las expresiones "apreciación prudente de los daños" y "principios de equidad" no significan que la Corte puede actuar discrecionalmente al fijar los montos indemnizatorios. En este tema, la Corte se ha ajustado en la presente sentencia a métodos seguidos regularmente por la jurisprudencia y ha actuado con prudencia y razonabilidad al haber verificado in situ, a través de su Secretaria adjunta, las cifras que sirvieron de base a sus cálculos.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 87.

88. Para la determinación del monto de la reparación por daños materiales que percibirán los sucesores de las víctimas, se siguió el criterio de relacionarlo con los ingresos que éstas habrían obtenido a lo largo de su vida laboral si no hubiera ocurrido su asesinato. Con ese objeto, la Corte decidió efectuar averiguaciones para estimar los ingresos que habrían obtenido las víctimas en el mes de junio de 1993, de acuerdo con las actividades económicas que cada una desarrollaba. La elección de esta fecha obedeció al hecho de que coincidió con el establecimiento del mercado libre de cambio en Suriname. De este modo, pudieron salvarse las distorsiones que producía, en la determinación del monto de las reparaciones, el sistema de cambios fijos frente al proceso inflacionario en que se desenvuelve la economía del país. En efecto, esta situación restaba confiabilidad a las proyecciones de largo plazo. Por otra parte, los datos sobre los ingresos de las víctimas aportados por la comisión no contaban con suficiente respaldo documental como para adoptarlos como base del cálculo sin una verificación in situ.

89. La Corte calculó el monto anual de los ingresos de cada víctima en florines surinameses y luego los convirtió en dólares al tipo de cambio vigente en el mercado libre.

El haber anual se utilizó para determinar los ingresos caídos en el período transcurrido entre los años 1988 y 1993, ambos incluídos. A la suma obtenida para cada una de las víctimas se le adicionó un interés con carácter resarcitorio, que está en relación con las tasas vigentes en el mercado internacional. A este monto se sumó el valor presente neto de los ingresos correspondientes al resto de la vida laboral de cada individuo. En el caso del adolescente Mikuwendie Aloeboetoe, se supuso que comenzaría a percibir ingresos a la edad de 18 años por un monto similar al de aquellos que trabajaban como obreros de la construcción.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 88-89.

28. Con base en la información recibida y los cálculos efectuados por el actuario designado ad effectum, la Corte calculó que la indemnización que corresponde otorgar a cada una de las víctimas o sus familias, se basa en la edad que tenían aquéllas al momento de la muerte y los años que les faltaban para llegar a la edad en que se calcula la cifra de la expectativa normal de vida en Venezuela o el tiempo que permanecieron sin trabajar en el caso de los dos sobrevivientes. La Corte basó sus cálculos tomando como salario base un monto no menor al costo de la canasta alimentaria básica por ser una cantidad superior al salario básico rural al momento de los hechos. Una vez efectuado dicho cálculo, se le aplicó una deducción del 25% por gastos personales, como lo ha hecho en otros casos. A ese monto se le sumaron los intereses corrientes desde la fecha de los hechos hasta el presente.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 28.

43. Para llegar a un monto adecuado sobre los daños materiales sufridos por las víctimas, la Comisión al referirse al "lucro cesante", afirma que el monto justo en el presente caso consiste en el ingreso que los familiares dependientes podrían haber percibido, de parte de la víctima, durante los años de la vida de ésta. Con esa base, la Comisión somete a la consideración de la Corte cifras precisas para la indemnización a los familiares de cada una de las tres víctimas a que se refiere el caso (supra 14 y 22).

44. Por su parte el Gobierno no presenta cifras precisas, sino que impugna las presentadas por la Comisión alegando que no se basan en datos ciertos, como el promedio de vida de las personas, la supuesta dedicación de ese lapso de vida al trabajo y un salario mínimo vital que, según él, carecen de sustento y resultan incoherentes. Agrega el Gobierno que también se podría argumentar la probabilidad que, de continuar con vida las víctimas, hubiesen sido condenadas a muchos años de prisión por el delito de terrorismo, lo que no les iba a permitir trabajar durante ese tiempo (supra 20).

45. Respecto a este último argumento del Gobierno, la Corte lo desestima ya que las víctimas no habían sido condenadas por sentencia firme por lo cual es aplicable el principio general de derecho de la presunción de inocencia (art. 8.2 Convención Americana).

46. Para el cálculo de la indemnización la Comisión se limita a sumar el ingreso anual que pudieran haber recibido las víctimas, tomando en cuenta la edad que tenían al momento de su muerte y los años que les faltaban para llegar a la edad en que se calcula la expectativa normal de vida en el Perú y esto equivaldría a recibir con anticipación un ingreso de años futuros. A juicio de la Corte este razonamiento es equivocado, pues el cálculo al momento de la muerte debe ser con el objeto de determinar la cantidad que, colocada al interés a una tasa normal, produciría mensualmente la suma de los ingresos que pudiesen haber recibido de la víctima durante la vida de ésta, estimando ésta como vida probable en dicho país, y al término de ella quedaría extinguida; es decir, que la renta mensual sería parcialmente, intereses y el resto disminución del capital. En otras palabras, el valor presente de una renta de sus ingresos mensuales durante el resto de la vida probable, naturalmente es inferior a la suma simple de sus ingresos.

La suma así obtenida corresponde a la indemnización al momento de la muerte y en vista que dicha indemnización se pagará varios años después, deben sumársele los intereses que han dejado de percibir para obtener así la indemnización que corresponde.

47. Además la Comisión supone un aumento del dos por ciento anual del salario mínimo vital, afirmación que no quedó demostrada.

48. Finalmente, la Comisión no hace deducción alguna por los gastos personales en que las víctimas hubieran incurrido durante su vida probable, tales como alimentación, vestuario, etcétera. En opinión de la Corte esos gastos, que aprecia en una cuarta parte de los ingresos, deben ser deducidos del monto de la indemnización.

49. La Corte considera que la indemnización correspondiente a cada una de las familias de las víctimas debe fundamentarse tanto en la edad de estas al momento de su muerte y los años que les faltaban para completar la expectativa de vida como el ingreso que obtenían, calculado en base a su salario real (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 36, párr. 46 y Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, supra 36, párr. 44) o, a falta de la información respectiva, en el salario mínimo mensual vigente en el país (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 9, párrs. 88 y 89).

50. En este caso, respecto al primero de los factores antes señalados, la Comisión indicó que la expectativa de vida en el Perú es de sesenta y siete años, y esta afirmación aunque objetada por el Gobierno, no quedó desvirtuada en autos. En relación con el cálculo del salario mínimo mensual, que sería lo aplicable en este caso, observa la Corte que no aparecen ni en la alegación de la Comisión, ni en los datos suministrados por el Gobierno, suficientes elementos de convicción para determinar el monto del salario mínimo. Por este motivo la Corte, teniendo en cuenta razones de equidad y la situación real económica y social latinoamericana, fija la cantidad de US$125,00 como probable ingreso de las víctimas y por tanto, como base mensual para calcular la indemnización respectiva (Caso El Amparo. Reparaciones, supra 36, párr. 28). Una vez efectuado dicho cálculo, se le aplicará una deducción del 25% por gastos personales (ibid., párr. 28). A ese monto se le sumarán los intereses corrientes desde la fecha de los hechos hasta el presente.

51. Haciendo el cálculo según los criterios anteriormente enunciados, la Corte encuentra que la indemnización compensatoria que debe pagar el Perú a los familiares de William Zenteno Escobar es de US$31.065,88 y a los familiares de Edgar Zenteno Escobar es de US$30.102,38.

52. En el caso de los familiares de Víctor Neira Alegría el cálculo se dificultó porque ninguna de las partes, en sus alegatos, precisó su edad; y la Comisión propuso que se hiciera un promedio de la edad de las otras dos víctimas. Sin embargo, con posterioridad el Gobierno presentó una declaración rendida en Cuzco, ante el Instructor de una de las oficinas del Departamento de Investigación Criminal, en la que Neira Alegría dijo ser natural de la Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, nacido el día 25 de febrero de 1944.

Con base en esa información, la indemnización compensatoria que debe pagar el Perú a los familiares de Víctor Neira Alegría es de US$26.872,48.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 43-52.

5. Tratándose de la indemnización sobre el "lucro cesante", la Corte en la sentencia de Reparaciones, señala que para llegar a un monto adecuado sobre los daños materiales sufridos por las víctimas, en el párrafo 50 menciona que "teniendo en cuenta razones de equidad y la situación real económica y social latinoamericana, fija la cantidad de US$125,00 como probable ingreso de las víctimas y por tanto, como base mensual para calcular la indemnización respectiva" y que "[u]na vez efectuado dicho cálculo, se le aplicará una deducción del 25% por gastos personales. A ese monto se le sumarán los intereses corrientes desde la fecha de los hechos hasta el presente".

Esto significa que la Corte no toma en cuenta los datos estadísticos sobre Sueldo (Salario) Mínimo Vital 1986-1995, presentados por el Gobierno del Perú (F. 1029 a F. 1032) proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, que de haberlo hecho, el monto indemnizatorio resultaría considerablemente inferior al establecido en la sentencia de Reparaciones en los párrafos 51 y 52; y, no fijarlos también, como expresa "teniendo en cuenta razones de equidad y la situación real y económica y social latinoamericana", cuando se está examinando el caso particular de un país y no de una región.

Voto Disidente del Juez Orihuela Iberico, Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 5.

39. Para el cálculo de la indemnización por el daño material sufrido por los familiares de las víctimas, la Corte ha decidido que la cantidad que debe ser tomada en cuenta es la que colocada al interés a una tasa nominal produzca mensualmente la suma de los ingresos que pudiesen haber recibido de las víctimas durante la vida probable de éstas. Sobre este particular ha dicho la Corte que el daño material se refiere al "valor presente de una renta de sus ingresos mensuales durante el resto de la vida probable, [de la víctima que,] naturalmente es inferior a la suma simple de sus ingresos." (Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, supra 15 párr. 46).

40. A la cifra obtenida mediante el procedimiento señalado en el párrafo anterior, deben sumársele los intereses desde la fecha de la muerte de la víctima hasta la de esta sentencia y deducírsele una cantidad por los gastos personales en que la víctima hubiese incurrido durante su vida probable, la cual, en el presente caso se aprecia en una cuarta parte de los ingresos, como fue aceptado por el Gobierno en la audiencia pública del 7 de septiembre de 1996.

41. Para el caso concreto de Isidro Caballero Delgado, la Corte admite como base la actualización que han presentado tanto el Sindicato de Educadores de Santander como el Gobierno sobre el salario que devengaría en 1996, que es de 244.595, 00 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa cinco) pesos colombianos mensuales a lo que se aplicaría el tipo de cambio de 1.054,00 (mil cincuenta y cuatro) pesos por US$ 1,00 (un dólar), lo que arroja, US$ 232,06 (doscientos treinta y dos dólares con seis centavos).

42. Según la Comisión debe tomarse en cuenta que para cada año cabe agregar dos primas equivalentes a la mitad de un salario mensual cada una al finalizar un semestre, y un mes de salario por cada año laborado reconocido como auxilio de cesantía, es decir, que el cómputo por año debe incluir catorce meses de salario. El Gobierno invocando disposiciones de la ley laboral impugnó la inclusión del auxilio de cesantía. Sin embargo, esta Corte no comparte este argumento del Gobierno y considera que tal auxilio debe incluirse como parte del salario devengado.

43. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el salario que hubiera obtenido Caballero Delgado desde la fecha de su desaparición el 7 de febrero de 1989, hasta el término de su vida probable, su edad al momento de su muerte que era de 32 años y la expectativa de vida en Colombia, deduciendo un 25% por gastos personales y agregando los intereses al 6 % anual desde la fecha de su desaparición hasta la de la presente sentencia, la Corte llega a la cantidad de US$59.500,00 (cincuenta y nueve mil quinientos dólares estadounidenses) que es la que corresponde a los familiares de Isidro Caballero Delgado en compensación por los daños materiales sufridos por su muerte.

44. En el caso concreto de María del Carmen Santana, en el expediente no consta que la Comisión haya presentado documentación que demuestre fehacientemente su identidad. El representante del Gobierno señaló en la audiencia pública que no hay datos en el Registro Civil sobre María del Carmen Santana Ortiz y que, haciendo caso omiso del segundo apellido de esta señora, se encuentran dieciséis registros de los cuales trece corresponden a cédulas vigentes y ninguna parece ajustarse a la descripción de la víctima en este caso ni a su edad que, según la Comisión, era de diecinueve años aun cuando no se presentó su partida de nacimiento. Respecto de la señora Vitelma Ortiz, presunta madre de María del Carmen Santana, la Comisión no presentó prueba alguna sobre el parentesco y según el Gobierno tampoco aparece su nombre en el Registro Civil colombiano. En relación con el señor Cristóbal Anaya González, su presunto compañero permanente, se presentó como prueba una declaración extraprocesal rendida por los testigos Isaías Carrillo Ayala y Fanny González ante un Notario del Circuito de Bucaramanga en la que manifiestan que desde hace 20 y 15 años, respectivamente, conocen de vista, trato y comunicación a Cristóbal Anaya González y que saben que durante dos años vivió en unión libre en forma permanente y bajo el mismo techo con la señora María del Carmen Santana Ortiz. Cabe en este punto, además, señalar lo dicho por la señora Fanny González en una declaración previa ante el Fiscal comisionado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en la que consta que es hermana materna de Cristóbal Anaya González, que "conoció aproximadamente 8 meses a MARIA DEL CARMEN e indicó, no tiene conocimiento de sus familiares, su origen y de la suerte que haya podido correr" (mayúsculas del original).

Teniendo en cuenta el hecho de que durante el curso del juicio ante las autoridades colombianas sólo se hizo mención incidental de Anaya González y esta Corte únicamente supo de él durante la fase de reparaciones; la vaguedad de las declaraciones de esos testigos que ni siquiera indican la época de la supuesta convivencia ni el lugar de ella, la Corte considera que no fue demostrada la alegada condición de compañero permanente de Cristóbal Anaya González.

45. Por lo tanto, en cuanto a la indemnización por daños materiales causados por la muerte de María del Carmen Santana, de quien la propia Comisión dijo en la demanda que "posee muy poca información" y teniendo en consideración que no se ha presentado prueba alguna sobre su identidad real, edad y filiación que permita determinar el monto de tales daños, ni sobre sus eventuales beneficiarios, este Tribunal se encuentra impedido de ordenar el pago de indemnización por ese concepto. En estas circunstancias especiales, la cuestión de la identidad de la víctima debe ser resuelta en el marco del derecho interno, inclusive para dar cumplimiento a la parte de esta sentencia que más adelante (infra. parr. 52.b) adjudica la indemnización del daño moral al pariente más cercano de la que en el curso de esta etapa del proceso se ha llamado María del Carmen Santana Ortiz.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 39-45.

2. Bien conocida es la controversia entre quienes opinan que la vida humana tiene un valor económico o patrimonial para su titular y quienes opinan lo contrario.

3. En el primer caso se trataría de un bien que al desaparecer por causa de un hecho ilícito generaría en favor de la víctima el derecho de reclamar indemnización y ese derecho se transmitiría a los herederos quienes vendrían a ser titulares de la reclamación jure hereditatis. En el otro caso no habría lugar a reclamación alguna sino por el daño propio sufrido por la muerte y en consecuencia la reclamación sería jure proprio. La reclamación por el daño material sufrido sería en este caso equivalente a los bienes económicos que el difunto producía y que por haber ocurrido su muerte han dejado de ser producidos, pero sólo en cuanto esos bienes eran transferidos a los reclamantes.

. . . .

6. Si se aceptara que los familiares de la víctima suceden jure hereditatis, al constatarse el hecho ilícito que produjo la muerte de aquella sería necesario abrir su sucesión y tomar en cuenta la posible existencia de un testamento y aun de acreedores de la víctima que tendrían un derecho preferente.

7. En vista de las razones expresadas, es mi opinión que el derecho a reclamar por la muerte de una persona no se transmite por herencia sino que es un derecho propio de quienes han sufrido un perjuicio por causa de muerte.

8. A falta de perjuicio no habría derecho a hacer reclamación alguna, pero sobre esto deseo hacer dos matizaciones.

9. La primera es que el perjuicio no debe ser necesariamente actual sino que podría ser potencial. Este sería, por ejemplo, el caso de un hijo menor de edad que en el momento de la muerte del padre dependiera económicamente de éste, pero que pudiera llegar a ser en el futuro su sostenimiento. Naturalmente, tratándose de una posibilidad hipotética y no de un hecho que necesariamente tendrá que suceder, su apreciación quedaría al criterio del tribunal que conociera del caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias.

10. La segunda es que considero aceptable la existencia de una presunción en favor de que el cónyuge y los hijos menores o incapacitados dependían económicamente de la víctima y por lo tanto podrían reclamar indemnización sin necesidad de demostrar el perjuicio sufrido. Sin embargo, ampliar esta presunción a los padres me parece exagerado y contrario a lo que ordinariamente ocurre en la realidad.

11. En el caso de María del Carmen Santana, creo que debe tomarse en cuenta que no aparece en autos ningún vínculo con la persona que alega ser su madre, no consta que hayan sido parte de un hogar, ni de que aquella haya contribuido en momento alguno a ese hogar, de que mantuviera comunicación con la reclamante, ni de que existiera dependencia alguna de esta respecto a aquella ni aún de que potencialmente pudiera llegar a existir esa dependencia.

12. De acuerdo con lo anterior, mi opinión es en el sentido de que las circunstancias indicadas son las que fundamentan la decisión de la Corte de negar indemnización por daños materiales causados por la muerte de María del Carmen Santana, ya que, por otra parte, no aparece que esta haya tenido cónyuge ni hijos y la única reclamación es de quien dice ser su madre.

Voto Concurrente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 2-3 y 6-12.

63.1.5.1.2.2.2. cuando el destinatario es la víctima afectada de incapacidad total y absoluta

47. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el cálculo del lucro cesante debe hacerse considerando dos situaciones distintas. Cuando el destinatario de la indemnización es la víctima afectada de incapacidad total y absoluta, la indemnización debe comprender todo lo que dejó de percibir con los ajustes correspondientes según su expectativa probable de vida. En este supuesto, el único ingreso para la víctima es lo que habría recibido como importe de ese lucro cesante y que ya no percibirá.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 47.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 45.

63.1.5.1.2.2.3. cuando los beneficiarios son los familiares

48. Si los beneficiarios de la indemnización son los familiares, la cuestión se plantea en términos distintos. Los familiares tienen, en principio, la posibilidad actual o futura de trabajar o tener ingresos por sí mismos. Los hijos, a los que debe garantizarse la posibilidad de estudiar hasta una edad que puede estimarse en los veinticinco años, podrían, por ejemplo, trabajar a partir de ese momento. No es procedente, entonces, en estos casos atenerse a criterios rígidos, más propios de la situación descrita en el párrafo anterior, sino hacer una apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 48.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 46.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 85.

63.1.5.1.2.3. daño moral

50. La Corte debe abordar ahora la cuestión relativa a la indemnización del daño moral (supra 27), que resulta principalmente de los efectos psíquicos que han sufrido los familiares de Manfredo Velásquez en virtud de la violación de los derechos y libertades que garantiza la Convención Americana, especialmente por las características dramáticas de la desaparición forzada de personas.

51. Los daños morales están demostrados en los documentos periciales y en la declaración rendida por el doctor en Psiquiatría Federico Allodi (supra 12), profesor de Psicología en la Universidad de Toronto, Canadá. Según tal declaración el mencionado doctor realizó exámenes a la esposa de Manfredo Velásquez, señora Emma Guzmán Urbina de Velásquez y a los niños Héctor Ricardo, Herling Lizzett y Nadia Waleska Velásquez. En tales exámenes aparece que sufrían de diversos síntomas de sobresalto, angustia, depresión y retraimiento, todo ello con motivo de la desaparición del padre de familia. El Gobierno no pudo desvirtuar la existencia de problemas psicológicos que afectan a los familiares de la víctima. La Corte considera evidente que, como resultado de la desaparición de Manfredo Velásquez, se produjeron consecuencias psíquicas nocivas en sus familiares inmediatos, las que deben ser indemnizadas bajo el concepto de daño moral.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 50-51.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 48-49.

51. En el presente caso, las víctimas muertas en Tjongalangapassi sufrieron un perjuicio moral al ser vejadas por una banda armada que las privó de su libertad y luego las asesinó. Las agresiones recibidas, el dolor de verse condenado a muerte sin razón alguna, el suplicio de tener que cavar su propia fosa constituyen una parte del perjuicio moral sufrido por las víctimas. Además, aquella que no murió en un primer momento debió soportar que sus heridas fueran invadidas por los gusanos y ver que los cuerpos de sus compañeros servían de alimento a los buitres.

52. El daño moral infligido a las víctimas, a criterio de la Corte, resulta evidente pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión y resulta suficiente el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Suriname en su momento.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 51-52.

74. La Comisión reclama también una indemnización por el daño moral sufrido por personas que, sin ser sucesores de las víctimas, eran dependientes de ellas.

75. La Corte estima que, al igual que en el caso de la reparación por perjuicios materiales alegados por los dependientes, el daño moral, en general, debe ser probado. En el presente litigio, a criterio de la Corte, no existen pruebas suficientes para demostrar el daño en los dependientes.

76. Entre los llamados dependientes de las víctimas figuran los padres de éstas. Los padres de Mikuwendje Aloeboetoe y de Asipee Adame ya han sido declarados sucesores (supra, parr. 66) y obtendrán una indemnización por daño moral. Pero esa no es la situación de los padres de las otras cinco víctimas. No obstante, en este caso particular, se puede admitir la presunción de que los padres han sufrido moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su hijo.

77. Por estas razones, la Corte considera procedente que los padres de las víctimas que no han sido declarados sucesores, participen en la distribución por daño moral.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 74-77.

81. La Comisión solicita que la Corte condene a Suriname a pagar a la tribu Saramaca una indemnización por daño moral y a efectuarle ciertas reparaciones no pecuniarias.

. . . .

82. En el escrito y en algunos elementos de prueba presentados por la Comisión se insinúa la idea de que los asesinatos fueron cometidos por razones raciales y se los interpreta dentro de una relación conflictiva que habría existido entre el Gobierno y la tribu Saramaca.

En la denuncia de 15 de enero de 1988, efectuada ante la Comisión, se afirma: Más de 20 cimarrones (bushnegroes) fueron golpeados severamente y torturados en Atjoni. Todos eran varones e iban desarmados pero los militares sospechaban que eran miembros del Comando de la Selva.

La memoria de la Comisión del 1 de abril de 1991 hizo suya esta denuncia y la incluyó como parte integrante de ella. En todo el curso del procedimiento, la afirmación de que los militares actuaron sospechando que los saramacas eran miembros del Comando de la Selva no fue modificada ni desvirtuada. Por lo tanto, el origen de los hechos, tal como aparece en la memoria del 1 de abril de 1991, no se halla vinculado con una cuestión racial, sino con una situación de subversión entonces imperante. Si bien se hace referencia en algún pasaje del escrito de 31 de marzo de 1992 y en la declaración de un experto a la relación conflictiva que habría entre el Gobierno y los saramacas, no se ha probado en estas actuaciones que en el asesinato del 31 de diciembre de 1987 el factor racial haya sido un móvil del crimen. Es cierto que las víctimas del asesinato pertenecían todas a la tribu Saramaca, pero esa circunstancia por sí sola no permite llegar a la conclusión de que hubo en el crimen un factor racial.

83. En su escrito explica la Comisión que en la sociedad maroon tradicional, una persona no sólo es miembro de su grupo familiar sino, también, de su comunidad aldeana y del grupo tribal. Los aldeanos constituyen, según ella, una familia en el sentido amplio, razón par la cual el perjuicio causado a uno de sus miembros constituiría también un daño a la comunidad, que tendría que ser indemnizado.

La Corte considera, respecto del argumento que funda la reclamación de una indemnización por daño moral en la particular estructura social de los saramacas que se habrían perjudicado en general por los asesinatos, que todo individual además de ser miembro de su familia y ciudadano de un Estado, pertenece generalmente a comunidades intermedias. En la práctica, la obligación de pagar una indemnización moral no se extiende a favor de ellas ni a favor del Estado en que la víctima participaba, los cuales quedan satisfechos con la realización del orden jurídico. Si en algún caso excepcional se ha otorgado una indemnización en esta hipótesis, se ha tratado de una comunidad que ha sufrido un daño directo.

84. Según la Comisión el tercer fundamento del pago de la indemnización moral a favor de los saramacas concierne a los derechos que esta tribu tendría sobre el territorio que ocupa y la violación que habría cometido el Ejército surinamés al haber ingresado en él. La Comisión ha expresado que la autonomía adquirida por los saramacas, si bien tendría su fundamento en un tratado, se referiría actualmente sólo al derecho público interno pues no se reclama para la tribu ningún tipo de personalidad internacional (cfr. supra, párr. 58). La Comisión, pues, funda la procedencia de la indemnización moral en la presunta violación de una norma de derecho interno relativa a autonomía territorial.

En estas actuaciones, la Comisión ha presentado sólo el tratado de 1762. La Corte ya ha expresado su opinión sobre este presunto tratado internacional (cfr. supra, párr. 57). Ninguna otra disposición de derecho interno escrita o consuetudinaria ha sido presentada para demostrar la autonomía de los saramacas.

La Corte ha considerado que el móvil racial propuesto por la Comisión no ha sido debidamente probado y ha hallado improcedente el argumento de la particular estructura social de la tribu Saramaca. El supuesto de que para la violación del derecho a la vida se haya transgredido una norma interna sobre jurisdicción territorial no fundamentaría por sí solo la indemnización moral reclamada en favor de la tribu. Los saramacas podrían plantear este presunto incumplimiento del derecho público interno ante la jurisdicción competente, pero no pueden presentarlo como el elemento que justificaría el pago de una indemnización moral a toda la tribu.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 81-84.

31. En cuanto al daño moral, en su escrito de 3 de noviembre de 1995, la Comisión citó, para definirlo, el párrafo 87 de la sentencia de Reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros, y los párrafos 40 y siguientes de la sentencia de indemnización compensatoria en el caso Velásquez Rodríguez y expresó que para este caso "la suma estimada por el daño moral es de US$125,000 por familia -fundamentada en las sentencias de Velásquez y Godínez-- a ser distribuida equitativamente entre las familias, en atención al número de miembros. Con respecto a los sobrevivientes, se realizó un cálculo por la mitad [US$62.500,00)]. La suma global es de US$1.875.000". En la audiencia pública el delegado expresó que no debían vincularse el daño moral con los daños materiales. Manifestó que el daño moral "de una víctima no puede estar en una relación directa con la posición social o la situación económica de la víctimas".

32. En su escrito de 2 de enero de 1996 el Estado, por su parte, citó a esta Corte y a la Corte Europea de Derechos Humanos y alegó que "el reconocimiento de una violación por parte del mismo Tribunal, es normalmente una reparación equitativa por todos los daños causados" y con más razón en el presente caso, ya que el mismo Estado reconoció su responsabilidad unilateralmente. En cuanto al monto solicitado por la Comisión para indemnizar los daños morales, el Estado lo consideró "excesiv[o] y totalmente desproporciona[do] con los daños materiales y con las condiciones generales del presente proceso y de sus víctimas".

. . . .

35. Por otra parte, son muchos los casos en que otros tribunales internacionales han acordado que la sentencia de condena per se constituye una suficiente indemnización del daño moral, tal como se desprende, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n· 176-A p. 24 par. 39; arrêt McCallum du 30 août 1990, série A n· 183, p. 27 par. 37; arrêt Wassink du 27 septembre 1990, série A n·185-A, p. 15 par. 41; arrêt Koendjbiharie du 25 octobre 1990, série A n·185-B, p. 42 par. 35; arrêt Darby du 23 octobre 1990, série A n·187, p. 14 par. 40; arrêt Lala c. Pays-Bas du 22 Septembre 1994, série A n· 297-A, p. 15 par. 38; arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n· 297-B p. 36, par. 44; arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n· 297-C p. 59 par. 45; arrêt Boner c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n·300-B, p. 76 par. 46; arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, serie A n· 303-A p. 13 par. 33; arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n· 175, p. 20, par. 59). Sin embargo, esta Corte considera que aún cuando una sentencia condenatoria, puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, haya habido o no reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, en el presente caso, ésta no sería suficiente dada la específica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas conforme a la equidad.

36. Como esta Corte ya lo ha establecido, "[e]l daño moral infligido a las víctimas... resulta evidente pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión." (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 14, párr. 52).

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 31-32 y 35-36.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 53-58.

13. Lo dicho en el párrafo que antecede es aplicable exclusivamente al daño material, pues en cuanto al daño moral considero que él debe presumirse y que el hecho mismo de la muerte causa daño. En el presente caso estoy de acuerdo en que sea acordada indemnización por ese daño y que ella sea pagada a la persona que demuestre ser el familiar más cercano de María del Carmen Santana.

Voto Concurrente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 13.

63.1.5.1.2.3.1. criterios para su liquidación

27. En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resarcible según el Derecho internacional y, en particular, en los casos de violación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los principios de la equidad.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 27.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 25.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 86.

87. En el presente caso, la Corte ha seguido los precedentes mencionados. Para la indemnización del lucro cesante ha efectuado "una apreciación prudente de los daños" y para la del daño moral ha recurrido a "los principios de equidad".

Las expresiones "apreciación prudente de los daños" y "principios de equidad" no significan que la Corte puede actuar discrecionalmente al fijar los montos indemnizatorios. En este tema, la Corte se ha ajustado en la presente sentencia a métodos seguidos regularmente por la jurisprudencia y ha actuado con prudencia y razonabilidad al haber verificado in situ, a través de su Secretaria adjunta, las cifras que sirvieron de base a sus cálculos.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 87.

91. En cuanto a la reparación por daño moral, la Corte considera que, habida consideración de la situación económica y social de los beneficiarios, debe otorgarse en una suma de dinero que debe ser igual para todas las víctimas, con excepción de Richenel Voola, a quien se le asignó una reparación que supera en un tercio a la de los otros. Como ya se ha señalado esta persona estuvo sometida a mayores padecimientos derivados de su agonía. No existen en cambio elementos para suponer que haya habido diferencias entre las injurias y malos tratos de que fueron objeto las demás víctimas.

92. A falta de otros elementos y por considerarlo equitativo la Corte ha tomado el monto total reclamado por la Comisión por daño moral.

Los montos reclamados para cada víctima por la Comisión en Sf fueron ajustados por un coeficiente representativo de la evolución de los precios internos en Suriname en el período. El monto obtenido en florines fue convertido a dólares al tipo de cambio del mercado libre e incrementado con los intereses resarcitorios calculados a la tasa vigente en el mercado internacional. Luego se procedió a distribuir el total entre las víctimas en la forma indicada en el párrafo anterior.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 91-92.

33. La Corte observa que si bien es cierto que la Comisión se apoyó para calcular el daño moral en las estimaciones que hizo esta Corte en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz en sentencias de 21 de julio de 1989, también lo es que en la sentencia de Reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros, los montos fueron diversos (US$29.070,00 para cada una de seis familias y US$38.155,00 para la séptima, a los cuales se agregaron otras obligaciones de hacer por parte del Estado).

34. La Corte estima que la jurisprudencia, aún cuando sirve de orientación para establecer principios en esta materia, no puede invocarse como un criterio unívoco a seguir sino que debe analizarse cada caso particular. A lo anterior cabría agregar que en el presente juicio, a semejanza del caso Aloeboetoe y otros y a diferencia de los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, el Estado ha reconocido los hechos y asumido su responsabilidad.

35. Por otra parte, son muchos los casos en que otros tribunales internacionales han acordado que la sentencia de condena per se constituye una suficiente indemnización del daño moral, tal como se desprende, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n· 176-A p. 24 par. 39; arrêt McCallum du 30 août 1990, série A n· 183, p. 27 par. 37; arrêt Wassink du 27 septembre 1990, série A n·185-A, p. 15 par. 41; arrêt Koendjbiharie du 25 octobre 1990, série A n·185-B, p. 42 par. 35; arrêt Darby du 23 octobre 1990, série A n·187, p. 14 par. 40; arrêt Lala c. Pays-Bas du 22 Septembre 1994, série A n· 297-A, p. 15 par. 38; arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n· 297-B p. 36, par. 44; arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n·297-C p. 59 par. 45; arrêt Boner c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n· 300-B, p. 76 par. 46; arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, serie A n· 303-A p. 13 par. 33; arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n· 175, p. 20, par. 59). Sin embargo, esta Corte considera que aún cuando una sentencia condenatoria, puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, haya habido o no reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, en el presente caso, ésta no sería suficiente dada la específica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas conforme a la equidad.

36. Como esta Corte ya lo ha establecido, "[e]l daño moral infligido a las víctimas... resulta evidente pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión." (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 14, párr. 52).

37. De acuerdo con lo anterior la Corte, tomando en cuenta todas las circunstancias peculiares del caso, ha llegado a la conclusión que es de justicia conceder a cada una de las familias de los fallecidos y a cada uno de los sobrevivientes una indemnización de US$20.000,00.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 33-37.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 53-58.

3. En lo referente al daño moral la Corte, a pesar de señalar en el párrafo 56 "que la sentencia de condena per se constituye una suficiente indemnización del daño moral, tal como se desprende, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ..." agrega "Sin embargo, esta Corte considera que aún cuando una sentencia condenatoria, puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, en el presente caso, ésta no sería suficiente dada la específica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas conforme a la equidad". La Corte en el párrafo de la misma sentencia establece que "[d]e acuerdo con lo anterior la Corte, tomando en cuenta todas las circunstancias peculiares del caso, ha llegado a la conclusión que es de justicia conceder a cada una de las familias de los fallecidos una indemnización de US$20.000,00."

4. Al fundamentar mi voto, en relación con los párrafos 2 y 3 que preceden, los que pueden ser objeto de un comentario conjunto por el hecho de sustentarse ambas decisiones de la Corte en razones de equidad, aspecto subjetivo con el que no estoy de acuerdo, ya que estimo que podían haberse regulado dichos montos tomando en cuenta la realidad económica del país, la que se aprecia a través de las pruebas presentadas por el gobierno del Perú, en las que se destaca el agudo proceso inflacionario vigente durante el años de los sucesos de El Frontón y siguientes.

Voto Disidente del Juez Orihuela Iberico, Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 3-4.

48. La Comisión, haciendo suyo un escrito de uno de los representantes de los familiares de las víctimas, ha solicitado el pago de US$125.000,00 (ciento veinticinco mil dólares estadounidenses) para cada una de las familias de las víctimas como indemnización por daño moral, alegando en favor de esa estimación el criterio de la Corte en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (supra 15).

49. Por su parte el Gobierno aceptó la existencia del daño moral pero impugnó su monto y alegó que en jurisprudencia reciente de la Corte se establece que tal estimación debe basarse en principios de equidad y no en parámetros rígidos.

50. La Corte, teniendo en cuenta todas las circunstancias particulares del caso y lo decidido por ella en otros similares (caso El Amparo, Reparaciones, supra 15 y Neira Alegría y otros, Reparaciones, supra 15), estima equitativo conceder a los familiares de Isidro Caballero Delgado una indemnización por daño moral de US$ 20.000, 00 (veinte mil dólares estadounidenses).

51. En lo que se refiere al daño moral por la muerte de María de Carmen Santana la Corte estima equitativo conceder a su más próximo pariente una indemnización por daño moral de US$10.000,00 (diez mil dólares estadounidenses) de acuerdo con lo indicado en los párrafos 45 y 52.b) de esta sentencia.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 48-51.

63.1.5.1.2.4. daños punitivos

37. Los abogados solicitan, igualmente, el pago por el Gobierno de daños punitivos, como parte de la indemnización, por tratarse en el caso de violaciones extremadamente graves de los derechos humanos.

38. La expresión "justa indemnización" que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la "parte lesionada", es compensatoria y no sancionatoria. Aunque algunos tribunales internos, en particular los angloamericanos, fijan indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos, este principio no es aplicable en el estado actual del Derecho internacional.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 37- 38.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 35-36.

63.1.5.1.3 prueba de la existencia de daño

28. Suriname admite la indemnización por daños morales y cita los precedentes de los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz en los que dicha indemnización habría sido otorgada después de haberse demostrado el perjuicio psíquico en los familiares de las víctimas según peritaje médico [Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C No. 7, párr. 51; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, supra 27, párr. 49],lo cual, según el Gobierno, no habría ocurrido en este caso en el que no se han aportado pruebas al respecto.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 28.

51. En el presente caso, las víctimas muertas en Tjongalangapassi sufrieron un perjuicio moral al ser vejadas por una banda armada que las privó de su libertad y luego las asesinó. Las agresiones recibidas, el dolor de verse condenado a muerte sin razón alguna, el suplicio de tener que cavar su propia fosa constituyen una parte del perjuicio moral sufrido por las víctimas. Además, aquella que no murió en un primer momento debió soportar que sus heridas fueran invadidas por los gusanos y ver que los cuerpos de sus compañeros servían de alimento a los buitres.

52. El daño moral infligido a las víctimas, a criterio de la Corte, resulta evidente pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión y resulta suficiente el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Suriname en su momento.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 51-52.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 36.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 57.

54.[L]a indemnización que se debe pagar por el hecho de haber privado a alguien de su vida es un derecho propio que corresponde a aquellos que han resultado perjudicados. Por esta razón, la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta generalmente que el derecho de solicitar la indemnización por la muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que resultan afectados por ella. Esa jurisprudencia establece una distinción entre los sucesores y los terceros perjudicados. En cuanto a los primeros, se presume que la muerte de la víctima les ha causado un perjuicio material y moral y estaría a cargo de la contraparte probar que tal perjuicio no ha existido. Pero los reclamantes que no son sucesores, tal como se expone más abajo (cfr. infra, párr. 68), deben aportar determinadas pruebas para justificar el derecho a ser indemnizados.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 54.

69. La Comisión ha presentado una lista de 25 personas que, sin ser sucesores de las víctimas, reclaman una indemnización como dependientes de ellas. Según la Comisión, se trata de personas que recibían de las víctimas ayuda económica en dinero, en especie o mediante aportes de trabajo personal.

Estos dependientes, según el escrito de la Comisión, son parientes de alguna de las víctimas, salvo el caso de un antiguo educador de una de ellas.

La Comisión presenta estos hechos en su escrito sobre reparaciones y agrega una ficha correspondiente a cada una de las víctimas. Además, incluye la declaración jurada del padre o la madre de cada víctima. No existen en estas actuaciones otras pruebas relativas a la dependencia de las 25 personas respecto de las víctimas, ni en cuanto a los montos, la regularidad, la efectividad u otras características de las prestaciones que las víctimas habrían efectuado a dichas personas.

70. La Comisión ha invocado en reiterados pasajes de su escrito los precedentes del "Lusitania", caso que fue resuelto por una Comisión mixta constituida por los Estados Unidos y Alemania. Pero, en cuanto a las reclamaciones de los dependientes, aquella Comisión decidió que la indemnización sólo era precedente si se habían probado la efectividad y la regularidad de las prestaciones hechas por la víctimas (cfr.los casos Henry W. Williamson and others y Ellen Williamson Hodges, administratix of the estate of Charles Francis Williamson, February 21, 1924, Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, pp. 256 y 257 y Henry Groves and Joseph Groves, February 21, 1924, Reports of International Arbitral Awards, vol.VII, pp. 257- 259).

71. La Corte ha efectuado anteriormente una distinción entre la reparación correspondiente a los sucesores y la debida a los reclamantes o dependientes. A los primeros, la Corte otorgará la reparación solicitada porque existe una presunción de que la muerte de las víctimas les ha causado perjuicio, quedando a cargo de la contraparte la prueba en contrario (cfr. supra, par. 54). Pero, respecto de los otros reclamantes o dependientes, el onus probandi corresponde a la Comisión. Y ésta, a criterio de la Corte, no ha aportado las pruebas necesarias que permitan demostrar el cumplimiento de las condiciones indicadas.

72. La Corte es consciente de las dificultades que este caso presenta: se trata de hechos relativos a una comunidad que habita en la selva, cuyos integrantes son prácticamente analfabetos y no usan documentación escrita. No obstante se podrían haber utilizado otros medios de prueba.

73. En virtud de lo expuesto, la Corte rechaza la reclamación de indemnización por daño material para los dependientes.

74. La Comisión reclama también una indemnización por el daño moral sufrido por personas que, sin ser sucesores de las víctimas, eran dependientes de ellas.

75. La Corte estima que, al igual que en el caso de la reparación por perjuicios materiales alegados por los dependientes, el daño moral, en general, debe ser probado. En el presente litigio, a criterio de la Corte, no existen pruebas suficientes para demostrar el daño en los dependientes.

76. Entre los llamados dependientes de las víctimas figuran los padres de éstas. Los padres de Mikuwendje Aloeboetoe y de Asipee Adame ya han sido declarados sucesores (supra, parr. 66) y obtendrán una indemnización por daño moral. Pero esa no es la situación de los padres de las otras cinco víctimas. No obstante, en este caso particular, se puede admitir la presunción de que los padres han sufrido moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su hijo.

77. Por estas razones, la Corte considera procedente que los padres de las víctimas que no han sido declarados sucesores, participen en la distribución por daño moral.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 69-77.

44. En el caso concreto de María del Carmen Santana, en el expediente no consta que la Comisión haya presentado documentación que demuestre fehacientemente su identidad. El representante del Gobierno señaló en la audiencia pública que no hay datos en el Registro Civil sobre María del Carmen Santana Ortiz y que, haciendo caso omiso del segundo apellido de esta señora, se encuentran dieciséis registros de los cuales trece corresponden a cédulas vigentes y ninguna parece ajustarse a la descripción de la víctima en este caso ni a su edad que, según la Comisión, era de diecinueve años aun cuando no se presentó su partida de nacimiento. Respecto de la señora Vitelma Ortiz, presunta madre de María del Carmen Santana, la Comisión no presentó prueba alguna sobre el parentesco y según el Gobierno tampoco aparece su nombre en el Registro Civil colombiano. En relación con el señor Cristóbal Anaya González, su presunto compañero permanente, se presentó como prueba una declaración extraprocesal rendida por los testigos Isaías Carrillo Ayala y Fanny González ante un Notario del Circuito de Bucaramanga en la que manifiestan que desde hace 20 y 15 años, respectivamente, conocen de vista, trato y comunicación a Cristóbal Anaya González y que saben que durante dos años vivió en unión libre en forma permanente y bajo el mismo techo con la señora María del Carmen Santana Ortiz. Cabe en este punto, además, señalar lo dicho por la señora Fanny González en una declaración previa ante el Fiscal comisionado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en la que consta que es hermana materna de Cristóbal Anaya González, que "conoció aproximadamente 8 meses a MARIA DEL CARMEN e indicó, no tiene conocimiento de sus familiares, su origen y de la suerte que haya podido correr" (mayúsculas del original).

Teniendo en cuenta el hecho de que durante el curso del juicio ante las autoridades colombianas sólo se hizo mención incidental de Anaya González y esta Corte únicamente supo de él durante la fase de reparaciones; la vaguedad de las declaraciones de esos testigos que ni siquiera indican la época de la supuesta convivencia ni el lugar de ella, la Corte considera que no fue demostrada la alegada condición de compañero permanente de Cristóbal Anaya González.

45. Por lo tanto, en cuanto a la indemnización por daños materiales causados por la muerte de María del Carmen Santana, de quien la propia Comisión dijo en la demanda que "posee muy poca información" y teniendo en consideración que no se ha presentado prueba alguna sobre su identidad real, edad y filiación que permita determinar el monto de tales daños, ni sobre sus eventuales beneficiarios, este Tribunal se encuentra impedido de ordenar el pago de indemnización por ese concepto. En estas circunstancias especiales, la cuestión de la identidad de la víctima debe ser resuelta en el marco del derecho interno, inclusive para dar cumplimiento a la parte de esta sentencia que más adelante (infra. parr. 52.b) adjudica la indemnización del daño moral al pariente más cercano de la que en el curso de esta etapa del proceso se ha llamado María del Carmen Santana Ortiz.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 44-45.

10. La segunda es que considero aceptable la existencia de una presunción en favor de que el cónyuge y los hijos menores o incapacitados dependían económicamente de la víctima y por lo tanto podrían reclamar indemnización sin necesidad de demostrar el perjuicio sufrido. Sin embargo, ampliar esta presunción a los padres me parece exagerado y contrario a lo que ordinariamente ocurre en la realidad.

11. En el caso de María del Carmen Santana, creo que debe tomarse en cuenta que no aparece en autos ningún vínculo con la persona que alega ser su madre, no consta que hayan sido parte de un hogar, ni de que aquella haya contribuido en momento alguno a ese hogar, de que mantuviera comunicación con la reclamante, ni de que existiera dependencia alguna de esta respecto a aquella ni aún de que potencialmente pudiera llegar a existir esa dependencia.

12. De acuerdo con lo anterior, mi opinión es en el sentido de que las circunstancias indicadas son las que fundamentan la decisión de la Corte de negar indemnización por daños materiales causados por la muerte de María del Carmen Santana, ya que, por otra parte, no aparece que esta haya tenido cónyuge ni hijos y la única reclamación es de quien dice ser su madre.

13. Lo dicho en el párrafo que antecede es aplicable exclusivamente al daño material, pues en cuanto al daño moral considero que él debe presumirse y que el hecho mismo de la muerte causa daño. En el presente caso estoy de acuerdo en que sea acordada indemnización por ese daño y que ella sea pagada a la persona que demuestre ser el familiar más cercano de María del Carmen Santana.

Voto Concurrente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 10-13.

63.1.5.1.4. derecho aplicable en la determinación de la extensión, modalidades y beneficiarios de la indemnización

29. El artículo 63.1 de la Convención dispone . . . .

30. Ninguna parte de este artículo hace mención ni condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo.

31. Esto implica que la Corte, para fijar la indemnización correspondiente, debe fundarse en la Convención Americana y en los principios de Derecho internacional aplicables a la materia.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 29-31.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 27-29.

53. Por lo que respecta a la titularidad del derecho a recibir la indemnización de que se trata, los representantes del Gobierno y de la Comisión, en el documento que suscribieron el 23 de enero de 1989, reconocieron como únicos beneficiarios de la citada indemnización a la cónyuge de Manfredo Velásquez, señora Emma Guzmán Urbina y a los hijos de ese matrimonio Héctor Ricardo, Nadia Waleska y Herling Lizzett Velásquez Guzmán, pero agregaron que su derecho podrían exigirlo una vez que hubieran dado cumplimiento a los requisitos previstos por la legislación hondureña para que puedan ser considerados como herederos de la víctima.

54. La obligación de resarcimiento, como quedó dicho, no deriva del derecho interno sino de la violación de la Convención Americana. Es decir, es el resultado de una obligación de carácter internacional. En consecuencia los citados familiares de Manfredo Velásquez, para poder exigir la indemnización, únicamente tienen que acreditar el vínculo familiar, pero no están obligados a seguir el procedimiento que exige la legislación hondureña en materia hereditaria.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 53-54.

44. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de derecho internacional y éste rige todos sus aspectos como, por ejemplo, su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno (cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 30; Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, supra 27, párr. 28; Jurisdiction of the Courts of Danzig, advisory opinion, 1928, P.C.I.J., Series B, No. 15, pp. 26 y 27; Question des "communautés" gréco-bulgares, avis consultatif, 1930, C.PJ.I., Série B, No. 17, pp. 32 y 35; Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (deuxième phase), ordonnance du 6 decembre 1930, C.P.J.I., Série A, No. 24, p. 12; Affairs des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, arrêt, 1932, C.P.J.I.,Série A/B, No.46, p. 167; Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif, 1932, C.PJ.I.,Série A/B, No. 44, p. 24).

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 44.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 15.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 37.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 16.

55. En el caso presente, en cuanto a la determinación de los sucesores de las víctimas, existe disparidad de criterios entre las partes: la Comisión reclama la aplicación de las costumbres de la tribu Saramaca, en tanto que Suriname solicita la aplicación de su derecho civil.

La Corte manifestó que la obligación de reparar prevista en el artículo 63.1 de la Convención Americana es una obligación de derecho internacional, el cual rige también sus modalidades y sus beneficiarios (supra, párr. 44). Sin embargo, conviene precisar el derecho interno vigente en cuanto al régimen de familia pues éste puede ser aplicable en algunos aspectos.

56. Los saramacas son una tribu que vive en el territorio de Suriname y que se constituyó con los esclavos africanos que huían de las propietarios holandeses. El escrito de la Comisión sostiene que los saramacas gozan de autonomía interna en virtud de un tratado del 19 de septiembre de 1762, el cual les permitiría regirse por sus propias leyes. Allí expresa que ese pueblo "adquirió sus derechos sobre la base de un tratado celebrado con los Países Bajos, por el cual se les reconoce, entre otras cosas, la autoridad local de los Saramaca (sic) sobre su propio territorio". A dicho escrito se acompaña el texto de la convención mencionada y se añade que las "obligaciones del tratado son aplicables por sucesión al estado (sic) de Suriname".

57. La Corte no considera necesario investigar si dicho convenio es un tratado internacional. Sólo se limita a observar que si así hubiera sido, el tratado hoy sería nulo por ser contrario a reglas de jus cogens superveniens. En efecto, en ese convenio los saramacas se obligan, entre otras cosas, a capturar los esclavos que hayan desertado, a hacerlos prisioneros y a devolverlos al Gobernador de Suriname, quien les pagará entre 10 y 50 florines por cada uno, según la distancia del lugar de su captura. Otro artículo faculta a los saramacas a vender a los holandeses, en calidad de esclavos, otros prisioneros que pudieren capturar. Un convenio de esta índole no puede ser invocado ante un tribunal internacional de derechos humanos.

58. La Comisión ha puntualizado que no pretende que los saramacas constituyan actualmente una comunidad con objetividad internacional, sino que la autonomía que reclama para la tribu es de derecho público interno.

La Corte no estima necesario averiguar si los saramacas gozan de autonomía legislativa y jurisdiccional dentro de la región que ocupan. La única cuestión que aquí interesa consiste en saber si las leyes de Suriname relativas a derecho de familia se aplican a la tribu Saramaca. En este sentido, las pruebas producidas permiten deducir que las leyes de Suriname sobre esa materia no tienen eficacia respecto de aquella tribu; sus integrantes las desconocen y se rigen por sus propias reglas y el Estado, por su parte, no mantiene la estructura necesaria para el registro de matrimonios, nacimientos y defunciones, requisito indispensable para la aplicación de la ley surinamesa. Además, los conflictos que ocurren en estas materias no son sometidos por los saramacas a los tribunales del Estado y la intervención de éstos en las materias mencionadas, respecto de los saramacas, es prácticamente inexistente. Cabe señalar también que en este proceso Suriname reconoció la existencia de un derecho consuetudinario saramaca . . . .

59. La Comisión ha ofrecido diversas pruebas acerca de la estructura social de los saramacas según la cual esta tribu presenta una configuración familiar fuertemente matriarcal . . . , con casos frecuentes de poligamia. El principal conjunto de parientes sería el "bee", formado por todas las personas que descienden de una misma mujer. Este grupo asumiría la responsabilidad por los actos de cualesquiera de sus miembros y, en teoría, cada uno de éstos sería responsable ante el grupo en conjunto. Esto significaría que la indemnización que deba pagarse a una persona, se da al "bee" y su representante la distribuye entre sus miembros.

. . . .

61. El convenio No. 169 de la O.I.T. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989) no ha sido aprobado por Suriname y en el derecho de gentes no existe ninguna norma convencional ni consuetudinaria que determine quiénes son los sucesores de una persona. Por consiguiente, es preciso aplicar los principios generales de derecho (art. 38.1.c del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).

62. Es una regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona son sus hijos. Se acepta también generalmente que el cónyuge participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y algunas legislaciones le otorgan además un derecho sucesorio junto con los hijos. Si no existen hijos ni cónyuge, el derecho privado común reconoce como herederos a los ascendientes. Estas reglas generalmente admitidas en el concierto de las naciones deben ser aplicadas, a criterio de la Corte, en el presente litigio a fin de determinar los sucesores de las víctimas en lo relativo a la indemnización.

Estos principios generales de derecho se refieren a "hijo", "cónyuge" y "ascendientes". Estos términos deben ser interpretados según el derecho local. Este, como ya se ha indicado (supra, parr. 58), no es el derecho surinamés porque no es eficaz en la región en cuanto a derecho de familia. Corresponde pues tener en cuenta la costumbre saramaca. Esta será aplicada para interpretar aquellos términos en la medida en que no sea contraria a la Convención Americana. Así, el referirse a los "ascendientes", la Corte no hará ninguna distinción de sexos, aún cuando ello sea contrario a la costumbre saramaca.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 55-59 y 61-62.

38. La Corte ha expresado en casos anteriores que la indemnización que se debe pagar por haber sido alguien arbitrariamente privado de su vida es un derecho que corresponde a quienes resultan directamente perjudicados por ese hecho.

. . . .

40. Como igualmente ha dicho la Corte anteriormente, es regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona sean sus hijos. También se acepta generalmente que el cónyuge participa en el patrimonio adquirido durante el matrimonio, y algunas legislaciones le otorgan además, un derecho sucesorio junto con los hijos (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 14, párr. 62). . . .

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 38 y 40.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 59-60.

63.1.5.2. ". . . a la parte lesionada"

63.1.5.2.1. titulares/beneficiarios de la indemnización

63.1.5.2.1.1. víctima

51. En el presente caso, las víctimas muertas en Tjongalangapassi sufrieron un perjuicio moral al ser vejadas por una banda armada que las privó de su libertad y luego las asesinó. Las agresiones recibidas, el dolor de verse condenado a muerte sin razón alguna, el suplicio de tener que cavar su propia fosa constituyen una parte del perjuicio moral sufrido por las víctimas. Además, aquella que no murió en un primer momento debió soportar que sus heridas fueran invadidas por los gusanos y ver que los cuerpos de sus compañeros servían de alimento a los buitres.

52. El daño moral infligido a las víctimas, a criterio de la Corte, resulta evidente pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión y resulta suficiente el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Suriname en su momento.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 51-52.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 36.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 57.

54. Los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte dan derecho a una indemnización. Ese derecho de las víctimas se transmite por sucesión a sus herederos.

La indemnización que se debe pagar por el hecho de haber privado a alguien de su vida es un derecho propio que corresponde a aquellos que han resultado perjudicados. Por esta razón, la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta generalmente que el derecho de solicitar la indemnización por la muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que resultan afectados por ella. . . .

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 54.

38. La Corte ha expresado en casos anteriores que la indemnización que se debe pagar por haber sido alguien arbitrariamente privado de su vida es un derecho que corresponde a quienes resultan directamente perjudicados por ese hecho.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 38.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 59.

2. Bien conocida es la controversia entre quienes opinan que la vida humana tiene un valor económico o patrimonial para su titular y quienes opinan lo contrario.

3. En el primer caso se trataría de un bien que al desaparecer por causa de un hecho ilícito generaría en favor de la víctima el derecho de reclamar indemnización y ese derecho se transmitiría a los herederos quienes vendrían a ser titulares de la reclamación jure hereditatis. En el otro caso no habría lugar a reclamación alguna sino por el daño propio sufrido por la muerte y en consecuencia la reclamación sería jure proprio. La reclamación por el daño material sufrido sería en este caso equivalente a los bienes económicos que el difunto producía y que por haber ocurrido su muerte han dejado de ser producidos, pero sólo en cuanto esos bienes eran transferidos a los reclamantes.

4. Algunos han sostenido que en caso que hubiera un intervalo entre el hecho ilícito y la muerte, la víctima viene a ser acreedora de la reclamación y que sucede lo contrario en caso de muerte instantánea.

5. En mi opinión no cabe hacer esa distinción, ya que el derecho a la reclamación nacería en todos los casos en el momento mismo de la muerte y en ese momento también desaparece la existencia de la persona que supuestamente podría ejercer la reclamación y que por lo tanto ha dejado de ser un sujeto de derecho.

6. Si se aceptara que los familiares de la víctima suceden jure hereditatis, al constatarse el hecho ilícito que produjo la muerte de aquella sería necesario abrir su sucesión y tomar en cuenta la posible existencia de un testamento y aun de acreedores de la víctima que tendrían un derecho preferente.

7. En vista de las razones expresadas, es mi opinión que el derecho a reclamar por la muerte de una persona no se transmite por herencia sino que es un derecho propio de quienes han sufrido un perjuicio por causa de muerte.

Voto Concurrente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 2-7.

63.1.5.2.1.2. sucesores de la víctima

9. Los abogados presentaron el 10 de marzo de 1989 un escrito en el que afirman que conforme al artículo 63 de la Convención la reparación debe ser tanto ética como monetaria.

. . . .

Solicitan, especialmente, que se establezca que Emma Guzmán de Velásquez y sus hijos menores de edad, Héctor Ricardo, Nadia y Herling Velásquez Guzmán, son los titulares de este crédito, y que se ordene al Gobierno de Honduras adopte una legislación especial que así lo determine, para facilitar el pago de la indemnización sin necesidad de trámites judiciales de declaración de ausencia, fallecimiento presunto o declaratoria de herederos. A tal fin, por nuestro intermedio las personas aludidas declaran formalmente que no existen otras personas con mejor derecho sucesorio respecto de Manfredo Velásquez.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 9.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 8.

53. Por lo que respecta a la titularidad del derecho a recibir la indemnización de que se trata, los representantes del Gobierno y de la Comisión, en el documento que suscribieron el 23 de enero de 1989, reconocieron como únicos beneficiarios de la citada indemnización a la cónyuge de Manfredo Velásquez, señora Emma Guzmán Urbina y a los hijos de ese matrimonio Héctor Ricardo, Nadia Waleska y Herling Lizzett Velásquez Guzmán, pero agregaron que su derecho podrían exigirlo una vez que hubieran dado cumplimiento a los requisitos previstos por la legislación hondureña para que puedan ser considerados como herederos de la víctima.

54. La obligación de resarcimiento, como quedó dicho, no deriva del derecho interno sino de la violación de la Convención Americana. Es decir, es el resultado de una obligación de carácter internacional. En consecuencia los citados familiares de Manfredo Velásquez, para poder exigir la indemnización, únicamente tienen que acreditar el vínculo familiar, pero no están obligados a seguir el procedimiento que exige la legislación hondureña en materia hereditaria.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 53-54.

58. De la indemnización total la cuarta parte corresponderá a la cónyuge que recibirá directamente la suma que se le asigna. Los tres cuartos restantes se distribuirán entre los hijos. Con la suma atribuida a los hijos se constituirá un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña. Los hijos recibirán mensualmente los beneficios de este fideicomiso y al cumplir los veinticinco años de edad percibirán la parte alícuota que les corresponda."

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 58.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 53.

54. Los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte dan derecho a una indemnización. Ese derecho de las víctimas se transmite por sucesión a sus herederos.

La indemnización que se debe pagar por el hecho de haber privado a alguien de su vida es un derecho propio que corresponde a aquellos que han resultado perjudicados. Por esta razón, la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta generalmente que el derecho de solicitar la indemnización por la muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que resultan afectados por ella. Esa jurisprudencia establece una distinción entre los sucesores y los terceros perjudicados. En cuanto a los primeros, se presume que la muerte de la víctimas les ha causado un perjuicio material y moral y estaría a cargo de la contraparte probar que tal perjuicio no ha existido. Pero los reclamantes que no son sucesores, tal como se expone más abajo (cfr. infra, párr. 68), deben aportar determinadas pruebas para justificar el derecho a ser indemnizados.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 54.

62. Es una regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona son sus hijos. Se acepta también generalmente que el cónyuge participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y algunas legislaciones le otorgan además un derecho sucesorio junto con los hijos. Si no existen hijos ni cónyuge, el derecho privado común reconoce como herederos a los ascendientes. Estas reglas generalmente admitidas en el concierto de las naciones deben ser aplicadas, a criterio de la Corte, en el presente litigio a fin de determinar los sucesores de las víctimas en lo relativo a la indemnización.

Estos principios generales de derecho se refieren a "hijo", "cónyuge" y "ascendientes". Estos términos deben ser interpretados según el derecho local. Este, como ya se ha indicado (supra, parr. 58), no es el derecho surinamés porque no es eficaz en la región en cuanto a derecho de familia. Corresponde pues tener en cuenta la costumbre saramaca. Esta será aplicada para interpretar aquellos términos en la medida en que no sea contraria a la Convención Americana. Así, el referirse a los "ascendientes", la Corte no hará ninguna distinción de sexos, aún cuando ello sea contrario a la costumbre saramaca.

63. La identificación de los hijos de las víctimas, de sus cónyuges y, eventualmente, de sus ascendientes ha ofrecido graves dificultades en este caso. Se trata de miembros de una tribu que vive en la selva, en el interior de Suriname y se expresa sólo en su lenguaje nativo. Los matrimonios y los nacimientos no han sido registrados en muchos casos y, cuando así ha ocurrido, no se han incluido datos suficientes para acreditar enteramente la filiación de las personas. La cuestión de la identificación se torna aún más difícil en una comunidad en la que se practica la poligamia.

64. Suriname ha efectuado en sus observaciones una crítica general al escrito de la Comisión acerca de las pruebas aportadas por ella. Así afirma que requerimos conocer, basados en datos racionales y ciertamente comprobables, detalles específicos de todas las víctimas, respecto del elenco familiar que quedó desprotegido [...]".

Es cierto que la identidad de las personas debe probarse, en general, mediante la documentación correspondiente. Pero la situación en que se encuentran los saramacas se debe en gran medida a que el Estado no mantiene en la región los registros civiles en número suficiente y por ello no puede otorgar la documentación a todos los habitantes con base en los datos obrantes en ellos. Suriname no puede exigir entonces que se pruebe la filiación y la identidad de las personas mediante elementos que no suministra a todos sus habitantes en aquella región. Por otra parte, Suriname no ha ofrecido en este litigio suplir su inacción aportando otras pruebas sobre la identidad y la filiación de las víctimas y sus sucesores.

A fin de precisar los datos relativos a los sucesores, la Corte solicitó a la Comisión datos complementarios acerca de ellos. La Corte estima que las pruebas producidas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, son verosímiles y pueden ser admitidas.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 62-64.

97. En cuanto a la distribución de los montos determinados para los diferentes conceptos, la Corte estima equitativo adoptar los criterios siguientes:

a. De la reparación del daño material correspondiente a cada víctima se adjudica un tercio a las esposas, que se lo dividirán por partes iguales entre ellas si hubiere más de una, y dos tercios a los hijos, que también se dividirá por igual entre ellos si hubiere más de uno.

b. La reparación del daño moral correspondiente a cada víctima será dividida así: una mitad se adjudica a los hijos; un cuarto para las esposas y el otro cuarto para los padres. Si hubiere más de un beneficiario en alguna de estas categorías, el monto se dividirá entre ellos por igual.

c. El reintegro de gastos será pagado a la persona que, según el escrito de la Comisión, lo efectuó.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 97.

38. La Corte ha expresado en casos anteriores que la indemnización que se debe pagar por haber sido alguien arbitrariamente privado de su vida es un derecho que corresponde a quienes resultan directamente perjudicados por ese hecho.

. . . .

40. Como igualmente ha dicho la Corte anteriormente, es regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona sean sus hijos. También se acepta generalmente que el cónyuge participa en el patrimonio adquirido durante el matrimonio, y algunas legislaciones le otorgan además, un derecho sucesorio junto con los hijos (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 14, párr. 62). Sin embargo, la Corte toma nota que una de las víctimas, Julio Pastor Ceballos, tenía tanto esposa como una compañera e hijos con ambas. En este caso la Corte considera de justicia dividir la indemnización correspondiente entre las dos.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 38 y 40.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 59-60.

41. La Corte pasa a examinar lo concerniente a la distribución de los montos acordados por los diferentes conceptos y considera equitativo adoptar los siguientes criterios que mantienen concordancia con lo resuelto en ocasiones anteriores (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra 14, párr. 97).

a. La reparación del daño material se repartirá de la siguiente manera: un tercio a la esposa y dos tercios a los hijos entre quienes se dividirá la cuota en partes iguales.

b. La reparación del daño moral se adjudicará, una mitad a los hijos, una cuarta parte a la esposa y una cuarta parte a los padres.

c. Si no hubiera esposa pero si compañera, la parte que le hubiera correspondido a aquella la recibirá ésta.

d. En cuanto al daño material, si no hubiera ni esposa ni compañera, se adjudicará esta parte a los padres. En cuanto al daño moral, si no hubiera ni esposa ni compañera se acrecerá con esta parte la cuota de los hijos.

e. En caso de falta de padres su porción la recibirán los hijos de las víctimas y, si sólo viviere uno de los padres, éste recibirá el total de la porción correspondiente.

f. La indemnización por reembolso de gastos se entregará a la esposa o la compañera.

g. Las dos víctimas sobrevivientes recibirán la totalidad de las indemnizaciones que les corresponden.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 41.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 61.

44. En el caso concreto de María del Carmen Santana, en el expediente no consta que la Comisión haya presentado documentación que demuestre fehacientemente su identidad. El representante del Gobierno señaló en la audiencia pública que no hay datos en el Registro Civil sobre María del Carmen Santana Ortiz y que, haciendo caso omiso del segundo apellido de esta señora, se encuentran dieciséis registros de los cuales trece corresponden a cédulas vigentes y ninguna parece ajustarse a la descripción de la víctima en este caso ni a su edad que, según la Comisión, era de diecinueve años aun cuando no se presentó su partida de nacimiento. Respecto de la señora Vitelma Ortiz, presunta madre de María del Carmen Santana, la Comisión no presentó prueba alguna sobre el parentesco y según el Gobierno tampoco aparece su nombre en el Registro Civil colombiano. En relación con el señor Cristóbal Anaya González, su presunto compañero permanente, se presentó como prueba una declaración extraprocesal rendida por los testigos Isaías Carrillo Ayala y Fanny González ante un Notario del Circuito de Bucaramanga en la que manifiestan que desde hace 20 y 15 años, respectivamente, conocen de vista, trato y comunicación a Cristóbal Anaya González y que saben que durante dos años vivió en unión libre en forma permanente y bajo el mismo techo con la señora María del Carmen Santana Ortiz. Cabe en este punto, además, señalar lo dicho por la señora Fanny González en una declaración previa ante el Fiscal comisionado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en la que consta que es hermana materna de Cristóbal Anaya González, que "conoció aproximadamente 8 meses a MARIA DEL CARMEN e indicó, no tiene conocimiento de sus familiares, su origen y de la suerte que haya podido correr" (mayúsculas del original).

Teniendo en cuenta el hecho de que durante el curso del juicio ante las autoridades colombianas sólo se hizo mención incidental de Anaya González y esta Corte únicamente supo de él durante la fase de reparaciones; la vaguedad de las declaraciones de esos testigos que ni siquiera indican la época de la supuesta convivencia ni el lugar de ella, la Corte considera que no fue demostrada la alegada condición de compañero permanente de Cristóbal Anaya González.

45. Por lo tanto, en cuanto a la indemnización por daños materiales causados por la muerte de María del Carmen Santana, de quien la propia Comisión dijo en la demanda que "posee muy poca información" y teniendo en consideración que no se ha presentado prueba alguna sobre su identidad real, edad y filiación que permita determinar el monto de tales daños, ni sobre sus eventuales beneficiarios, este Tribunal se encuentra impedido de ordenar el pago de indemnización por ese concepto. En estas circunstancias especiales, la cuestión de la identidad de la víctima debe ser resuelta en el marco del derecho interno, inclusive para dar cumplimiento a la parte de esta sentencia que más adelante (infra. parr. 52.b) adjudica la indemnización del daño moral al pariente más cercano de la que en el curso de esta etapa del proceso se ha llamado María del Carmen Santana Ortiz.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 44-45.

52. La Corte pasa a examinar lo concerniente a la distribución de los montos acordados por las diferentes reparaciones y considera equitativo adoptar los siguientes criterios:

a) La reparación de los daños material y moral en el caso de Isidro Caballero Delgado se repartirá de la siguiente manera: un tercio a su hijo Iván Andrés Caballero Parra, un tercio a su hija Ingrid Carolina Caballero Martínez y un tercio a su compañera permanente María Nodelia Parra, a quien le corresponderá además el reembolso de los gastos.

b) En el caso de María del Carmen Santana la indemnización del daño moral se adjudicará a su más próximo pariente de acuerdo con lo indicado en los párrafos 45 y 51 de esta sentencia.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 52.

11. En el caso de María del Carmen Santana, creo que debe tomarse en cuenta que no aparece en autos ningún vínculo con la persona que alega ser su madre, no consta que hayan sido parte de un hogar, ni de que aquella haya contribuido en momento alguno a ese hogar, de que mantuviera comunicación con la reclamante, ni de que existiera dependencia alguna de esta respecto a aquella ni aún de que potencialmente pudiera llegar a existir esa dependencia.

12. De acuerdo con lo anterior, mi opinión es en el sentido de que las circunstancias indicadas son las que fundamentan la decisión de la Corte de negar indemnización por daños materiales causados por la muerte de María del Carmen Santana, ya que, por otra parte, no aparece que esta haya tenido cónyuge ni hijos y la única reclamación es de quien dice ser su madre.

13. Lo dicho en el párrafo que antecede es aplicable exclusivamente al daño material, pues en cuanto al daño moral considero que él debe presumirse y que el hecho mismo de la muerte causa daño. En el presente caso estoy de acuerdo en que sea acordada indemnización por ese daño y que ella sea pagada a la persona que demuestre ser el familiar más cercano de María del Carmen Santana.

Voto Concurrente del Juez Montiel Argüello, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 11-13.

63.1.5.2.1.3. terceros perjudicados

63.1.5.2.1.3.1. dependientes

67. La obligación de reparar el daño causado se extiende en ocasiones, dentro de los límites impuestos por el orden jurídico, a personas que, sin ser sucesores de la víctima, han sufrido alguna consecuencia del acto ilícito, cuestión que ha sido objeto de numerosas decisiones por parte de los tribunales internos. La jurisprudencia establece sin embargo, ciertas condiciones para admitir la demanda de reparación de daños planteada por un tercero.

68. En primer lugar, el pago reclamado debe estar fundado en prestaciones efectuadas realmente por la víctima al reclamante con independencia de si se trata de una obligación legal de alimentos. No puede tratarse sólo de aportes esporádicos, sino de pagos hechos regular y efectivamente en dinero o en especie o en servicios. Lo importante es la efectividad y la regularidad de la misma.

En segundo lugar, la relación entre la víctima y el reclamante debió ser de naturaleza tal que permita suponer con cierto fundamento que la prestación habría continuado si no hubiera ocurrido el homicidio de aquella.

Por último, el reclamante debe haber tenido una necesidad económica que regularmente era satisfecha con la prestación efectuada por la víctima. En este orden de cosas, no se trata necesariamente de una persona que se encuentre en la indigencia, sino de alguien que con la prestación se beneficiaba de algo que, si no fuera por la actitud de la víctima, no habría podido obtener por sí sola.

69. La Comisión ha presentado una lista de 25 personas que, sin ser sucesores de las víctimas, reclaman una indemnización como dependientes de ellas. Según la Comisión, se trata de personas que recibían de las víctimas ayuda económica en dinero, en especie o mediante aportes de trabajo personal.

Estos dependientes, según el escrito de la Comisión, son parientes de alguna de las víctimas, salvo el caso de un antiguo educador de una de ellas.

La Comisión presenta estos hechos en su escrito sobre reparaciones y agrega una ficha correspondiente a cada una de las víctimas. Además, incluye la declaración jurada del padre o la madre de cada víctima. No existen en estas actuaciones otras pruebas relativas a la dependencia de las 25 personas respecto de las víctimas, ni en cuanto a los montos, la regularidad, la efectividad u otras características de las prestaciones que las víctimas habrían efectuado a dichas personas.

70. La Comisión ha invocado en reiterados pasajes de su escrito los precedentes del "Lusitania", caso que fue resuelto por una Comisión mixta constituida por los Estados Unidos y Alemania. Pero, en cuanto a las reclamaciones de los dependientes, aquella Comisión decidió que la indemnización sólo era precedente si se habían probado la efectividad y la regularidad de las prestaciones hechas por la víctimas (cfr.los casos Henry W. Williamson and others y Ellen Williamson Hodges, administratix of the estate of Charles Francis Williamson, February 21, 1924, Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, pp. 256 y 257 y Henry Groves and Joseph Groves, February 21, 1924, Reports of International Arbitral Awards, vol.VII, pp. 257- 259).

71. La Corte ha efectuado anteriormente una distinción entre la reparación correspondiente a los sucesores y la debida a los reclamantes o dependientes. A los primeros, la Corte otorgará la reparación solicitada porque existe una presunción de que la muerte de las víctimas les ha causado perjuicio, quedando a cargo de la contraparte la prueba en contrario (cfr. supra, par. 54). Pero, respecto de los otros reclamantes o dependientes, el onus probandi corresponde a la Comisión. Y ésta, a criterio de la Corte, no ha aportado las pruebas necesarias que permitan demostrar el cumplimiento de las condiciones indicadas.

72. La Corte es consciente de las dificultades que este caso presenta: se trata de hechos relativos a una comunidad que habita en la selva, cuyos integrantes son prácticamente analfabetos y no usan documentación escrita. No obstante se podrían haber utilizado otros medios de prueba.

73. En virtud de lo expuesto, la Corte rechaza la reclamación de indemnización por daño material para los dependientes.

74. La Comisión reclama también una indemnización por el daño moral sufrido por personas que, sin ser sucesores de las víctimas, eran dependientes de ellas.

75. La Corte estima que, al igual que en el caso de la reparación por perjuicios materiales alegados por los dependientes, el daño moral, en general, debe ser probado. En el presente litigio, a criterio de la Corte, no existen pruebas suficientes para demostrar el daño en los dependientes.

76. Entre los llamados dependientes de las víctimas figuran los padres de éstas. Los padres de Mikuwendje Aloeboetoe y de Asipee Adame ya han sido declarados sucesores (supra, parr. 66) y obtendrán una indemnización por daño moral. Pero esa no es la situación de los padres de las otras cinco víctimas. No obstante, en este caso particular, se puede admitir la presunción de que los padres han sufrido moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su hijo.

77. Por estas razones, la Corte considera procedente que los padres de las víctimas que no han sido declarados sucesores, participen en la distribución por daño moral.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 67-77.

63.1.5.2.1.3.2. comunidad en caso de pueblos indígenas o tribales

81. La Comisión solicita que la Corte condene a Suriname a pagar a la tribu Saramaca una indemnización por daño moral y a efectuarle ciertas reparaciones no pecuniarias.

Suriname opone a esta reclamación una razón de procedimiento y sostiene que la Comisión efectuó esta demanda en la etapa de la determinación de la indemnización y que nada expresó sobre este tema en su memoria del 1 de abril de 1991.

La Corte no estima fundada la argumentación del Gobierno pues en el procedimiento ante un tribunal internacional una parte puede modificar su petición siempre que la contraparte tenga la oportunidad procesal de emitir su opinión al respecto (cfr. Usine de Chorzów, fond, supra 43, p. 7; Neuvieme rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale, C.PJ.I., Série E, No. 9, P. 163).

82. En el escrito y en algunos elementos de prueba presentados por la Comisión se insinúa la idea de que los asesinatos fueron cometidos par razones raciales y se los interpreta dentro de una relación conflictiva que habría existido entre el Gobierno y la tribu Saramaca.

En la denuncia de 15 de enero de 1988, efectuada ante la Comisión, se afirma: Más de 20 cimarrones (bushnegroes) fueron golpeados severamente y torturados en Atjoni. Todos eran varones e iban desarmados pero los militares sospechaban que eran miembros del Comando de la Selva.

La memoria de la Comisión del 1 de abril de 1991 hizo suya esta denuncia y la incluyó como parte integrante de ella. En todo el curso del procedimiento, la afirmación de que los militares actuaron sospechando que los saramacas eran miembros del Comando de la Selva no fue modificada ni desvirtuada. Por lo tanto, el origen de los hechos, tal como aparece en la memoria del 1 de abril de 1991, no se halla vinculado con una cuestión racial, sino con una situación de subversión entonces imperante. Si bien se hace referencia en algún pasaje del escrito de 31 de marzo de 1992 y en la declaración de un experto a la relación conflictiva que habría entre el Gobierno y los saramacas, no se ha probado en estas actuaciones que en el asesinato del 31 de diciembre de 1987 el factor racial haya sido un móvil del crimen. Es cierto que las víctimas del asesinato pertenecían todas a la tribu Saramaca, pero esa circunstancia por sí sola no permite llegar a la conclusión de que hubo en el crimen un factor racial.

83. En su escrito explica la Comisión que en la sociedad maroon tradicional, una persona no sólo es miembro de su grupo familiar sino, también, de su comunidad aldeana y del grupo tribal. Los aldeanos constituyen, según ella, una familia en el sentido amplio, razón por la cual el perjuicio causado a uno de sus miembros constituiría también un daño a la comunidad, que tendría que ser indemnizado.

La Corte considera, respecto del argumento que funda la reclamación de una indemnización por daño moral en la particular estructura social de los saramacas que se habrían perjudicado en general por los asesinatos, que todo individuo además de ser miembro de su familia y ciudadano de un Estado, pertenece generalmente a comunidades intermedias. En la práctica, la obligación de pagar una indemnización moral no se extiende a favor de ellas ni a favor del Estado en que la víctima participaba, los cuales quedan satisfechos con la realización del orden jurídico. Si en algún caso excepcional se ha otorgado una indemnización en esta hipótesis, se ha tratado de una comunidad que ha sufrido un daño directo.

84. Según la Comisión el tercer fundamento del pago de la indemnización moral a favor de los saramacas concierne a los derechos que esta tribu tendría sobre el territorio que ocupa y la violación que habría cometido el Ejército surinamés al haber ingresado en él. La Comisión ha expresado que la autonomía adquirida por los saramacas, si bien tendría su fundamento en un tratado, se referiría actualmente sólo al derecho público interno pues no se reclama para la tribu ningún tipo de personalidad internacional (cfr. supra, párr. 58). La Comisión, pues, funda la procedencia de la indemnización moral en la presunta violación de una norma de derecho interno relativa a autonomía territorial.

En estas actuaciones, la Comisión ha presentado sólo el tratado de 1762. La Corte ya ha expresado su opinión sobre este presunto tratado internacional (cfr. supra, párr. 57). Ninguna otra disposición de derecho interno escrita o consuetudinaria ha sido presentada para demostrar la autonomía de los saramacas.

La Corte ha considerado que el móvil racial propuesto por la Comisión no ha sido debidamente probado y ha hallado improcedente el argumento de la particular estructura social de la tribu Saramaca. El supuesto de que para la violación del derecho a la vida se haya transgredido una norma interna sobre jurisdicción territorial no fundamentaría por sí solo la indemnización moral reclamada en favor de la tribu. Los saramacas podrían plantear este presunto incumplimiento del derecho público interno ante la jurisdicción competente, pero no pueden presentarlo como el elemento que justificaría el pago de una indemnización moral a toda la tribu.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 81-84.

63.1.5.3. conservación del valor real del monto indemnizatorio

29. La naturaleza de la indemnización acordada, en cuanto comprende el lucro cesante calculado a lo largo de una vida probable, indica que la restitutio in integrum se vincula con la posibilidad de conservar durante un tiempo relativamente largo el valor real del monto acordado. Una fórmula posible para alcanzar ese objetivo es la llamada "indexación", que permite el ajuste periódico de los montos a pagar a fin de mantener constante su valor real. Sin embargo, tal método es aplicable, en general, sólo en aquellos casos en que la indemnización debe ser cubierta a través de cuotas pagaderas durante plazos relativamente largos. No es ese el supuesto presente, pues la Corte ordenó la cancelación de la totalidad de la indemnización de una sola vez o, a lo sumo, mediante el abono de seis cuotas mensuales consecutivas.

30. Esa circunstancia, sin embargo, no hace ajena a un caso como el presente la noción de la conservación del valor real de la suma estipulada pues, como se dijo, la compensación del lucro cesante en los términos en que ha sido calculado implica, en alguna medida, dicha noción. Es así que la Corte decidió, en el párrafo de la parte resolutiva de la sentencia que remite al párrafo 58, un medio de conservación del capital adeudado a los menores hijos de Manfredo Velásquez, como es su colocación en fideicomiso en el Banco Central de Honduras en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña.

31. La Corte interpreta que la expresión en las condiciones más favorables se refiere a que todo acto o gestión del agente fiduciario debe asegurar que la suma asignada mantenga su poder adquisitivo y produzca frutos o dividendos suficientes para acrecerla; la frase según la práctica bancaria hondureña, indica que el agente fiduciario debe cumplir fielmente su encargo como un buen padre de familia y tiene la potestad y la obligación de seleccionar diversos tipos de inversión, ya sea mediante depósitos en moneda fuerte como el dólar de los Estados Unidos u otras, adquisición de bonos hipotecarios, bienes raíces, valores garantizados o cualquier otro medio aconsejable, como precisamente lo ordenó la Corte, por la práctica bancaria hondureña.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 29-31.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 29-31.

32. La Corte tuvo en su momento una preocupación similar a la expresada por la Comisión en sus escritos y en la audiencia, en orden a que la suma debida a los menores hijos de Manfredo Velásquez conservara su valor adquisitivo hasta haber alcanzado ellos la edad de veinticinco años y aún más allá. Por esa razón decidió colocar dicha suma en fideicomiso, institución que, a diferencia de las cuentas bancarias ordinarias, debe precaver a la conservación del valor real de los activos y a su incremento.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 32.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 32.

89. La Corte calculó el monto anual de los ingresos de cada víctima en florines surinameses y luego los convirtió en dólares al tipo de cambio vigente en el mercado libre.

El haber anual se utilizó para determinar los ingresos caídos en el período transcurrido entre los años 1988 y 1993, ambos incluídos. A la suma obtenida para cada una de las víctimas se le adicionó un interés con carácter resarcitorio, que está en relación con las tasas vigentes en el mercado internacional. A este monto se sumó el valor presente neto de los ingresos correspondientes al resto de la vida laboral de cada individuo. En el caso del adolescente Mikuwendie Aloeboetoe, se supuso que comenzaría a percibir ingresos a la edad de 18 años por un monto similar al de aquellos que trabajaban como obreros de la construcción.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 89.

92. A falta de otros elementos y por considerarlo equitativo la Corte ha tomado el monto total reclamado por la Comisión por daño moral.

Los montos reclamados para cada víctima por la Comisión en Sf fueron ajustados por un coeficiente representativo de la evolución de los precios internos en Suriname en el período. El monto obtenido en florines fue convertido a dólares al tipo de cambio del mercado libre e incrementado con los intereses resarcitorios calculados a la tasa vigente en el mercado internacional. Luego se procedió a distribuir el total entre las víctimas en la forma indicada en el párrafo anterior.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 92.

99. A fin de dar cumplimiento a la indemnización pecuniaria fijada en esta sentencia, el Gobierno debe depositar antes del 1 de abril de 1994 el monto de US$453.102.-(cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento dos dólares) en el Surinaamse Trustmaatschappij N.V. (Suritrust), Gravenstraat 32, de la ciudad de Paramaribo.

El Gobierno podrá también cumplir con esta obligación depositando una suma equivalente en florines holandeses. Para determinar esa equivalencia se utilizará el tipo de cambio vendedor del dólar estadounidense y del florín holandés en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.

100. Con los fondos recibidos, Suritrust mantendrá fideicomisos en dólares en las condiciones más favorables de acuerdo con la práctica bancaria a favor de los beneficiarios indicados. Los que hubieren fallecido serán sustituídos por sus herederos. . . .

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 99-100.

43. Respecto a la forma de dar cumplimiento a la presente sentencia, el Estado deberá pagar, dentro de un plazo de seis meses a partir de su notificación, las indemnizaciones acordadas en favor de los familiares mayores de edad y de las víctimas sobrevivientes y, si alguno hubiere fallecido antes del pago, a sus herederos.

44. En los escritos de la Comisión y en la audiencia pública de 27 de enero de 1996, ésta siempre ha calculado la indemnización en unidades de dólares estadounidenses. En su comunicación de 14 de junio de 1996 el Gobierno reiteró que los cálculos "deben plantearse en bolívares, que es la moneda nacional de la República de Venezuela donde residen los causahabientes".

45. En relación con lo anterior, la Corte declara que el Estado puede cumplir esta obligación mediante el pago en dólares estadounidenses o en una suma equivalente en moneda nacional venezolana. Para determinar esta equivalencia se utilizará el tipo de cambio del dólar estadounidense y de la moneda venezolana en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 43-45.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 63-64.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párr. 95.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 62.

63.1.5.4. cumplimiento del pago de la indemnización

56. Es preciso ahora determinar la forma en que el Gobierno debe cumplir con el pago de la indemnización a los familiares de Manfredo Velásquez.

57. El pago de los setecientos cincuenta mil lempiras fijados por la Corte debe ser hecho dentro de los noventa días contados a partir de la notificación de la sentencia, libre de todo impuesto que eventualmente pudiera considerarse aplicable.

Sin embargo, el pago podrá ser hecho por el Gobierno en seis cuotas mensuales iguales, la primera pagadera a los noventa días mencionados y así sucesivamente, pero en este caso los saldos se acrecentarán con los intereses correspondientes, que serán los bancarios corrientes en ese momento en Honduras.

58. De la indemnización total la cuarta parte corresponderá a la cónyuge que recibirá directamente la suma que se le asigna. Los tres cuartos restantes se distribuirán entre los hijos. Con la suma atribuida a los hijos se constituirá un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña. Los hijos recibirán mensualmente los beneficios de este fideicomiso y al cumplir los veinticinco años de edad percibirán la parte alícuota que les corresponda.

59. Todo el proceso de cumplimiento de la indemnización compensatoria estará bajo la supervisión de la Corte. El proceso se dará por concluido una vez que el Gobierno haya dado cumplimiento integral a la presente sentencia.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párrs. 56-59.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párrs. 51-54.

99. A fin de dar cumplimiento a la indemnización pecuniaria fijada en esta sentencia, el Gobierno debe depositar antes del 1 de abril de 1994 el monto de US$453.102.-(cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento dos dólares) en el Surinaamse Trustmaatschappij N.V. (Suritrust), Gravenstraat 32, de la ciudad de Paramaribo.

El Gobierno podrá también cumplir con esta obligación depositando una suma equivalente en florines holandeses. Para determinar esa equivalencia se utilizará el tipo de cambio vendedor del dólar estadounidense y del florín holandés en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.

100. Con los fondos recibidos, Suritrust mantendrá fideicomisos en dólares en las condiciones más favorables de acuerdo con la práctica bancaria a favor de los beneficiarios indicados. Los que hubieren fallecido serán sustituídos por sus herederos.

Se constituirán dos fideicomisos, uno a favor de los beneficiarios menores de edad y otro en favor de los beneficiarios mayores.

Una fundación (en adelante "la Fundación") a la que se refieren los párrafos 103 y siguientes de esta sentencia, actuará como fideicomitente.

101. El fideicomiso de los menores se constituirá con las indemnizaciones que deben recibir todos aquellos beneficiarios que no hayan cumplido 21 años de edad y que no hubieren contraído matrimonio.

Este fideicomiso de los menores operará el tiempo que resulte necesario para que el último de los beneficiarios alcance la mayoría de edad o contraiga matrimonio. A medida que cada uno de ellos reúna esta condición sus aportes pasarán a ser regidos por las disposiciones sobre el fideicomiso para los mayores (infra, párr. 102).

102. Los beneficiarios mayores podrán retirar hasta el 25% (veinticinco por ciento) de lo que les corresponde en el momento en que el Gobierno de Suriname efectúe el depósito. Con la suma restante se constituirá el fideicomiso para los mayores tendrá un plazo mínimo de tres años y máximo de 17 años y podrán hacerse retiros semestrales. La Fundación podrá establecer por razones especiales un régimen distinto.

103. Con el propósito de brindar a los beneficiarios la posibilidad de obtener los mejores resultados de la aplicación de los montos recibidos por reparaciones la Corte dispone la creación de una Fundación. Esta entidad sin fines de lucro se constituirá en la ciudad de Paramaribo capital de Suriname y estará integrada por las siguientes personas quienes ya han manifestado su aceptación y se desempeñarán ad honórem . . . .

. . . .

105. Los miembros de la Fundación, en reunión plenaria, definirán, con la colaboración de la Secretaría ejecutiva de la Corte, su organización, estatuto y reglamento así como la forma de operación de los fideicomisos. La Fundación comunicará a la Corte los textos definitivamente aprobados.

La Fundación estará destinada a actuar como fideicomitente de los fondos depositados en Suritrust y a asesorar a los beneficiarios en la aplicación de las reparaciones recibidas o de las rentas que perciban del fideicomiso.

106. La Fundación prestará asesoramiento a los beneficiarios. Si bien los hijos de las víctimas se cuentan entre los principales beneficiarios, sus madres o los tutores que los tienen a su cargo no quedan relevados de la obligación de prestarles gratuitamente asistencia, alimento, vestido y educación. La Fundación tratará que las indemnizaciones percibidas por los hijos menores de las víctimas sean utilizadas para gastos posteriores de estudio o para formar un pequeño capital cuando comiencen a trabajar o se casen y que sólo se inviertan en gastos comunes cuando razones serias de economía familiar o de salud así lo exigieren.

107. Para sus operaciones, el Gobierno de Suriname entregará a la Fundación, dentro de los 30 días de su constitución, un aporte único de US$4.000 (cuatro mil dólares) o su equivalente en moneda local al tipo de cambio vendedor vigente en el mercado libre al momento de efectuarse el pago.

108. Suriname no podrá restringir o gravar las actividades de la Fundación o la operación de los fideicomisos más allá de lo actualmente existente ni modificar las condiciones vigentes hoy, salvo en lo que pudiere ser favorable, ni intervenir en las decisiones de aquella.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 99-103 y 105-108.

43. Respecto a la forma de dar cumplimiento a la presente sentencia, el Estado deberá pagar, dentro de un plazo de seis meses a partir de su notificación, las indemnizaciones acordadas en favor de los familiares mayores de edad y de las víctimas sobrevivientes y, si alguno hubiere fallecido antes del pago, a sus herederos.

44. En los escritos de la Comisión y en la audiencia pública de 27 de enero de 1996, ésta siempre ha calculado la indemnización en unidades de dólares estadounidenses. En su comunicación de 14 de junio de 1996 el Gobierno reiteró que los cálculos "deben plantearse en bolívares, que es la moneda nacional de la República de Venezuela donde residen los causahabientes".

45. En relación con lo anterior, la Corte declara que el Estado puede cumplir esta obligación mediante el pago en dólares estadounidenses o en una suma equivalente en moneda nacional venezolana. Para determinar esta equivalencia se utilizará el tipo de cambio del dólar estadounidense y de la moneda venezolana en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.

46. En lo que respecta a la indemnización a favor de los menores de edad el Gobierno constituirá fideicomisos en una institución bancaria venezolana solvente y segura, dentro de un plazo de seis meses, en las condiciones más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias, en beneficio de cada uno de esos menores, quienes recibirán mensualmente los intereses respectivos. Al cumplir la mayoría de edad o haber contraído matrimonio, recibirán el total que les corresponde. En caso de fallecimiento, el derecho se transmitirá a los herederos.

47. En el supuesto de que alguno de los mayores de edad no se presentare a recibir el pago de la parte de la indemnización que le corresponde, el Estado depositará la suma debida en un fideicomiso en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, y hará todo esfuerzo para localizar a esa persona. Si después de diez años de constituido el fideicomiso la persona o sus herederos no lo hubieren reclamado, la suma será devuelta al Estado y se considerará cumplida esta sentencia respecto a ella. Lo anterior será aplicable también a los fideicomisos constituídos en favor de los familiares menores de edad.

48. El pago de las indemnizaciones estará exento de todo impuesto actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 43-48.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 63-67.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 60-64.

95. . . . Pero, en cambio, considera que en equidad debe ordenar al Gobierno el pago de una compensación pecuniaria al padre del joven Jean Paul Genie Lacayo, la cual fija en US$ 20.000 o su equivalente en moneda nacional nicaragüense que deberá ser pagada, sin deducción de impuestos, dentro de los seis meses de la fecha de notificación de esta sentencia . Al respecto para determinar esa equivalencia se utilizará el tipo del cambio del dólar estadounidense y la moneda nicaragüense en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párr. 95.

CONSIDERANDO:

  1. Que el punto resolutivo 5 de la sentencia de 21 de enero de 1994 dispone que la Corte "supervisará el cumplimiento de la indemnización acordada y que sólo después archivará el expediente".
  2. Que, el comunicado de prensa presentado por la Fundación señala que "los familiares del señor Ashok Gangaram Panday, quien de acuerdo con un informe oficial se suicidó en 1988 mientras se encontraba detenido por la Policía Militar del lugar, se han rehusado a recibir del Gobierno de Suriname la indemnización por US$ 10.000,00" (en inglés en el original).
  3. Que las mencionadas comunicaciones del Presidente de la Corte dirigidas a las partes de fechas 14 de septiembre y 3 de noviembre de 1995 y 22 de enero, 30 de mayo y 7 de octubre de 1996 solicitaron "información sobre si el Gobierno ha[bía] pagado a los familiares del señor Gangaram Panday los US$10.000,00 ordenados o si este monto ha[bía] sido depositado judicialmente a su nombre" y hasta la fecha no ha habido respuesta clara.
  4. Que, de acuerdo con la información recibida de las partes, el Gobierno de Suriname no ha cumplido con el punto resolutivo 4 de la sentencia de la Corte del 21 de enero de 1994.
  5. Que la jurisprudencia de la Corte ha establecido que cuando haya imposibilidad de un Estado de cumplir con las partes pecuniarias de sus sentencias sobre reparaciones, ordene un sistema de depósitos en nombre de los beneficiarios por un tiempo determinado y si dichos beneficiarios no reclamaren la indemnización, los fondos serán devueltos al Estado y se dará por cumplida la sentencia (Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 47; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 66 y Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 63).
  6. Que en el presente caso, y de acuerdo con la facultad de la Corte de supervisar el cumplimiento del fallo, cabe exhortar al Gobierno a que utilice el citado procedimiento.

POR TANTO

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

. . . .

RESUELVE:

  1. Exhortar al Gobierno de Suriname para que cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 21 de enero de 1994, haciendo todo esfuerzo por localizar a las personas beneficiarias de la indemnización y si el pago no es posible, que deposite el monto en un fideicomiso bancario. Si después de transcurridos diez años a partir de la constitución del fideicomiso esos fondos no son reclamados, la suma será devuelta al Estado y se considerará cumplida esta sentencia.
  2. Exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que procure localizar a los familiares del señor Asok Gangaram Panday a fin de que el Gobierno pueda dar cumplimento a la sentencia de 21 de enero de 1994.
  3. Requerir a las partes para que suministren a esta Corte, dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta resolución, información actualizada sobre el cumplimiento de esta resolución.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Resolución de 4 de febrero de 1997, considerando párrs. 1-6; resuelve párrafos 1-3.

63.1.5.4.1. competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento del pago

59. Todo el proceso de cumplimiento de la indemnización compensatoria estará bajo la supervisión de la Corte. El proceso se dará por concluido una vez que el Gobierno haya dado cumplimiento integral a la presente sentencia.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 59.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 54.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 116.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, considerando 5.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 64.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No 29, parte resolutiva, párr. 5.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 66.

63.1.5.5. demora en el cumplimiento del pago de la indemnización

63.1.5.5.1. general

34. En su escrito recibido en la Corte el 6 de julio de 1990, la Comisión presentó una ampliación de la solicitud de interpretación de las sentencias en el que subrayó cómo, a pesar de haber transcurrido ocho meses desde la fecha de exigibilidad de la indemnización, el Gobierno aún no había hecho el pago correspondiente y solicitó que, para atender a las consecuencias de esa demora, la Corte ordenara el pago de:

a) los intereses por dicho retardo y

b) el ajuste del valor adquisitivo de la unidad monetaria para retrotraer su valor presente al momento del pago, al que tenía cuando debía haberse efectuado el mismo.

. . . .

36. Cabe observar que, según el artículo 67 de la Convención, la Corte está facultada para interpretar sus fallos cuando exista desacuerdo sobre el sentido o alcance de los mismos. En el escrito de la Comisión que ahora se analiza, no hay mención alguna sobre aspectos del fallo de la Corte cuyos sentido o alcance sean dudosos o controversiales. Por el contrario, se denuncia que no se han cumplido términos claros de dicha sentencia, como son los plazos dentro de los cuales debió pagarse la indemnización acordada por la Corte. No es procedente, en consecuencia, dar curso a la petición de la Comisión, como una "ampliación" de la solicitud de interpretación anteriormente introducida por ella misma.

37. No obstante, como en los términos del fallo la Corte se reservó la supervisión del pago de la indemnización acordada e indicó que sólo después de su cancelación archivaría el expediente (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 60.5) ella conserva jurisdicción sobre el presente caso y está habilitada para resolver sobre las consecuencias de la demora del Gobierno en abonar la indemnización ordenada.

38. A estos efectos cabe observar, en primer lugar, que el retardo se debe a un hecho del Estado de Honduras que se prolonga hasta hoy. En efecto, a pesar de las gestiones del Poder Ejecutivo de las que el Gobierno ha dado cuenta y de la buena voluntad de éste, que la Corte de ningún modo pone en duda, la realidad es que, hasta esta fecha, el pago no se ha efectuado, hecho éste imputable al Estado cuyas consecuencias deben ser resarcidas por éste, de modo que no se vean menoscabados los derechos de los beneficiarios de la indemnización.

39. Debe, además, señalarse que en ningún momento el Gobierno dio muestras de acogerse a la opción de pagar la indemnización a través de seis cuotas mensuales consecutivas (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 57), ni canceló ninguna de dichas cuotas, que, por lo demás, estarían todas vencidas. La base del cálculo de los daños causados por la demora debe ser por lo tanto la totalidad del capital adeudado en la fecha de su exigibilidad, es decir, setecientos cincuenta mil lempiras desde el día 21 de octubre de 1989. La afirmación del Gobierno de que las sumas debidas no han sido entregadas a sus interesados ya que ellos esperan los resultados de la audiencia, no es óbice para la declaración anterior, entre otras razones, porque la publicación del decreto que autoriza el pago se hizo un año después de la sentencia que lo ordenó y solamente pocos días antes de la audiencia en cuestión.

40. Es procedente, en primer lugar, el pago de intereses sobre el total del capital adeudado, que serán los bancarios corrientes a la fecha del pago en Honduras. Si tales intereses fueron acordados por la Corte para el supuesto en que el Gobierno optara por pagar en seis cuotas mensuales, ellos son aplicables a fortiori al retardo en el cumplimiento.

41. Existen, además, otros daños que deben ser compensados y que se vinculan con el derecho de los beneficiarios de la indemnización y, en su caso, el deber del agente fiduciario, de adoptar, desde el momento en que la misma se les debía, medidas tendientes a conservar el valor real de la suma percibida, para que ésta pudiera cumplir su finalidad como restitutio in integrum de los daños causados.

42. A este respecto la Corte observa que una de las vías más accesibles y comunes para lograr ese propósito, como es la conversión de la suma percibida a una de las llamadas divisas duras, se ha visto seriamente menoscabada por obra de la pérdida de valor del lempira frente al dólar de los Estados Unidos en el mercado de libre convertibilidad, desde la fecha en que el pago debió efectuarse. Este perjuicio real debe ser compensado por el Gobierno, en adición a los intereses bancarios corrientes, añadiendo a éstos el valor de dicha pérdida entre la fecha en la que el Gobierno debió pagar la indemnización y constituir el fideicomiso y no lo hizo, y aquella en que efectivamente lo haga.

43. Teniendo ya el Gobierno, como lo ha informado a la Corte, la autorización para pagar, debe proceder de inmediato a entregar la suma fijada en el Decreto número 59-90 a los beneficiarios de las indemnizaciones y del fideicomiso, pero aplicándolas, como es práctica corriente, primero a la compensación ya indicada y a los intereses, y luego al capital. Los faltantes de capital que quedaren luego de este pago, estarán sujetos a lo dicho en el párrafo 42 supra hasta su cancelación total.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 34 y 36-43.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 34 y 36-43.

63.1.5.5.2. competencia de la Corte para resolver sobre las consecuencias de la demora

37. No obstante, como en los términos del fallo la Corte se reservó la supervisión del pago de la indemnización acordada e indicó que sólo después de su cancelación archivaría el expediente (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 60.5) ella conserva jurisdicción sobre el presente caso y está habilitada para resolver sobre las consecuencias de la demora del Gobierno en abonar la indemnización ordenada.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párr. 37.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párr. 37.

63.1.5.5.3. liquidación de los perjuicios ocasionados por la demora

39. Debe, además, señalarse que en ningún momento el Gobierno dio muestras de acogerse a la opción de pagar la indemnización a través de seis cuotas mensuales consecutivas (Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, supra 28, párr. 57), ni canceló ninguna de dichas cuotas, que, por lo demás, estarían todas vencidas. La base del cálculo de los daños causados por la demora debe ser por lo tanto la totalidad del capital adeudado en la fecha de su exigibilidad, es decir, setecientos cincuenta mil lempiras desde el día 21 de octubre de 1989. La afirmación del Gobierno de que las sumas debidas no han sido entregadas a sus interesados ya que ellos esperan los resultados de la audiencia, no es óbice para la declaración anterior, entre otras razones, porque la publicación del decreto que autoriza el pago se hizo un año después de la sentencia que lo ordenó y solamente pocos días antes de la audiencia en cuestión.

40. Es procedente, en primer lugar, el pago de intereses sobre el total del capital adeudado, que serán los bancarios corrientes a la fecha del pago en Honduras. Si tales intereses fueron acordados por la Corte para el supuesto en que el Gobierno optara por pagar en seis cuotas mensuales, ellos son aplicables a fortiori al retardo en el cumplimiento.

41. Existen, además, otros daños que deben ser compensados y que se vinculan con el derecho de los beneficiarios de la indemnización y, en su caso, el deber del agente fiduciario, de adoptar, desde el momento en que la misma se les debía, medidas tendientes a conservar el valor real de la suma percibida, para que ésta pudiera cumplir su finalidad como restitutio in integrum de los daños causados.

42. A este respecto la Corte observa que una de las vías más accesibles y comunes para lograr ese propósito, como es la conversión de la suma percibida a una de las llamadas divisas duras, se ha visto seriamente menoscabada por obra de la pérdida de valor del lempira frente al dólar de los Estados Unidos en el mercado de libre convertibilidad, desde la fecha en que el pago debió efectuarse. Este perjuicio real debe ser compensado por el Gobierno, en adición a los intereses bancarios corrientes, añadiendo a éstos el valor de dicha pérdida entre la fecha en la que el Gobierno debió pagar la indemnización y constituir el fideicomiso y no lo hizo, y aquella en que efectivamente lo haga.

43. Teniendo ya el Gobierno, como lo ha informado a la Corte, la autorización para pagar, debe proceder de inmediato a entregar la suma fijada en el Decreto número 59-90 a los beneficiarios de las indemnizaciones y del fideicomiso, pero aplicándolas, como es práctica corriente, primero a la compensación ya indicada y a los intereses, y luego al capital. Los faltantes de capital que quedaren luego de este pago, estarán sujetos a lo dicho en el párrafo 42 supra hasta su cancelación total.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 39-43.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10, párrs. 39-43.

49. En caso de que el Gobierno incurriese en mora deberá pagar un interés sobre el total del capital adeudado, que corresponderá al interés bancario corriente en Venezuela a la fecha del pago.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 49.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párr. 68.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 65.

63.1.6. costas

193. No aparece en los autos solicitud de condenatoria en costas y no es procedente que la Corte se pronuncie sobre ellas (art. 45.1 del Reglamento).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 193.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 202.

42. [E]n relación con los gastos ocasionados por el proceso ante la Corte, en la sentencia sobre el fondo ya ésta decidió la improcedencia de la condenatoria en costas, toda vez que no aparece en los autos solicitud alguna en ese sentido (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 193).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 42.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 40.

79. La Corte estima adecuado que se reintegren a los familiares de las víctimas los gastos efectuados para obtener informaciones acerca de ellas después de su asesinato y los realizados para buscar sus cadáveres y efectuar gestiones ante las autoridades surinamesas. En el caso particular de las víctimas Daison y Deede-Manoe Aloeboetoe, la Comisión reclama sumas iguales con motivo de los gastos efectuados por cada uno. Se trataba de dos hermanos. Parece, pues, razonable pensar que los familiares hicieron la misma gestión para ambos e incurrieron en una sola erogación. Por lo tanto, la Corte considera apropiado reconocer un sólo reembolso en nombre de las dos víctimas.

La Comisión señala en su escrito que estos gastos fueron realizados en todos los casos por la madre de cada víctima y, a falta de otra prueba, el reintegro será hecho a esas personas.

80. En el escrito de la Comisión se indica que las víctimas fueron despojadas de algunos de sus bienes y pertenencias en el momento de su captura. Sin embargo, la Comisión no efectúa ningún reclamo sobre esta materia, razón por la cual la Corte se abstiene de analizar la cuestión.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 79-80.

110. La Comisión solicita se condene a Suriname a pagar las costas relativas a las gestiones realizadas ante el Gobierno y las devengadas por el procedimiento llevado a cabo ante ella misma y ante la Corte.

111. La Corte ya decidió que el Gobierno debe reintegrar los gastos efectuados por las familias de las víctimas por gestiones hechas ante las autoridades surinamesas, tal como lo solicitó la Comisión (supra, párrs. 94 y 95).

112. En el presente caso, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 1987 y la denuncia fue recibida por la Secretaría de la Comisión el 15 de enero de 1988, o sea, quince días después. A partir de esa fecha estuvo en conocimiento de la Comisión primeramente y luego de la Corte. Los familiares de las víctimas no necesitaron efectuar prolongadas tramitaciones para someterlo a la Comisión, pues ella se ocupó de immediato. Por esta razón no se vieron obligados a requerir el asesoramiento de un profesional y, por ello, no lo designaron. El doctor Claudio Grossman, que la Comisión hace figurar como abogado de los familiares de las víctimas, actuó como un asesor legal cuando el caso fue presentado a la Corte (Case Aloeboetoe y otros, supra párrafo inicial, párr. 7 y cfr. supra, párr. 36).

113. La Convención Americana ha instituido un sistema para la protección de los derechos humanos en el continente y ha atribuido funciones principalmente a dos órganos, la Comisión y la Corte, cuyos costos se financian dentro del presupuesto de la Organización de los Estados Americanos.

114. La Comisión ha preferido, en este proceso, cumplir las funciones que la Convención Americana le impone recurriendo a la contratación de profesionales en lugar de hacerlo con su personal propio. Esta modalidad de trabajo de la Comisión es una cuestión de organización interna en la cual la Corte no debe intervenir. Pero la Comisión no puede exigir el reintegro de los gastos que le exige su modalidad interna de trabajo a través de la imposición de costas. El funcionamiento de los órganos del sistema americano de derechos humanos es pagado por los Estados Miembros mediante su cuota anual.

La Corte tampoco podría imponer como costas los gastos de viaje de su Secretaria adjunta a Suriname, ni el asesoramiento requerido en materia económica o actuarial, pues se trata de gastos que el Tribunal debe hacer como órgano del sistema para cumplir debidamente con las funciones que la Convención Americana le impone.

115. Habida consideración de lo anterior y de que Suriname ha reconocido expresamente su responsabilidad internacional y no ha dificultado el procedimiento para determinar las reparaciones, la Corte desestima la solicitud de condenación en costas pedida por la Comisión.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párrs. 110-115.

71. En virtud, igualmente, de que la responsabilidad de Suriname es inferida, la Corte considera que debe desestimar la solicitud de condenatoria en costas.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párr. 71.

87. Debe la Corte pronunciarse sobre las costas de este proceso, las que han sido solicitadas por la Comisión en su demanda. Al respecto cabe insistir en que: "[L]a Comisión no puede exigir el reintegro de los gastos que le exige su modalidad interna de trabajo a través de la imposición de costas. El funcionamiento de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos es pagado por los Estados Miembros mediante su cuota anual". (Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones ( art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 114).

88. En cambio, deberá condenar al Perú al pago de los gastos en que, con ocasión de este proceso, pudieron haber incurrido los familiares de las víctimas cuya fijación dejará al Gobierno y a la Comisión, reservándose el derecho de determinarlos si las partes no se pusieren de acuerdo.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párrs. 87-88.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 70.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 63.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, párrs. 40-41 y 70.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 59.

71. Respecto a la indemnización y al resarcimiento de los gastos incurridos por los familiares de las víctimas en sus gestiones ante las autoridades colombianas, con ocasión de este proceso, la Corte considera que deben ser a cargo del Estado y como se carece de elementos que permitan fijar su cuantía, corresponde abrir la etapa de indemnizaciones y gastos.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 71.

46. Respecto del reembolso de los gastos incurridos por los familiares de las víctimas en sus gestiones con ocasión de este proceso, la Comisión ha reclamado la suma de US$33.681.00 (treinta y tres mil seiscientos ochenta y un dólares) y ha acompañado copia de algunos documentos supuestamente demostrativos de esos gastos.

47. Luego de un examen detallado de los documentos relativos a esos gastos, la Corte observa que una parte importante de ellos corresponden a gastos de viaje y llamadas telefónicas fuera de Colombia, a publicaciones periodísticas y elaboración de afiches y pancartas realizados por el Sindicato de Educadores de Santander y la Comisión Andina de Juristas y no por la señora María Nodelia Parra Rodríguez, por lo cual no pueden ser incluidos en los gastos reembolsables conforme al punto resolutivo número 6 de la sentencia de fondo dictada por esta Corte la que sólo reconoce los gastos relacionados con gestiones de los familiares de las víctimas ante las autoridades colombianas. La Corte, sin embargo, entiende que la señora María Nodelia Parra Rodríguez debió haber incurrido en algunos gastos ante las autoridades colombianas y los fija en la suma de US$ 2.000,00 (dos mil dólares estadounidenses) que deberán pagársele directamente a ella.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párrs. 46-47.

63.2.1. medidas provisionales

63.2.1.1. competencia de la Corte para adoptar medidas provisionales

  1. Que la eliminación física de testigos o eventuales testigos, constituye una salvaje, primitiva e inhumana expresión de los más repudiables métodos, que ofende la conciencia americana y que desconoce de manera radical los valores que informan el Sistema Interamericano.
  2. Que tales hechos pueden afectar de una manera negativa y determinante el sistema de protección a los derechos humanos establecido por la Carta de la Organización de los Estados Americanos y por el Pacto de San José.
  3. Que según el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Partes en la misma tienen el deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, lo cual los obliga a adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar la vida y la integridad de personas cuyos derechos pudieran estar amenazados, más aún si tales amenazas se vinculan con su participación en procedimientos relativos a la protección de los derechos humanos.
  4. Que según el artículo 63.2 de la Convención, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá, en los asuntos que esté conociendo, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Por su parte el artículo 23.5 del Reglamento de la Corte dispone que estas medidas pueden ser tomadas, de oficio, en cualquier momento.
  5. Que en las presentes circunstancias los antecedentes señalados evidencian que las personas que han comparecido o han sido citadas ante la Corte en los casos a que se refiere la presente Resolución corren un peligro real que amerita la adopción de medidas especiales que garanticen su vida, su integridad personal y sus bienes . . . .

Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Resolución de 15 de enero de 1988, considerando párrs. 1-5.

  1. Que el Perú es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que el artículo 1.1 de dicha Convención señala el deber que tienen los Estados Partes en ella de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
  2. Que el 21 de enero de 1981 el Perú presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención,
  3. Que el artículo 63.2 de la Convención dispone que, en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes,
  4. Que el artículo 23.4 del Reglamento de la Corte establece que:

Si la Corte no está reunida, el Presidente la convocará sin retardo. Pendiente la reunión, el Presidente, en consulta con la Comisión Permanente o con los jueces de ser posible requerirá de las partes, si fuese necesario, que actúen de manera tal, que permita que cualquier decisión que la Corte pueda tomar con relación a la solicitud de medidas provisionales, tenga los efectos pertinentes.

5. Que el Perú está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias para preservar la vida y la integridad de aquellas personas cuyos derechos pudieren estar amenazados . . . .

Corte I.D.H., Caso Bustíos-Rojas, Resolución de 5 de junio de 1990, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-5.

Corte I.D.H., Caso Chunimá, Resolución de 15 de julio de 1991, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-5.

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 22 de junio de 1994, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-2.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Resolución de 7 de diciembre de 1994, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-2.

Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle, Resolución del Presidente de la Corte de 4 de junio de 1995, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-2 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 19 de septiembre de 1995)

Corte I.D.H., Caso Blake, Resolución del Presidente de la Corte de 16 de agosto de 1995, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-3 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 22 de septiembre de 1995)

Corte I.D.H., Caso Alemán Lacayo, Resolución de 2 de febrero de 1996, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-6.

Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado, Resolución de 11 de septiembre de 1997, considerando párrs. 1-3.

5. En el presente caso, la Corte debe decidir acerca de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión y sobre la celebración de una audiencia, convocada originariamente para el 29 de julio, y cuya prórroga por un período no menor de 30 días ha pedido el Gobierno.

En primer lugar, conviene precisar la distinción entre las medidas provisionales que la Corte puede dictar de acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") y las medidas de urgencia que, según el artículo 23.4 del Reglamento, puede en el ínterin el Presidente requerir de las partes, a fin de que las disposiciones que eventualmente pueda ordenar la Corte tengan los efectos buscados, esto es, que la Corte no se encuentre frente a un hecho consumado.

Corte I.D.H., Caso Chunimá, Resolución de 1 de agosto de 1991, Serie E No. 1, párr. 5.

4. Que debe tomarse en consideración que, tratándose de asuntos que se encuentran en trámite ante la Comisión, y que por lo tanto, no se han sometido todavía al conocimiento de la Corte, las medidas provisionales que puede ordenar la Corte a solicitud de la Comisión, con apoyo en los artículos 63.2 de la Convención y 24.4 de su Reglamento, así como las preliminares de urgencia encomendadas al Presidente en consulta con los jueces, deben considerarse como de carácter excepcional y no como atribuciones normales de la competencia del propio Tribunal y del Presidente;

Corte I.D.H., Caso Chipoco, Resolución del Presidente de la Corte de 14 de diciembre de 1992, Serie E No. 1, considerando párr. 4 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 27 de enero de 1993)

63.2.1.2. "[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas . . . ."

5. En el presente caso, la Corte debe decidir acerca de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión y sobre la celebración de una audiencia, convocada originariamente para el 29 de julio, y cuya prórroga por un período no menor de 30 días ha pedido el Gobierno.

En primer lugar, conviene precisar la distinción entre las medidas provisionales que la Corte puede dictar de acuerdo con el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") y las medidas de urgencia que, según el artículo 23.4 del Reglamento, puede en el ínterin el Presidente requerir de las partes, a fin de que las disposiciones que eventualmente pueda ordenar la Corte tengan los efectos buscados, esto es, que la Corte no se encuentre frente a un hecho consumado.

6. Las disposiciones en vigor establecen ciertos requisitos para que la Corte pueda tomar medidas provisionales a iniciativa de la Comisión. Entre ellos:

a. El artículo 29.2 del Reglamento de la Comisión dispone que "cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, [ésta] podrá pedir que sean tomadas medidas cautelares para evitar que se consume el daño irreparable, en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados". No se trata aquí de demostrar plenamente la veracidad de los hechos sino de que la Comisión tenga bases razonables para presumir como cierta su existencia.

En el presente caso la Comisión no ha dado cumplimiento a lo anterior pues se ha limitado a transcribir en su solicitud los hechos informados por los denunciantes.

Por su parte, el Gobierno reconoció en su nota del 24 de julio pasado la existencia de un "conflicto armado interno" desde hace treinta años y los hechos de violencia que ocurren en la zona. Este reconocimiento genérico no implica aceptar como ciertos los hechos denunciados, pero permite presumir la existencia de una situación en que se pueden producir daños irreparables a las personas.

b. El artículo 63.2 de la Convención autoriza a la Corte para tomar medidas provisionales "[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas". La terminología utilizada permite deducir que se trata de un instrumento extraordinario, necesario en situaciones excepcionales.

Corte I.D.H., Caso Chunimá, Resolución de 1 de agosto de 1991, Serie E No. 1, párrs. 5- 6.

CONSIDERANDO:

. . . .

4. Que debe tomarse en consideración que, tratándose de asuntos que se encuentran en trámite ante la Comisión, y que por lo tanto, no se han sometido todavía al conocimiento de la Corte, las medidas provisionales que puede ordenar la Corte a solicitud de la Comisión, con apoyo en los artículos 63.2 de la Convención y 24.4 de su Reglamento, así como las preliminares de urgencia encomendadas al Presidente en consulta con los jueces, deben considerarse como de carácter excepcional y no como atribuciones normales de la competencia del propio Tribunal y del Presidente;

5. Que en tal virtud, es preciso que la Comisión, después de haber iniciado la tramitación de los casos y haberse cerciorado, así sea en forma preliminar, de la veracidad de los hechos denunciados, y adoptado, además, las providencias que establece el artículo 29 de su Reglamento, presente ante la Corte, y no estando reunida, ante su Presidente, indicios claros de que existe el carácter de extrema urgencia que señalan los mismos preceptos, y de que, por lo mismo, es preciso que se tomen las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios graves o irreparables a las personas objeto de la protección;

6. Que en el presente caso y después de haber analizado cuidadosamente la solicitud de la Comisión y los documentos que acompaña, así como el informe rendido por el Gobierno a la Comisión en el sentido de que en estos momentos el señor Carlos Chipoco no se encuentra sometido a proceso, esta Presidencia concluye que no se configuran los elementos para que, por ahora, requiera al Gobierno tomar medidas urgentes de carácter provisional, sino que, en todo caso, corresponde a la Corte en pleno, después de examinar la situación que prevalece en este asunto, determinar la procedencia de las citadas medidas provisionales que ha pedido la Comisión;

7. Que en tal virtud, esta Presidencia, someterá en el próximo período ordinario de sesiones de la Corte que se iniciará el 25 de enero de 1993, la petición que se formula por parte de la Comisión, para que la Corte decida lo pertinente.

POR TANTO:

EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

habida cuenta del artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 24.4 del Reglamento, previa consulta con los jueces de la Corte,

RESUELVE:

  1. Que no procede solicitar por el momento al Gobierno del Perú que tome medidas urgentes de carácter preliminar, en virtud de las anteriores consideraciones.
  2. Someter a la Corte en su próximo período ordinario de sesiones la solicitud presentada por la Comisión Interamericana, para que de acuerdo con lo que dispone el artículo 63.2 de la Convención resuelva lo pertinente.

Corte I.D.H., Caso Chipoco, Resolución del Presidente de la Corte de 14 de diciembre de 1992, Serie E No. 1, considerando párrs. 4-7, resuelve párrs.1-2 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 27 de enero de 1993)

2. Que en el presente caso la Comisión Interamericana manifestó recientemente a la Corte que desiste de sus solicitudes de medidas provisionales en virtud de que las circunstancias de extrema gravedad y urgencia que motivaron la adopción de medidas urgentes ya no existen, hecho que se demuestra con la puesta en libertad del señor Rafael Iván Suárez Rosero por parte del Gobierno del Ecuador, y que la seguridad del señor Suárez Rosero y de sus familiares no parece estar en riesgo actualmente.

3. Que han terminado las razones que motivaron al Presidente a dictar medidas urgentes en este caso.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Reglamento de la Corte,

RESUELVE:

Levantar las medidas urgentes dictadas por el Presidente de la Corte, en vista de las nuevas circunstancias señaladas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Gobierno de la República del Ecuador.

Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Resolución de 28 de junio de 1996, Serie E No. 1, considerando párrs. 2-3, resuelve párrafo único.

63.2.1.3. ". . . asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento . . . ."

verificación de las medidas de protección corresponde a ella.

CONSIDERANDO:

. . . .

4. Según el artículo 63.2 de la Convención la jurisdicción de la Corte se limita a "casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas...", en un caso aún no sometido a la Corte una vez que el Estado ha adoptado las medidas provisionales y a menos que existan circunstancias apremiantes en contrario, ésta debe devolver las diligencias a la Comisión. Esta decisión no inhibe, sin embargo, a la Comisión, si la gravedad y urgencia así lo requieren, de solicitar a la Corte, en cualquier momento, la aplicación del artículo 63.2;

5. El Gobierno del Perú debe seguir brindando protección a las personas indicadas. Sin embargo, dado que el caso aún se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la verificación de las medidas de protección corresponde a ella.

RESUELVE:

. . . .

3. Devolver las presentes diligencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dejar en sus manos la verificación del cumplimiento por parte del Perú de las medidas adoptadas.

Corte I.D.H., Caso Bustíos-Rojas, Resolución de 17 de enero de 1991, Serie E No. 1, considerando párrs. 4-5, resuelve párr. 3.

7. La presente solicitud de medidas provisionales se refiere a un caso "aún no sometido a [la] jurisdicción" de la Corte. Eso significa que la Corte carece de las informaciones sobre los hechos y circunstancias del caso que sí debe poseer la Comisión la que, por consiguiente, debe hacerlas llegar con la respectiva solicitud para que el órgano jurisdiccional tenga los elementos de juicio adecuados para decidir.

Corte I.D.H., Caso Chunimá, Resolución de 1 de agosto de 1991, Serie E No. 1, párr. 7.

CONSIDERANDO:

. . . .

4. Que el fundamento de la norma del artículo 63.2 de la Convención Americana presupone que la solicitud de las medidas provisionales por parte de la Comisión, se basa en la convicción de que el caso en trámite ante ella, previo agotamiento de los procedimientos normales en su tramitación, será enviado a la Corte para su conocimiento. Ello se colige de la interpretación de la frase de dicho numeral que dice: "[s]i se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a[l] conocimiento [de la Corte, ésta], podrá actuar a solicitud de la Comisión" (subrayado no es del original).

5. Que la Corte ya expresó, en relación con las medidas provisionales en el caso Chunimá, criterio que se aplica a un asunto como el presente, que tratándose de medidas provisionales en asuntos que no han sido sometidos a este Tribunal, resulta necesario que la Comisión deba tomar las providencias necesarias para que en esta materia, cuando se mantengan las circunstancias de extrema gravedad y urgencia por un período prolongado, analice la posibilidad de someter el caso a consideración de la Corte, ya que ésta carece de suficiente información directa sobre los hechos y circunstancias que permitan tomar la decisión más adecuada.

6. Que con base en la consideración anterior, el Presidente, por carta de 20 de mayo de 1995, dirigida a la Comisión Interamericana, hizo la solicitud para que se analizara la posibilidad de someter el caso a consideración de esta Corte.

. . . .

RESUELVE:

. . . .

5. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considere la conveniencia de someter este caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 1 de febrero de 1996, Serie E No. 1, considerando párrs. 4-6, resuelve párr. 5.

4. Que en la resolución de 29 de julio de 1997, el Presidente de la Corte consideró que la petición de la Comisión Interamericana de que se ordenase al Estado "que cumpl[iera] con la sentencia dictada en el proceso de [hábeas corpus] por la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, sin perjuicio de que las investigaciones continúen ante el órgano judical competente para determinar la eventual responsabilidad penal del señor Gustavo Cesti Hurtado" podría estar vinculada directamente con la materia de fondo del caso que pende actualmente ante la Comisión.

5. Que de los hechos y circunstancias planteados por la Comisión se determina que existe una vinculación directa entre el pedido de la Comisión de que se libere al señor Cesti Hurtado, en cumplimiento de la resolución de hábeas corpus dictada por la Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Lima, y la materia misma sobre el fondo del caso que se ventila ante la Comisión Interamericana y que corresponde a ésta su decisión en esa etapa. Resolver la petición de la Comisión en los términos planteados, implicaría que la Corte podría prejuzgar sobre el fondo en un caso que todavía no se encuentra en su conocimiento.

6. Que el Presidente de esta Corte, en su resolución, ordenó al Estado del Perú que tomara medidas urgentes mediante el otorgamiento de un tratamiento médico adecuado al señor Cesti Hurtado debido a sus dolencias cardíacas, con el objeto de preservar su integridad física, psíquica y moral, decisión que, la Corte ratifica y decide mantener estas medidas de conformidad con el artículo 63.2 de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado, Resolución de 11 de septiembre de 1997, considerando párrs. 4-6.

63.2.1.4. prueba

6. Las disposiciones en vigor establecen ciertos requisitos para que la Corte pueda tomar medidas provisionales a iniciativa de la Comisión. Entre ellos:

a. El artículo 29.2 del Reglamento de la Comisión dispone que "cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, [ésta] podrá pedir que sean tomadas medidas cautelares para evitar que se consume el daño irreparable, en el caso de ser verdaderos los hechos denunciados". No se trata aquí de demostrar plenamente la veracidad de los hechos sino de que la Comisión tenga bases razonables para presumir como cierta su existencia.

En el presente caso la Comisión no ha dado cumplimiento a lo anterior pues se ha limitado a transcribir en su solicitud los hechos informados por los denunciantes.

Por su parte, el Gobierno reconoció en su nota del 24 de julio pasado la existencia de un "conflicto armado interno" desde hace treinta años y los hechos de violencia que ocurren en la zona. Este reconocimiento genérico no implica aceptar como ciertos los hechos denunciados, pero permite presumir la existencia de una situación en que se pueden producir daños irreparables a las personas.

b. El artículo 63.2 de la Convención autoriza a la Corte para tomar medidas provisionales "[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas". La terminología utilizada permite deducir que se trata de un instrumento extraordinario, necesario en situaciones excepcionales.

Corte I.D.H., Caso Chunimá, Resolución de 1 de agosto de 1991, Serie E No. 1, párr. 6.

5. Que en tal virtud, es preciso que la Comisión, después de haber iniciado la tramitación de los casos y haberse cerciorado, así sea en forma preliminar, de la veracidad de los hechos denunciados, y adoptado, además, las providencias que establece el artículo 29 de su Reglamento, presente ante la Corte, y no estando reunida, ante su Presidente, indicios claros de que existe el carácter de extrema urgencia que señalan los mismos preceptos, y de que, por lo mismo, es preciso que se tomen las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios graves o irreparables a las personas objeto de la protección;

Corte I.D.H., Caso Chipoco, Resolución del Presidente de la Corte de 14 de diciembre de 1992, Serie E No. 1, considerando párrs. 5 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 27 de enero de 1993)

5. Que en el presente caso se advierte de la petición presentada por la Comisión y la documentación que acompaña, que si bien la Comisión solicitó al Gobierno, en los términos del artículo 29 de su Reglamento, que tomara varias medidas para evitar daños a las personas objeto de la protección, algunas de estas medidas no pueden considerarse propiamente como de carácter cautelar y provisional en los términos del inciso 2 del artículo 63 de la Convención, puesto que se refieren a la autorización del propio Gobierno a fin de permitir a la Comisión que realice visitas in situ a varios establecimientos penitenciarios del Perú, situación regulada por los artículos 48.2 de la Convención y 44.2 del Reglamento de la Comisión, preceptos que requieren el previo consentimiento del Gobierno, el que hasta el momento no se ha otorgado, pero que no puede suplirse por medio de providencias que pueda ordenar la Presidencia.

6. Que por lo que se refiere a la petición que hace la Comisión a fin de que se solicite al citado Gobierno las providencias necesarias para que cesen los malos tratos y se proporcione asistencia médica a los reclusos de dichos establecimientos penitenciarios, la Comisión no proporciona un principio de prueba sobre la veracidad de los hechos denunciados, ya que esa certidumbre podría depender de las observaciones que efectúe la Comisión en las visitas que pretende realizar en dichos establecimientos, o bien por otros medios de convicción, que por el momento no se han presentado. En esas circunstancias, esta Presidencia considera que no procede requerir al Gobierno, tomar medidas urgentes de carácter preliminar, sino que corresponde a la Corte en pleno después de examinar la situación que prevalece en este asunto determinar la procedencia de las citadas medidas provisionales que ha solicitado la Comisión.

7. Que en tal virtud, esta Presidencia, someterá en el próximo período ordinario de sesiones de la Corte que se iniciará el 25 de enero de 1993, la petición que se formula por parte de la Comisión, para que la Corte decida lo pertinente.

POR TANTO:

EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

habida cuenta del artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 24.4 del Reglamento, previa consulta con los jueces de la Corte,

RESUELVE

  1. Que no procede solicitar por el momento al Gobierno del Perú que tome medidas urgentes de carácter preliminar, en virtud de las anteriores consideraciones.
  2. Someter a la Corte en su próximo período ordinario de sesiones la solicitud presentada por la Comisión Interamericana, para que de acuerdo con lo que dispone el artículo 63.2 de la Convención resuelva lo pertinente.

Corte I.D.H., Caso de Penales Peruanos, Resolución del Presidente de la Corte de 14 de diciembre de 1992, Serie E No. 1, considerando párrs. 5-7, resuelve párrs.1-2 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 27 de enero de 1993)

  1. En virtud de que el Presidente mediante resolución de 14 de diciembre de 1992 decidió no tomar medidas urgentes, corresponde ahora a la Corte determinar la procedencia de medidas provisionales de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención y 24.2 de su Reglamento.
  2. En el presente caso se trata de un asunto que actualmente no está sometido a la Corte, sino que se encuentra en trámite ante la Comisión y ésta no ha presentado al Tribunal información suficiente que permita adoptar dichas medidas, las cuales requieren que la Comisión hubiese acopiado, así sea en forma preliminar, elementos que hagan presumir la veracidad de los hechos denunciados y la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia que pueda causar daños irreparables a las personas.
  3. En consecuencia, no procede que la Corte dicte, por ahora, las medidas provisionales pedidas por la Comisión ni celebre una audiencia pública sobre el particular.

Corte I.D.H., Caso Chipoco, Resolución de 27 de enero de 1993, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-3.

Corte I.D.H., Caso de Penales Peruanos, Resolución de 27 de enero 1993, Serie E No. 1, considerando párrs.1-2.

5. Que, como lo señala la Comisión en su solicitud de medidas provisionales, "las amenazas y violaciones denunciadas" otorgan prima facie a esta situación las características de extrema gravedad y urgencia que justifican que la Corte tome las medidas provisionales que considere pertinentes, con el fin de evitar daños irreparables a aquellas personas en cuyo favor se solicitan;

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 22 de junio de 1994, Serie E No. 1, considerando párr. 5.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Resolución de 7 de diciembre de 1994, Serie E No. 1, considerando párr. 3.

Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle, Resolución del Presidente de la Corte de 4 de junio de 1995, Serie E No. 1, considerando párr. 5 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 19 de septiembre de 1995)

Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle, Resolución del Presidente de la Corte de 26 de julio de 1995, Serie E No. 1, considerando párr. 4 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 19 de septiembre de 1995)

Corte I.D.H., Caso Blake, Resolución del Presidente de la Corte de 16 de agosto de 1995, Serie E No. 1, considerando párr. 4 (Ratificada por la Corte mediante Resolución de 22 de septiembre de 1995)

CONSIDERANDO:

. . . .

2. Que a la fecha el Gobierno ha adoptado providencias tendientes a cumplir con lo solicitado por la Corte Interamericana y sin embargo no ha presentado información fehaciente que demuestre que las circunstancias de extrema gravedad y urgencia hayan cesado, en especial en lo que se refiere al cumplimiento de la orden judicial de arresto que pesa sobre 13 patrulleros acusados como sospechosos en el proceso seguido en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Huehuetenango por los hechos criminales ocurridos el 3 de agosto de 1993 en Colotenango. Que los esfuerzos realizados por el Gobierno en la adopción de medidas provisionales, si bien demuestran su disposición para cumplirlas, no se han realizado por completo;

3. Que la información enviada por la Comisión y por el Gobierno a la Corte es contradictoria en algunos puntos, específicamente en cuanto a los patrulleros detenidos;

4. Que de acuerdo con el escrito presentado por la Comisión el día de hoy, existe información de que continúan realizándose actos de intimidación y amenaza contra varias de las personas a favor de las que se dictaron las medidas provisionales y que para algunas de ellas el derecho de circulación y residencia aún se encuentra restringido, por lo que se impone una preocupación continuada de parte de la Corte en cuanto a la prevención de la violación de los derechos humanos;

. . . .

RESUELVE:

. . . .

2. Solicitar al Gobierno de la República de Guatemala que remita a la Corte información fehaciente cada 45 días contados a partir de la fecha de esta resolución, sobre los resultados efectivos de las medidas que haya tomado o que tome en el transcurso de dicho plazo.

3. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe a la Corte sobre cualquier hecho o circunstancia relevantes respecto a la ejecución de estas medidas.

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 18 de mayo de 1995, Serie E No. 1, considerando párrs. 2-4, resuelve párrs. 2-3.

CONSIDERANDO:

. . . .

2. Que la solicitud de la Comisión Interamericana presenta hechos nuevos que afectan a la señora Lorraine Maric Fischer Pivaral, quien no está incluida en la lista de las personas protegidas por las medidas urgentes dictadas por el Presidente el 4 de junio de 1995;

3. Que entre la señoras Lorraine Maric Fischer Pivaral y Karen Fischer de Carpio existen vínculos familiares directos que guardan relación con los hechos que motivaron la solicitud de la Comisión Interamericana sobre medidas provisionales en el caso Carpio Nicolle y que llevan a concluir que los actos de intimidación de los que fue víctima la señora Fischer Pivaral podrían poner en grave peligro su vida e integridad personal;

. . . .

RESUELVE:

1. Solicitar al Gobierno de la República de Guatemala que amplíe las medidas provisionales establecidas en la Resolución del Presidente del 4 de junio de 1995, en favor de la señora Lorraine Maric Fischer Pivaral y que se investigue y sancione a los responsables de los hechos denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle, Resolución de 26 de julio de 1995, Serie E No. 1, considerando párrs. 2-3, resuelve párr. 1.

CONSIDERANDO:

. . . .

3. Que en el presente caso, independientemente de su conocimiento por la Comisión y de los méritos del mismo, los hechos que fundamentan su pedido revisten carácter de notoriedad, veracidad y gravedad, al haber sido publicados por la prensa nacional e internacional, y por la muerte de un escolta del señor Alemán Lacayo y las heridas sufridas por otros acompañantes.

Corte I.D.H., Caso Alemán Lacayo, Resolución de 2 de febrero de 1996, Serie E No. 1, considerando párr. 3.

VISTOS:

. . . .

4. El escrito presentado por los representantes de las víctimas en este caso el 6 de febrero de 1997, en el cual solicitaron a la Corte revisar la decisión adoptada mediante Resolución del día 31 de enero de 1997 con el fin de mantener las medidas provisionales en favor de María Nodelia Parra y los demás testigos contemplados en la Resolución del 7 de noviembre de 1994, por lo menos hasta la fecha en que el caso permanezca abierto en la Corte.

5. El escrito presentado por el Estado de Colombia (en adelante "el Estado") el 12 de marzo de 1997, mediante el cual propuso al Tribunal contemplar la posibilidad de reconsiderar el contenido de la resolución de [31 de enero de 1997], y en su lugar, disponer el mantenimiento de las medidas decretadas, hasta tanto la situación de riesgo continúe, teniendo en cuenta que los procesos internos se encuentran aún en curso ante las autoridades investigadoras [...] El Gobierno de Colombia informará a la Honorable Corte cuando considere que la situación no hace necesario el mantenimiento de las medidas requeridas; pero hasta tanto, confía en que éstas se mantengan, como que se trata de proteger la vida e integridad personal de quienes han rendido testimonios dentro de los procesos en curso y ante el que se desarrolló en la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6. El escrito presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") el 19 de marzo de 1997, mediante el cual manifestó a la Corte su adhesión a lo propuesto por el Estado teniendo en cuenta el peligro que podría implicar para las personas que fueron protegidas por las medidas provisionales, el hecho de que los procedimientos e investigaciones internos siguen en curso, tal como lo dispuso la Corte...

CONSIDERANDO:

  1. Que las manifestaciones de los representantes de las víctimas y del Estado tienen como propósito que se reinstauren las medidas provisionales adoptadas por la Corte el 7 de noviembre de 1996 y, aun cuando a tal efecto se usan los términos revisión y reconsideración, este Tribunal considera que no se trata de impugnación stricto sensu, sino de la pretensión de que se dicte una providencia en razón de hechos sobrevenidos.
  2. Que los representantes de las víctimas afirman que varios de los testigos que rindieron declaraciones en este caso han sufrido hostigamiento, seguimiento y llamadas intimidatorias después de que se hizo pública la sentencia de la Corte de 29 de enero de 1997 sobre reparaciones y la resolución del mismo día en que se levantaron las medidas provisionales adoptadas en este caso; y que estas manifestaciones adquieren un alto grado de veracidad en virtud de lo expresado por el Estado.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Resolución de 16 de abril de 1997, vistos párrs. 4-6 y considerando párrs. 1-2.

63.2.1.5. medidas solicitadas

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Rafael Nieto Navia, con el propósito de comunicarle que en esta Secretaría se ha recibido esta tarde una denuncia en el sentido de que se prepara un atentado contra la vida del Doctor Ramón Custodio López, Presidente del Comité para la defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), aprovechándose del clima que impera con motivo de las celebraciones de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Al respecto, el Presidente solicita por este medio a vuestro Ilustrado Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y los bienes del doctor Ramón Custodio López, quien compareció como testigo ante la Corte el día 1 de octubre de 1987, en audiencias públicas celebradas con motivo de la tramitación de los casos "Velásquez Rodríguez", "Fairén Garbi y Solís Corrales" y "Godínez Cruz".

Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz , Carta de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 1987 dirigida al Gobierno de Honduras, Serie E No. 1.

CONSIDERANDO:

. . . .

5. Que esta Corte ha tenido reiterada noticia de la existencia en Honduras de versiones o campañas inadmisibles que tienden a presentar como desleales a su país a los hondureños que han concurrido ante la Corte en los presentes casos, con lo que se les expone al odio o al desprecio públicos y hasta a la agresión física o moral,

6. Que es pertinente adicionar las medidas provisionales ya tomadas por esta Corte,

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1. Requerir al Gobierno de Honduras que dentro de un plazo de dos semanas, contado a partir de la fecha, informe a esta Corte sobre los siguientes puntos

a) Sobre las medidas que haya adoptado o pretenda adoptar enderezadas a proteger la integridad física y evitar daños irreparables a las personas que, como los testigos que han rendido su declaración o aquéllos que están llamados a rendirla, se encuentran vinculadas a estos procesos.

b) Sobre las investigaciones judiciales que se adelantan o las que ha de iniciar en razón de amenazas contra las mismas personas mencionadas anteriormente.

c) Sobre las investigaciones por los asesinatos, incluyendo los respectivos dictámenes médico-forenses, y las acciones que se propone ejercer ante la administración de justicia de Honduras para que sancione a los responsables.

2. Requerir al Gobierno de Honduras que adopte medidas concretas destinadas a aclarar que la comparecencia individual ante la Comisión o la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en las condiciones en que ello está autorizado por la Convención Americana y por las normas procesales de ambos órganos, constituye un derecho de toda persona, reconocido por Honduras como parte en la misma Convención.

Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Resolución de 19 de enero de 1988, Serie E No. 1, considerando párrs. 5-6, resuelve párrs. 1-2.

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de los poderes que le atribuye el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

RESUELVE:

  1. Confirmar y hacer suya la Resolución del Presidente del 5 de junio de 1990.
  2. Otorgar al Gobierno del Perú el plazo de 30 días a partir de hoy para dar cumplimiento a lo indicado en el numeral 1 de la Resolución del 5 de junio de 1990 e informar por escrito al Presidente de la Corte acerca de las medidas adoptadas.
  3. Requerir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remita a la Corte toda la información de que disponga acerca del cumplimiento por parte del Perú de esta Resolución.
  4. Autorizar al Presidente, para que en consulta con la Comisión Permanente, adopte todas las medidas provisionales adicionales que estime necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de esta Resolución o aquellas otras que estime necesario tomar en caso de incumplimiento.
  5. Encomendar a la Comisión Permanente de la Corte, como comisión especial, que verifique la ejecución de la presente Resolución y que informe a la Corte de cualquier acontecimiento relacionado con la misma.

Corte I.D.H., Caso Bustíos-Rojas, Resolución de 8 de agosto de 1990, Serie E No. 1, resuelve párrs. 1-5.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de los poderes que le atribuye el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

RESUELVE:

. . . .

2. Requerir al Gobierno del Perú que, además de las medidas ya tomadas, establezca autoridades civiles de enlace en Lima, Ayacucho y Huanta para recibir las comunicaciones de urgencia de las personas bajo protección.

Corte I.D.H., Caso Bustíos-Rojas, Resolución de 17 de enero de 1991, Serie E No. 1, resuelve párr. 2.

8. La Corte estima que la resolución del Presidente de 15 de julio de 1991 fue debidamente adoptada y ha logrado el propósito de que ella pueda examinar la cuestión sin que se hayan producido hechos irreparables.

Según lo manifestado por el Gobierno en la audiencia del 30 de julio de 1991, se ha procedido en Guatemala a la detención de los dos principales responsables, según los denunciantes, de los hechos de violencia que ocurren en Chunimá. Posteriormente el Gobierno envió a la Corte facsímiles de los periódicos en los que aparece la misma información.

La Corte considera que las medidas en favor de las personas indicadas en la resolución del Presidente deben prorrogarse, con lo cual coincidió en la audiencia el Gobierno. Considera igualmente la Corte que el Gobierno debe especificarle cuál es la protección que ha otorgado u ofrecido a cada una de esas personas.

Corte I.D.H., Caso Chunimá, Resolución de 1 de agosto de 1991, Serie E No. 1, párr. 8.

2. La solicitud se basa en los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), 76 del Reglamento de la Comisión y 23 y 24 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), para que la Corte requiera al Gobierno la adopción de las siguientes medidas provisionales:

I. En primer lugar, que la Ilustre Corte solicite al Gobierno de Guatemala adopte medidas de seguridad eficaces para proteger la vida de los testigos, familiares, y abogados indicados en esta petición, y en particular de las siguientes personas:

PATRICIA ISPANEL MEDIMILLA
MARCOS GODINEZ PEREZ
NATIVIDAD GODINEZ PEREZ
MARIA SALES LOPEZ
RAMIRO GODINEZ PEREZ
JUAN GODINEZ PEREZ
MIGUEL GODINEZ DOMINGO
ALBERTO GODINEZ
MARIA GARCIA DOMINGO
GONZALO GODINEZ LOPEZ
ARTURO FEDERICO MENDEZ ORTIZ
ALFONSO MORALES JIMENEZ

II. Solicitar al Gobierno de Guatemala que adopte medidas eficaces necesarias para asegurar que los mismos puedan continuar su residencia habitual o retornar a sus hogares en Colotenango, con la seguridad que no serán perseguidos o amenazados por las patrullas civiles o Comités Voluntarios de Defensa Civil, por elementos militares o por otros agentes del Estado. Asimismo, que tome las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de su profesión de la abogada Patricia Ispanel Medimilla.

III. Solicitar que el Gobierno de Guatemala haga cumplir la orden judicial de arresto de los restantes patrulleros acusados como sospechosos en el proceso por los hechos criminales del 3 de agosto de 1993 en Colotenango, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Huehuetenango.

IV. Solicitar a la Corte que llame a audiencia pública a la mayor brevedad posible, en la cual la Comisión tenga la oportunidad de describir en detalle la indefensión de los testigos y familiares de las víctimas, y de los defensores de derechos humanos en Colotenango, Huehuetenango. Dicha audiencia permitirá también que el Gobierno de Guatemala tenga la oportunidad de informar a la Corte las medidas concretas que ha adoptado para resolver los crímenes denunciados, castigar a los responsables, prevenir la recurrencia de estas amenazas y ataques a testigos y familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos en el caso.

V. Solicitar a las autoridades del Gobierno de Guatemala que emitan una declaración pública a difundirse en los principales medios de comunicación del país, reconociendo en primer lugar la legitimidad de organizaciones civiles como CONAVIGUA, CUC y CONDEG (Coordinadora Nacional de Desplazados de Guatemala), cuyos miembros han sufrido y sufren persecución por su oposición a los abusos de organismos estatales como las llamadas patrullas de defensa; y además enfatizando que la participación en los Comités Voluntarios de Defensa Civil ("PACs") o asociaciones similares, es estrictamente voluntaria y por consiguiente nadie puede ser obligado a participar en ellas. Que dichos derechos y garantías están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y además por la Constitución de la República de Guatemala, cuyo artículo 34 establece que:

Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares.

VI. Solicitar al Gobierno de Guatemala que informe a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las medidas adoptadas de conformidad con las medidas provisionales a ordenarse por esa Corte.

. . . .

CONSIDERANDO:

. . . .

2. Que el artículo 63.2 de la Convención dispone que, en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá, a solicitud de la Comisión, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes;

. . . .

5. Que, como lo señala la Comisión en su solicitud de medidas provisionales, "las amenazas y violaciones denunciadas" otorgan prima facie a esta situación las características de extrema gravedad y urgencia que justifican que la Corte tome las medidas provisionales que considere pertinentes, con el fin de evitar daños irreparables a aquellas personas en cuyo favor se solicitan;

6. Que algunas de las medidas solicitadas por la Comisión no están dirigidas a "evitar daños irreparables a las personas" o, al menos, la Corte no posee evidencia de que así sea.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

fundada en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 24 y 45 del Reglamento,

RESUELVE:

1. Requerir al Gobierno de Guatemala que adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad personal de PATRICIA ISPANEL MEDIMILLA, MARCOS GODINEZ PEREZ, NATIVIDAD GODINEZ PEREZ, MARIA SALES LOPEZ, RAMIRO GODINEZ PEREZ, JUAN GODINEZ PEREZ, MIGUEL GODINEZ DOMINGO, ALBERTO GODINEZ, MARIA GARCIA DOMINGO, GONZALO GODINEZ LOPEZ,

ARTURO FEDERICO MENDEZ ORTIZ y ALFONSO MORALES JIMENEZ.

2. Solicitar al Gobierno de Guatemala que adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las personas antes citadas puedan continuar viviendo en su residencia habitual o retornar a sus hogares en Colotenango, brindándoles la seguridad de que no serán perseguidas o amenazadas por agentes del Gobierno o por particulares.

3. Pedir al Gobierno de Guatemala que asegure el ejercicio sin presiones indebidas de su profesión a la abogada Patricia Ispanel Medimilla.

4. Solicitar al Gobierno de Guatemala que, a más tardar el 31 de agosto de 1994, informe a la Corte sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente resolución.

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 22 de junio de 1994, Serie E No. 1, considerando párrs. 2, 5 y 6, resuelve párrs. 1-4.

CONSIDERANDO:

. . . .

4. Que la Corte dictó el 22 de junio de 1994 una resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana respecto de Guatemala sobre el caso Colotenango;

5. Que las medidas en favor de las personas indicadas en la resolución de la Corte del 22 de junio de 1994 deben prorrogarse por subsistir las circunstancias que las motivaron, y ampliarse a la señora Francisca Sales Martín, en lo cual coincidieron en la audiencia la Comisión y el Gobierno.

. . . .

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

fundada en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 24 y 45 del Reglamento,

RESUELVE:

  1. Prorrogar las medidas provisionales adoptadas mediante resolución del 22 de junio de 1994 sobre el caso Colotenango por un plazo de seis meses contados a partir de la fecha y ampliarlas en favor de la señora Francisca Sales Martín.
  2. Requerir al Gobierno de Guatemala que ponga los medios a su alcance para cumplir la orden judicial de arresto que pesa sobre 13 patrulleros acusados como sospechosos en el proceso seguido en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Huehuetenango por los hechos criminales ocurridos el 3 de agosto de 1993 en Colotenango.
  3. Solicitar al Gobierno de Guatemala que informe a la Corte cada 90 días sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente resolución.

. . . .

6. Solicitar al Gobierno y a la Comisión que insistan ante las personas beneficiarias de las medidas a que se refieren los numerales 1 y 2 de la resolución de la Corte del 22 de junio de 1994 para que cooperen con el Gobierno a fin de que éste pueda adoptar, con mayor eficacia, las disposiciones de seguridad pertinentes.

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 1 de diciembre de 1994, Serie E No. 1, considerando párrs. 4-5, resuelve párrs. 1-3 y 6.

CONSIDERANDO:

  1. Que el plazo de prórroga de las medidas provisionales establecido en el punto resolutivo 7 de la resolución de la Corte del 1 de diciembre de 1994 finaliza el 1 de junio de 1995;
  2. Que a la fecha el Gobierno ha adoptado providencias tendientes a cumplir con lo solicitado por la Corte Interamericana y sin embargo no ha presentado información fehaciente que demuestre que las circunstancias de extrema gravedad y urgencia hayan cesado, en especial en lo que se refiere al cumplimiento de la orden judicial de arresto que pesa sobre 13 patrulleros acusados como sospechosos en el proceso seguido en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Huehuetenango por los hechos criminales ocurridos el 3 de agosto de 1993 en Colotenango. Que los esfuerzos realizados por el Gobierno en la adopción de medidas provisionales, si bien demuestran su disposición para cumplirlas, no se han realizado por completo;
  3. Que la información enviada por la Comisión y por el Gobierno a la Corte es contradictoria en algunos puntos, específicamente en cuanto a los patrulleros detenidos;
  4. Que de acuerdo con el escrito presentado por la Comisión el día de hoy, existe información de que continúan realizándose actos de intimidación y amenaza contra varias de las personas a favor de las que se dictaron las medidas provisionales y que para algunas de ellas el derecho de circulación y residencia aún se encuentra restringido, por lo que se impone una preocupación continuada de parte de la Corte en cuanto a la prevención de la violación de los derechos humanos;
  5. Que, si una vez vencido el plazo de prórroga otorgado al Gobierno en la resolución de la Corte del 1 de diciembre de 1994, no se ha obtenido información fehaciente sobre el resultado efectivo de las medidas provisionales que se hayan adoptado, se haría necesario prorrogar las medidas solicitadas a fin de proteger el derecho a la vida e integridad de las personas a favor de quienes se solicitaron.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

fundada en el artículo 63.2 de la Convención Americana y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 24 y 25 de su Reglamento,

RESUELVE:

  1. Prorrogar hasta el 1 de febrero de 1996 las medidas provisionales ordenadas mediante resolución de la Corte del 22 de junio de 1994 y ampliadas por su resolución del 1 de diciembre de 1994 sobre el caso Colotenango.
  2. Solicitar al Gobierno de la República de Guatemala que remita a la Corte información fehaciente cada 45 días contados a partir de la fecha de esta resolución, sobre los resultados efectivos de las medidas que haya tomado o que tome en el transcurso de dicho plazo.
  3. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe a la Corte sobre cualquier hecho o circunstancia relevantes respecto a la ejecución de estas medidas.

Corte I.D.H., Caso Colotenango, Resolución de 18 de mayo de 1995, Serie E No. 1, considerando párrs. 1-5, resuelve párrs. 1-3.

2. Solicitar al Gobierno de la República de Guatemala para que adopte cuantas medidas sean necesarias para que los testigos del caso Carpio puedan ofrecer sus declaraciones testimoniales y para que el Fiscal instructor del caso, Abraham Méndez García, pueda desarrollar su cometido sin presiones ni represalias.

3. Solicitar al Gobierno de la República de Guatemala que informe a las autoridades militares de la Zona Militar de la cual dependen los Comités de Autodefensa Civil de San Pedro Jocopilas para que instruyan a éstos de abstenerse de realizar cualquier actividad que ponga en riesgo la vida e integridad personal de los individuos mencionados.

Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle, Resolución de 4 de junio de 1995, Serie E No. 1, resuelve párrs. 2-3.

CONSIDERANDO:

. . . .

2. Que la solicitud de la Comisión Interamericana presenta hechos nuevos que afectan a la señora Lorraine Maric Fischer Pivaral, quien no está incluida en la lista de las personas protegidas por las medidas urgentes dictadas por el Presidente el 4 de junio de 1995;

3. Que entre la señoras Lorraine Maric Fischer Pivaral y Karen Fischer de Carpio existen vínculos familiares directos que guardan relación con los hechos que motivaron la solicitud de la Comisión Interamericana sobre medidas provisionales en el caso Carpio Nicolle y que llevan a concluir que los actos de intimidación de los que fue víctima la señora Fischer Pivaral podrían poner en grave peligro su vida e integridad personal;

. . . .

RESUELVE:

1. Solicitar al Gobierno de la República de Guatemala que amplíe las medidas provisionales establecidas en la Resolución del Presidente del 4 de junio de 1995, en favor de la señora Lorraine Maric Fischer Pivaral y que se investigue y sancione a los responsables de los hechos denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle, Resolución de 26 de julio de 1995, Serie E No. 1, considerando párrs. 2-3, resuelve párr. 1.

VISTO:

. . . .

4. El primer informe del Gobierno de Guatemala de 30 de mayo de 1996, en el cual enumeró las medidas urgentes tomadas de acuerdo con la Resolución del Presidente de 24 de abril de 1996, y manifestó que "Guatemala ha realizado todas aquellas diligencias de investigación que ha considerado pertinentes, dentro del ámbito legal existente". Además, dicho informe señaló que el Gobierno celebró una reunión el 26 de marzo de 1996, en la que participaron miembros de las instituciones del Estado y las personas afectadas, y que "éstas manifestaron que no querían seguridad personal pues afectaba su independencia y libertad de acción; que únicamente querían la captura de Víctor Román Cutzal y que se investiguen las amenazas".

5. Las observaciones de la Comisión, del 14 de junio de 1996, al primer informe del Gobierno, en las cuales consideró que éste no ha cumplido con lo ordenado por el Presidente en su Resolución de 24 de abril de 1996 y que sigue existiendo una situación de extrema gravedad y urgencia. Al respecto señaló que "al menos una amenaza ha surgido después de la resolución de la Corte, la investigación del Ministerio Público ha sido lenta e ineficaz y los sindicados de haber llevado a cabo el hostigamiento de las personas protegidas siguen en libertad".

6. . . . La Comisión presentó como testigo a la señora Blanca Margarita Valiente de Similox a quien se le recibió su declaración.

. . . .

En dicha audiencia se puso de relieve, por una parte, que el Gobierno ha tomado medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas nombradas en la Resolución del Presidente y que actualmente se están investigando los hechos y que existen órdenes de captura contra los supuestos responsables. Por otra parte, la Comisión sostuvo que, aunque reconoce que el Gobierno ha tomado algunas medidas positivas, las mismas no han sido suficientes, sobre todo en relación con el deber de investigar los hechos denunciados, lo que se ha traducido en una situación de impunidad.

CONSIDERANDO:

. . . .

4. Que la Corte, al analizar los argumentos del Gobierno y de la Comisión, observa que Guatemala ha tomado algunas medidas para proteger a las personas mencionadas en la Resolución del Presidente de 24 de abril de 1996. No obstante lo anterior, la Corte considera que, en relación con las investigaciones, las mismas no han sido suficientes ni eficaces.

5. Que en consecuencia, resulta necesario requerir al Gobierno de Guatemala que tome, como elemento esencial del deber de protección, medidas eficaces para investigar los hechos denunciados, con plena garantía de la independencia de los jueces, y en su caso, sancionar a los responsables.

6. Que la Corte resalta que, el Estado está obligado a investigar toda situación en la que pudieran haberse violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Dicha obligación de investigar, como las de prevenir y sancionar, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple formalidad.

7. Que en particular Guatemala está obligada en todo caso a tomar medidas para garantizar la vida y la integridad personal de aquellas personas cuyos derechos pudieren estar amenazados.

. . . .

DECIDE:

. . . .

2. Requerir al Gobierno de la República de Guatemala:

a. Que mantenga las medidas provisionales en favor de Blanca Margarita Valiente de Similox, Vitalino Similox, Sotero Similox, María Francisca Ventura Sican, Lucio Martínez, Maximiliano Solís, Bartolo Solís, Julio Solís Hernández, María Magdalena Sunún González, Héctor Solís, José Solís, Gregoria Gómez, Juan García, Eliseo Calel y Víctor Tuctuc.

b. Que, como elemento esencial del deber de protección, tome medidas eficaces para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos.

. . . .

Corte I.D.H., Caso Serech y Saquic, Resolución de 28 de junio de 1996, Serie E No. 1, visto párrs. 4-6, considerando párrs. 4-7, resuelve párr.2.

CONSIDERANDO:

. . . .

4. Que en el presente caso, que se encuentra sometido al conocimiento de este Tribunal, la Comisión Interamericana pide que la Corte solicite a Perú, como medidas provisionales, "que deje sin efecto el aislamiento celular y la incomunicación que le impuso a María Elena Loayza Tamayo el día 9 de abril de 1996 y que la restituya al pabellón ?A'".

5. Que el Gobierno sostuvo en su escrito de 15 de mayo de 1996 que con base en el Decreto Ley 25.475 María Elena Loayza Tamayo, "sentenciada o condenada" a 20 años de pena privativa de libertad "por la comisión del delito de Terrorismo en agravio del Estado", debe cumplir su pena "en un centro de reclusión de máxima seguridad, con aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención y, luego con trabajo obligatorio por el tiempo que dure la reclusión hasta que se produzca su excarcelación". El Gobierno afirma además, que "[n]o es verdad por consiguiente lo que sostiene la Honorable Comisión. . . . que se han agravado sin justificación, las condiciones de detención de la persona de María Elena Loayza Tamayo".

6. Que el Gobierno en el informe de 24 de junio de 1996 señala también que María Elena Loayza Tamayo recibe en forma permanente la visita de sus familiares directos y abogados conforme lo estipula la legislación vigente en el Perú, no ajustándose a la verdad que estuviese recluída en una celda diferente (de menor dimensión) a las que utilizan las demás internas... [y] no se encuentra en peligro su integridad física, psíquica y moral...

. . . .

8. Que la afirmación de la Comisión en su petición de medidas provisionales de 30 de mayo de 1996 en el sentido de que María Elena Loayza Tamayo permanece "recluida en una celda extremadamente pequeña durante veintitrés horas y media (23 1/2) cada día, durante un año" no ha sido objetada por el Gobierno.

9. Que de los informes presentados por las partes, la Corte encuentra dificultad para determinar la situación precisa del régimen carcelario aplicado a la señora María Elena Loayza Tamayo, por lo que resulta necesario mantener las medidas tomadas por el Presidente, que tienen por objeto preservar su integridad física, psíquica y moral.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

habida cuenta del artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 24 y 45 del Reglamento,

DECIDE:

. . . .

2. Reiterar al Gobierno de la República del Perú que tome en favor de la señora María Elena Loayza Tamayo, aquellas medidas provisionales indispensables para salvaguardar eficazmente su integridad física, psíquica y moral.

. . . .

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Resolución de 2 de julio de 1996, Serie E No. 1, considerando párrs. 4-6 y 8-9, resuelve párr.2.

CONSIDERANDO:

Que, según ha manifestado el señor Martínez Morales a esta Corte, el Estado ha tomado medidas efectivas para asegurar su protección y la de su familia en su casa de habitación. Sin embargo, los beneficiarios de las medidas provisionales adoptadas por la Corte en este caso no cuentan con protección fuera de su casa de habitación.

POR TANTO

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

en ejercido de las atribuciones que le otorga el artículo 29 de su Reglamento,

DECIDE:

. . . .

2. Requerir al Estado de Guatemala que amplíe las medidas adoptadas para que sean ofrecidas a los señores Justo Victoriano Martínez Morales, Floridalma Rosalina López Molina, Víctor Hansel Morales López, Edgar Ibal Martínez López y Sylvia Patricia Martínez López tanto cuando permanecen en su casa de habitación como cuando se trasladan fuera de ella.

Corte I.D.H., Caso Blake, Resolución de 18 de abril de 1997, considerando párrafo único y decide párr. 2.

CONSIDERANDO:

. . . .

3. Que la Corte ha examinado los hechos y las circunstancias que fundamentaron las resoluciones del Presidente de 22 de junio y 14 de agosto de 1997, las cuales confirma por encontrarlas ajustadas a derecho y al mérito de los autos.

4. Que Colombia ha tomado una serie de medidas para proteger a José Daniel Alvarez, Nidia Linores Ascanio, Gladys López, Yanette Bautista, María Helena Saldarriaga, Piedad Martín, María Eugenia López, Adriana Diosa, Astrid Manrique, Faride Ascanio, Carmen Barrera, Evidalia Chacón, José Publio Bautista, Nelly María Ascanio, Ayda Mile Ascanio, Miriam Rosas Ascanio, Erik Antonio Arellano Bautista y Javier Alvarez.

5. Que al examinar los argumentos de la Comisión y de Colombia, se aprecia la buena fe y los esfuerzos del Estado para atender las necesidades de los peticionarios, en el cumplimiento de las medidas urgentes dictadas por el Presidente, lo cual esta Corte reconoce. No obstante lo anterior, aún se mantiene la situación de riesgo respecto de esas personas, hecho reconocido por el Estado durante la audiencia pública.

6. Esta Corte considera necesario que la situación que atraviesan los miembros de ASFADDES, justifica la adopción de medidas provisionales. En tal sentido, Colombia tiene la obligación de mantener las medidas ordenadas por el Presidente para garantizar la vida y la integridad personal de aquellas personas cuyos derechos pudieren estar amenazados; así como de investigar los hechos denunciados y, en su caso, sancionar a los responsables. Dicha obligación de investigar, como la de prevenir y sancionar, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple formalidad.

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25.1 y 25.2 de su Reglamento

RESUELVE:

  1. Ratificar las resoluciones del Presidente de la Corte Interamericana de 22 de julio y 14 de agosto de 1997.
  2. Requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas necesarias por un plazo de seis meses a partir de la presente resolución, para proteger la vida e integridad personal de José Daniel Alvarez, Nidia Linores Ascanio, Gladys López, Yanette Bautista, María Helena Saldarriaga, Piedad Martín, María Eugenia López, Adriana Diosa, Astrid Manrique, Faride Ascanio, Carmen Barrera, Evidalia Chacón, José Publio Bautista, Nelly María Ascanio, Ayda Mile Ascanio, Miriam Rosas Ascanio y Javier Alvarez para evitarles daños irreparables. Vencido el plazo la Corte evaluará la situación de las personas protegidas.
  3. Requerir al Estado de Colombia que, tan pronto como el señor Erik Antonio Arellano Bautista regrese a su territorio, adopte cuantas medidas sean necesarias para proteger su vida e integridad personal.
  4. Requerir al Estado de Colombia que investigue los hechos denunciados y sancione a los responsables de los mismos, particularmente en cuanto al atentado ocurrido el 24 de junio de 1997 en las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) en la ciudad de Medellín.
  5. Requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas necesarias para asegurar que todas las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) puedan desarrollar sus funciones sin peligro a la vida o integridad personal de quienes trabajan para ella, especialmente en las oficinas de la Asociación en las ciudades de Medellín y Ocaña.

Corte I.D.H., Caso Alvarez y Otros, Resolución de 11 de noviembre de 1997, considerando párrs. 3-6 y resuelve párrs. 1-5.