Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 62

62.0.1. general
62.0.2. diferencias con la competencia consultiva
62.1.1. "[t]odo Estado parte . . . ."
62.2.1. declaraci�n reconociendo la competencia de la Corte para casos espec�ficos
62.3.1. "[l]a Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretaci�n y aplicaci�n . . . de esta Convenci�n . . . ."
62.3.1.1. general
62.3.1.2. competencia ratione materiae
62.3.1.2.1. sobre incompatibilidad de leyes
62.3.1.2.2. noci�n de v�ctima
62.3.1.3. competencia ratione temporis
62.3.1.4. competencia de la Corte para reservarse el conocimiento de un caso
62.3.1.5. competencia ex officio
62.3.1.6. competencia de la Corte para determinar su competencia
62.3.1.7. competencia de la Corte para conocer in toto lo actuado y decidido por la Comisi�n
62.3.1.8. competencia de la Corte para conocer del desistimiento de la demanda


1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

62.0.1. general

28. Antes de entrar a considerar cada una de las excepciones, la Corte debe precisar el ámbito de la jurisdicción que posee con respecto al presente caso. La Comisión sostuvo en la audiencia que, como la Corte no es un tribunal de apelación respecto de lo actuado por ella, tiene una jurisdicción limitada que le impide revisar todo cuanto se refiere al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de una petición dirigida a la Comisión, o de las normas procesales aplicables a las distintas etapas que deben cumplirse en el trámite de un caso ante ella.

29. Ese planteamiento no se adecúa a la Convención, en cuyos términos la Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, está facultada para decidir "sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de (la) Convención" (art. 62.1). Son esas las atribuciones que aceptan los Estados que se someten a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Los términos amplios en que está redactada la Convención indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente, para decidir si se ha producido una violación a alguno de los derechos y libertades reconocidos por la Convención y para adoptar las disposiciones apropiadas derivadas de semejante situación; pero lo es igualmente para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para verificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que esté envuelta la "interpretación o aplicación de (la) Convención". En el ejercicio de esas atribuciones la Corte no está vinculada con lo que previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciación. Obviamente la Corte no actúa, con respecto a la Comisión, en un procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Su jurisdicción plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la Comisión, resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia. En este sentido, al tiempo que se asegura una más completa protección judicial de los derechos humanos reconocidos por la Convención, se garantiza a los Estados Partes que han aceptado la competencia de la Corte, el estricto respeto de sus normas.

30. La Corte entiende que la interpretación de todas las normas de la Convención relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisión para que "la Corte pueda conocer de cualquier caso" (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protección internacional de los derechos humanos que constituye la razón misma de la existencia de la Convención y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos. Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo "su efecto útil". Es plenamente aplicable aquí lo que ha dicho la Corte de La Haya.

Considerando que, en caso de duda, las cláusulas de un compromiso por el cual un diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus términos, de manera que se permita a dichas cláusulas desplegar su efecto útil (Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, pág. 13).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 28-30.

Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 33-35.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 31-33.

62.0.2. diferencias con la competencia consultiva

23. La eventual oposición entre los fines de la competencia consultiva y los de la competencia contenciosa de los tribunales internacionales ha sido objeto de frecuente polémica. En el ámbito del derecho internacional general, han sido normalmente los Estados los que han manifestado sus reservas, y hasta su oposición, frente al ejercicio de la función consultiva en ciertos casos concretos, por ver en ella una fórmula para evadir el principio según el cual todo procedimiento judicial, referente a una cuestión jurídica pendiente entre Estados, exige el consentimiento de éstos. En las últimas situaciones en que se ha producido la referida oposición a la emisión de la opinión consultiva solicitada conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, con distintos razonamientos, ha decidido absolver, pese a todo, la consulta requerida. (Cf. Interpretation of Peace Treaties, 1950 I.C.J. 65; South-West Africa, International Status of, 1950 I.C.J. 128; Certain Expenses of the United Nations, 1962 I.C.J. 151; Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 1971 I.C.J. 16).

24. En el ámbito de los derechos humanos se presentan otros problemas de naturaleza particular. Como los tratados concernientes a esta materia están orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano, se ha planteado el temor de que la función consultiva pueda debilitar la contenciosa o, peor aún, pueda servir para desvirtuar los fines de ésta o alterar, en perjuicio de la víctima, el funcionamiento del sistema de protección previsto por la Convención. En este sentido, se ha planteado la preocupación por la eventualidad de que, en detrimento del cabal funcionamiento de los mecanismos dispuestos por el Pacto de San José y del interés de la víctima, pueda acudirse a la instancia consultiva con el deliberado propósito de trastornar el trámite de un caso pendiente ante la Comisión, "sin aceptar la jurisdicción litigiosa de la Corte y asumir la obligación correspondiente, que es el cumplimiento de la decisión" (Dunshee de Abranches, Carlos: "La Corte Interamericana de Derechos Humanos", en La Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1980), pág. 117).

25. La función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención. Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. Es obvio que toda solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte.

Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A No. 1, párrs. 18-31.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, párr. 36.

20. El punto de si una objeción al ejercicio de la competencia de la Corte debe acumularse con el fondo o considerarse separadamente como una cuestión preliminar podría presentarse dentro del contexto de casos contenciosos o de opiniones consultivas.

21. En materia contenciosa el ejercicio de la competencia de la Corte depende normalmente de una cuestión previa y fundamental, como es el consentimiento de los Estados para someterse a su jurisdicción. Si ese consentimiento ha sido otorgado, los Estados que participan en el proceso toman técnicamente el carácter de partes en el mismo y se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte (artículo 68.1 de la Convención). En cambio, mientras no exista tal consentimiento, la jurisdicción de la Corte no podrá ejercerse, de modo que carece de sentido examinar los asuntos de fondo que determinan la controversia sin antes haber establecido si las partes involucradas han aceptado o no su jurisdicción.

22. Ninguna de estas consideraciones está presente en los procedimientos consultivos. No hay partes pues no hay demandados ni actores; ningún Estado es requerido a defenderse contra cargos formales, ya que el procedimiento no los contempla, ninguna sanción judicial está prevista ni puede ser decretada. A lo único que el procedimiento está destinado es a facilitar a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre una disposición de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.

23. Como se demuestra en esta misma opinión (ver párrafo no. 31 y siguientes, infra), no hay nada en la Convención que sirva para fundamentar la extensión de los requisitos para el ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte al ejercicio de su función consultiva. Es muy claro, más bien, que el ejercicio de la competencia consultiva de la Corte está sometido a sus propios prerrequisitos, que se refieren a la identidad y a la legitimación reconocidas a los entes con derecho a solicitar una opinión, es decir, a los Estados Miembros y los órganos de la OEA, éstos últimos, "en lo que les compete". De ahí que las razones que justifican que la Corte resuelva en un procedimiento separado y preliminar las objeciones a su competencia en materia contenciosa no están presentes, en general, cuando se le ha solicitado emitir una opinión consultiva.

24. La Corte reconoce, desde luego, que el interés de un Estado puede ser afectado de una manera o de otra por una interpretación dada en una opinión consultiva. Por ejemplo, una opinión consultiva puede debilitar o fortalecer la posición legal de un Estado en una controversia actual o futura. No obstante, los intereses legítimos de un Estado en el resultado de una opinión consultiva están adecuadamente protegidos por la oportunidad que se le da en el Reglamento de participar plenamente en estos procedimientos y de hacerle saber a la Corte sus puntos de vista sobre las normas legales que van a ser interpretadas así como cualquier objeción de pudiere tener (artículo 52 del Reglamento).

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, párrs. 20-24.

31. La Convención hace clara distinción entre dos tipos de procedimiento: los casos contenciosos y las opiniones consultivas. Aquéllos se rigen por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención; éstas por el artículo 64. Esta distinción se refleja igualmente en la disposición del artículo 2 del Estatuto de la Corte, que reza:

Artículo 2. Competencia y Funciones

La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva:

  1. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención.
  2. Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención.

32. En un procedimiento contencioso, la Corte debe no sólo interpretar las normas aplicables, establecer la veracidad de los hechos denunciados y decidir si los mismos pueden ser considerados como una violación de la Convención imputable a un Estado Parte, sino también, si fuera del caso, disponer "que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados" (artículo 63.1 de la Convención), en el entendido de que los Estados Partes en este proceso están sujetos a cumplir obligatoriamente el fallo de la Corte (artículo 68.1 de la Convención). En cambio, en materia consultiva, la Corte no está llamada a resolver cuestiones de hecho para verificar su existencia sino a emitir su opinión sobre la interpretación de una norma jurídica. La Corte, en este ámbito, cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones "no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa". (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte ( art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no. 51; cf. Interpretation of Peace Treaties, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, pág. 65).

33. Las disposiciones aplicables a los casos contenciosos difieren en forma muy significativa de las provisiones del artículo 64 que regula las opiniones consultivas. Es así como, por ejemplo, el artículo 61.2 habla de "caso" y señala que "para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50" (destacado nuestro). Estos procedimientos corresponden exclusivamente a "toda petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención" (artículo 48.1). La expresión "caso" se utiliza en su sentido técnico, para describir un caso contencioso tal como lo define la Convención, es decir, una controversia que se inicia como consecuencia de una denuncia según la cual un Estado Parte ha violado los derechos humanos garantizados por la Convención, sea que dicha denuncia provenga de un particular (artículo 44) o de un Estado Parte (artículo 45).

34. El mismo uso técnico de la palabra "caso" volvemos a encontrarlo a propósito de la iniciativa procesal ante la Corte, que contrasta con las provisiones contenidas en la Convención respecto de la misma materia en el ámbito consultivo. En efecto, el artículo 61.1 dispone que "sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte". En cambio no sólo los "Estados Partes y la Comisión" sino también todos los "Estados Miembros de la Organización" y los "órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos" pueden solicitar opiniones consultivas a la Corte (artículo 64.1 de la Convención). Por otro lado, un nuevo contraste se evidencia en relación con la materia a ser considerada por la Corte, pues mientras el artículo 62.1 se refiere a "los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención", el artículo 64 dispone que las opiniones consultivas podrán versar sobre la interpretación no sólo de la Convención, sino de "otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos". Resulta, pues, evidente que se trata de materias distintas, por lo que no existe razón alguna para hacer extensivos los requisitos contenidos en los artículos 61, 62 y 63 a la función consultiva regulada por el artículo 64.

35. El artículo 62.3 de la Convención -la disposición que según Guatemala debería aplicarse en esta hipótesis- establece lo siguiente:

La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial (destacado nuestro).

Resulta imposible leer esta disposición sin llegar a la conclusión de que, al igual que en el artículo 61, se está utilizando la palabra "caso" en su sentido técnico.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, párrs. 31-35.

43. La función consultiva que confiere a la Corte el artículo 64 de la Convención es única en el derecho internacional contemporáneo. Como la Corte ya lo ha expresado en anterior oportunidad, ni la Corte Internacional de Justicia ni la Corte Europea de Derechos Humanos han sido investidas con la amplia función consultiva que la Convención ha otorgado a la Corte Interamericana (Otros tratados, supra 32, párrs. nos. 15 y 16). Cabe aquí, simplemente, poner énfasis en el hecho de que la Convención, al permitir a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA solicitar opiniones consultivas, crea un sistema paralelo al del artículo 62 y ofrece un método judicial alterno de carácter consultivo, destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso. Sería, por lo tanto, contradictorio con el objeto y fin de la Convención y con las disposiciones pertinentes de ésta, adoptar una interpretación que sometería el artículo 64 a los requisitos exigidos por el artículo 62 en cuanto a competencia, restándole así la utilidad que se le quiso dar, por el solo hecho de que pueda existir una controversia sobre la disposición implicada en la consulta.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, párr. 43.

Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 21.

11. Por consiguiente, la determinación de la incompatibilidad de una ley interna con la Convención no es prerrogativa exclusiva del ejercicio de la competencia consultiva de la Corte. La diferencia reside en que, en el ejercicio de la competencia consultiva (artículo 64 (2) de la Convención), la Corte puede emitir opiniones sobre la incompatibilidad o no de una ley interna (e inclusive de un proyecto de ley) con la Convención in abstracto, mientras que, en el ejercicio de la competencia contenciosa, la Corte puede determinar, a solicitud de una parte, la incompatibilidad o no de una ley interna con la Convención en las circunstancias del caso concreto. La Convención Americana efectivamente autoriza a la Corte, en el ejercicio de su competencia contenciosa, a determinar si una ley, impugnada por la parte demandante, y que por su propia existencia afecta los derechos protegidos, es o no contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte tiene la competencia ratione materiae, y debía, pues, haber procedido a esta determinación y a la fijación de sus consecuencias jurídicas.

Voto Disidente del Juez Antonio Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párr. 11.

25. La competencia consultiva de la Corte difiere de su competencia contenciosa en que no existen "partes" involucradas en el procedimiento consultivo, y no existe tampoco un litigio a resolver. El único propósito de la función consultiva es "la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos". El hecho de que la competencia consultiva de la Corte pueda ser promovida por todos los Estados Miembros de la O.E.A. y órganos principales de ésta establece otra distinción entre las competencias consultiva y contenciosa de la Corte.

26. Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y no litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificada a todos los "Estados Miembros", los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma. Además, aún cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del procedimiento.

27. Finalmente, debe advertirse que, aún en casos contenciosos sometidos ante la Corte en los cuales el Estado demandado puede ser objeto de decisiones vinculantes, la facultad discrecional de retener el conocimiento de un caso reside en la Corte, aún cuando la parte demandante le notifique su intención de desistir del mismo, pues el principio que guía al Tribunal es su responsabilidad de proteger los derechos humanos (cf. artículos 27.1, 52.1 y 54 del Reglamento). Por analogía, también tiene la facultad de continuar con el conocimiento de una opinión consultiva (art. 63.1 del Reglamento).

Corte I.D.H., Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, párrs. 25-27.

62.1.1. "[t]odo Estado parte . . . ."

62.2.1. declaración reconociendo la competencia de la Corte para casos específicos

23. La Corte entiende que la aceptación de competencia que Nicaragua formuló expresamente para este caso es independiente de la declaración que con carácter general presentó el 12 de febrero de 1991, fecha del depósito de su declaración ante el Secretario General de la OEA. En los términos del artículo 62 los Estados pueden declarar que aceptan la competencia de la. Corte "sobre todos los casos" "o para casos específicos" "relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención".

24. Nicaragua ha hecho ambas declaraciones bajo condición, en un caso excluyendo los hechos anteriores o los hechos cuyo principio de ejecución sea anterior al 12 de febrero de 1991 y, en el otro, limitándola "única y exclusivamente [a] los precisos términos" que aparecen "bajo el acápite objeto de la demanda" de la Comisión (supra 2).

25. La Corte no considera necesario pronunciarse aquí sobre los efectos que tiene la existencia de dos aceptaciones de competencia. En el "objeto de la demanda" de la Comisión no aparecen, en principio, peticiones que tengan que ver con la violación del derecho a la vida o a la integridad personal de la víctima, hechos anteriores a la aceptación de competencia de Nicaragua. En consecuencia, la Corte se limitará a resolver, llegado el caso, sobre tal objeto - y no podría hacerlo fuera de él so pena de incurrir en decisión ultra petita-. Al actuar en esa forma, no incurrirá en falta de competencia pues Nicaragua ha aceptado expresamente que la tiene sobre tal "objeto".

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 23-25.

62.3.1. "[l]a Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación . . . de esta Convención . . . ."

62.3.1.1. general

27. [L]la cuestión de saber si se han cumplido o no los requisitos de admisibilidad de una denuncia o queja ante la Comisión es un tema que concierne a la interpretación o aplicación de la Convención, en concreto de sus artículos 46 y 47, y, en consecuencia, ratione materiae, competencia de la Corte.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 27.

28. Una de las particularidades del presente asunto . . . es que la Corte no puede entrar a conocerlo en su estado actual a pesar de estar reunidos, en abstracto, los requisitos para su competencia. En efecto, se trata de un caso que involucra la interpretación y aplicación de la Convención, especialmente de sus artículos 4 y 5, y, en consecuencia, ratione materiae, competencia de la Corte. El caso ha sido propuesto por un Estado Parte, con lo que se cumple el requisito del artículo 61.1 de la Convención. Y por último, se trataría de establecer si ha habido o no una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, imputable a un Estado que ha reconocido de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte. La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento. En tal virtud, y siguiendo el espíritu de lo dispuesto por el artículo 42.3 de su Reglamento, la Corte está en condiciones de reservarse el conocimiento del caso una vez que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 28.

7. También en relación con el cumplimiento de los presupuestos procesales determinantes de la admisibilidad de la gestión del Gobierno de Costa Rica y, por ende, de la legitimación de la Corte para conocerlo en su estado actual, coincido con la opinión de la mayoría en el sentido de que el agotamiento de las vías internas es una condición de procedibilidad, por principio renunciable, así como con la decisión de no resolver en concreto sobre la admisibilidad de la renuncia de Costa Rica en el presente caso, en virtud de la inadmisión que en el fallo se declara, a fin de que la Comisión pueda pronunciarse sobre ella en primer lugar.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 7.

33. En primer lugar, consideró la Corte, en relación con su jurisdicción, que "se trataría de establecer si ha habido o no una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, imputable a un Estado (Parte)" (Ibid., párr. No. 28); lo cual a mí me permitió aclarar de una vez que la gestión planteada por el Gobierno de Costa Rica "requiere claramente de la Corte el ejercicio de su JURISDICCION CONTENCIOSA; jurisdicción que, a mi juicio, la Convención organiza y regula como ordinaria, dándole un evidente carácter sancionador o de condena, al modo de la jurisdicción penal" (Ibid., mi Voto Razonado, párr. No. 4), susceptible, como tal, de desembocar en una eventual sentencia estimatoria, en los términos del artículo 63.1 de la misma Convención.

34. También el Tribunal reconoció de modo expreso su competencia para conocer del caso, competencia resultante: a) de que "se trata de un caso que involucra la interpretación y aplicación de la Convención, especialmente en sus artículos 4 y 5, y, en consecuencia, ratione materiae, competencia de la Corte" (Ibid., párr. No. 28); b) de que ese caso podría implicar una "violación de los derechos consagrados en la Convención, imputable a un Estado (Parte) que ha reconocido de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte" (Ibid.); c) de que "el caso ha sido propuesto por un Estado Parte, con lo que se cumple el requisito del artículo 61.1 de la Convención" (Ibid.). A lo segundo, me permití aclarar expresamente que "esa eventual violación podría ser, prima facie, imputable al Estado costarricense, en virtud de que se atribuye a un agente de su autoridad, que al parecer se encontraba de servicio, utilizando los medios jurídicos y materiales del cargo (arma, acceso a la celda de las víctimas, etc.)", recalcando además que "las violaciones de derechos humanos imputables a las autoridades públicas, en ejercicio o con ocasión de su cargo, o utilizando los medios jurídicos o materiales del mismo, son per se imputables al Estado, con independencia de la responsabilidad que subjetivamente le quepa por el dolo o culpa de sus autoridades supremas" (Ibid., Voto Salvado, párr. No. 5).

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 33-34.

62.3.1.2. competencia ratione materiae

41. La segunda excepción preliminar se apoya en la incompetencia de esta Corte por razón de la materia, pues Guatemala considera que los hechos en que se fundamenta la demanda no constituyen violación de ninguno de los derechos humanos y libertades reconocidos por la Convención Americana, en virtud de que configuran un ilícito penal de orden común que no puede ser imputable al Estado, ya que no puede presumirse que las Patrullas de Autodefensa Civil sean agentes del Estado de Guatemala, de manera que si los miembros de dichas Patrullas cometen actos delictivos, su responsabilidad es directa e individual.

42. Por su parte, la Comisión afirma que dicha excepción se refiere al fondo de la cuestión planteada, ya que la determinación sobre si los hechos alegados constituyen violaciones a la Convención tendrá sustento y fundamento en la prueba que aporten las partes.

43. La Corte considera que esta segunda excepción no es preliminar sino más bien una cuestión efectivamente vinculada al fondo de la controversia. Para establecer si las Patrullas de Autodefensa Civil deben o no considerarse como agentes del Estado y por tanto, si los hechos que señala la Comisión Interamericana pueden ser imputables a dicho Estado, o por el contrario, sean delitos comunes, será necesario examinar el fondo de la controversia y analizar las pruebas aportadas por las partes. En tal virtud, esta excepción debe desecharse por improcedente.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párrs. 41-43.

17. La única excepción preliminar hecha valer por Guatemala consiste, esencialmente, en la falta de competencia de esta Corte para conocer en una "cuarta instancia" de la sentencia dictada por la Corte Suprema de ese país el 21 de julio de 1993, que confirmó el fallo del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Estado de Guatemala de 26 de diciembre de 1991, mediante el cual se absolvió a los acusados de la muerte de las personas señaladas como víctimas por la Comisión, con sentencia de último grado que adquirió la autoridad de cosa juzgada.

18. Esta Corte considera que la demanda presentada por la Comisión Interamericana no pretende la revisión del fallo de la Corte Suprema de Guatemala sino que solicita que se declare que el Estado violó varios preceptos de la Convención Americana por la muerte de las citadas personas, que atribuye a miembros de la policía de ese Estado y que por lo tanto existe responsabilidad de éste.

19. Por lo tanto, y como lo afirma la Comisión al contestar el escrito de excepciones preliminares, se trata de una cuestión que corresponde al fondo de este asunto, y, por ello, la Corte considera que la excepción no es preliminar sino más bien cuestión efectivamente vinculada al fondo de la controversia.

20. En consecuencia la Corte considera que debe desestimarse dicha excepción preliminar por improcedente.

Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de septiembre de 1997, párrs. 17-19.

35. Una vez que la Corte ha precisado los hechos probados que considera relevantes, debe estudiar los alegatos de la Comisión Interamericana y del Estado con el objeto de determinar la responsabilidad internacional de éste ultimo por la supuesta violación de la Convención Americana.

36. La Corte estima necesario examinar en forma previa una manifestación hecha por el Estado en su escrito de contestación de la demanda, en el sentido de que el señor Suárez Rosero fue procesado al haber sido acusado de "delitos graves que atentan contra la niñez, juventud y en general contra toda la población ecuatoriana". El Estado solicitó que, por lo expuesto en su escrito, se rechazara la demanda y se ordenara su archivo, más aún cuando queda fehacientemente demostrado que el señor Iván Rafael (sic) Suárez Rosero ha participado como encubridor en un delito tan grave como es el narcotráfico, que atenta no solamente contra la paz y seguridad del Estado sino, particular y especialmente, contra la salud de su pueblo.

El Estado reiteró dicha solicitud en su escrito de alegatos finales.

37. Sobre la alegación del Estado antes señalada, la Corte considera pertinente aclarar que el presente proceso no se refiere a la inocencia o culpabilidad del señor Suárez Rosero de los delitos que le ha imputado la justicia ecuatoriana. El deber de adoptar una decisión respecto de estos asuntos recae exclusivamente en los tribunales internos del Ecuador, pues esta Corte no es un tribunal penal ante el cual se pueda discutir la responsabilidad de un individuo por la comisión de delitos. Por tanto, la Corte considera que la inocencia o culpabilidad del señor Suárez Rosero es materia ajena al fondo del presente caso. Por lo expuesto, la Corte declara que la solicitud del Estado es improcedente y determinará las consecuencias jurídicas de los hechos que ha tenido por demostrados.

Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 35-37.

62.3.1.2.1. sobre incompatibilidad de leyes

40. Otro es el tratamiento que el mismo problema tendría ante la Corte. En efecto, en ejercicio de su competencia consultiva y en aplicación del artículo 64.2, la Corte puede referirse a la eventual violación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos por una norma interna o meramente a la compatibilidad entre esos instrumentos. Pero, en cambio, si se trata de su jurisdicción contenciosa, el análisis hay que hacerlo de otra manera.

41. Es conveniente señalar, en primer lugar, que una ley que entra en vigor no necesariamente afecta la esfera jurídica de personas determinadas. Puede suceder que esté sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicación por Funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola vigencia de la misma. A estas últimas normas y a falta de mejor denominación, la Corte las llamará leyes de aplicación inmediata en el curso de esta opinión.

42. En el caso de que la ley no sea de aplicación inmediata y no haya sido aún aplicada a un caso concreto, la Comisión no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisión de la ley. La ley que no es de aplicación inmediata es mera facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, per se, violación de los derechos humanos.

43. En el caso de las leyes de aplicación inmediata, tal como han sido definidas anteriormente, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. Así una norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.

. . . .

49. La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención. Como antes se dijo, la Comisión sí podría hacerlo y en esa forma daría cumplimiento a su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. También podría hacerlo la Corte en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la Convención.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, párrs. 40-43 y 49.

47. La cuarta excepción la fundamenta el Gobierno en que la petición de la Comisión para que se declare que la vigencia de los Decretos 591 y 600 es incompatible con el objeto y fin de la Convención, constituye una solicitud de opinión consultiva que, según el artículo 64.2, sólo podría ser solicitada por el Gobierno, que carece de los requisitos exigidos por el Reglamento y no puede ser acumulada a un caso contencioso.

48. La Comisión ha alegado que es competente y que tiene la responsabilidad de velar por el respeto de la Convención; que Nicaragua está obligada a ajustar su legislación a la Convención y que el artículo 64.2 de ésta no es la única manera de examinar la compatibilidad entre ambas.

49. En ocasión anterior esta Corte ha dicho que "[s]on muchas las maneras como un Estado puede violar... la Convención... También, por supuesto, distando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención" y que la Comisión, por su función de promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos, tiene "facultad para dictaminar que una norma de derecho interno, como cualquier otro hecho, puede ser violatoria de la Convención..." (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra 40, párrs. 26 y 37). Sin embargo, en el presente caso, la compatibilidad en abstracto, tal como lo ha planteado la Comisión en el "objeto de la demanda", de los referidos decretos con la Convención, tiene que ver con la competencia consultiva de la Corte (art. 64.2) y no con la contenciosa (art. 62.3).

50. La competencia contenciosa de la Corte no tiene por objeto la revisión de las legislaciones nacionales en abstracto, sino que es ejercida para resolver casos concretos en que se alegue que un acto del Estado, ejecutado contra personas determinadas, es contrario a la Convención. La Corte, al conocer del fondo del asunto, tendrá que examinar si la conducta del Gobierno se ajustó o no a la Convención, pues, como ya ha dicho: "tendría que considerar y resolver si el acto que se imputa al Estado constituye una violación de los derechos y libertades protegidos por la Convención, independientemente de que esté o no de acuerdo con la legislación interna del Estado..." (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos,) Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 48).

51. De acuerdo con lo anterior, esta excepción presentada por el Gobierno es admisible únicamente respecto a la petición de la Comisión sobre compatibilidad en abstracto entre los Decretos 591 y 600 y la Convención, pero la competencia de la Corte respecto de los otros aspectos de la demanda queda inalterable en virtud de que esta cuestión es independiente de las restantes peticiones de la Comisión. Sin embargo, esta Corte se reserva la facultad de examinar en el fondo del asunto los efectos de la aplicación de los citados Decretos en relación con los derechos humanos protegidos por la Convención e involucrados en este caso.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 47-51.

52. En su escrito mencionado de 3 de noviembre de 1995 la Comisión solicitó la reforma del Código de Justicia Militar, específicamente el artículo 54.2 y .3, así como de los reglamentos e instrucciones castrenses en tanto y en cuanto sean incompatibles con la Convención. Dicho artículo dispone en su parte conducente que: "[s]on atribuciones del Presidente de la República, como funcionario de justicia militar: ... 2. Ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados, cuando así lo estime conveniente a los intereses de la Nación. 3. Ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo juzgue conveniente, en cualquier estado de la causa".

. . . .

54. En su escrito de 3 de enero de 1996, también citado anteriormente, el Estado alegó que la petición de la Comisión no guardaba relación con los hechos ni con la responsabilidad del Estado por estimar que la restitución supone el restablecimiento de la situación al estado anterior a los hechos que dieron lugar a la responsabilidad. Expresó que "[n]ada de lo solicitado por la Comisión a este propósito puede representar una restitución en el sentido apuntado. El Código de Justicia militar no es, por sí mismo incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

. . . .

57. Por su parte, el Estado alega que los artículos impugnados del Código de Justicia Militar no han sido aplicados en el presente caso y son sólo una habilitación al Presidente de la República; que la satisfacción a las víctimas se consuma por el reconocimiento de responsabilidad por Venezuela y que las reparaciones no patrimoniales no están de acuerdo con la jurisprudencia internacional en general ni con la de esta Corte en particular.

58. En relación con lo anterior, la Corte considera que, efectivamente, el artículo 54 del citado Código que concede al Presidente de la República la facultad de ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados cuando lo estime conveniente a los intereses de la Nación y ordenar el sobreseimiento de los juicios militares en cualquier estado de la causa, no ha sido aplicado en el presente caso. Las autoridades militares iniciaron y siguieron un proceso contra los responsables del caso El Amparo y el Presidente de la República nunca ordenó que no se siguiera proceso ni que se sobreseyera.

59. En la Opinión Consultiva OC-14/94 esta Corte dispuso:

La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención. Como antes se dijo, la Comisión si podría hacerlo y en esa forma daría cumplimiento a su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. También podría hacerlo la Corte en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la Convención (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 49).

60. La Corte, de acuerdo con lo expresado en la Opinión Consultiva citada, se abstiene de pronunciarse en abstracto sobre la compatibilidad del Código de Justicia Militar de Venezuela y sus reglamentos e instrucciones con la Convención Americana, y por lo tanto no cabe ordenar al Estado de Venezuela la reforma solicitada por la Comisión.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 52, 54, y 57-60.

2. El señalamiento por la Corte de que lo dispuesto en el artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar "no ha sido aplicado en el presente caso" (párrafo 58), no la priva de su competencia para proceder a la determinación de la incompatibilidad o no de aquellas disposiciones legales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En mi entendimiento, la propia existencia de una disposición legal puede per se crear una situación que afecta directamente los derechos protegidos por la Convención Americana. Una ley puede ciertamente violar estos derechos en razón de su propia existencia, y, en la ausencia de una medida de aplicación o ejecución, por la amenaza real a la(s) persona(s), representada por la situación creada por dicha ley.

3. No me parece necesario esperar la ocurrencia de un daño (material o moral) para que una ley pueda ser impugnada; puede serlo sin que ésto represente un examen o determinación in abstracto de su incompatibilidad con la Convención. Si fuera necesario aguardar la aplicación efectiva de una ley ocasionando un daño, no habría como sostener el deber de prevención. Una ley puede, por su propia existencia y en la ausencia de medidas de ejecución, afectar los derechos protegidos en la medida en que, por ejemplo, por su vigencia priva a las víctimas o a sus familiares de un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, independientes e imparciales, así como de las garantías judiciales plenas (en los términos de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana).

4. Al abstenerse de pronunciarse sobre la materia, la Corte dejó de proceder, como le competía, al examen o determinación de la incompatibilidad de la vigencia del artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar de Venezuela con los deberes generales consagrados en la Convención Americana de garantizar los derechos en ella reconocidos (artículo 1) y de adoptar disposiciones de derecho interno (medidas legislativas o de otro carácter) que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos (artículo 2). Considero a la Corte plenamente habilitada a pronunciarse sobre este punto específico, aun ante la invocada no aplicación de las referidas disposiciones del Código de Justicia Militar en el cas d'espèce.

5. Fue necesario esperar muchos años para que se admitiera la posibilidad de plantear la cuestión de la incompatibilidad de medidas legislativas y prácticas administrativas con las obligaciones convencionales internacionales en materia de derechos humanos, en el contexto de casos concretos . La jurisprudencia internacional en el presente dominio, en los planos tanto regional como global, ha evolucionado a punto de admitir hoy día que un individuo puede, bajo determinadas condiciones, reivindicar ser víctima de una violación de derechos humanos perpetrada por la simple existencia de medidas permitidas por la legislación, sin que hayan sido a él aplicadas . Puede efectivamente hacerlo ante el simple riesgo de ser directamente afectado por una ley, ante la amenaza continua representada por el mantenimiento en vigor de la legislación impugnada . Se reconoce actualmente que un individuo puede efectivamente impugnar una ley que todavía no ha sido aplicada en su perjuicio, bastando para ésto que dicha ley sea aplicable en forma tal que el riesgo o amenaza que él sufra sus efectos sea real, sea algo más que una simple posibilidad teórica.

6. Un entendimiento en contrario minaría el deber de prevención, consagrado en la jurisprudencia de ésta Corte. Se ha precisado el amplio alcance de tal deber, el cual abarca todas las medidas, legislativas y administrativas y otras, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las violaciones de éstos sean efectivamente tratadas como hechos ilícitos acarreando sanciones para sus responsables. La reparación, como concepto genérico, abarca también estos elementos, además de las indemnizaciones debidas a las víctimas. La reparación plena, que en el presente contexto se configura como la reacción del ordenamiento jurídico de protección a los hechos violatorios de los derechos garantizados, tiene un amplio alcance. Incluye, a la par de la restitutio in integrum (restablecimiento de la situación anterior de la víctima, siempre que sea posible) y las indemnizaciones (a la luz del principio general del neminem laedere), la rehabilitación, la satisfacción y - significativamente - la garantía de no repetición de los hechos violatorios (el deber de prevención).

7. A partir del momento en que se constatan violaciones de los derechos humanos protegidos, el examen de la incompatibilidad de disposiciones legales de derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos deja, a mi modo de ver, de ser una cuestión abstracta. Una ley puede per se configurarse incompatible con la Convención en la medida en que, por ejemplo, inhiba el ejercicio de los derechos protegidos, aún en la ausencia de una medida de aplicación. Una ley puede per se revelarse incompatible con la Convención en la medida en que, por ejemplo, no imponga límites precisos al poder discrecional atribuido a las autoridades públicas de interferir en el ejercicio de los derechos protegidos. Una ley puede per se mostrarse incompatible con la Convención en la medida en que, por ejemplo, dificulte las investigaciones en curso, u ocasione obstrucciones en el proceso judicial, o conlleve a la impunidad de los responsables por las violaciones de los derechos humanos.

8. El cuestionamiento de la compatibilidad con la Convención de la vigencia de una ley que per se crea una situación legal que afecta los derechos humanos protegidos es una cuestión concreta. En mi entendimiento, es la existencia de víctimas la que provee el criterio decisivo para distinguir el examen simplemente in abstracto de una disposición legal, de la determinación de la incompatibilidad de dicha disposición con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de un caso concreto, como el de El Amparo. La existencia de víctimas torna jurídicamente inconsecuente la distinción entre la ley y su aplicación, en el contexto del caso concreto.

9. En la presente Sentencia sobre reparaciones, la decisión de la Corte de abstenerse de pronunciarse sobre la incompatibilidad de la vigencia del artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar de Venezuela con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (punto resolutivo n. 5) busca fundamentarse (párrafos 59-60) en un obiter dictum de su Opinión Consultiva (sobre la Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación Violatorias de la Convención, OC-14/94), del 09 de diciembre de 1994, según el cual "no existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención". La Corte deja de responder a la cuestión previa si una ley, por su propia existencia, afecta, o puede afectar, los derechos protegidos por la Convención.

10. Un órgano de protección internacional de los derechos humanos no debe, a mi juicio, partir de la premisa de que una ley, por su propia existencia, "no ha afectado aún" los derechos protegidos, debiéndose por lo tanto aguardar medidas de ejecución que acarreen la ocurrencia de un daño. No debe hacerlo aún más cuando toda la evolución del ordenamiento jurídico de protección se orienta y se inclina hoy en día claramente en otro sentido. La decisión de la Corte sobre este punto específico, basada en el referido obiter dictum de su Opinión Consultiva OC-14/94, colide, a mi modo de ver, con la letra y el espíritu del artículo 62 (1) y (3) de la Convención Americana, en virtud del cual la competencia contenciosa de la Corte se extiende a todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención. Estas últimas incluyen los deberes de los Estados Partes de garantizar los derechos reconocidos y de adecuar su derecho interno a la normativa de la Convención para tornar efectivos tales derechos.

11. Por consiguiente, la determinación de la incompatibilidad de una ley interna con la Convención no es prerrogativa exclusiva del ejercicio de la competencia consultiva de la Corte. La diferencia reside en que, en el ejercicio de la competencia consultiva (artículo 64 (2) de la Convención), la Corte puede emitir opiniones sobre la incompatibilidad o no de una ley interna (e inclusive de un proyecto de ley) con la Convención in abstracto, mientras que, en el ejercicio de la competencia contenciosa, la Corte puede determinar, a solicitud de una parte, la incompatibilidad o no de una ley interna con la Convención en las circunstancias del caso concreto. La Convención Americana efectivamente autoriza a la Corte, en el ejercicio de su competencia contenciosa, a determiner si una ley, impugnada por la parte demandante, y que por su propia existencia afecta los derechos protegidos, es o no contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte tiene la competencia ratione materiae, y debía, pues, haber procedido a esta determinación y a la fijación de sus consecuencias jurídicas.

Voto Disidente del Juez Antonio Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, párrs. 2-11.

82. Frente a los argumentos planteados por la Comisión y el Gobierno con respecto a los decretos Nos. 591 y 600, la Corte, en su sentencia de 2 de enero de 1995 sobre excepciones preliminares en este asunto, estableció que no podía examinar en abstracto la compatibilidad de los citados decretos con la Convención Americana, pero se reservó la facultad de analizar, al conocer del fondo de este caso, los efectos de su aplicación en relación con los derechos humanos protegidos por la Convención (Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, supra 4, párr. 51).

83. Del análisis de los autos, la Corte ha determinado (supra 52) que es evidente que los decretos Nos. 591 y 600 en lo que se refiere al enjuiciamiento militar en Nicaragua fueron aplicados en este caso, por lo que cabe analizar la conformidad de las disposiciones aplicadas con los preceptos de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párrs. 82-83.

91. En relación con el incumplimiento por parte del Gobierno del artículo 2 de la Convención Americana por la aplicación de los decretos Nos 591 y 600, esta Corte manifestó que la jurisdicción militar no viola per se la Convención (supra 84) y con respecto a la alegada aplicación de algunas de las disposiciones de dichos decretos que pudieren ser contrarias a la Convención, ya se determinó que en el presente caso no fueron aplicadas (supra 72). En consecuencia, la Corte no emite pronunciamiento sobre la compatibilidad de estos artículos con la Convención ya que proceder en otra forma constituiría un análisis en abstracto y fuera de las funciones de esta Corte.

92. Cabe señalar, además, que la Asamblea Legislativa de Nicaragua ha expedido la Ley No. 181 que contiene el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, de 23 de agosto de 1994, publicada el 2 de septiembre de 1994 que modificó varias de las disposiciones de los decretos citados. Esa ley no ha sido aplicada en el presente caso y, en consecuencia, la Corte se abstiene de examinarla.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párrs. 91-92.

  1. [L]amento no encontrar elementos de convicción que me permitan, tras un reexamen de los autos del proceso, acompañar la mayoría de la Corte, en la presente Resolución, en su conclusión de que lo dispuesto en el artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar de Venezuela efectivamente no fue aplicado en el caso El Amparo, reiterando así lo señalado en los párrafos 57- 58 de la mencionada Sentencia de Reparaciones.
  2. La conclusión de la Corte de que no fueron aplicadas aquéllas disposiciones de la legislación militar venezolana en el cas d'espèce, en su juicio la privaría, a fortiori, de proceder a la determinación de la incompatibilidad o no del citado artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Reitero mi disidencia de la mayoría de la Corte en este particular. Paso a exponer los fundamentos de mi posición disidente sobre la materia, en cuanto a los hechos y en cuanto al derecho.

. . . .

3. Como señala la propia Corte en la presente Resolución, el Juez Militar y Mayor del Ejército Ricardo Pérez Gutiérrez actuó efectivamente como juez de primera instancia en el caso El Amparo (párrafo 2 de los consideranda). Es cierto, como agrega la Corte a continuación, que, después de la separación del cargo de dicho juez militar y de la anulación de sus decisiones, el proceso continuó "en forma normal". Pero también es cierto, como relata la demanda de la Comisión ante la Corte (del 15 de enero de 1994, página 11), igualmente recordada por la Corte (mismo párrafo), que el Director de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República informó a los abogados de los sobrevivientes en el caso El Amparo, el 16 de febrero de 1990, que el Presidente de la República, "en su carácter de funcionario de justicia militar", y "conforme a lo estipulado" en el artículo 54 (2) del Código de Justicia Militar, "ordenó la no apertura de averiguación sumarial" en contra del Juez Militar y Mayor del Ejército Ricardo Pérez Gutiérrez.

4. En su contestación a la demanda (del 01 de agosto de 1994), afirmó el Estado demandado, "respecto de los hechos a que hace referencia la demanda (páginas 2 a 11)", que "el Gobierno de la República de Venezuela no los contiende ni expresa objeciones de fondo" (página 3), lo que reiteró en su nota del 11 de enero de 1995. En virtud de ésto, la Corte, en su Sentencia sobre el fondo del 18 de enero de 1995 en el presente caso El Amparo, dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Venezuela, afirmó que había "cesado la controversia en cuanto a los hechos" que dieron origen al presente caso El Amparo (párrafos 19-21).

5. En su Sentencia de Reparaciones en el caso El Amparo, del 14 de septiembre de 1996, la Corte precisó el efecto jurídico del allanamiento por parte del Estado demandado: "Venezuela reconoció su responsabilidad en este caso, lo que significa que se tienen por ciertos los hechos expuestos en la demanda de 14 de enero de 1994, siendo éste el sentido de la Sentencia dictada por la Corte el 18 de enero de 1995" (párrafo 13). Entre tales hechos figura la aplicación, por el Presidente de la República (Carlos Andrés Pérez), del artículo 54 (2) del Código de Justicia Militar, al ordenar la no apertura de la investigación del Juez Militar Mayor Ricardo Pérez Gutiérrez, que se había desempeñado como juez de primera instancia en el caso de la masacre en El Amparo.

6. Esto, a mi modo de ver, bastaría para que la Corte reconsiderara la conclusión a que llegó en la determinación de los hechos en el presente caso. Más que todo me preocupa, como advertí en mi Voto Disidente (El Amparo, Reparaciones, Sentencia del 14.09.1996), que no se reconozca que la propia existencia - y aplicabilidad - de una disposición legal (invocada en un caso contencioso en medio a la existencia de víctimas de violaciones de derechos humanos) pueda per se crear una situación que afecta directamente los derechos protegidos por la Convención Americana, en la medida en que, por ejemplo, inhiba el ejercicio de los derechos protegidos al dejar de imponer límites precisos al poder discrecional atribuido a las autoridades públicas de interferir en el ejercicio de las garantías judiciales plenas (artículos 8 y 25 de la Convención). Aunque la referida facultad discrecional del artículo 54 (2) y (3) no hubiera sido aplicada en el caso, su sola aplicabilidad sería, a mi modo de ver, suficiente para que la Corte procediera a determinar su incompatibilidad o no con la Convención Americana.

7. La principal consecuencia directa de la decisión de la Corte en la presente Resolución, de mantener su anterior determinación de los hechos en el caso El Amparo, reside, de conformidad con la posición por ella ya tomada (Sentencia de Reparaciones), en su supuesta imposibilidad de proceder, en tales circunstancias, a la determinación de la incompatibilidad o no de disposiciones de una legislación militar nacional con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto porque, según su criterio, sólo podría hacerlo después que esta ley hubiera sido efectivamente aplicada en el caso concreto.

8 Así siendo, me veo en la obligación de también sostener mi disidencia sobre dicha autolimitación de la Corte. . . .

. . . .

12. Tal como la veo, la Corte se encuentra hoy en una encrucijada, en lo que se refiere al punto planteado en el presente caso El Amparo: o sigue insistiendo, en relación con las leyes nacionales de los Estados Partes en la Convención Americana, en la ocurrencia de un daño resultante de su efectiva aplicación, como conditio sine qua non para determinar la incompatibilidad o no de aquellas leyes con la Convención (como ha sostenido también en el reciente caso Genie Lacayo, relativo a Nicaragua, Sentencia sobre el fondo, del 29 de enero de 1997), o decide proceder a dicha determinación, y de sus consecuencias jurídicas, a partir de la propia existencia y aplicabilidad de las leyes nacionales (impugnadas en un caso concreto de violaciones de derechos humanos), y a la luz del deber de prevención que incumbe a los Estados Partes en la Convención Americana. Esta última es la tesis que sostengo, con base en las consideraciones expuestas en mis Votos Disidentes en los casos El Amparo (Reparaciones, Sentencia del 14 de septiembre de 1996) y Caballero Delgado y Santana (Reparaciones, Sentencia del 29 de enero de 1997), que aquí retomo.

13. Temo que la primera tesis, seguida últimamente por la Corte, en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, pueda haber estado conllevando a la impunidad de los responsables materiales e intelectuales, así como de los encubridores, de actos violatorios de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Esta última, a la par de otros tratados de derechos humanos, fueron concebidos y adoptados con base en la premisa de que los ordenamientos jurídicos internos deben armonizarse con las disposiciones convencionales, y no viceversa.

14. En definitivo no se puede legítimamente esperar que dichas disposiciones convencionales se "adapten" o se subordinen a las soluciones de derecho constitucional o de derecho público interno, que varían de país a país, y aún menos a ordenamientos particularmente circunscritos, y de aplicación por definición especial o limitada, como lo son las legislaciones militares y relativas a los fueros militares. La Convención Americana, además de otros tratados de derechos humanos, buscan, a contrario sensu, tener en el derecho interno de los Estados Partes el efecto de perfeccionarlo, para maximizar la protección de los derechos consagrados, acarreando, en este propósito, siempre que necesario, la revisión o revocación de leyes nacionales - particularmente las de excepción - que no se conformen con sus estándares de protección.

. . . .

15. Mas allá de las obligaciones consignadas en la Convención Americana, y otros tratados de derechos humanos, es en el derecho de la responsabilidad internacional del Estado que encontraremos las bases conceptuales del deber de prevención, ya afirmado por ésta Corte (supra). Una corriente de pensamiento, propia de la tradición grociana del derecho internacional, identifica en la falta por parte del Estado la base o fuente de su responsabilidad internacional. Esta tesis tiene raíces en el elemento subjetivo de la culpa del derecho romano, elemento este que de ahí fue rescatado por autores clásicos como Gentili y Grotius para extenderlo a actos u omisiones por parte de los propios soberanos y Estados. Esta tesis venerable me parece, data venta, incapaz de explicar la emergencia del deber de prevención en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de nuestros días.

16. En contrapartida, una corriente de pensamiento históricamente más reciente, identifica la base o fuente de la propia responsabilidad internacional del Estado en el elemento objetivo del riesgo (absolute liability/ responsabilité absolue). Es esta la tesis que me parece capaz de fundamentar conceptualmente el deber de prevención o de debida diligencia por parte de los Estados, para evitar violaciones de los derechos humanos tanto por actos como por omisiones a ellos imputables.

17. Es esta, a mi modo de ver, la tesis que mejor atiende al interés común y superior de los Estados Partes en tratados de derechos humanos de salvaguardar tales derechos, y la que mejor refleja el carácter objetivo de las obligaciones convencionales de protección por ellos contraídas. Es la tesis que, si aceptada ampliamente en el presente dominio de protección, podrá estrechar los lazos de solidaridad entre los Estados y dentro de los mismos, tendientes a maximizar la observancia de los derechos humanos. Cabe desarrollar su considerable potencial de aplicación.

18. No me parece así haber duda de que, tanto un acto como una omisión, por parte de cualquier de los poderes del Estado - el Poder Legislativo no haciendo excepción, - puede generar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos convencionalmente consagrados, sin necesidad de la búsqueda de un elemento subjetivo adicional de falta (culpa), y de la calificación de aquel acto u omisión. La responsabilidad del Estado es, en este sentido, absoluta.

19. Es perfectamerte posible incursionar en el dominio del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, para identificar las bases conceptuales del deber de prevención de violaciones de derechos humanos. Más que posible, puede hacerse necesario. Esto porque tales violaciones constituyen igualmente violaciones de la obligación de protección - consagrada en tratados, - impuesta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y porque la responsabilidad internacional del Estado por dichas violaciones se rige a un tiempo por las normas de los tratados de derechos humanos como los principios generales del derecho internacional.

20. En efecto, no hay como excluir la posibilidad de que una determinada cuestión o aspecto no esté suficiente o claramente reglamentado por las disposiciones de un tratado de derechos humanos, tornando necesario, por consiguiente, en el proceso de interpretación y aplicación del mismo, acudir a los principios generales del derecho internacional. Esto en nada afecta la tesis de la especificidad y autonomía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por cuanto las distintas áreas del Derecho se muestran frecuentemente en contacto unas con las otras (v g., derecho procesal civil o penal y derecho constitucional y administrativo, derecho constitucional y derecho internacional), prevaleciendo, al final, la unidad de la solución jurídica.

21. En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación internacional, independientemente de la verificación de falta o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes del poder público, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos). Se puede, así, ciertamente llegar a la configuración de la responsabilidad objetiva o "absoluta" del Estado a partir de la violación de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protección de los derechos humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevención.

. . . .

22. Un Estado puede, por consiguiente, tener su responsabilidad internacional comprometida, a mi modo de ver, por la simple aprobación y promulgación de una ley en desarmonía con sus obligaciones constitucionales internacionales de protección, o por la no-adecuación de su derecho interno para asegurar el fiel cumplimiento de tales obligaciones, o por la no-adopción de la legislación necesaria para dar cumplimiento a estas últimas. Es llegado el tiempo de dar precisión al alcance de las obligaciones legislativas de los Estados Partes en tratados de derechos humanos. El tempus commisi delicti es, en mi entendimiento, el de la aprobación y promulgación de una ley que, per se, por su propia existencia, y su aplicabilidad, afecta los derechos humanos protegidos (en el contexto de un determinado caso concreto, ante la existencia de víctimas de violaciones de los derechos protegidos), sin que sea necesario esperar por la aplicación subsiguiente de esta ley, generando un daño adicional.

23. El Estado en cuestión debe remediar prontamente tal situación, pues, si no lo hace, puede

configurarse una "situación continuada" violatoria de los derechos humanos (denunciada en un caso concreto). Es perfectamente posible concebir una "situación legislativa" contraria a las obligaciones internacionales de un determinado Estado (v.g, manteniendo una legislación contraria a las obligaciones convencionales de protección de los derechos humanos, o no adoptando la legislación requerida para dar efecto a tales obligaciones en el derecho interno). En este caso, el tempus commisi delicti se extendería de modo a cubrir todo el período en que las leyes nacionales permanecieron en conflicto con las obligaciones convencionales internacionales de protección, acarreando la obligación adicional de reparar los sucesivos daños resultantes de tal "situación continuada" durante todo el período en aprecio.

24. Es la responsabilidad objetiva o "absoluta", a partir del elemento del riesgo, y no la subjetiva, buscando identificar la falta o la culpa, que provee la base del deber de prevención de violaciones de los derechos humanos. La posición me parece clarísima respecto de las obligaciones legislativas de los Estados Partes en tratados de derechos humanos que, a ejemplo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1 (1) y 2), consagran expresamente, a la par de las obligaciones específicas en relación con cada uno de los derechos protegidos, los deberes generales de asegurar el respeto de tales derechos y de armonizar el ordenamiento jurídico interno con la normativa internacional de protección. La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o "absoluta", teniendo presentes conjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los artículos 1 (1) y 2 de la Convención Americana.

25. En efecto, es sumamente difícil verificar una presunta actitud o falla psicológica de la compleja máquina estatal contemporánea. Cómo, - para evocar un oportuno ejemplo citado por un lúcido tratadista ya en mediados de los años cincuenta, -determinar la mens rea de un parlamentar nacional al aprobar una legislación en desarmonía con un tratado anteriormente vigente? O al dejar vigente e inalterada dicha legislación en desarmonía con un tratado posteriormente ratificado? Sería virtualmente imposible hacerlo (i.e, determinar que actuó de forma culpable), - razón por la cual es la tesis de la responsabilidad objetiva la que provee la base conceptual del deber de prevención, cuyo incumplimiento, a su vez, fundamenta la pronta imputación al Estado en cuestión de los delitos de acción u omisión legislativa por parte de sus órganos.

26. No hay como dejar de admitir que el incumplimiento de una obligación internacional, y la consecuente responsabilidad por ésto, puedan configurarse - para evocar un ejemplo citado por otro eximio jurista, - por la sola conducta de un Estado cuyo Poder Legislativo deja de tomar providencias que, por medio de un tratado, se comprometiera a tomar. No hay necesidad de tener en cuenta el llamado elemento del "daño" - resultante de la aplicación subsiguiente de una ley - para determinar la configuración de un acto - u omisión - internacionalmente ilícito y per se violatorio de los derechos humanos.

27. La tesis de la responsabilidad objetiva enfatiza correctamente el elemento de la diligencia debida por parte del Estado, del control que debe éste ejercer sobre todos sus órganos y agentes para evitar que, por acción u omisión, se violen los derechos humanos consagrados. Así siendo, es ésta la tesis que, a mi modo de ver, más contribuye a asegurar la efectividad (effet utile) de un tratado de derechos humanos. Es la tesis que mejor sirve la realización del objeto y propósito de los tratados de derechos humanos y la determinación de la configuración o del surgimiento de la responsabilidad internacional de los Estados Partes, a la luz de las obligaciones convencionales de protección consagradas en dichos tratados y de los principios generales del derecho internacional. No veo como condicionar la determinación del incumplimiento de las obligaciones convencionales de protección a una eventual constatación del elemento subjetivo de la falta o culpa de los Estados Partes, o de la ocurrencia de un daño subsiguiente.

28. Las obligaciones generales bajo los artículos 1 (1) y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su vez, convalidan, a mi modo de ver, la tesis de la responsabilidad objetiva de los Estados Partes. Hay que relacionar las obligaciones específicas atinentes a cada uno de los

derechos protegidos por la Convención, no solamente con el deber general de garantizarlos (artículo 1 (1)) como ha hecho la Corte desde los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, pero igualmente con el otro deber general de adoptar medidas de derecho interno (artículo 2) para compatibilizarlo con las normas internacionales de protección.

29. La interpretación seguida por la Corte en casos contenciosos recientes (El Amparo, Caballero Delgado y Santana, Genie Lacayo) se basa, a mi modo de ver, en una autolimitación, para mi incomprensible, del alcance de sus propias facultades de protección. Nada hay en la Convención Americana, ni tampoco en el Estatuto o Reglamento de la Corte, que determine que dicha autolimitación sea la única interpretación posible del alcance de sus facultades a la luz de los instrumentos jurídicos que rigen su funcionamiento. Todo al contrario, la interpretación que firmemente sostengo, autorizada por el Estatuto y el Reglamento de la Corte, es la que me parece mejor reflejar la letra y el espíritu de la Convención Americana.

30. En la medida en que gradualmente se consolide la noción de obligaciones erga omnes en relación con los derechos humanos, se tornará cada vez más claro que no es necesario esperar por la ocurrencia de un daño (material o moral), subsiguiente a la violación original de un derecho protegido, por medio de la aplicación de una ley. Ésto porque la violación original, o sea, el incumplimiento de una obligación convencional atinente a cualquier de los derechos protegidos, acarrea per se e ipso facto la configuración o el surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado.

31. De ese modo, en el cas d'espèce, aunque el artículo 54 (2) y (3) del Código de Justicia Militar de Venezuela no hubiera sido aplicado en el caso El Amparo, su propia vigencia y aplicabilidad afectan los derechos protegidos, en razón del alcance del poder discrecional atribuído al Presidente de la República de, como "funcionario de justicia militar", interferir en el ejercicio de las garantías judiciales plenas. El Gobierno de Venezuela, además de haber tomado la iniciativa positiva del reconocimiento de responsabilidad en el caso El Amparo, dio otra muestra de buena disposición en un dado momento del transcurso del proceso, al expresamente señalar, en la contestación a la demanda (del 01.08.1994), su "disposición de continuar y concluir el proceso de revisión del Código de Justicia Militar y del artículo 54, incisos 2 y 3, en particular" (página 13).

32. En razón de todo lo anterior, entiendo que la Corte debería haber incluído la revisión de aquellas disposiciones de la referida legislación militar venezolana entre las medidas de reparación debidas a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en El Amparo. Considero las medidas de reparación no pecuniaria mucho más importantes de lo que parece la Corte suponer.

Voto Disidente del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resolución de 16 de abril de 1997, párrs. 1-8 y 12-32.

10. Me permito referirme a los criterios que, a mi modo de ver, requieren revisión. En primer lugar, la tesis de la necesidad de la previa aplicación de una ley para la determinación de su compatibilidad o no con la Convención Americana sobre Derechos Humanos es llevada en Genie Lacayo a un extremo, al distinguir la Corte disposiciones aplicadas y disposiciones presumiblemente no aplicadas de los decretos ns. 591 y 600 (de 1980), como se desprende de una comparación entre los párrafos 83 y 91 (y también 92) de la Sentencia del fondo. Con ésto, la Corte se autolimita a punto de imposibilitar a sí misma de pronunciarse sobre las obligaciones legislativas del Estado demandado. Mi entendimiento es al contrario, en el sentido de que la existencia misma de una ley legitima a las víctimas de violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana a requerir su compatibilización con las disposiciones de la Convención, y la Corte está obligada a pronunciarse sobre la cuestión, sin tener que esperar por la ocurrencia de un daño adicional por la aplicación continuada de dicha ley.

Voto Disidente del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párr. 10.

93. La Comisión solicitó en su demanda que la Corte declare que el artículo sin numeración que está incluido después del artículo 114 del Código Penal ecuatoriano (en adelante "artículo 114 bis") viola "el derecho a la protección legal" establecido en el artículo 2 de la Convención. De acuerdo con la Comisión, es obligación de los Estados organizar su aparato judicial para garantizar el "libre y pleno ejercicio de los derechos ahí establecidos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción".

94. En su escrito de alegatos finales el Ecuador manifestó haber

iniciado los trámites pertinentes con el objeto de armonizar dicha ley con su Constitución Política, ya que esta es la Ley Suprema a la cual están supeditadas las demás normas y disposiciones de menor jerarquía.

95. El artículo 114 bis en estudio establece que

[l]as personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso.

De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso.

Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

96. El artículo 2 de la Convención determina que . . . .

97. Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convención no pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella (Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-14/94 de 16 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 36). Aunque las dos primeras disposiciones del artículo 114 bis del Código Penal ecuatoriano asignan a las personas detenidas el derecho de ser liberadas cuando existan las condiciones indicadas, el último párrafo del mismo artículo contiene una excepción a dicho derecho.

98. La Corte considera que esa excepción despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados En el caso concreto del señor Suárez Rosero esa norma ha sido aplicada y le ha producido un perjuicio indebido. La Corte hace notar, además, que, a su juicio, esa norma per se viola el artículo 2 de la Convención Americana, independientemente de que haya sido aplicada en el presente caso.

99. En conclusión, la Corte señala que la excepción contenida en el artículo 114 bis citado infringe el artículo 2 de la Convención por cuanto el Ecuador no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 93-99.

62.3.1.2.2. noción de víctima

45. La razón de que la Comisión no pueda someter a la Corte casos de leyes que no sean de aplicación inmediata y que aún no hayan sido aplicadas, es que, conforme al artículo 61.2 de la Convención, "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50" y para que esos procedimientos puedan ser iniciados es indispensable que la Comisión reciba una comunicación o petición que contenga una denuncia o queja de una violación concreta de derechos humanos respecto de individuos determinados.

46. La exigencia de que se trate de individuos determinados se desprende del artículo 46.1.b que exige que la petición o comunicación "sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva" y del artículo 46.2.b que no requiere el agotamiento de los recursos internos y exime de la exigencia del plazo mencionado cuando "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos..."

47. Lo expresado en los párrafos anteriores ha sido también sostenido por la Corte Europea de Derechos Humanos a partir de los casos Klass and others (Judgment of 6 September 1978, Series A no. 28); Marckx (Judgment of 13 June 1979, Series A no. 31) y Adolf (Judgment of 26 March 1982, Series A no. 49) al interpretar la palabra "víctima" que usa el artículo 25 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

48. Si el caso llegare a la Corte después de seguido el procedimiento indicado en los artículos pertinentes, ella tendría que considerar y resolver si el acto que se imputa al Estado constituye una violación de los derechos y libertades protegidos por la Convención, independientemente de que esté o no de acuerdo con la legislación interna del Estado y, en caso afirmativo, que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias del acto violatorio y se pague una indemnización.

49. La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención. Como antes se dijo, la Comisión sí podría hacerlo y en esa forma daría cumplimiento a su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. También podría hacerlo la Corte en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la Convención.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, párrs. 45-49.

62.3.1.3. competencia ratione temporis

21. La primera de las excepciones es la "[f]alta de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" que el Gobierno fundamenta en que Nicaragua aceptó la competencia de la Corte el 12 de febrero de 1991 "con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprenden solamente hechos posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta declaración ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos" y que los hechos a que se refiere la demanda ocurrieron el 28 de octubre de 1990, fecha anterior a la aceptación de la competencia, circunstancia esta por la cual la Corte no tendría jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61.1 y 61.2 de la Convención. El Gobierno aceptó "para este caso la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos única y exclusivamente en los precisos términos contenidos en la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el acápite Objeto de la demanda" pero mantuvo "la excepción de falta de jurisdicción en cuanto a hechos ocurridos antes del 12 de Febrero de 1991, diferentes a los que esta aceptación expresa se refiere".

22. La Comisión Interamericana solicitó rechazar esta excepción porque la muerte de Jean Paul Genie ocurrió el 28 de octubre de 1990; sin embargo, el objeto de la demanda no se contrae al hecho de la violación al derecho a la vida que tuvo lugar antes de la fecha de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte por parte de Nicaragua, sino a los hechos posteriores que han generado responsabilidad internacional al Estado por la violación a la protección y garantías judiciales, igualdad ante la ley, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en concordancia con la obligación de respetar y garantizar (art. 1.1) el pleno goce de los derechos consagrados en los artículos 2, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión estima que el retardo injustificado de la administración de justicia, la obstrucción del proceso judicial por agentes que actuaron bajo la cobertura de una función pública, y la aplicación de normas que son incompatibles con el objeto y fin de la Convención Americana, han ocurrido con posterioridad al 12 de febrero de 1991: se originaron el día en que se inició el proceso judicial, es decir el 23 de julio de 1991. En consecuencia, la Comisión considera que la Corte es competente para examinar la falta de diligencia en la investigación judicial, y sanción de los responsables.

En este orden de ideas, según la Comisión, la reserva de Nicaragua al aceptar la competencia de la Corte no la afecta para conocer del presente caso.

23. La Corte entiende que la aceptación de competencia que Nicaragua formuló expresamente para este caso es independiente de la declaración que con carácter general presentó el 12 de febrero de 1991, fecha del depósito de su declaración ante el Secretario General de la OEA. En los términos del artículo 62 los Estados pueden declarar que aceptan la competencia de la Corte "sobre todos los casos" "o para casos específicos" "relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención".

24. Nicaragua ha hecho ambas declaraciones bajo condición, en un caso excluyendo los hechos anteriores o los hechos cuyo principio de ejecución sea anterior al 12 de febrero de 1991 y, en el otro, limitándola "única y exclusivamente [a] los precisos términos" que aparecen "bajo el acápite objeto de la demanda" de la Comisión (supra 2).

25. La Corte no considera necesario pronunciarse aquí sobre los efectos que tiene la existencia de dos aceptaciones de competencia. En el "objeto de la demanda" de la Comisión no aparecen, en principio, peticiones que tengan que ver con la violación del derecho a la vida o a la integridad personal de la víctima, hechos anteriores a la aceptación de competencia de Nicaragua. En consecuencia, la Corte se limitará a resolver, llegado el caso, sobre tal objeto - y no podría hacerlo fuera de él so pena de incurrir en decisión ultra petita-. Al actuar en esa forma, no incurrirá en falta de competencia pues Nicaragua ha aceptado expresamente que la tiene sobre tal "objeto".

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 21-25.

44. El cuarto punto que alega el Gobierno en esta excepción preliminar es que existe una "[i]ncongruencia entre la conclusión prevista en el número 61 del Informe 2/93 de 10 de marzo de 1993 que se refiere a la violación del derecho a la vida de Jean Paul Genie Lacayo de que trata el artículo 4 de la Convención, y en cambio en la demanda prescinde de solicitar que la Corte se pronuncie sobre la presunta transgresión del artículo 4 de la Convención".

45. La Comisión, en su respuesta, dice que "la demanda de la Comisión está referida estrictamente a la violación de derechos vinculados a las garantías y protección judiciales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención y artículo 2 de la misma, todos ellos en concordancia con el artículo 1.1" y que "[e]n consecuencia, no existe..." incongruencia".

46. La Corte observa que en la conclusión 6.1 del Informe No. 2/93 del 10 de marzo de 1993 efectivamente se dice que el Gobierno es responsable de la violación del derecho a la vida y se cita el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención junto con los artículos 8 (Garantías Judiciales), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial). En la demanda se hace referencia sólo a estos tres últimos y se omite el 4. El Informe No. 2/93 de la Comisión es aquel al cual se refiere el artículo 50 de la Convención. Cae dentro de las atribuciones de la Comisión en su función "de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en virtud de lo que establece el artículo 41 de la Convención (cfr. Ciertas atribuciones de la Comisión, supra 40, párr. 23) que, por supuesto, incluye todos los derechos protegidos, y debe producirse aun cuando los Estados no hayan aceptado la competencia de la Corte. Su propósito es el de que el Estado involucrado adopte las recomendaciones que el Informe sugiere. Cuando la Comisión tomó la decisión de enviar el caso a la Corte, lo que hizo precisamente porque, en su opinión, tales recomendaciones no fueron adoptadas, suprimió la violación al artículo 4 porque estaba consciente de que los hechos relacionados con este precepto, por la fecha en que sucedieron, escapaban a la competencia de la Corte. Esto, en opinión de la Corte, no constituye incongruencia ni puede aceptarse como excepción preliminar.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 44-46.

33. La Corte estima que la privación de la libertad y la muerte del señor Blake se consumaron efectivamente en marzo de 1985, ésta última el 29 de ese mes según el acta de defunción, tal como lo sostiene Guatemala, y que estos hechos no pueden considerarse per se de carácter continuado, por lo que este Tribunal carece de competencia para decidir sobre la responsabilidad de dicho Gobierno respecto de estos hechos y sólo en este aspecto debe estimarse fundada la excepción preliminar de que se trata.

34. Por el contrario, por tratarse de una presunta desaparición forzada, las consecuencias de los mismos hechos se prolongaron hasta el 14 de junio de 1992, pues, según lo expresado por la Comisión en su demanda, existieron por parte de autoridades o agentes del Gobierno conductas posteriores, que en su concepto implican complicidad y ocultamiento de la detención y la muerte del señor Blake, ya que el fallecimiento de la víctima, no obstante que se conocía por parte de dichas autoridades o agentes, no se dio a conocer a sus familiares a pesar de sus gestiones constantes para descubrir su paradero e inclusive se produjeron intentos para desaparecer los restos. Además, la propia Comisión afirma que se realizaron otras violaciones a la Convención Americana relacionadas con estos acontecimientos.

35. Este Tribunal sostuvo en los primeros casos de desaparición de personas que le fueron sometidos que:

[l]a desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar... La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 155 y 158 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 163 y 166).

36. No existe ningún texto convencional actualmente en vigor sobre la figura de la desaparición forzada de personas, aplicable a los Estados Partes en la Convención. Sin embargo se deben tomar en consideración los textos de dos instrumentos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, de 18 de diciembre de 1992, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 9 de junio de 1994. A pesar de que esta última todavía no está en vigor, estos instrumentos recogen varios principios de derecho internacional sobre esta materia, instrumentos que se pueden invocar con fundamento en el artículo 29.d) de la Convención Americana. Según esta disposición, no se puede interpretar ninguno de los preceptos de dicha Convención en el sentido de "excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

37. En el artículo 17.1 de la citada Declaración de las Naciones Unidas se sostiene que:

Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

A su vez, el artículo III de la mencionada Convención Interamericana dispone:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

38. Además, en la legislación interna de Guatemala, el artículo 201 TER del Código Penal -reformado por Decreto No. 33-96 del Congreso de la República aprobado el 22 de mayo de 1996- dispone, en su parte pertinente, que el delito de desaparición forzada "se considera continuado en tanto no se libere a la victima".

39. Lo anterior significa que, de acuerdo con los mencionados principios de derecho internacional, recogidos también por la legislación guatemalteca, la desaparición forzada implica la violación de varios derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana, y que los efectos de estas infracciones, aún cuando algunas, como en este caso, se hubiesen consumado, pueden prolongarse de manera continua o permanente hasta el momento en que se establezca el destino o paradero de la víctima.

40. En virtud de lo anterior, como el destino o paradero del señor Blake no se conoció por los familiares de la víctima hasta el 14 de junio de 1992, es decir con posterioridad a la fecha en que Guatemala se sometió a la jurisdicción contenciosa de este Tribunal, la excepción preliminar que hizo valer el Gobierno debe considerarse infundada en cuanto a los efectos y conductas posteriores a dicho sometimiento. Por ello esta Corte tiene competencia para conocer de las posibles violaciones que impute la Comisión al propio Gobierno en cuanto a dichos efectos y conductas.

. . . .

46. Como la primera excepción preliminar es sólo parcialmente fundada y las otras dos improcedentes, debe continuarse con el conocimiento de este caso. Se excluyen de la competencia de la Corte la detención y la muerte de la víctima, pero conserva jurisdicción en cuanto a los efectos y conductas posteriores a la fecha en la cual Guatemala reconoció la competencia de la Corte.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párrs. 33-40 y 46.

8. La primera excepción preliminar de Guatemala se caracteriza, en mi entendimiento, como una excepción preliminar de competencia ratione temporis, formulada no como una condición de admisibilidad de la demanda, sino más bien como una condición del proceso, de la aplicación de la actividad jurisdiccional de la Corte. Como tal, no tiene el amplio alcance que pretende darle el Gobierno demandado de condicionar ratione temporis el propio sometimiento de todo el caso a la jurisdicción de la Corte, sino más bien el de excluir de la consideración de la Corte, por la limitación de su competencia ratione temporis, tan sólo los hechos ocurridos antes de la aceptación por Guatemala de la competencia de la Corte; subsiste, sin embargo, la denuncia de desaparición forzada en relación con derechos conexos, y en cuanto a los efectos y conductas subsiguientes a su instrumento de aceptación (depositado el 09 de marzo de 1987), en relación a los cuales la Corte retiene su jurisdicción.

9. La Corte recuerda (párrafo 35 de la Sentencia) su propia caracterización de la desaparición de personas, en los primeros casos de este género que le fueron sometidos en fines de los años ochenta, como una "violación múltiple y continuada de numerosos derechos" reconocidos en la Convención Americana; y oportunamente señala (párrafo 38 de la Sentencia) que el Código Penal guatemalteco vigente tipifica la desaparición forzada como delito continuado (artículo 201 ter reformado). Además, la noción de situación continuada (continuing situation/situation continue) cuenta igualmente con reconocimiento judicial por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, en decisiones sobre casos relativos a detención que remontan a los años sesenta.

10. Hay además que tener presente que, en este caso Blake, la Comisión, en efecto, no pide un pronunciamiento de la Corte sobre la violación del derecho a la vida en particular, o sobre la violación del derecho a no ser detenido arbitrariamente en particular; la demanda de la Comisión abarca las presuntas violaciones múltiples de derechos humanos involucradas en la desaparición continuada del Sr. Nicholas Chapman Blake, tomadas en conjunto. De ahí la importancia de la comprensión del presente caso de desaparición teniendo en mente la ineluctable interrelación entre determinados derechos humanos protegidos desvendada por un caso de esta naturaleza.

11. Permítome señalar, como una última reflexión, que, en casos de desaparición, como el presente, figuran, entre los derechos conexos, derechos fundamentales inderogables, lo que, a mi modo de ver, sitúa la prohibición de aquel delito en el dominio del jus cogens, de las normas imperativas del derecho internacional general. En nada sorprende que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 prohíba (artículo X) la invocación de cualquier justificación de aquel delito, aún en circunstancias excepcionales (v.g., estado o amenaza de guerra, o cualesquiera emergencias públicas).

12. Digo esto porque, a mi modo de ver, el énfasis de esta Sentencia de la Corte sobre excepciones preliminares debía recaer, no en la espada de Damócles del día 09 de marzo de 1987, fecha en que se sometió Guatemala a la jurisdicción de la Corte (que hay que aceptar como una limitación ratione temporis de competencia de ésta, dado el actual grado de evolución insuficiente de los preceptos del derecho de los tratados para la realización del propósito básico de protección eficaz de los derechos humanos), sino más bien en la naturaleza de las presuntas violaciones múltiples e interrelacionadas de derechos humanos protegidos, y prolongadas en el tiempo, de que se trata en el presente caso de desaparición.

13. Cuando, en relación con el artículo 62.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se llega, por la aplicación de los postulados rígidos del derecho de los tratados, a una situación como la presente, en que las cuestiones de la investigación de la detención y muerte de una persona, y de la punición de los responsables, terminan por ser devueltas a la jurisdicción interna, subsisten en el aire graves interrogantes, que revelan un serio desafío para el futuro. Toda la evolución, en las cinco últimas décadas, del derecho internacional de los derechos humanos, se ha erigido sobre el entendimiento o la premisa de que la protección de los derechos humanos, como derechos inherentes al ser humano, no se agota - no puede agotarse - en la acción del Estado.

14. Llama la atención que, en las circunstancias del presente caso, se haya tenido que resignarse al renvoi o abandono a la jurisdicción nacional de las cuestiones de la investigación de la detención y muerte de una persona, y de la punición de los responsables, después de haberse acudido a la jurisdicción internacional precisamente en razón de las carencias o insuficiencias de la jurisdicción nacional en este propósito. El gran reto que se vislumbra en el horizonte consiste, a mi modo de ver, en seguir avanzando resueltamente hacia la gradual humanización del derecho de los tratados (proceso ya iniciado con la emergencia del concepto de jus cogens), por persistir este capítulo del derecho internacional todavía fuertemente impregnado del voluntarismo estatal y de un peso indebido atribuido a las formas y manifestaciones del consentimiento.

15. Sólo me resta externar la esperanza de que, quizás con el gradual desarrollo de la conceptualización, y de una sólida construcción jurisprudencial, del delito de la desaparición forzada de personas - apenas recientemente definido en el derecho internacional de los derechos humanos, - ya no más sea posible en el futuro previsible compartimentalizar o introducir separaciones artificiales entre los múltiples elementos que lo componen; el día en que se llegue a este grado de evolución de la materia, habrá que desestimar por infundada cualquier excepción preliminar que implique en desvincular el examen de la detención y muerte de una persona de la consideración de presuntas violaciones adicionales y continuadas de derechos conexos.

Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párrs. 8-15.

62.3.1.4. competencia de la Corte para reservarse el conocimiento de un caso

28. . . . La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento. En tal virtud, y siguiendo el espíritu de lo dispuesto por el artículo 42.3 de su Reglamento, la Corte está en condiciones de reservarse el conocimiento del caso una vez que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 28.

12. La Corte se enfrenta ahora a un problema procesal fundamental: el de que ella misma, al negarse a admitir la petición del Gobierno de Costa Rica, no se limitó a rechazarla, remitiéndola o no a la Comisión, sino que, además, se reservó su conocimiento, resolviendo "retener(la) en su lista de asuntos pendientes, en espera del trámite ante la Comisión" (Decisión del 13 de noviembre de 1981, "Por tanto" párr. No. 3), decisión a la que dio el sentido expreso de "reservarse el conocimiento del caso una vez que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual" (Ibid, párr.No. 28). Si no fuera así, la simple inadmisión del caso por la Corte podría permitirle ahora suponer la ineficacia y prácticamente la inexistencia jurídicas de la introducción de la instancia por el Gobierno de Costa Rica ante ella, de manera que en este momento el caso no se distinguiera de cualquier otro planteado directamente ante la Comisión, que la Corte no puede conocer mientras no le sea sometido por la Comisión o por un Estado Parte (Costa Rica u otro), una vez agotados los procedimientos previos ante aquélla (arts. 61.1, 61.2 y 62 de la Convención).

13. Sin embargo, la reserva se hizo, y si ésta podría acaso interpretarse de diversas maneras, lo que no podría hacerse sería ignorarla y, por ende, darle a la Resolución de la Corte, que la formuló, el mismo sentido que si no la hubiera formulado. Dicho de otro modo: si la Corte hizo la reserva, ésta tiene que tener un sentido y un alcance, válidos, porque aquélla es el único juez de su propia legalidad, y eficaces, porque no es concebible que lo que ella resuelve no tenga aplicación. Sin embargo, el Voto de Mayoría no lo explica, ni lo intenta explicar, con lo que deja entender que lo ignora, y en esto estriba mi mayor disención.

. . . .

15. La Corte, en su Decisión del 13 de noviembre de 1981, claramente circunscribió la cuestión en ese entonces, a una de simple "procedibilidad", "admisibilidad" o "competencia para conocer el caso en su ?estado actual'". En este sentido, muy ilustrativamente dijo: "la inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento..." (Ibid., párr. No. 28). Por cierto que ésta fue también la razón fundamental para que la Corte se reservara su conocimiento, como se dijo (Ibid., in fine).

16. La Corte consideró concretamente dos requisitos de procedibilidad de la petición, sobre los cuales se produjo la renuncia del Gobierno de Costa Rica: uno, de carácter general: el requisito del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna, impuesto por el artículo 46.1.a) de la Convención, tanto para ante la Comisión, directamente, como para ante la propia Corte, indirectamente, requisito que tuvo por renunciable en general (Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. No. 26); el otro, el requisito del agotamiento previo de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención -procedimientos ante la Comisión-, establecido por el artículo 61.2 de la misma para acudir ante el Tribunal, que tuvo, en cambio, por necesario y, por ende, por irrenunciable (Ibid., párrs.Nos. 14, 20 y 25). Sólo que, al pronunciarse así sobre este último y rechazar el caso por su incumplimiento, de modo expreso omitió hacerlo formalmente sobre el primero, en vista de que, "como estamos en presencia de requisitos de admisibilidad de una queja o denuncia ante la Comisión, en principio corresponde a ésta pronunciarse en primer término" (Ibid., párr. No. 27).

17. Fue, pues, en relación con el requisito necesario e irrenunciable del procedimiento previo ante la Comisión, que la Corte se reservó el conocimiento del asunto, con lo cual estableció, a mi juicio con toda claridad y acierto, una simple "subordinación procesal", pero no una "subordinación material" ante la Comisión. Dicho de otra manera: es evidente que la Corte, al reconocer la importancia general y la necesidad procesal del procedimiento ante la Comisión, tuvo en mente, sí, la imposibilidad de soslayarlo o renunciarlo en su totalidad, pero también, al mismo tiempo, dos principios implícitos, pero inequívocos: uno, el de que esa necesidad procesal no convierte a la Comisión en un tribunal ni al procedimiento ante ella en una especie de "primera instancia" jurisdiccional; el otro, el de que la Comisión carece de potestades preclusivas de las jurisdiccionales de la Corte, que es el único tribunal del sistema de protección de los derechos humanos consagrado en la Convención. En este sentido, dijo por ejemplo "si posteriormente, en el debate judicial se plantea una controversia sobre si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad ante la Comisión, la Corte decidirá, acogiendo o no el criterio de la Comisión, que no le resulta vinculante del mismo modo que tampoco la vincula su informe final" (Ibid., párr. No. 27); lo cual no es otra cosa que afirmar el carácter "plenario" y "único" de la jurisdicción del Tribunal.

18. Así pues, la reserva de conocimiento declarada por la Corte significa, a mi juicio, que la petición del Gobierno de Costa Rica permanece vigente, con el efecto que la Resolución expresamente le dio, de "introducción de la instancia" ante el Tribunal, si bien "subordinada procesalmente", valga decir, suspendida pero presentada, detenida pero pendiente, latente pero viva, "en espera del trámite ante la Comisión" (Ibid., "Por tanto," párr. No. 3), de manera que, cumplido éste, aquélla recuperaría su vigencia como la acción eficaz y legítima necesaria para excitar la jurisdicción contenciosa de la Corte, conforme al artículo 61.1 de la Convención, y esta última debería simplemente retomar su conocimiento, aunque sólo fuera para declarar otra vez su inadmisión por otras causas.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 12-13 y 15-18.

27. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la cuestión central en el caso es la violación del derecho a la libertad del señor Maqueda y que ese derecho ha sido restituido mediante el acuerdo a que han llegado las partes, la Corte estima que éste no viola la letra y el espíritu de la Convención Americana. Aunque en la demanda de la Comisión presentada ante la Corte se citan otros derechos consagrados en la Convención, así como mecanismos y disposiciones de derecho interno, estos han sido planteados en relación con el derecho a la libertad. No obstante ello, la Corte, teniendo presente la responsabilidad que le incumbe de proteger los derechos humanos, se reserva la facultad de reabrir y continuar la tramitación del caso si hubiere en el futuro un cambio de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo.

Corte I.D.H., Caso Maqueda, Resolución de 17 de enero de 1995, párr. 27.

62.3.1.5. competencia ex officio

163. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1 de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud de un principio general de Derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente ("Lotus", Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, pág. 31 y Eur. Court H.R., Handyside Case, Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 41).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 163.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 172.

62.3.1.6. competencia de la Corte para determinar su competencia

33. La Corte es competente para conocer del presente caso. El Perú es Estado Parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y aceptó el 1 de enero de 1981 la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. Si bien el Gobierno interpone una excepción preliminar que llama la "incompetencia de la Corte", sus argumentos no cuestionan las facultades del tribunal para decidir las excepciones planteadas por el mismo Gobierno pues se refieren únicamente a la inadmisibilidad de la demanda presentada por la Comisión el 14 de febrero de 1992, materia ésta que se examina más adelante.

Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, párr. 33.

2. La Corte considera que tiene competencia, con su actual composición, para decidir sobre su integración en el caso Genie Lacayo, pues es siempre la misma Corte independientemente de los jueces que la formen.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 18 de mayo de 1995 (Artículo 54.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 2.

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una sola, independientemente de los jueces que la integran, y, como tal, con su actual composición es competente para decidir sobre su integración en el presente caso. Este punto se aclaró en la presente Resolución (punto resolutivo no. 1), tomada en atención a mi solicitud formal (transcrita en el párrafo 1) en el sentido de que así se procediera, como acaba de ocurrir.

Voto Disidente del Juez Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 18 de mayo de 1995 (Artículo 54.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 2.

62.3.1.7. competencia de la Corte para conocer in toto lo actuado y decidido por la Comisión

29. Ese planteamiento no se adecúa a la Convención, en cuyos términos la Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, está facultada para decidir "sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de (la) Convención" (art. 62.1). Son esas las atribuciones que aceptan los Estados que se someten a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Los términos amplios en que está redactada la Convención indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es competente, por consiguiente, para decidir si se ha producido una violación a alguno de los derechos y libertades reconocidos por la Convención y para adoptar las disposiciones apropiadas derivadas de semejante situación; pero lo es igualmente para juzgar sobre los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de conocer del caso y para verificar el cumplimiento de toda norma de procedimiento en la que esté envuelta la "interpretación o aplicación de (la) Convención". En el ejercicio de esas atribuciones la Corte no está vinculada con lo que previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciación. Obviamente la Corte no actúa, con respecto a la Comisión, en un procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Su jurisdicción plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la Comisión, resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia. En este sentido, al tiempo que se asegura una más completa protección judicial de los derechos humanos reconocidos por la Convención, se garantiza a los Estados Partes que han aceptado la competencia de la Corte, el estricto respeto de sus normas.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párr. 29.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párr. 34.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párr. 32.

39. Afirmó la Comisión durante el proceso, lo siguiente

[...] La Corte tiene poderes por su calidad jurisdiccional para formarse su propia apreciación sobre la legalidad del procedimiento y la verificación y alcance de los hechos efectuada por la Comisión (ver Artículo 62.3). En los casos en que la Corte concluya que el procedimiento ante la Comisión violó la Convención y/o los hechos no fueron válidamente establecidos, puede sin duda ordenar la rendición de prueba pertinente.

La Comisión respetuosamente sostiene ante la Corte, que los hechos en el presente caso fueron válidamente comprobados y que, por tanto, la apertura de un probatorio no es apropiada.

En su apoyo, la Comisión cita la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Stocké v. Germany, de la siguiente manera:

La Corte recuerda que bajo el sistema de la Convención [Europea], el establecimiento y verificación de los hechos es fundamentalmente un asunto de la Comisión [Europea] (véanse artículos 28.1 y 31). Por lo tanto, sólo en circunstancias excepcionales empleará la Corte sus facultades en este campo (Eur. Court H.R, Stocké judgment of 19 March 1991, Series A no. 199, párr. 53).

Al hacer la presentación de su prueba, la Comisión dijo:

Sin perjuicio de la petición de la Comisión presentada a la Ilustre Corte para que ésta concluya que los hechos fueron comprobados en el procedimiento ante la Comisión, se procede a ofrecer pruebas para el caso improbable que la Corte decida que existen circunstancias excepcionales que requieren que actúe como "juez de los hechos".

40. Por su parte, el agente de Suriname, señaló:

[...] [E]s evidente que la Corte en aplicación de las normas relativas al marco de su competencia, estipuladas en los artículos 62 (3) y 63 de la Convención está facultada para considerar, revisar y revaluar la totalidad de los hechos involucrados en el caso, independientemente de si la Comisión los ha tenido por establecidos previamente.

41. Observa la Corte que ella y la Comisión ejercen funciones diferentes, si bien complementarias, cuando conocen de los asuntos atinentes al cumplimiento de la Convención por los Estados Partes. Respecto de su función la Corte considera aplicable a este caso lo que ya ha señalado en su jurisprudencia al establecer que

[ella] ejerce una jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso [...] [y] [e]n el ejercicio de esas atribuciones la Corte no está vinculada con lo que previamente haya decidido la Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su propia apreciación [...] [L]a Corte no actúa, con respecto a la Comisión, en un procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Su jurisdicción plena para considerar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la Comisión, resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia (Caso Velázquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 29; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No 2, párr. 34 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No 3, párr. 32).

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párrs. 39-41.

62.3.1.8. competencia de la Corte para conocer del desistimiento de la demanda

23. La Corte es competente para conocer la solicitud de desistimiento en un caso remitido ante ésta de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento que establece:

Artículo 43

Sobreseimiento del caso

  1. Cuando la parte demandante notificare a la Corte su intención de desistir, ésta resolverá, oída la opinión de las otras partes en el caso, así como la de las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento, si hay lugar al desistimiento y, en consecuencia, si procede sobreseer el caso y archivar el expediente.
  2. Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar una solución al litigio, la Corte podrá, llegado el caso y después de haber oído a las personas mencionadas en el

    artículo 22.2 de este Reglamento, sobreseer el caso y archivar el expediente.

3. La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los dos párrafos precedentes.

24. En los términos del precepto reglamentario transcripto esta Corte debe decidir si dicho acuerdo es conforme a la Convención y, por tanto, si se admite el desistimiento o, por el contrario, se continúa con el conocimiento del caso.

Corte I.D.H., Caso Maqueda, Resolución de 17 de enero de 1995, párrs. 23-24.