Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 61

61.0.1. general
61.1.1. "[s]olo los Estados parte y la Comisi�n tienen derecho a someter un caso a la decisi�n de la Corte"
61.1.1.1. general
61.1.1.2. legitimaci�n o parte procesal en la jurisdicci�n contenciosa de la Corte
61.1.1.3. concepto de "parte" en sentido sustancial en la jurisdicci�n contenciosa de la Corte
61.2.1. "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los art�culos 48 a 50."
61.2.1.1. general
61.2.1.2. renunciabilidad del Estado al agotamiento de procedimientos ante la Comisi�n
61.2.1.3. ". . . [a]gotados los procedimientos . . . ."
61.2.1.3.1. en relaci�n al procedimiento de soluci�n amistosa
61.2.1.3.2. en relaci�n a los Art�culos 50 y 51
61.2.1.4. potestad de la Corte para remitir a la Comisi�n casos en los que ha determinado que no se han agotado los procedimientos establecidos en los Art�culos 48 al 50


1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

61.0.1. general

3. Ante todo, la gestión del Gobierno de Costa Rica plantea a la Corte un problema complejo, y sin precedentes, de "competencia" en el sentido muy genérico e impreciso del lenguaje de la Convención, que involucra tres tipos diversos de consideraciones: de JURISDICCION, en el sentido de la específica "función jurisdiccional"que el caso requiere de este tribunal; de COMPETENCIA, en el sentido de la medida de las potestades generales de la Corte para conocer del mismo; y de LEGITIMACION, en el sentido de su potestad concreta para admitirlo en su estado actual.

4. En general, considero que el fallo debió razonar expresamente la conclusión implícita de la mayoría, de que la gestión planteada requiere claramente de la Corte el ejercicio de su JURISDICCION CONTENCIOSA; jurisdicción que, a mi juicio, la Convención organiza y regula como ordinaria, dándole un evidente carácter sancionador o de condena, al modo del de la jurisdicción penal, cuyo objeto específico no es el de declarar el Derecho controvertido sino el de restablecer el Derecho violado, resolviendo concretamente si se ha cometido o no una violación de derechos consagrados en la Convención, imputable a un Estado Parte de la misma, que resulta en todo caso la "parte" pasiva, acusada, en perjuicio de seres humanos que aparecen de este modo como la verdadera "parte" activa, ofendida, titular de los derechos cuya protección se persigue, e imponiendo a la primera las consecuencias correspondientes, a favor de los segundos. Este esquema es importante para comprender la estructura de la jurisdicción, y por qué la ecuación procesal es siempre la misma, aunque el caso haya sido planteado por el propio Estado imputado, que no por esto se convierte en "actor", de igual manera que no lo es el delincuente en la jurisdicción penal, aunque él mismo la haya provocado entregándose para ser juzgado; o aunque lo haya sido por la Comisión Interamericana que no tiene nunca la condición de parte sustancial, actora ni demandada, sino siempre la de parte sui generis, puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público"del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esto último hace también lamentable que la Corte no haya podido contar, en el presente caso, con las razones que sirvieran de fundamento a las conclusiones, escuetas y no motivadas, de su respuesta a la audiencia otorgada conforme a la Resolución del 22 de julio de 1981.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párrs. 3-4.

61.1.1. "[s]olo los Estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte"

61.1.1.1. general

28. Una de las particularidades del presente asunto . . . es que la Corte no puede entrar a conocerlo en su estado actual a pesar de estar reunidos, en abstracto, los requisitos para su competencia. . . . El caso ha sido propuesto por un Estado Parte, con lo que se cumple el requisito del artículo 61.1 de la Convención.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 28.

61.1.1.2. legitimación o parte procesal en la jurisdicción contenciosa de la Corte

4. En general, considero que el fallo debió razonar expresamente la conclusión implícita de la mayoría, de que la gestión planteada requiere claramente de la Corte el ejercicio de su JURISDICCION CONTENCIOSA; jurisdicción que, a mi juicio, la Convención organiza y regula como ordinaria, dándole un evidente carácter sancionador o de condena, al modo del de la jurisdicción penal, cuyo objeto específico no es el de declarar el Derecho controvertido sino el de restablecer el Derecho violado, resolviendo concretamente si se ha cometido o no una violación de derechos consagrados en la Convención, imputable a un Estado Parte de la misma, que resulta en todo caso la "parte" pasiva, acusada, en perjuicio de seres humanos que aparecen de este modo como la verdadera "parte" activa, ofendida, titular de los derechos cuya protección se persigue, e imponiendo a la primera las consecuencias correspondientes, a favor de los segundos. Este esquema es importante para comprender la estructura de la jurisdicción, y por qué la ecuación procesal es siempre la misma, aunque el caso haya sido planteado por el propio Estado imputado, que no por esto se convierte en "actor", de igual manera que no lo es el delincuente en la jurisdicción penal, aunque él mismo la haya provocado entregándose para ser juzgado; o aunque lo haya sido por la Comisión Interamericana que no tiene nunca la condición de parte sustancial, actora ni demandada, sino siempre la de parte sui generis, puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público" del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esto último hace también lamentable que la Corte no haya podido contar, en el presente caso, con las razones que sirvieran de fundamento a las conclusiones, escuetas y no motivadas, de su respuesta a la audiencia otorgada conforme a la Resolución del 22 de julio de 1981.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 4.

6. En lo que se refiere al problema de la LEGITIMACION de esta Corte para conocer del caso en su estado actual, comparto la opinión de la mayoría en cuanto a que, dada su competencia general para el mismo, el Estado de Costa Rica, como Estado Parte de la Convención que ha aceptado además la jurisdicción de la Corte en la forma prevista por el artículo 62, goza de legitimación procesal para someterlo ante ella, aun tratándose del Estado imputado o imputable de las violaciones alegadas, de conformidad con el artículo 61.2 de la Convención. Me parece también importante vincular esta conclusión a la estructura que he señalado de la jurisdicción contenciosa de la Corte como sancionadora o de condena, reiterando que ante ella el Estado imputado ocupa siempre en el proceso la posición de la parte pasiva, demandada u obligada, aunque él mismo haya sido quien la provocó.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 6.

8. Pero no comparto la tesis de la mayoría, cuando considera como una razón fundamental para rechazar la renuncia del Gobierno de Costa Rica a los procedimientos ante la Comisión, la de que esos procedimientos son indispensables para garantizar a los particulares, especialmente las víctimas de las violaciones alegadas, la plena gestión de sus intereses, en vista de que la Convención les veda expresamente el acceso directo ante el Tribunal, y aun en el supuesto, todavía no resuelto por la Corte, de que ésta llegare a reconocerles una legitimación procesal independiente, una vez iniciado el proceso. En mi caso, mi opinión disidente me obliga a expresar de una vez que, a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la "iniciativa de la acción" (art. 61.1), limitación que, como tal, es "materia odiosa" a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de "parte" en el proceso, una vez que éste se haya iniciado. Por el contrario, es posible, y aun imperativo, otorgar al individuo esa posición y los derechos independientes de parte, que le permitirían ejercer ante el Tribunal todas las posibilidades que la Convención le confiere en los procedimientos ante la Comisión. En todo esto, carece, a mi juicio, de importancia la falta de legitimación procesal del individuo para iniciar el proceso, porque todo lo que aquí se dice presupone que éste ya se ha iniciado, por acción de la Comisión o del Estado que hace la renuncia.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 8.

35. En relación con la legitimación del Gobierno de Costa Rica para introducir el caso, que la Corte también aceptó, mi consideración de que se trata de una jurisdicción "de condena" me facilitó una conclusión afirmativa, al permitirme comprender porqué un "caso", en el sentido más estricto, puede ser llevado ante la Corte, no sólo por la Comisión o por cualquier Estado Parte contra otro al que se impute una violación de los derechos consagrados en la Convención, sino también por este último, en cierto modo contra sí mismo. Esta posibilidad, en efecto, no sólo se encuentra prevista expresamente en el artículo 51.1 de la Convención, en relación con el informe de la Comisión, que puede ser adverso al "Estado interesado", pero que aun no siéndolo no hay razón alguna para negarle la potestad de elevarlo al Tribunal, y no sólo está contemplada, en general, de modo implícito en el artículo 61.1 de la misma, al otorgar el poder para accionar ante la Corte a "un Estado Parte", sin discriminación respecto del propio Estado involucrado, sino que también resulta clara de la propia naturaleza dicha de la jurisdicción contenciosa del Tribunal.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párr. 35.

40. Ahora bien, en lo que se refiere a las "partes"en sentido procesal: a) el Estado de Costa Rica lo es claramente, a plenitud, pero siempre como "parte pasiva", demandada o acusada, aunque fuera él mismo quien introdujo la acción; b) no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, "parte activa" sustancial, su condición autónoma de "parte activa" procesal. En este sentido, me parece suficientemente claro lo que dije en mi Voto Salvado anterior, de que, "a mi juicio, lo único que la Convención veda al ser humano es la "iniciativa de la acción" (art. 61.1), limitación que, como tal, es "materia odiosa" a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de "parte" en el proceso, una vez que éste se haya iniciado. Por el contrario, es posible, y aun imperativo, otorgar al individuo esa posición y los derechos independientes de parte, que le permitirían ejercer ante el Tribunal todas las posibilidades que la Convención le confiere en los procedimientos ante la Comisión" (Ibid., Voto Salvado, párr. No. 8); c) en lo que se refiere a la Comisión Interamericana, que debe comparecer en todos los casos ante la Corte (art. 57 de la Convención), ésta es claramente una "parte sui generis", puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público" del sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (Ibid., párr.No. 4).

41. Frente al claro diseño de esa estructura procesal, toda otra "parte" legitimada por la Convención en los procedimientos ante la Comisión, como son los terceros, particulares o inclusive Estados (arts. 44 y 45), debe tener, por principio, una posición ante la Corte, pero siempre puramente "procesal" y como "coadyuvante" de la acción. Es el caso de la madre de Viviana, Vilma Camacho de Gallardo, y de los padres de Magaly, Fernando y Rose Mary de Salazar. Asimismo, también por razones de principio, considero que debe reconocerse legitimación a José Manuel Bolaños Quesada, como autoridad responsable personalmente de las violaciones alegadas, para intervenir en el proceso, pero no como "parte principal", dado que el fallo no le alcanzaría, sino como "coadyuvante pasivo".

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 40-41.

61.1.1.3. concepto de "parte" en sentido sustancial en la jurisdicción contenciosa de la Corte

39. Dada la admisibilidad del caso, que declaro, queda sólo por determinar su trabazón procesal, para la cual es necesario establecer que, a mi juicio, las "partes" en sentido sustancial son, como dije, independientemente de cuál haya sido la que introdujo la instancia: a) el Estado de Costa Rica como "parte pasiva", a la que se imputan las violaciones y deudora eventual de su reparación (ver párr. No. 36, supra): en el orden internacional de la protección de los derechos humanos, el Estado es el único sujeto pasible de condenatoria y de sanción; y b) como "parte activa", titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una eventual sentencia estimatoria, las víctimas, es decir, en concreto, los causahabientes de Viviana Gallardo Camacho y, por sí, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nassar (Ibid. y ver además art. 63.1 de la Convención, que habla de "parte lesionada"). La Comisión no es "parte" en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni de deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por la sentencia.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párr. 39.

61.2.1. "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50."

61.2.1.1. general

14. La disposición del artículo 61.2 de la Convención tiene claridad suficiente como para no tramitar ningún asunto ante la Corte si no se ha agotado el procedimiento ante la Comisión.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 14.

28. [S]e trataría de establecer si ha habido o no una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, imputable a un Estado que ha reconocido de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte. La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento. En tal virtud, y siguiendo el espíritu de lo dispuesto por el artículo 42.3 de su Reglamento, la Corte está en condiciones de reservarse el conocimiento del caso una vez que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 28.

30. La Corte entiende que la interpretación de todas las normas de la Convención relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisión para que "la Corte pueda conocer de cualquier caso" (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protección internacional de los derechos humanos que constituye la razón misma de la existencia de la Convención y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos. Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo "su efecto útil". Es plenamente aplicable aquí lo que ha dicho la Corte de La Haya.

Considerando que, en caso de duda, las cláusulas de un compromiso por el cual un diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus términos, de manera que se permita a dichas cláusulas desplegar su efecto útil (Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, pág. 13).

. . . .

41. La Corte estima, en consecuencia, que el hecho de que la Comisión no haya efectuado una declaración expresa de la admisibilidad de la petición presentada ante ella, no constituye en este caso un extremo capaz de impedir el normal desarrollo del procedimiento ante la Comisión y, por consiguiente, su consideración por la Corte (arts. 46-51 y 61.2 de la Convención).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 30 y 41.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 35 y 46.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 33 y 44.

35. La Corte entiende que la interpretación de todas las normas de la Convención relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisión para que "la Corte pueda conocer de cualquier caso" (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protección internacional de los derechos humanos que constituye la razón misma de la existencia de la Convención y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los derechos humanos. Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo "su efecto útil". Es plenamente aplicable aquí lo que ha dicho la Corte de La Haya:

Considerando que, en caso de duda, las cláusulas de un compromiso por el cual un diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus términos, de manera que se permita a dichas cláusulas desplegar su efecto útil (Free Zones of Upper Savoy and the Distrist of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, pág. 13).

. . . .

37. Según lo alegado por el Gobierno en el presente caso, resulta que las excepciones preliminares que la Corte debe considerar son:

a) falta de declaración formal de admisibilidad por la Comisión;

b) omisión del procedimiento de solución amistosa del asunto;

c) falta de realización de una investigación in loco;

d) aplicación indebida de los artículos 50 y 51 de la Convención, y;

e) no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna."

38. Para resolver estas cuestiones, la Corte deber abordar varios problemas relativos a la interpretación y aplicación de las normas procesales contenidas en la Convención. Para ese fin, la Corte tiene en cuenta, en primer lugar, que, en la jurisdicción internacional, la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos. A este respecto cabe destacar que, ya en sus primeras actuaciones, la Corte de La Haya señaló:

La Corte, al ejercer una jurisdicción internacional, no está llamada a atribuir a las consideraciones de forma la misma importancia que ellas podrían tener en el derecho interno (Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J., Series A, No. 2, pág. 34; véase también Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, párr. 42).

39. Esta Corte deber determinar, por ende, si se han respetado las cuestiones esenciales implícitas en las reglas de procedimiento contenidas en la Convención. Para ello deber examinar si, en el curso del trámite de este asunto, se ha visto menoscabado el derecho de defensa del Estado que opone las excepciones a la admisibilidad, o éste se ha visto impedido de ejercer cualquiera de los otros derechos que la Convención le reconoce dentro del procedimiento ante la Comisión. Asimismo la Corte ha de verificar si el presente asunto ha sido tramitado de conformidad con los lineamientos esenciales del sistema de protección dispuesto por la Convención. Dentro de esos criterios generales, la Corte examinará las distintas cuestiones procesales que le han sido sometidas, con el objeto de definir si existen vicios tales en el trámite al que ha sido sometido el presente caso, que deba rechazarse in limine la consideración del fondo.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 35 y 37-39.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 35 y 37-39.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 33 y 35-37.

58. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos 29 y 30, el agotamiento de los procedimientos dispuestos por los artículos 48 al 50 de la Convención es un requisito para someter un asunto a la Corte que tiene por objeto la búsqueda de una solución satisfactoria del caso, que sea aceptada por las partes, antes de acudir a la instancia jurisdiccional. De este modo, para que un caso pueda ser introducido a la Corte y ser decidido por ella en términos que no requieren la aceptación de las partes, se ofrece a éstas la posibilidad de adoptar las disposiciones necesarias para solucionar la situación planteada, dentro del respeto debido a los derechos humanos reconocidos por la Convención.

59. En el procedimiento de los artículos 48 a 50 está presente un propósito más amplio de la protección internacional a los derechos humanos, como es el de obtener el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Estados y particularmente, en este contexto, del deber jurídico de cooperar para la investigación y el remedio de las violaciones a los derechos humanos que les pudieran ser imputadas. Dentro de ese propósito general, el artículo 48.1.f) abre la posibilidad de un arreglo amistoso logrado con los buenos oficios de la Comisión, mientras que el artículo 50 prevé que, si el asunto no ha sido solucionado, la Comisión debe preparar un informe que puede incluir, por propia iniciativa, sus recomendaciones y proposiciones para resolver satisfactoriamente el caso planteado. Si esos mecanismos de solución no conducen a un resultado adecuado, el asunto queda en estado de ser sometido a la decisión de la Corte, en los términos del artículo 51 de la Convención, siempre que se reúnan los demás requisitos para que ella pueda ejercer su competencia contenciosa.

60. El procedimiento descrito contiene un mecanismo de intensidad creciente destinado a estimular al Estado afectado a fin de que cumpla con su deber de cooperar para la solución del caso. Se ofrece así al Estado la posibilidad de resolver el asunto antes de verse demandado ante la Corte, y al reclamante la de obtener un remedio apropiado de una manera más rápida y sencilla. Se trata, con todo, como se dijo, de dispositivos cuyo funcionamiento y eficacia dependerán de las circunstancias de cada caso, en especial de la naturaleza de los derechos afectados, de las características de los hechos denunciados y de la voluntad de cooperación del gobierno involucrado para la investigación del asunto y para la adopción de las medidas necesarias para solventarlo.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 58-60.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 58-60.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 61-63.

61.2.1.2. renunciabilidad del Estado al agotamiento de procedimientos ante la Comisión

14. [D]esde el momento en que el Gobierno manifestó su voluntad de renunciar a este requisito para facilitar la rápida intervención del órgano judicial internacional, la Corte estimó procedente evaluar esa renuncia y considerar su alcance, para determinar de qué modo se concilia con el interés de las víctimas y con la integridad del sistema consagrado en la Convención. De ahí que la Corte decidiera abrir una incidencia para conocer los argumentos que asisten al Gobierno para fundamentar la renunciabilidad del procedimiento señalado y para conocer la opinión de la Comisión, llamada expresamente por el artículo 57 de la Convención a comparecer en todos los casos que se ventilen ante este tribunal.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 14.

17. En la demanda introducida ante esta Corte por el Gobierno están implicados, prima facie, dos aspectos del sistema de la Convención. En primer lugar, la disposición del artículo 61.2, según la cual, para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos ante la Comisión. En segundo lugar, el artículo 46.1.a) que establece, como requisito de admisibilidad ante la Comisión de una petición o comunicación, la previa interposición y agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. Ninguno de los dos extremos se ha cumplido en el presente asunto.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 17.

19. La competencia del Gobierno impone, por lo tanto, un examen de las consecuencias jurídicas de esa renuncia. Porque si los requisitos establecidos por los artículos 61.2 y 46.1.a) de la Convención son renunciables por un Estado Parte, el presente caso sería admisible y lo contrario ocurriría si uno u otro no lo son.

20. La Corte hace notar la absoluta claridad del texto del artículo 61.2, cuando dispone que "Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50". Naturalmente, según los principios de Derecho Internacional aplicables a la interpretación de los tratados, la disposición citada debe ser entendida según el "sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.1).

21. Ahora bien, es manifiesto que en el presente asunto ningún procedimiento se ha iniciado ante la Comisión. No se trata, pues, de interpretar si se ha agotado, o cuándo puede considerarse agotado, dicho procedimiento, sino estrictamente de precisar si el mismo puede eludirse con la sola renuncia unilateral del Estado involucrado. Para ello es necesario definir el papel que, dentro del sistema de la Convención, corresponde a la Comisión como órgano preparatorio o previo de la función jurisdiccional de esta Corte, y, más en particular, si ese papel ha sido concebido en interés exclusivo de un Estado, caso en el cual sería renunciable por éste.

22. La Convención, en efecto, además de otorgar a la Comisión la legitimación activa para presentar casos ante la Corte, así como para someterle consultas y de atribuirle en el proceso una clara función auxiliar de la justicia, a manera de ministerio público del Sistema Interamericano, llamado a comparecer en todos los casos ante el tribunal (artículo 57 de la Convención), le confiere otras atribuciones vinculadas con las funciones que corresponden a esta Corte, y que por su naturaleza se cumplen antes de que ella comience a conocer de un asunto determinado. Así, entre otras, la Comisión tiene una función investigadora de los hechos denunciados como violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, que es necesario cumplir en todas las hipótesis, a menos que se trate de un caso de mero derecho. En efecto, aunque la Corte, como todo órgano judicial, no carece de facultades para llevar a cabo investigaciones, probanzas y actuaciones que sean pertinentes para la mejor ilustración de sus miembros a fin de lograr la exhaustiva formación de su criterio, aparece claro del sistema de la Convención que se ha querido reservar a la Comisión la fase inicial de investigación de los hechos denunciados. Tiene igualmente la Comisión una función conciliadora, pues le corresponde procurar soluciones amistosas así como formular recomendaciones pertinentes para remediar la situación examinada. Es también el órgano ante el cual el Estado afectado suministra inicialmente las informaciones y alegatos que estime pertinentes. Pero es, además, y esto constituye un aspecto fundamental de su papel dentro del sistema, el órgano competente para recibir denuncias individuales, es decir, ante el cual pueden concurrir directamente para presentar sus quejas y denuncias, las víctimas de violaciones de derechos humanos y las otras personas señaladas en el artículo 44 de la Convención. La Convención se distingue entre los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando hace posible la facultad de petición individual contra un Estado Parte tan pronto como éste ratifique la Convención, sin que se requiera para tal efecto declaración especial alguna, la que en cambio sí se exige para el caso de las denuncias entre Estados.

23. De esta manera la Comisión es el canal a través del cual la Convención otorga al individuo el derecho de dar por sí solo el impulso inicial necesario para que se ponga en marcha el sistema internacional de protección de los derechos humanos. En el orden estrictamente procesal, debe recordarse que, mientras los individuos no pueden proponer casos ante la Corte, los Estados no pueden introducirlos ante la Comisión, sino cuando se han reunido las condiciones del artículo 45 de la Convención. Esta circunstancia agrega otro elemento de interés institucional en conservar íntegra la posibilidad de activar la Comisión a través de denuncias individuales.

24. A lo anterior se agrega que la Corte carece de poder para cumplir una importante función que la Convención confía a la Comisión, en virtud de que ésta no es un órgano judicial, como es la de gestionar soluciones amistosas, dentro de una amplia misión conciliadora. Este tipo de solución tiene la ventaja para el denunciante individual que requiere su consentimiento para materializarse. Todo enfoque que conduzca a negar a los individuos, en especial a las víctimas, el procedimiento ante la Comisión los privaría del importante derecho de negociar y aceptar libremente una solución amistosa, con la ayuda de la Comisión y "fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención" (art. 48.1.f).

25. Estas consideraciones bastan para ilustrar cómo el procedimiento ante la Comisión no ha sido concebido en interés exclusivo del Estado, sino que permite el ejercicio de importantes derechos individuales, muy especialmente a las víctimas. Sin poner en duda la buena intención del Gobierno al someter este asunto a la Corte, lo expuesto lleva a concluir que la omisión del procedimiento ante la Comisión, en casos del presente género, no puede cumplirse sin menoscabar la integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención. Dicho procedimiento no es pues renunciable o excusable, a menos que quede claramente establecido que su omisión, en una especie determinada, no compromete las funciones que la Convención asigna a la Comisión, como podría ocurrir en algunos casos en que el asunto se planteara ab initio entre Estados y no entre individuo y Estado. En el presente caso está lejos de ser demostrada esa situación excepcional, por lo cual la manifestación del Gobierno de renunciar a la aplicación de la regla contenida en el artículo 61.2 carece de fuerza necesaria para obviar el procedimiento ante la Comisión, lo cual basta, por sí solo, para no admitir la presente demanda.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párrs. 19-25.

1. He concurrido con mi voto a la resolución unánime de esta Corte, porque comparto su conclusión general de que, dentro del sistema de protección establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no parece posible prescindir de la totalidad de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la misma, para ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo agotamiento el artículo 61.2 impone como presupuesto procesal de la jurisdicción contenciosa de la Corte, ni por ende admitir la renuncia de los mismos formulada expresamente por el Gobierno de Costa Rica, evidenciando con ella un elevado interés en superar las limitaciones, mediatizaciones y retrasos de que adolece ordinariamente la justicia internacional, sobre todo en materia como ésta en que debería caracterizarse por su eficacia y prontitud.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 1.

11. En conclusión, si comparto la tesis del fallo de que no es admisible, en el caso concreto, la renuncia del Gobierno a los procedimientos ante la Comisión, no lo hago en consideración de la necesidad de preservar la mejor protección de los derechos humanos, sino de que he llegado a convencerme de que, lamentablemente, el sistema de la Convención parece hacerlo imposible, en razón de que, al promulgarlo, los Estados Americanos no quisieron aceptar el establecimiento de un sistema jurisdiccional expedito y eficaz, sino que lo mediatizaron interponiéndole la criba de la Comisión, a través de una verdadera carrera de obstáculos que casi deviene en insuperable, en el largo y penoso camino que de por sí están forzados a recorrer los derechos fundamentales de la persona humana.

12. Por las razones expuestas, mi concurrencia en el voto unánime de la resolución que razono, debe entenderse en los siguientes términos: a) La acción interpuesta por el Gobierno de Costa Rica ante esta Corte, en el caso de Viviana Gallardo y otras, no es admisible por no serlo la renuncia del gestionante a los procedimientos previos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que lamentablemente no parece posible dispensarlos en su totalidad, dentro de las limitaciones impuestas por el sistema del Pacto de San José.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E.,Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párrs. 11-12.

15. La Corte, en su Decisión del 13 de noviembre de 1981, claramente circunscribió la cuestión en ese entonces, a una de simple "procedibilidad", "admisibilidad" o "competencia para conocer el caso" en su estado actual. En este sentido, muy ilustrativamente dijo: "la inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento..." (Ibid., párr. No. 28). Por cierto que ésta fue también la razón fundamental para que la Corte se reservara su conocimiento, como se dijo (Ibid., in fine).

16. La Corte consideró concretamente dos requisitos de procedibilidad de la petición, sobre los cuales se produjo la renuncia del Gobierno de Costa Rica: uno, de carácter general: el requisito del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna, impuesto por el artículo 46.1.a) de la Convención, tanto para ante la Comisión, directamente, como para ante la propia Corte, indirectamente, requisito que tuvo por renunciable en general (Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. No. 26); el otro, el requisito del agotamiento previo de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención -procedimientos ante la Comisión-, establecido por el artículo 61.2 de la misma para acudir ante el Tribunal, que tuvo, en cambio, por necesario y, por ende, por irrenunciable (Ibid., párrs.Nos. 14, 20 y 25). Sólo que, al pronunciarse así sobre este último y rechazar el caso por su incumplimiento, de modo expreso omitió hacerlo formalmente sobre el primero, en vista de que, "como estamos en presencia de requisitos de admisibilidad de una queja o denuncia ante la Comisión, en principio corresponde a ésta pronunciarse en primer término" (Ibid., párr. No. 27).

17. Fue, pues, en relación con el requisito necesario e irrenunciable del procedimiento previo ante la Comisión, que la Corte se reservó el conocimiento del asunto, con lo cual estableció, a mi juicio con toda claridad y acierto, una simple "subordinación procesal", pero no una "subordinación material" ante la Comisión. Dicho de otra manera: es evidente que la Corte, al reconocer la importancia general y la necesidad procesal del procedimiento ante la Comisión, tuvo en mente, sí, la imposibilidad de soslayarlo o renunciarlo en su totalidad, pero también, al mismo tiempo, dos principios implícitos, pero inequívocos: uno, el de que esa necesidad procesal no convierte a la Comisión en un tribunal ni al procedimiento ante ella en una especie de "primera instancia" jurisdiccional; el otro, el de que la Comisión carece de potestades preclusivas de las jurisdiccionales de la Corte, que es el único tribunal del sistema de protección de los derechos humanos consagrado en la Convención. En este sentido, dijo por ejemplo "si posteriormente, en el debate judicial se plantea una controversia sobre si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad ante la Comisión, la Corte decidirá, acogiendo o no el criterio de la Comisión, que no le resulta vinculante del mismo modo que tampoco la vincula su informe final" (Ibid., párr. No. 27); lo cual no es otra cosa que afirmar el carácter "plenario" y "único" de la jurisdicción del Tribunal.

18. Así pues, la reserva de conocimiento declarada por la Corte significa, a mi juicio, que la petición del Gobierno de Costa Rica permanece vigente, con el efecto que la Resolución expresamente le dio, de "introducción de la instancia" ante el Tribunal, si bien "subordinada procesalmente", valga decir, suspendida pero presentada, detenida pero pendiente, latente pero viva, "en espera del trámite ante la Comisión" (Ibid., " Por tanto," párr. No. 3), de manera que, cumplido éste, aquélla recuperaría su vigencia como la acción eficaz y legítima necesaria para excitar la jurisdicción contenciosa de la Corte, conforme al artículo 61.1 de la Convención, y esta última debería simplemente retomar su conocimiento, aunque sólo fuera para declarar otra vez su inadmisión por otras causas.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 15-18.

61.2.1.3. ". . . [a]gotados los procedimientos . . . ."

19. En vista de la anterior conclusión, se trata, pues, de determinar cuándo debe tenerse por agotado el procedimiento previo ante la Comisión, concretamente a los efectos de la admisibilidad del caso ante la Corte, de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención. Normalmente, desde luego, ese procedimiento supone una serie de etapas que desembocan en el informe definitivo previsto por el artículo 50.1 de la Convención, a partir del cual el asunto puede ser traído al Tribunal por la Comisión o por el "Estado interesado" (art. 51.1).

20. Sin embargo, también puede la Comisión declarar la "inadmisión" del caso (arts. 47 y 48.1 (a) o (c)), o en la etapa de instrucción disponer archivarlo porque no existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación (art. 48.1 (b)), o darse por satisfecha con una solución amistosa (art.49), en cuyos casos habrá siempre una resolución de la propia Comisión que, sin llegar al informe definitivo del artículo 50.1, pone término al procedimiento, haciendo imposible su continuación; puede inclusive dejarlo abandonado por inercia, sin resolución. Es en tales supuestos donde se hace problema el sentido del requisito establecido por el artículo 61.2, de que "para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50" , porque es obvio que una interpretación puramente literal de esa norma podría conducir a la conclusión de que ningún caso puede llegar a la Corte sin que dichos procedimientos se hayan realizado y completado en todas y cada una de sus etapas y, por ende, de que la Comisión sí tiene potestades preclusivas de la jurisdicción de la Corte, con sólo que resuelva un caso en cualquier momento antes del informe definitivo del artículo 50.1, o inclusive que lo abandone sin dejarlo llegar hasta él.

21. A mi juicio, es este uno de los casos en que una correcta interpretación de las normas "en su contexto y de acuerdo con su objeto y fin" (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 31.1), reclama, no solamente la aplicación de criterios finalistas, de razonabilidad y de justicia, a la luz de los principios del Derecho de los Derechos Humanos, sino también la utilización de las técnicas depuradas del Derecho Procesal en general; unos y otras, para que la interpretación no se convierta en un obstáculo sino sea un instrumento adecuado a la realización de la suprema razón de ser y finalidad de esas normas, que no son otras que la mejor protección de los derechos fundamentales del hombre. Para esto se hicieron, y si para esto no sirven, no sirven para nada.

22. A la luz de esos criterios, me parece sencillo concluir en que los procedimientos ante la Comisión se agotan, y por ende, la intervención administrativa y preventiva de esta última como requisito de procedibilidad ante la Corte se cumple, cuando aquélla les pone término, sea en virtud del informe definitivo del artículo 50.1, sea envirtud de una resolución o inclusive de una inactividad que los terminan; por lo menos de una resolución, a la que cabría aplicarle, por analogía, los principios que el Derecho Procesal ha acuñado para dar tratamientode actos finales a los llamados " autos con carácter de sentencia", precisamente porque resuelven interlocutoriamente un proceso, haciendo imposible su continuación; máxime tratándose, como se trata, de procedimientos preventivos o preliminares de simple carácter administrativo, no propiamente jurisdiccional, que además deben ser aplicados restrictivamente, ante principios fundamentales como el del acceso a la justicia y el de que las formalidades y requisitos procesales deben siempre interpretarse en el sentido más favorable a la resolución de las cuestiones de fondo en sentencia -principio pro sententia del Derecho Procesal general-. Las limitaciones y reticencias tradicionales frente a la jurisdicción internacional, no tienen cabida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

23. Estas conclusiones no me parecen extrañas a la opinión ya adelantada por la propia Corte, cuando en su Decisión del 13 de noviembre de 1981 claramente advirtió que "no se trata, pues, de interpretar si se ha agotado, o cuándo puede considerarse agotado, dicho procedimiento, sino estrictamente de precisar si el mismo puede eludirse con la sola renuncia unilateral del Estado involucrado" (párr. No. 21), así como cuando otorgó una importancia interpretativa determinante a la necesidad de conciliar "en primer lugar, el interés de las víctimas de que se les proteja y asegure el pleno goce de los derechos que tienen según la Convención; en segundo lugar, la necesidad de salvaguardar la integridad institucional del sistema que la misma Convención establece" (Ibid., párrs. Nos. 13 y 14), de manera que "el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema" (Ibid., párr. No. 16). En realidad, si la Corte consideró que el procedimiento ante la Comisión es esencial y, por ende, irrenunciable en su conjunto, fue sobretodo porque estimó que la intervención de la misma no se ha concebido en interés exclusivo del Estado sino en el de la "integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención... (y) permite el ejercicio de importantes derechos individuales, muy especialmente a las víctimas" (Ibid., párr. No. 25; en gral.,párrs. No. 21 a 25).

24. Lo anterior me lleva a la conclusión de que la Resolución No. 13/83 de la Comisión, al declarar la inadmisión de la petición del Gobierno de Costa Rica y ordenar archivarla, no sólo agotó formalmente los procedimientos ante la misma, sino que también los agotó materialmente, dejando sin posible satisfacción ulterior los propósitos de mejor protección del ser humano y sus derechos que la Corte les atribuyó en su Decisión del 13 de noviembre de 1981. Esto, a mi juicio, sería así en todo caso, aunque la Comisión realmente se hubiera limitado a declarar la inadmisión del asunto; pero lo es más todavía si se toma en cuenta que, en verdad, lo que hizo fue resolver el fondo, sobreseyéndolo con una denominación equivocada (ver párr. No. 11, supra).

25. En consecuencia, es mi opinión que, cumplida la condición establecida por la propia Corte, al reservarse el conocimiento de la petición del Gobierno de Costa Rica "en espera del trámite ante la Comisión", lo que procede es sencillamente reasumir ese conocimiento, teniendo por satisfecho dicho requisito de procedibilidad. Después, la Corte podría, teóricamente, llegar a cualquier conclusión sobre el caso, inclusive la de archivarlo, pero no puede hacerlo, en ninguna forma, sin retomar su conocimiento y, por ende, sin resolver, motivadamente como debe hacerlo siempre un tribunal, una serie de cuestiones que exigen, a su vez, examinar la validez y el contenido de lo dispuesto por la Comisión, y establecer qué debe decidirse interlocutoriamente y qué reservarse para sentencia. Lo contrario equivaldría a caer en una verdadera "absolución de la instancia".

26. Además de los errores procesales ya señalados: el de darle al caso un larguísimo trámite de dieciocho meses sin pronunciarse sobre su admisión, pese a que, de acuerdo con la Convención, la sola iniciación de ese trámite supone normalmente que la Comisión "reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación" (art. 48.1.a); el de no pronunciarse nunca sobre aspectos fundamentales como la legitimación del Gobierno y de los terceros, la renuncia de aquél al agotamiento previo de sus vías internas y la competencia de la propia Comisión; y el de acabar declarando inadmisible el caso cuando lo que hizo en realidad fue resolverlo, sobreseyéndolo por improcedente; la Comisión incurrió en defectos de mérito que no pueden dejarse de reseñar.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 setiembre de 1983, párrs. 19-26.

75. [L]a Corte observa que la circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, sin perjuicio de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento, un acuerdo amistoso entre las partes, aprobado por ésta, conduzca a la cancelación de la instancia y a la finalización del procedimiento judicial.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párr. 75.

Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, párr. 54.

61.2.1.3.1. en relación al procedimiento de solución amistosa

42. El Gobierno, tanto en su escrito como en la audiencia, sostuvo que la Comisión infringió el artículo 48.1.f) de la Convención por no haber promovido una solución amistosa en el asunto. Este procedimiento, de acuerdo con el Gobierno, tiene carácter obligatorio y las condiciones que sobre él establece el artículo 45 del Reglamento de la Comisión son inaplicables porque contradicen lo dispuesto por la Convención, ya que ésta tiene mayor jerarquía. El Gobierno concluye en el sentido de que, al no haberse intentado el procedimiento de solución amistosa, la demanda es inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61.2 de la Convención.

43. Por su parte, la Comisión sostuvo que el procedimiento de solución amistosa no tiene carácter imperativo y que en este caso no era posible realizarlo, en virtud de sus características especiales, pues los hechos están imperfectamente definidos por falta de cooperación del Gobierno y éste no ha reconocido ninguna responsabilidad. Afirmó, además, que los derechos violados en este caso, es decir, los relativos a la vida (art. 4) y a la integridad (art. 5) y libertad personales (art. 7), no pueden ser restituidos en su vigencia a través de la conciliación de las partes.

44. Desde un punto de vista literal, la frase utilizada por el artículo 48.1.f) de la Convención, la Comisión "se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa", parece establecer un trámite obligatorio. Sin embargo, la Corte considera que una interpretación, de acuerdo con el contexto de la Convención, lleva al convencimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión.

45. El artículo 45.2 del Reglamento de la Comisión establece que:

Para que la Comisión ofrezca a las partes actuar como órgano de solución amistosa del asunto será necesario que se hayan precisado suficientemente las posiciones y pretensiones de éstas; y que, a juicio de la Comisión, el asunto por su naturaleza sea susceptible de solucionarse mediante la utilización del procedimiento de solución amistosa.

Lo anterior significa que la Comisión posee facultades discrecionales, pero de ninguna manera arbitrarias, para decidir, en cada caso, si resulta conveniente o adecuado el procedimiento de solución amistosa para resolver el asunto en beneficio del respeto a los derechos humanos.

46. Con independencia de si en este caso se han precisado o no las posiciones y pretensiones de las partes y del grado de cooperación del Gobierno con la Comisión, cuando se denuncia la desaparición forzada de una persona por acción de las autoridades de un Estado y éste niega que dichos actos se han realizado, resulta muy difícil lograr un acuerdo amistoso que se traduzca en el respeto de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personales. La Corte, tomando en consideración todas las circunstancias existentes en el presente caso, entiende que no es objetable la actuación de la Comisión a propósito de la solución amistosa.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 42-46.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 47-51.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 45-49.

25. Observa la Corte que la Comisión y el Gobierno sostienen una interpretación diversa de los artículos 48.1.f) de la Convención y 45 del Reglamento de la primera, así como sobre los alcances del criterio establecido por este Tribunal al decidir las excepciones preliminares planteadas por el Gobierno de Honduras en los casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, y Fairén Garbi y Solís Corrales, resueltos por sentencias de 26 de junio de 1987 y que son similares en este aspecto.

. . . .

27. La Corte ha dicho que la Comisión no tiene facultades arbitrarias en esta materia. Es muy clara la intención de la Convención respecto del papel conciliador que debe cumplir la Comisión antes de que un caso sea enviado a la Corte o publicado.

Sólo en casos excepcionales y, naturalmente, con razones de fondo, puede la Comisión omitir el procedimiento de la conciliación porque está de por medio la protección de los derechos de las víctimas o de sus familiares. No parece ser suficiente decir, como lo hace la Comisión, que no se acudió a este procedimiento simplemente por razón de la "naturaleza" del asunto.

28. La Corte estima que la Comisión debió fundamentar cuidadosamente su rechazo a la solución amistosa, de acuerdo con la conducta observada por el Estado a quien se imputa la violación.

29. Sin embargo esta negativa de la Comisión no causó un perjuicio irreparable a Colombia porque el Estado, si no estaba de acuerdo con ella, tenía la facultad de solicitar la iniciación del procedimiento de solución amistosa de acuerdo con el inciso 1 del artículo 45 del Reglamento de la Comisión, que dispone:

A solicitud de cualquiera de las partes, o por iniciativa propia, la Comisión se pondrá a disposición de las mismas, en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

30. En un procedimiento de solución amistosa es indispensable la intervención y decisión de las partes involucradas. Aún interpretando literalmente las disposiciones de la Convención y haciendo caso omiso del Reglamento de la Comisión, ésta solamente podría sugerir a las partes entablar las conversaciones enderezadas a la solución amistosa pero no podría, por carecer de poder para ello, decidirla. La Comisión debe propiciar el acercamiento pero sus resultados no dependen de ella. De alcanzarse el acuerdo debe ella cerciorarse de que los derechos humanos hayan sido adecuadamente defendidos.

Si una parte tiene interés en la solución amistosa puede proponerla. En el caso del Estado y frente al objeto y fin del tratado, que es la defensa de los derechos humanos en él protegidos, no podría entenderse esa propuesta como un reconocimiento de responsabilidad sino, al contrario, como un cumplimiento de buena fe de los propósitos de la Convención.

La Corte no encuentra aceptable que el Gobierno arguya como excepción preliminar que la Comisión no ejecutó el procedimiento de solución amistosa, cuando frente a las disposiciones del Reglamento él tenía esa misma facultad. No se puede exigir de otro un comportamiento que uno mismo pudo cumplir en igualdad de condiciones pero no lo hizo.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 17, párrs. 25 y 27-30.

37. [L]a Comisión, al determinar que el presente caso "[d]ebido a la naturaleza de los hechos... no [era] susceptible de solución amistosa", restringió el alcance de esta norma de la Convención (art. 48.1.f) que no distingue entre asuntos susceptibles de solución amistosa y asuntos que no lo son. Con base en la opinión de la Corte en la sentencia sobre las excepciones preliminares del caso Caballero Delgado y Santana (Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17), el Gobierno argumenta que la Comisión no fundamentó debidamente su negativa a la solución amistosa.

38. La Comisión respondió, entre otras argumentaciones, que el mecanismo de conciliación no es de carácter obligatorio y es aplicado discrecionalmente por ella, no en forma arbitraria sino atendiendo a las necesidades y caracteres del caso. Que Nicaragua no tuvo la intención de solicitar el procedimiento de solución amistosa, pues siempre negó ser responsable por los hechos ocurridos en el presente caso. Además, "[l]a simple lectura del artículo 45 del Reglamento de la comisión permite entender que tanto el gobierno como el denunciante pueden, en todo momento, solicitar a la Comisión que inicie un procedimiento de conciliación".

39. En el desarrollo jurisprudencial sobre esta materia (Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, supra 37), que es posterior a la fecha del Informe de la Comisión al cual se refiere el Gobierno, esta Corte ha dicho que la Comisión no tiene facultades arbitrarias sobre el particular sino que, excepcionalmente y con razones de fondo, puede omitir el procedimiento conciliatorio. En este caso la Comisión se limitó a invocar la "naturaleza" del asunto. Sin embargo, la omisión del procedimiento para buscar una solución amistosa no perjudica al Gobierno, porque éste puede solicitarlo en cualquier momento. Es evidente que, para llegar a una conciliación, es indispensable la decidida intervención de las partes involucradas en ella, en particular Gobierno y víctimas, cuya disposición de conciliar es fundamental. Si bien es cierto que la Comisión debió jugar un papel activo, estaba en manos del Gobierno solicitar él mismo la conciliación y no lo hizo. Mal puede entonces objetar la actuación de la Comisión. En virtud de lo dicho, la Corte considera infundado este razonamiento del Gobierno

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 37-39.

61.2.1.3.2. en relación a los Artículos 50 y 51

56. En el petitorio relativo a las cuestiones de admisibilidad, el Gobierno ha solicitado que la Corte declare que la Comisión no agotó los procedimientos establecidos en los artículos 48 a 50 de la Convención, sin cuyo cumplimiento no debió haber referido el caso a la Corte, al tenor del artículo 61.2 de la misma. La alegación del Gobierno ha hecho referencia a la omisión de toda tentativa de arreglo amistoso fundado en lo dispuesto por el artículo 48.1.f), cuestión ésta que ya ha sido considerada por la Corte (supra 42-46), así como a otras particularidades que ha tenido el trámite del presente asunto y que, a juicio del Gobierno, no se adecúan a lo pautado por los artículos 50 y 51 de la Convención. Los fundamentos concretos de este último planteamiento serán objeto de análisis por la Corte, después de formular algunas consideraciones generales sobre el procedimiento dispuesto por los artículos 48 al 50 de la Convención y su relación con el artículo 51, lo cual es necesario para situar las objeciones formuladas por el Gobierno en el contexto legal dentro del cual deben ser decididas.

57. El artículo 61.2 de la Convención dice . . . .

58. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos 29 y 30, el agotamiento de los procedimientos dispuestos por los artículos 48 al 50 de la Convención es un requisito para someter un asunto a la Corte que tiene por objeto la búsqueda de una solución satisfactoria del caso, que sea aceptada por las partes, antes de acudir a la instancia jurisdiccional. De este modo, para que un caso pueda ser introducido a la Corte y ser decidido por ella en términos que no requieren la aceptación de las partes, se ofrece a éstas la posibilidad de adoptar las disposiciones necesarias para solucionar la situación planteada, dentro del respeto debido a los derechos humanos reconocidos por la Convención.

59. En el procedimiento de los artículos 48 a 50 está presente un propósito más amplio de la protección internacional a los derechos humanos, como es el de obtener el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Estados y particularmente, en este contexto, del deber jurídico de cooperar para la investigación y el remedio de las violaciones a los derechos humanos que les pudieran ser imputadas. Dentro de ese propósito general, el artículo 48.1.f) abre la posibilidad de un arreglo amistoso logrado con los buenos oficios de la Comisión, mientras que el artículo 50 prevé que, si el asunto no ha sido solucionado, la Comisión debe preparar un informe que puede incluir, por propia iniciativa, sus recomendaciones y proposiciones para resolver satisfactoriamente el caso planteado. Si esos mecanismos de solución no conducen a un resultado adecuado, el asunto queda en estado de ser sometido a la decisión de la Corte, en los términos del artículo 51 de la Convención, siempre que se reúnan los demás requisitos para que ella pueda ejercer su competencia contenciosa.

60. El procedimiento descrito contiene un mecanismo de intensidad creciente destinado a estimular al Estado afectado a fin de que cumpla con su deber de cooperar para la solución del caso. Se ofrece así al Estado la posibilidad de resolver el asunto antes de verse demandado ante la Corte, y al reclamante la de obtener un remedio apropiado de una manera más rápida y sencilla. Se trata, con todo, como se dijo, de dispositivos cuyo funcionamiento y eficacia dependerán de las circunstancias de cada caso, en especial de la naturaleza de los derechos afectados, de las características de los hechos denunciados y de la voluntad de cooperación del gobierno involucrado para la investigación del asunto y para la adopción de las medidas necesarias para solventarlo.

61. El artículo 50 de la Convención dispone . . . .

La citada disposición contempla el último paso en el procedimiento a cargo de la Comisión, antes de que el caso bajo consideración quede listo para ser sometido a la Corte. El supuesto de aplicación de dicho artículo lo configura la circunstancia de no haberse llegado a una solución en las etapas previas del procedimiento.

62. Por su parte, el artículo 51 de la Convención señala . . . .

No es necesario que la Corte se detenga en esta ocasión a analizar la naturaleza del plazo dispuesto en el artículo 51.1, ni las consecuencias que tendría, en los distintos supuestos, que el mismo transcurra sin que el caso sea sometido a la Corte. En el presente asunto la Corte se limitará a subrayar que la circunstancia de que dicho plazo se cuente a partir de la fecha de remisión a las partes del informe a que se refiere el artículo 50, denota que esta última disposición ofrece una oportunidad final al gobierno involucrado de alcanzar una solución del caso en el curso del procedimiento adelantado por la Comisión, antes de que la cuestión pueda ser sometida a decisión judicial.

63. El artículo 51.1 contempla, igualmente, la posibilidad de que la Comisión prepare un nuevo informe contentivo de su opinión, conclusiones y recomendaciones, el cual puede ser publicado en los términos previstos por el artículo 51.3. Esta disposición plantea un buen número de dificultades de interpretación como son, por ejemplo, la definición del significado de este informe y sus diferencias o coincidencias con el previsto por el artículo 50. Se trata, con todo, de cuestiones que no son decisivas para resolver los problemas procesales sometidos a la Corte en esta ocasión. A los efectos del caso, sí conviene tener presente, en cambio, que la preparación del informe previsto por el artículo 51 está sometida a la condición de que el asunto no haya sido elevado a la consideración de la Corte, dentro del plazo de tres meses dispuesto por el mismo artículo 51.1, lo que equivale a decir que, si el caso ha sido introducido ante la Corte, la Comisión no está autorizada para elaborar el informe a que se refiere el artículo 51.

64. El Gobierno ha señalado que en el presente caso no se cumplieron adecuadamente los procedimientos mencionados y que la Comisión aplicó simultáneamente los artículos 50 y 51. La Corte pasará ahora a examinar la objeción planteada, teniendo presentes las particularidades que ha ofrecido el procedimiento seguido ante la Comisión, que muestra una problemática singular a causa, en buena medida, de iniciativas de la propia Comisión y del Gobierno.

65. Lo primero que llama la atención es la existencia de dos resoluciones (30/83 y 22/86), adoptadas por la Comisión con aproximadamente dos años y medio de diferencia, ninguna de las cuales ha sido designada formalmente como "informe", a los efectos del artículo 50. Este hecho plantea dos problemas distintos. El primero se refiere a los requisitos que deben llenar los informes preparados de conformidad con el artículo 50 y a si las resoluciones adoptadas por la Comisión se adecúan a esos requisitos. El segundo se refiere a la existencia de las dos resoluciones, la última de las cuales, a tiempo que confirma la precedente, contiene la decisión de someter el caso a la Corte.

66. En relación con el primero de los asuntos planteados, debe observarse que la Convención señala, en términos muy generales, los requisitos que debe llenar el informe preparado por la Comisión en cumplimiento del artículo 50. Según éste, el informe debe contener los hechos y las conclusiones de la Comisión, a los cuales ella puede agregar las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. La resolución 30/83 reúne los requisitos que, en ese sentido, dispone el artículo 50.

67. No obstante, la resolución 30/83 no fue designada como "informe" por la Comisión y es claro que la terminología empleada por ésta no se ciñe al léxico de la Convención. Esa circunstancia, sin embargo, no es relevante si el contenido del acto aprobado por la Comisión se adecúa sustancialmente, como en el presente caso, a las previsiones del artículo 50 y si no quedan afectados tampoco los derechos procesales de las partes, especialmente el del Estado de contar con una oportunidad final para resolver el asunto por sus propios medios, antes de que pueda ser introducido a la Corte. El examen de si, en el presente caso, se cumplió con esta última condición está vinculada con el otro problema que la Corte ya había planteado, como es la adopción por la Comisión de dos resoluciones que son la 30/83 y la 22/86.

68. La resolución 30/83 fue adoptada por la Comisión durante su 61 Período de Sesiones (octubre de 1983) y comunicada al Gobierno con nota del 11 de octubre de 1983. Por nota del 18 de noviembre de ese año, es decir, antes de que hubieran transcurrido tres meses desde la adopción de la resolución 30/83 y, en consecuencia, estando aún abierta la posibilidad de introducir el caso ante la Corte, el Gobierno solicitó a la Comisión la reconsideración de la mencionada resolución, fundándose en la existencia de diversos trámites internos, cuya decisión estaba aún pendiente, y que podían conducir a resolver la cuestión en los términos planteados por la Comisión. Esta, habida cuenta de las observaciones del Gobierno, al dar trámite a la solicitud de reconsideración, acordó, en su 62 Período de Sesiones (mayo de 1984), "continuar con el estudio del caso". Como consecuencia de dicha resolución, solicitó información adicional al Gobierno sobre diversos aspectos atinentes al caso. Finalmente, en vista de que, en su criterio, los elementos de juicio presentados por el Gobierno durante el tiempo transcurrido desde su primera resolución no resultaban suficientes para llevar a cabo un nuevo examen del asunto, resolvió, el 18 de abril de 1986 (resolución 22/86), confirmar su resolución 30/83 y someter el caso a la consideración de la Corte.

69. Debe señalarse, en primer lugar, que la Convención no prevé una situación en la cual el Estado involucrado pueda solicitar la reconsideración del informe aprobado de conformidad con el artículo 50. El artículo 54 del Reglamento de la Comisión sí contempla la posibilidad de que se solicite la reconsideración de una resolución, adoptada por ella, pero esta disposición es sólo aplicable a peticiones referentes a Estados que no son Partes en la Convención, lo cual, evidentemente, no es el caso actual. En términos generales, cabe observar que, más allá de razonamientos puramente formales, el trámite de pedidos de reconsideración, respecto de los Estados Partes en la Convención, repercute sobre los lapsos procesales y puede afectar negativamente, como en este caso, el derecho del reclamante de obtener, dentro de los plazos legalmente establecidos, la protección internacional ofrecida por la Convención. Sin embargo, dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, puede admitirse que una solicitud de reconsideración, fundamentada en la voluntad de resolver un caso planteado ante la Comisión, con los medios internos de que dispone el Estado, se adecúa al propósito general que tienen los procedimientos que se siguen en la Comisión, en el sentido de obtener una solución satisfactoria de la violación de los derechos humanos denunciada, a través de la cooperación del Estado afectado.

70. Por otra parte, la extensión de los plazos dentro de los cuales un asunto debe quedar listo para ser sometido a la decisión de la Corte, no perjudica la posición procesal del Estado, cuando tal extensión resulte de una iniciativa de éste. En el presente asunto la decisión de la Comisión de "continuar con el estudio del caso" redundó en una sustancial extensión, de aproximadamente dos años y medio, del término de que disponía el Gobierno, como última oportunidad, para resolver la cuestión planteada sin verse expuesto a una demanda judicial. En consecuencia, su derecho de defensa y la posibilidad de remediar la situación con sus propios medios no se vieron disminuidos.

71. La resolución 30/83 nunca fue revocada por la Comisión, sino dejada en suspenso en cuanto a los efectos procesales que estaba llamada a producir, en espera de que nuevos elementos de juicio pudieran orientar el desenlace del asunto de una manera diferente. La resolución 22/86, al confirmar la anterior, reabrió los lapsos para las etapas procesales sucesivas.

72. El Gobierno ha planteado que la ratificación de la resolución 30/83 debió acarrear la reposición del plazo de sesenta días contemplado en aquélla para que el Gobierno adoptara las recomendaciones aprobadas por la Comisión. Dadas las circunstancias del caso, la Corte estima que dicha pretensión esté mal fundada, pues el Gobierno dispuso de un plazo mucho más largo para ese fin, en perjuicio del interés del reclamante de obtener una solución apropiada dentro de los plazos legalmente establecidos.

73. Debe tenerse presente, además, la circunstancia de que, entre 1983 y 1986, la investigación dispuesta por el Gobierno condujo a concluir en la imposibilidad de pronunciarse con certeza absoluta sobre desapariciones de personas como consecuencia de hechos imputables a autoridades gubernamentales. En el mismo sentido, el Gobierno había informado a la Comisión, por nota del 7 de abril de 1986 que el Juzgado de Letras Primero en lo Criminal había sobreseído las diligencias relativas a la desaparición de Manfredo Velásquez, fallo confirmado por la Corte Primera de Apelaciones "a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, por haberse sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país". En tales condiciones, carecía de sentido otorgar nuevos plazos, que habrían extendió aún más los dispuestos por la Convención, antes de que el asunto pudiera ser sometido ante la Corte.

74. En consecuencia, la decisión de la Comisión de someter el caso a la consideración de la Corte por la misma resolución en la que confirmó su resolución anterior, no constituye un vicio del procedimiento que haya afectado los derechos procesales ni las posibilidades de defensa del Gobierno y que, por tanto, no está bien fundada la objeción formulada en los términos señalados.

75. Tampoco es exacta la apreciación del Gobierno según la cual la resolución 22/86 ha conducido a que el asunto quede sometido al conocimiento simultáneo de la Corte y de la Comisión. El Gobierno ha señalado que, al ratificar su resolución 30/83, la Comisión reiteró las recomendaciones contenidas en ésta, cuyo cumplimiento estaba sujeto a ser evaluado por la propia Comisión; pero que, además introdujo el caso ante la Corte, a cuya jurisdicción también quedó sometido. A este respecto la Corte observa que la circunstancia de que la Comisión haya introducido el caso ante la Corte, inequívocamente indica que cesó su tramitación de conformidad con los procedimientos a cargo de aquélla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentación de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el término de la sustanciación del asunto por la Comisión, sin perjuicio de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento, un acuerdo amistoso entre las partes, aprobado por ésta, conduzca a la cancelación de la instancia y a la finalización del procedimiento judicial.

76. En conexión con la consideración precedente, la Corte debe subrayar que, una vez que un asunto ha sido introducido ante ella, no son aplicables las disposiciones del artículo 51, relativas a la preparación de un nuevo informe por la Comisión, que contenga su opinión y sus recomendaciones, el cual sólo es procedente, según la Convención, tres meses después de haberse hecho la comunicación a que se refiere el artículo 50. Según el artículo 51 de la Convención, es la elaboración del informe la que está condicionada a que no se haya acudido a la Corte y no la introducción de la demanda la que está sujeta a que no se haya preparado o publicado el informe. En consecuencia, si la Comisión procede a preparar o a publicar el informe del artículo 51, a pesar de haber introducido ya el caso ante la Corte, puede considerarse que ha aplicado indebidamente las disposiciones de la Convención, circunstancia ésta que puede afectar el valor jurídico del informe, pero que no acarrea la inadmisibilidad de la demanda puesto que, como se dijo, el texto de la Convención no condiciona, de ninguna manera, la introducción de la instancia a la no publicación del informe previsto por el artículo 51.

77. Por tanto, aun cuando los requerimientos de los artículos 50 y 51 no fueron observados a cabalidad, este hecho en ninguna forma ha perjudicado los derechos del Gobierno y, en consecuencia, no hay lugar a declarar inadmisible la demanda por esas razones.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 56-77.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 56-76.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 59-79.

45. La tercera pregunta se refiere a los artículos 50 y 51 de la Convención, preceptos que, como ya lo ha dicho esta Corte, plantean ciertas dificultades de interpretación (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 63; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 63 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 66).

46. Esas normas se inspiraron en los artículos 31 y 32 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de acuerdo con los cuales, cuando la Comisión Europea considera que existen violaciones a los derechos consagrados por dicha Convención, puede enviar el informe, que es uno solo, al Comité de Ministros a fin de que éste disponga las medidas que el Estado afectado debe tomar, o someterlo en forma de demanda al conocimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos para que el tribunal decida, de manera imperativa, sobre las violaciones alegadas.

47. Como en el sistema interamericano no fue establecido un órgano similar al Comité de Ministros, la Convención Americana atribuyó a la Comisión la facultad de determinar si somete el caso a la Corte o bien si continúa conociendo del mismo y redacta un informe final, que puede o no publicar.

48. Supuesta la admisibilidad y sin perjuicio del procedimiento previo contemplado en los artículos 48 y 49, los artículos 50 y 51 de la Convención establecen etapas sucesivas. En la primera, regulada por el artículo 50, la Comisión, siempre y cuando no se haya alcanzado una solución amistosa, puede exponer los hechos y sus conclusiones en un documento dirigido al Estado interesado y que tiene carácter preliminar. Este "informe" se transmite con carácter reservado al Estado para que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Comisión y solucione el problema. El Estado no tiene la facultad de publicarlo.

Una recta interpretación del artículo 50, basada en un presupuesto de igualdad de las partes, implica que la Comisión tampoco puede publicar ese informe preliminar, el cual se transmite, en la terminología de la Convención, solamente "a los Estados interesados".

49. El artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión, según el cual "[el] informe se transmitirá a las partes interesadas, quienes no estarán facultadas para publicarlo" y en virtud de que frente a la Comisión los solicitantes y las víctimas pueden tener el carácter de partes (por ejemplo, artículo 45 del Reglamento de la Comisión), no se conforma con el artículo 50 de la Convención y su aplicación ha dado lugar a que se altere el carácter reservado del informe y la obligación de no publicarlo.

50. Una segunda etapa está regulada por el artículo 51 y, en ella, si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado por el Estado al cual se ha dirigido el informe preliminar atendiendo las proposiciones formuladas en el mismo, la Comisión está facultada, dentro de dicho período, para decidir si somete el caso a la Corte por medio de la demanda respectiva o bien si continúa con el conocimiento del asunto. Esta decisión no es discrecional, sino que debe apoyarse en la alternativa que sea más favorable para la tutela de los derechos establecidos en la Convención.

51. Los tres meses se cuentan desde la remisión del informe del artículo 50 al Estado interesado y la Corte ha aclarado que dicho plazo, aun cuando no es fatal, tiene carácter preclusivo, salvo circunstancias excepcionales, por lo que respecta al sometimiento del caso a este Tribunal, con independencia de aquel que la Comisión señale al Estado para el cumplimiento de sus primeras recomendaciones (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, supra 41, párrs. 38 y 39).

52. El artículo 51 faculta a la Comisión para elaborar un segundo informe, cuya preparación está sometida a la condición de que el asunto no haya sido elevado a la consideración de la Corte, dentro del plazo de tres meses dispuesto por el mismo artículo 51.1, lo que equivale a decir que, si el caso ha sido introducido ante la Corte, la Comisión no está autorizada para elaborar [ese] informe (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 63; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 63 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 66).

En caso contrario, la Comisión posee la atribución de redactar un informe definitivo con las opiniones y conclusiones que considere convenientes. Deberá además hacer las recomendaciones pertinentes, dándole un plazo adicional al Estado para que tome las medidas adecuadas enderezadas a cumplir sus obligaciones dentro de la Convención.

53. Se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta asumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convención ha dado el nombre de "informes" y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo.

54. Puede existir una tercera etapa con posterioridad al informe definitivo. En efecto, vencido el plazo que la Comisión ha dado al Estado para cumplir las recomendaciones contenidas en este último sin que se acaten, la Comisión decidirá si lo publica o no, decisión ésta que también debe apoyarse en la alternativa más favorable para la tutela de los derechos humanos.

55. En este orden de ideas, la pregunta debe contestarse en el sentido de que no pueden subsumirse en uno sólo los dos informes regulados de manera separada por los artículos 50 y 51 de la Convención, ya que dichos preceptos establecen dos etapas diversas, aún cuando el contenido de esos documentos, de acuerdo con la conducta asumida por el Estado afectado, puede ser similar.

56. El documento preliminar y reservado del artículo 50 no puede ser publicado. El único que puede ser objeto de publicación es el informe definitivo previsto por el artículo 51 de la Convención, y esto por decisión tomada por la Comisión con posterioridad al plazo señalado al Estado para cumplir con las recomendaciones contenidas en el documento definitivo.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 45-56.

65. La Comisión solicitó el desagravio a la señora Carolina Loayza Tamayo, abogada defensora de la señora María Elena Loayza Tamayo, por las supuestas maniobras intimidatorias y acusaciones falsas que le hizo la DINCOTE. La Corte observa que dicha abogada no fue incluida como víctima en el informe que la Comisión remitió al Estado con fundamento en el artículo 50 de la Convención, por lo cual, esta petición no procede.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 65.

87. La Corte examina ahora los argumentos de la Comisión en favor de que el abogado de la víctima sea indemnizado por el Perú, debido a que el atentado que sufrió (supra, párr. 30.e.), se produjo con motivo de la defensa legal del señor Castillo Páez y de sus familiares.

88. Al respecto, la Corte indicó con anterioridad (supra, parr. 78), que no se ha precisado que el mencionado atentado que produjo serias lesiones al abogado Zúñiga Paz, se realizara específicamente en virtud de su intervención en la asistencia legal de la víctima y sus familiares. Además, debe tomarse en cuenta que el propio señor Zúñiga Paz no fue señalado como víctima por la Comisión. La reparación que pretende la Comisión no fue incluida por ella en las recomendaciones que formuló al Perú en su Informe 19/94 de 26 de septiembre de 1994, que es el antecedente de este asunto, pues en dicho Informe únicamente se señaló como víctima al señor Castillo Páez y sólo se pidieron reparaciones por las violaciones cometidas en su contra.

89. Tampoco aparece en la demanda el abogado Zúñiga Paz como víctima, ni la reparación respectiva como objeto de ella, sino que en el cuerpo de la misma y en el petitorio se indicó que el Estado debía reparar los daños sufridos por el citado abogado, por lo que la Corte no puede examinar esta solicitud en el fondo de este caso.

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párrs. 87-89.

61.2.1.4. potestad de la Corte para remitir a la Comisión casos en los que ha determinado que no se han agotado los procedimientos establecidos en los Artículos 48 al 50

29. En previsión de las dificultades que presenta el caso, el Gobierno solicitó subsidiariamente a la Corte que, de considerar inexcusables los procedimientos señalados en los artículos 48 a 50 de la Convención, remitiera el asunto a la Comisión para lo de su competencia. A pesar de que tal potestad no está prevista expresamente entre las atribuciones que la Convención, el Estatuto y el Reglamento confieren a la Corte, ésta no tiene objeción en dar curso a esta solicitud, en el entendimiento de que dicha remisión no implica una decisión de la Corte sobre la competencia de la Comisión.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 13 de noviembre de 1981, párr. 29.

8. La Corte, en vista de que la legitimación para introducir un caso a su conocimiento está limitada por la Convención a la Comisión y a los Estados Partes (art. 61.2), se abstuvo de tramitar las denuncias recibidas. Sin embargo, de acuerdo con una decisión adoptada en general y aplicada invariablemente desde 1979, en interés de facilitar la protección de los derechos humanos que es el objeto y fin de la Convención, las tuvo por presentadas y las transmitió ella misma a la Comisión.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A , Resolución de 15 de julio de 1981, Decisión de 8 de setiembre de 1983, párr. 8.