Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 60

60.0.1. interpretaci�n de normas procesales
60.0.2. reglas de decisiones y votaciones
60.0.3. reglas de procedimiento en casos contenciosos ante la Corte
60.0.3.1. estoppel
60.0.3.2. oportunidad procesal
60.0.3.2.1. para interponer excepciones preliminares
60.0.3.2.2. en relaci�n al agotamiento de recursos internos
60.0.3.2.3. para presentar nuevas reclamaciones ante la Corte
60.0.3.2.4. para solicitar pr�ctica de pruebas
60.0.3.3. reglas de evidencia en casos contenciosos ante la Corte
60.0.3.3.1. carga de la prueba
60.0.3.3.1.1. pruebas ordenadas por la Corte motu proprio (pruebas decretadas de oficio)
60.0.3.3.2. criterios de valoraci�n de la prueba
60.0.3.3.2.1. prueba circunstancial
60.0.3.3.2.1.1. efectos de la prueba por inferencia
60.0.3.3.2.2. prueba documental
60.0.3.3.2.3. testigos
60.0.3.3.2.4. pruebas periciales
60.0.3.3.2.4.1. recusaci�n de peritos
60.0.3.3.2.5. prueba de pr�ctica
60.0.3.3.2.6. declaraciones públicas de funcionarios
60.0.3.4. no comparecencia ante la Corte
60.0.3.5. efectos de inadmisibilidad por falta de presupuestos procesales
60.0.3.6. plazos en el tr�mite ante la Corte
60.0.3.7. formalidades de la demanda ante la Corte
60.0.3.8. representaci�n de la Comisi�n en casos ante la Corte
60.0.3.9. retiro de la demanda ante la Corte
60.0.3.10. solicitudes manifiestamente improcedentes
60.0.3.11. sobreseimiento del caso
60.0.3.11.1. desistimiento
60.0.3.11.2. allanamiento
60.0.3.12. impugnaci�n de las decisiones de la Corte
60.0.4. reglas de procedimiento en opiniones consultivas ante la Corte
60.0.4.1. formalidades de una solicitud de opini�n consultiva
60.0.4.2. tr�mite de una solicitud de opini�n consultiva
60.0.4.2.1. de acuerdo al art�culo 64.1
60.0.4.2.2. de acuerdo al art�culo 64.2
60.0.4.3. objeciones preliminares a la competencia consultiva de la Corte
60.0.4.4. desistimiento de una solicitud de opini�n consultiva
60.0.5. funciones de la Comisi�n Permanente de la Corte


La Corte preparar� su Estatuto y lo someter� a la aprobaci�n de la Asamblea General, y dictar� su Reglamento.

60.0.1. interpretaci�n de normas procesales

16. La Convenci�n tiene un fin que es la protecci�n internacional de los derechos esenciales del hombre, y organiza, adem�s, para la obtenci�n de ese fin, un sistema, que representa los l�mites y condiciones dentro de los cuales los Estados Partes han consentido en responsabilizarse internacionalmente de las violaciones de que se les acuse. Corresponde, por lo tanto, a esta Corte garantizar la protecci�n internacional que establece la Convenci�n, dentro de la integridad del sistema pactado por los Estados. En consecuencia, el equilibrio de la interpretaci�n se obtiene orient�ndola en el sentido m�s favorable al destinatario de la protecci�n internacional, siempre que ello no implique una alteraci�n del sistema.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n de 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 16.

30. La Corte entiende que la interpretaci�n de todas las normas de la Convenci�n relativas al procedimiento que debe cumplirse ante la Comisi�n para que "la Corte pueda conocer de cualquier caso" (art. 61.2), debe hacerse de forma tal que permita la protecci�n internacional de los derechos humanos que constituye la raz�n misma de la existencia de la Convenci�n y llegar, si es preciso, al control jurisdiccional. Los tratados deben interpretarse "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los t�rminos del tratado en el contexto de �stos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (art. 31.1 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El objeto y fin de la Convenci�n Americana es la eficaz protecci�n de los derechos humanos. Por ello, la Convenci�n debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el r�gimen de protecci�n de los derechos humanos a cargo de la Comisi�n y de la Corte adquiera todo "su efecto �til". Es plenamente aplicable aqu� lo que ha dicho la Corte de La Haya.

Considerando que, en caso de duda, las cl�usulas de un compromiso por el cual un diferendo es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus t�rminos, de manera que se permita a dichas cl�usulas desplegar su efecto �til (Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, p�g. 13).

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rr. 30.

Corte I.D.H, Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rr. 35.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rr. 33.

Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, p�rr. 37.

33. [L]a Corte deber abordar varios problemas relativos a la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas procesales contenidas en la Convenci�n. Para ese fin, la Corte tiene en cuenta, en primer lugar, que, en la jurisdicci�n internacional, la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido dise�ados los distintos procedimientos. A este respecto cabe destacar que, ya en sus primeras actuaciones, la Corte de La Haya se�al�:

La Corte, al ejercer una jurisdicci�n internacional, no est� llamada a atribuir a las consideraciones de forma la misma importancia que ellas podr�an tener en el derecho interno (Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, P.C.I.J., Series A, No. 2, p�g. 34; v�ase tambi�n Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p�rr. 42).

34. Esta Corte deber� determinar, por ende, si se han respetado las cuestiones esenciales impl�citas en las reglas de procedimiento contenidas en la Convenci�n. Para ello deber� examinar si, en el curso del tr�mite de este asunto, se ha visto menoscabado el derecho de defensa del Estado que opone las excepciones a la admisibilidad, o �ste se ha visto impedido de ejercer cualquiera de los otros derechos que la Convenci�n le reconoce dentro del procedimiento ante la Comisi�n. Asimismo la Corte ha de verificar si el presente asunto ha sido tramitado de conformidad con los lineamientos esenciales del sistema de protecci�n dispuesto por la Convenci�n. Dentro de esos criterios generales, la Corte examinar� las distintas cuestiones procesales que le han sido sometidas, con el objeto de definir si existen vicios tales en el tr�mite al que ha sido sometido el presente caso, que deba rechazarse in limine la consideraci�n del fondo.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 33-34.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 38-39.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 36-37.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, p�rr. 18.

42. . . . Es un principio com�nmente aceptado que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que �sta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos l�mites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia de los procedimientos, pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jur�dica.

Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, p�rr. 42.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 17, p�rr. 42.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996, Serie C No. 23, p�rr. 38.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, p�rr. 34.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rr. 33.

48. El retiro de la demanda no est� regulado de manera expresa en la Convenci�n o en los Estatutos o Reglamentos de la Comisi�n y de la Corte, pero esto no significa que sea inadmisible. Los principios generales del derecho procesal permiten que la parte demandante pueda solicitar al tribunal que no se tramite su demanda, cuando todav�a no ha iniciado el conocimiento del asunto, el cual comienza, generalmente, con la notificaci�n a la contraparte. Tanto m�s cuanto que el fundamento inicial de la jurisdicci�n de la Corte, al tenor de lo previsto en el art�culo 61.1 de la Convenci�n, radica en la voluntad de la Comisi�n o de los Estados Partes.

Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, p�rr. 48.

40. [S]on elementos consagrados para la interpretaci�n de los tratados el sentido corriente de sus t�rminos, el contexto y el objeto y fin de dichos tratados. Tales elementos se encuentran vinculados en el art�culo 31.1 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al indicar que el proceso de interpretaci�n es uno. Atentar�a contra el objeto y fin de la Convenci�n Americana, y no tomar�a en cuenta el contexto de la misma, aplicar las normas reglamentarias sin un criterio de razonabilidad, ocasionando un desequilibrio entre las partes y comprometiendo la realizaci�n de la justicia.

. . . .

42. No se puede tomar en cuenta el sentido literal de las normas reglamentarias haciendo abstracci�n del contexto de aplicaci�n de la Convenci�n Americana y del objeto y fin de la misma, a los cuales hay que vincular la interpretaci�n de todas las disposiciones aplicables en el caso concreto. "[L]o esencial", como se�al� la Corte, "es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido dise�ados los distintos procedimientos". (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, p�rr. 33; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, p�rr. 38 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p�rr. 36). Los defectos formales alegados por el Gobierno no representan perjuicio procesal contra el mismo que justifique que en este caso pueda prevalecer el sentido puramente literal de una disposici�n reglamentaria sobre el inter�s superior de la realizaci�n de la justicia en la aplicaci�n de la Convenci�n Americana.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996, Serie C No. 23, p�rrs. 40 y 42.

7. . . . Esto es as� debido a que el procedimiento contencioso ante esta Corte debe tener car�cter concentrado en virtud de que la protecci�n de los derechos humanos consagrados por la Convenci�n Americana, requiere que dicho procedimiento sea lo m�s breve posible y por ello no debe estar sometido a las excesivas formalidades del proceso ordinario de car�cter interno, en el cual se regula un sistema complejo de instrumentos de impugnaci�n y en �l se fijan los lineamientos y plazos para su interposici�n.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Resoluci�n de 27 de junio de 1996, considerando p�rr. 7.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Resoluci�n de 10 de septiembre de 1996, considerando p�rr. 7.

60.0.2. reglas de decisiones y votaciones

17. La consecuencia normal de nuestra discrepancia respecto de la admisibilidad habr�a sido la abstenci�n en cuanto al fondo de la respuesta emitida por la Corte. No obstante dentro del contexto de la presente opini�n hemos considerado ineludible votar favorablemente las conclusiones del fallo por las siguientes razones:

A. El art�culo 15.1 del Reglamento de la Corte dispone expresamente que el voto de cada Juez ser� "afirmativo o negativo, sin abstenciones." Esa circunstancia descarta enteramente la posibilidad de una abstenci�n sobre el fondo.

B. Como se ha expresado antes, no albergamos ninguna duda respecto de la exigibilidad internacional de las obligaciones contra�das por el art�culo 14, tal como lo analiza la Corte en sus consideraciones de fondo, con las cuales estamos de acuerdo.

C. Aun cuando hemos discrepado, por las razones antes mencionadas, sobre el ejercicio que la Corte ha hecho de sus facultades para la reformulaci�n de las consultas que le sean sometidas, reconocemos que en el presente caso dicha reformulaci�n no condujo a que la Corte entrara a considerar materias, como la interpretaci�n del derecho interno, que est�n fuera de su competencia y que se limitara al an�lisis de la Convenci�n, para lo cual s� est� plenamente facultada.

Opini�n Disidente Conjunta de los Jueces Rafael Nieto Navia y Pedro Nikken, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 17.

Opini�n Disidente y Concurrente del Juez Thomas Buergenthal, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 2.

60.0.3. reglas de procedimiento en casos contenciosos ante la Corte

132. El procedimiento ante la Corte, como tribunal internacional que es, presenta particularidades y car�cter propios por lo cual no le son aplicables, autom�ticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos.

133. Esto, que es v�lido en general en los procesos internacionales, lo es m�s a�n en los referentes a la protecci�n de los derechos humanos.

134. En efecto, la protecci�n internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acci�n penal. El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las v�ctimas y disponer la reparaci�n de los da�os que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 132-134.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 138-140.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 134-136.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Resoluci�n de 30 de junio de 1992, considerando p�rr. 5.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y Otros, Resoluci�n de 7 de julio de 1992, considerando p�rr. 3.

60.0.3.1. estoppel

34. Resulta entonces que el plazo original de tres meses fue prorrogado por la Comisi�n a pedido del Per�. Ahora bien en virtud de un principio elemental de buena fe que preside todas las relaciones internacionales, el Per� no puede invocar el vencimiento del plazo cuando ha sido �l mismo quien solicit� la pr�rroga. Por lo tanto, no puede considerarse que la demanda de la Comisi�n fue interpuesta fuera de t�rmino sino que, por el contrario, la presentaci�n tuvo lugar dentro del plazo acordado al Gobierno a su solicitud (cf. Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 72; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 72; y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 30, p�rr. 75).

35. Tampoco puede el Per�, como lo sostuvo en la audiencia, afirmar que la Comisi�n no ten�a competencia para otorgar una pr�rroga al plazo de tres meses que �l mismo pidi�, pues, en virtud de la buena fe, no se puede solicitar algo de otro y, una vez obtenido lo solicitado, impugnar la competencia de quien se lo otorg�.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No. 13, p�rrs. 34-35.

45. El Gobierno ha planteado . . . que la Comisi�n atendi� una petici�n "extempor�nea" del propio Gobierno para que se reconsiderara el informe, fundada en un art�culo inaplicable porque se refiere a Estados no Partes en la Convenci�n. Independientemente de que, como queda dicho, a la luz del art�culo 51.1 de la Convenci�n la solicitud no fue extempor�nea, la Corte debe recordar aqu� lo que ya dijo en un caso anterior sobre la buena fe que debe gobernar estos asuntos (Caso Neira Alegr�a y otros, Excepciones Preliminares, supra 38, p�rr. 35) y agregar que cuando una parte solicita algo, as� sea fundada en una disposici�n inaplicable, no puede luego de que se lo concedan impugnar la fundamentaci�n.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 17, p�rr. 45.

60.0.3.2. oportunidad procesal

60.0.3.2.1. para interponer excepciones preliminares

28. La Corte considera, en relaci�n con las anteriores alegaciones, que son infundadas las expuestas por el Gobierno en cuanto a la oportunidad de la presentaci�n de sus excepciones preliminares, en virtud de que, si bien el plazo establecido por el art�culo 31.1 del Reglamento se fija en treinta d�as, mientras que para la contestaci�n a la demanda se se�ala el de tres meses, dicha diferencia no tiene como base un c�mputo diverso, como lo sostiene Per�, ya que en el procedimiento internacional no se fijan dichos plazos con los mismos criterios que se utilizan para el de car�cter interno.

29. Es cierto que en algunos ordenamientos procesales nacionales y en la pr�ctica seguida por varios tribunales internos, se hace una diferenciaci�n de los plazos judiciales cuando se establecen por d�as o bien por per�odos de meses o a�os, ya que los primeros se computan excluyendo los d�as inh�biles y los segundos se cuentan en forma calendaria. Sin embargo. esta distinci�n no puede utilizarse en el �mbito de los tribunales internacionales, debido a que no existe una regulaci�n uniforme que determine cu�les son las fechas inh�biles, salvo que estuvieran se�aladas expresamente en los reglamentos de los organismos internacionales.

30. Esta situaci�n es m�s evidente en el caso de esta Corte, por tratarse de un organismo jurisdiccional que no funciona de manera permanente y que celebra sus sesiones, sin necesidad de habilitaci�n, en d�as que pueden ser inh�biles de acuerdo con las reglas se�aladas para los tribunales nacionales y los de la sede de la propia Corte. Por esta raz�n no pueden tomarse en consideraci�n los criterios de las leyes procesales nacionales.

31. Si bien es verdad, como lo sostiene el Gobierno, que en el Reglamento de esta Corte no existe una disposici�n similar a la establecida por el art�culo 77 del Reglamento de la Comisi�n

Interamericana, en el sentido de que todos los plazos en d�as, se�alados en el �ltimo Reglamento, "se entender�n computados en forma calendaria", sin embargo, esta disposici�n debe considerarse impl�cita en el procedimiento ante este Tribunal, pues como se ha sostenido anteriormente, no podr�a aceptarse el criterio contrario de la diferenciaci�n invocada por Per�, por no existir una base de referencia, como la que se establece en las leyes procesales internas, para determinar las fechas inh�biles, y por ello no ser�a posible realizar un c�mputo diferente al de los d�as naturales para precisar la duraci�n de los plazos establecidos en d�as, meses o a�os.

. . . .

33. En consecuencia, si el per�odo de treinta d�as se�alado en el art�culo 31.1 del Reglamento de este Tribunal debe considerarse como calendario, y la notificaci�n de la demanda se efectu� el 13 de febrero de 1995, fecha en que la recibi� el Gobierno, el plazo concluy� el 13 de marzo siguiente, habi�ndose recibido el escrito de excepciones preliminares en la Secretar�a de la Corte el 24 del citado mes de marzo de 1995.

34. La Corte ha expresado que:

[e]s un principio com�nmente aceptado que el sistema procesal es un medio pare realizar la justicia y que �sta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos l�mites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia de los procedimientos pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jur�dica (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, supra 27, p�rr. 42; Caso Paniagua Morales y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, p�rr. 38)

35. La Corte observa que el escrito por el cual el Gobierno opuso excepciones preliminares se present� con un retraso de algunos d�as respecto del plazo de treinta d�as fijado por el art�culo 31.1 de su Reglamento, pero esta dilaci�n no puede ser considerada excesiva dentro de los l�mites de temporalidad y razonabilidad que este Tribunal ha estimado como necesarios para dispensar el retraso en el cumplimiento de un plazo (v�ase Caso Paniagua Morales y otros, supra 34, p�rrs. 37 y 39). Adem�s, que esta misma Corte ha aplicado con flexibilidad los plazos establecidos en la Convenci�n y en su Reglamento, incluyendo el se�alado por el citado art�culo 31.1 de este �ltimo, y ha otorgado en varias ocasiones las pr�rrogas que han solicitado las partes cuando las mismas han aducido motivos razonables.

36. En el presente caso, la Corte considera que a�n cuando el Gobierno no solicit� expresamente una pr�rroga, esta omisi�n se debi�, posiblemente, al error en que incurri� al hacer el c�mputo excluyendo los d�as inh�biles de acuerdo con sus ordenamientos procesales. Por las razones expuestas, debe entrarse al examen de las excepciones preliminares presentadas por Per�.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, p�rrs. 28-31 y 33-36.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rrs. 27-30 y 32-35.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Resoluci�n de 16 de abril de 1997, p�rr. 4.

60.0.3.2.2. en relaci�n al agotamiento de recursos internos

88. [L]a excepci�n de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podr� presumirse la renuncia t�cita a valerse de la misma por parte del Estado interesado.

89. [L]a Corte observa que el expediente evidencia:

a) que el Gobierno no interpuso la excepci�n en tiempo oportuno, cuando la Comisi�n inici� el conocimiento de la denuncia introducida ante ella; y

b) que al interponerla, lo hizo de manera confusa. As�, por ejemplo, en su nota del 18 de noviembre de 1983, se�al� que la jurisdicci�n interna no estaba agotada porque un recurso de exhibici�n personal estaba pendiente, mientras que en la audiencia sostuvo que el recurso de exhibici�n personal no agota los recursos internos. En otras oportunidades el Gobierno se refiri� a dichos recursos en forma muy general, sin precisar cu�les eran los remedios �tiles, seg�n el derecho interno, para resolver controversias como la que est� sometida a consideraci�n de la Corte. Tambi�n hay evidencia en el expediente de que el Gobierno respondi� a los requerimientos de informaci�n que le fueron dirigidos por la Comisi�n, incluso los relativos a los recursos internos, s�lo despu�s de largas demoras y que la informaci�n suministrada no respondi� siempre a las preguntas formuladas por la Comisi�n.

90. En circunstancias normales, la descrita conducta del Gobierno justificar�a la conclusi�n de que hace largo tiempo pas� el momento para pretender el rechazo de este caso con base en el no agotamiento de los recursos internos. Sin embargo, la Corte no debe resolver sin tener en cuenta ciertas actuaciones procesales cumplidas por ambas partes. Por ejemplo, el Gobierno no hizo valer la excepci�n de los recursos internos en el momento en que recibi� la comunicaci�n formal de la petici�n introducida ante la Comisi�n, como medio para oponerse a la admisibilidad de la misma, y tampoco respondi� a la solicitud de informaci�n de la Comisi�n. La Comisi�n, por su parte, al recibir por primera vez la alegaci�n de que a�n no se hab�an agotado los recursos internos, lo que ocurri� en fecha posterior a la adopci�n de su resoluci�n 30/83, no s�lo omiti� se�alar al Gobierno que tal alegaci�n resultaba extempor�nea, sino que, por nota del 30 de mayo de 1984, le solicit� informaci�n sobre si "(a) la fecha se han agotado los recursos de la jurisdicci�n interna". En esas condiciones, y sin m�s evidencias que las contenidas en el expediente, la Corte considera que ser�a impropio rechazar in limine la excepci�n del Gobierno sin dar a ambas partes la oportunidad de sustanciar plenamente sus puntos de vista.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 88-90.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 87-89.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 90-92.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C No. 13, p�rr. 30.

95. La Comisi�n ha planteado, adem�s, que la interposici�n de los recursos internos en este caso fue infructuosa y que, por a�adidura, en el tiempo en que ocurrieron los hechos estaban presentes las tres excepciones contempladas por la Convenci�n a la regla del previo agotamiento. El Gobierno sostiene, en cambio, que el sistema judicial interno ofrece mayores posibilidades. Esa diferencia conduce inevitablemente al tema de la efectividad de los recursos internos y del sistema judicial considerados en su conjunto, como mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos. En esa perspectiva, si la Corte acogiera la excepci�n opuesta por el Gobierno y declarara que quedan recursos internos efectivos por oponer, se estar�a adelantando sobre la cuesti�n de fondo, sin haber recibido las pruebas y argumentos que la Comisi�n ha ofrecido, as� como los que el Gobierno pudiere proponer. Si, en cambio, declarara que los recursos internos efectivos se han agotado o que no existieron, estar�a prejuzgando sobre el fondo en contra del Estado involucrado.

96. Por tanto, las cuestiones relativas al agotamiento y efectividad de los recursos internos aplicables al presente caso deben ser resueltas junto con las cuestiones de fondo.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rrs. 95-96.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rrs. 94-95.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rrs. 97-98.

60.0.3.2.3. para presentar nuevas reclamaciones ante la Corte

81. La Comisi�n solicita que la Corte condene a Suriname a pagar a la tribu Saramaca una indemnizaci�n por da�o moral y a efectuarle ciertas reparaciones no pecuniarias.

Suriname opone a esta reclamaci�n una raz�n de procedimiento y sostiene que la Comisi�n efectu� esta demanda en la etapa de la determinaci�n de la indemnizaci�n y que nada expres� sobre este tema en su memoria del 1 de abril de 1991.

La Corte no estima fundada la argumentaci�n del Gobierno pues en el procedimiento ante un tribunal internacional una parte puede modificar su petici�n siempre que la contraparte tenga la oportunidad procesal de emitir su opini�n al respecto (cfr. Usine de Chorz�w, fond, supra 43, p. 7; Neuvi�me rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale, C.PJ.I., S�rie E, No. 9, P. 163).

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 81.

86. Independientemente de que estos argumentos fueron invocados en sus alegatos finales y que por eso no fueron contradichos por el Estado, cabe se�alar que el primero se refiere a una consecuencia accesoria de la desaparici�n forzada de Ernesto Rafael Castillo P�ez, la cual �sta Corte consider� demostrada, en violaci�n de la Convenci�n Americana, con todas sus consecuencias jur�dicas. El segundo argumento se refiere a la formulaci�n de un derecho no existente en la Convenci�n Americana aunque pueda corresponder a un concepto todav�a en desarrollo doctrinal y jurisprudencial, lo cual en este caso se encuentra ya resuelto por la decisi�n de la Corte al establecer el deber que tiene el Per� de investigar los hechos que produjeron las violaciones a la Convenci�n Americana (infra, p�rr. 90)

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rr. 86.

60.0.3.2.4. para solicitar pr�ctica de pruebas

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme a las disposiciones antes transcritas y a los principios de celeridad y concentraci�n que regulan los procesos relativos al ejercicio de los derechos humanos, corresponde a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, como carga procesal, precisar en la demanda los medios probatorios que pretende hacer valer, con indicaci�n de los testigos y peritos, con menci�n de su identidad; lugar y circunstancias de las inspecciones, objeto de las experticias y dem�s datos necesarios para la obtenci�n de la prueba. Los documentos podr�n ser consignados con la demanda o posteriormente, siempre que sea antes del debate oral. A su vez, corresponde al Estado demandado, en los mismos t�rminos, cumplir dichos requerimientos en el escrito de contestaci�n.

2. Que no existe dentro del procedimiento previsto en el Reglamento, otro acto distinto al de la demanda y su contestaci�n; y al de oposici�n de excepciones preliminares y su contestaci�n, para el se�alamiento espec�fico de las pruebas, de modo que puedan las partes, rec�procamente, ejercer el control necesario para la regularidad y validez de las mismas.

POR LO TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de las facultades que le atribuye el art�culo 1.3 de su Reglamento,

RESUELVE:

  1. Que, con el objeto de ordenar el procedimiento y con estricta sujeci�n al Reglamento, s�lo admitir� las pruebas se�aladas en la demanda y su contestaci�n y en el escrito de oposici�n de excepciones preliminares y su contestaci�n. Si alguna de las partes alegare la fuerza mayor, un impedimento grave o el surgimiento de hechos supervinientes para la utilizaci�n de una prueba, podr� la Corte, excepcionalmente, admitirla en momento distinto a los antes se�alados, siempre que se garantice a la parte contraria al promovente, el derecho de defensa.
  2. Comun�quese esta resoluci�n a los Estados Partes en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, al Secretario General de la Organizaci�n de los Estados Americanos y a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos.

Corte I.D.H., Resoluci�n de 2 de febrero de 1996, OEA/Ser.L/V/III.35, doc. 4, 3 de febrero de 1997, considerando p�rrs. 1-2, resuelve p�rrs. 1-2.

CONSIDERANDO:

1. Que el art�culo 43 del Reglamento establece que

[l]as pruebas promovidas por las partes s�lo ser�n admitidas si son se�aladas en la demanda y en su contestaci�n y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y en su contestaci�n.

Excepcionalmente la Corte podr� admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes se�alados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.

Esta disposici�n otorga un car�cter excepcional a la posibilidad de admitir medios de prueba en momento distinto de los se�alados. Dicha excepci�n ser� aplicable �nicamente en caso de que la parte proponente alegue fuerza mayor, impedimento grave o hechos supervinientes. En el presente caso, el Estado ha indicado a la Corte que los documentos aportados representan "hechos supervinientes" y que por ello se han presentado con posterioridad al escrito de contestaci�n de la demanda, a saber, el 2 de junio de 1995. La Corte considerar� si los documentos presentados son pruebas supervinientes y si tienen relaci�n con el objeto de la demanda en el presente caso.

2. Que despu�s de un minucioso estudio del expediente relativo al juicio realizado con el caso Paniagua Morales y otros (supra, visto 1), la Corte ha determinado que las actuaciones relevantes presentadas por el Estado datan de 1988 y, en su caso, de a�os anteriores. En este sentido, es imposible que la documentaci�n propuesta sea considerada como un hecho superviniente y, en consecuencia, su admisi�n como prueba resulta improcedente. Sin embargo, es necesario se�alar que el 5 de enero de 1996 el Estado present� a la Corte una copia completa del proceso n�mero 165-88 del Juzgado S�ptimo de primera instancia penal de instrucci�n, la cual fue transmitida oportunamente a la Comisi�n y est� agregada al acervo probatorio del presente caso.

3. Que la Corte ha examinado detenidamente los expedientes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Polic�a Nacional de Guatemala, relativos a la investigaci�n realizada respecto de los casos de los se�ores Julio An�bal Trejo Duque, Carlos Mor�n Amaya y Erik Leonardo Chinchilla (supra, visto 2, apartes a, d y e) y ha determinado que las actuaciones relevantes presentadas por el Estado datan del a�o de 1988. La Corte deja constancia que en m�ltiples ocasiones durante el tr�mite del presente caso solicit� al Estado que proporcionara la informaci�n judicial relevante a dichos procesos. El 3 de marzo de 1997, el Estado present� a la Corte un informe del Jefe del Departamento de Coordinaci�n y Clasificaci�n del Archivo General de Tribunales, el cual indica que en dicho archivo no se pudo localizar ning�n expediente relacionado con el Juez Trejo Duque ni con los se�ores Mor�n Amaya y Chinchilla. Sin embargo, debido al hecho que esta informaci�n fue solicitada en respuesta a una solicitud de la Comisi�n Interamericana, la Corte considera pertinente dar traslado a �sta para que se pronuncie sobre la admisi�n o no de los referidos documentos.

4. Que la Corte ha analizado los restantes documentos presentados por el Estado en su segundo escrito (supra, visto 2, apartes b y c) y ha constatado que todos ellos datan del per�odo comprendido entre los a�os de 1987 y 1989, por lo que no pueden ser considerados como hechos supervinientes a la contestaci�n de la demanda en el presente caso. En consecuencia, su inclusi�n al acervo probatorio del presente caso es improcedente.

5. Que la Corte ha estudiado los documentos presentados por el Estado en su tercer escrito (supra, visto 3) y ha determinado que algunos de ellos se refieren a testigos que han sido propuestos por las partes para rendir declaraciones en las audiencias de fondo en el presente caso (supra, visto 3, apartes a, b, c, d y g). La Corte estima oportuno dar traslado de estos documentos a la Comisi�n, con excepci�n de los referidos a la se�ora Sonia Aracely del Cid Hern�ndez, quien no compareci� a rendir testimonio. Los restantes documentos presentados por el Estado en ese escrito (supra, visto 3, apartes e, f, h, i) no pueden ser considerados hechos supervinientes, por lo que su inclusi�n como prueba en este caso es improcedente.

6. Que la solicitud de aplicaci�n de la Ley de Reconciliaci�n nacional en la v�a incidental presentada por el se�or Jos� Antonio Aldana Fajardo data del d�a 19 de septiembre de 1997 por lo cual s� puede ser considerada como un hecho superviniente y es procedente dar traslado de este documento a la Comisi�n.

7. Que los otros documentos presentados por el Estado no se refieren a los hechos que ser�n examinados por la Corte en el caso Paniagua Morales y otros, de acuerdo con el texto de la demanda del mismo.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Resoluci�n de 24 de septiembre de 1997, considerando p�rrs. 1-7.

VISTOS:

1. El escrito del Estado de Guatemala (en adelante "el Estado") de 6 de octubre de 1997, mediante el cual solicit� a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte") que, de acuerdo con la disposici�n del art�culo 43 de su Reglamento (en adelante "el Reglamento"), citara al se�or Julio An�bal Trejo Duque en calidad de testigo en el presente caso y convocara una audiencia p�blica con el prop�sito de escuchar su declaraci�n en su siguiente per�odo de sesiones y manifest� que

[p]or motivos de FUERZA MAYOR e IMPEDIMENTO GRAVE, cuando se le solicit� al Ex-Juez JULIO ANIBAL TREJO DUQUE a instancia de la Honorable Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, su participaci�n en el presente caso, �ste manifest� que por razones de salud le era materialmente imposible concurrir a las audiencias, puesto que estaba sufriendo graves transtornos de �sta; sin embargo, tomando en consideraci�n que su salud ha mejorado, y en un af�n de establecer la verdad en relaci�n al caso en estudio: el Ex-Juez TREJO DUQUE, solicit� al suscrito como Agente Principal del Estado y del Gobierno, que se proponga ante esa Honorable Corte, su participaci�n como Testigo.

2. El escrito del Estado de 26 de febrero de 1997, recibido en la Secretar�a de la Corte (en adelante "la Secretar�a") el 3 de marzo del mismo a�o, mediante el cual present� a la Corte un acta notarial rendida por el se�or Julio An�bal Trejo Duque. El Estado manifest� en esa ocasi�n que, en lo que se refer�a al caso Paniagua Morales y otros, al se�or Trejo Duque nunca le interes�, ni le interesa[ba], ni [ten�a] la intenci�n de emprender acciones legales para la continuaci�n del proceso, y se desliga[ba] totalmente del mismo para que no se le tom[ara] en cuenta en ninguna diligencia, ya que por razones de salud no [pod�a] acudir a los tribunales y promoverlas, y sobre todo, como dejo apuntado arriba, no le interesa[ba] en absoluto el desarrollo del proceso[.]

3. El escrito de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisi�n") de 13 de octubre de 1997, por medio del cual manifest� que el testimonio del se�or Trejo Duque ha sido ofrecido en forma extempor�nea y que su aceptaci�n amenazar�a la integridad del proceso y solicit� que la Corte lo rechazara.

CONSIDERANDO:

1. Que el art�culo 43 del Reglamento establece que

[l]as pruebas promovidas por las partes s�lo ser�n admitidas si son se�aladas en la demanda y en su contestaci�n y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y en su contestaci�n. Excepcionalmente la Corte podr� admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes se�alados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.

Esta disposici�n permite a la Corte aceptar de modo extraordinario la prueba extempor�nea. El Estado afirma que las declaraciones de los testigos y los dict�menes de los expertos, recibidos por la Corte en las audiencias p�blicas que celebr� en su sede del 22 al 24 de septiembre del presente a�o, en los cuales se cit� "profusamente" al se�or Trejo Duque, constituyen hechos supervinientes que exigen que se reciba su testimonio. Adem�s, indic� que los trastornos de su salud fueron motivos de fuerza mayor que impidieron su comparecencia previa ante la Corte.

2. Que el Estado ofreci� el testimonio del Juez Trejo Duque hasta el 6 de octubre de 1997. En este sentido, lleva raz�n la Comisi�n al afirmar que el Estado "no ha presentado ninguna justificaci�n para explicar por qu� [.] no nombr� al Juez Trejo Duque como testigo en el momento oportuno", con independencia del hecho de que dicho testimonio hubiese podido ser recibido o no. Por esta raz�n, la disposici�n contenida en el art�culo 43 del Reglamento de la Corte resulta inaplicable.

3. Que, sin embargo, la Corte goza de amplios poderes en materia probatoria, dentro de los cuales destacan los que le otorga el art�culo 44.2 de su Reglamento, que establece que

[e]n cualquier estado de la causa la Corte podr�:

[...]

[r]equerir a las partes el suministro de alguna prueba que est� a su alcance o de cualquier explicaci�n o declaraci�n que, a su juicio, pueda ser �til.

Dicha atribuci�n deriva del deber de la Corte de suplir cualquier deficiencia procesal con el prop�sito de esclarecer la verdad de los hechos investigados y su ejercicio no implica una renuncia a sus potestades discrecionales para apreciar la conducta de las partes ni, como lo ha dicho anteriormente, "a su deber de valorar la totalidad de los hechos" (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 138).

4. Que en el presente caso, de lo actuado en el proceso y las pruebas presentadas por las partes, se estima que el testimonio del se�or Julio An�bal Trejo Duque puede ser �til para esclarecer los hechos que fundamentan la controversia entre las partes. Al hacer esta consideraci�n, esta Presidencia ha tenido en cuenta, adem�s de las circunstancias particulares del se�or Trejo Duque, su contacto directo y conocimiento inmediato de algunos hechos del caso que son actualmente objeto de controversia.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Resoluci�n de 16 de octubre de 1997, vistos p�rrs. 1-3 y considerando p�rrs. 1-4.

60.0.3.3. reglas de evidencia en casos contenciosos ante la Corte

135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperaci�n del Estado.

136. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisi�n, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la pr�ctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicci�n del Estado, de la cooperaci�n y de los medios que le proporcione el Gobierno.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 135-136.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 141-142.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rr. 49.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 65.

24. [L]a Corte adopt� una resoluci�n mediante la cual dispuso:

  1. Instruir al Presidente para que, en consulta con las partes, otorgue al Gobierno un plazo definitivo y perentorio, que no podr� exceder del 27 de agosto de 1987, para que presente su contramemoria sobre el fondo del asunto y ofrezca sus pruebas, con indicaci�n de los hechos que con cada una pretende demostrar. En el ofrecimiento de pruebas deber� indicar la forma, ocasi�n y t�rminos como desea presentarlas.
  2. La Comisi�n, dentro de los treinta d�as siguientes a la comunicaci�n de esta resoluci�n, deber� ratificar por escrito su solicitud de prueba ya formulada, sin perjuicio de que pueda modificar o completar la ofrecida. En tal ratificaci�n deber� indicar los hechos que con cada una de las pruebas pretende demostrar y la forma, ocasi�n y t�rminos como desea presentarlas. La Comisi�n podr� tambi�n ampliar o modificar su ofrecimiento de pruebas, a la mayor brevedad, cuando haya tenido conocimiento del escrito del Gobierno a que se refiere el punto 1 de esta resoluci�n.
  3. Instruir, asimismo, al Presidente para que, sin perjuicio de la alzada que sea procedente ante la Corte, resuelva las cuestiones incidentales que surjan, admita o rechace las pruebas ya ofrecidas o que se ofrecieren, ordene la evacuaci�n de las documentales, periciales u otras no testimoniales que acoja, y, en consulta con las partes, convoque a la audiencia o audiencias sobre el fondo, en las cuales se incorporar�n las pruebas recibidas, se recibir�n la declaraci�n de testigos y peritos que fueren del caso y se oir�n las conclusiones finales.
  4. Instruir al Presidente para que gestione con las autoridades respectivas las garant�as necesarias de inmunidad y participaci�n de los representantes y asistentes de las partes, testigos y peritos, as� como, en su caso, delegados de la Corte."

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 24.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 26.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 23.

60.0.3.3.1. carga de la prueba

122. Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar por precisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y los criterios generales que orientan su valoraci�n y la determinaci�n de los hechos probados en el presente juicio.

123. Dado que la Comisi�n es quien demanda al Gobierno por la desaparici�n de Manfredo Vel�squez a ella corresponde, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que su demanda se funda.

124. El argumento de la Comisi�n se basa en que una pol�tica de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdadero prop�sito el encubrimiento y la destrucci�n de la prueba relativa a las desapariciones de los individuos objeto de la misma. Cuando la existencia de tal pr�ctica o pol�tica haya sido probada, es posible, ya sea mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias l�gicas pertinentes, demostrar la desaparici�n de un individuo concreto, que de otro modo ser�a imposible, por la vinculaci�n que �sta �ltima tenga con la pr�ctica general.

125. El Gobierno no objet� el enfoque propuesto por la Comisi�n. Sin embargo, argument� que no fue probada la existencia de una pr�ctica de desapariciones en Honduras ni la participaci�n de autoridades hondure�as en la supuesta desaparici�n de Manfredo Vel�squez.

126. La Corte no encuentra ninguna raz�n para considerar inadmisible el enfoque adoptado por la Comisi�n. Si se puede demostrar que existi� una pr�ctica gubernamental de desapariciones en Honduras llevada a cabo por el Gobierno o al menos tolerada por �l, y si la desaparici�n de Manfredo Vel�squez se puede vincular con ella, las denuncias hechas por la Comisi�n habr�an sido probadas ante la Corte, siempre y cuando los elementos de prueba aducidos en ambos puntos cumplan con los criterios de valoraci�n requeridos en casos de este tipo.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 122-126.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 128-132.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 125-129.

34. El Gobierno plante� "abuso de derecho por la forma de determinar la prueba ante la Corte" y afirm� que "aunque la Comisi�n no lo haya dicho expresamente �sta en el presente caso ha hecho uso de la irregular presunci�n de hechos ciertos establecida en el art�culo 42 de su Reglamento, a pesar de que, de los elementos probatorios presentados por Suriname a la Comisi�n, resultare una conclusi�n diversa". Por su parte, la Comisi�n afirm� que sus conclusiones se basan en la investigaci�n realizada y en las pruebas obtenidas y que no aplic� la presunci�n del art�culo 42 de su Reglamento, seg�n el cual "[s]e presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n [...] si [...] dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente".

35. La Corte no encontr� en el expediente evidencia alguna de que la Comisi�n haya hecho uso de la presunci�n a que se refiere el art�culo 42 de su Reglamento.

36. Como el Gobierno no sustent� ni en el escrito ni en la audiencia la forma como supone que la Comisi�n podr�a llegar a cometer "abuso del derecho de petici�n" al demandar ante la Corte, el tribunal, en aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 27.2 del Reglamento, seg�n el cual "[e]l escrito mediante el cual se oponga la excepci�n contendr� la exposici�n de hecho y de derecho, y sobre esta fundamentaci�n se basar� la excepci�n" no la considera.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, p�rrs. 34-36.

71. La Corte ha efectuado anteriormente una distinci�n entre la reparaci�n correspondiente a los sucesores y la debida a los reclamantes o dependientes. A los primeros, la Corte otorgar� la reparaci�n solicitada porque existe una presunci�n de que la muerte de las v�ctimas les ha causado perjuicio, quedando a cargo de la contraparte la prueba en contrario (cfr. supra, par. 54). Pero, respecto de los otros reclamantes o dependientes, el onus probandi corresponde a la Comisi�n. Y �sta, a criterio de la Corte, no ha aportado las pruebas necesarias que permitan demostrar el cumplimiento de las condiciones indicadas.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 71.

65. La Corte considera que no corresponde a la Comisi�n demostrar el paradero de las tres personas a que se refiere �ste proceso, sino que, por la circunstancia de que en su momento los penales y luego las investigaciones estuvieron bajo el control exclusivo del Gobierno, la carga de la prueba recae sobre el Estado demandado. Estas pruebas estuvieron a disposici�n del Gobierno o deber�an haberlo estado si �ste hubiera procedido con la necesaria diligencia. La Corte en casos anteriores ha dicho:

[a] diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperaci�n del Estado. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisi�n, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la pr�ctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicci�n del Estado, de la cooperaci�n y de los medios que le proporcione el Gobierno. (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 63, p�rrs. 135-136; Caso God�nez Cruz, supra 63, p�rrs. 141-142).

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 65.

60.0.3.3.1.1. pruebas ordenadas por la Corte motu proprio (pruebas decretadas de oficio)

138. La forma en que la defensa ha sido conducida habr�a podido bastar para que muchos de los hechos afirmados por la Comisi�n se tuvieran v�lidamente por ciertos, sin m�s, en virtud del principio de que, salvo en la materia penal - que no tiene que ver en el presente caso, como ya se dijo (supra 134 y 135)-, el silencio del demandado o su contestaci�n elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptaci�n de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicci�n judicial. La Corte, sin embargo, trat� de suplir esas deficiencias procesales, admitiendo todas las pruebas que le fueron propuestas, aun en forma extempor�nea, y ordenando de oficio algunas otras. Esto, por supuesto, sin renunciar a sus potestades discrecionales para apreciar el silencio o la inercia de Honduras ni a su deber de valorar la totalidad de los hechos.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 138.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 144.

3. Que, sin embargo, la Corte goza de amplios poderes en materia probatoria, dentro de los cuales destacan los que le otorga el art�culo 44.2 de su Reglamento, que establece que

[e]n cualquier estado de la causa la Corte podr�:

[...]

[r]equerir a las partes el suministro de alguna prueba que est� a su alcance o de cualquier explicaci�n o declaraci�n que, a su juicio, pueda ser �til.

Dicha atribuci�n deriva del deber de la Corte de suplir cualquier deficiencia procesal con el prop�sito de esclarecer la verdad de los hechos investigados y su ejercicio no implica una renuncia a sus potestades discrecionales para apreciar la conducta de las partes ni, como lo ha dicho anteriormente, "a su deber de valorar la totalidad de los hechos" (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 138).

4. Que en el presente caso, de lo actuado en el proceso y las pruebas presentadas por las partes, se estima que el testimonio del se�or Julio An�bal Trejo Duque puede ser �til para esclarecer los hechos que fundamentan la controversia entre las partes. Al hacer esta consideraci�n, esta Presidencia ha tenido en cuenta, adem�s de las circunstancias particulares del se�or Trejo Duque, su contacto directo y conocimiento inmediato de algunos hechos del caso que son actualmente objeto de controversia.

5. Que la caracter�stica misma de la prueba contemplada en el art�culo 44 del Reglamento permite a la Corte requerir la presentaci�n de evidencia adicional en cualquier momento previo a la emisi�n de la sentencia y que es precisamente en la etapa final del procedimiento sobre el fondo, a saber, una vez que la prueba ofrecida por las partes ha sido recibida por la Corte, que �sta puede verse en la necesidad de ordenar evidencia adicional para cumplir los deberes que le confiere la Convenci�n Americana.

6. Que las afirmaciones del Estado sobre el cambio en las circunstancias de salud del se�or Trejo Duque implican que su testimonio constituye, en este momento, una "prueba [que puede ser �til y] que est[�] a su alcance", por lo que es pertinente ejercitar la facultad conferida a la Corte en el art�culo 44 del Reglamento.

7. Que, en virtud de los principios de econom�a y celeridad procesal, es oportuno que la Corte escuche el testimonio del se�or Julio An�bal Trejo Duque a la mayor brevedad posible.

Que en el presente caso se ha se�alado plazo a las partes para la presentaci�n de sus alegatos finales y es pertinente que �ste sea mantenido. Sin embargo, en virtud del principio de equilibrio procesal y de que el contenido espec�fico de las declaraciones del se�or Trejo Duque es a�n desconocido, es procedente otorgar a las partes la oportunidad de expresar sus conclusiones sobre dichas declaraciones y se�alar un plazo adicional para que presenten por escrito cualquier modificaci�n que �stas pudieran provocar en sus alegatos finales. Estas consideraciones son concordantes con el inter�s de la justicia y la jurisprudencia internacional dictada en esta materia (C.I.J., Essais nucl�aires (Australie c. France), arr�t du 20 d�cembre 1974, C.I.J. Recueil 1974, 253, p. 264).

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Resoluci�n de 16 de octubre de 1997, considerando p�rrs. 3-7.

60.0.3.3.2. criterios de valoraci�n de la prueba

127. La Corte debe determinar cu�les han de ser los criterios de valoraci�n de las pruebas aplicables en este caso. Ni la Convenci�n ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento tratan esta materia.

Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una r�gida determinaci�n del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p�rrs. 29-30 y 59-60).

128. Para un tribunal internacional, los criterios de valoraci�n de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos. En cuanto al requerimiento de prueba, esos mismos sistemas reconocen gradaciones diferentes que dependen de la naturaleza, car�cter y gravedad del litigio.

129. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribuci�n a un Estado Parte en la Convenci�n del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una pr�ctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoraci�n de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicci�n de la verdad de los hechos alegados.

130. La pr�ctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la �nica que puede leg�timamente considerarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparici�n, ya que esta forma de represi�n se caracteriza por procurar la supresi�n de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las v�ctimas.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 127-131.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 133-137.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 130-133.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rr. 49.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 33.

60.0.3.3.2.1. prueba circunstancial

155. La Corte reitera a este respecto que en los casos de desaparici�n forzada de seres humanos es especialmente v�lida la prueba indiciaria que fundamenta una presunci�n judicial (supra 136- 137).

Se trata de un medio probatorio utilizado en todos los sistemas judiciales y puede ser el �nico instrumento para que se cumpla el objeto y fin de la Convenci�n Americana y para que la Corte pueda hacer efectivas las funciones que la misma Convenci�n le atribuye, cuando las violaciones a los derechos humanos implican la utilizaci�n del poder del Estado para la destrucci�n de los medios de prueba directos de los hechos, en procura de una total impunidad o de la cristalizaci�n de una suerte de crimen perfecto.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 155.

47. Esta disposici�n contiene como garant�as espec�ficas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibici�n de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Seg�n el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, adem�s, con estricta sujeci�n a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se est� en presencia de una condici�n seg�n la cual nadie puede ser sometido a detenci�n o encarcelamiento por causas y m�todos que -a�n calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.

48. En el caso sub judise, le resulta imposible a la Corte determinar si la detenci�n de Asok Gangaram Panday, fue o no por "causas y en las condiciones fijadas de antemano" por la Constituci�n Pol�tica de dicho Estado o por leyes dictadas conforme a ella, o si tal Constituci�n o leyes eran compatibles con las ideas de razonabilidad, previsibilidad y proporcionalidad que deben caracterizar a toda detenci�n o retenci�n legal a fin de que no se les considere arbitrarias. No constan en autos, en efecto, elementos de convicci�n que obren en favor de una u otra tesis, salvo los se�alamientos de las partes, a saber:

a. La afirmaci�n de la Comisi�n, en el sentido de que "(h)a sido fehacientemente comprobado que su detenci�n fue ilegal, desde que dur� m�s de las seis horas que autoriza el derecho de Suriname [...].

b. La afirmaci�n del agente del Gobierno, seg�n la cual "las autoridades de Suriname, procedieron en aplicaci�n de lo establecido en los art�culos 52 inciso 2) y 48 y 56 del C�digo de Procedimiento Criminal [... ].

49. La Corte ha sostenido que "en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperaci�n del Estado" (Caso Vel�zquez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 135; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 141). La Corte, en ejercicio de su funci�n jurisdiccional, trat�ndose de la obtenci�n y valoraci�n de las pruebas necesarias para la decisi�n de los casos que conoce puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aqu�llas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos, en particular cuando el Estado demandado haya asumido una conducta renuente en sus actuaciones ante la Corte.

50. Consta en el expediente que el Gobierno fue requerido, mediante resoluci�n del Presidente de 10 de julio de 1992, para suministrar los textos oficiales de la Constituci�n y de las leyes sustantivas y sobre procedimiento criminal que reg�an en su territorio para los casos de detenciones en la fecha en que tuvo lugar la detenci�n de Asok Gangaram Panday. El Gobierno no alleg� al expediente tales textos ni suministr� explicaci�n alguna acerca de su omisi�n.

51. Por lo antes dicho, la Corte infiere de la actitud del Gobierno que el se�or Asok Gangaram Panday fue detenido ilegalmente por miembros de la Polic�a Militar de Suriname cuando lleg� procedente de Holanda al Aeropuerto de Zanderij, no si�ndole necesario, por ende, pronunciarse acerca de la denunciada arbitrariedad de tal medida y de su no traslado sin demora ante la autoridad judicial competente. Y as� lo declara.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rrs. 47-51.

60.0.3.3.2.1.1. efectos de la prueba por inferencia

61. La Corte considera que si bien se encuentran suficientes elementos en los autos que de manera concordante dicen acerca del ahorcamiento de Asok Gangaram Panday, no obran pruebas convincentes acerca de la etiolog�a de su muerte que permitan responsabilizar de la misma a Suriname. No modifica la conclusi�n anterior la circunstancia de que el agente del Gobierno hubiera reconocido, en la contra-memoria, que la v�ctima estuviera afectada en su estado de �nimo por la expulsi�n de los Pa�ses Bajos y que esa situaci�n psicol�gica se hubiera acrecentado por la detenci�n. En efecto, resulta forzado deducir de una manifestaci�n semejante reconocimiento alguno de responsabilidad del Gobierno y, en cambio, s� es posible concluir de ella su opini�n de que se sumaron en la mente de la v�ctima otros factores anteriores a su detenci�n.

62. Podr�a, sin embargo, argumentarse que la circunstancia de que la Corte considere, por v�a de inferencia, que la detenci�n de la v�ctima fue ilegal, deber�a llevarla, igualmente, a concluir que hubo una violaci�n del derecho a la vida por parte de Suriname porque, de no haber sido detenida la persona, probablemente no habr�a perdido la vida. Sin embargo, la Corte piensa que en materia de responsabilidad internacional de los Estados por violaci�n de la Convenci�n

[l]o decisivo es dilucidar si una determinada violaci�n a los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder p�blico o si �ste ha actuado de manera que la transgresi�n se haya cumplido en defecto de toda prevenci�n o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violaci�n a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que le impone el art�culo 1.1 de la Convenci�n (Caso Vel�zquez Rodr�guez, supra 49, parr. 173; Caso God�nez Cruz, supra 49, parr. 183).

En las circunstancias de este caso, no es posible fijar la responsabilidad del Estado en los t�rminos descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte est� determinando una responsabilidad por detenci�n ilegal por inferencia y no porque haya sido demostrado que la detenci�n fue, en efecto, ilegal o arbitraria o que el detenido haya sido torturado. Y as� lo declara.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rrs. 61-62.

60.0.3.3.2.2. prueba documental

146. A un gran n�mero de recortes de prensa aportados por la Comisi�n no puede d�rseles el car�cter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de ellos, sin embargo, constituyen la manifestaci�n de hechos p�blicos y notorios que, como tales, no requieren en s� mismos de prueba; otros tienen valor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 127, p�rrs. 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones p�blicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta �ltima; finalmente, otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribuci�n de esos hechos a las autoridades militares o policiales de ese pa�s.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 146.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 152.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 145.

64. Suriname ha efectuado en sus observaciones una cr�tica general al escrito de la Comisi�n acerca de las pruebas aportadas por ella. As� afirma que requerimos conocer, basados en datos racionales y ciertamente comprobables, detalles espec�ficos de todas las v�ctimas, respecto del elenco familiar que qued� desprotegido . . . .

Es cierto que la identidad de las personas debe probarse, en general, mediante la documentaci�n correspondiente. Pero la situaci�n en que se encuentran los saramacas se debe en gran medida a que el Estado no mantiene en la regi�n los registros civiles en n�mero suficiente y por ello no puede otorgar la documentaci�n a todos los habitantes con base en los datos obrantes en ellos. Suriname no puede exigir entonces que se pruebe la filiaci�n y la identidad de las personas mediante elementos que no suministra a todos sus habitantes en aquella regi�n. Por otra parte, Suriname no ha ofrecido en este litigio suplir su inacci�n aportando otras pruebas sobre la identidad y la filiaci�n de las v�ctimas y sus sucesores.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 64.

60.0.3.3.2.3. testigos

110. El Gobierno recus�, con base en el art�culo 37 del Reglamento, a Zenaida Vel�squez por ser hermana de la presunta v�ctima, lo que en su opini�n la hace tener inter�s directo en el resultado del juicio.

111. La Corte, por unanimidad, rechaz� la recusaci�n formulada, porque consider� que la circunstancia de que la testigo fuera hermana de la v�ctima no bastaba para inhabilitarla, reserv�ndose el derecho de apreciar esa declaraci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 110-111.

141. Respecto de los testimonios presentados por la Comisi�n, en el curso de las audiencias, el Gobierno recus� testigos con base en el art�culo 37 del Reglamento. En la resoluci�n de 6 de octubre de 1987, mediante la cual se rechaz� una recusaci�n, la Corte afirm� lo siguiente:

"b) Que la recusaci�n planteada se refiere, m�s bien, a circunstancias que el Gobierno se�ala en las cuales su testimonio (el del testigo recusado) podr�a no ser objetivo.

c) Que corresponde a la Corte, al dictar sentencia, definir sobre el valor que tenga una prueba presentada ante ella.

d) Que son los hechos apreciados por la Corte y no los medios utilizados para probarlos, dentro de un proceso, los que le pueden llevar a establecer si hay una violaci�n de los derechos humanos contenidos en la Convenci�n.

f) Que est� en las partes, en el curso del proceso, demostrar que lo afirmado por un testigo no corresponde a la verdad."

142. En los contrainterrogatorios los abogados del Gobierno pretendieron se�alar la eventual falta de objetividad de algunos testigos por razones ideol�gicas, de origen o nacionalidad, o de parentesco o atribuy�ndoles inter�s en perjudicar a Honduras, llegando, incluso, a insinuar que testimoniar en estos procesos contra el Estado podr�a constituir una deslealtad hacia su pa�s. Igualmente se invoc� la circunstancia de que algunos testigos tuvieran antecedentes penales o estuvieran sometidos a juicio como fundamento de su falta de idoneidad para comparecer ante la Corte (supra 86, 88, 90, 92, 101, 110 y 116).

143. Algunas circunstancias pueden, ciertamente, condicionar el apego a la verdad de un testigo. El Gobierno, sin embargo, no demostr� con hechos concretos que los testigos hubieran faltado a la verdad, sino que se limit� a hacer observaciones de car�cter general sobre la supuesta falta de idoneidad o imparcialidad de los mismos, que no son suficientes para desvirtuar testimonios coincidentes y contestes en lo fundamental, por lo cual el juzgador no puede desecharlos.

144. Por otra parte, algunos de los se�alamientos del Gobierno carecen de fundamentaci�n en el �mbito de la protecci�n de los derechos humanos. No es admisible que se insin�e que las personas que, por cualquier t�tulo, acuden al sistema interamericano de protecci�n a los derechos humanos est�n incurriendo en deslealtad hacia su pa�s, ni que pueda extraerse de este hecho cualquier sanci�n o consecuencia negativa. Los derechos humanos representan valores superiores que "no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana" (Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Considerando y Convenci�n Americana, Pre�mbulo).

145. Tampoco es sustentable que la circunstancia de tener antecedentes penales o procesos pendientes sea por s� sola suficiente para negar la idoneidad de los testigos para deponer ante la Corte. Tal como lo decidi� la Corte en el presente caso por resoluci�n de 6 de octubre de 1987,

"(e)s contradictorio, dentro de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, negar a priori, a un testigo por la raz�n de que est� procesado o incluso haya sido condenado en el orden interno, la posibilidad de declarar sobre hechos materia de un proceso sometido a la Corte, incluso si tal proceso se refiere a materias que lo afecten."

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 141-145.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 147-151.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 139-143.

58. . . . La �nica prueba que aparece en sentido contrario es la declaraci�n del se�or Ram�n de Freitas, pero la Corte se ha formado un concepto del testigo a trav�s de la forma c�mo declar�, de la actitud asumida en la audiencia y de la personalidad demostrada en ella, que la lleva a desechar su testimonio.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 58.

  1. Que la eliminaci�n f�sica de testigos o eventuales testigos, constituye una salvaje, primitiva e inhumana expresi�n de los m�s repudiables m�todos, que ofende la conciencia americana y que desconoce de manera radical los valores que informan el Sistema Interamericano.
  2. Que tales hechos pueden afectar de una manera negativa y determinante el sistema de protecci�n a los derechos humanos establecido por la Carta de la Organizaci�n de los Estados Americanos y por el Pacto de San Jos�.
  3. Que seg�n el art�culo 1.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, los Estados Partes en la misma tienen el deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, lo cual los obliga a adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar la vida y la integridad de personas cuyos derechos pudieran estar amenazados, m�s a�n si tales amenazas se vinculan con su participaci�n en procedimientos relativos a la protecci�n de los derechos humanos.

Corte I.D.H., Casos "Vel�squez Rodr�guez", "Fair�n Garbi y Sol�s Corrales" y "God�nez Cruz", Medidas Provisionales, Resoluci�n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de enero de 1988, considerando p�rrs. 1-3.

CONSIDERANDO:

  1. Que el Gobierno ha formulado una oposici�n in toto a la prueba testimonial ofrecida por la Comisi�n y, en relaci�n con los testigos Aquilina M. de Tapia, Sonia Goldenberg y Enrique Zileri, el Gobierno opuso adem�s tachas espec�ficas.
  2. Que ni la Convenci�n, ni el Estatuto, ni el Reglamento de la Corte determinan las causales de recusaci�n o tacha de testigos y que, de acuerdo con el art�culo 34.1 del Reglamento aplicable al caso, corresponde a la Corte definir si "estim[a] �til[.] para el cumplimiento de su tarea" la recepci�n de testimonios (Cfr. Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 143; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 143).
  3. Que son los hechos apreciados por la Corte y no los medios utilizados para probarlos los que la pueden llevar a establecer si hay violaci�n de los derechos humanos contenidos en la Convenci�n.
  4. Que las tachas espec�ficas presentadas por el Ilustrado Gobierno del Per� refi�rense a situaciones que han de ser apreciadas en el curso del proceso, correspondiendo a las partes demostrar que lo afirmado por un testigo no se ci�e a la verdad.
  5. Que "[e]l procedimiento ante la Corte, como tribunal internacional que es, presenta particularidades y car�cter propios por lo cual no le son aplicables, autom�ticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos. Esto, que es v�lido en general en los procesos internacionales, lo es m�s a�n en los referentes a la protecci�n de los derechos humanos. En efecto, la protecci�n internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal" (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra, p�rrs. 132 a 134; Caso God�nez Cruz, supra, p�rrs. 138 a 140).
  6. Que la pr�ctica de la Corte en la recepci�n de pruebas ha sido muy amplia (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra, p�rr. 138; Caso God�nez Cruz, supra, p�rr. 144), tanto porque su jurisdicci�n se refiere a los derechos fundamentales de los seres humanos, como por la gravedad especial que revistir�a llegar a atribuir a un Estado responsabilidad por esas violaciones (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra, p�rr. 129; Caso God�nez Cruz, supra, p�rr. 135).

POR TANTO,

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

por unanimidad

1. En los t�rminos del art�culo 37 del Reglamento, rechazar las recusaciones o tachas formuladas contra los testigos antes mencionados, reserv�ndose el derecho de valorar posteriormente sus declaraciones.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Resoluci�n de 30 de junio de 1992, considerando p�rrs. 1-6, resuelve p�rr. 1.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y Otros, Resoluci�n de 7 de julio de 1992, considerando p�rrs. 1-4, resuelve p�rr. 1.

42. En cuanto a los testigos ofrecidos por la Comisi�n, el Estado objet� a algunos de ellos por las razones que constan en esta sentencia (supra p�rr. 13) y la Corte se reserv� el derecho de valorar posteriormente sus declaraciones en esta etapa del proceso, es decir, al momento de dictar sentencia sobre el fondo. A tal efecto la Corte se�ala que los criterios de valoraci�n de la prueba ante un tribunal internacional de derechos humanos revisten caracter�sticas especiales. Este no es un tribunal penal, por lo cual, las causales de objeci�n de testigos no operan en la misma forma, de modo tal que la investigaci�n de la responsabilidad internacional de un Estado por violaci�n de derechos humanos permite a la Corte una mayor amplitud en la valoraci�n de la prueba testimonial evacuada de acuerdo con las reglas de la l�gica y de la experiencia. En este punto, cabe destacar, que esta Corte ha dicho que

[e]s contradictorio, dentro de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, negar a priori, a un testigo por la raz�n de que est� procesado o incluso haya sido condenado en el orden interno, la posibilidad de declarar sobre hechos materia de un proceso sometido a la Corte, incluso si tal proceso se refiere a materias que lo afecten (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 145)

43. La Corte aprecia como prueba la declaraci�n de los testigos que fueron objetados por parte del Per� en los siguientes t�rminos. En relaci�n con el testimonio de la se�ora Mar�a Elena Loayza Tamayo, la Corte considera que por ser presunta v�ctima en este caso y al tener un posible inter�s directo en el mismo, dicho testimonio debe ser valorado como indicio dentro del conjunto de pruebas de este proceso. En relaci�n con los otros testimonios y dict�menes ofrecidos, la Corte los admite �nicamente en cuanto concuerden con el objeto del interrogatorio propuesto por la Comisi�n, en el primer caso, y respecto del conocimiento de los expertos sobre el derecho nacional o comparado para el segundo, sin referencia al caso concreto.

44. Al valorar estas pruebas la Corte toma nota de lo se�alado por el Estado en cuanto al terrorismo, el que conduce a una escalada de violencia en detrimento de los derechos humanos.

La Corte advierte, sin embargo, que no se pueden invocar circunstancias excepcionales en menoscabo de los derechos humanos. Ninguna disposici�n de la Convenci�n Americana ha de interpretarse en el sentido de permitir, sea a los Estados Partes, sea a cualquier grupo o persona, suprimir el goce o ejercicio de los derechos consagrados, o limitarlos, en mayor medida que la prevista en ella (art�culo 29.2). Dicho precepto tiene ra�ces en la propia Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948 (art�culo 30).

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, p�rrs. 42-44.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rr. 30.

54. El Estado afirm�, tanto en la audiencia como en sus alegatos finales, que dichos testigos incurrieron en incongruencias que invalidan sus declaraciones, pero las imprecisiones que se�ala el Per� no son sustanciales, sino que radican en algunos detalles, entre ellos, el n�mero del veh�culo policial, lo que podr�a explicarse, en opini�n de esta Corte, por las circunstancias en que transcurrieron los hechos, la condici�n de los testigos y por el tiempo transcurrido desde el momento en que ocurri� dicha aprehensi�n.

55. La circunstancia de que los propios declarantes hubiesen afirmado que el veh�culo policial era de color blanco se corrobora con el v�deo presentado como prueba por la Comisi�n Interamericana junto con la demanda (Anexo XII), y que el Estado no lo refut�, no obstante hab�rsele enviado oportunamente, en el cual se reproduce la parte respectiva del noticiario peruano "90 Segundos", que fue transmitido por televisi�n en el mismo d�a de los hechos, y en el que aparece un veh�culo policial de color blanco que particip�, entre otros, en la misma operaci�n. Por tal motivo las fotograf�as presentadas por el Estado en la audiencia p�blica sobre veh�culos de otro color, no desvirt�an las aseveraciones de los testigos.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rrs. 54-55.

31. Los testimonios de los se�ores Rafael Iv�n Su�rez Rosero, Margarita Ramad�n de Su�rez y Carlos Ramad�n fueron objetados por el Estado en escrito de 9 de septiembre de 1996, con fundamento en el art�culo 38.1 del Reglamento entonces vigente. El Ecuador fundament� sus objeciones en las siguientes razones:

[al] primero por haber sido encausado en el juicio penal N· 181-95 que por narcotr�fico se sigue en contra del se�or Hugo Reyes Torres; y, al haberle sindicado en dicha causa como encubridor del hecho il�cito. A la segunda y al tercero por no ser id�neos, al no poder mantener un criterio independiente frente a los hechos que se investigan, pues se trata de su c�nyuge y de su cu�ado quienes guardan una afinidad directa con el actor de la presente causa.

El 11 de septiembre de 1996 la Corte decidi� "[o] �r las declaraciones de los se�ores Rafael Iv�n Su�rez Rosero, Margarita Ramad�n de Su�rez y Carlos Ramad�n, las cuales ser�n valoradas en la sentencia definitiva."

32. La Corte considera plenamente aplicable a los testimonios de los se�ores Margarita Ramad�n de Su�rez y Carlos Ramad�n lo que ha declarado reiteradamente en su jurisprudencia, de acuerdo con lo cual el eventual inter�s que dichas personas pudiesen tener en el resultado de este proceso no les descalifica como testigos. Adem�s, sus declaraciones no fueron desvirtuadas por el Estado y se refirieron a hechos de los cuales los declarantes tuvieron conocimiento directo, por lo cual deben ser aceptadas como prueba id�nea en este caso.

33. Respecto de las declaraciones del se�or Rafael Iv�n Su�rez Rosero, la Corte estima que, por ser �l presunta v�ctima en este caso y tener un posible inter�s directo en el mismo, su testimonio debe ser valorado dentro del conjunto de pruebas de este proceso. Sin embargo, la Corte considera necesario realizar una precisi�n respecto del valor de este testimonio. La Comisi�n argumenta que el se�or Su�rez Rosero fue incomunicado por el Estado del 23 de junio hasta el 28 de julio de 1992. Si este hecho quedara demostrado, implicar�a necesariamente que s�lo el se�or Su�rez Rosero y el Estado tendr�an conocimiento del trato que se dio al primero durante este per�odo. Por lo tanto, ser�an �stos los �nicos capacitados para aportar pruebas en el proceso sobre dichas condiciones. Al respecto, ya ha dicho la Corte que en ejercicio de su funci�n jurisdiccional, trat�ndose de la obtenci�n y valoraci�n de las pruebas necesarias para la decisi�n de los casos que conoce, puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aqu�llas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, p�rr. 49).

En concordancia con este principio, al quedar demostrado (infra p�rr. 34, aparte d) que el se�or Su�rez Rosero estuvo incomunicado durante el per�odo indicado por la Comisi�n, su testimonio acerca de las condiciones de dicha incomunicaci�n adquiere un alto valor presuntivo, sobre todo cuando se tiene en cuenta que el Estado afirm� que "no podr�a confirmar ni asegurar nada" en relaci�n con el trato que se dio al se�or Su�rez Rosero durante su incomunicaci�n.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rrs. 31-33.

60.0.3.3.2.4. pruebas periciales

30. Despu�s de haber escuchado a los testigos y peritos y o�dos los alegatos de las partes sobre el fondo, el Presidente, por resoluci�n de 10 de julio de 1992, orden� las siguientes pruebas adicionales con el fin de esclarecer los hechos:

  1. Solicitar opiniones t�cnicas sobre los aspectos criminales y psiqui�tricos del caso y las traducciones, las que ser�n requeridas por el Juez Asdr�bal Aguiar - Aranguren a personal especializado en Venezuela.
  2. Solicitar opini�n interpretativa, a trav�s de la Secretar�a de la Corte, a la Secci�n de Medicatura Forense del Organismo de Investigaci�n Judicial de Costa Rica acerca de los informes m�dicos que cursan en autos, incluida la cinta de video y las diapositivas.

31. Por escrito recibido en la Secretar�a el 4 de noviembre de 1992 y de conformidad con el art�culo 41.2 del nuevo Reglamento de la Corte vigente a partir del 1 de agosto de 1991, la Comisi�n solicit� que se le reservara el derecho de examinar en audiencia cualquier experto o testimonio que la Corte pudiera proveer de conformidad con la prueba ordenada por el Presidente en el p�rrafo anterior. Por resoluci�n del Presidente de 15 de marzo de 1993, o�do el parecer de la Comisi�n Permanente, se desestim� el petitorio de la Comisi�n dado que las experticias ordenadas por la Corte lo fueron para mejor proveer y acerca de hechos ya debatidos y conocidos por las partes. Tambi�n pidi� la Comisi�n se le brindara a los peritos de la Corte el testimonio oral del doctor M. A. Vrede, rendido durante la audiencia p�blica, sobre la presencia de sangre en el escroto de la v�ctima, ante lo cual el Presidente orden� lo conducente.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rrs. 30-31.

60.0.3.3.2.4.1. recusaci�n de peritos

VISTOS:

  1. El escrito de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisi�n") de 12 de septiembre de 1997, mediante el cual ofreci� a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte") los dict�menes de los se�ores Olga Molina y Robert Bux en sustituci�n de los peritos Roberto Arturo Lemus y Robert Kirschner, respectivamente, para las audiencias p�blicas se�aladas por la Corte respecto del fondo en el caso Paniagua Morales y otros.
  2. El oficio de la Secretar�a de la Corte de 14 de septiembre de 1997, en el cual transmiti� al Estado de Guatemala (en adelante "el Estado") el escrito citado y, siguiendo instrucciones de la Corte, le solicit� que le hiciera llegar sus observaciones respecto del mismo a m�s tardar el mi�rcoles 17 de septiembre de 1997.
  3. La resoluci�n del Presidente de la Corte de 18 de septiembre de 1997, en la cual decidi� "[a]ceptar el ofrecimiento de los se�ores Olga Molina y Robert Bux como expertos en este caso en sustituci�n de los peritos Roberto Lemus y Robert Kirschner, respectivamente, para que rindan dictamen sobre los temas se�alados para �stos en su escrito de demanda".
  4. Los escritos del Estado de 22 de septiembre de 1997, en los cuales solicit� "[q]ue se tenga por

recurrida la resoluci�n que le fija plazo no reglamentario al Estado de Guatemala, para poder objetar o recusar a los Peritos OLGA MOLINA y ROBERT BUX propuestos por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos" y que se tenga por presentada formal RECUSACION, en contra de los Peritos OLGA MOLINA y ROBERT BUX, por darse manifiesta violaci�n al Reglamento de esa Honorable Corte con su designaci�n, que hace imposible al Estado de Guatemala de poderlos objetar dentro de los quince d�as siguientes a su designaci�n, fecha que habr� de cumplirse mucho despu�s de que hubiesen declarado.

CONSIDERANDO:

1. Que el art�culo 43 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento") establece

que [l]as pruebas promovidas por las partes s�lo ser�n admitidas si son se�aladas en la demanda y en su contestaci�n y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y en su contestaci�n.

Excepcionalmente la Corte podr� admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes se�alados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.

2. Que en el presente caso el Estado ha manifestado que objeta los dictamenes de los se�ores Olga Molina y Robert Bux, en virtud de que no ha contado con el plazo se�alado en el art�culo 49.2 del Reglamento. La Corte considera que este argumento es v�lido, pues de acuerdo con la norma citada, el perito puede ser recusado dentro de los quince d�as siguientes a la notificaci�n de su designaci�n.

3. Que el plazo que se otorg� al Estado tuvo el prop�sito de que �ste presentara sus observaciones respecto de la recepci�n de las experticias de los se�ores Molina y Bux en un tiempo prudencial, lo cual permitir�a a la Corte tomar una decisi�n respecto de la rendici�n de dichos dict�menes en el curso de las audiencias se�aladas por la Corte, en cumplimiento del principio de econom�a procesal.

4. Que en su escrito de recusaci�n, el Estado no inform� de la existencia de ninguna causal que impedir�a la rendici�n de los dict�menes citados, sino que �nicamente manifest� que no se le hab�a otorgado el plazo reglamentario para efectuar recusaciones. En consecuencia y en virtud de que existe una situaci�n de urgencia en evacuar la prueba, la Corte considera pertinente en este caso ejercitar las facultades que le otorga el art�culo 49.4 de su Reglamento, que establece que

[c]uando fuere necesario designar un nuevo perito, la Corte decidir�. Sin embargo, si existiere urgencia en evacuar la prueba, el presidente, en consulta con la comisi�n permanente, har� la designaci�n dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolver� en definitiva sobre el valor de la prueba.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Resoluci�n de 23 de septiembre de 1997, vistos p�rrs. 1-4 y considerando p�rrs. 1-4.

60.0.3.3.2.5. prueba de pr�ctica

122. Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar por precisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y los criterios generales que orientan su valoraci�n y la determinaci�n de los hechos probados en el presente juicio.

123. Dado que la Comisi�n es quien demanda al Gobierno por la desaparici�n de Manfredo Vel�squez a ella corresponde, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que su demanda se funda.

124. El argumento de la Comisi�n se basa en que una pol�tica de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdadero prop�sito el encubrimiento y la destrucci�n de la prueba relativa a las desapariciones de los individuos objeto de la misma. Cuando la existencia de tal pr�ctica o pol�tica haya sido probada, es posible, ya sea mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias l�gicas pertinentes, demostrar la desaparici�n de un individuo concreto, que de otro modo ser�a imposible, por la vinculaci�n que �sta �ltima tenga con la pr�ctica general.

125. El Gobierno no objet� el enfoque propuesto por la Comisi�n. Sin embargo, argument� que no fue probada la existencia de una pr�ctica de desapariciones en Honduras ni la participaci�n de autoridades hondure�as en la supuesta desaparici�n de Manfredo Vel�squez.

126. La Corte no encuentra ninguna raz�n para considerar inadmisible el enfoque adoptado por la Comisi�n. Si se puede demostrar que existi� una pr�ctica gubernamental de desapariciones en Honduras llevada a cabo por el Gobierno o al menos tolerada por �l, y si la desaparici�n de Manfredo Vel�squez se puede vincular con ella, las denuncias hechas por la Comisi�n habr�an sido probadas ante la Corte, siempre y cuando los elementos de prueba aducidos en ambos puntos cumplan con los criterios de valoraci�n requeridos en casos de este tipo.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 123-126.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 129-132.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, p�rrs. 125-129.

64. La Corte observa que la sola constataci�n de un caso individual de violaci�n de los derechos humanos por parte de las autoridades de un Estado no es, en principio, base suficiente para que se presuma o colija la existencia dentro del mismo de pr�cticas masivas y colectivas en perjuicio de los derechos de otros ciudadanos.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rr. 64.

58. A�n cuando la Comisi�n aleg� en su demanda que la v�ctima fue violada durante su detenci�n, la Corte, despu�s de analizar el expediente y, dada la naturaleza del hecho, no est� en condiciones de darlo por probado. Sin embargo, los otros hechos alegados como la incomunicaci�n durante la detenci�n, la exhibici�n p�blica con un traje infamante a trav�s de medios de comunicaci�n, el aislamiento en celda reducida, sin ventilaci�n ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidaci�n por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al r�gimen de visitas (supra p�rr. 46 c), d) e), k) y 1)), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del art�culo 5.2. de la Convenci�n Americana. De las alegaciones y pruebas examinadas aparecen elementos graves y convergentes, y no desvirtuados por el Estado, que permiten v�lidamente presumir la existencia de una pr�ctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la cual se enmarca el presente caso de la se�ora Mar�a Elena Loayza Tamayo, en violaci�n del derecho a la integridad personal consagrado en el art�culo 5 de la Convenci�n Americana.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, p�rr. 58.

60.0.3.3.2.6. declaraciones p�blicas de funcionarios

146. A un gran n�mero de recortes de prensa aportados por la Comisi�n no puede d�rseles el car�cter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de ellos, sin embargo, constituyen la manifestaci�n de hechos p�blicos y notorios que, como tales, no requieren en s� mismos de prueba; otros tienen valor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 127, p�rrs. 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones p�blicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta �ltima; finalmente, otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribuci�n de esos hechos a las autoridades militares o policiales de ese pa�s.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 146.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 152.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 145.

43. El Congreso del Per� design� una comisi�n investigadora sobre los sucesos ocurridos en el Penal San Juan Bautista y dos penales m�s, la cual se instal� formalmente el 7 de agosto de 1987. En diciembre de ese �ltimo a�o la comisi�n present� al Congreso un informe de mayor�a y otro de minor�a.

. . . .

69. La Corte considera probado que el Pabell�n fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, como se desprende de los informes presentados por los peritos en la audiencia (supra p�rrs. 47 y 48) y de la declaraci�n rendida el 16 de julio de 1986 ante el juez instructor del Vig�simo Primer Juzgado de Lima por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario y de la circunstancia de que muchos de los muertos seg�n las necropsias lo hubieran sido por aplastamiento. Los informes de mayor�a y de minor�a del Congreso (supra p�rr. 43) son congruentes en lo que se refiere al uso desproporcionado de la fuerza, tienen car�cter oficial y son considerados por esta Corte como prueba suficiente de ese hecho.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia de 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rrs. 43 y 69.

60.0.3.4. no comparecencia ante la Corte

137. Ya que el Gobierno solamente present� algunas pruebas documentales relacionadas con sus objeciones preliminares pero no sobre el fondo, la Corte debe establecer sus conclusiones prescindiendo del valioso auxilio de una participaci�n m�s activa de Honduras, que le hubiera significado, por lo dem�s, proveer adecuadamente a su defensa.

138. La forma en que la defensa ha sido conducida habr�a podido bastar para que muchos de los hechos afirmados por la Comisi�n se tuvieran v�lidamente por ciertos, sin m�s, en virtud del principio de que, salvo en la materia penal - que no tiene que ver en el presente caso, como ya se dijo (supra 134y 135)-, el silencio del demandado o su contestaci�n elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptaci�n de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicci�n judicial. La Corte, sin embargo, trat� de suplir esas deficiencias procesales, admitiendo todas las pruebas que le fueron propuestas, aun en forma extempor�nea, y ordenando de oficio algunas otras. Esto, por supuesto, sin renunciar a sus potestades discrecionales para apreciar el silencio o la inercia de Honduras ni a su deber de valorar la totalidad de los hechos.

139. La Comisi�n, sin perjuicio de haber utilizado otros elementos de prueba, aplic�, en el tr�mite ante ella, el art�culo 42 de su Reglamento, que dice:

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el art�culo 34,p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

Pero, como la aplicaci�n de esta presunci�n legal que tuvo lugar en el tr�mite ante la Comisi�n no ha sido discutida en el proceso y el Gobierno, por su parte, particip� plenamente en el mismo, es irrelevante tratarla aqu�.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 137-139.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 143-145.

60.0.3.5. efectos de inadmisibilidad por falta de presupuestos procesales

28. [S]e tratar�a de establecer si ha habido o no una violaci�n de los derechos humanos consagrados en la Convenci�n, imputable a un Estado que ha reconocido de pleno derecho y sin convenci�n especial, la competencia de la Corte. La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su conocimiento. En tal virtud, y siguiendo el esp�ritu de lo dispuesto por el art�culo 42.3 de su Reglamento, la Corte est� en condiciones de reservarse el conocimiento del caso una vez que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n de 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 28.

60.0.3.6. plazos en el tr�mite ante la Corte

9. Por resoluci�n de 30 de enero de 1987, el Presidente aclar� que la demanda introducida por la Comisi�n, que dio inicio al presente procedimiento, debe tenerse en esta oportunidad como la memoria prevista por el art�culo 30.3 del Reglamento y que, adem�s, el plazo conferido a la Comisi�n hasta el 20 de marzo de 1987, es el previsto en el art�culo 27.3 del mismo para que ella presentara sus observaciones y conclusiones acerca de las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno. Dispuso tambi�n el Presidente, despu�s de haber consultado con las partes, convocarlas a una audiencia p�blica para el 15 de junio de 1987, con el prop�sito de escuchar sus posiciones sobre las excepciones preliminares y dej� abiertos los plazos procesales sobre el fondo, para la eventualidad de que la Corte decidiera reservar la resoluci�n de las excepciones preliminares en la sentencia junto con el fondo o de que, en caso de ser resueltas separadamente, tal decisi�n comportara la prosecusi�n del tr�mite.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, p�rr. 9.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, p�rr. 9.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, p�rr. 9.

6. Por medio de comunicaci�n de 15 de marzo de 1995, recibida en la Secretar�a el 24 de los mismos mes y a�o y de acuerdo con lo que dispone el art�culo 31.1 del Reglamento, el Gobierno interpuso excepciones preliminares sobre el caso; aleg� las de "falta de agotamiento de la jurisdicci�n interna" (en may�sculas en el original) e "inadmisibilidad de la demanda" (en may�sculas en el original). Mediante nota de 24 de marzo de 1995, recibida el 3 de abril de 1995, el Gobierno remiti� un escrito sustentatorio a las excepciones preliminares.

7. En el mismo escrito el Gobierno, de acuerdo con el art�culo 31.4 del Reglamento, solicit� a la

Corte "declarar la suspensi�n del procedimiento sobre el fondo hasta que sean resueltas las excepciones deducidas". Por Resoluci�n de 17 de mayo de 1995, la Corte declar� "improcedente la solicitud del Gobierno de la Rep�blica del Per� de suspender el procedimiento sobre el fondo del asunto y continuar con la tramitaci�n del caso en sus distintas etapas procesales" debido a que la suspensi�n solicitada no respond�a a una "situaci�n excepcional" y no se presentaron argumentos que la justificaran.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C No. 24, p�rrs. 6-7.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No. 25, p�rrs 7-8.

VISTO:

El escrito de excepciones preliminares del Estado de Guatemala de 2 de abril de 1997 en el caso

Villagr�n Morales y otros, mediante el cual solicit� a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "[e] n virtud de haberse interpuesto la excepci�n preliminar de incompetencia, se prorrogue el plazo de contestaci�n de la demanda hasta que �sta se haya resuelto".

CONSIDERANDO:

Que el art�culo 36.4 del Reglamento de la Corte dispone que "[l] a presentaci�n de excepciones preliminares no suspende el procedimiento en cuanto al fondo ni los plazos ni los t�rminosrespectivos".

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 36.4 de su Reglamento y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art�culo 29 del mismo,

RESUELVE:

Declarar improcedente la solicitud del Estado de Guatemala de prorrogar el plazo de contestaci�n de la demanda en el caso Villagr�n Morales y otros y continuar con la tramitaci�n de �ste en sus respectivas etapas procesales.

Corte I.D.H., Caso Villagr�n Morales y Otros, Resoluci�n de 16 de abril de 1997.

60.0.3.7. formalidades de la demanda ante la Corte

18. La Corte ya ha dicho que en la jurisdicci�n internacional, la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido dise�ados los distintos procedimientos (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie c No. 1, p�rr. 33; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie c No. 2, p�rr. 38 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p�rr. 36).

19. El Gobierno plante� en primer t�rmino, que "los Memoriales instaurando procedimientos internacionales en materia de derechos humanos [...] deber�n de cumplir con el requisito formal de venir firmados por la parte que somete el caso", lo cual no fue cumplido por la Comisi�n.

20. La Comisi�n sostuvo que el hecho de haber remitido la memoria mediante facs�mile acompa�ado de una hoja de transmisi�n en la que se indicaba que se remit�a por esa v�a, no dejaba duda a la Corte o a terceros de la autenticidad de dicho documento.

21. El art�culo 25.2 del Reglamento establece lo siguiente: "Si la Comisi�n desease introducir un caso ante la Corte, conforme a lo dispuesto en el Art�culo 61 de la Convenci�n entregar� conjuntamente con su informe en veinte ejemplares, una demanda debidamente firmada en la cual indicar� su objeto, los derechos involucrados y el nombre de sus delegados".

22. El art�culo 30.3 del Reglamento estipula que: "La memoria contendr� una exposici�n de los hechos sobre los que se fundamenta la demanda; una exposici�n de derecho y las conclusiones".

23. La introducci�n de la instancia fue llevada a cabo mediante el escrito de demanda de la Comisi�n de fecha 27 de agosto de 1990, que se encuentra debidamente firmado por la Secretaria ejecutiva de la Comisi�n. De acuerdo con el Reglamento la memoria no es el documento que introduce el caso ante la Corte sino el primer acto procesal que inicia la etapa escrita del procedimiento ante la Corte.

24. La Corte considera que, de conformidad con las normas procesales aplicables al caso, no existe como formalidad ni como requisito para la presentaci�n de la memoria que ella deba estar firmada. Esta es una condici�n que se sobreentiende debe tener todo escrito presentado a la Corte y as� debi� haber actuado la Comisi�n, pero su omisi�n no constituye incumplimiento de un requisito, ya que no lo exige el Reglamento. Adem�s existe en el presente caso una constancia de que la memoria fue enviada por la Comisi�n, lo que no permite dudar de su autenticidad.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, p�rrs. 18-24.

34. [H]a sido una pr�ctica constante, no objetada por los gobiernos, la presentaci�n inicial de las demandas ante la Corte mediante t�lex o facs�mil, seguida de la consignaci�n, pocos d�as despu�s, de los documentos originales y de las diez copias a que se refiere el art�culo 26 del Reglamento. En ninguno de los casos se�alados, el lapso entre la presentaci�n de la demanda por v�a facsimilar y la recepci�n de los documentos originales junto con los diez ejemplares ha excedido las catorce d�as continuos.

35. La Corte no encuentra motivo suficiente para modificar dicha pr�ctica, por cuanto todo tribunal debe seguir el ritmo de la vida contempor�nea y valerse de los avances tecnol�gicos y los medios electr�nicos modernos para facilitar sus comunicaciones con las partes procesales, de modo que dichas comunicaciones operen con la fluidez y celeridad debidas. Esto se aplica, con mayor raz�n, a un tribunal internacional de derechos humanos, lo que permite a �ste actuar con seguridad y dentro de las previsiones normales acordes con las vicisitudes que conlleva la distancia entre dicho tribunal y las partes. Si a ello se auna la presentaci�n, pocos d�as despu�s, del documento originalmente enviado por v�a facsimilar, no podr� invocarse v�lidamente alg�n tipo de lesi�n al derecho procesal de las partes que pueda justificar la no utilizaci�n del facs�mil como v�a de comunicaci�n.

36. Por lo expuesto, la Corte considera que es v�lida la presentaci�n de la demanda por v�a facsimilar y, en consecuencia, no puede fundamentarse en este hecho la excepci�n de extemporaneidad opuesta.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996, Serie C No. 23, p�rrs. 34-36.

39. Esta Corte estima que no hay razones para alterar la pr�ctica seg�n la cual la parte accionante presente los diez ejemplares de la demanda con posterioridad a su ingreso por v�a facsimilar, pero siempre dentro de los l�mites de temporalidad y bajo el criterio de razonabilidad indicados. La consignaci�n de las copias, pocos d�as despu�s de introducida la demanda, representa un tiempo m�nimo razonable para que el Presidente realice el examen preliminar de la demanda durante el cual puede incluso tomar las medidas procesales para que se subsanen los eventuales defectos de �sta.

40. Como se dijo anteriormente (v�ase supra p�rr. 29), son elementos consagrados para la interpretaci�n de los tratados el sentido corriente de sus t�rminos, el contexto y el objeto y fin de dichos tratados. Tales elementos se encuentran vinculados en el art�culo 31.1 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al indicar que el proceso de interpretaci�n es uno. Atentar�a contra el objeto y fin de la Convenci�n Americana, y no tomar�a en cuenta el contexto de la misma, aplicar las normas reglamentarias sin un criterio de razonabilidad, ocasionando un desequilibrio entre las partes y comprometiendo la realizaci�n de la justicia.

41. Tal como se�al� la Corte,

[l]a "razonabilidad" implica un juicio de valor y, aplicada a una ley, una conformidad con los principios del sentido com�n. Se utiliza, igualmente, referida a par�metros de interpretaci�n de los tratados y, por consiguiente, de la Convenci�n. Siendo razonable lo justo, lo proporcionado y lo equitativo, por oposici�n a lo injusto, absurdo y arbitrario, es un calificativo que tiene contenido axiol�gico que implica opini�n pero, de alguna manera, puede emplearse jur�dicamente como, de hecho, lo hacen con frecuencia los tribunales, pues toda actividad estatal debe no solamente ser v�lida sino razonable (Ciertas atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, p�rr. 33).

42. No se puede tomar en cuenta el sentido literal de las normas reglamentarias haciendo abstracci�n del contexto de aplicaci�n de la Convenci�n Americana y del objeto y fin de la misma, a los cuales hay que vincular la interpretaci�n de todas las disposiciones aplicables en el caso concreto. "[L]o esencial", como se�al� la Corte, "es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido dise�ados los distintos procedimientos". (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, p�rr. 33; Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, p�rr. 38 y Caso God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, p�rr. 36). Los defectos formales alegados por el Gobierno no representan perjuicio procesal contra el mismo que justifique que en este caso pueda prevalecer el sentido puramente literal de una disposici�n reglamentaria sobre el inter�s superior de la realizaci�n de la justicia en la aplicaci�n de la Convenci�n Americana.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996, Serie C No. 23, p�rrs. 39-42.

[E]s el caso manifestar que el hecho que haya sido hasta hoy "una pr�ctica constante no objetada por los gobiernos" el incumplimiento de requisitos b�sicos referentes a tiempo, lugar y forma en la presentaci�n inicial de las demandas, ello no implica, bajo ning�n punto de vista, que se haya actuado legalmente, puesto que el error no es Fuente de Derecho.

Por lo que no es dable proceder en forma distinta a la regulada por la Convenci�n y Reglamento de la Corte, dado que ello equivaldr�a, a "alterar gravemente el equilibrio y la igualdad procesales de las partes". Y es este precisamente el "perjuicio procesal" que se le provoca al Estado demandado, en este caso a Guatemala.

Voto Disidente del Juez ad hoc Dr. Edgar Enrique Larraondo Salguero, Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996, Serie C No. 23.

60.0.3.8. representaci�n de la Comisi�n en casos ante la Corte

25. El Gobierno, bas�ndose en los art�culos 2.1 y 3.1 del Estatuto y 71.4 del Reglamento de la Comisi�n y 21 del Reglamento de la Corte afirm� en segundo lugar, que la Comisi�n incumpli� los preceptos antes citados al designar como delegados a la Secretaria ejecutiva y al Secretario ejecutivo adjunto que, si bien son personal de la Comisi�n, no son miembros de �sta.

26. A ello la Comisi�n contest� que "[l]os delegados de la Comisi�n fueron debidamente elegidos por la Comisi�n misma a su debido tiempo, y ese hecho fue comunicado al Gobierno". Aleg� que, para obrar con flexibilidad, design� a un equipo de varios delegados formado por uno de sus miembros, la Secretaria ejecutiva y el Secretario ejecutivo adjunto y que un enfoque similar se ha seguido en otros casos resueltos por esta Corte.

27. Dado que el Reglamento en su art�culo 21 estipula que "[l]a Comisi�n ser� representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados podr�n, si lo desean, hacerse asistir por cualesquiera personas de su elecci�n", la Corte considera que la Comisi�n cumpli� ante ella con los requisitos establecidos por esta norma.

El mismo argumento es v�lido respecto de la designaci�n del abogado de la v�ctima como parte de la delegaci�n de la Comisi�n.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 12, p�rrs. 25-27.

60.0.3.9. retiro de la demanda ante la Corte

48. El retiro de la demanda no est� regulado de manera expresa en la Convenci�n o en los Estatutos o Reglamentos de la Comisi�n y de la Corte, pero esto no significa que sea inadmisible. Los principios generales del derecho procesal permiten que la parte demandante pueda solicitar al tribunal que no se tramite su demanda, cuando todav�a no ha iniciado el conocimiento del asunto, el cual comienza, generalmente, con la notificaci�n a la contraparte. Tanto m�s cuanto que el fundamento inicial de la jurisdicci�n de la Corte, al tenor de lo previsto en el art�culo 61.1 de la Convenci�n, radica en la voluntad de la Comisi�n o de los Estados Partes.

49. La notificaci�n formal de la demanda en un asunto contencioso ante la Corte no opera de manera autom�tica sino que exige un examen preliminar del Presidente para verificar si se han cumplido los requisitos esenciales de la instancia. As� lo ha establecido de manera expresa el art�culo 27 del Reglamento vigente, que recogi� la pr�ctica reiterada que se hab�a seguido con anterioridad.

50. El retiro de la demanda en el caso sub judice no puede entenderse comprendido en las situaciones reguladas por el art�culo 42 del Reglamento aplicable en la fecha de presentaci�n de dicha demanda, ya que ese precepto se refiere a las hip�tesis en las que ya est� entablada la controversia ante la Corte, casos en los que la renuncia unilateral o bilateral de las partes a continuar el procedimiento no puede hacerse libremente, pues "[l]a Corte podr�, teniendo en cuenta las responsabilidades que incumben a ella, decidir que prosiga el examen del caso" (numeral 3).

51. En el caso sub judice la solicitud de retiro por parte de la Comisi�n se produjo con anterioridad a que el Presidente de la Corte pudiese efectuar el examen preliminar de la instancia y, por tanto, que estuviese en posibilidad de ordenar la notificaci�n de la misma. El Presidente ni siquiera hab�a tenido conocimiento de la comunicaci�n de 11 de junio de 1991, dirigida por la Comisi�n al Gobierno para hacerle saber de la interposici�n de la demanda en los t�rminos del art�culo 50.2 del Reglamento de la Comisi�n.

52. La solicitud de retiro no era a primera vista injustificada o arbitraria ya que la Comisi�n en su nota de 20 de junio manifiesta que el retiro obedec�a a "la solicitud del ilustrado Gobierno del Per� y, con el fin de que el procedimiento no ofrezca dudas en cuanto a su correcta aplicaci�n, as� como para resguardar el inter�s de las partes, tanto del gobierno como de los peticionarios". De acuerdo con el principio de buena fe, no se pod�an poner en duda los motivos aducidos por la Comisi�n para el retiro de su demanda.

53. En virtud de todo lo anterior, la Secretar�a de la Corte, por instrucciones de la Comisi�n Permanente, se limit� a acusar recibo de la nota de retiro, pero sin calificar el acto mismo o su oportunidad porque, no habiendo entrado el Presidente al conocimiento del asunto cuyo tr�mite no se hab�a iniciado, ni �ste ni la Comisi�n Permanente hubieran podido calificarlo.

54. Estas consideraciones no se oponen a la jurisprudencia previa de la Corte. En un caso anterior (Caso Vel�squez Rodr�guez, Excepciones Preliminares, supra 37, p�rr. 75) la Corte opin� que "la circunstancia de que la Comisi�n haya introducido el caso ante la Corte, inequ�vocamente indica que ces� su tramitaci�n de conformidad con los procedimientos a cargo de aqu�lla, para ser sometido a arreglo judicial. La presentaci�n de la demanda ante la Corte acarrea, ipso jure, el t�rmino de la sustanciaci�n del asunto por la Comisi�n". En aquella oportunidad la Corte se refer�a a la imposibilidad de que un caso se introdujera ante la Corte y la Comisi�n prosiguiera con la sustanciaci�n del mismo. La Corte no precis� entonces el sentido de "introducir un caso" o "presentar la demanda" ni quiso, por supuesto, referirse a las mociones y actos posteriores de la Comisi�n como ser�a retirar un caso, luego de presentado a la consideraci�n de la Corte, que es precisamente lo que debe tratarse ahora.

. . . .

57. Lo que s� se debe analizar es si el retiro se produjo a instancias o no del Gobierno peruano y el beneficio que �ste pudo derivar del mismo. Para ello hay que puntualizar que la nota peruana en que solicita "no someter el caso a la Corte" llega a la Comisi�n en la misma fecha en que �sta lo env�a por transmisi�n facsimilar al tribunal. De all� resulta claro que el Gobierno no pod�a solicitar el retiro de un caso que, a su conocimiento, no estaba a�n presentado.

La nota peruana, sin embargo, contiene la insinuaci�n de que los vicios que -en su opini�n- tiene el tr�mite del caso, "invalida[n] cualquier otro procedimiento al que pueda[n] dar origen y faculta[n] al Per� a inhibirse en lo sucesivo de convalidar con su participaci�n tales actos".

58. Podr�a entenderse que las dos cosas, es decir, la solicitud de no presentaci�n de la demanda por la consideraci�n de que podr�a haber nulidades en el tr�mite y la insinuaci�n del Gobierno peruano de que no participar�a en el proceso, indujeron a la Comisi�n a retirar el caso.

59. En su nota de 26 de agosto el Gobierno insiste en que el retiro de la demanda fue un acto unilateral de la Comisi�n, no solicitado por el Per�. En la audiencia la Comisi�n reconoci� que "[e]s cierto que el Gobierno del Per� no pidi� el retiro del caso, ni pidi� la reapertura". En esas condiciones, es indiferente si se benefici� o no, como lo arguye la Comisi�n, de los nuevos plazos que fueron un efecto del retiro porque, aunque lo hubiera hecho, ello no le imped�a alegar el vencimiento del plazo como excepci�n preliminar. El hecho de retirar el caso no menoscab� el derecho de defensa del Estado peruano ni le impidi� ejercer cualquiera de los otros derechos que la Convenci�n le reconoce.

60. Entre la fecha del retiro del caso y la presentaci�n de la nueva demanda, transcurren m�s de siete meses. Independientemente de si el plazo original venc�a el 31 de mayo o el 5 de junio de 1991, no hay duda de que el 14 de febrero de 1992, excede con mucho los l�mites de temporalidad y razonabilidad que la Corte ha dicho que informan el procedimiento. Si la Comisi�n entendi� que el Gobierno peruano hab�a solicitado el retiro, tal petici�n, por razonable que fuere, no pod�a ser atendida por estar agotado el plazo que la Convenci�n concede para introducir una demanda y, como queda dicho, no es uno de aquellos factores que hubieran podido implicar la suspensi�n de los t�rminos.

61. La Corte declarar�, sin haber entrado a la materia de fondo a que se refiere la demanda de la Comisi�n, que �sta fue extempor�nea. Sin embargo, de la lectura del art�culo 51 se infiere que una declaraci�n de este orden no puede implicar la neutralizaci�n de los dem�s mecanismos de tutela contemplados en la Convenci�n Americana y que, en consecuencia, la Comisi�n conserva todas las dem�s atribuciones que le confiere ese art�culo, lo que, por lo dem�s, coincide con el objeto y fin del tratado.

. . . .

63. La Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protecci�n de los derechos humanos, fin �ltimo del sistema y la seguridad jur�dica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional. En el caso sub judice continuar con un proceso enderezado a lograr la protecci�n de los intereses de las supuestas v�ctimas, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en la propia Convenci�n, acarrear�a la p�rdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los �rganos encargados de administrar el sistema de protecci�n de derechos humanos.

Corte I.D.H., Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993, Serie C No. 14, p�rrs. 48-54, 57-61 y 63.

60.0.3.10. solicitudes manifiestamente improcedentes

9. Que la interposici�n de recursos notoriamente improcedentes constituye un obst�culo a la celeridad que debe caracterizar la impartici�n de justicia en materia de derechos humanos. En consecuencia, esta Corte estima que las partes en estos procesos deber�an abstenerse de interponer esta clase de impugnaciones.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Resoluci�n de 27 de junio de 1996, considerando p�rr. 9.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Resoluci�n de 10 de septiembre de 1996, considerando p�rr. 9.

47. Previamente a las consideraciones sobre los alegatos de las partes, la Corte deber� resolver el alegato del Per� en el sentido de la "improcedencia de la demanda por el no agotamiento de los recursos internos...", por lo cual consider� que la Corte se "atrib[uy�] jurisdicci�n en forma indebida".

48. La Corte considera que, con ese alegato, Per� pretende reabrir, en la presente etapa del fondo del caso, una cuesti�n de admisibilidad ya resuelta por esta Corte. Por lo tanto, desestima el alegato por notoriamente improcedente por tratarse de materia ya decidida por sentencia de 31 de enero de 1996 (supra p�rr. 12), la cual es definitiva e inapelable.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, p�rrs. 47-48

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rrs. 44-45.

60.0.3.11. sobreseimiento del caso

60.0.3.11.1. desistimiento

23. La Corte es competente para conocer la solicitud de desistimiento en un caso remitido ante �sta de acuerdo con el art�culo 43 del Reglamento que establece:

Art�culo 43

Sobreseimiento del caso

  1. Cuando la parte demandante notificare a la Corte su intenci�n de desistir, �sta resolver�, o�da la opini�n de las otras partes en el caso, as� como la de las personas mencionadas en el art�culo 22.2 de este Reglamento, si hay lugar al desistimiento y, en consecuencia, si procede sobreseer el caso y archivar el expediente.
  2. Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a �sta la existencia de una soluci�n amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar una soluci�n al litigio, la Corte podr�, llegado el caso y despu�s de haber o�do a las personas mencionadas en el art�culo 22.2 de este Reglamento, sobreseer el caso y archivar el expediente.
  3. La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podr� decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos se�alados en los dos p�rrafos precedentes.

24. En los t�rminos del precepto reglamentario transcripto esta Corte debe decidir si dicho acuerdo es conforme a la Convenci�n y, por tanto, si se admite el desistimiento o, por el contrario, se contin�a con el conocimiento del caso.

25. De las constancias de autos aparece que en cumplimiento del acuerdo del 20 de septiembre de 1994, el Gobierno expidi� el Decreto Nº 1680/94 que permiti� salir en libertad condicional al se�or Maqueda, en virtud de haberse reducido el plazo de su condena.

26. Esta Corte, en los t�rminos del inciso 1 del art�culo 43 de su Reglamento, transcripto con anterioridad, ha o�do la opini�n de las partes en este asunto, inclusive la de los representantes de los familiares del afectado, y todos ellos reiteraron su conformidad con el acuerdo del 20 de septiembre de 1994, as� como con el cumplimiento del mismo por parte del Gobierno.

27. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la cuesti�n central en el caso es la violaci�n del derecho a la libertad del se�or Maqueda y que ese derecho ha sido restituido mediante el acuerdo a que han llegado las partes, la Corte estima que �ste no viola la letra y el esp�ritu de la Convenci�n Americana. Aunque en la demanda de la Comisi�n presentada ante la Corte se citan otros derechos consagrados en la Convenci�n, as� como mecanismos y disposiciones de derecho interno, estos han sido planteados en relaci�n con el derecho a la libertad. No obstante ello, la Corte, teniendo presente la responsabilidad que le incumbe de proteger los derechos humanos, se reserva la facultad de reabrir y continuar la tramitaci�n del caso si hubiere en el futuro un cambio de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo.

Por tanto, La Corte

RESUELVE:

  1. Admitir el desistimiento de la acci�n deducida por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maqueda contra la Rep�blica Argentina.
  2. Sobreseer el caso Maqueda.
  3. Reservarse la facultad de reabrir y continuar la tramitaci�n del caso si hubiere en el futuro un cambio de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo.
  4. Comunicar esta resoluci�n a las partes.

Corte I.D.H., Caso Maqueda, Resoluci�n de 17 de enero de 1995, p�rrs. 23-27, resuelve p�rrs. 1-4.

60.0.3.11.2. allanamiento

22. En la audiencia del 2 de diciembre de 1991, que fue convocada para conocer las excepciones preliminares (supra 10), el agente de Suriname manifest� que "[l]a Rep�blica de Suriname, en cuanto al primer caso siguiendo el procedimiento que inicialmente determin� la Corte, reconoce la responsabilidad consecuente sobre el caso Pokigron, mejor conocido como Aloeboetoe y otros". M�s adelante a�adi�: "simplemente quiero reiterar [que Suriname] reconoce la responsabilidad en este caso." Luego, ante una aclaraci�n solicitada por el delegado de la Comisi�n, se�or Jackman, el agente de Suriname expres�: "Yo creo que fue claro lo que dije: reconoce la responsabilidad y, por lo tanto, la Corte tiene el derecho de cerrar el caso, archivar el caso, determinar las indemnizaciones correspondientes o hacer lo que a derecho corresponda".

23. La Corte considera que, dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Gobierno de Suriname, ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Por lo tanto, corresponde a la Corte decidir sobre las reparaciones y sobre las costas del procedimiento.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 11, p�rrs. 22-23.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995, Serie C No. 19, p�rrs. 19-20.

42. En este litigio, Suriname ha reconocido su responsabilidad por los hechos articulados en la memoria de la Comisi�n. Por ello, y tal como lo expres� la Corte en su sentencia de 4 de diciembre de 1991, "ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso" (Caso Aloeboetoe y otros,supra p�rrafo inicial, p�rr. 23). Esto significa que se tienen por ciertos aquellos expuestos en la memoria de la Comisi�n del 27 de agosto de 1990. Pero, en cambio, existen diferencias entre las partes acerca de otros hechos que se relacionan con las reparaciones y el alcance de las mismas. La controversia sobre estas materias ser� decidida por la Corte en la presente sentencia.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 42.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1993, Serie C No. 28, p�rr. 13.

22. La demanda sostiene que los hechos en ella expuestos configuran un caso de desaparici�n forzada de los se�ores Ra�l Baigorria y Adolfo Garrido el 28 de abril de 1990 y la consiguiente denegaci�n de justicia , que violan numerosos art�culos de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convenci�n" o "la Convenci�n Americana"). En este sentido, la Comisi�n invoca los art�culos de la Convenci�n 1.1 (Obligaci�n de Respetar Los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 7.5, 7.6, 8 y 9 (Derecho a un Juicio Justo), 8.1 (Garant�as Judiciales) y 25 (Protecci�n Judicial) (supra p�rr. 2).

. . . .

24. La Corte estima conveniente transcribir los dos p�rrafos siguientes de la contestaci�n de la demanda por la Argentina:

El Gobierno de la Rep�blica Argentina acepta los hechos expuestos en el �tem II de la demanda en relaci�n con la situaci�n de los se�ores Ra�l Baigorria y Adolfo Garrido, los que coinciden sustancialmente con los contenidos en la presentaci�n ante la Ilustre Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos que en su momento no fueron cuestionados.

El Gobierno de la Rep�blica Argentina acepta las consecuencias jur�dicas que de los hechos referidos en el p�rrafo anterior se siguen para el Gobierno, a la luz del art�culo 28 p�rrafos 1 y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no ha resultado posible para la instancia competente identificar a la o las personas penalmente responsables de los il�citos de los que han sido objeto los se�ores Ra�l Baigorria y Adolfo Garrido y, de ese modo, esclarecer su destino.

25. En el curso de la audiencia de 1 de febrero de 1996 (supra p�rr. 9) el agente alterno de la Argentina, Embajador Humberto Toledo, expres� que su Gobierno "acept[�] in toto su responsabilidad internacional" y "reiter� el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado argentino en el caso de especie". En la misma audiencia la Comisi�n se manifest� conforme a los t�rminos de reconocimiento de responsabilidad efectuados por el agente alterno de la Argentina.

. . . .

27. El 11 de septiembre de 1995 la Argentina reconoci� los hechos expuestos por la Comisi�n en la secci�n II de su demanda. Estos hechos se encuentran resumidos en los p�rrafos 10 al 19 de la presente sentencia.

La Argentina acept� tambi�n las consecuencias jur�dicas que derivan de los hechos mencionados (supra p�rr. 24). Asimismo, este Estado reconoci� plenamente su responsabilidad internacional en el presente caso (supra p�rr. 25) .

Dado el reconocimiento efectuado por la Argentina, la Corte considera que no existe controversia entre las partes en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso, ni en cuanto a la responsabilidad internacional.

Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Sentencia de 2 de febrero de 1996, Serie C No. 26, p�rrs. 22, 24 -25 y 27.

VISTOS:

  1. La demanda interpuesta por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisi�n) el 30 de agosto de 1996 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Corte"o la "Corte Interamericana") contra el Gobierno de Guatemala (en adelante "el Gobierno", "el Estado" o "Guatemala") en la cual la Comisi�n solicit� a la Corte decidir si hubo violaci�n, por parte del Gobierno, de los siguiente art�culos de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convenci�n" o "la Convenci�n Americana"): 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jur�dica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garant�as Judiciales), y 25 (Protecci�n Judicial), todos ellos en concordancia con el art�culo 1.1 (Obligaci�n de Respetar los Derechos) de la misma Convenci�n por la supuesta desaparici�n, tortura y ejecuci�n de Efra�n B�maca Vel�squez. Tambi�n solicit� a la Corte que declare que Guatemala viol� la Convenci�n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
  2. Los hechos de la demanda que se resumen en su numeral II de la siguiente manera:

1. Efra�n B�maca Vel�squez, tambi�n conocido como "Comandante Everardo" militaba como comandante en las filas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (la "URNG"), el movimiento revolucionario de Guatemala. El se�or B�maca comandaba el frente "Luis Ixmat�" de la Organizaci�n Revolucionaria del Pueblo en Armas ("ORPA"), uno de los cuatro grupos guerrilleros que forman la UMG.

2. Efra�n B�maca desapareci� despu�s de un tiroteo entre el ej�rcito y la guerrilla cerca del r�o Ixcuc�a, que tuvo lugar el 12 de marzo de 1992 en la aldea de Mont�far, cercana a Nuevo San Carlos, Retalhuleu, en la regi�n oeste de Guatemala. La Comisi�n asevera que las fuerzas armadas de Guatemala apresaron vivo al se�or B�maca despu�s de la escaramuza y lo recluyeron secretamente en varias dependencias militares, donde lo torturaron y eventualmente, lo ejecutaron.

3. La Comisi�n sostiene, asimismo, que ulteriormente se incurri� en denegaci�n de justicia y encubrimiento. El Gobierno de Guatemala se ha abstenido de brindar protecci�n judicial alguna o reparaci�n por los cr�menes perpetrados contra el se�or B�maca y tambi�n de investigar en forma adecuada su desaparici�n y muerte, castigando a los culpables.

3. El escrito de excepciones preliminares del Gobierno del 31 de octubre de 1996 por la supuesta falta de agotamiento de recursos internos y la contestaci�n de la Comisi�n del 2 de diciembre de 1996.

4. El escrito presentado por el Gobierno el 6 de enero de 1997, dentro del t�rmino del plazo de la contestaci�n a la demanda, en el que "reconoce su responsabilidad internacional en materia de Derechos Humanos, en el presente caso, una vez que no ha resultado posible, hasta este momento, para las instancias competentes, identificar a las personas o persona responsable penalmente de los hechos antijur�dicos objeto de �sta demanda". Adem�s de reconocer su responsabilidad internacional en este caso solicit�

2.[Que s]e tenga por reconocida la responsabilidad internacional en materia de Derechos Humanos, por parte del Gobierno de Guatemala, respecto a los hechos vertidos en el numeral II de la demanda.

5. El escrito del Gobierno presentado a la Corte el 20 de enero de 1997 para "ACLARAR EL

DOCUMENTO DE CONTESTACION DE LA DEMANDA" de la siguiente manera:

el Gobierno de Guatemala, present� contestaci�n de la demanda... haci�ndose necesario aclararla para que en el apartado de hechos n�mero dos, la conclusi�n n�mero uno y la petici�n n�mero dos, sean interpretadas conjuntamente de forma que el reconocimiento de responsabilidad pueda ser descrito de esta forma: "El Gobierno de la Rep�blica de Guatemala acepta los hechos expuestos en el numeral II de la demanda en el caso del se�or Efra�n B�maca Vel�squez en cuanto a que no ha resultado posible, hasta este momento, identificar a las personas o persona responsables penalmente de los hechos antijur�dicos de los que fuera objeto el se�or B�maca y de ese modo esclarecer su desaparici�n con la reserva de lo aseverado por la Comisi�n en el numeral II, inciso 2, ya que dentro del proceso interno no han podido confirmarse las circunstancias de la desaparici�n del se�or B�maca."

6. El escrito de la Comisi�n presentado el 27 de enero de 1997 mediante el cual se�al� que el reconocimiento de responsabilidad hecho por el Estado era parcial pero entend�a que "El Estado guatemalteco reconoce su responsabilidad por los hechos descritos relacionados con la denegaci�n de justicia y encubrimiento, incluyendo la falta de protecci�n judicial y reparaci�n y la falta de investigaci�n adecuada y sanci�n a los culpables". Adem�s, en cuanto a los hechos vertidos en el inciso 2 del numeral II de la demanda, indic� que "est� pendiente de la notificaci�n de la Honorable Corte sobre los procedimientos escritos y orales que se seguir�n ante la Corte en relaci�n con el punto controvertido de la responsabilidad directa del Estado de Guatemala". Asimismo, solicit� aclarar si la excepci�n preliminar interpuesta por el Gobierno hab�a sido retirada.

CONSIDERANDO

Que del examen de los escritos de Guatemala la Corte no puede concluir que han sido aceptados los hechos se�alados en la demanda y, por lo tanto, se debe continuar con el conocimiento del asunto. . . .

Corte I.D.H., Caso Bamaca Vel�squez, Resoluci�n de 5 de febrero de 1997, vistos p�rrs. 1-6 y considerando.

60.0.3.12. impugnaci�n de las decisiones de la Corte

5. Que con independencia de si la resoluci�n que se combate debe denominarse t�cnicamente "sentencia", "resoluci�n interlocutoria" o inclusive "sentencia interlocutoria", como lo hacen algunas legislaciones procesales internas, la cuesti�n esencial que debe dilucidarse es la de si las decisiones pronunciadas por este Tribunal pueden ser impugnadas.

6. Que respecto a las resoluciones de esta Corte que resuelven la controversia en cuanto al fondo, el art�culo 67 de la Convenci�n dispone de manera categ�rica que el fallo de la Corte ser� definitivo e inapelable. En cuanto a las restantes resoluciones que no sean de simple tr�mite, es decir las que tradicionalmente se han denominado "resoluciones o sentencias interlocutorias", es tambi�n muy claro que tampoco admiten ning�n medio de impugnaci�n.

7. Que en los t�rminos de los art�culos 25.2 del Estatuto de la Corte y 45 de su Reglamento, las sentencias y las resoluciones interlocutorias que pongan t�rmino al proceso quedan reservadas a la decisi�n de la Corte, pero las normas procesales facultan delegar en el Presidente o en comisiones de la propia Corte determinadas partes de la tramitaci�n, con excepci�n de las sentencias definitivas y de las opiniones consultivas. Los autos o resoluciones, que no sean de mero tr�mite dictadas por el Presidente o las comisiones, ser�n siempre recurribles ante la Corte en pleno. De acuerdo con estos preceptos �nicamente las decisiones del Presidente o de las comisiones del Tribunal pueden ser combatidas ante el pleno de la Corte, pero las restantes, entre ellas las pronunciadas al resolver las excepciones preliminares, no pueden ser objeto de impugnaci�n. Esto es as� debido a que el procedimiento contencioso ante esta Corte debe tener car�cter concentrado en virtud de que la protecci�n de los derechos humanos consagrados por la Convenci�n Americana, requiere que dicho procedimiento sea lo m�s breve posible y por ello no debe estar sometido a las excesivas formalidades del proceso ordinario de car�cter interno, en el cual se regula un sistema complejo de instrumentos de impugnaci�n y en �l se fijan los lineamientos y plazos para su interposici�n.

8. Que por lo anteriormente expuesto, esta Corte concluye en el sentido de que el recurso interpuesto por el Gobierno es improcedente y por tal virtud debe desecharse.

9. Que la interposici�n de recursos notoriamente improcedentes constituye un obst�culo a la celeridad que debe caracterizar la impartici�n de justicia en materia de derechos humanos. En consecuencia, esta Corte estima que las partes en estos procesos deber�an abstenerse de interponer esta clase de impugnaciones.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Resoluci�n de 27 de junio de 1996, considerando p�rrs. 5-9.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Resoluci�n de 10 de septiembre de 1996, considerando p�rrs. 5-9.

VISTO:

La nota de 18 de febrero de 1997, presentada el 4 de marzo del mismo a�o por el Estado del Per� (en adelante "el Estado"o "el Per�") en la cual solicita que se reconsidere la resoluci�n del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "el Tribunal") de 11 de febrero de 1997, que rechaz� por extempor�nea la solicitud de interpretaci�n de la sentencia sobre reparaciones, de 19 de septiembre de 1996 en el caso Neira Alegr�a y otros.

CONSIDERANDO:

1. Que el recurso de reconsideraci�n no se encuentra contemplado en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convenci�n Americana") y que por esta raz�n la petici�n realizada por el Estado es inadmisible. . . .

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Resoluci�n de 16 de abril de 1997, visto y considerando p�rr. 1.

60.0.4. reglas de procedimiento en opiniones consultivas ante la Corte

60.0.4.1. formalidades de una solicitud de opini�n consultiva

44. El art�culo 49.2.b. del Reglamento exige que toda solicitud de opini�n consultiva presentada por un �rgano de la OEA "debe indicar las disposiciones que deben ser interpretadas, c�mo la consulta se refiere a su esfera de competencia, las consideraciones que originan la consulta y el nombre y direcci�n de sus delegados". El requisito de una descripci�n de "las consideraciones que originan la consulta" est� destinado a facilitar a la Corte la comprensi�n de los hechos pertinentes y del contexto legal que motivan la consulta, los cuales son frecuentemente indispensables para poder responder adecuadamente. Los tribunales llamados a emitir opiniones consultivas exigen este requisito por razones que la Corte Internacional de Justicia ha descrito como sigue:

...una regla de derecho internacional, convencional o consuetudinario no se aplica en el vac�o; se aplica en relaci�n con hechos y dentro del marco de un conjunto m�s amplio de normas jur�dicas, del cual ella no es m�s que una parte. En consecuencia, para que una pregunta formulada en los t�rminos hipot�ticos de la solicitud pueda recibir una respuesta pertinente y �til, la Corte debe, ante todo, determinar su significado y su alcance en la situaci�n de hecho y de derecho donde conviene examinarla. De otro modo se correr�a el riesgo de que la respuesta de la Corte a la pregunta formulada fuera incompleta y, por ende, ineficaz; o hasta inducir a error sobre las reglas jur�dicas pertinentes que verdaderamente rigen la materia consultada por la organizaci�n solicitante. La Corte comenzar�, pues, por enunciar los elementos de hecho y de derecho pertinentes que, seg�n ella, forman el contexto en el cual deben determinarse el sentido y el alcance de la primera pregunta formulada. (Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between WHO and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p�g. 76).

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, p�rr. 44.

60.0.4.2. tr�mite de una solicitud de opini�n consultiva

60.0.4.2.1. de acuerdo al art�culo 64.1

  1. El Gobierno de Per�, mediante nota recibida el 28 de abril de 1982, solicit� la presente opini�n consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  2. Mediante notas fechadas el 28 de abril de 1982, en cumplimiento de lo resuelto por esta Corte en relaci�n con el art�culo 52 de su Reglamento, el Secretario solicit� sus observaciones a todos los Estados Miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos, as� como, a trav�s del Secretario General de �sta, a todos los �rganos a que se refiere el Cap�tulo X de la Carta de la OEA.

Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la funci�n consultiva de la Corte (Art. 64 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A No. 1, p�rrs. 1-2.

Corte I.D.H., La Expresi�n "Leyes" en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 1-2.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, p�rrs. 1-3.

Corte I.D.H., Interpretaci�n de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Art�culo 64 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Serie A No. 10, p�rr. 4.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, p�rrs. 2 y 6.

Corte I.D.H., Informes de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, p�rrs. 1-5.

  1. La Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisi�n"), mediante un cable fechado el 28 de junio de 1982, solicit� la presente opini�n consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  2. Mediante notas de fecha 2 de julio de 1982, en cumplimiento de lo resuelto por la Corte en relaci�n con el art�culo 52 de su Reglamento, el Secretario solicit� sus observaciones a todos los Estados Miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos, as� como, a trav�s del Secretario General de �sta, a todos los �rganos a que se refiere el Cap�tulo X de la Carta de la OEA.

Corte I.D.H., El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75), Opini�n Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982, Serie A No. 2, p�rrs. 1-2.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, p�rrs. 1-2.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No. 8, p�rrs. 1-2.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 1-5.

12. Despu�s de recibir la comunicaci�n citada, el Presidente de la Corte, previa consulta con la Comisi�n Permanente de la misma, de conformidad con el Reglamento, dispuso que tanto la solicitud de la Comisi�n como los argumentos del Gobierno de Guatemala en lo que respecta a la competencia de la Corte fueran transmitidos a todos los Estados Miembros y �rganos de la OEA, invit�ndolos a presentar a la Corte sus opiniones sobre los puntos planteados.

13. Mediante comunicaci�n de fecha 18 de mayo de 1983 el Gobierno de Guatemala objet� la legalidad de este �ltimo tr�mite pues, desde su punto de vista, la Comisi�n Permanente debi� decidir que la solicitud de opini�n consultiva resultaba inadmisible o, cuando menos, debi� separar el procedimiento relativo a las objeciones a la competencia formuladas por Guatemala del conocimiento de la materia de fondo, y resolver sobre el primero como una cuesti�n preliminar.

14. El Presidente de la Corte respondi� a la mencionada comunicaci�n informando al Gobierno de Guatemala que ni �l mismo ni la Comisi�n Permanente est�n facultados para desestimar solicitudes de opini�n consultiva y que solamente la Corte en pleno goza de competencia para fallar sobre los puntos expuestos por Guatemala. Asimismo, el Presidente advirti� que la decisi�n en cuanto a la forma en que se deber�a abordar la solicitud de Guatemala est� tambi�n sujeta a revisi�n por la Corte en pleno.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, p�rrs. 12-14.

16. Debe tenerse presente que, seg�n el art�culo 64.1, la Corte ser�a competente para responder una solicitud de opini�n consultiva, formulada por un Estado Miembro de la OEA, que involucrara el problema de la compatibilidad entre un proyecto de ley que tenga pendiente y la Convenci�n. En esa hip�tesis, por supuesto, la solicitud estar�a concebida de forma diferente, aun cuando en el fondo se tratase de una id�ntica materia.

17. La �nica diferencia importante entre las opiniones tramitadas seg�n el art�culo 64.1 y las que lo son seg�n el art�culo 64.2, es de procedimiento. Seg�n el art�culo 52 del Reglamento, en este �ltimo caso no es indispensable cumplir con el sistema de notificaciones previsto para el primero, sino que se deja a la Corte un amplio margen para fijar las reglas procesales de cada caso, en previsi�n de que, por la propia naturaleza de la cuesti�n, la consulta deba resolverse sin requerir puntos de vista externos a los del Estado solicitante.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 16-17.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 8.

  1. El Gobierno de Costa Rica (en adelante "el Gobierno"), mediante comunicaci�n del 8 de julio de 1985, someti� a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte"), una solicitud de opini�n consultiva sobre la interpretaci�n de los art�culos 13 y 29 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convenci�n" o "la Convenci�n Americana") en relaci�n con la colegiaci�n obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Org�nica del Colegio de Periodistas de Costa Rica (en adelante "la Ley No. 4420" y "Colegio de Periodistas", respectivamente) con las disposiciones de los mencionados art�culos. Seg�n declaraci�n expresa del Gobierno, esta solicitud de opini�n ha sido formulada en cumplimiento de un compromiso adquirido con la Sociedad Interamericana de Prensa (en adelante "la SIP").
  2. Mediante nota de fecha 12 de julio de 1985, en cumplimiento de lo dispuesto por el art�culo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretar�a solicit� observaciones escritas sobre los temas implicados en la presente consulta a todos los Estados Miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos (en adelante "la OEA"), as� como, a trav�s del Secretario General de �sta, a todos los �rganos a que se refiere el Cap�tulo X de la Carta de la OEA.

. . . .

6. En virtud de que la consulta combina cuestiones que deben responderse tanto de acuerdo con el art�culo 64.1 como con el art�culo 64.2 de la Convenci�n, la Corte resolvi� separar ambos procedimientos, dado que, mientras el primero interesa a todos los Estados Miembros y �rganos principales de la OEA, el segundo involucra aspectos legales relacionados especialmente con la Rep�blica de Costa Rica.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, p�rrs. 1-2 y 6.

60.0.4.2.2. de acuerdo al art�culo 64.2

  1. Por telegrama de fecha 28 de junio de 1983, recibido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos . . . ese mismo d�a, la Secretar�a Ejecutiva de la Comisi�n Permanente de Asuntos Jur�dicos de la Asamblea Legislativa de la Rep�blica de Costa Rica inform� que la Comisi�n Especial para estudiar reformas a los art�culos 14 y 15 de la Constituci�n Pol�tica . . . de ese pa�s, hab�a acordado consultar a la Corte sobre el referido proyecto de modificaci�n a la Constituci�n.
  2. Por oficio No. 1588-83 SGOI-PE, de fecha 21 de julio de 1983, recibido en la Corte el 22 del mismo mes, el Viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica expres� el deseo de su Gobierno de conocer la opini�n de la Corte en relaci�n con el citado proyecto de reforma, acompa�ando para tal efecto copias del texto actual de los art�culos 14 y 15 de la Constituci�n, el texto de la reforma propuesta y el dictamen de la Comisi�n Especial que estudi� dicha reforma.
  3. Por comunicaci�n fechada el 8 de agosto de 1983, recibida en la Corte el d�a 9 del mismo, suscrita por el Ministerio de Justicia, el Gobierno de Costa Rica . . . formaliz� la referida solicitud de opini�n consultiva, adecu�ndola a las normas que rigen los procedimientos consultivos de la Corte y en especial a lo dispuesto en el art�culo 51 del Reglamento.
  4. De conformidad con lo acordado por la Corte en su III Per�odo Extraordinario de Sesiones, celebrado del 25 de julio al 5 de agosto de 1983, el Secretario invit� a presentar sus puntos de vista sobre la solicitud, a las instituciones jur�dicas costarricenses que, previa consulta con el Gobierno, fueron seleccionados por la Corte . . . .

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 1-4.

Corte I.D.H., Compatibilidad de un Proyecto de ley con el Art�culo 8.2.h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 1991, Serie A No. 12, p�rrs. 1-5.

11. Debe notarse que la presente solicitud fue inicialmente hecha a la Corte por una Comisi�n de la Asamblea Legislativa que no es una de aquellas entidades gubernamentales facultadas para actuar por Costa Rica en el plano internacional. Posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo la solicitud formal, seguida de una comunicaci�n del Ministro de Justicia dando informaci�n relevante sobre la misma, la cual permiti� a la Corte tomar conocimiento sobre el asunto.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rr. 11.

16. Debe tenerse presente que, seg�n el art�culo 64.1, la Corte ser�a competente para responder una solicitud de opini�n consultiva, formulada por un Estado Miembro de la OEA, que involucrara el problema de la compatibilidad entre un proyecto de ley que tenga pendiente y la Convenci�n. En esa hip�tesis, por supuesto, la solicitud estar�a concebida de forma diferente, aun cuando en el fondo se tratase de una id�ntica materia.

17. La �nica diferencia importante entre las opiniones tramitadas seg�n el art�culo 64.1 y las que lo son seg�n el art�culo 64.2, es de procedimiento. Seg�n el art�culo 52 del Reglamento, en este �ltimo caso no es indispensable cumplir con el sistema de notificaciones previsto para el primero, sino que se deja a la Corte un amplio margen para fijar las reglas procesales de cada caso, en previsi�n de que, por la propia naturaleza de la cuesti�n, la consulta deba resolverse sin requerir puntos de vista externos a los del Estado solicitante.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 16-17.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 8.

  1. El Gobierno de Costa Rica (en adelante "el Gobierno"), mediante comunicaci�n del 8 de julio de 1985, someti� a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte"), una solicitud de opini�n consultiva sobre la interpretaci�n de los art�culos 13 y 29 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convenci�n" o "la Convenci�n Americana") en relaci�n con la colegiaci�n obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Org�nica del Colegio de Periodistas de Costa Rica (en adelante "la Ley No. 4420" y "Colegio de Periodistas", respectivamente) con las disposiciones de los mencionados art�culos. Seg�n declaraci�n expresa del Gobierno, esta solicitud de opini�n ha sido formulada en cumplimiento de un compromiso adquirido con la Sociedad Interamericana de Prensa (en adelante "la SIP").
  2. Mediante nota de fecha 12 de julio de 1985, en cumplimiento de lo dispuesto por el art�culo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretar�a solicit� observaciones escritas sobre los temas implicados en la presente consulta a todos los Estados Miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos (en adelante "la OEA"), as� como, a trav�s del Secretario General de �sta, a todos los �rganos a que se refiere el Cap�tulo X de la Carta de la OEA.

. . . .

6. En virtud de que la consulta combina cuestiones que deben responderse tanto de acuerdo con el art�culo 64.1 como con el art�culo 64.2 de la Convenci�n, la Corte resolvi� separar ambos procedimientos, dado que, mientras el primero interesa a todos los Estados Miembros y �rganos principales de la OEA, el segundo involucra aspectos legales relacionados especialmente con la Rep�blica de Costa Rica.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, p�rrs. 1-2, y 6.

60.0.4.3. objeciones preliminares a la competencia consultiva de la Corte

20. El punto de si una objeci�n al ejercicio de la competencia de la Corte debe acumularse con el fondo o considerarse separadamente como una cuesti�n preliminar podr�a presentarse dentro del contexto de casos contenciosos o de opiniones consultivas.

21. En materia contenciosa el ejercicio de la competencia de la Corte depende normalmente de una cuesti�n previa y fundamental, como es el consentimiento de los Estados para someterse a su jurisdicci�n. Si ese consentimiento ha sido otorgado, los Estados que participan en el proceso toman t�cnicamente el car�cter de partes en el mismo y se comprometen a cumplir con la decisi�n de la Corte (art�culo 68.1 de la Convenci�n). En cambio, mientras no exista tal consentimiento, la jurisdicci�n de la Corte no podr� ejercerse, de modo que carece de sentido examinar los asuntos de fondo que determinan la controversia sin antes haber establecido si las partes involucradas han aceptado o no su jurisdicci�n.

22. Ninguna de estas consideraciones est� presente en los procedimientos consultivos. No hay partes pues no hay demandados ni actores; ning�n Estado es requerido a defenderse contra cargos formales, ya que el procedimiento no los contempla, ninguna sanci�n judicial est� prevista ni puede ser decretada. A lo �nico que el procedimiento est� destinado es a facilitar a los Estados Miembros y a los �rganos de la OEA la obtenci�n de una interpretaci�n judicial sobre una disposici�n de la Convenci�n o de otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos en los Estados americanos.

23. Como se demuestra en esta misma opini�n (ver p�rrafo no. 31 y siguientes, infra), no hay nada en la Convenci�n que sirva para fundamentar la extensi�n de los requisitos para el ejercicio de la jurisdicci�n contenciosa de la Corte al ejercicio de su funci�n consultiva. Es muy claro, m�s bien, que el ejercicio de la competencia consultiva de la Corte est� sometido a sus propios prerrequisitos, que se refieren a la identidad y a la legitimaci�n reconocidas a los entes con derecho a solicitar una opini�n, es decir, a los Estados Miembros y los �rganos de la OEA, �stos �ltimos, "en lo que les compete". De ah� que las razones que justifican que la Corte resuelva en un procedimiento separado y preliminar las objeciones a su competencia en materia contenciosa no est�n presentes, en general, cuando se le ha solicitado emitir una opini�n consultiva.

24. La Corte reconoce, desde luego, que el inter�s de un Estado puede ser afectado de una manera o de otra por una interpretaci�n dada en una opini�n consultiva. Por ejemplo, una opini�n consultiva puede debilitar o fortalecer la posici�n legal de un Estado en una controversia actual o futura. No obstante, los intereses leg�timos de un Estado en el resultado de una opini�n consultiva est�n adecuadamente protegidos por la oportunidad que se le da en el Reglamento de participar plenamente en estos procedimientos y de hacerle saber a la Corte sus puntos de vista sobre las normas legales que van a ser interpretadas as� como cualquier objeci�n de pudiere tener (art�culo 52 del Reglamento).

25. Por otra parte, el retraso que resultar�a de la consideraci�n preliminar de las objeciones a la competencia en el �mbito consultivo perjudicar�a seriamente el prop�sito y la utilidad del poder que el art�culo 64 confiere a la Corte para emitir opiniones consultivas. En efecto, cuando una opini�n es requerida por un �rgano de la OEA, debe entenderse, en general, que la respuesta de la Corte est� destinada a asistir y orientar al solicitante en el cumplimiento de la misi�n que tiene encomendada dentro del sistema interamericano. Ahora bien, como ha observado un eminente jurista latinoamericano, "una solicitud de opini�n consultiva normalmente implica la postergaci�n de una decisi�n sobre el fondo por parte del �rgano solicitante, hasta tanto no se reciba la respuesta" (Eduardo Jim�nez de Ar�chaga, "The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice", en Am. J. Int'l L. vol. 67, 1973, p�g. 9). La necesidad de evitar demoras ha impulsado, por ejemplo, la adopci�n de una enmienda al Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, destinada a permitir a ese tribunal acelerar la consideraci�n de solicitudes de opini�n consultiva (cf. art�culo 103 del Reglamento de la C.I.J.). Otra enmienda al mismo Reglamento, en vigor desde 1972, exige que en casos contenciosos la Corte de La Haya considere las excepciones de incompetencia antes de abordar el fondo. Esta enmienda no ha sido aplicada a opiniones consultivas (art�culo 79 del Reglamento de la C.I.J., cf. Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p�g. 12).

26. De esta manera, la rapidez con que se responda una consulta est� estrechamente vinculada con el papel que tiene esta funci�n de la Corte dentro del sistema de la Convenci�n. Para los Estados Miembros y para los �rganos de la OEA podr�a carecer de sentido requerir una opini�n consultiva y postergar, entre tanto, la decisi�n del asunto en espera de una respuesta de la Corte demorada innecesariamente, en particular en situaciones como la presente, en la cual la consulta se refiere al art�culo 4 de la Convenci�n, que concierne al derecho a la vida.

27. En el presente procedimiento la Corte se encuentra ante una solicitud de opini�n consultiva presentada por un �rgano de la OEA, identificado como tal en el Cap�tulo X de la Carta, cuya competencia para tratar los asuntos referidos en su petici�n no admite duda razonable y que ha sido planteada formalmente como una cuesti�n estrictamente jur�dica relacionada con la interpretaci�n de la Convenci�n. No se le pide a la Corte que resuelva ning�n hecho cuya existencia est� en disputa. La objeci�n de Guatemala a la competencia de la Corte tampoco da lugar a cuestiones de hecho; gira exclusivamente en torno a la interpretaci�n de la Convenci�n. La �nica consecuencia de la decisi�n de acumular las objeciones a la competencia con el fondo es que los Estados u �rganos interesados deben presentar sus argumentos legales sobre ambos asuntos al mismo tiempo. Guatemala tuvo la oportunidad y fue invitada a referirse a ambas materias pero, tanto en sus observaciones escritas como en la audiencia p�blica, lo hizo �nicamente respecto de las cuestiones vinculadas con la competencia. En tal sentido, como no se est� en presencia de un caso contencioso sino de una opini�n consultiva, la posici�n de Guatemala no es diferente de aquella de cualquier otro Estado Miembro de la OEA que, habiendo sido invitado, no haya aprovechado la oportunidad de referirse al fondo de la solicitud de la Comisi�n.

28. Obviamente, estas conclusiones se desprenden de la premisa de que se est� frente a una opini�n consultiva, de modo que podr�a dudarse sobre su aplicabilidad si en realidad se estuviera recurriendo a este procedimiento para plantear un caso contencioso encubierto o, en general, en circunstancias que desnaturalicen la funci�n consultiva de la Corte. Pero aun en esta hip�tesis, la apreciaci�n de tales circunstancias no podr�a hacerse, en principio, sin un examen del fondo de las cuestiones planteadas, lo que conduce nuevamente al estudio conjunto de toda la materia implicada en la solicitud. En consecuencia, aunque es cierto que en una situaci�n semejante la Corte podr�a encontrarse frente a la decisi�n de abstenerse de responder la consulta requerida, ello no afecta ni invalida las conclusiones anteriores en lo que se refiere al procedimiento.

29. La Corte encuentra, en consecuencia, que no hay bases v�lidas para modificar la decisi�n de acumular la consideraci�n de la objeci�n a la competencia junto con el fondo de la petici�n.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, p�rrs. 20-29.

27. [L]a exigencia que contienen los art�culos 51.1 y 51.2 del Reglamento de que la solicitud debe indicar las consideraciones que originan la consulta, debe ser interpretada en el sentido de que no ser�an admisibles solicitudes que plantearan cuestiones acad�micas que no cumplieran con la finalidad de la funci�n consultiva de la Corte seg�n fue definida. No significa que se puedan presentar como solicitudes de opini�n consultiva casos contenciosos encubiertos ni que la Corte deba analizar y resolver sobre las consideraciones que originan la consulta, sino que debe valorar si la cuesti�n planteada se encuentra vinculada con los prop�sitos de la Convenci�n, lo cual ocurre en el caso presente.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rr. 27.

60.0.4.4. desistimiento de una solicitud de opini�n consultiva

1. El escrito de la Rep�blica de Chile de 11 de noviembre de 1996, recibido en la Secretar�a de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "el Tribunal") el d�a 13 de los mismos mes y a�o, mediante el cual someti�, en virtud de lo que dispone el art�culo 64.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convenci�n" o "la Convenci�n Americana"), una solicitud de opini�n consultiva en los siguientes t�rminos:

. . . .

7. El escrito de la Comisi�n Interamericana de 12 de marzo de 1997, con el cual present� a la Corte copia de una carta del agente al Presidente de aqu�lla, en la cual le informaba que el Estado hab�a decidido retirar la solicitud de opini�n consultiva.

8. El escrito de la Comisi�n Interamericana de 13 de marzo de 1997, en el cual sus delegados solicitaron al Presidente de la Corte "la paralizaci�n del procedimiento [consultivo] y la suspensi�n de los plazos" hasta que se concretara el retiro de la solicitud de opini�n consultiva. Siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretar�a inform� a los delegados que no se pod�a tomar una decisi�n respecto de ese asunto, pues el Estado solicitante no hab�a dirigido al Tribunal petici�n alguna.

. . . .

11. El escrito del Estado de Chile de 25 de marzo de 1997, en el cual "confirm[�]" al Presidente de la Corte su decisi�n de retirar la solicitud de opini�n consultiva que origin� este procedimiento. Asimismo, el Estado de Chile expres� en dicho escrito que las razones que motivaron esta decisi�n constan en una carta dirigida por el se�or Ministro de Relaciones Exteriores de dicho Estado al Presidente de la Comisi�n Interamericana, de la cual consign� copia como anexo.

. . . .

CONSIDERANDO:

1. Que el art�culo 64 de la Convenci�n Americana autoriza a los Estados Miembros de la OEA a consultar a la Corte "acerca de la interpretaci�n de esta Convenci�n o de otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos en los Estados Americanos".

2. Que, en el supuesto anterior, el Estado que hace la consulta no act�a en su inter�s exclusivo, pues la opini�n que se emita podr�a tener efectos para todos los Estados Miembros de la OEA.

3. Que el art�culo 62.1 del Reglamento vigente del Tribunal dispone que la solicitud de opini�n consultiva ser� puesta en conocimiento de todos los Estados Miembros de la OEA, quienes podr�n enviar sus observaciones por escrito, o eventualmente participar en la audiencia oral. En el caso presente la solicitud fue notificada a todos los Estados Miembros de la OEA y dos de ellos hicieron llegar sus observaciones escritas a la Corte.

4. Que la antes citada previsi�n del Reglamento, en cuanto a las notificaciones, pone de relieve la diferencia entre el procedimiento consultivo y el procedimiento contencioso, al requerir en este �ltimo la sola notificaci�n del Estado demandado y no la de otros Estados. Esa diferencia viene a confirmar que el Estado que solicita una opini�n consultiva no es el �nico interesado en ella y, aun cuando puede desistir de la misma, su desistimiento no es vinculante para la Corte, por lo que, dada la particular amplitud de sus atribuciones en materia consultiva, este Tribunal puede continuar la tramitaci�n del asunto.

5. Que en los casos de jurisdicci�n contenciosa, en los cuales es m�s restringido el ejercicio de la competencia de la Corte, el desistimiento del demandante no la obliga a dar por terminado el asunto sino que "teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, [�sta] podr� decidir que prosiga el examen del caso" (art�culos 27.1, 52.1 y 54 del Reglamento). Estos preceptos son aplicables, con mayor raz�n y de manera supletoria, al procedimiento consultivo, en el cual no hay "partes" stricto sensu (art�culo 63 del Reglamento).

6. Que la Corte entiende que la interpretaci�n de las normas de procedimiento, que son de ordre

public, debe hacerse teniendo presente el prop�sito fundamental de la Convenci�n, que es la protecci�n de los derechos humanos.

7. Que las consideraciones anteriores no anticipan criterio sobre la admisibilidad de la presente solicitud ni, en su caso, sobre el fondo de la opini�n consultiva.

Corte I.D.H., Solicitud de Opini�n Consultiva OC-15, Resoluci�n de 14 de abril de 1997, vistos p�rrs. 1, 7-8 y 11 y considerando p�rrs. 1-7.

Corte I.D.H., Informes de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, Serie A No. 15, p�rrs. 23-28.

  1. El art�culo 64.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos�) establece que . . . .
  2. La norma citada es facultativa y no imperativa. En consecuencia el Estado que formula la consulta es soberano para retirarla en el momento que considere conveniente, siempre que ello ocurra con anterioridad al pronunciamiento de la Corte.
  3. Cuando el Estado retire la solicitud de consulta, la Corte debe aceptar este retiro y debe poner t�rmino definitivo al procedimiento y ordenar el archivo del expediente.
  4. En el presente caso el Gobierno de Chile manifest� "su decisi�n de retirar la solicitud de opini�n consultiva enviada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (p�gina 54 y siguientes); y la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos expres� que "est� de acuerdo con el retiro de la solicitud de opini�n consultiva" y solicit� a la Corte "que de por terminado el procedimiento que se lleva a cabo al respecto y proceda a archivar en forma definitiva todo lo actuado" (p�gina 66).
  5. En estas circunstancias la Corte s�lo debe acceder a lo solicitado, sin que le sea permitido continuar de oficio el procedimiento por cuanto ella no tiene el derecho de emitir opiniones consultivas de propia iniciativa sino que esta facultad corresponde solamente a los Estados Miembros de la Organizaci�n de los Estados Americanos o a los �rganos enumerados en el Cap�tulo X de la Carta de la Organizaci�n de los Estados Americanos, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 64.1 de la Convenci�n.
  6. Por todo lo expuesto considero que la Corte debe aceptar el retiro de la solicitud de opini�n consultiva formulada por el Gobierno de Chile, poner t�rmino definitivo al procedimiento y ordenar el archivo del expediente.

Voto Disidente del Juez M�ximo Pacheco G�mez, Corte I.D.H., Solicitud de Opini�n Consultiva OC-15, Resoluci�n de 14 de abril de 1997, p�rrs. 1-6.

60.0.5. funciones de la Comisi�n Permanente de la Corte

12. Despu�s de recibir la comunicaci�n citada, el Presidente de la Corte, previa consulta con la Comisi�n Permanente de la misma, de conformidad con el Reglamento, dispuso que tanto la solicitud de la Comisi�n como los argumentos del Gobierno de Guatemala en lo que respecta a la competencia de la Corte fueran transmitidos a todos los Estados Miembros y �rganos de la OEA, invit�ndolos a presentar a la Corte sus opiniones sobre los puntos planteados.

13. Mediante comunicaci�n de fecha 18 de mayo de 1983 el Gobierno de Guatemala objet� la legalidad de este �ltimo tr�mite pues, desde su punto de vista, la Comisi�n Permanente debi� decidir que la solicitud de opini�n consultiva resultaba inadmisible o, cuando menos, debi� separar el procedimiento relativo a las objeciones a la competencia formuladas por Guatemala del conocimiento de la materia de fondo, y resolver sobre el primero como una cuesti�n preliminar.

14. El Presidente de la Corte respondi� a la mencionada comunicaci�n informando al Gobierno de Guatemala que ni �l mismo ni la Comisi�n Permanente est�n facultados para desestimar solicitudes de opini�n consultiva y que solamente la Corte en pleno goza de competencia para fallar sobre los puntos expuestos por Guatemala. Asimismo, el Presidente advirti� que la decisi�n en cuanto a la forma en que se deber�a abordar la solicitud de Guatemala est� tambi�n sujeta a revisi�n por la Corte en pleno.

15. El tr�mite de la solicitud de opini�n consultiva da lugar a distintos problemas procesales que deben resolverse desde el principio. En vista de la objeci�n del Gobierno de Guatemala en el sentido de que la Comisi�n Permanente no acogi� sus puntos de vista sobre estos aspectos, la Corte pasa a considerar la funci�n de la Comisi�n Permanente.

16. El art�culo 6 del Reglamento dispone que "la Comisi�n Permanente est� integrada por el Presidente, el Vicepresidente y un Juez nombrado por el Presidente. La Comisi�n Permanente ayuda y asesora al Presidente en el ejercicio de sus funciones". Esta disposici�n se�ala que la Comisi�n Permanente es un �rgano consultivo y, como tal, no est� facultada para fallar sobre la competencia de la Corte, ni en general sobre la admisibilidad de los casos contenciosos o de las solicitudes de opini�n consultiva que sean presentados ante la Corte por los Estados u �rganos a que se refieren los art�culos 62 y 64 de la Convenci�n.

17. Por otro lado, el art�culo 44.1 del Reglamento establece que "las sentencias, las opiniones consultivas y las resoluciones interlocutorias que pongan t�rmino al proceso o procedimento quedan reservadas a la decisi�n de la Corte". Tales decisiones deben ser tomadas por la Corte en pleno, es decir, por la Corte debidamente convocada y reunida de conformidad con el qu�rum establecido en el art�culo 56 de la Convenci�n que dispone que "el qu�rum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces". En consecuencia, la Comisi�n Permanente carec�a de competencia para considerar el pedido de Guatemala en el sentido de desestimar la solicitud de opini�n consultiva presentada por la Comisi�n.

18. La Corte concluye que tanto el Presidente como la Comisi�n Permanente actuaron dentro de los l�mites de su competencia al transmitir las objeciones de Guatemala a los Estados Miembros y a los �rganos de la OEA con derecho a participar en procesos consultivos ante la Corte, pues su actuaci�n se conform� con los lineamientos generales definidos por la Corte para el tr�mite de opiniones consultivas y con los art�culos 6.1 y 44.2 del Reglamento.

19. No obstante, esta conclusi�n no basta para desestimar el argumento de Guatemala en el sentido de que sus objeciones a la competencia no deben ser tratadas junto con el fondo de la solicitud de la Comisi�n. A este respecto la Corte estima conveniente recordar lo que se�ala el art�culo 25.2 de su Estatuto, aprobado por la Asamblea General de la OEA, el cual reza como sigue:

Las normas procesales podr�n delegar en el Presidente o en comisiones de la propia Corte, determinadas partes de la tramitaci�n procesal, con excepci�n de las sentencias definitivas y de las opiniones consultivas. Los autos o resoluciones que no sean de mero tr�mite, dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte, ser�n siempre recurribles ante la Corte en pleno.

Esta disposici�n permite impugnar cualesquiera decisiones del Presidente o, si fuera el caso, de la Comisi�n Permanente "que no sean de mero tr�mite". Independientemente de su aplicabilidad o no al presente procedimiento, la Corte pasa a examinar la cuesti�n motu propio, por ser un punto sobre el cual no se ha pronunciado anteriormente y cabe la posibilidad de que surja en el futuro.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No. 3, p�rrs. 12-19.