Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 55

55.1.1. "[e]l juez que sea nacional de alguno de los Estados . . . ."
55.2.1. "[s]i uno de los jueces llamados a conocer del caso . . . ."
55.3.1. "[s]i entre los jueces llamados a conocer del caso . . . ."
55.4.1. "[e]l juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el art�culo 52."
55.5.1. "[s]i varios Estados partes en la Convenci�n tuvieren un mismo inter�s en el caso . . . ."


1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. Si varios Estados partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

55.1.1. “[e]l juez que sea nacional de alguno de los Estados . . . .”

55.2.1. “[s]i uno de los jueces llamados a conocer del caso . . . .”

55.3.1. “[s]i entre los jueces llamados a conocer del caso . . . .”

55.4.1. “[e]l juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.”

CONSIDERANDO:

  1. Que la naturaleza del Juez ad hoc es semejante a la de los demás jueces de la Corte Interamericana, en el sentido de no representar a un determinado Gobierno, de no ser su agente y de integrar la Corte a título personal, como dispone el artículo 52 de la Convención, en concordancia con el numeral 4 del artículo 55. Los mismos requisitos de los jueces permanentes se requieren para ser Juez ad hoc. La integración a título personal de todos los jueces, permanentes y ad hoc, de la Corte se fundamenta y debe atender a la necesidad de proteger la independencia e imparcialidad de un tribunal internacional;
  2. Que el Estatuto de la Corte establece los mismos derechos, deberes y responsabilidades respecto a todos los jueces, permanentes y ad hoc (artículo 10.5, en concordancia con las disposiciones en él señaladas del Capítulo IV del Estatuto de la Corte);
  3. Que en el caso concreto el Juez ad hoc Edgar Enrique Larraondo Salguero, después de su designación, se ha integrado a la Corte, previo el debido juramento. Inclusive, ha participado en la resolución de la Corte del día 17 de mayo de 1995 sobre el presente caso. Hasta el momento la Corte desconoce que exista algún motivo que impida al mencionado Juez ad hoc continuar conociendo el caso y, en esas circunstancias, no puede ser sustituido, y
  4. Que la Corte también hace notar que la persona que ha sido propuesta por el Gobierno para ser Juez ad hoc, también fue designado asistente del mismo para la audiencia pública sobre excepciones preliminares del próximo 16 de septiembre de 1995. Este hecho por sí solo representaría una clara causal de incompatibilidad en virtud del artículo 18, inciso c del Estatuto de la Corte, según el cual, es incompatible el ejercicio del oficio de Juez de la Corte con el de cargos y actividades “que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia [o] imparcialidad...”

POR TANTO:

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, de conformidad con el artículo 44.2 de su Reglamento

RESUELVE:

Por cinco votos contra uno,

No admitir la pretendida sustitución del Juez ad hoc Edgar Enrique Larraondo Salguero por el Licenciado Alfonso Novales Aguirre en el caso Paniagua Morales y otros.

Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Resolución de 11 de septiembre de 1995, considerando párrs.1-4 y resuelve.

1. Suscribo la resolución de la Corte, con la cual concuerdo plenamente. Tal como resulta claramente de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 55.4 en concordancia con el artículo 52) y del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículos 10.5 y 15 hasta 20), el Juez ad hoc no es agente del Gobierno, pero sí Juez para el caso concreto. Tanto es así que la historia de la Corte Interamericana ha registrado casos de actuación de Jueces ad hoc cuyos votos han sido en el mismo sentido de los de los Jueces titulares o permanentes, en contra del Estado demandado.

2. Así, un Juez ad hoc, una vez juramentado e integrado a la Corte, no puede ser unilateralmente removido de ella por una de las partes, el Estado demandado. Cualquier entendimiento en contrario difícilmente encontraría explicación razonable para el mantenimiento de la figura del Juez ad hoc en el proceso legal internacional, aún más en un dominio como el de la protección internacional de los derechos humanos, dotado de especificidad propia, ampliamente reconocida.

3. La institución de los Jueces ad hoc da testimonio de la incidencia de consideraciones metajurídicas en la operación del proceso legal internacional; es, en realidad, una reminiscencia de la práctica arbitral clásica transplantada a la práctica judicial, revelando además una diferencia conceptual entre los órganos judiciales internacionales y nacionales. Así concebida, la institución de los Jueces ad hoc se ha infiltrado en el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y en el de la Corte Internacional de Justicia, y ha sobrevivido en los sistemas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de la Convención Europea de Derechos Humanos, hasta el presente.

4. En el proceso legal internacional en el dominio de la protección internacional de los derechos humanos, el equilibrio de la Corte (en cuanto a su composición) no significa - no puede significar - la evaluación constante por ésta de los intereses o percepciones de las partes (o del Estado demandado en el cas d'espèce), pues de otro modo estarían comprometidas su imparcialidad e independencia. Las consideraciones superiores que deben orientar la Corte tienen que dirigirse siempre a la garantía de la protección eficaz de los derechos humanos.

5. La renuncia (renunciation) de un Juez ad hoc no se equipara a su retirada (withdrawal) por la parte demandada. El artículo 21 del Estatuto de la Corte Interamericana dispone sobre la renuncia e incapacidad de los Jueces. La incapacidad será determinada por la propia Corte; la renuncia, a su vez, sólo será efectiva cuando haya sido aceptada por la Corte (párrafos 2 y 1, respectivamente). El hecho de que no haya disposición expresa sobre este punto específico en relación con los Jueces ad hoc, no significa, a mi modo de ver, que esté facultado a una de las partes - la demandada - sustituir por su propia iniciativa a un Juez ad hoc, ya integrado a la Corte, sin haber presentado su renuncia a la misma y sin haberse configurado - con conocimiento de la Corte - cualquier incapacidad, e inclusive ya habiendo comenzado a conocer del caso, como ocurre en Paniagua Morales y otros (cf. resolución de la Corte del día 17 de mayo de 1995).

6. Precisamente para llenar las lagunas de los textos legales aplicables, la Corte Interamericana ejerce la importante función de la interpretación de la letra y del espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La preocupación básica de la Corte, más que con las percepciones de las partes en cuanto al alcance de sus propias facultades, no puede, a mi modo de ver, ser otra que con la preservación de su total imparcialidad e independencia, para que pueda contribuir eficazmente a la realización del objeto y propósito últimos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La presente resolución de la Corte constituye un paso acertado en esta dirección.

Voto Razonado del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Paniagua Morales y Otros, Resolución de 11 de septiembre de 1995, párrs. 1-6.

55.5.1. “[s]i varios Estados partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso . . . .