Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 54

54.1.1. "[l]os jueces de la Corte ser�n elegidos . . . ."
54.2.1. "[e]l juez elegido para reemplazar . . . ."
54.3.1. ". . . seguir�n conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no ser�n sustituidos por los nuevos jueces elegidos."


1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

54.1.1. "[l]os jueces de la Corte serán elegidos . . . ."

54.2.1. "[e]l juez elegido para reemplazar . . . ."

54.3.1. ". . . seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos."

11. La Corte, en esta ocasión, se integra con los jueces que intervinieron tanto en el fondo del asunto como en la sentencia de indemnización compensatoria de 21 de julio de 1989, cuya interpretación ha sido solicitada por la Comisión.

12. Esta integración obedece a lo dispuesto por el artículo 54.3 de la Convención, según el cual los jueces de la Corte deberán seguir interviniendo en los casos de que ya hubieren tomado conocimiento y se encuentren en estado de sentencia. Dicho precepto debe aplicarse también a la decisión sobre interpretación de sentencia a que se refieren los artículos 67 de la Convención y 48 del Reglamento porque, de acuerdo con las reglas generales del derecho procesal, un asunto contencioso no puede considerarse concluido sino hasta que el fallo se cumpla totalmente. Por analogía debe colegirse que han de seguir interviniendo cuando se encuentre en estado de ejecución, más aún cuando esta propia Corte resolvió en su citada sentencia de 21 de julio de 1989 que supervisaría el cumplimiento del pago de la indemnización acordada y sólo después se archivaría el expediente.

13. El artículo 54.3 de la Convención tiene como antecedentes preceptos similares del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de la Convención (Europea) para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En efecto, el artículo 13.3 del citado Estatuto dispone, en esencia, que después de reemplazados los jueces de la Corte Internacional de Justicia, continuarán conociendo de los casos que hubieren iniciado hasta su terminación, y el artículo 40.6 de la Convención europea establece, en el mismo supuesto, que los jueces de esa Corte seguirán en el conocimiento de los asuntos que ya les habían sido encomendados. De conformidad con el artículo 56 del Reglamento de la misma, [l]a demanda de interpretación será examinada por la Sala que haya pronunciado la sentencia, compuesta si es posible por los mismos jueces . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 11-13.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (Art. 67 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 10 , párrs. 11-13.

7. Aprecia la Corte que en el escrito de fecha 16 de marzo de 1992, el Juez ad hoc objeta la competencia de la Corte tal como estaba integrada al 31 de diciembre de 1991 para seguir conociendo del caso sub judice y, en su opinión, los jueces cuyos mandatos vencieron en esa fecha y que no fueron reelegidos, están impedidos de conocer a partir de ese momento. El Juez ad hoc sostiene que el único órgano competente para decidir el fondo del caso Neira Alegría y otros es la Corte que quedó conformada en enero de 1992; pero reconoce, sin embargo, que la Corte "vieja"(sic) sí goza de competencia para resolver los recursos de revisión e interpretación presentados por el Perú en relación con la sentencia de la Corte de fecha 11 de diciembre de 1991 sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Perú en el caso Neira Alegría y otros.

8. Las disposiciones que versan sobre el problema planteado por el Juez ad hoc están contenidas en el artículo 54.3 de la Convención Americana que se transcribe a continuación en sus cuatro versiones:

Artículo 54

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán substituidos por los nuevos jueces elegidos.

Article 54

3. The judges shall continue in office until the expiration of their term. However, they shall continue to serve with regard to cases that they have begun to hear and that are still pending, for which purposes they shall not be replaced by the newly elected judges.

Artigo 54

3. Os juízes permanecerão em funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos.

Article 54

3. Les juges restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Cependant, ils continueront de connaître des affaires dont ils ont été saisis et qui se trouvent en instance; pour ces affaires, ils ne seront pas remplacés par les juges nouvellement élus.

9. Al analizar estas cuatro versiones del artículo 54.3, las cuales fueron certificadas como igualmente auténticas el día 30 de abril de 1970 por el Secretario General adjunto de la Organización de los Estados Americanos (Serie sobre Tratados No. 36, OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser. A/16 [SEPF]), se puede ver que existen diferencias de redacción entre los textos en español y portugués, por un lado, y los textos en inglés y francés, por el otro.

10. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en adelante "la Convención de Viena"), plenamente aplicable como lo ha reconocido esta Corte en innumerables ocasiones ("Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82, del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 45; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, párrs. 19, 20 y 26; Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 48; La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 13; Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, párr. 21; El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 14), se ocupa de este problema en sus artículos 31, 32 y 33, que se citan a continuación:

Artículo 31

REGLA GENERAL DE INTERPRETACION

  1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
  2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

Artículo 32

MEDIOS DE INTERPRETACION COMPLEMENTARIOS

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido, o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

Artículo 33

INTERPRETACION DE TRATADOS AUTENTICADOS EN DOS O MAS IDIOMAS

  1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.
  2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.
  3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.
  4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado.

11. Para los fines del presente análisis, los párrafos 3 y 4 del artículo 33 revisten especial importancia. Disponen, en primer lugar, que cuando un tratado haya sido autenticado en más de un idioma, "se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido". En segundo lugar, cuando pareciera que existen diferencias en el sentido al comparar textos auténticos, "se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado". Por consiguiente, al interpretar el sentido del artículo 54.3 de la Convención, no se puede presumir que uno de los textos auténticos tenga prioridad sobre los demás. Más bien, debe hacerse un esfuerzo por conciliar los diversos textos auténticos, aplicando las normas de interpretación de la Convención de Viena.

12. Antes de proceder al análisis, cabe destacar que el idioma de trabajo que se elija para la tramitación de un caso ante la Corte, no puede ni debe ser el que determine el sentido de una disposición de la Convención cuando se perciban diferencias entre los textos auténticos. De lo contrario, la Convención tendría significados distintos para diferentes litigantes, según los idiomas de trabajo que éstos o la Corte escogieran. Es evidente que esto "condu[ciría] a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable". Resulta claro, entonces, que la Convención de Viena haya adoptado las normas contenidas en el artículo 33 para hacer frente a este problema.

. . . .

13. Existen diferencias en la redacción de los textos en español y portugués e inglés y francés del artículo 54.3 de la Convención, ya que el texto en español se refiere a "casos...que se encuentren en estado de sentencia" (en portugués, "se encontrem en fase de sentença"), mientras que el texto inglés habla de "cases...that are still pending" (en francés, "qui se trouvent en instance").

14. El texto español se podría prestar, además, a una de dos posibles interpretaciones. La frase "...en estado de sentencia" puede interpretarse en el sentido de que el caso ha llegado a una etapa del procedimiento donde lo único que resta es que se decida y emita la sentencia. Se trataría de aquel en el que se han recogido todas las pruebas, se han recibido los alegatos escritos y celebrado las audiencias públicas, pero aún no se ha votado ni dictado la sentencia, sea la de fondo u otra interlocutoria, como la referida a las excepciones preliminares. Sin embargo, la frase también podría interpretarse en el sentido de que todavía continúan o siguen en pie las actuaciones del caso, es decir, que se está en proceso de avanzar hacia la sentencia; interpretación ésta que se podría aplicar a una situación en la que la Corte ha empezado a abordar algunos de los puntos, de hecho o de derecho, que deberán resolverse antes de poder dictarse la sentencia correspondiente.

15. La frase del texto en inglés, ("still pending", que no cabe entender como "pending judgment only" sin forzarla demasiado) semejante a la del francés ("en instance", que el Dictionnaire de Droit, Raymond Barraine, París, 1967, pág. 175, define como "série des actes d'une procédure ayant pour objet de saisir une jurisdiction d'une contestation, d'instruire la cause et d'obtenir le jugement") podría también admitir una doble interpretación, pues puede estar referida ora al instante en el cual se presenta la demanda y se notifica, ora a la situación procesal en donde los jueces han abordado total o parcialmente y en lo substancial el fondo de la causa.

16. Cabe preguntarse, entonces, si los textos en español y portugués e inglés y francés, se pueden conciliar de la manera que dispone la Convención de Viena.

. . . .

17. Hay dos puntos que atañen al tema en discusión. El primero tiene que ver con el hecho de que el artículo 19.3 del Reglamento actualmente vigente, que fue incorporado en virtud de la práctica de la Corte, dispone lo siguiente:

Cuando por cualquier causa un juez no esté presente en alguna de las audiencias o en otros actos del proceso, la Corte podrá decidir su inhabilitación para continuar conociendo del caso habida cuenta de todas las circunstancias que, a su juicio, sean relevantes.

El otro punto se relaciona con el lenguaje del artículo 27.3 del Reglamento aplicable a este caso, el cual dispone que:

La recepción por el Secretario de un escrito de oposición a una excepción preliminar, no causará la suspensión de los procedimientos sobre el fondo...

18. El artículo 19.3 del Reglamento vigente tiene que ver con la interpretación del artículo 54.3 de la Convención, ya que enuncia el principio según el cual y en aras de la equidad para con los litigantes y la eficacia judicial, en lo posible únicamente los jueces que hubieran participado en todas las etapas de un proceso deberían dictar el fallo en ese caso. Este principio estaría en conflicto con una interpretación del artículo 54.3 que sostuviera que aquellos jueces cuyos mandatos hayan expirado cuando el caso se encuentra todavía pendiente, puedan ser removidos en cualquier etapa del proceso, a menos que se haya llegado al punto de emitir la sentencia.

19. Por otra parte, al disponerse que las excepciones preliminares no suspenden el procedimiento sobre el fondo, el artículo 27.3 del Reglamento aplicable al caso sub judice tiene como fin asegurar que el procedimiento no se vea retrasado, cosa que sucedería si los nuevos jueces vinieran a desplazar a quienes ya están familiarizados con el asunto pero cuyos mandatos han vencido.

. . . .

20. El Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos que sirvió de documento de trabajo en la Conferencia de San José contuvo un artículo 45.3 que rezaba así en español:

El juez permanecerá en la función hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirá conociendo de los casos a que ya se hubiere abocado, mientras se sustancia el respectivo proceso.

El texto en inglés decía textualmente:

A judge shall continue in his office until the expiration of his term, provided, however, that he will continue examining the cases of which he has become seized, while such cases are being heard.

21. El lenguaje de este proyecto de disposición se remonta a varios anteproyectos elaborados sobre el mismo tema. El más antiguo es el Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos preparado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959 (véase Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968, pág. 236).

El proyecto en español del artículo 42.1 disponía lo siguiente:

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 40, todo miembro de la Comisión desempeñará sus funciones hasta que haya sido elegido un sucesor; pero si con anterioridad a la elección del sucesor la Comisión hubiere iniciado el examen de un asunto del [sic] miembro saliente continuará actuando en este asunto en lugar de su sucesor.

El texto en inglés decía así:

Subject to the provisions of Article 40, each member of the Commission shall remain in office until a successor has been elected. However, if prior to the election of such successor, the Commission should have started the examination of a case, the outgoing member, rather than his successor, shall continue to act in the matter.

El artículo 67.3 del proyecto del Consejo de Jurisconsultos extendía la aplicación a los jueces de la propuesta Corte.

22. A su vez, el Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos presentado por el Gobierno de Chile a la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que se reunió en Río de Janeiro en 1965, contiene lenguaje muy parecido (Ibid. p. 275). Su artículo 42.3 disponía que:

Los miembros de la Comisión permanecerán en función hasta el término de su mandato. Excepcionalmente, mientras se sustancia el respectivo proceso, seguirán conociendo de los asuntos a que ya se hubieren abocado.

El artículo 48 del proyecto chileno aplicaba esta disposición a los jueces de la Corte.

23. El Gobierno del Uruguay también presentó un proyecto de Convención en 1965 (Ibid. p. 298). Las normas relativas al tema bajo discusión (arts. 47.1 y 72.4) correspondían exactamente a las del proyecto chileno.

24. En las actas y los documentos oficiales de la Conferencia de San José (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969), Actas y Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973) no se hace ninguna alusión a debates que expliquen los motivos del cambio de redacción entre el texto en español del artículo 45.3 del proyecto de Convención --documento de trabajo de la Conferencia de San José-- y lo que vino a ser el texto final del artículo 54.3 de la Convención. La versión en español del artículo 54.3 en su forma actual aparece por vez primera en un texto preparado por la Comisión de Estilo y, dado que no hubo debate sobre este punto en la Conferencia, resulta razonable llegar a la conclusión de que el proyecto de artículo 45.3, que se convirtió en el artículo 54.3 de la Convención, fue revisado por esa Comisión única y exclusivamente por razones de estilo. Es decir, se puede presumir que ella consideró que la frase "sin embargo, seguirá conociendo de los casos a que ya se hubiere abocado, mientras se sustancia el respectivo proceso"

--artículo 45.3 del Proyecto de Convención-- quería decir lo mismo que "sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia" --artículo 54.3 de la Convención--.

25. En consecuencia, al analizar los textos de estos proyectos, tanto en su versión inglesa como en la española, hemos de convenir por vía de principio que lo que se buscaba con la respectiva norma era asegurar que los jueces o los miembros de la Comisión que hubieran empezado a conocer de un caso o asunto, seguirían actuando en él aun después de expirar su mandato.

. . . .

26. Revisados como han sido el contexto y los trabajos preparatorios de la Convención Americana, en lo referente a su artículo 54.3 resulta que la expresión en español "en estado de sentencia", como referida al momento en el cual la Corte se dispone a votar una sentencia es -como interpretación extrema- difícil de conciliar con la otra interpretación extrema del texto inglés, según la cual "still pending" significaría el momento cuando se presenta la demanda y se notifica. Ambos extremos no concuerdan con el único criterio que parece imponerse sobre "el objeto y fin" de la disposición interpretada, que es el de evitar que debido a la sucesión entre jueces se produzcan traumatismos en el procedimiento los cuales tendrían lugar, lógicamente, de ser reemplazados los jueces que se encuentren en plena diligencia judicial.

27. La Corte no encuentra otra solución intermedia, compatible con los indicados "objeto y fin" normativos, que referirse al momento en el cual ella entra al fondo del asunto. Sin que esto signifique entender la expresión "entrar al fondo" en un sentido restrictivo, pues en los procedimientos no se presenta sino excepcionalmente un momento en el cual la Corte "resuelve" entrar al fondo o, más probablemente, un momento en el cual resuelve no hacerlo o suspender esos procedimientos.

28. En la práctica y en virtud de que el Reglamento permite continuar con el fondo, aún en excepciones preliminares, la Corte entra a él simultáneamente con el conocimiento de éstas. Los procedimientos orales sobre el fondo serían, sin lugar a dudas, una indicación de que se asumió el conocimiento, pero no la única. Puede suceder, por ejemplo, que en el análisis de las excepciones preliminares la Corte tenga que abordar total o parcialmente el fondo, aún cuando sea para decidir, como ya lo ha hecho, que acumula una o varias de las mismas con éste (Caso Velásquez

Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3).

29. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hay una disposición similar a la contenida en el texto en inglés de la Convención Americana, la que expresa:

The Members of the Court shall continue to discharge their duties until their places have been filled. Though replaced, they shall finish any cases which they may have begun (artículo 13.3).

Dicha Corte ha hecho una interpretación amplia de sus disposiciones reglamentarias, en el sentido de que la composición se modifica a veces de una a otra fase del asunto, es decir, no es necesariamente la misma para las medidas provisionales, para las excepciones preliminares o para las cuestiones de fondo (Véase, entre otras Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, pág. 3; Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, pág. 3; Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, pág. 3; Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, pág. 49; Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, pág. 175; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment I.C.J. Reports 1984, pág. 392; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment I.C.J. Reports 1986, pág. 14).

30. Los procesos que se llevan a cabo en esa Corte, sin embargo, son de estructura diferente a los que tramita la Corte Interamericana. En estos las fuentes que se aplican deben atender equilibrio de las relaciones entre los Estados. Cosa muy distinta sucede, como lo ha dicho esta Corte, en el campo de la protección de los derechos humanos en el cual:

29. ... los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. El carácter especial de estos tratados ha sido reconocido, entre otros, por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando declaró que las obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes ("Austria vs. Italy", Application No. 788/60, European Yearbook of Human Rights, (1961), vol. 4, pág. 140).

La Comisión Europea, basándose en el Preámbulo de la Convención Europea, enfatizó, además, que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideales y régimen de derecho (Ibid., pág. 138). (El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opinión consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2.)

31. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia no puede trasladarse sin más a la Corte Interamericana. La división del proceso en una suerte de "compartimentos estancos" no conciliaría ni la práctica de esta última, ni lo establecido en su Reglamento que dispone otra cosa, ni la necesidad de garantizar a las víctimas un proceso tan eficaz como sea posible.

32. Para todo ello, por supuesto, el mejor juez es la Corte que está abordando el conocimiento. Son esos jueces los que saben hasta qué punto han entrado al fondo, aunque no se hayan iniciado los procedimientos orales.

33. En el caso sub judice la Corte resolvió excepciones preliminares pero no entró a conocer el fondo. La interpretación que se acaba de hacer del artículo 54.3 de la Convención impone, entonces, la conclusión de que sea la Corte con su nueva composición la que continúe con el conocimiento.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Resolución de 29 de junio de 1992, párrs. 7- 33.

1. En carta del 23 de febrero de 1995 (REF.: CDH-S/080) enviada al Presidente de la Corte señaló el Juez Cançado Trindade:

una vez concluída la etapa de excepciones preliminares en el caso Genie Lacayo, y antes que se dé inicio a la etapa de examen del fondo del caso, me permito, por un deber de conciencia, solicitar formalmente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la actual composición, (...) adopte una resolución sobre la cuestión previa de su composición para el conocimiento del fondo del caso.

Agregó que su solicitud formal está motivada por el alto respeto que tengo por la Corte como Institución, por la necesidad que constato de una clara y correcta interpretación de las normas que rigen su funcionamiento como órgano de protección de los derechos humanos (inclusive como garantía adicional para las partes), y por la determinación de preservar la integridad de mi mandato como Juez.

II

2. La Corte considera que tiene competencia, con su actual composición, para decidir sobre su integración en el caso Genie Lacayo, pues es siempre la misma Corte independientemente de los jueces que la formen.

3. El 29 de junio de 1992 la Corte dictó una resolución sobre su integración en el caso Neira Alegría y otros, asunto en el cual había declarado sin lugar las excepciones preliminares propuestas por el Gobierno del Perú. Esa resolución estableció que la Corte, con la composición que tenía en ese momento, continuaría el conocimiento de ese caso, con lo cual quedaron excluidos los jueces que habían terminado su período. Dejó a salvo en esa resolución la consideración de los recursos interpuestos contra la sentencia, de los cuales seguirían conociendo los jueces que la dictaron.

4. La resolución de la Corte se fundó en la necesidad de conciliar los textos en los cuatro idiomas oficiales, del artículo 54.3 de la Convención, de acuerdo con los artículos 31 al 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y dijo al respecto

La Corte no encuentra otra solución intermedia, compatible con los indicados "objeto y fin" normativos, que referirse al momento en el cual ella entra al fondo del asunto. Sin que esto signifique entender la expresión "entrar al fondo" en un sentido restrictivo, pues en los procedimientos no se presenta sino excepcionalmente un momento en el cual la Corte "resuelve" entrar al fondo o, más probablemente, un momento en el cual resuelve no hacerlo o suspender esos procedimientos.

5. La resolución a que se refiere el párrafo anterior recayó en un caso en que se habían declarado sin lugar las excepciones preliminares, mientras que en el caso presente la Corte decidió, en su sentencia del 27 de enero de 1995, resolver junto con el fondo la excepción del no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Sin embargo, en la resolución citada sobre el caso Neira Alegría y otros, del 29 de junio de 1992, se examinó una hipótesis similar al presente caso ya que se afirma en el párrafo 28 los procedimientos orales sobre el fondo serían, sin lugar a dudas, una indicación de que se asumió el conocimiento, pero no la única. Puede suceder, por ejemplo que en el análisis de las excepciones preliminares la Corte tenga que abordar total o parcialmente el fondo, aun cuando sea para decidir, como ya lo ha hecho, que acumula una o varias de las mismas con éste.

6. Este último razonamiento es el aplicable al asunto Genie Lacayo, ya que en él se acumuló una excepción preliminar al fondo, por lo cual se inició el conocimiento del mismo por parte de los jueces que decidieron sobre las excepciones preliminares y, por lo tanto, son ellos los que deben resolverlo.

7. Por otra parte esta Corte, con su composición que tenía en aquella fecha, decidió en su acuerdo del 18 de noviembre de 1994 (acta número 3), seguir conociendo tanto respecto de las excepciones preliminares como del fondo, en el supuesto de que alguna excepción preliminar se uniera al mismo, como ocurrió posteriormente.

En tal virtud, esta Corte considera que no existen razones suficientes para modificar dicho acuerdo.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 18 de mayo de 1995 (Artículo 54.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. 1-7.

1. Lamento no poder compartir la decisión de la mayoría de la Corte en cuanto al punto resolutivo 2 de la presente Resolución. Paso a exponer los fundamentos de mi posición, en relación con cada uno de los puntos centrales de la materia objeto de esta Resolución, a saber: a) competencia y procedimiento de la Corte para la determinación de su integración; b) alcance de las excepciones preliminares y su relación con el fondo; c) problema de la acumulación al fondo de una excepción preliminar de admisibilidad.

I. Competencia y Procedimiento de la Corte para la Determinación de su Integración

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una sola, independientemente de los jueces que la integran, y, como tal, con su actual composición es competente para decidir sobre su integración en el presente caso. Este punto se aclaró en la presente Resolución (punto resolutivo no. 1), tomada en atención a mi solicitud formal (transcrita en el párrafo 1) en el sentido de que así se procediera, como acaba de ocurrir. Me permito de inicio recordar los antecedentes que llevaron a la presente Resolución, de modo a revelar su alcance y aclarar la motivación de mi solicitud.

3. La Corte había deliberado, en el transcurso del XXX período ordinario de sesiones (del 16 de noviembre al 11 de diciembre de 1994), que, con su composición de entonces, continuaría conociendo el caso Genie Lacayo, "excepciones preliminares y fondo, en el supuesto de que se uniera alguna excepción al mismo" (Acta n.3, de 18.11.1994, p.2, seguida del Acta n.12, de 01.12.1994, p.2). Dicha deliberación del 18 de noviembre de 1994, a la cual se refiere la Corte como un "acuerdo" en el párrafo 7 de la presente Resolución, se basó en una simple hipótesis de trabajo, por cuanto se anticipó a su sentencia sobre Excepciones Preliminares en el caso Genie Lacayo, prejuzgando a esta última, la cual sólo fue dictada por la Corte (con su integración anterior) más de dos meses después, el día 27 de enero de 1995, durante el XVI período extraordinario de sesiones, cuando ya se encontraba instalada la Corte con su nueva composición.

Dicha sentencia efectivamente acumuló una de las excepciones preliminares al fondo.

4. Poco antes de proferida esta sentencia, en el transcurso de los debates del XXXI período ordinario de sesiones de la Corte (ya con su nueva composición), planteé la cuestión de su integración (Acta n. 3, de 16.01.1995, p.2) en el presente caso, cuya determinación, en mi entender, debería ser objeto de una Resolución precedida de una amplia y profundizada discusión de la materia. Como en esta ocasión no se llegó a una decisión al respecto, tomé la iniciativa de, una vez concluida la etapa de excepciones preliminares, solicitar formalmente y por escrito que se procediera a la consideración de la materia y se adoptara una Resolución, como efectivamente acaba de ocurrir.

5. En realidad, persistía una distancia abismal entre la situación creada por el "acuerdo" de 18 de noviembre de 1994, y lo dispuesto en el artículo 54 (3) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 5 (3) del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales los jueces, terminado su mandato, sólo excepcionalmente seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren "en estado de sentencia" ("pending"/ "em fase de sentença"/ "en instance"). En mi entender un examen profundizado de la cuestión se imponía por tres razones. En primer lugar los precedentes Neira Alegría y Gangaram Panday sobre el particular no se adecuaban al presente caso, lo que requería una decisión bien fundamentada de la Corte que diera valor de precedente para casos similares subsiguientes a la presente Resolución en el caso Genie Lacayo. En segundo lugar, un examen profundizado de la cuestión podría poner fin a las incertidumbre que han circundado la propia práctica de la Corte sobre la materia, las cuales permean, por ejemplo, el razonamiento, por un lado, y la conclusión, por otro, de su Resolución del 29.06.1992 en el caso Neira Alegría. En tercer lugar, se imponía, a mi modo de ver, la adopción de una Resolución formal precedida de un amplio debate sobre la materia, en razón de la necesidad de transparencia del proceso, la cual se aplica aún con mayor fuerza a los órganos de protección internacional de los derechos humanos. Esta materia no podría continuar siendo objeto tan sólo de una simple deliberación interna (constante en actas reservadas) de la Corte, pues las partes tienen el derecho de conocer de los criterios que han guiado a la Corte en la determinación de su integración. Se impone una adecuada interpretación de las normas que rigen el funcionamiento de la Corte, inclusive como garantía adicional para las partes.

6. Con la presente Resolución, la Corte ha remediado la situación que tanto me preocupaba; sin embargo, el objeto de mi solicitud formal fue sólo parcialmente atendido, en cuanto a la adopción de esta Resolución, pero no en cuanto a un análisis profundizado de la materia y a la fundamentación jurídica de la Resolución. A pesar de que la Corte correctamente decidió (punto resolutivo no.1) que tiene competencia, con su actual composición, para decidir sobre su integración en el caso Genie Lacayo, lamentablemente perdió una oportunidad única para profundizar en el estudio del tema y establecer criterios claros para orientar decisiones subsiguientes sobre la materia. El punto central de examen en el presente caso, que la Corte se abstuvo de considerar, es distinto del tratado en la presente Resolución: se debería haber concentrado en la difícil cuestión del examen del alcance de las excepciones preliminares, de las distintas modalidades de estas últimas y de su relación con el fondo, para el propósito de la determinación de la integración de la Corte en el caso Genie Lacayo. Temo por lo tanto que las incertidumbres continuarán desafortunadamente a marcar la práctica de la Corte sobre el particular, hasta que ésta realmente decida revisar el criterio -en mi entender inadecuado- seguido hasta la fecha sobre la materia.

II. Excepciones Preliminares: Alcance y Relación con el Fondo

7. La práctica judicial internacional indica, en casos como el presente de determinación de integración de un tribunal, el criterio de la participación previa de un juez en audiencias. La sentencia de la Corte del 27.01.1995 sobre Excepciones Preliminares en el presente caso Genie Lacayo aclara que la audiencia pública realizada fue específicamente sobre las excepciones preliminares (párrafo 9). Se examinaron dichas excepciones pero no el fondo. La propia Corte expresamente se refirió, en sus recientes Resoluciones, del 17 de mayo de 1995, en los casos Paniagua Morales, Castillo Páez y Loayza Tamayo, a "dos etapas procesales distintas; la de excepciones preliminares y de fondo", y advirtió que "la no suspensión del procedimiento sobre el fondo no afecta la naturaleza distinta y separada de la etapa de excepciones preliminares" (consideranda 1 y 2 de dichas Resoluciones).

8. Esto es así en razón de un principio general del proceso: en efecto, los principales sistemas jurídicos conocen el principio general de derecho reus in excipiento fit actor, en virtud del cual se faculta a la parte que presente una excepción preliminar a asumir la posición de demandante durante aquella etapa del proceso. Así, en el procedimiento en cuanto a las excepciones preliminares, se revierte la situación de las partes, distintamente de lo que ocurre en cuanto al fondo; si bien tal técnica jurídica haya evolucionado en el proceso tanto internacional (arbitral y judicial) como de derecho interno (o sea, en los sistemas jurídicos de derecho interno, remontando al derecho romano), me parece llegado el momento de evaluar las consecuencias de su aplicación indiferenciada en el contexto de la protección internacional de los derechos humanos, dotado de especificidad propia.

9. En el presente caso Genie Lacayo, al acumular una de las excepciones preliminares al fondo, la Corte dejó claro que se pasaría a una etapa enteramente nueva, todavía no iniciada, para el conocimiento del fondo; con aquella acumulación, determinó aún más claramente que se procedería a una nueva etapa. Se desprende, sin lugar a dudas, de su sentencia del 27.01.1995 sobre Excepciones Preliminares, que no se entró al fondo. Así, al considerar uno de los puntos planteados por el Gobierno de Nicaragua (relativo al artículo 51 (2) de la Convención Americana), determinó la Corte que "no halla procedente pronunciarse aquí, porque no es cuestión preliminar (...) Se trata de una petición que la Corte deberá resolver en el fondo. Pronunciarse sobre si esa petición está o no debidamente fundada no es procedente en esta etapa" (párrafo 43, énfasis agregado). Además, la Corte se reservó la facultad de "examinar en el fondo del asunto" los efectos de la aplicación de los Decretos 591 y 600 en relación con los derechos humanos protegidos por la Convención Americana e involucrados en el caso (párrafo 51). En el punto resolutivo no. 3 de la sentencia, la Corte consideró que las objeciones del Gobierno de Nicaragua a los planteamientos de la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referentes a la obligatoriedad de las recomendaciones de ésta, "no son excepciones preliminares sino cuestiones de fondo que deberán ser resueltas en su oportunidad" (énfasis agregado, es decir, cuando la Corte pase efectivamente a examinar el fondo.

10. Los jueces que participan de las audiencias en la etapa de excepciones preliminares siguen conociendo del caso a que ya se hubieran abocado y hasta que se profiera la sentencia en dicha etapa preliminar, aunque su mandato haya terminado durante la misma; los cambios en la integración de la Corte en etapas subsiguientes en nada afectan su unidad como órgano judicial, sino todo lo contrario, queda reforzada su unidad al evitarse composiciones paralelas prolongadas en el tiempo. En el presente caso, resulta claro, de la propia sentencia de la Corte sobre Excepciones Preliminares, que ésta no entró en el fondo del caso: en esta etapa, como expresamente señaló, se limitó al examen de los puntos relativos a las excepciones preliminares, dejando para la etapa posterior todo y cualquier otro punto relativo al fondo. Al abstenerse de entrar al fondo, ponderó que, en aquella etapa, no podía tratar de cuestiones concernientes al fondo: fue, efectivamente, una decisión específicamente sobre excepciones preliminares. Cualquier argumento o afirmación en contrario requiere demostración.

III. Problema de la Acumulación al Fondo de una Excepción Preliminar de Admisibilidad

11. En la presente Resolución, considera la Corte determinante la acumulación de una excepción preliminar al fondo para mantener el "acuerdo" del 18 de noviembre de 1994, es decir, su composición anterior para el conocimiento del fondo del caso Genie Lacayo (párrafos 6-7). En su sentencia sobre Excepciones Preliminares del 27.01.1995, rechazó la Corte las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Nicaragua, salvo una, la de no agotamiento de los recursos de derecho interno, la cual, según determinó, "será resuelta junto con el fondo del asunto" (punto resolutivo 2 de la sentencia, y cf. párrafo 31).

12. Entiendo que, en el contexto de la protección internacional de los derechos humanos, dicha excepción preliminar es de pura admisibilidad, la cual, en un sistema como el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debía ser resuelta definitivamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La cuestión ya había sido efectivamente examinada por la Comisión, y ésta había decidido que en el caso se daban "dos de las tres excepciones" a la regla del agotamiento de los recursos internos, refiriéndose inclusive a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto. Y, como la propia Corte recordó en su sentencia sobre Excepciones Preliminares del 27.01.1995 en el presente caso, la Comisión había desestimado la petición del Gobierno de Nicaragua de reconsiderar la objeción de no agotamiento de los recursos internos (párrafo 18).

13. Sin embargo, esta cuestión de pura admisibilidad es ahora reabierta ante la Corte, y por dos veces: en la etapa de excepciones preliminares, y en la etapa subsiguiente del fondo, con la decisión (punto resolutivo n. 2 de aquella sentencia) de acumular dicha excepción preliminar al fondo. Tal decisión de acumulación, dado su carácter de excepcionalidad, debe estar siempre amparada en una sólida fundamentación jurídica. Es ampliamente conocida la alentadora jurisprudence constante de esta Corte, que coincide con la de otros órganos de protección internacional de los derechos humanos, en el sentido de que los tratados de derechos humanos no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función del intercambio de intereses y beneficios recíprocos de las Partes, sino más bien tratados que se inspiran en valores superiores, en el bien común, teniendo por objeto y propósito la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, inclusive frente a su propio Estado.

14. A mi modo de ver, milita en contra del propósito último y de la especificidad del derecho internacional de los derechos humanos el tratamiento arriba señalado concedido a condiciones de admisibilidad de comunicaciones o peticiones sobre supuestas violaciones de derechos humanos, posibilitando la reapertura de su examen dos o tres veces en el mismo caso. La reapertura y reconsideración por la Corte, por dos veces, de una cuestión de pura admisibilidad ya anteriormente examinada y decidida por la Comisión acarrea, ésto sí, una división del proceso en una suerte de "compartimentos estancos". En el presente contexto de protección se impone un proceso ágil, transparente y eficaz, con aplicación de reglas de derecho claras y precisas, como garantía para las partes, y no un proceso mecánico y ritualista, en medio a la ausencia de criterios adecuados.

15. Estoy consciente de que mi posición sobre este particular, tal cómo ya la había expresado y desarrollado en mi Voto Razonado en el caso Gangaram Panday (sentencia sobre Excepciones Preliminares del 04 de diciembre de 1991), sigue siendo una posición solitaria, vox clamantis in deserto, en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la defiendo hoy con la misma convicción con la que la vengo sosteniendo en mi capacidad personal a lo largo de casi dos décadas: tengo plena convicción de que es la que mejor atiende al propósito último de un sistema de protección como el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y me atrevo a alimentar la esperanza de que la evolución futura de tal sistema me dará razón.

16. No es suficiente que el actual Reglamento de la Corte prevea que la presentación de excepciones preliminares no suspenda el procedimiento sobre el fondo, a menos que la Corte lo decida expresamente (artículo 31 (4)). Es necesario ir más allá. En primer lugar, cabe dar mayor precisión al sentido y alcance de esta disposición, y la Corte ha dado un primer paso en esta dirección con las Resoluciones del 17 de mayo de 1995 en los casos Paniagua Morales, Castillo Páez y Loayza Tamayo, supracitadas; el próximo paso sería una reforma de las disposiciones pertinentes de su Reglamento con el mismo propósito.

17. En segundo lugar, cabe desarrollar mayor reflexión sobre el alcance de las excepciones preliminares en el presente contexto de protección. A las excepciones preliminares cabe dar un tratamiento cuidadoso en el interés de una buena administración de justicia y como garantía para las partes. En la base de este tratamiento se encuentra la exigencia de no prejuzgar el fondo. Pero algo distinto es atribuir a excepciones preliminares de admisibilidad una dimensión que no tienen, por cuanto la experiencia acumulada en el presente dominio de protección revela que frecuentemente dichas excepciones son avanzadas como obstrucciones u obstáculos dilatorios del proceso. Aún más, no veo cómo se pueda prevalecer de la acumulación de una excepción preliminar de admisibilidad al fondo, careciendo data venia de mayor fundamentación jurídica, para pretender que tal decisión tenga incidencia sobre la determinación de la propia integración de la Corte para entrar a conocer el fondo de un caso. Considero improcedente tal posición.

IV. Conclusiones

Expuestos los fundamentos de mi posición, concluyo:

  1. La Corte, con su actual composición, es competente para decidir sobre su integración en el presente caso Genie Lacayo;
  2. La presente Resolución, por medio de su punto resolutivo n. 1, reconoce que el imperativo de la transparencia del proceso abarca también el procedimiento de la determinación de la composición de la Corte para el conocimiento de un caso, como garantía adicional para las partes.
  3. El "acuerdo" del 18 de noviembre de 1994, además de ultra vires, sostiene un criterio inadecuado, que debía haber sido modificado por la Corte en la presente Resolución para mejor orientar su práctica subsiguiente sobre el particular;
  4. La sentencia de la Corte del 27.01.1995 sobre Excepciones Preliminares en el caso Genie Lacayo revela que no se entró en el fondo del mismo, y la propia Corte ha expresamente reconocido, en su jurisprudencia más reciente, la naturaleza distinta y separada de la etapa de excepciones preliminares, en razón de un principio general del proceso;
  5. Milita en contra del propósito último y de la especificidad del derecho internacional de los derechos humanos la reapertura y reconsideración de cuestiones de pura admisibilidad en distintas etapas del proceso, tornando este último, en lugar de ágil y eficaz, tan sólo ritualista;
  6. La acumulación de una excepción preliminar de admisibilidad al fondo, medida de carácter excepcional, debe por eso estar amparada en sólida fundamentación jurídica, y no tiene incidencia sobre la determinación de la integración de la Corte para entrar a conocer el fondo de un caso;
  7. La Corte, con su actual composición, es competente para entrar a conocer el fondo del presente caso Genie Lacayo.

    Voto Disidente del Juez Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución de 18 de mayo de 1995 (Artículo 54.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. 1-17 y conclusiones párrs. 1-7.

CONSIDERANDO:

  1. Que es conveniente tomar una decisión de carácter general para resolver la integración de la Corte en los casos en que, habiéndose dictado sentencia sobre el fondo del asunto, y queda pendiente la determinación de las reparaciones e indemnizaciones así como la supervisión del cumplimiento de la sentencia;
  2. Que el 29 de junio de 1992 la Corte dictó Resolución en el caso Neira Alegría y otros en el sentido de que continuaría con el conocimiento del caso, con su nueva composición, por haber sido declaradas sin lugar las excepciones preliminares, salvo en cuanto a los recursos interpuestos contra esa sentencia;
  3. Que esa decisión se basó en que al resolver las excepciones preliminares se entra en una nueva etapa del proceso y que esa interpretación concilia los textos del artículo 54.3 de la Convención en los cuatro idiomas oficiales;
  4. Que el mismo criterio es aplicable a la determinación de las reparaciones e indemnizaciones así como a la supervisión del cumplimiento de las sentencias, ya que constituyen etapas nuevas y distintas del proceso, posteriores a la sentencia sobre el fondo del asunto;
  5. Que la integración de la Corte, con los jueces que la componen en el momento de tomar decisiones referentes a esas etapas distintas, contribuye a la celeridad del proceso en los casos en que se ha comprobado violación de los derechos humanos, a la pronta reparación de las consecuencias de esa violación y a la justa indemnización a la parte lesionada,

RESUELVE:

por unanimidad,

Que todo lo relativo a la determinación de reparaciones e indemnizaciones, así como a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de esta Corte, compete a los jueces que la integren en el momento de tomarse las decisiones correspondientes, salvo que ya hubiere tenido lugar una audiencia pública y en tal caso la conocerán los jueces que hubieren estado presentes en esa audiencia.

Corte I.D.H., Resolución de 19 de septiembre de 1995, considerando párrs. 1-5 y resuelve.

Suscribo la resolución de la Corte sólo en virtud de que la misma contribuye a la celeridad del procedimiento en cuanto a la determinación de reparaciones e indemnizaciones cuando se hubiese demostrado la violación de derechos humanos y, además, en virtud de que ésta ha sido la práctica, por razones similares, en los Tribunales internacionales, pero desde el punto de vista conceptual no puede afirmarse que el procedimiento relativo a la fijación de reparaciones e indemnizaciones pueda desvincularse del fondo del asunto en el cual se establece la condena respectiva.

Voto Individual Concurrente del Juez Fix Zamudio, Corte I.D.H., Resolución de 19 de septiembre de 1995.

La presente Resolución, la cual suscribo, establece criterios claros que contribuyen a asegurar un proceso ágil y eficaz, como debe ocurrir en la consideración de casos relativos a violaciones de derechos humanos y a las correspondientes reparaciones e indemnizaciones. Me permito agregar mi entendimiento, en cuanto a lo expuesto en los consideranda 2 y 3, en el sentido de que la etapa de excepciones preliminares es siempre de naturaleza distinta del procedimiento sobre el fondo, cualquiera que sea la decisión de la Corte sobre dichas excepciones.

Voto Individual Concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Resolución de 19 de septiembre de 1995.

. . . de acuerdo con el artículo 29.2 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento") dicta la siguiente resolución sobre la solicitud de revisión de la sentencia de 29 de enero de 1997 en el caso Genie Lacayo, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") el 30 de abril de 1997 mediante un escrito en el cual hizo suya una comunicación del padre del joven Jean Paul Genie Lacayo, señor Raymond Genie Peñalba y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).

. . . .

5. La Corte, con su composición actual, es competente para conocer del presente asunto, por aplicación analógica del artículo 16 de su Reglamento que establece que [t]odo lo relativo a las reparaciones e indemnizaciones, así como a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de esta Corte, compete a los jueces que la integren en este estado del proceso, salvo que ya hubiere tenido lugar una audiencia pública y en tal caso conocerán los jueces que hubieran estado presentes en esa audiencia.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución del 13 de septiembre de 1997, considerando y párr. 5.