Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 48

48.0.1. general
48.1.1. "[l]a Comisi�n, al recibir una petici�n o comunicaci�n . . . proceder� en los siguientes t�rminos:. . ."
48.1.1.1. " . . . reconoce la admisibilidad de la petici�n . . . ."
48.1.1.2. "recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificar� si existen o subsisten los motivos de la petici�n o comunicaci�n. De no existir o subsistir, mandar� archivar el expediente. . . ."
48.1.1.3. declaraci�n de inadmisibilidad o improcedencia de petici�n sobre la base de informaci�n sobreviniente
48.1.1.4. "si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisi�n realizar�, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petici�n o comunicaci�n. Si fuere necesario y conveniente, la Comisi�n realizar� una investigaci�n para cuyo eficaz cumplimiento solicitar�, y los Estados interesados le proporcionar�n, todas las facilidades necesarias. . . ."
48.1.1.5. ". . . exposiciones verbales o escritas. . . ." (audiencias)
48.1.1.6. soluci�n amistosa
48.2.1. ". . . puede realizarse una investigaci�n previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido una violaci�n . . . " (visitas in loco)


1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:

a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;

b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.

48.0.1. general

11. En conclusión, si comparto la tesis del fallo de que no es admisible, en el caso concreto, la renuncia del Gobierno a los procedimientos ante la Comisión, no lo hago en consideración de la necesidad de preservar la mejor protección de los derechos humanos, sino de que he llegado a convencerme de que, lamentablemente, el sistema de la Convención parece hacerlo imposible, en razón de que, al promulgarlo, los Estados Americanos no quisieron aceptar el establecimiento de un sistema jurisdiccional expedito y eficaz, sino que lo mediatizaron interponiéndole la criba de la Comisión, a través de una verdadera carrera de obstáculos que casi deviene en insuperable, en el largo y penoso camino que de por sí están forzados a recorrer los derechos fundamentales de la persona humana.

12. Por las razones expuestas, mi concurrencia en el voto unánime de la resolución que razono, debe entenderse en los siguientes términos: a) La acción interpuesta por el Gobierno de Costa Rica ante esta Corte, en el caso de Viviana Gallardo y otras, no es admisible por no serlo la renuncia del gestionante a los procedimientos previos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que lamentablemente no parece posible dispensarlos en su totalidad, dentro de las limitaciones impuestas por el sistema del Pacto de San José.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 13 de noviembre de 1981, párrs. 11-12.

20. Sin embargo, también puede la Comisión declarar la "inadmisión" del caso (arts. 47 y 48.1(a) o (c)), o en la etapa de instrucción disponer archivarlo porque no existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación (art. 48.1(b)), o darse por satisfecha con una solución amistosa (art.49), en cuyos casos habrá siempre una resolución de la propia Comisión que, sin llegar al informe definitivo del artículo 50.1, pone término al procedimiento, haciendo imposible su continuación; puede inclusive dejarlo abandonado por inercia, sin resolución. Es en tales supuestos donde se hace problema el sentido del requisito establecido por el artículo 61.2, de que "para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50", porque es obvio que una interpretación puramente literal de esa norma podría conducir a la conclusión de que ningún caso puede llegar a la Corte sin que dichos procedimientos se hayan realizado y completado en todas y cada una de sus etapas y, por ende, de que la Comisión sí tiene potestades preclusivas de la jurisdicción de la Corte, con sólo que resuelva un caso en cualquier momento antes del informe definitivo del artículo 50.1, o inclusive que lo abandone sin dejarlo llegar hasta él.

21. A mi juicio, es este uno de los casos en que una correcta interpretación de las normas "en su contexto y de acuerdo con su objeto y fin" (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 31.1), reclama, no solamente la aplicación de criterios finalistas, de razonabilidad y de justicia, a la luz de los principios del Derecho de los Derechos Humanos, sino también la utilización de las técnicas depuradas del Derecho Procesal en general; unos y otras, para que la interpretación no se convierta en un obstáculo sino sea un instrumento adecuado a la realización de la suprema razón de ser y finalidad de esas normas, que no son otras que la mejor protección de los derechos fundamentales del hombre. Para esto se hicieron, y si para esto no sirven, no sirven para nada.

22. A la luz de esos criterios, me parece sencillo concluir en que los procedimientos ante la Comisión se agotan, y por ende, la intervención administrativa y preventiva de esta última como requisito de procedibilidad ante la Corte se cumple, cuando aquélla les pone término, sea en virtud del informe definitivo del artículo 50.1, sea en virtud de una resolución o inclusive de una inactividad que los terminan; por lo menos de una resolución, a la que cabría aplicarle, por analogía, los principios que el Derecho Procesal ha acuñado para dar tratamiento de actos finales a los llamados "autos con carácter de sentencia", precisamente porque resuelven interlocutoriamente un proceso, haciendo imposible su continuación; máxime tratándose, como se trata, de procedimientos preventivos o preliminares de simple carácter administrativo, no propiamente jurisdiccional, que además deben ser aplicados restrictivamente, ante principios fundamentales como el del acceso a la justicia y el de que las formalidades y requisitos procesales deben siempre interpretarse en el sentido más favorable a la resolución de las cuestiones de fondo en sentencia -principio pro sententia del Derecho Procesal general-. Las limitaciones y reticencias tradicionales frente a la jurisdicción internacional, no tienen cabida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

23. Estas conclusiones no me parecen extrañas a la opinión ya adelantada por la propia Corte, cuando en su Decisión del 13 de noviembre de 1981 claramente advirtió que "no se trata, pues, de interpretar si se ha agotado, o cuándo puede considerarse agotado, dicho procedimiento, sino estrictamente de precisar si el mismo puede eludirse con la sola renuncia unilateral del Estado involucrado" (párr. No. 21), así como cuando otorgó una importancia interpretativa determinante a la necesidad de conciliar "en primer lugar, el interés de las víctimas de que se les proteja y asegure el pleno goce de los derechos que tienen según la Convención; en segundo lugar, la necesidad de salvaguardar la integridad institucional del sistema que la misma Convención establece" (Ibid., párrs. Nos. 13 y 14), de manera que "el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema" (Ibid., párr. No. 16). En realidad, si la Corte consideró que el procedimiento ante la Comisión es esencial y, por ende, irrenunciable en su conjunto, fue sobretodo porque estimó que la intervención de la misma no se ha concebido en interés exclusivo del Estado sino en el de la "integridad institucional del sistema de protección consagrado en la Convención... (y) permite el ejercicio de importantes derechos individuales, muy especialmente a las víctimas" (Ibid., párr. No. 25; en gral.,párrs. No. 21 a 25).

24. Lo anterior me lleva a la conclusión de que la Resolución No. 13/83 de la Comisión, al declarar la inadmisión de la petición del Gobierno de Costa Rica y ordenar archivarla, no sólo agotó formalmente los procedimientos ante la misma, sino que también los agotó materialmente, dejando sin posible satisfacción ulterior los propósitos de mejor protección del ser humano y sus derechos que la Corte les atribuyó en su Decisión del 13 de noviembre de 1981. Esto, a mi juicio, sería así en todo caso, aunque la Comisión realmente se hubiera limitado a declarar la inadmisión del asunto; pero lo es más todavía si se toma en cuenta que, en verdad, lo que hizo fue resolver el fondo, sobreseyéndolo con una denominación equivocada (ver párr. No. 11, supra).

25. En consecuencia, es mi opinión que, cumplida la condición establecida por la propia Corte, al reservarse el conocimiento de la petición del Gobierno de Costa Rica "en espera del trámite ante la Comisión", lo que procede es sencillamente reasumir ese conocimiento, teniendo por satisfecho dicho requisito de procedibilidad. Después, la Corte podría, teóricamente, llegar a cualquier conclusión sobre el caso, inclusive la de archivarlo, pero no puede hacerlo, en ninguna forma, sin retomar su conocimiento y, por ende, sin resolver, motivadamente como debe hacerlo siempre un tribunal, una serie de cuestiones que exigen, a su vez, examinar la validez y el contenido de lo dispuesto por la Comisión, y establecer qué debe decidirse interlocutoriamente y qué reservarse para sentencia. Lo contrario equivaldría a caer en una verdadera "absolución de la instancia".

26. Además de los errores procesales ya señalados: el de darle al caso un larguísimo trámite de dieciocho meses sin pronunciarse sobre su admisión, pese a que, de acuerdo con la Convención, la sola iniciación de ese trámite supone normalmente que la Comisión "reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación" (art. 48.1.a); el de no pronunciarse nunca sobre aspectos fundamentales como la legitimación del Gobierno y de los terceros, la renuncia de aquél al agotamiento previo de sus vías internas y la competencia de la propia Comisión; y el de acabar declarando inadmisible el caso cuando lo que hizo en realidad fue resolverlo, sobreseyéndolo por improcedente; la Comisión incurrió en defectos de mérito que no pueden dejarse de reseñar.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 8 setiembre de 1983, párrs. 20-26.

48.1.1. "[l]a Comisión, al recibir una petición o comunicación . . . procederá en los siguientes términos:. . . ."

48.1.1.1. " . . . reconoce la admisibilidad de la petición . . . ."

37. El artículo 46.1 de la Convención enumera los requisitos necesarios para que una "petición... sea admitida" por la Comisión y el artículo 48.1.a) establece el procedimiento que se ha de seguir si la Comisión "reconoce la admisibilidad de la petición".

39. Este procedimiento no implica la necesidad de una declaración expresa de admisibilidad, ni en la etapa a cargo de la Secretaría ni en la posterior que debe asumir la Comisión por sí misma. Al solicitar informaciones a un gobierno y dar trámite a la petición, se acepta en principio la admisibilidad de la misma; siempre y cuando la Comisión al tener conocimiento de lo actuado por la Secretaría y continuar el trámite (arts. 34.3, 35 y 36 del Reglamento de la Comisión), no declare expresamente la inadmisibilidad (art. 48.1.c) de la Convención).

40. Si la admisión no requiere un acto expreso y formal, la inadmisibilidad, en cambio, sí lo exige. La diferencia terminológica en la Convención y en el Reglamento de la Comisión, para referirse a estas dos distintas posibilidades, es muy clara (art. 48.1.a) y c) de la Convención y arts. 34.1.c) y 3, 35.b) y 41 de su Reglamento). Para que una petición sea considerada inadmisible, se requiere una declaración expresa de la Comisión. Tal requisito no aparece al hablar de la admisión. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, cuando un Estado suscite una cuestión de inadmisibilidad, la Comisión deba hacer una declaración formal en uno u otro sentido. Tal cosa no ha sucedido en este trámite.

41. La Corte estima, en consecuencia, que el hecho de que la Comisión no haya efectuado una declaración expresa de la admisibilidad de la petición presentada ante ella, no constituye en este caso un extremo capaz de impedir el normal desarrollo del procedimiento ante la Comisión y, por consiguiente, su consideración por la Corte (arts. 46-51 y 61.2 de la Convención).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 37, 39, 40 y 41.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 42 y 44-46.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3 , párrs.40, 42, 43 y 44.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 35-36.

48.1.1.2. "recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente. . . ."

48.1.1.3. declaración de inadmisibilidad o improcedencia de petición sobre la base de información sobreviniente

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESULTANDO:

1. Que el 13 de noviembre de 1981 esta Corte adoptó una decisión según la cual:

1. Decide, unánimemente, no admitir la demanda introducida por el Gobierno de Costa Rica para el examen del caso de Viviana Gallardo y otras.

2. Decide, unánimemente, aceptar y tramitar la solicitud subsidiaria del Gobierno de Costa Rica para remitir el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. Decide, unánimemente, retener la petición del Gobierno de Costa Rica en su lista de asuntos pendientes en espera del trámite ante la Comisión.

2. Que el 30 de junio de 1983 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución según la cual:

CONSIDERANDO:

  1. Que el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo al procedimiento establecido para el trámite de las comunicaciones individuales señala que la Comisión podrá declarar la inadmisibilidad de la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobreviniente;
  2. Que el artículo 32, incisos b) y c) del Reglamento de la Comisión señalan que es necesario decidir como cuestión preliminar acerca de otras materias relacionadas con la admisión de la petición o su improcedencia manifiesta, que resulten del expediente o que hayan sido planteadas por las partes y si existen o subsisten los motivos de la petición, ordenando en caso contrario, archivar el expediente;
  3. Que las informaciones sobrevinientes recibidas por la Comisión, en especial de las respuestas sometidas a su consideración por el Gobierno de Costa Rica; del estudio efectuado del Expediente No. 034-81 de la Procuraduría General de la Nación; del requerimiento de instrucción formal presentado por el Agente Fiscal de San José; de las sentencias dictadas en la causa contra José Manuel Bolaños por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de Viviana Gallardo, Alejandra Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nassau; y de la investigación adelantada por el Director del Organismo de Investigación Judicial, se desprende que el Gobierno de Costa Rica ha actuado de conformidad con las disposiciones legales vigentes, sancionando con todo el rigor de la ley al responsable de los actos denunciados;
  4. Que por lo anterior resulta manifiesta la improcedencia de la petición formulada, no subsistiendo los motivos que originaron su introducción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Pacto de San José y de los artículos 32 b) y c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
  5. Que el Sistema Institucional de Protección de los Derechos Humanos establecido en la Convención para el trámite de peticiones o comunicaciones, dentro de las limitaciones fijadas en ella, y al cual los Estados Partes se han obligado voluntariamente a observar, opera salvo las excepciones consagradas en la propia Convención, en defecto del sistema jurídico interno, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos,

RESUELVE:

  1. Declarar inadmisible la petición objeto del presente asunto de conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  2. Comunicar esta resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. Archivar este asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 (c) del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  4. Incluir la presente resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el artículo 59 inciso g) del Reglamento de la Comisión.

CONSIDERANDO:

Que las razones sobre las que se funda la citada Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevan a concluir que habiéndose pronunciado la Comisión en el sentido indicado, de acuerdo con los artículos 61.2 y 48 a 50 de la Convención no subsiste ninguna razón para que el caso se mantenga en la lista de asuntos pendientes de la Corte,

POR TANTO RESUELVE POR SEIS VOTOS A UNO:

  1. Suprimir de su lista de asuntos pendientes el "Asunto Viviana Gallardo y Otras".
  2. Archivar el expediente.
  3. Notificar esta Resolución al Gobierno de Costa Rica y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nada en esta Resolución debe ser interpretado en el sentido de afectar o menoscabar el derecho de cualquier individuo interesado de hacer uso de todos los recursos que la ley de Costa Rica le brinde.

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 8 de setiembre de 1983.

26. Además de los errores procesales ya señalados: el de darle al caso un larguísimo trámite de dieciocho meses sin pronunciarse sobre su admisión, pese a que, de acuerdo con la Convención, la sola iniciación de ese trámite supone normalmente que la Comisión "reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación" (art. 48.1.a); el de no pronunciarse nunca sobre aspectos fundamentales como la legitimación del Gobierno y de los terceros, la renuncia de aquél al agotamiento previo de sus vías internas y la competencia de la propia Comisión; y el de acabar declarando inadmisible el caso cuando lo que hizo en realidad fue resolverlo, sobreseyéndolo por improcedente; la Comisión incurrió en defectos de mérito que no pueden dejarse de reseñar.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 8 setiembre de 1983, párr. 26.

48.1.1.4. "si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias. . . ."

48.1.1.5. ". . . exposiciones verbales o escritas. . . ." (audiencias)

51. El Gobierno expuso en la audiencia con la Corte un argumento similar en el sentido de que la Comisión estaba obligada a realizar un audiencia previa, de acuerdo con el artículo 48.1.e) de la Convención, a fin de esclarecer los hechos denunciados, como un requisito anterior a la resolución 30/83, por la cual la Comisión tuvo por comprobados dichos hechos con base en la presunción prevista en el artículo 42 (antiguo 39) del Reglamento de la Comisión.

52. la Comisión sostuvo que la celebración de una audiencia previa para recabar información adicional no constituye un trámite obligatorio que deba efectuarse con anterioridad al informe, en los términos de los artículos 48.1.e) de la Convención y 43 de su Reglamento y que no fue solicitada por el Gobierno.

53. La Corte considera que la audiencia previa, como etapa procesal, sólo procede cuando la Comisión lo estime necesario para completar la información proporcionada por las partes, o cuando éstas lo soliciten expresamente. En dicha audiencia la Comisión podrá pedir al representante del Estado contra el cual se presenta la denuncia, cualquier información pertinente, y recibir, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados.

54. En el presente caso, ni los denunciantes ni el Gobierno, solicitaron la celebración de la audiencia, y tampoco la Comisión la estimó necesaria.

55. En tal virtud, la Corte concluye que esta excepción preliminar opuesta por el Gobierno es infundada.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 51-55.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 54-58.

48.1.1.6. solución amistosa

24. A lo anterior se agrega que la Corte carece de poder para cumplir una importante función que la Convención confía a la Comisión, en virtud de que ésta no es un órgano judicial, como es la de gestionar soluciones amistosas, dentro de una amplia misión conciliadora. Este tipo de solución tiene la ventaja para el denunciante individual que requiere su consentimiento para materializarse. Todo enfoque que conduzca a negar a los individuos, en especial a las víctimas, el procedimiento ante la Comisión los privaría del importante derecho de negociar y aceptar libremente una solución amistosa, con la ayuda de la Comisión y "fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención" (art. 48.1.f).

Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 24.

9. Podría, entonces, encontrarse una única excepción a las posibilidades favorables al ser humano en los procedimientos ante la Comisión: la de que la víctima pueda beneficiarse de una solución amistosa propiciada por la Comisión, que ciertamente, conforme lo dice la opinión de la mayoría, no sería accesible ante la Corte. Pero, aparte del valor para mí relativo y dudoso de los procedimientos de conciliación, que más bien me parecen montados en interés de los Estados, es lo cierto que siempre queda abierta la posibilidad, inclusive con intervención de la Comisión, si no dentro por lo menos paralelamente al proceso ante el Tribunal, el cual también podría terminarse por medio de un desistimiento, una solución amistosa o una satisfacción extraprocesal, con la ventaja de que tendría que ser aprobada por el órgano jurisdiccional, (art. 42, Reglamento de la Corte, y doctrina de los arts. 41 b), 50.3 y 51 de la Convención).

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza E., Corte I.D.H., Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 9.

42. El Gobierno, tanto en su escrito como en la audiencia, sostuvo que la Comisión infringió el artículo 48.1.f) de la Convención por no haber promovido una solución amistosa en el asunto. Este procedimiento, de acuerdo con el Gobierno, tiene carácter obligatorio y las condiciones que sobre él establece el artículo 45 del Reglamento de la Comisión son inaplicables porque contradicen lo dispuesto por la Convención, ya que ésta tiene mayor jerarquía. El Gobierno concluye en el sentido de que, al no haberse intentado el procedimiento de solución amistosa, la demanda es inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61.2 de la Convención.

43. Por su parte, la Comisión sostuvo que el procedimiento de solución amistosa no tiene carácter imperativo y que en este caso no era posible realizarlo, en virtud de sus características especiales, pues los hechos están imperfectamente definidos por falta de cooperación del Gobierno y éste no ha reconocido ninguna responsabilidad. Afirmó, además, que los derechos violados en este caso, es decir, los relativos a la vida (art. 4) y a la integridad (art. 5) y libertad personales (art. 7), no pueden ser restituidos en su vigencia a través de la conciliación de las partes.

44. Desde un punto de vista literal, la frase utilizada por el artículo 48.1.f) de la Convención, la Comisión "se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa", parece establecer un trámite obligatorio. Sin embargo, la Corte considera que una interpretación, de acuerdo con el contexto de la Convención, lleva al convencimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizar este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión.

45. El artículo 45.2 del Reglamento de la Comisión establece que:

Para que la Comisión ofrezca a las partes actuar como órgano de solución amistosa del asunto será necesario que se hayan precisado suficientemente las posiciones y pretensiones de éstas; y que, a juicio de la Comisión, el asunto por su naturaleza sea susceptible de solucionarse mediante la utilización del procedimiento de solución amistosa.

Lo anterior significa que la Comisión posee facultades discrecionales, pero de ninguna manera arbitrarias, para decidir, en cada caso, si resulta conveniente o adecuado el procedimiento de solución amistosa para resolver el asunto en beneficio del respeto a los derechos humanos.

46. Con independencia de si en este caso se han precisado o no las posiciones y pretensiones de las partes y del grado de cooperación del Gobierno con la Comisión, cuando se denuncia la desaparición forzada de una persona por acción de las autoridades de un Estado y éste niega que dichos actos se han realizado, resulta muy difícil lograr un acuerdo amistoso que se traduzca en el respeto de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personales. La Corte, tomando en consideración todas las circunstancias existentes en el presente caso, entiende que no es objetable la actuación de la Comisión a propósito de la solución amistosa.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 42-46.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 47-51.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 45-49.

25. Observa la Corte que la Comisión y el Gobierno sostienen una interpretación diversa de los artículos 48.1.f) de la Convención y 45 del Reglamento de la primera, así como sobre los alcances del criterio establecido por este Tribunal al decidir las excepciones preliminares planteadas por el Gobierno de Honduras en los casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, y Fairén Garbi y Solís Corrales, resueltos por sentencias de 26 de junio de 1987 y que son similares en este aspecto.

. . . .

27. La Corte ha dicho que la Comisión no tiene facultades arbitrarias en esta materia. Es muy clara la intención de la Convención respecto del papel conciliador que debe cumplir la Comisión antes de que un caso sea enviado a la Corte o publicado.

Sólo en casos excepcionales y, naturalmente, con razones de fondo, puede la Comisión omitir el procedimiento de la conciliación porque está de por medio la protección de los derechos de las víctimas o de sus familiares. No parece ser suficiente decir, como lo hace la Comisión, que no se acudió a este procedimiento simplemente por razón de la "naturaleza" del asunto.

28. La Corte estima que la Comisión debió fundamentar cuidadosamente su rechazo a la solución amistosa, de acuerdo con la conducta observada por el Estado a quien se imputa la violación.

29. Sin embargo esta negativa de la Comisión no causó un perjuicio irreparable a Colombia porque el Estado, si no estaba de acuerdo con ella, tenía la facultad de solicitar la iniciación del procedimiento de solución amistosa de acuerdo con el inciso 1 del artículo 45 del Reglamento de la Comisión, que dispone:

A solicitud de cualquiera de las partes, o por iniciativa propia, la Comisión se pondrá a disposición de las mismas, en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

30. En un procedimiento de solución amistosa es indispensable la intervención y decisión de las partes involucradas. Aún interpretando literalmente las disposiciones de la Convención y haciendo caso omiso del Reglamento de la Comisión, ésta solamente podría sugerir a las partes entablar las conversaciones enderezadas a la solución amistosa pero no podría, por carecer de poder para ello, decidirla. La Comisión debe propiciar el acercamiento pero sus resultados no dependen de ella. De alcanzarse el acuerdo debe ella cerciorarse de que los derechos humanos hayan sido adecuadamente defendidos.

Si una parte tiene interés en la solución amistosa puede proponerla. En el caso del Estado y frente al objeto y fin del tratado, que es la defensa de los derechos humanos en él protegidos, no podría entenderse esa propuesta como un reconocimiento de responsabilidad sino, al contrario, como un cumplimiento de buena fe de los propósitos de la Convención.

La Corte no encuentra aceptable que el Gobierno arguya como excepción preliminar que la Comisión no ejecutó el procedimiento de solución amistosa, cuando frente a las disposiciones del Reglamento él tenía esa misma facultad. No se puede exigir de otro un comportamiento que uno mismo pudo cumplir en igualdad de condiciones pero no lo hizo.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C No.17, párrs. 25 y 27-30.

. . . [L]a Comisión, al determinar que el presente caso "[d]ebido a la naturaleza de los hechos... no [era] susceptible de solución amistosa", restringió el alcance de esta norma de la Convención (art. 48.1.f) que no distingue entre asuntos susceptibles de solución amistosa y asuntos que no lo son. Con base en la opinión de la Corte en la sentencia sobre las excepciones preliminares del caso Caballero Delgado y Santana (Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17), el Gobierno argumenta que la Comisión no fundamentó debidamente su negativa a la solución amistosa.

38. La Comisión respondió, entre otras argumentaciones, que el mecanismo de conciliación no es de carácter obligatorio y es aplicado discrecionalmente por ella, no en forma arbitraria sino atendiendo a las necesidades y caracteres del caso. Que Nicaragua no tuvo la intención de solicitar el procedimiento de solución amistosa, pues siempre negó ser responsable por los hechos ocurridos en el presente caso. Además, "[l]a simple lectura del artículo 45 del Reglamento de la comisión permite entender que tanto el gobierno como el denunciante pueden, en todo momento, solicitar a la Comisión que inicie un procedimiento de conciliación".

39. En el desarrollo jurisprudencial sobre esta materia (Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, supra 37), que es posterior a la fecha del Informe de la Comisión al cual se refiere el Gobierno, esta Corte ha dicho que la Comisión no tiene facultades arbitrarias sobre el particular sino que, excepcionalmente y con razones de fondo, puede omitir el procedimiento conciliatorio. En este caso la Comisión se limitó a invocar la "naturaleza" del asunto. Sin embargo, la omisión del procedimiento para buscar una solución amistosa no perjudica al Gobierno, porque éste puede solicitarlo en cualquier momento. Es evidente que, para llegar a una conciliación, es indispensable la decidida intervención de las partes involucradas en ella, en particular Gobierno y víctimas, cuya disposición de conciliar es fundamental. Si bien es cierto que la Comisión debió jugar un papel activo, estaba en manos del Gobierno solicitar él mismo la conciliación y no lo hizo. Mal puede entonces objetar la actuación de la Comisión. En virtud de lo dicho, la Corte considera infundado este razonamiento del Gobierno

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 27 de enero de 1995, Serie C No. 21, párrs. 37-39.

48.2.1. ". . . puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido una violación . . . " (visitas in loco)

47. . . . [E]l Gobierno señaló que la Comisión no había realizado una investigación in loco para verificar los hechos denunciados en este caso, no obstante que, en su opinión, se trata de un trámite obligatorio e indispensable, según lo dispuesto por el artículo 48.2 de la Convención.

48. La Comisión objetó este razonamiento en la misma audiencia, por considerar que la investigación in loco no es imperativa y que solo debe ordenarse en los casos graves y urgentes. Dijo la Comisión, además, que tal diligencia no fue solicitada por las partes, ni es posible ordenarla de oficio en todas las denuncias individuales, muy numerosas, que se presentan ante ella.

49. Al respecto, la Corte considera que, del contexto de los preceptos que regulan las citadas investigaciones in loco (arts. 48.2 de la Convención, 18.g) del Estatuto de la Comisión y 44 y 55 a 59 de su Reglamento), se infiere que este instrumento de comprobación de hechos está sujeto a la apreciación discrecional de la Comisión para acordarlo de oficio o a petición de las partes, dentro de las hipótesis previstas por las citadas disposiciones normativas y no es obligatorio dentro del procedimiento regulado por el artículo 48 de la Convención.

50. Por tanto, la omisión del procedimiento de investigación in loco no hace inadmisible en este caso la demanda interpuesta por la Comisión.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C No. 1, párrs. 47-50.

Corte I.D.H. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 2, párrs. 52-55.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No. 3, párrs. 50-53.