Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 4
Derecho a la Vida

4.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1
4.1.1. "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida"
4.1.1.1. alcance de la protecci�n acordada
4.1.1.2. desaparici�n forzada
4.1.1.2.1. general
4.1.1.2.2. crimen de lesa humanidad
4.1.1.2.3. pr�ctica
4.1.1.2.4. prueba
4.1.1.2.4.1. carga de la prueba
4.1.1.2.4.2. criterios de valoraci�n
4.1.1.2.4.3. guantum de prueba
4.1.1.2.5. violaci�n múltiple y continuada
4.1.2. "[e]ste derecho estar� protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci�n"
4.1.3. "[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente"
4.1.3.1. uso desproporcionado de fuerza
4.2.1. r�gimen de la pena de muerte en la Convenci�n
4.2.2. "[e]n los pa�ses que no han abolido la pena de muerte, �sta s�lo podr� imponerse . . ."
4.2.3. prohibici�n de extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique actualmente
4.3.1. prohibici�n de restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido
4.4.1. prohibici�n de aplicar la pena de muerte por delitos pol�ticos o conexos con los pol�ticos
4.5.1. "[n]o se impondr� la pena de muerte a personas . . . ."
4.6.1. "[t]oda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar . . . ."


Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

4.0.1. relación con el artículo 1.1.

162. Este artículo [1.1] contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos [por la Convención], de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 162.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 171.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párr. 85.

4.1.1. "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida"

4.1.1.1. alcance de la protección acordada

2. En nuestro criterio, a partir del momento en que la Corte estableció, aun por inferencia, la responsabilidad del Estado demandado, por detención ilegal del señor Gangaram Panday, era necesario que ella aceptara las consecuencias que dicha determinación conlleva en cuanto a la protección del derecho a la vida de la víctima. Tanto más cuanto que, en su propia contra - memoria, el Estado demandado admitió que la detención de Asok Gangaram Panday "[acrecentó] su depresión y desprecio a la vida", lo que no puede desligarse de la causa mortis. Y, en todo caso, fue por no haber contado con los textos legislativos que expresamente le solicitó la Corte al Estado demandado, que ésta no pudo extenderse en sus razonamientos relativos a la ilegalidad o no, a la arbitrariedad o no de la detención denunciada.

3. El derecho a la vida y su garantía y respeto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo, no sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas para protegerla y preservarla (obligación positiva).

4. La protección internacional de los derechos humanos, en relación con el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene una dimensión preventiva en donde el deber de debida diligencia asume, en los casos de detención ilegal, connotaciones más severas. Esta, la debida diligencia, impone a los Estados el deber de una prevención razonable en aquellas situaciones - como ahora en el sub judice - que pudieran conducir, incluso por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida.

Voto Disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 2-4

60. En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párr. 60

4.1.1.2. desaparición forzada

4.1.1.2.1. general

149. En la historia de la violación de los derechos humanos, las desapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado, su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque esta práctica posee carácter más o menos universal, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad.

150. El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral.

151. La creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución 20 (XXXVI) de 29 de febrero de 1980, constituye una actitud concreta de censura y repudio generalizados, por una práctica que ya había sido objeto de atención en el ámbito universal por la Asamblea General (resolución 33/173 de 20 de diciembre de 1978), por el Consejo Económico y Social (resolución 1979/38 de 10 de mayo de 1979) y por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (resolución 5 B (XXXII) de 5 de setiembre de 1979). Los informes de los relatores o enviados especiales de la Comisión de Derechos Humanos muestran la preocupación por el cese de esa práctica, por la aparición de las personas afectadas y por la aplicación de sanciones a los responsables.

152. En el ámbito regional americano la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión se han referido reiteradamente a la cuestión de las desapariciones para promover la investigación de tales situaciones, para calificarlas y para exigir que se les ponga fin (AG/RES. 443 (IX-0/79) de 31 de octubre de 1979; AG/RES. 510 (X-0/80) de 27 de noviembre de 1980; AG/RES. 618 (XII-0/82) de 20 de noviembre de 1982; AG/RES. 666 (XIII-0/83) del 18 de noviembre de 1983; AG/RES. 742 (XIV-0/84) del 17 de noviembre de 1984 y AG/RES. 890 (XVII-0/87) del 14 de noviembre de 1987; Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe Anual, 1978, págs. 22-24a; Informe Anual, 1980-1981, págs. 113-114; Informe Anual, 1982-1983, págs. 49-51; Informe Anual, 1985-1986, págs. 40-42; Informe Anual, 1986-1987, págs. 299-306 y en muchos de sus informes especiales por países como OEA/Ser.L/V/lI.49, doc. 19, 1980 (Argentina); OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 17, 1985 (Chile) y OEA/Ser.L/V/II.66,doc. 16, 1985 (Guatemala)).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 149-152.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 157-160.

155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. . . .

Corte I.D.H., "Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 155.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 163.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párr. 147.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párr. 35.

158. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención . . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 158.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 166.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 151-152.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párr. 35.

167. Además, la práctica de desapariciones por sí sola crea un clima incompatible con la garantía debida a los derechos humanos por los Estados partes en la Convención, en cuanto relaja las normas mínimas de conducta que deben regir los cuerpos de seguridad a los que asegura impunidad para violar esos derechos.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 167.

152. La existencia de esta práctica supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. De tal modo, el llevar a cabo acciones dirigidas a realizar desapariciones involuntarias, a tolerarlas, a no investigarlas de manera adecuada o a no sancionar, en su caso, a los responsables, genera la violación del deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1). La Corte se remite, a este respecto, a lo que señaló en las dos sentencias citadas (Caso Velásquez Rodríguez, supra 112, párrs. 159-181; Caso Godínez Cruz, supra 112, párrs. 168-191)

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párr. 152.

4.1.1.2.2. crimen de lesa humanidad

153. Si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad (Anuario Interamericano de Derechos Humanos,1985, págs. 369, 687 y 1103). La Asamblea de la OEA ha afirmado que "es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad" (AG/RES.666, supra). También la ha calificado como "un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal" (AG/RES.742, supra).

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 153.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 161.

4.1.1.2.3. práctica

158. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención . . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 158.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 166.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 151-152.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párr. 35.

167. Además, la práctica de desapariciones por sí sola crea un clima incompatible con la garantía debida a los derechos humanos por los Estados partes en la Convención, en cuanto relaja las normas mínimas de conducta que deben regir los cuerpos de seguridad a los que asegura impunidad para violar esos derechos.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 167.

152. La existencia de esta práctica supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. De tal modo, el llevar a cabo acciones dirigidas a realizar desapariciones involuntarias, a tolerarlas, a no investigarlas de manera adecuada o a no sancionar, en su caso, a los responsables, genera la violación del deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1). La Corte se remite, a este respecto, a lo que señaló en las dos sentencias citadas (Caso Velásquez Rodríguez, supra 112, párrs. 159-181; Caso Godínez Cruz, supra 112, párrs. 168-191)

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párr. 152.

147. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera probados, a saber:

a) Que en la República de Honduras, durante los años de 1981 a 1984, un número de personas, entre 100 y 150, desapareció sin que de muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).

b) Que tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).

c) Que la población consideraba como un hecho públicoy notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal bajo su dirección (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).

d) Que las desapariciones se realizaban mediante una práctica sistemática, de la cual la Corte considera especialmente relevantes las siguientes circunstancias:

i) Las víctimas eran generalmente personas consideradas por las autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz, Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, Zenaida Velásquez, César Augusto Murillo y recortes de prensa). Además, usualmente las víctimas habían estado sometidas a vigilancia y seguimiento por períodos más o menos prolongados (testimonios de Ramón Custodio López y Florencio Caballero);

ii) Las armas empleadas eran de uso reservado a las autoridades militares y de policía y se utilizaban vehículos con cristales polarizados, cuyo uso requiere de una autorización oficial especial. En algunas oportunidades las detenciones se realizaron por agentes del orden público, sin disimulo ni disfraz; en otras éstos habían previamente despejado los lugares donde se ejecutarían los secuestros y, por lo menos en una ocasión, los secuestradores, al ser detenidos por agentes del orden público, continuaron libremente su marcha al identificarse como autoridades (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López y Florencio Caballero);

iii) Las personas secuestradas eran vendadas, llevadas a lugares secretos e irregulares de detención y trasladadas de uno a otro. Eran interrogadas y sometidas a vejámenes, crueldades y torturas. Algunas de ellas fueron finalmente asesinadas y sus cuerpos enterrados en cementerios clandestinos (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Florencio Caballero, René Velásquez Díaz, Inés Consuelo Murillo y José Gonzalo Flores Trejo);

iv) Las autoridades negaban sistemáticamente el hecho mismo de la detención, el paradero y la suerte de las víctimas, tanto a sus parientes, abogados y personas o entidades interesadas en la defensa de los derechos humanos, como a los jueces ejecutores en recursos de exhibición personal. Esa actitud se produjo inclusive en casos de personas que después reaparecieron en manos de las mismas autoridades que, sistemáticamente, habían negado tenerlas en su poder o conocer su suerte (testimonios de Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz, Zenaida Velásquez y César Augusto Murillo, así como recortes de prensa);

v) Tanto las autoridades militares y de policía como el Gobierno y el Poder Judicial se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar los hechos y de auxiliar a quienes se interesaban en averiguar el paradero y la suerte de las víctimas o de sus restos. Cuando se integraron comisiones investigadoras del Gobierno o de las Fuerzas Armadas, no condujeron a ningún resultado. Las causas judiciales que se intentaron fueron tramitadas con evidente lentitud y desinterés y algunas de ellas finalmente sobreseídas (testimonios de Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz, Zenaida Velásquez y César Augusto Murillo, así como recortes de prensa);

e) Que Manfredo Velásquez desapareció el 12 de setiembre de 1981, entre las 16:30 y 17:00 horas en un estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que utilizaron un vehículo Ford de color blanco, sin placas y que hoy, casi siete años después, continúa desaparecido, por lo que se puede suponer razonablemente que ha muerto (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Aguilar Villalobos y recortes de prensa).

f) Que ese secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección (testimonios de Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Aguilar Villalobos y recortes de prensa).

g ) Que el secuestro y desaparición de Manfredo Velásquez corresponde al marco de la práctica de desapariciones a que se refieren los hechos que se consideran probados en los literales a) a d) inclusive. En efecto:

i) Manfredo Velásquez era un estudiante que realizaba actividades de aquéllas consideradas por las autoridades como "peligrosas" para la seguridad del Estado (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López y Zenaida Velásquez).

ii) El secuestro de Manfredo Velásquez fue practicado, a plena luz del día, por hombres vestidos de civil que utilizaron un vehículo sin placas.

iii) En el caso de Manfredo Velásquez se produjeron las mismas negativas de sus captores y de las autoridades de las Fuerzas Armadas, las mismas omisiones de éstas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero, y la misma ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, recortes de prensa y documentos).

h) Que no aparece en el expediente prueba alguna de que ManfredoVelásquez se hubiera unido a grupos subversivos, salvo una carta del Alcalde de Langue, según la cual se rumoreaba que andaba con grupos subversivos. Esa versión no fue complementada con ningún otro elemento probatorio por el Gobierno, lo que, lejos de demostrar la veracidad de ese supuesto rumor, más bien indica que se le vinculaba con actividades juzgadas peligrosas para la seguridad del Estado. Tampoco hay prueba de que hubiera sido secuestrado por obra de delincuentes comunes o de otras personas desvinculadas con la práctica de desapariciones entonces vigente."

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr.147.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 153.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párr. 153.

154. SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SAÚL GODÍNEZ

a) Que Saúl Godínez, dirigente magisterial, desapareció el 22 de julio de 1982 en la mañana. Desde esa fecha continúa desaparecido (testimonios de Alejandrina Cruz, Enmidida Escoto de Godínez, Elsa Rosa Escoto Escoto y recortes de prensa).

b) Que, aun cuando no se ha presentado ante la Corte una prueba directa de que la desaparición de Saúl Godínez haya sido la obra de agentes del Gobierno, sí existe un cúmulo indiciario con suficiente entidad para fundamentar la presunción judicial de que esa desaparición se ejecutó dentro del marco de la práctica precedente. En efecto:

i) Las actividades que, como dirigente gremial, cumplía especialmente Saúl Godínez coincidían con las que eran objeto de represión oficial. Era un dirigente magisterial activo que había participado en varias huelgas y en la época de su desaparición trabajaba en los preparativos de una nueva (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López y Enmidida Escoto de Godínez). Estas actividades eran de las consideradas como "peligrosas" por quienes practicaban las desapariciones en ese entonces (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López y Florencio Caballero).

ii) Existen indicios igualmente de que en los días anteriores a su desaparición había sido objeto de amenazas y se le había estado vigilando y siguiendo (testimonios de Enmidida Escoto de Godínez y Elsa Rosa Escoto Escoto).

iii) Existen indicios de que fue capturado en despoblado conforme al método que normalmente se practicaba en los casos de desapariciones (testimonio de Enmidida Escoto de Godínez y de Elsa Rosa Escoto Escoto) y de que estuvo en lugares de detención bajo el control de las autoridades hondureñas (testimonio de Alejandrina Cruz)

iv) En el caso de Saúl Godínez se produjeron las omisiones características de los demás casos de desapariciones por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero y la misma ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales se interpusieron tres recursos de exhibición personal y una denuncia penal (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Enmidida Escoto de Godínez, Alejandrina Cruz, recortes de prensa y documentos).

v) La única explicación que fue insinuada por las autoridades de Honduras sobre la desaparición de Godínez fue la de sugerir que se habría unido a grupos subversivos o se habría ido a Cuba. Esta última fue sostenida incluso por el juez ante quien se propuso una acción penal que nunca fue proveída (testimonio de Alejandrina Cruz). La misma sugerencia está en documentos transmitidos por el Gobierno a la Comisión (declaraciones escritas del Sargento Félix Pedro García Rodríguez, de los señores Víctor Manuel Meza Argueta, Ciriaco Castillo y del Mayor Juan Blas Salazar Meza). La circunstancia de que ninguno de los declarantes que aparecen en tales documentos fuera propuesto como testigo por el Gobierno y de que esas declaraciones no hayan sido complementadas con ningún otro elemento probatorio, lejos de demostrar la veracidad de ese rumor más bien indica una persistencia en vincularlo con actividades juzgadas peligrosas para la seguridad del Estado.

vi) Fuera de lo anterior, no hay ninguna otra tentativa del Gobierno para explicar los hechos ni manifestación alguna dirigida a establecer que Saúl Godínez hubiera sido secuestrado por obra de delincuentes comunes o de otras personas desvinculadas con la práctica de desapariciones entonces vigente o que hubiera desaparecido voluntariamente. La defensa del Gobierno pretendió descansar exclusivamente sobre la falta de pruebas directas, lo que como ya ha dicho la Corte (supra 140-141) es inadecuado e insuficiente en casos como el presente.

vii) La existencia misma de una práctica de desapariciones es un indicio relevante dentro del cuadro descrito para fundamentar una presunción judicial (supra 128- 130).

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 154.

154. Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales ingresaron al territorio de Honduras por la Aduana Las Manos, departamento de El Paraíso, el 11 de diciembre de 1981. Esa es la última noticia cierta sobre su paradero. En efecto, a pesar de sus contradicciones iniciales, las autoridades hondureñas aceptaron posteriormente el ingreso a ese país de los dos desaparecidos (Informe del Gobierno del 8 de marzo de 1982 en relación con certificado del Secretario General de Población y Política Migratoria de Honduras, 11 de febrero de 1982).

155. En lo que se refiere a la permanencia y salida de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales del territorio hondureño existen numerosas contradicciones. Inicialmente los gobiernos de Honduras y Guatemala negaron que ambas personas hubieran cruzado la frontera entre ambos países. Luego afirmaron que habían ingresado a Guatemala el 12 de diciembre de 1981, a lo que las autoridades guatemaltecas agregaron que habían salido hacia El Salvador el día 14 de diciembre del mismo año. Esta última versión fue ratificada por el gobierno de Guatemala el 6 de octubre de 1987, pero fue parcialmente contradicha por comunicación de su Ministro de Gobernación el 2 de marzo de 1988, en la cual negaba que hubieran ingresado a Guatemala, pero admitía que aparecían en los listados migratorios de salida hacia El Salvador el día 14 de diciembre de 1981 y hacía referencias confusas sobre las firmas de dichos listados. Estos hechos, en su conjunto, son equívocos, pero su investigación y esclarecimiento tropiezan, entre otras, con la dificultad de que Guatemala y El Salvador no son partes en este juicio.

156. La Corte observa, en cambio, que un conjunto de indicios apunta más bien a demostrar que los dos costarricenses habrían podido continuar su viaje de Honduras hacia Guatemala y, posiblemente, hacia El Salvador. Esos indicios son los siguientes:

a) Según información proporcionada por un funcionario costarricense al Ministerio Público de su país, el destino final de los viajeros podría haber sido Guatemala.

b) Dentro de las contradicciones ya subrayadas, la versión sustentada por las autoridades guatemaltecas con mayor insistencia ha sido la de reconocer el ingreso a ese país de los dos costarricenses. Así fue certificado a lo largo de varios años y por dos gobiernos sucesivos. El desmentido último, por su parte, no explica el porqué de la conducta anterior ni cómo, supuestamente sin haber entrado, aparecen saliendo de Guatemala hacia El Salvador.

c) Existe un talón de entrada de un vehículo de Honduras a Guatemala, suministrado a la Corte por la Comisión que es la parte demandante, donde aparece la firma de Francisco Fairén Garbi, la cual fue tenida por auténtica en el informe pericial del 12 de agosto de 1988.

157. Hay numerosas e insalvables dificultades de prueba para establecer que estas desapariciones hayan ocurrido en Honduras y que, por tanto, sean imputables jurídicamente a este Estado. En efecto, como ya lo ha dicho la Corte, ha sido plenamente demostrado que, en la época en que ocurrieron los hechos existía en Honduras una práctica represiva de desaparición forzada de personas por razones políticas. Esa práctica representa en sí misma una ruptura de la Convención y puede ser un elemento de primera importancia para fundar, junto con otros indicios concordantes, la presunción judicial de que determinadas personas fueron víctimas de esa práctica. No obstante, la sola comprobación de la práctica de desapariciones no basta, en ausencia de toda otra prueba, aun circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella.

158. No se ha suministrado prueba suficiente que vincule la desaparición de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales con la mencionada práctica gubernamental. No la hay de que fueran objeto por parte de las autoridades hondureñas de vigilancia o de sospecha sobre su presunta peligrosidad; ni de su captura o secuestro dentro del territorio de Honduras. La mención de que uno de ellos - Francisco Fairén Garbi- hubiera podido estar en centros de detención clandestinos, proviene de la deposición de un testigo que después de afirmar que no tenía conocimiento del caso de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, finalmente, al ser repreguntado, pareció recordar que había visto el nombre del primero en una lista de detenidos desaparecidos (testimonio de Florencio Caballero). Otra información similar es de mera referencia y muy circunstancial (testimonio de Antonio Carrillo Montes).

159. Por otra parte, si bien el Gobierno de Honduras incurrió en numerosas contradicciones, la omisión en investigar este caso, explicada por el Gobierno en virtud de la certificación de Guatemala en el sentido de que los desaparecidos habían ingresado a su territorio, no es suficiente, en ausencia de aquellas otras pruebas, para configurar una presunción judicial que atribuya responsabilidad a Honduras por las desapariciones mencionadas.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 154-159.

40. La Corte entra ahora a considerar los hechos relevantes que estima probados o no controvertidos, los cuales resultan del estudio de las actuaciones del Estado y la Comisión Interamericana, así como de prueba documental, testimonial y pericial aportada en el presente caso.

41. La Comisión alegó ante la Corte la existencia de un modus operandi o una práctica de las fuerzas de seguridad del Perú de cometer desapariciones forzadas de personas consideradas como pertenecientes a grupos subversivos como "Sendero Luminoso" durante la época de los hechos de este caso. Para tal efecto, presentó documentación y ofreció también el dictamen del experto Enrique Bernales Ballesteros durante la audiencia pública que fue celebrada por la Corte.

42. Fundada en la prueba documental y testimonial, en particular el dictamen del experto presentado por la Comisión, la Corte estima como demostrado que durante la época a que se hace referencia, existía en el Perú, divulgado como un hecho notorio por la prensa, una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas como miembros de grupos subversivos. Además, dichas desapariciones fueron también realizadas contra estudiantes y que, a inicios de los años noventa, en ocasiones, las fuerzas de seguridad introducían a los detenidos en la maletera de las patrullas policiales, como ocurrió en este caso (Informe Anual de 1991 Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Informes [de 1991 y 1993] del Grupo de Trabajo [de las Naciones Unidas] sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; informe del perito doctor Enrique Bernales Ballesteros; recortes de prensa).

43. La Corte examinó la prueba documental y testimonial presentada por las partes para decidir si los hechos alegados, demuestran que miembros de la Policía detuvieron a Ernesto Rafael Castillo Páez y si esta detención fue la causa de su desaparición. Al respecto, la Corte considera probados los siguientes hechos:

a. el señor Ernesto Rafael Castillo Páez salió de su casa el 21 de octubre de 1990 (Testimonio de Cronwell Pierre Castillo Castillo);

b. ese mismo día el grupo subversivo "Sendero Luminoso" produjo explosiones en la zona del "Monumento a la Mujer", del distrito de Villa El Salvador, Lima, Perú (Contestación de la Demanda; testimonios de Joe Roberto Ruiz Huapaya, Jueza Minaya Calle y María Elena Castro Osorio; declaración de María Esther Aguirre Vera en el vídeo aportado como anexo XII de la demanda),

c. poco después de las explosiones, las fuerzas de seguridad peruanas organizaron una operación para detener a los responsables de las mismas. Durante dicha acción, un vehículo patrullero blanco (Testimonios de Joe Roberto Ruiz Huapaya, María Elena Castro Osorio y Jueza Minaya Calle; vídeo aportado como Anexo II de la demanda) se acercó al señor Ernesto Rafael Castillo Páez en los alrededores del Parque Central del Grupo 17, Segundo Sector, Segunda Zona del Distrito de Villa El Salvador. El señor Castillo Páez vestía con pantalón oscuro, camisa blanca y llevaba una casaca beige y fue identificado por varios testigos (Testimonios de Cronwell Pierre Castillo Castillo, Jueza Minaya Calle, Joe Roberto Ruiz Huapaya y María Elena Castro Osorio; declaración de María Esther Aguirre Vera en el vídeo aportado como Anexo XII de la demanda);

d. del vehículo patrullero bajaron dos policías vestidos con uniforme verde y con boina roja. Uno de ellos detuvo a Ernesto Rafael Castillo Páez, quien no opuso resistencia, y pocos minutos después fue introducido en la maletera del vehículo patrullero (Testimonios de Joe Roberto Ruiz Huapaya, Jueza Minaya Calle y María Elena Castro Osorio; declaración de María Esther Aguirre Vera en el vídeo aportado como Anexo XII de la demanda);

e. poco después llegó al lugar de la detención otro vehículo policial y los policías intercambiaron palabras. El segundo vehículo partió del lugar y luego el que llevaba al señor Castillo Páez salió con rumbo desconocido. Estos hechos duraron aproximadamente diez minutos (Demanda; testimonios Joe Roberto Ruiz Huapaya, Jueza Minaya Calle y María Elena Castro Osorio; declaración de María Esther Aguirre Vera en el vídeo aportado como Anexo XII de la demanda);

f. los padres del señor Castillo Páez iniciaron su búsqueda y, al no encontrarlo en las diversas dependencias policiales, realizaron las gestiones judiciales pertinentes para localizarlo (Testimonios de Cronwell Pierre Castillo Castillo, Jueza Minaya Calle y Augusto Zúñiga Paz);

g. el 25 de octubre de 1990 el padre de Ernesto Rafael Castillo Páez, Cronwell Pierre Castillo Castillo, interpuso un recurso de hábeas corpus en su favor ante el Vigésimo Cuarto Juzgado del Distrito Judicial de Lima el cual declaró fundada la acción el 31 de octubre de 1990 con base en las pruebas encontradas y en una serie de irregularidades descubiertas en el procedimiento que obstaculizaron la investigación (Resolución de 31 de octubre de 1990 del Vigésimo Cuarto Juzgado de Instrucción, Anexo II de la demanda; testimonios de Jueza Minaya Calle, Cronwell Pierre Castillo Castillo y Augusto Zúñiga Paz). Dicha resolución fue apelada por el Procurador Público para Asuntos de Terrorismo ante el Octavo Tribunal Correccional de Lima. El 27 de noviembre de 1990, este Tribunal declaró improcedente la apelación, confirmó la resolución de primera instancia y ordenó la remisión de los documentos necesarios para formular la denuncia penal correspondiente (Sentencia de 27 de noviembre de 1990 del Octavo Tribunal Correccional de Lima, Anexo III de la demanda; testimonios de Jueza Minaya Calle, Cronwell Pierre Castillo Castillo y Augusto Zúñiga Paz);

h. sobre la base de la resolución de la acción de hábeas corpus, se tramitó un proceso ante el Décimo Cuarto Juzgado Penal del Distrito Judicial de Lima por el delito de abuso de autoridad contra varios oficiales de la Policía, institución adscrita al Ministerio del Interior, y supuestamente involucrados en la desaparición del señor Castillo Páez. Por sentencia del 19 de agosto de 1991, dicho Juzgado Penal concluyó que de los autos presentados había quedado acreditado que Ernesto Rafael Castillo Páez fue detenido por un vehículo de la Policía Nacional del Perú, en horas de la mañana del 21 de octubre de 1990, fecha desde la cual se desconoce su paradero. Sin embargo, dicha sentencia indicó que no había indicios que demostraran la responsabilidad de los inculpados, por lo que ordenó archivar el caso sin sancionar a persona alguna, ni compensar a los familiares del señor Castillo Páez (Sentencia de 19 de agosto de 1991 del Décimo Cuarto Juzgado Penal del Distrito Judicial de Lima, Anexo VI de la demanda; testimonio de Augusto Zúñiga Paz). Esta sentencia fue apelada ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que la confirmó (Resolución de 27 de diciembre de 1993 de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, Anexo VII de la demanda; testimonio de Augusto Zúñiga Paz); y

i. desde su desaparición, aún cuando se instauró un proceso para averiguar el paradero y obtener la libertad del señor Castillo Páez, éste no ha sido puesto en libertad por la policía ni se tiene información alguna sobre él (Testimonios de Cronwell Pierre Castillo Castillo y Augusto Zúñiga Paz).

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 40-43.

4.1.1.2.4. prueba

4.1.1.2.4.1. carga de la prueba

122. Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar por precisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y los criterios generales que orientan su valoración y la determinación de los hechos probados en el presente juicio.

123. Dado que la Comisión es quien demanda al Gobierno por la desaparición de Manfredo Velásquez a ella corresponde, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que su demanda se funda.

124. El argumento de la Comisión se basa en que una política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdadero propósito el encubrimiento y la destrucción de la prueba relativa a las desapariciones de los individuos objeto de la misma. Cuando la existencia de tal práctica o política haya sido probada, es posible, ya sea mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que ésta última tenga con la práctica general.

125. El Gobierno no objetó el enfoque propuesto por la Comisión. Sin embargo, argumentó que no fue probada la existencia de una práctica de desapariciones en Honduras ni la participación de autoridades hondureñas en la supuesta desaparición de Manfredo Velásquez.

126. La Corte no encuentra ninguna razón para considerar inadmisible el enfoque adoptado por la Comisión. Si se puede demostrar que existió una práctica gubernamental de desapariciones en Honduras llevada a cabo por el Gobierno o al menos tolerada por él, y si la desaparición de Manfredo Velásquez se puede vincular con ella, las denuncias hechas por la Comisión habrían sido probadas ante la Corte, siempre y cuando los elementos de prueba aducidos en ambos puntos cumplan con los criterios de valoración requeridos en casos de este tipo.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 122-126.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 128-132.

Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 125-129.

135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado.

136. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la práctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 135-136.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 141-142.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párr. 49.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 65.

138. La forma en que la defensa ha sido conducida habría podido bastar para que muchos de los hechos afirmados por la Comisión se tuvieran válidamente por ciertos, sin más, en virtud del principio de que, salvo en la materia penal - que no tiene que ver en el presente caso, como ya se dijo (supra 134 y 135)-, el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial. La Corte, sin embargo, trató de suplir esas deficiencias procesales, admitiendo todas las pruebas que le fueron propuestas, aun en forma extemporánea, y ordenando de oficio algunas otras. Esto, por supuesto, sin renunciar a sus potestades discrecionales para apreciar el silencio o la inercia de Honduras ni a su deber de valorar la totalidad de los hechos.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 138

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 144.

4.1.1.2.4.2. criterios de valoración

127. La Corte debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoración de las pruebas aplicables en este caso. Ni la Convención ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento tratan esta materia.

Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, párrs.29-30 y 59-60).

128. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos. En cuanto al requerimiento de prueba, esos mismos sistemas reconocen gradaciones diferentes que dependen de la naturaleza, carácter y gravedad del litigio.

129. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados.

130. La práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial o documental,no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 127-130.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 133-136.

Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 130-133.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párr. 49.

131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 131.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 137.

146. A un gran número de recortes de prensa aportados por la Comisión no puede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de ellos, sin embargo,constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba; otros tienen valor, como ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra 127, párrs. 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última; finalmente, otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de ese país.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 146.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 152.

Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párr. 145.

154. SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SAÚL GODÍNEZ

. . . .

vi) Fuera de lo anterior, no hay ninguna otra tentativa del Gobierno para explicar los hechos ni manifestación alguna dirigida a establecer que Saúl Godínez hubiera sido secuestrado por obra de delincuentes comunes o de otras personas desvinculadas con la práctica de desapariciones entonces vigente o que hubiera desaparecido voluntariamente. La defensa del Gobierno pretendió descansar exclusivamente sobre la falta de pruebas directas, lo que como ya ha dicho la Corte (supra 140-141) es inadecuado e insuficiente en casos como el presente.

vii) La existencia misma de una práctica de desapariciones es un indicio relevante dentro del cuadro descrito para fundamentar una presunción judicial (supra 128-130).

155. La Corte reitera a este respecto que en los casos de desaparición forzada de seres humanos es especialmente válida la prueba indiciaria que fundamenta una presunción judicial (supra 136- 137).

Se trata de un medio probatorio utilizado en todos los sistemas judiciales y puede ser el único instrumento para que se cumpla el objeto y fin de la Convención Americana y para que la Corte pueda hacer efectivas las funciones que la misma Convención le atribuye, cuando las violaciones a los derechos humanos implican la utilización del poder del Estado para la destrucción de los medios de prueba directos de los hechos, en procura de una total impunidad o de la cristalización de una suerte de crimen perfecto.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 154-155.

157. Hay numerosas e insalvables dificultades de prueba para establecer que estas desapariciones hayan ocurrido en Honduras y que, por tanto, sean imputables jurídicamente a este Estado. En efecto, como ya lo ha dicho la Corte, ha sido plenamente demostrado que, en la época en que ocurrieron los hechos existía en Honduras una práctica represiva de desaparición forzada de personas por razones políticas. Esa práctica representa en sí misma una ruptura de la Convención y puede ser un elemento de primera importancia para fundar, junto con otros indicios concordantes, la presunción judicial de que determinadas personas fueron víctimas de esa práctica. No obstante, la sola comprobación de la práctica de desapariciones no basta, en ausencia de toda otra prueba, aun circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella.

158. No se ha suministrado prueba suficiente que vincule la desaparición de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales con la mencionada práctica gubernamental. No la hay de que fueran objeto por parte de las autoridades hondureñas de vigilancia o de sospecha sobre su presunta peligrosidad; ni de su captura o secuestro dentro del territorio de Honduras. La mención de que uno de ellos - Francisco Fairén Garbi- hubiera podido estar en centros de detención clandestinos, proviene de la deposición de un testigo que después de afirmar que no tenía conocimiento del caso de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, finalmente, al ser repreguntado, pareció recordar que había visto el nombre del primero en una lista de detenidos desaparecidos (testimonio de Florencio Caballero). Otra información similar es de mera referencia y muy circunstancial (testimonio de Antonio Carrillo Montes).

159. Por otra parte, si bien el Gobierno de Honduras incurrió en numerosas contradicciones, la omisión en investigar este caso, explicada por el Gobierno en virtud de la certificación de Guatemala en el sentido de que los desaparecidos habían ingresado a su territorio, no es suficiente, en ausencia de aquellas otras pruebas, para configurar una presunción judicial que atribuya responsabilidad a Honduras por las desapariciones mencionadas.

160. La falta de diligencia, cercana a veces al obstruccionismo, mostrada por el Gobierno al no responder a reiteradas solicitudes, emanadas del gobierno de Costa Rica, del padre de una de las víctimas, de la Comisión y de la Corte, relativas a la localización y exhumación del "cadáver de La Montañita", ha imposibilitado el hallazgo ulterior de dicho cuerpo y podría dar lugar a una presunción de responsabilidad contra el Gobierno (resolución de 20 de enero de 1989). No obstante, esa presunción por sí sola no autoriza, y menos aún obliga, a tener por establecida la responsabilidad de Honduras por la desaparición de Francisco Fairén Garbi, a la luz de los otros elementos de prueba presentes en el caso. La Corte reconoce, desde luego, que si ese cuerpo hubiera sido hallado e identificado como el de Francisco Fairén Garbi, se habría configurado un hecho de significativa importancia para el establecimiento de la verdad.

El comportamiento del Gobierno privó a la Corte de esta posibilidad. Debe, sin embargo, reconocerse que si el cadáver hubiera sido exhumado y se hubiera comprobado que no correspondía a Francisco Fairén Garbi, ese solo hecho no hubiera bastado para liberar a Honduras de toda responsabilidad por su desaparición. Como esa presunción no bastaría para resolver numerosas contradicciones provenientes de elementos probatorios que apuntan en un sentido diferente, la Corte no puede fundamentar su decisión únicamente en ella.

161. El artículo 1.1 de la Convención impone a los Estados Partes la obligación de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción . . .". La Corte no considera necesario entrar en este momento al análisis de lo que significa en esta norma la expresión "sujeta a su jurisdicción". Ello no es preciso para decidir el presente caso, ya que no ha sido probado que el poder del Estado de Honduras hubiera sido usado para violar los derechos de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales; y aunque ha sido probada en el proceso la existencia de una practica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984, tampoco ha podido comprobarse que las desapariciones sub examine hayan ocurrido en el marco de esa práctica o sean de otra manera imputables al Estado de Honduras.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 157-161.

72. Este Tribunal ha señalado en fallos anteriores, que con la desaparición de personas se violan varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el de la vida, cuando hubiese transcurrido, como en este caso, un período de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima (Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 76, Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 56 y Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 39).

73. No puede admitirse el argumento del Estado en el sentido de que la situación misma de la indeterminación del paradero de una persona, no implica que hubiese sido privada de su vida, ya que "faltaría. . el cuerpo del delito", como lo exige, según él, la doctrina penal contemporánea. Es inaceptable este razonamiento puesto que bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de la víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los infractores, quienes en estas situaciones pretenden borrar toda huella de la desaparición.

74. Lo anterior se refuerza, en cuanto a las desapariciones, con las declaraciones del perito doctor Enrique Bernales Ballesteros, durante la audiencia pública, y que no fueron desvirtuadas por el Estado, en el sentido de que cuando ocurrieron los hechos en este caso, existía una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas como miembros de los grupos subversivos y presentó estadísticas sobre el incremento de dichas desapariciones durante este período (supra, párr. 42).

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 72-74.

4.1.1.2.4.3. quantum de prueba

127. . . . Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, párrs.29-30 y 59-60).

128. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos. En cuanto al requerimiento de prueba, esos mismos sistemas reconocen gradaciones diferentes que dependen de la naturaleza, carácter y gravedad del litigio.

129. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 127-129.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 133-135.

Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 130-132.

4.1.1.2.5. violación múltiple y continuada

155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal . . . .

156. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal . . . .

Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho a la integridad física reconocido en el mismo artículo 5 de la Convención.

157. La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención . . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 155-157.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 163- 165.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 147-150.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párr. 35.

33. La Corte estima que la privación de la libertad y la muerte del señor Blake se consumaron efectivamente en marzo de 1985, ésta última el 29 de ese mes según el acta de defunción, tal como lo sostiene Guatemala, y que estos hechos no pueden considerarse per se de carácter continuado, por lo que este Tribunal carece de competencia para decidir sobre la responsabilidad de dicho Gobierno respecto de estos hechos y sólo en este aspecto debe estimarse fundada la excepción preliminar de que se trata.

34. Por el contrario, por tratarse de una presunta desaparición forzada, las consecuencias de los mismos hechos se prolongaron hasta el 14 de junio de 1992, pues, según lo expresado por la Comisión en su demanda, existieron por parte de autoridades o agentes del Gobierno conductas posteriores, que en su concepto implican complicidad y ocultamiento de la detención y la muerte del señor Blake, ya que el fallecimiento de la víctima, no obstante que se conocía por parte de dichas autoridades o agentes, no se dio a conocer a sus familiares a pesar de sus gestiones constantes para descubrir su paradero e inclusive se produjeron intentos para desaparecer los restos. Además, la propia Comisión afirma que se realizaron otras violaciones a la Convención Americana relacionadas con estos acontecimientos.

35. Este Tribunal sostuvo en los primeros casos de desaparición de personas que le fueron sometidos que:

[l]a desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar... La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 155 y 158 y Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 163 y 166).

36. No existe ningún texto convencional actualmente en vigor sobre la figura de la desaparición forzada de personas, aplicable a los Estados Partes en la Convención. Sin embargo se deben tomar en consideración los textos de dos instrumentos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, de 18 de diciembre de 1992, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 9 de junio de 1994. A pesar de que esta última todavía no está en vigor, estos instrumentos recogen varios principios de derecho internacional sobre esta materia, instrumentos que se pueden invocar con fundamento en el artículo 29.d) de la Convención Americana. Según esta disposición, no se puede interpretar ninguno de los preceptos de dicha Convención en el sentido de "excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

37. En el artículo 17.1 de la citada Declaración de las Naciones Unidas se sostiene que:

Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

A su vez, el artículo III de la mencionada Convención Interamericana dispone:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

38. Además, en la legislación interna de Guatemala, el artículo 201 TER del Código Penal -reformado por Decreto No. 33-96 del Congreso de la República aprobado el 22 de mayo de 1996- dispone, en su parte pertinente, que el delito de desaparición forzada "se considera continuado en tanto no se libere a la víctima".

39. Lo anterior significa que, de acuerdo con los mencionados principios de derecho internacional, recogidos también por la legislación guatemalteca, la desaparición forzada implica la violación de varios derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana, y que los efectos de estas infracciones, aún cuando algunas, como en este caso, se hubiesen consumado, pueden prolongarse de manera continua o permanente hasta el momento en que se establezca el destino o paradero de la víctima.

40. En virtud de lo anterior, como el destino o paradero del señor Blake no se conoció por los familiares de la víctima hasta el 14 de junio de 1992, es decir con posterioridad a la fecha en que Guatemala se sometió a la jurisdicción contenciosa de este Tribunal, la excepción preliminar que hizo valer el Gobierno debe considerarse infundada en cuanto a los efectos y conductas posteriores a dicho sometimiento. Por ello esta Corte tiene competencia para conocer de las posibles violaciones que impute la Comisión al propio Gobierno en cuanto a dichos efectos y conductas.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No 27, párrs. 33-40.

4.1.2. "[e]ste derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción"

4.1.3. "[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente"

155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. . . .

. . . .

157. La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención . . . .

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 155 y 157.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 163 y 165.

Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 147 y 150.

Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No. 27, párr. 35.

159. La Comisión ha solicitado a la Corte determinar que Honduras ha violado los derechos garantizados a Manfredo Velásquez por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención. El Gobierno ha negado los cargos y pretende una sentencia absolutoria.

. . . .

185. De todo lo anterior se concluye que de los hechos comprobados en este juicio resulta que el Estado de Honduras es responsable de la desaparición involuntaria de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez. En consecuencia, son imputables a Honduras violaciones a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención.

. . . .

188. El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención (supra 157). El contexto en que se produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años después continúe ignorándose qué ha sido de él, son de por sí suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Velásquez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya práctica sistemática comprendía la ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cadáver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigación de lo ocurrido, representa una infracción de un deber jurídico, a cargo de Honduras, establecido en el artículo 1.1 de la Convención en relación con el artículo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevención razonable de situaciones que puedan redundar en la supresión de ese derecho.

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 159, 185 y 188.

Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 168, 195 y 198.

57. En lo que se refiere a la muerte del señor Asok Gangaram Panday, encontrándose detenido y recluido en el "albergue para deportados, que se encuentra en [el] complejo de la Brigada de Zanderij", aprecia la Corte lo siguiente:

a. Encuentra la Corte demostrado que el señor Asok Gangaram Panday falleció encontrándose recluido y bajo la custodia de miembros de la Policía Militar de Suriname (cfr. informe del cuerpo de Policía Militar de Suriname, suscrito por Achong J. G., Alférez de la Policía Militar el 17 de noviembre de 1988; proceso verbal instruido por R. S. Wolfram, Inspector de Policía del Servicio Técnico de Pesquisas y Reconocimientos de Paramaribo, de fecha 8 de noviembre de 1988; informe de la autopsia y certificado de defunción del señor Choeramoenipersad (Asok) Gangaram Panday, suscritos ambos por el patólogo doctor M. A. Vrede, los días 11 y 14 de noviembre de 1988, respectivamente).

b. También está demostrado que la víctima falleció por asfixia mecánica debida a suspensión (ahorcamiento) (cfr. informe de autopsia, suscrito por el doctor M. A. Vrede; opinión, dada a instancias del profesor Claudio Grossman asesor de la Comisión, del doctor Richard J. Baltaro, anatomopatólogo, el 4 de febrero de 1990; informe médico forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, expedido en noviembre de 1992; experticia médico legal preparada por la División General de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela; fotografías del cadáver suspendido de la víctima).

58. En lo relativo a la etiología de la muerte de Asok Gangaram Panday y en favor de una probable hipótesis de homicidio, en los términos que sugiere el texto de la memoria de la Comisión cuando dice que "el mismo 20 de marzo [de 1990] el Profesor Grossman remitió a la Comisión una copia del certificado del Dr. Vrede del día 14 de noviembre de 1988, en el que se señala que Asok Gangaram Panday murió por asfixia causada por violencia" (subrayado de la Corte), no aparecen de los autos indicios al respecto.

59. Consta en el certificado de defunción con fines de cremación, la declaratoria del forense de que "la víctima pereció de muerte violenta" y también consta que dicho certificado fue emitido sobre un modelo o machote del Laboratorio Patológico Anatómico del Hospital Académico de Paramaribo, en otro de cuyos ejemplares, anexo al expediente, por vía contraria, se indica "[n]o ha habido muerte violenta". De suyo, entonces, siendo la causa determinada de la muerte de Asok Gangaram Panday asfixia por suspensión, mal podía certificarse su muerte como no violenta, es decir, por causas naturales.

60. El suicidio es la hipótesis más probable dentro del expediente, avalada por el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y por la experticia Médico Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela. En el texto de este último se lee lo siguiente:

Basándonos en la absoluta ausencia de violencia física, la posición del cadáver al ser hallado, las características del lazo y su posición con respecto al lavamanos, la aparente ausencia de lesiones en la laringe o tráquea con la excepción de la "hemorragia en los músculos del cuello" y la presencia de congestión y edema pulmonar, concluimos que la causa de muerte fue: "ASFIXIA MECÁNICA POR AHORCAMIENTO, SECUNDARIA A SÍNDROME VASO-VAGAL O A INSUFICIENCIA CIRCULATORIA CEREBRAL AGUDA POR COMPRESIÓN DE VENAS YUGULARES Y/O ARTERIAS CAROTIDAS. LAS EVIDENCIAS MOSTRADAS PARA EL ESTUDIO: MATERIAL FOTOGRÁFICO Y PROTOCOLO DE AUTOPSIA, FAVORECEN AL SUICIDIO COMO MÓVIL" (Mayúsculas en el original).

61. La Corte considera que si bien se encuentran suficientes elementos en los autos que de manera concordante dicen acerca del ahorcamiento de Asok Gangaram Panday, no obran pruebas convincentes acerca de la etiología de su muerte que permitan responsabilizar de la misma a Suriname. No modifica la conclusión anterior la circunstancia de que el agente del Gobierno hubiera reconocido, en la contra-memoria, que la víctima estuviera afectada en su estado de ánimo por la expulsión de los Países Bajos y que esa situación psicológica se hubiera acrecentado por la detención. En efecto, resulta forzado deducir de una manifestación semejante reconocimiento alguno de responsabilidad del Gobierno y, en cambio, sí es posible concluir de ella su opinión de que se sumaron en la mente de la víctima otros factores anteriores a su detención.

62. Podría, sin embargo, argumentarse que la circunstancia de que la Corte considere, por vía de inferencia, que la detención de la víctima fue ilegal, debería llevarla, igualmente, a concluir que hubo una violación del derecho a la vida por parte de Suriname porque, de no haber sido detenida la persona, probablemente no habría perdido la vida. Sin embargo, la Corte piensa que en materia de responsabilidad internacional de los Estados por violación de la Convención

[l]o decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención (Caso Velázquez Rodríguez, supra 49, parr. 173; Caso Godínez Cruz, supra 49, parr. 183).

En las circunstancias de este caso, no es posible fijar la responsabilidad del Estado en los términos descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte está determinando una responsabilidad por detención ilegal por inferencia y no porque haya sido demostrado que la detención fue, en efecto, ilegal o arbitraria o que el detenido haya sido torturado. Y así lo declara.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 57-62.

2. En nuestro criterio, a partir del momento en que la Corte estableció, aun por inferencia, la responsabilidad del Estado demandado, por detención ilegal del señor Gangaram Panday, era necesario que ella aceptara las consecuencias que dicha determinación conlleva en cuanto a la protección del derecho a la vida de la víctima. Tanto más cuanto que, en su propia contra - memoria, el Estado demandado admitió que la detención de Asok Gangaram Panday "[acrecentó] su depresión y desprecio a la vida", lo que no puede desligarse de la causa mortis. Y, en todo caso, fue por no haber contado con los textos legislativos que expresamente le solicitó la Corte al Estado demandado, que ésta no pudo extenderse en sus razonamientos relativos a la ilegalidad o no, a la arbitrariedad o no de la detención denunciada.

3. El derecho a la vida y su garantía y respeto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo, no sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas para protegerla y preservarla (obligación positiva).

4. La protección internacional de los derechos humanos, en relación con el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene una dimensión preventiva en donde el deber de debida diligencia asume, en los casos de detención ilegal, connotaciones más severas. Esta, la debida diligencia, impone a los Estados el deber de una prevención razonable en aquellas situaciones - como ahora en el sub judice - que pudieran conducir, incluso por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida.

5. Con base en lo anterior, los suscritos Jueces consideramos que, en este caso, la responsabilidad del Estado demandado debió determinarse a la luz, conjuntamente, de los artículos 7.2 y 4.1, en conexión con el artículo 1.1, de la Convención Americana.

Voto Disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 2-5.

74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". La expresión "arbitrariamente" excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros Penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra 52), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres.

75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores, "[e]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.

Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana". (Caso Velásquez Rodríguez, supra 62, párr. 154; Caso Godínez Cruz, supra 63, párr. 162).

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párrs. 74-75.

76. De las circunstancias que rodearon la debelación del Penal San Juan Bautista y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas a que se refiere el presente caso, del reconocimiento del señor Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que "tres de los [cadáveres no identificados] sin duda corresponden a esas tres personas" y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párr. 76.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22, párr. 53.

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párr. 72.

53. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera probados:

a. Que el Municipio de San Alberto (Cesar), lugar donde ocurrieron los hechos sub judice, era en esa poca una zona de intensa actividad del Ejército, paramilitares y guerrilleros (particularmente los testimonios e Gonzalo Arias Alturo, Carlos Julio Parra Ramírez, Elizabeth Monsalve Camacho, Armando Sarmiento Mantilla y Juan Salcedo Lora).

b. No obstante que los diversos testimonios rendidos ante este Tribunal en la audiencia pública y en Colombia, así como en los procesos internos tramitados en ese país, difieren sobre los detalles relativos al lugar y a la hora de la detención, sí existen indicios suficientes para inferir la razonable conclusión de que la detención y la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron efectuadas por personas que pertenecían al Ejército colombiano y por varios civiles que colaboraban con ellos (testimonios de Rosa Delia Valderrama; la menor Sobeida Quintero; Elida González Vergel y Javier Páez y las declaraciones de Gonzalo Arias Alturo). La circunstancia de que a más de seis años de transcurridos los hechos no se haya tenido noticias de ellos, permite razonablemente inducir que Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fallecieron.

c. Esta conclusión se refuerza con los datos que constan en el proceso penal que se siguió ante el Juez Segundo de Orden Público de Valledupar por secuestro de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, juicio en el cual se dictaron medidas de detención preventiva contra Gonzalo Pinzón Fontecha, el Capitán Héctor Alirio Forero Quintero y Gonzalo Arias Alturo, pues el juez consideró que había elementos que hacían presumible su responsabilidad en ese delito. Después fueron absueltos por no existir pruebas suficientes, pero con motivo de posteriores declaraciones de Gonzalo Arias Alturo, se ordenó la reapertura de ese juicio criminal.

d. Además, debe tomarse en consideración que, en otros procesos ante las jurisdicciones penal y militar, se condenó a los inculpados y al cabo Norberto Báez Báez por otros ilícitos (hurto agravado, abuso de confianza y porte ilegal de armas) realizados un mes después de la desaparición de Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Esto demuestra que los militares y los civiles mencionados actuaban de concierto para cometer delitos. Las declaraciones dadas por el Capitán Forero en este proceso hicieron necesario que fuera sometido a exámenes psiquiátricos y a tratamiento en un hospital militar por padecer, según el examen médico respectivo, de trastorno mental paranoide de carácter permanente.

e. Finalmente, en la resolución de 26 de abril de 1990 del fuero disciplinario militar, se dio de baja definitiva del Ejército colombiano al mencionado Capitán Forero porque "no llevó a cabo su obligación de guarda, como garante de la vida e integridad personal de [dos] ciudadanos, conducta que conllevó el desaparecimiento de los aprehendidos a manos de los efectivos militares...", sucedida un año antes, en región próxima a la cual ocurrió la de Isidro Caballero y María del Carmen Santana.

. . . .

63. En cambio, habiendo quedado establecida la responsabilidad de Colombia por la captura de carácter ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad personal y del derecho a la vida de las personas mencionadas, garantizados por los artículos 7 y 4 de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22, párrs. 53 y 63.

Las normas jurídicas de los tratados deben interpretarse en el sentido de que produzcan un resultado y no en el de que no produzcan ninguno, como lo indica la sana hermenéutica. En el derecho penal, si una persona es muerta con un puñal, es obvio que también fue víctima de lesiones personales, pero es el asesinato el delito que se cometió y a ningún Juez se le ocurriría interpretar las normas en el sentido de que el muerto fue víctima de asesinato y lesiones. Lo mismo sucede en materia de violaciones a los derechos humanos. La Comisión parece no entender esto porque demanda por una retahíla de violaciones conexas pero absorbidas por otras que luego no puede sustentar debidamente. La Corte no puede incurrir en el mismo error.

Esto no quiere decir que, en materia de derechos humanos, no se puedan consumar varias violaciones simultáneas o sucesivamente, como en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, en los que la Corte consideró probadas una detención prolongada sin fórmula de juicio por largo tiempo con presumibles torturas, antes de la muerte. En el caso sub judice, sin embargo, no se presenta el mismo cuadro, ya que según los autos las dos personas fueron aparentemente detenidas alrededor de las 7:00 p.m. y muertas antes de medianoche, de manera que, si bien es cierto que el proceso que se siguió en Colombia lo fue por secuestro, aquí de lo que se trata es de violación del derecho a la vida (artículo 4), ya que la Corte tampoco encontró probada la tortura. En el caso Gangaram Panday la Corte dijo que "no [era] posible fijar la responsabilidad del Estado en los términos descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte está determinando una responsabilidad por detención ilegal por inferencia y no porque haya sido demostrado que la detención fue, en efecto, ilegal o arbitraria o que el detenido haya sido torturado" (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 62).

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22.

68. La Corte examina ahora si hubo violación al artículo 4 (Derecho a la Vida) por parte del Estado. Dicho artículo, en su inciso 1, establece que . . . .

69. En su demanda, la Comisión consideró que la desaparición forzada de personas implica

múltiples violaciones de la Convención y como fundamento de su alegato, citó la jurisprudencia de esta Corte. En cuanto a la supuesta violación del artículo 4, la Comisión alegó que "desde su detención por miembros de la fuerza policial en octubre de 1990, Ernesto Rafael Castillo Páez continúa desaparecido lo que hace presumir su muerte".

70 En su contestación a la demanda, el Estado alegó que una desaparición no significa necesariamente la muerte de la víctima y que no podía castigar al posible autor de la detención por un delito de asesinato, "pues faltaría precisamente el cuerpo del delito, condición que es exigida unánimemente por la doctrina penalista contemporánea". Además, el Estado señaló que "una cosa es la situación misma de hecho de la indeterminación del paradero de una persona, y otra cosa muy distinta es la muerte de ésta, con la consiguiente lesión del bien jurídico vida". El Estado manifestó también que la Comisión no ha probado "a cabalidad que hayan sido efectivos policiales quienes han privado de la libertad a Ernesto Rafael Castillo Páez y menos aún que hubieran atentado contra su vida". Agregó que con sólo la indeterminación del paradero del señor Castillo Páez no podría llegarse a la afirmación de que el Estado es responsable. Al finalizar su análisis sobre el artículo 4, el Estado consideró que la Corte debió "rechazar de plano este extremo de la demanda que no se sustenta en prueba alguna, pero sí en una fuerte dosis de especulaciones que intenta involucrar al Estado Peruano en hechos en los que no tiene responsabilidad alguna, pues éste no ha violado el derecho a la vida".

71. La Corte considera demostrada la violación del artículo 4 de la Convención que protege el derecho a la vida, ya que el señor Castillo Páez fue detenido arbitrariamente por agentes de la Policía del Perú; que dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las cuales, por el contrario, lo ocultaron para que no fuese localizado, y que desde entonces se desconoce su paradero por lo que se puede concluir que, debido al tiempo transcurrido desde el 21 de octubre de 1990 a la fecha, la víctima ha sido privada de la vida (supra, párr. 43).

72. Este Tribunal ha señalado en fallos anteriores, que con la desaparición de personas se violan varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el de la vida, cuando hubiese transcurrido, como en este caso, un período de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima (Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 76, Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 56 y Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 39).

73. No puede admitirse el argumento del Estado en el sentido de que la situación misma de la indeterminación del paradero de una persona, no implica que hubiese sido privada de su vida, ya que "faltaría. . el cuerpo del delito", como lo exige, según él, la doctrina penal contemporánea. Es inaceptable este razonamiento puesto que bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de la víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los infractores, quienes en estas situaciones pretenden borrar toda huella de la desaparición.

74. Lo anterior se refuerza, en cuanto a las desapariciones, con las declaraciones del perito doctor Enrique Bernales Ballesteros, durante la audiencia pública, y que no fueron desvirtuadas por el Estado, en el sentido de que cuando ocurrieron los hechos en este caso, existía una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas como miembros de los grupos subversivos y presentó estadísticas sobre el incremento de dichas desapariciones durante este período (supra, párr. 42).

Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 68-74.

4.1.3.1. uso desproporcionado de fuerza

61. En el presente caso, el Perú tenía el derecho y el deber de ejecutar la debelación del motín del Penal San Juan Bautista, más aun cuando no se produjo en forma súbita sino que parece haber sido preparado con anticipación, pues los detenidos habían fabricado armas de diversos tipos, excavado túneles y asumido prácticamente el control del Pabellón Azul. También debe tenerse en cuenta que en la primera fase de la debelación por la Guardia Republicana los detenidos capturaron como rehenes a un cabo y dos guardias, causaron heridas a otros cuatro y tomaron posesión de tres fusiles y una pistola ametralladora con los que produjeron muertes entre las fuerzas que entraron a debelar el motín.

62. En el informe de mayoría de la comisión investigadora del Congreso del Perú se dice que "[d]el resultado logrado se infiere, sin embargo, la desproporción del potencial bélico empleado. La demolición final, luego de la rendición producida a las 14:30 horas del día diecinueve, no tendría explicación lógica y en consecuencia sería injustificada". También el informe de minoría dice: "Está demostrado que el Gobierno, al incumplir con su obligación de proteger la vida humana dio órdenes que trajeron como consecuencia un injustificado número de muertos . . . La fuerza militar utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron precaución alguna por reducir los costos humanos de la debelación". (supra 43).

63. Se considera innecesario analizar si los funcionarios y autoridades que tomaron parte en la debelación del motín actuaron o no dentro de sus funciones y de acuerdo con su derecho interno, ya que la responsabilidad de los actos de los funcionarios del Gobierno es imputable al Estado con independencia de que hayan actuado "en contravención de disposiciones de derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno" (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 170; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 179).

64. De los noventa y siete cadáveres a los que les fueron practicadas necropsias, únicamente fueron identificados siete. No consta que se hayan realizado todas las diligencias necesarias para obtener mayor número de identificaciones, ni que se haya solicitado la ayuda de los familiares de las víctimas para ese propósito. Es de notar la discrepancia que existe entre el número de los detenidos con el Pabellón Azul antes del motín y la suma de los amotinados que se rindieron más el número de muertos. Según el proceso realizado en el Fuero Militar, hubo 111 muertos (restos óseos de 14 personas y 97 cadáveres) y 34 sobrevivientes, lo que daría un total de 145 personas, mientras que la lista extraoficial entregada por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario comprende 152 reclusos antes del motín. La remoción de los escombros se efectuó entre el 23 de junio de 1986 y el 31 de marzo de 1987, es decir, en un lapso de nueve meses.

65. La Corte considera que no corresponde a la Comisión demostrar el paradero de las tres personas a que se refiere éste proceso, sino que, por la circunstancia de que en su momento los penales y luego las investigaciones estuvieron bajo el control exclusivo del Gobierno, la carga de la prueba recae sobre el Estado demandado. Estas pruebas estuvieron a disposición del Gobierno o deberían haberlo estado si éste hubiera procedido con la necesaria diligencia. La Corte en casos anteriores ha dicho:

[a] diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la práctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno . (Caso Velásquez Rodríguez, supra 63, párrs. 135-136; Caso Godínez Cruz, supra 63, párrs. 141-142).

66. La Corte considera probado que Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista el día 18 de junio de 1986, fecha en que comenzó la debelación del motín. Este hecho consta en la nómina presentada por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario al juez instructor del vigésimo Primer Juzgado de Lima que tramitaba un recurso de hábeas corpus y en la que el Jefe de Identificación del Penal San Juan Bautista presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción Permanente de Marina, y este hecho no ha sido contradicho por el Gobierno.

67. La Corte considera probado que las tres personas referidas no se encontraban entre los amotinados que se rindieron y que sus cadáveres no fueron identificados. Lo anterior consta en la nota del 20 de septiembre de 1990 dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a la Comisión, transmitida por su Embajador Alterno ante la OEA, la cual vincula al Estado peruano (cfr. Legal Status of Eastern Greenland Judgment, 1933, P.C.I.J., Series A/B, pág. 71), y que dice:

[l]os presuntos desaparecidos Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar, no se encuentran entre los amotinados que se rindieron en los sucesos del penal de San Juan Bautista, de 18 a 19 de junio de 1986, ni sus cadáveres están entre los pocos que pudieron ser identificados, de acuerdo con los autos.

En cambio, a raíz de esos sucesos se extendieron 92 partidas de defunción correspondientes a cadáveres no identificados, tres de los cuales sin duda corresponden a esas tres personas, que la Comisión da por desaparecidos.

68. En el presente caso queda excluida la evasión de los reclusos y la actuación de terceros diferentes a las autoridades del Estado, que no han sido invocadas por el Estado peruano.

69. La Corte considera probado que el Pabellón fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, como se desprende de los informes presentados por los peritos en la audiencia (supra párrs. 47 y 48) y de la declaración rendida el 16 de julio de 1986 ante el juez instructor del Vigésimo Primer Juzgado de Lima por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario y de la circunstancia de que muchos de los muertos según las necropsias lo hubieran sido por aplastamiento. Los informes de mayoría y de minoría del Congreso (supra párr. 43) son congruentes en lo que se refiere al uso desproporcionado de la fuerza, tienen carácter oficial y son considerados por esta Corte como prueba suficiente de ese hecho.

70. También debe tomarse en consideración que en el informe de la comisión de minoría del Congreso se afirmó, sin objeción por parte del Gobierno, que hubo falta de interés en el rescate de los amotinados que quedaron con vida luego de la demolición, ya que unos días después aparecieron cuatro reclusos vivos y podría haber habido más (supra párr. 43).

71. La Corte considera también probado que no se usó de la diligencia necesaria para la identificación de los cadáveres, pues sólo unos pocos de los que fueron rescatados en los días inmediatamente siguientes a la terminación del conflicto fueron identificados. De los demás, que fueron recuperados en un lapso de nueve meses, ciertamente muy largo, aunque según declaración de los expertos (supra 56 y 57) con ciertas técnicas hubiera podido hacerse la identificación, tampoco se hizo. Este comportamiento del Gobierno constituye una grave negligencia.

72. La Corte concluye de todo lo anterior que los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar perecieron por efecto de la debelación del motín en manos de las fuerzas del Gobierno y como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza.

73. Pasa ahora la Corte a determinar si los actos y omisiones imputables al Estado constituyen violaciones de la Convención Americana. Debe señalarse que la Comisión en su demanda indica como violados los artículos 1, 2, 4, 7, 8 y 25, pero en el alegato final omite el artículo 2 y agrega los artículos 5 y 27.

74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". La expresión "arbitrariamente" excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros Penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra 52), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres.

75. Como ya lo ha dicho esta Corte en casos anteriores, "[e]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.

Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana". (Caso Velásquez Rodríguez, supra 62, párr. 154; Caso Godínez Cruz, supra 63, párr. 162).

76. De las circunstancias que rodearon la debelación del Penal San Juan Bautista y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas a que se refiere el presente caso, del reconocimiento del señor Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que "tres de los [cadáveres no identificados ] sin duda corresponden a esas tres personas" y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, párrs. 61-76.

4.2.1. régimen de la pena de muerte en la Convención

51. El análisis del régimen de la pena de muerte, permitida dentro de ciertos límites por el artículo 4, plantea problemas relativos a la medida en que es posible restringir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Convención, así como el alcance y sentido de la aplicación de tales restricciones. En tal virtud, resultan pertinentes en esta materia los criterios que se desprenden de los artículos 29 y 30 de la misma, que dicen . . . .

52. El objeto del artículo 4 de la Convención es la protección al derecho a la vida. Pero dicho artículo, después de definir de modo general ese propósito en su primer párrafo, dedica los cinco siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte. En verdad el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, sea en su imposición, sea en su aplicación.

53. El asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y por un principio procesal según el cual "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". De ahí que, en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito (supra, párr. no. 9). La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indican el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido.

54. Un nuevo grupo de limitaciones aparece a propósito del género de delitos que podrían acarrear dicha pena. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención reduzca el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena aplicable sólo en condiciones verdaderamente excepcionales. Por último, en relación con la persona del convicto, la Convención excluye la imposición de la pena de muerte a quienes, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años o más de setenta y prohibe su aplicación a mujeres en estado de gravidez (artículo 4.5).

55. Quedan así definidos tres grupos de limitaciones para la pena de muerte en los países que no han resuelto su abolición. En primer lugar, la imposición o aplicación de dicha pena está sujeta al cumplimiento de reglas procesales cuyo respeto debe vigilarse y exigirse de modo estricto. En segundo lugar, su ámbito de aplicación debe reducirse al de los más graves delitos comunes y no conexos con delitos políticos. Por último, es preciso atender a ciertas consideraciones propias de la persona del reo, las cuales pueden excluir la imposición o aplicación de la pena capital.

56. Es, sin embargo, en otro sentido como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de la pena de muerte, subyacente en el artículo 4 de la Convención. En efecto, según el artículo 4.2 in fine, "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente" y, según el artículo 4.3, "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohibe de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable.

57. En esta materia la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final.

58. Los trabajos preparatorios de la Convención confirman el sentido resultante de la interpretación textual del artículo 4. En efecto, la propuesta de varias delegaciones para que se proscribiera la pena de muerte de modo absoluto, aunque no alcanzó la mayoría reglamentaria de votos afirmativos, no tuvo un solo voto en contra. (Ver en general, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 (en adelante "Actas y Documentos") repr. 1978, esp. págs. 161, 295-296 y 440-441). La actitud general y la tendencia ampliamente mayoritaria de la Conferencia fueron recogidas en la siguiente declaración presentada ante la Sesión Plenaria de Clausura por catorce de las diecinueve delegaciones participantes (Costa Rica, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Honduras, República Dominicana, Guatemala, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Paraguay):

Las Delegaciones abajo firmantes, participantes de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre (Actas y Documentos, supra, pág. 467).

Coincide con tales expresiones lo señalado por el Relator de la Comisión I, en el sentido de que "la Comisión dejó constancia, en este artículo, de su firme tendencia a la supresión de la pena (de muerte)" (Actas y Documentos, supra, pág. 296).

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 51-58.

4.2.2. "[e]n los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse . . ."

52. El objeto del artículo 4 de la Convención es la protección al derecho a la vida. Pero dicho artículo, después de definir de modo general ese propósito en su primer párrafo, dedica los cinco siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte. En verdad el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de dicha pena, sea en su imposición, sea en su aplicación.

53. El asunto está dominado por un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y por un principio procesal según el cual "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". De ahí que, en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito (supra, párr. no. 9). La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los artículos 8 y 9 indican el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 52-53.

4.2.3. prohibición de extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

56. Es, sin embargo, en otro sentido como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de la pena de muerte, subyacente en el artículo 4 de la Convención. En efecto, según el artículo 4.2 in fine, "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente" y, según el artículo 4.3, "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohibe de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable.

. . . .

59. De modo que, al interpretar la parte final del artículo 4.2 "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (artículo 31.1 de la Convención de Viena), no es posible albergar duda alguna respecto de la prohibición absoluta contenida en esa disposición, según la cual ninguno de los Estados Partes puede disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estuviese contemplada previamente por su legislación interna. Ninguna disposición de la Convención autoriza para dar un sentido distinto al de por sí claro texto del artículo 4.2, in fine. El único camino para llegar a una conclusión diferente sería una reserva formulada oportunamente que excluyera en alguna medida la aplicación de la mencionada disposición respecto del Estado reservante, siempre que dicha reserva fuera compatible con el objeto y fin de la Convención.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 56 y 59.

67. Con base en las anteriores consideraciones, y en vista de que la primera pregunta formulada por la Comisión encuentra respuesta directa en el texto mismo del artículo 4.2 de la Convención, la Corte pasa a examinar la segunda de las cuestiones que le ha sido sometida: "2. ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?". En otros términos: ¿puede un Estado que ha reservado el artículo 4.4 de la Convención, el cual prohibe aplicar la pena de muerte a los delitos comunes conexos con los políticos, considerar que esa reserva se extiende al artículo 4.2 e invocarla para imponer esa pena a delitos a los que no se aplicaba anteriormente, a pesar de la prohibición contenida en esta última norma? Las dificultades que podrían surgir al intentar responder esa pregunta en abstracto quedan superadas desde el momento en que la Comisión trajo a colación la reserva específica formulada por Guatemala, en función de la cual se hará el análisis siguiente y que será objeto de algunas consideraciones particulares.

68. Al relacionar el artículo 4.4 con el artículo 4.2, la Corte encuentra que el significado de ambas disposiciones en su contexto es perfectamente claro y diferente, en el sentido de que, mientras el artículo 4.2 establece un límite definitivo a la pena de muerte para toda clase de delitos hacia el futuro, el artículo 4.4 la proscribe para los delitos políticos y comunes conexos con ellos, lo que obviamente se refiere a aquellos que estuvieran sancionados con la pena capital con anterioridad, ya que para el futuro habría bastado con la prohibición del artículo 4.2. Se trata, pues, de dos normas de propósitos claramente diferentes: mientras el artículo 4.4 persigue suprimir la pena de muerte para ciertos delitos, el artículo 4.2 busca prohibir la extensión de su uso en el futuro. Es decir, sobre la prohibición contenida en el artículo 4.2 de extender la aplicación de la pena capital, el artículo 4.4 vino a agregar una prohibición más: la de aplicarla a los delitos políticos y comunes conexos, aun cuando ya tuvieran prevista dicha pena con anterioridad.

69. ¿Qué implica, entonces, una reserva al artículo 4.4 de la Convención en los términos de la presente consulta? Para contestar esta pregunta, debe ante todo recordarse que el Estado que la formula no reserva más de lo expresado textualmente en la misma. Como la reserva no puede ir más allá de exceptuar al Estado reservante de la prohibición de aplicar la pena de muerte a delitos políticos o conexos con ellos, debe entenderse que para él la parte no reservada del artículo permanece aplicable y en todo vigor.

70. Además, si se analiza la totalidad del artículo 4, cuyo párrafo 2 establece la prohibición absoluta de extender en el futuro la aplicación de la pena de muerte, se debe concluir que si un Estado reserva el párrafo 4 sin reservar al mismo tiempo el 2, lo único que reserva es la posibilidad de mantener la pena de muerte para delitos políticos o conexos con ellos que ya la tuvieran establecida con anterioridad. De manera que, al no haber hecho reserva sobre el párrafo 2, debe entenderse que se mantiene plenamente para él la prohibición de aplicar la pena de muerte a nuevos delitos, sean políticos o comunes conexos con los políticos, sean comunes sin ninguna conexidad. A la inversa, si la reserva fuera al párrafo 2 pero no al 4, solamente podría significar la posibilidad de que ese Estado sancione con la pena de muerte nuevos delitos en el futuro, pero siempre que se trate de delitos comunes no conexos, porque respecto de los políticos y de los conexos con ellos regiría la prohibición no reservada del párrafo 4.

71. Tampoco puede darse a una reserva del artículo 4.4 un sentido extensivo hacia el artículo 4.2 con base en el argumento de que la reserva respecto de la proscripción de la pena de muerte para delitos políticos o conexos con ellos, carecería de sentido si no pudiera aplicarse a nuevos delitos no sancionados antes con esa pena. En efecto, una reserva de esta clase tiene aplicación y sentido en sí misma en cuanto evita que constituya violación a la Convención para el Estado reservante el mantenimiento de la pena de muerte para los delitos políticos y conexos ya sancionados con ella al entrar en vigencia la misma. Además, habiendo la Corte establecido que ambas disposiciones regulan supuestos diferentes (ver supra, párr. no. 68), no hay ninguna razón lógica ni jurídica para presumir que un Estado que, al ratificar la Convención, reservó sólo una de ellas en realidad pretendía reservar las dos.

72. Las anteriores conclusiones son aplicables, en general, a la reserva hecha por Guatemala al ratificar la Convención. Esta reserva se fundamenta únicamente en el hecho de que "la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos". Con esto simplemente se señala una realidad del derecho interno. No puede deducirse de la reserva que la Constitución de Guatemala imponga la pena de muerte a delitos comunes conexos, sino únicamente que no la prohibe. Pero nada hubiera impedido a Guatemala comprometerse a más en el orden internacional.

73. Como la reserva modifica o excluye los efectos jurídicos de la disposición reservada, para comprobar cómo opera esa modificación nada mejor que leer dicha disposición tal como queda luego de la reserva. La parte sustancial de ésta "solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos". Es claro y no ambiguo ni oscuro, ni conduce a un resultado absurdo o irrazonable de acuerdo con el sentido corriente de las palabras, entender el artículo por obra de la reserva de la siguiente manera: "4.4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos", excluyendo así los delitos comunes conexos con los políticos objeto de la reserva. De dicha reserva no puede desprenderse ninguna otra modificación a la Convención ni que el Estado pretendía ampliar la pena de muerte a nuevos delitos o reservar también el artículo 4.2.

74. De este modo, si se interpreta la reserva de Guatemala de conformidad con el sentido corriente de sus términos, dentro del contexto general de la Convención y teniendo en cuenta el objeto y fin de ésta, se llega a la conclusión de que, al formularla, lo que hizo Guatemala fue indicar que no estaba dispuesta a comprometerse a más, en esta materia específica, de lo que ya lo consigna su ordenamiento constitucional. Entiende la Corte que Guatemala, al formular su reserva, lo hizo sin manifestar un rechazo absoluto a la norma reservada. Aunque tal circunstancia no la convierte en una reserva de categoría especial, por lo menos fortalece la tesis de que debe interpretarse restrictivamente.

75. Esta opinión de la Corte se refiere, por supuesto, no sólo a la reserva de Guatemala sino a toda reserva de naturaleza análoga.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 67-75.

4.3.1. prohibición de restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido

56. Es, sin embargo, en otro sentido como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación de la pena de muerte, subyacente en el artículo 4 de la Convención. En efecto, según el artículo 4.2 in fine, "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente" y, según el artículo 4.3, "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido". No se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohibe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohibe de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e irrevocable.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párr. 56.

4.4.1. prohibición de aplicar la pena de muerte por delitos políticos o conexos con los políticos.

67. Con base en las anteriores consideraciones, y en vista de que la primera pregunta formulada por la Comisión encuentra respuesta directa en el texto mismo del artículo 4.2 de la Convención, la Corte pasa a examinar la segunda de las cuestiones que le ha sido sometida: "2. ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?". En otros términos: ¿puede un Estado que ha reservado el artículo 4.4 de la Convención, el cual prohibe aplicar la pena de muerte a los delitos comunes conexos con los políticos, considerar que esa reserva se extiende al artículo 4.2 e invocarla para imponer esa pena a delitos a los que no se aplicaba anteriormente, a pesar de la prohibición contenida en esta última norma? Las dificultades que podrían surgir al intentar responder esa pregunta en abstracto quedan superadas desde el momento en que la Comisión trajo a colación la reserva específica formulada por Guatemala, en función de la cual se hará el análisis siguiente y que será objeto de algunas consideraciones particulares.

68. Al relacionar el artículo 4.4 con el artículo 4.2, la Corte encuentra que el significado de ambas disposiciones en su contexto es perfectamente claro y diferente, en el sentido de que, mientras el artículo 4.2 establece un límite definitivo a la pena de muerte para toda clase de delitos hacia el futuro, el artículo 4.4 la proscribe para los delitos políticos y comunes conexos con ellos, lo que obviamente se refiere a aquellos que estuvieran sancionados con la pena capital con anterioridad, ya que para el futuro habría bastado con la prohibición del artículo 4.2. Se trata, pues, de dos normas de propósitos claramente diferentes: mientras el artículo 4.4 persigue suprimir la pena de muerte para ciertos delitos, el artículo 4.2 busca prohibir la extensión de su uso en el futuro. Es decir, sobre la prohibición contenida en el artículo 4.2 de extender la aplicación de la pena capital, el artículo 4.4 vino a agregar una prohibición más: la de aplicarla a los delitos políticos y comunes conexos, aun cuando ya tuvieran prevista dicha pena con anterioridad.

69. ¿Qué implica, entonces, una reserva al artículo 4.4 de la Convención en los términos de la presente consulta? Para contestar esta pregunta, debe ante todo recordarse que el Estado que la formula no reserva más de lo expresado textualmente en la misma. Como la reserva no puede ir más allá de exceptuar al Estado reservante de la prohibición de aplicar la pena de muerte a delitos políticos o conexos con ellos, debe entenderse que para él la parte no reservada del artículo permanece aplicable y en todo vigor.

70. Además, si se analiza la totalidad del artículo 4, cuyo párrafo 2 establece la prohibición absoluta de extender en el futuro la aplicación de la pena de muerte, se debe concluir que si un Estado reserva el párrafo 4 sin reservar al mismo tiempo el 2, lo único que reserva es la posibilidad de mantener la pena de muerte para delitos políticos o conexos con ellos que ya la tuvieran establecida con anterioridad. De manera que, al no haber hecho reserva sobre el párrafo 2, debe entenderse que se mantiene plenamente para él la prohibición de aplicar la pena de muerte a nuevos delitos, sean políticos o comunes conexos con los políticos, sean comunes sin ninguna conexidad. A la inversa, si la reserva fuera al párrafo 2 pero no al 4, solamente podría significar la posibilidad de que ese Estado sancione con la pena de muerte nuevos delitos en el futuro, pero siempre que se trate de delitos comunes no conexos, porque respecto de los políticos y de los conexos con ellos regiría la prohibición no reservada del párrafo 4.

71. Tampoco puede darse a una reserva del artículo 4.4 un sentido extensivo hacia el artículo 4.2 con base en el argumento de que la reserva respecto de la proscripción de la pena de muerte para delitos políticos o conexos con ellos, carecería de sentido si no pudiera aplicarse a nuevos delitos no sancionados antes con esa pena. En efecto, una reserva de esta clase tiene aplicación y sentido en sí misma en cuanto evita que constituya violación a la Convención para el Estado reservante el mantenimiento de la pena de muerte para los delitos políticos y conexos ya sancionados con ella al entrar en vigencia la misma. Además, habiendo la Corte establecido que ambas disposiciones regulan supuestos diferentes (ver supra, párr. no. 68), no hay ninguna razón lógica ni jurídica para presumir que un Estado que, al ratificar la Convención, reservó sólo una de ellas en realidad pretendía reservar las dos.

72. Las anteriores conclusiones son aplicables, en general, a la reserva hecha por Guatemala al ratificar la Convención. Esta reserva se fundamenta únicamente en el hecho de que "la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos". Con esto simplemente se señala una realidad del derecho interno. No puede deducirse de la reserva que la Constitución de Guatemala imponga la pena de muerte a delitos comunes conexos, sino únicamente que no la prohibe. Pero nada hubiera impedido a Guatemala comprometerse a más en el orden internacional.

73. Como la reserva modifica o excluye los efectos jurídicos de la disposición reservada, para comprobar cómo opera esa modificación nada mejor que leer dicha disposición tal como queda luego de la reserva. La parte sustancial de ésta "solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos". Es claro y no ambiguo ni oscuro, ni conduce a un resultado absurdo o irrazonable de acuerdo con el sentido corriente de las palabras, entender el artículo por obra de la reserva de la siguiente manera: "4.4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos", excluyendo así los delitos comunes conexos con los políticos objeto de la reserva. De dicha reserva no puede desprenderse ninguna otra modificación a la Convención ni que el Estado pretendía ampliar la pena de muerte a nuevos delitos o reservar también el artículo 4.2.

74. De este modo, si se interpreta la reserva de Guatemala de conformidad con el sentido corriente de sus términos, dentro del contexto general de la Convención y teniendo en cuenta el objeto y fin de ésta, se llega a la conclusión de que, al formularla, lo que hizo Guatemala fue indicar que no estaba dispuesta a comprometerse a más, en esta materia específica, de lo que ya lo consigna su ordenamiento constitucional. Entiende la Corte que Guatemala, al formular su reserva, lo hizo sin manifestar un rechazo absoluto a la norma reservada. Aunque tal circunstancia no la convierte en una reserva de categoría especial, por lo menos fortalece la tesis de que debe interpretarse restrictivamente.

75. Esta opinión de la Corte se refiere, por supuesto, no sólo a la reserva de Guatemala sino a toda reserva de naturaleza análoga.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, párrs. 67-75.

4.5.1. "[n]o se impondrá la pena de muerte a personas . . . ."

4.6.1. "[t]oda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar . . . ."