Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 30
Alcance de las Restricciones

30.0.1. alcance de las restricciones permitidas por la Convenci�n al goce y ejercicio de los derechos y libertades
30.0.2. relaci�n con otros art�culos de la Convenci�n que autorizan restricciones
30.0.3. ". . . no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren conforme por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas"
30.0.3.1. contenido de la palabra "leyes"
30.0.3.2. ". . . por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas"


Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convenci�n, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas.

30.0.1. alcance de las restricciones permitidas por la Convenci�n al goce y ejercicio de los derechos y libertades

13. La interpretaci�n de esta norma ha de hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los t�rminos empleados por el tratado en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin (art. 31 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados). Los t�rminos empleados limitan las restricciones posibles a los derechos y libertades reconocidos por la Convenci�n a los casos en que ellas deriven de leyes que cumplan con las exigencias impuestas por el propio art�culo.

14. El art�culo 30 se refiere a las restricciones que la propia Convenci�n autoriza a prop�sito de los distintos derechos y libertades que la misma reconoce. Debe subrayarse que, seg�n la Convenci�n (art. 29.a), es il�cito todo acto orientado hacia la supresi�n de uno cualquiera de los derechos proclamados por ella. En circunstancias excepcionales y bajo condiciones precisas, la Convenci�n permite suspender temporalmente algunas de las obligaciones contra�das por los Estados (art. 27). En condiciones normales, �nicamente caben restricciones al goce y ejercicio de tales derechos. La distinci�n entre restricci�n y supresi�n del goce y ejercicio de los derechos y libertades resulta de la propia Convenci�n (arts.16.3, 29.a y 30). Se trata de una distinci�n importante y la enmienda introducida al respecto en la �ltima etapa de la elaboraci�n de la Convenci�n, en la Conferencia Especializada de San Jos�, para incluir las palabras “al goce y ejercicio”, clarific� conceptualmente la cuesti�n (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San Jos�, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 (en adelante “Actas y Documentos”) repr. 1978, esp. p�g. 274).

15. La Corte entra ahora a analizar la disyuntiva de si “la expresi�n leyes utilizada por la disposici�n transcripta... se refiere a leyes en sentido formal - norma jur�dica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constituci�n-” o si en cambio se la usa “en sentido material, como sin�nimo de ordenamiento jur�dico, prescindiendo del procedimiento de elaboraci�n y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jer�rquica del respectivo orden jur�dico”.

16. La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convenci�n utiliza expresiones como “leyes”, “ley”, “disposiciones legislativas”, “disposiciones legales”, “medidas legislativas”, “restricciones legales” o “leyes internas”. En cada ocasi�n en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado espec�ficamente.

17. No obstante lo anterior, los criterios del art�culo 30 s� resultan aplicables a todos aquellos casos en que la expresi�n ley o locuciones equivalentes son empleadas por la Convenci�n a prop�sito de las restricciones que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos. En efecto, la Convenci�n no se limita a proclamar el conjunto de derechos y libertades cuya inviolabilidad se garantiza a todo ser humano, sino que tambi�n hace referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades sin violarlos. E1 art�culo 30 no puede ser interpretado como una suerte de autorizaci�n general para establecer nuevas restricciones a los derechos protegidos por la Convenci�n, que se agregar�a a las limitaciones permitidas en la regulaci�n particular de cada uno de ellos. Por el contrario, lo que el art�culo pretende es imponer una condici�n adicional para que las restricciones, singularmente autorizadas, sean leg�timas.

18. Al leer el art�culo 30 en concordancia con otros en que la Convenci�n autoriza la imposici�n de limitaciones o restricciones a determinados derechos y libertades, se observa que exige para establecerlas el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:

  1. Que se trate de una restricci�n expresamente autorizada por la Convenci�n y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida;

  2. Que los fines para los cuales se establece la restricci�n sean leg�timos, es decir, que obedezcan a “razones de inter�s general” y no se aparten del “prop�sito para el cual han sido establecidas”. Este criterio teleol�gico, cuyo an�lisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por desviaci�n de poder; y

  3. Que tales restricciones est�n dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad con ellas.

Corte I.D.H., La Expresi�n “Leyesen el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 13-18.

30.0.2. relaci�n con otros art�culos de la Convenci�n que autorizan restricciones

15. La Corte entra ahora a analizar la disyuntiva de si “la expresi�n leyes utilizada por la disposici�n transcripta... se refiere a leyes en sentido formal -norma jur�dica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constituci�n-” o si en cambio se la usa “en sentido material, como sin�nimo de ordenamiento jur�dico, prescindiendo del procedimiento de elaboraci�n y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jer�rquica del respectivo orden jur�dico”.

16. La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convenci�n utiliza expresiones como “leyes”, “ley”, “disposiciones legislativas”, “disposiciones legales”, “medidas legislativas”, “restricciones legales” o “leyes internas”. En cada ocasi�n en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado espec�ficamente.

17. No obstante lo anterior, los criterios del art�culo 30 s� resultan aplicables a todos aquellos casos en que la expresi�n ley o locuciones equivalentes son empleadas por la Convenci�n a prop�sito de las restricciones que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos. En efecto, la Convenci�n no se limita a proclamar el conjunto de derechos y libertades cuya inviolabilidad se garantiza a todo ser humano, sino que tambi�n hace referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades sin violarlos. E1 art�culo 30 no puede ser interpretado como una suerte de autorizaci�n general para establecer nuevas restricciones a los derechos protegidos por la Convenci�n, que se agregar�a a las limitaciones permitidas en la regulaci�n particular de cada uno de ellos. Por el contrario, lo que el art�culo pretende es imponer una condici�n adicional para que las restricciones, singularmente autorizadas, sean leg�timas.

Corte I.D.H., La Expresi�n “Leyesen el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 15-17.

30.0.3. “. . . no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren conforme por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas”

30.0.3.1. contenido de la palabra “leyes”

15. La Corte entra ahora a analizar la disyuntiva de si “la expresi�n leyes utilizada por la disposici�n transcripta... se refiere a leyes en sentido formal -norma jur�dica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constituci�n-” o si en cambio se la usa “en sentido material, como sin�nimo de ordenamiento jur�dico, prescindiendo del procedimiento de elaboraci�n y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jer�rquica del respectivo orden jur�dico”.

16. La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convenci�n utiliza expresiones como “leyes”, “ley”, “disposiciones legislativas”, “disposiciones legales”, “medidas legislativas”, “restricciones legales” o “leyes internas”. En cada ocasi�n en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado espec�ficamente.

17. No obstante lo anterior, los criterios del art�culo 30 s� resultan aplicables a todos aquellos casos en que la expresi�n ley o locuciones equivalentes son empleadas por la Convenci�n a prop�sito de las restricciones que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos. . . .

Corte I.D.H., La Expresi�n “Leyesen el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 15-17.

19. El significado del vocablo leyes ha de buscarse como t�rmino incluido en un tratado internacional. No se trata, en consecuencia, de determinar la acepci�n del sustantivo leyes en el derecho interno de un Estado Parte.

20. En este sentido, la Corte tiene en cuenta el hecho de que los sistemas jur�dicos de los Estados Partes en la Convenci�n se derivan de tradiciones diferentes. Algunos se inscriben en el sistema del “common law” y otros siguen la tradici�n romanista. Sus reg�menes constitucionales muestran particularidades vinculadas con su desarrollo jur�dico y pol�tico. El concepto de leyes no puede interpretarse en abstracto y, en consecuencia, no debe divorciarse del contexto del orden jur�dico que le presta sentido e incide en su aplicaci�n (Cfr. Eur. Court H.R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, p�rr. 47).

21. El sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un r�gimen de protecci�n a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal r�gimen. En efecto, la protecci�n a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y pol�ticos recogidos en la Convenci�n, parte de la afirmaci�n de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser leg�timamente menoscabados por el ejercicio del poder p�blico. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que s�lo puede penetrar limitadamente. As�, en la protecci�n a los derechos humanos, est� necesariamente comprendida la noci�n de la restricci�n al ejercicio del poder estatal.

22. Por ello, la protecci�n de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder p�blico, sino que est�n rodeados de un conjunto de garant�as enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la m�s relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci�n. A trav�s de este procedimiento no s�lo se inviste a tales actos del asentimiento de la representaci�n popular, sino que se permite a las minor�as expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formaci�n de la voluntad pol�tica o influir sobre la opini�n p�blica para evitar que la mayor�a act�e arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de alg�n r�gimen de control posterior, pero s� es, sin duda, un obst�culo importante para el ejercicio arbitrario del poder.

23. Lo anterior se deducir�a del principio -as� calificado por la Corte Permanente de Justicia Internacional (Consistency of Certain Danzig Legislative Decrees with the Constitution of the Free City, Advisory Opinion, 1935, P.C.I.J., Series A/B, No. 65, p�g. 56)- de legalidad, que se encuentra en casi todas las constituciones americanas elaboradas desde finales del Siglo XVIII, que es consubstancial con la idea y el desarrollo del derecho en el mundo democr�tico y que tiene como corolario la aceptaci�n de la llamada reserva de ley, de acuerdo con la cual los derechos fundamentales s�lo pueden ser restringidos por ley, en cuanto expresi�n leg�tima de la voluntad de la naci�n.

24. La reserva de ley para todos los actos de intervenci�n en la esfera de la libertad, dentro del constitucionalismo democr�tico, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jur�dicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garant�a efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no s�lo su proclamaci�n formal, sino la existencia de un r�gimen que garantice eficazmente su aplicaci�n y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los �rganos.

25. Ya en 1789, la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba en su art�culo 4 que

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; as�, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros l�mites que los que garantizan a los dem�s miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos l�mites s�lo pueden ser determinados por la Ley.

Desde entonces este criterio ha constituido un principio fundamental del desarrollo constitucional democr�tico.

26. En tal perspectiva no es posible interpretar la expresi�n leyes, utilizada en el art�culo 30, como sin�nimo de cualquier norma jur�dica, pues ello equivaldr�a a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinaci�n del poder p�blico, sin otra limitaci�n formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de car�cter general. Tal interpretaci�n conducir�a a desconocer l�mites que el derecho constitucional democr�tico ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclam� la garant�a de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecer�a con el Pre�mbulo de la Convenci�n Americana, seg�n el cual “los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, raz�n por la cual justifican una protecci�n internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.

27. La expresi�n leyes, en el marco de la protecci�n a los derechos humanos, carecer�a de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinaci�n del poder p�blico no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldr�a a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido l�gico e hist�rico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitaci�n a la interferencia del poder p�blico en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la expresi�n leyes, utilizada por el art�culo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jur�dica adoptada por el �rgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, seg�n el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado.

Corte I.D.H., La Expresi�n “Leyesen el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 19-27.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 165.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5 , p�rr. 174.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, p�rr. 28.

30.0.3.2. “. . . por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas

28. La Convenci�n no se limita a exigir una ley para que las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades sean jur�dicamente l�citas. Requiere, adem�s, que esas leyes se dicten “por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas”. El criterio seg�n el cual las restricciones permitidas han de ser aplicadas “con el prop�sito para el cual han sido establecidas” se encontraba ya reconocido en el Proyecto de Convenci�n sobre Derechos Humanos elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos (1959), en el que se expresaba que tales restricciones “no podr�n ser aplicadas con otro prop�sito o designio que aqu�l para el cual han sido previstas” (Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968, Washington, D.C.: Secretar�a General, OEA, 1973, p�g. 248). En cambio, la exigencia de que la aplicaci�n de las restricciones est� “conforme a leyes que se dictaren por razones de inter�s general” es el resultado de una enmienda introducida al proyecto final, en la Conferencia Especializada de San Jos�, en 1969 (Actas y Documentos, supra 14, p�g. 274).

29. El requisito seg�n la cual las leyes han de ser dictadas por razones de inter�s general significa que deben haber sido adoptadas en funci�n del “bien com�n” (art. 32.2), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden p�blico del Estado democr�tico, cuyo fin principal es “la protecci�n de los derechos esenciales del hombre y la creaci�n de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad” (“Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre " (en adelante “Declaraci�n Americana”), Considerandos, p�rr. 1).

30. “Bien com�n” y “orden p�blico” en la Convenci�n son t�rminos que deben interpretarse dentro del sistema de la misma, que tiene una concepci�n propia seg�n la cual los Estados americanos “requieren la organizaci�n pol�tica de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” (Carta de la OEA, art. 3.d); y los derechos del hombre, que “tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, deben ser objeto de protecci�n internacional (Declaraci�n Americana, Considerandos, p�rr. 2; Convenci�n Americana, Pre�mbulo, p�rr. 2).

31. La Corte expres� al respecto en anterior ocasi�n que

Es posible entender el bien com�n, dentro del contexto de la Convenci�n, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democr�ticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien com�n la organizaci�n de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democr�ticas y se preserve y promueva la plena realizaci�n de los derechos de la persona humana... No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo un�voco los conceptos de “orden p�blico” y “bien com�n”, ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder p�blico, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podr�an invocarse el “orden p�blico” o el “bien com�n” como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convenci�n o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a de la Convenci�n). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretaci�n estrictamente ce�ida a las “justas exigencias” de “una sociedad democr�tica” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convenci�n (La colegiaci�n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 66 y 67).

32. La ley en el Estado democr�tico no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y est� dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el art�culo 30, interpretado en el contexto de la Convenci�n y teniendo en cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo con el principio de legalidad (ver supra 23). Este principio, dentro del esp�ritu de la Convenci�n, debe entenderse como aquel en el cual la creaci�n de las normas jur�dicas de car�cter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los �rganos establecidos en la Constituci�n de cada Estado Parte, y a �l deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades p�blicas. En una sociedad democr�tica el principio de legalidad est� vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convenci�n, relativo al “ejercicio efectivo de la democracia representativa”, que se traduce, inter alia, en la elecci�n popular de los �rganos de creaci�n jur�dica, el respeto a la participaci�n de las minor�as y la ordenaci�n al bien com�n (ver supra 22).

33. La Declaraci�n de M�xico ha afirmado que el “fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. E1 hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad”. (“Declaraci�n de M�xico” del 6 de marzo de 1945, inciso 12. Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954. Washington, D.C.: Uni�n Panamericana, Departamento Jur�dico, 1956, p�g. 25).

34. No es posible desvincular el significado de la expresi�n leyes en el art�culo 30 del prop�sito de todos los Estados americanos expresado en el Pre�mbulo de la Convenci�n “de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democr�ticas, un r�gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” (Convenci�n Americana, Pre�mbulo, p�rr. 1). La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convenci�n forma parte. Es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. E1 r�gimen mismo de la Convenci�n reconoce expresamente los derechos pol�ticos (art. 23), que son de aquellos que, en los t�rminos del art�culo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema.

35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el art�culo 30 son actos normativos enderezados al bien com�n, emanados del Poder Legislativo democr�ticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepci�n corresponde plenamente al contexto general de la Convenci�n dentro de la filosof�a del Sistema Interamericano. S�lo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convenci�n.

36. Lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones est�n autorizadas por la propia Constituci�n, que se ejerzan dentro de los l�mites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada est� sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirt�e, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el car�cter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la Convenci�n.

37. La necesaria existencia de los elementos propios del concepto de ley en el art�culo 30 de la Convenci�n, permite concluir que los conceptos de legalidad y legitimidad coinciden a los efectos de la interpretaci�n de esta norma, ya que s�lo la ley adoptada por los �rganos democr�ticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ce�ida al bien com�n, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana.

Corte I.D.H., La Expresi�n Leyesen el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 28-37.