Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 27
Suspensión de Garantías

27.0.1. general
27.1.1. "[e]n caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia . . . ."
27.1.1.1. general
27.2.1. derechos no suspendibles
27.2.1.1. general
27.2.1.2. derecho al reconocimiento de la personalidad jur�dica
27.2.1.3. derecho a la vida
27.2.1.4. derecho a la integridad personal
27.2.1.5. prohibici�n de la esclavitud y servidumbre
27.2.1.6. principio de legalidad y de retroactividad
27.2.1.7. libertad de conciencia y de religi�n
27.2.1.8. derecho al nombre
27.2.1.9. derechos del niño
27.2.1.10. derecho a la nacionalidad
27.2.1.11. derechos pol�ticos
27.2.1.12. garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de tales derechos
27.2.1.12.1. general
27.2.1.12.2. concepto de garant�as
27.2.1.12.3. amparo
27.2.1.12.4. h�beas corpus
27.2.1.12.5. garant�as judiciales para controlar la legalidad del estado de emergencia
27.2.1.12.6. recurso efectivo (relaci�n con el art�culo 25.1)
27.2.1.12.7. debido proceso legal (relaci�n con el art�culo 8.1)
27.2.2. incompatibilidad con la Convenci�n de una reserva destinada a permitir la derogaci�n de derechos no suspendibles


Suspensi�n de Garant�as, Interpretaci�n y Aplicaci�n

1. En caso de guerra, de peligro p�blico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, �ste podr� adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situaci�n, suspendan las obligaciones contra�das en virtud de esta Convenci�n, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las dem�s obligaciones que les impone el derecho internacional y no entra�en discriminaci�n alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n u origen social.

2. La disposici�n precedente no autoriza la suspensi�n de los derechos determinados en los siguientes art�culos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jur�dica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibici�n de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religi�n); 17 (Protecci�n a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Ni�o); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Pol�ticos), ni de las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensi�n deber� informar inmediatamente a los dem�s Estados Partes en la presente Convenci�n, por conducto del Secretario General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicaci�n haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensi�n y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensi�n.

27.0.1. general

18. E1 art�culo 27 contiene determinadas locuciones que merecen ser destacadas a los fines de la presente consulta. As�, el t�tulo es Suspensi�n de Garant�as; el p�rrafo primero habla de suspend(er) las obligaciones contra�das; el p�rrafo segundo de suspensi�n de los derechos; y el p�rrafo tercero de derecho de suspensi�n. Cuando la palabra garant�as se utiliza en el p�rrafo segundo, es precisamente para prohibir la suspensi�n de las garant�as judiciales indispensables. Del an�lisis de los t�rminos de la Convenci�n en el contexto de �stos, resulta que no se trata de una suspensi�n de garant�as en sentido absoluto, ni de la suspensi�n de los derechos ya que siendo �stos consustanciales con la persona lo �nico que podr�a suspenderse o impedirse ser�a su pleno y efectivo ejercicio. La Corte estima �til tener presente esas diferencias terminol�gicas a fin de esclarecer los fundamentos conceptuales sobre los cuales responde la presente consulta, sin perjuicio de las cuales la Corte utilizar� la expresi�n empleada por la Convenci�n de suspensi�n de garant�as.

19. El an�lisis jur�dico del citado art�culo 27 y de la funci�n que cumple debe partir de la consideraci�n de que es un precepto concebido s�lo para situaciones excepcionales. Se aplica �nicamente en caso de guerra, de peligro p�blico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte. Aun entonces, autoriza solamente la suspensi�n de ciertos derechos y libertades, y ello en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situaci�n. Las disposiciones que se adopten, adem�s, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni deben entra�ar discriminaci�n alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n u origen social.

20. La suspensi�n de las garant�as puede ser, en algunas hip�tesis, el �nico medio para atender a situaciones de emergencia p�blica y preservar los valores superiores de la sociedad democr�tica. Pero no puede la Corte hacer abstracci�n de los abusos a que puede dar lugar, y a los que de hecho ha dado en nuestro hemisferio, la aplicaci�n de medidas de excepci�n cuando no est�n objetivamente justificadas a la luz de los criterios que orientan el art�culo 27 y de los principios que, sobre la materia, se deducen de otros instrumentos interamericanos. Por ello, la Corte debe subrayar que, dentro de los principios que informan el sistema interamericano, la suspensi�n de garant�as no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el art�culo 3 de la Carta de la OEA. Esta observaci�n es especialmente v�lida en el contexto de la Convenci�n, cuyo Pre�mbulo reafirma el prop�sito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democr�ticas, un r�gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. La suspensi�n de garant�as carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democr�tico, que dispone l�mites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona.

21. Resulta claro que ning�n derecho reconocido por la Convenci�n puede ser suspendido a menos que se cumplan las condiciones estrictas se�aladas en el art�culo 27.1. Adem�s, aun cuando estas condiciones sean satisfechas, el art�culo 27.2 dispone que cierta categor�a de derechos no se puede suspender en ning�n caso. Por consiguiente, lejos de adoptar un criterio favorable a la suspensi�n de los derechos, la Convenci�n establece el principio contrario, es decir, que todos los derechos deben ser respetados y garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensi�n de algunos, en tanto que otros nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la emergencia.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 18-21.

24. La suspensi�n de garant�as constituye tambi�n una situaci�n excepcional, seg�n la cual resulta l�cito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, est�n prohibidas o sometidas a requisitos m�s rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensi�n de garant�as comporte la suspensi�n temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ce�irse. Estando suspendidas las garant�as, algunos de los l�mites legales de la actuaci�n del poder p�blico pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno est� investido de poderes absolutos m�s all� de las condiciones en que tal legalidad excepcional est� autorizada. Como ya lo ha se�alado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democr�ticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresi�n leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p�rr. 32).

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rr. 24.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No 13, p�rr. 31.

27.1.1. [e]n caso de guerra, de peligro p�blico o de otra emergencia . . . .

27.1.1.1. general

22. Habida cuenta de que el art�culo 27.1 contempla distintas situaciones y dado, adem�s, que las medidas que se adopten en cualquiera de estas emergencias deben ser ajustadas a las exigencias de la situaci�n, resulta claro que lo permisible en unas de ellas podr�a no serlo en otras. La juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar cada una de las situaciones especiales a que se refiere el art�culo 27.1 depender�, entonces, del car�cter, intensidad, profundidad y particular contexto de la emergencia, as� como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las medidas adoptadas respecto de ella.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rr. 22.

27.2.1. derechos no suspendibles

27.2.1.1. general

23. El art�culo 27.2 dispone, como se ha dicho, l�mites al poder del Estado Parte para suspender derechos y libertades, al establecer que hay algunos cuya suspensi�n no est� permitida bajo ninguna circunstancia y al incluir las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de tales derechos. Algunos de estos derechos se refieren a la integridad de la persona, como son el derecho al reconocimiento de la personalidad jur�dica (art. 3); el derecho a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art. 5); la prohibici�n de la esclavitud y servidumbre (art. 6) y el principio de legalidad y de retroactividad (art. 9). Est�, adem�s, prohibida la suspensi�n de la libertad de conciencia y de religi�n (art. 12); de la protecci�n a la familia (art. 17); del derecho al nombre (art. 18); de los derechos del ni�o (art. 19); del derecho a la nacionalidad (art. 20) y de los derechos pol�ticos (art. 23).

24. La suspensi�n de garant�as constituye tambi�n una situaci�n excepcional, seg�n la cual resulta l�cito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, est�n prohibidas o sometidas a requisitos m�s rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensi�n de garant�as comporte la suspensi�n temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ce�irse. Estando suspendidas las garant�as, algunos de los l�mites legales de la actuaci�n del poder p�blico pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno est� investido de poderes absolutos m�s all� de las condiciones en que tal legalidad excepcional est� autorizada. Como ya lo ha se�alado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democr�ticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresi�n leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p�rr. 32).

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 23-24.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No 13, p�rr. 31.

27.2.1.2. derecho al reconocimiento de la personalidad jur�dica

27.2.1.3. derecho a la vida

27.2.1.4. derecho a la integridad personal

27.2.1.5. prohibici�n de la esclavitud y servidumbre

27.2.1.6. principio de legalidad y de retroactividad

27.2.1.7. libertad de conciencia y de religi�n

27.2.1.8. derecho al nombre

27.2.1.9. derechos del ni�o

27.2.1.10. derecho a la nacionalidad

27.2.1.11. derechos pol�ticos

27.2.1.12. garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de tales derechos

27.2.1.12.1. general

27. Como ha quedado dicho, en condiciones de grave emergencia es l�cito suspender temporalmente ciertos derechos y libertades cuyo ejercicio pleno, en condiciones de normalidad, debe ser respetado y garantizado por el Estado pero, como no todos ellos admiten esa suspensi�n transitoria, es necesario que tambi�n subsistan las garant�as judiciales indispensables para (su) protecci�n. E1 art�culo 27.2 no vincula esas garant�as judiciales a ninguna disposici�n individualizada de la Convenci�n, lo que indica que lo fundamental es que dichos procedimientos judiciales sean indispensables para garantizar esos derechos.

28. La determinaci�n de qu� garant�as judiciales son indispensables para la protecci�n de los derechos que no pueden ser suspendidos, ser� distinta seg�n los derechos afectados. Las garant�as judiciales indispensables para asegurar los derechos relativos a la integridad de la persona necesariamente difieren de aqu�llas que protegen, por ejemplo, el derecho al nombre, que tampoco se puede suspender.

29. A la luz de los se�alamientos anteriores deben considerarse como indispensables, a los efectos del art�culo 27.2, aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son id�neos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho art�culo y cuya supresi�n o limitaci�n pondr�a en peligro esa plenitud.

30. Las garant�as deben ser no s�lo indispensables sino judiciales. Esta expresi�n no puede referirse sino a medios judiciales id�neos para la protecci�n de tales derechos, lo cual implica la intervenci�n de un �rgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepci�n.

31. Corresponde ahora determinar si, a pesar de que los art�culos 25 y 7 no est�n mencionados en el 27.2, las garant�as contenidas en los art�culos 25.1 y 7.6, se�aladas en la consulta sometida a la Corte, deben o no considerarse entre aquellas garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los derechos no susceptibles de suspensi�n.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 27-31.

20. La Corte examinar� en primer lugar qu� son, de conformidad con la Convenci�n, las garant�as judiciales indispensables a las que alude el art�culo 27.2 de la misma. A este respecto, en anterior ocasi�n, la Corte ha definido, en t�rminos generales, que por tales garant�as deben entenderse aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son id�neos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho art�culo (27.2) y cuya supresi�n o limitaci�n pondr�a en peligro esa plenitud (El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as, supra 16, p�rr. 29). Asimismo ha subrayado que el car�cter judicial de tales medios implica la intervenci�n de un �rgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepci�n (Ibid., p�rr. 30).

21. Del art�culo 27.1, adem�s, se deriva la necesidad gen�rica de que en todo estado de excepci�n subsistan medios id�neos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adec�en razonablemente a las necesidades de la situaci�n y no excedan de los l�mites estrictos impuestos por la Convenci�n o derivados de ella.

22. La Convenci�n proporciona otros elementos de juicio para precisar las caracter�sticas fundamentales que deben tener las garant�as judiciales. El punto de partida del an�lisis debe ser la obligaci�n que est� a cargo de todo Estado Parte en la Convenci�n de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n (art. 1.1). De esa obligaci�n general se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el art�culo 25.1, a un recurso sencillo y r�pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n, la ley o la presente Convenci�n.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rrs. 20-22.

38. La Corte concluye que las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los derechos humanos no susceptibles de suspensi�n, seg�n lo dispuesto en el art�culo 27.2 de la Convenci�n, son aqu�llas a las que �sta se refiere expresamente en los art�culos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y seg�n los principios del art�culo 8, y tambi�n las inherentes a la preservaci�n del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensi�n de garant�as.

39. Naturalmente, cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos derechos y libertades de aqu�llos susceptibles de suspensi�n, deber�n conservarse las garant�as judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y libertades.

40. Debe reconocerse que no es posible ni ser�a aconsejable que la Corte, en la presente opini�n consultiva, trate de dar una enumeraci�n exhaustiva de todas las posibles garant�as judiciales indispensables que no pueden ser suspendidas de conformidad con el art�culo 27.2, que depender� en cada caso de un an�lisis del ordenamiento jur�dico y la pr�ctica de cada Estado Parte, de cu�les son los derechos involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagaci�n. Desde luego y por las mismas razones, la Corte tampoco ha considerado en esta opini�n las implicaciones de otros instrumentos internacionales (art. 27.1) que pudieren ser aplicables en casos concretos.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rrs. 38-40.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, p�rr. 83.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No 33, p�rr. 50.

27.2.1.12.2. concepto de garant�as

25. No es el prop�sito de la Corte hacer un desarrollo te�rico sobre la relaci�n entre derechos y garant�as. Basta se�alar qu� debe entenderse por garant�a en el sentido en que el t�rmino est� utilizado por el art�culo 27.2. Las garant�as sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Como los Estados Partes tienen la obligaci�n de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, tambi�n tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a trav�s de las respectivas garant�as (art. 1.1), vale decir, de los medios id�neos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.

26. El concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garant�as, es tambi�n inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad democr�tica los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garant�as y el Estado de Derecho constituyen una tr�ada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en funci�n de los otros.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 25-26.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No 13, p�rr. 31.

27.2.1.12.3. amparo

31. Corresponde ahora determinar si, a pesar de que los art�culos 25 y 7 no est�n mencionados en el 27.2, las garant�as contenidas en los art�culos 25.1 y 7.6, se�aladas en la consulta sometida a la Corte, deben o no considerarse entre aquellas garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los derechos no susceptibles de suspensi�n.

32. El art�culo 25.1 de la Convenci�n dispone . . . .

El texto citado es una disposici�n de car�cter general que recoge la instituci�n procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convenci�n. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, lo son tambi�n los que est�n se�alados de manera expresa por el art�culo 27.2 como no susceptibles de suspensi�n en situaciones de emergencia.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 31-32.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rr. 32.

42. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusi�n de que los procedimientos de h�beas corpus y de amparo son de aquellas garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de varios derechos cuya suspensi�n est� vedada por el art�culo 27.2 y sirven, adem�s, para preservar la legalidad en una sociedad democr�tica.

43. Por otra parte debe advertirse que aquellos ordenamientos constitucionales y legales de los Estados Partes que autoricen, expl�cita o impl�citamente, la suspensi�n de los procedimientos de h�beas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que a esos Estados impone la Convenci�n.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 42-43.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rr. 33.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No 33, p�rr. 50.

27.2.1.12.4. h�beas corpus

33. El h�beas corpus en su sentido cl�sico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o f�sica contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que �ste pueda examinar la legalidad de la privaci�n y, en su caso, decretar su libertad. En la Convenci�n este procedimiento aparece en el art�culo 7.6 que dice . . . .

34. Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, puede afirmarse que el amparo es el g�nero y el h�beas corpus uno de sus aspectos espec�ficos. En efecto, de acuerdo con los principios b�sicos de ambas garant�as recogidos por la Convenci�n as� como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el h�beas corpus se regula de manera aut�noma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aqu�llos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el h�beas corpus es denominado amparo de la libertad o forma parte integrante del amparo.

35. El h�beas corpus, para cumplir con su objeto de verificaci�n judicial de la legalidad de la privaci�n de libertad, exige la presentaci�n del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposici�n queda la persona afectada. En este sentido es esencial la funci�n que cumple el h�beas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparici�n o la indeterminaci�n de su lugar de detenci�n, as� como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

36. Esta conclusi�n se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de nuestro hemisferio en d�cadas recientes, particularmente por desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa realidad ha demostrado una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados cuando el h�beas corpus es parcial o totalmente suspendido. Como lo manifest� el Presidente de la Comisi�n en la audiencia sobre esta consulta, la Comisi�n est� persuadida que, as� como en el pasado reciente miles de desapariciones forzadas se hubieran evitado si el recurso de h�beas corpus hubiese sido efectivo y los jueces se hubieran empe�ado en investigar la detenci�n concurriendo personalmente a los lugares que se denunciaron como de detenci�n, tal recurso ahora constituye el instrumento m�s id�neo no s�lo para corregir con prontitud los abusos de la autoridad en cuanto a la privaci�n arbitraria de la libertad, sino tambi�n un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios f�sicos o sicol�gicos, como el destierro, castigo tal vez el peor, del que tanto se ha abusado en el subcontinente, donde millares de exiliados conforman verdaderos �xodos.

Estas torturas y apremios, como dolorosamente lo ha recordado la Comisi�n en su �ltimo informe anual, suelen ocurrir especialmente durante prolongados per�odos de incomunicaci�n, en los cuales el detenido carece de medios y recursos legales para hacer valer sus derechos. Es precisamente en estas circunstancias cuando el recurso de h�beas corpus adquiere su mayor importancia.

Quienes redactaron la Convenci�n conoc�an estas realidades, lo que puede bien explicar por qu� el Pacto de San Jos� es el primer instrumento internacional de derechos humanos que prohibe expresamente la suspensi�n de las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los derechos que no pueden ser suspendidos.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 33-36.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rr. 31

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, p�rr. 82.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No 35, p�rr. 63.

37. Una pregunta adicional que cabe hacerse m�s all� de la consideraci�n del h�beas corpus como una garant�a judicial que protege derechos no susceptibles de suspensi�n seg�n el art�culo 27.2 es si tal procedimiento puede subsistir al mismo tiempo como medio de asegurar la libertad individual, aun bajo estado de excepci�n, a pesar de que el art�culo 7 no est� entre aqu�llos que no pueden ser afectados en situaciones excepcionales.

38. Si la suspensi�n de garant�as no debe exceder, como lo ha subrayado la Corte, la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia, resulta tambi�n ilegal toda actuaci�n de los poderes p�blicos que desborde aquellos l�mites que deben estar precisamente se�alados en las disposiciones que decretan el estado de excepci�n, a�n dentro de la situaci�n de excepcionalidad jur�dica vigente.

39. La Corte debe destacar, igualmente, que si la suspensi�n de garant�as no puede adoptarse leg�timamente sin respetar las condiciones se�aladas en el p�rrafo anterior, tampoco pueden apartarse de esos principios generales las medidas concretas que afecten los derechos o libertades suspendidos, como ocurrir�a si tales medidas violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran m�s all� de sus l�mites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviaci�n o abuso de poder.

40. Si esto es as� es desde todo punto de vista procedente, dentro de un Estado de Derecho, el ejercicio del control de legalidad de tales medidas por parte de un �rgano judicial aut�nomo e independiente que verifique, por ejemplo, si una detenci�n, basada en la suspensi�n de la libertad personal, se adecua a los t�rminos en que el estado de excepci�n la autoriza. Aqu� el h�beas corpus adquiere una nueva dimensi�n fundamental.

41. Cabe citar, al respecto, el fallo dictado en abril de 1977, en el caso n�mero 1980, por la C�mara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de la Rep�blica Argentina, acogiendo un recurso de h�beas corpus:

Como se ha venido sosteniendo, no es dable admitir la tesis de que el Presidente de la Rep�blica ser�a el �nico facultado para evaluar la situaci�n de quienes se hallan detenidos a su disposici�n. Si bien es ajeno al �mbito de actividad jurisdiccional lo concerniente a cuestiones eminentemente pol�ticas y no judiciales, no es menos cierto que compete al Poder Judicial de la Naci�n analizar en casos excepcionales como el presente la razonabilidad de las medidas que adopta el Poder Ejecutivo, lo que halla sustento en el propio art�culo 23 de la Constituci�n Nacional y en los art�culos 29 y 95 de la Ley Fundamental.

Debe tambi�n armonizarse el inter�s general y la libertad individual, de modo tal que no es posible siquiera suponer que quienes se hallan privados de su libertad a disposici�n del P. E., queden librados a su suerte y al margen de todo control por parte de los Jueces de la Naci�n, sea cual fuere el tiempo durante el cual se prolongue el arresto.

Frente a la necesidad de optar entre la libertad individual y la hipot�tica y no demostrada peligrosidad (del detenido), lo hacemos por la primera corriendo los riesgos que ello impone, en salvaguarda de un valor a que ning�n argentino ha renunciado.

(Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situaci�n de los Derechos Humanos en Argentina, OEA/ Ser.L/V/II.49, doc. 19 del 11 de abril de 1980, p�g. 252).

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 37-41.

42. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusi�n de que los procedimientos de h�beas corpus y de amparo son de aquellas garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de varios derechos cuya suspensi�n est� vedada por el art�culo 27.2 y sirven, adem�s, para preservar la legalidad en una sociedad democr�tica.

43. Por otra parte debe advertirse que aquellos ordenamientos constitucionales y legales de los Estados Partes que autoricen, expl�cita o impl�citamente, la suspensi�n de los procedimientos de h�beas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que a esos Estados impone la Convenci�n.

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 42-43.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rr. 33.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No 33, p�rr. 50.

77. Esta Corte considera que el Gobierno del Per� tambi�n infringi� lo dispuesto por los art�culos 7.6 y 27.2 de la Convenci�n Americana debido a la aplicaci�n de los Decretos Supremos 012-In y 006-86 JUS de 2 y 6 de junio de 1986, que declararon el estado de emergencia en las provincias de Lima y de El Callao y Zona Militar Restringida en tres penales, entre ellos el de San Juan Bautista. En efecto si bien dichos decretos no suspendieron de manera expresa la acci�n o recurso de h�beas corpus que regula el art�culo 7.6 de la Convenci�n, de hecho, el cumplimiento que se dio a ambos decretos produjo la ineficacia del citado instrumento tutelar, y por tanto, su suspensi�n en perjuicio de las presuntas v�ctimas. El h�beas corpus era el procedimiento id�neo para que la autoridad judicial pudiese investigar y conocer el paradero de las tres personas a que se refiere este caso.

78. En la acci�n de h�beas corpus interpuesta por Irene Neira Alegr�a y Julio Zenteno Camahual� el 16 de junio de 1986 ante el vig�simo primer juez de instrucci�n de Lima en favor de V�ctor Neira Alegr�a, Edgar y William Zenteno Escobar, en contra del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Comandante General de la Marina, se expres� que con motivo de la debelaci�n del mot�n en el Penal de San Juan Bautista en el cual estaban detenidos sus familiares, �stos no hab�an aparecido, por lo que podr�an estar secuestrados, y en el caso de que hubieran muerto que el juez exigiera a las autoridades militares que se�alaran el lugar en el cual se encontraban los cad�veres e hicieran entrega de los certificados de defunci�n respectivos.

79. La acci�n de h�beas corpus fue declarada improcedente por el juez en su resoluci�n de 17 de julio de 1986, por considerar que los peticionarios no demostraron que se hubiese producido el secuestro de los detenidos y que lo ocurrido en los tres penales (incluido el de San Juan Bautista) estaba sujeto a investigaci�n por el fuero militar y por la Fiscal�a de la Naci�n, hechos que se encontraban fuera de los alcances del procedimiento sumar�simo del h�beas corpus.

80. De acuerdo con lo se�alado anteriormente (supra, p�rr. 40), el 1 de agosto de ese a�o, el D�cimo Primer Tribunal Correccional de Lima confirm� el fallo anterior con el argumento esencial de que el fuero privativo militar ejerc�a competencia respecto del Penal de San Juan Bautista, lo que imped�a intervenir al poder jurisdiccional ordinario. El 25 del mismo mes de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema declar� por sus fundamentos no haber lugar a la nulidad solicitada contra la sentencia de segundo grado, y finalmente, el Tribunal de Garant�as Constitucionales, ante el cual se present� por los interesados el recurso de casaci�n, con fecha 5 de diciembre de 1986 declar� que permanec[�a] inalterable el fallo de la Corte Suprema por no haber obtenido el m�nimo de cinco votos favorables exigidos por la ley peruana.

81. Esta Corte considera �til destacar que la sentencia del Tribunal de Garant�as Constitucionales se apoy� en una votaci�n de cuatro magistrados por la concesi�n de la casaci�n solicitada y dos por la negativa de la nulidad. En tal virtud, si bien no se alcanz� el m�nimo de cinco votos conformes, el voto singular de los cuatro magistrados representa el criterio mayoritario del Tribunal, en cuya parte conducente se afirm�: Que si bien es cierto que tal situaci�n no configura la figura jur�dica del secuestro, lleva a la conclusi�n de que el juez debi� agotar la investigaci�n respecto de la vida y paradero de las personas en favor de quienes se ejercita la acci�n del h�beas corpus, por lo que, en concepto de dichos magistrados, era procedente la casaci�n del fallo de la Corte Suprema. De haberse concedido la casaci�n, la intervenci�n de la justicia militar no habr�a impedido la tramitaci�n del h�beas corpus.

82. La Corte ha interpretado los art�culos 7.6 y 27.2 de la Convenci�n en las opiniones consultivas OC-8 y OC-9, de 30 de enero y 27 de octubre de 1987, respectivamente. En la primera sostuvo que los procedimientos de h�beas corpus y de amparo son de aquellas garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de varios derechos cuya suspensi�n est� vedada por el art�culo 27.2 y adem�s, para preservar la legalidad de una sociedad democr�tica. Tambi�n estim� esta Corte que [E]l h�beas corpus, para cumplir con su objeto de verificaci�n judicial de la legalidad de la privaci�n de la libertad, exige la presentaci�n del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposici�n queda la persona afectada. En este sentido es esencial la funci�n que cumple el h�beas corpus para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparici�n o la indeterminaci�n de su lugar de detenci�n, as� como para protegerla de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. (El h�beas corpus bajo la suspensi�n de garant�as (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, p�rrs. 35 y 42).

83. En la opini�n consultiva OC-9, este Tribunal a�adi�: las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de los derechos humanos no susceptibles de suspensi�n, seg�n lo dispuesto por el art�culo 27.2 de la Convenci�n, son aquellas a que se refiere expresamente en los art�culos 7.6 y 25.l consideradas dentro del marco y seg�n los principios del art�culo 8 y tambi�n las inherentes a la preservaci�n del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensi�n de garant�as. (Garant�as judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, p�rr. 38).

84. Estos criterios interpretativos son aplicables a este caso, en cuanto el control y jurisdicci�n de las fuerzas armadas sobre el Penal San Juan Bautista se tradujeron en una suspensi�n impl�cita de la acci�n de h�beas corpus, en virtud de la aplicaci�n de los decretos supremos que declararon la emergencia y la zona militar restringida.

85. De acuerdo con el art�culo 1.1 de la Convenci�n los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n..., de lo cual se desprende que esta es una disposici�n de car�cter general cuya violaci�n est� siempre relacionada con la que establece un derecho humano espec�fico. Como ya lo dijo la Corte en un caso anterior el art�culo 1 contiene la obligaci�n contra�da por los Estados Partes en relaci�n con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensi�n de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido el art�culo 1.1 de la Convenci�n (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 63, p�rr. 162; Caso God�nez Cruz, supra 63, p�rr. 171).

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No 20, p�rrs. 77-85.

27.2.1.12.5. garant�as judiciales para controlar la legalidad del estado de emergencia

37. Una pregunta adicional que cabe hacerse m�s all� de la consideraci�n del h�beas corpus como una garant�a judicial que protege derechos no susceptibles de suspensi�n seg�n el art�culo 27.2 es si tal procedimiento puede subsistir al mismo tiempo como medio de asegurar la libertad individual, aun bajo estado de excepci�n, a pesar de que el art�culo 7 no est� entre aqu�llos que no pueden ser afectados en situaciones excepcionales.

38. Si la suspensi�n de garant�as no debe exceder, como lo ha subrayado la Corte, la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia, resulta tambi�n ilegal toda actuaci�n de los poderes p�blicos que desborde aquellos l�mites que deben estar precisamente se�alados en las disposiciones que decretan el estado de excepci�n, a�n dentro de la situaci�n de excepcionalidad jur�dica vigente.

39. La Corte debe destacar, igualmente, que si la suspensi�n de garant�as no puede adoptarse leg�timamente sin respetar las condiciones se�aladas en el p�rrafo anterior, tampoco pueden apartarse de esos principios generales las medidas concretas que afecten los derechos o libertades suspendidos, como ocurrir�a si tales medidas violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran m�s all� de sus l�mites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviaci�n o abuso de poder.

40. Si esto es as� es desde todo punto de vista procedente, dentro de un Estado de Derecho, el ejercicio del control de legalidad de tales medidas por parte de un �rgano judicial aut�nomo e independiente que verifique, por ejemplo, si una detenci�n, basada en la suspensi�n de la libertad personal, se adecua a los t�rminos en que el estado de excepci�n la autoriza. Aqu� el h�beas corpus adquiere una nueva dimensi�n fundamental.

41. Cabe citar, al respecto, el fallo dictado en abril de 1977, en el caso n�mero 1980, por la C�mara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de la Rep�blica Argentina, acogiendo un recurso de h�beas corpus:

Como se ha venido sosteniendo, no es dable admitir la tesis de que el Presidente de la Rep�blica ser�a el �nico facultado para evaluar la situaci�n de quienes se hallan detenidos a su disposici�n. Si bien es ajeno al �mbito de actividad jurisdiccional lo concerniente a cuestiones eminentemente pol�ticas y no judiciales, no es menos cierto que compete al Poder Judicial de la Naci�n analizar en casos excepcionales como el presente la razonabilidad de las medidas que adopta el Poder Ejecutivo, lo que halla sustento en el propio art�culo 23 de la Constituci�n Nacional y en los art�culos 29 y 95 de la Ley Fundamental.

Debe tambi�n armonizarse el inter�s general y la libertad individual, de modo tal que no es posible siquiera suponer que quienes se hallan privados de su libertad a disposici�n del P. E., queden librados a su suerte y al margen de todo control por parte de los Jueces de la Naci�n, sea cual fuere el tiempo durante el cual se prolongue el arresto.

Frente a la necesidad de optar entre la libertad individual y la hipot�tica y no demostrada peligrosidad (del detenido), lo hacemos por la primera corriendo los riesgos que ello impone, en salvaguarda de un valor a que ning�n argentino ha renunciado.

(Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situaci�n de los Derechos Humanos en Argentina, OEA/ Ser.L/V/II.49, doc. 19 del 11 de abril de 1980, p�g. 252).

Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, p�rrs. 37-41.

34. La Corte agrega que, adem�s de lo expresado, existen otras garant�as que resultan del art�culo 29.c) de la Convenci�n que dice:

Art�culo 29. Normas de Interpretaci�n

Ninguna disposici�n de la presente Convenci�n puede ser interpretada en el sentido de:

...

c) excluir otros derechos y garant�as que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democr�tica representativa de gobierno.

35. La Corte ya se ha referido al Estado de Derecho, a la democracia representativa y al r�gimen de libertad personal y ha puntualizado c�mo son consustanciales con el Sistema Interamericano y en particular con el r�gimen de protecci�n de los derechos humanos contenido en la Convenci�n (v�ase La colegiaci�n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 66; La expresi�n leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p�rrs. 30 y 34 y El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as, supra 16, p�rr. 20). En esta oportunidad considera pertinente reiterar lo que sigue:

En una sociedad democr�tica los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garant�as y el Estado de Derecho constituyen una tr�ada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en funci�n de los otros (El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as, supra 16, p�rr. 26).

Estando suspendidas las garant�as, algunos de los l�mites legales de la actuaci�n del poder p�blico pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno est� investido de poderes absolutos m�s all� de las condiciones en que tal legalidad excepcional est� autorizada. Como ya lo ha se�alado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democr�ticas y el Estado de Derecho son inseparables (Ibid., p�rr. 24; v�ase adem�s La expresi�n leyes, supra, p�rr. 32).

36. Tambi�n dijo la Corte que la suspensi�n de garant�as no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuaci�n de los poderes p�blicos que desborde aquellos l�mites que deben estar precisamente se�alados en las disposiciones que decretan el estado de excepci�n... (El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as, supra 16, p�rr. 38).

(T)ampoco pueden apartarse de esos principios generales las medidas concretas que afecten los derechos o libertades suspendidos, como ocurrir�a si tales medidas violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran m�s all� de sus l�mites temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviaci�n o abuso de poder (Ibid., p�rr. 39).

37. As� entendidas, las garant�as... que se derivan de la forma democr�tica de gobierno, a que se refiere el art�culo 29.c), no implican solamente una determinada organizaci�n pol�tica contra la cual es ileg�timo atentar (Ibid., p�rr. 20), sino la necesidad de que ella est� amparada por las garant�as judiciales que resulten indispensables para el control de legalidad de las medidas tomadas en situaci�n de emergencia, de manera que se preserve el Estado de Derecho (Ibid., p�rr. 40).

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rrs. 34-37.

27.2.1.12.6. recurso efectivo (relaci�n con el art�culo 25.1)

23. Como ya lo ha se�alado la Corte, el art�culo 25.1 de la Convenci�n es una disposici�n de car�cter general que recoge la instituci�n procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales (El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as, supra 16, p�rr. 32). Establece este art�culo, igualmente, en t�rminos amplios, la obligaci�n a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicci�n, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, adem�s, que la garant�a all� consagrada se aplica no s�lo respecto de los derechos contenidos en la Convenci�n, sino tambi�n de aqu�llos que est�n reconocidos por la Constituci�n o por la ley. De donde se concluye, a fortiori, que el r�gimen de protecci�n judicial dispuesto por el art�culo 25 de la Convenci�n es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensi�n en estado de emergencia.

24. El art�culo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha se�alado, seg�n la Convenci�n los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las v�ctimas de violaci�n de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligaci�n general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convenci�n a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicci�n (Casos Vel�squez Rodr�guez, Fair�n Garbi y Sol�s Corrales y God�nez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, p�rrs. 90, 90 y 92, respectivamente).

Seg�n este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convenci�n constituye una transgresi�n de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situaci�n tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que est� previsto por la Constituci�n o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente id�neo para establecer si se ha incurrido en una violaci�n a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del pa�s o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la pr�ctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situaci�n que configure un cuadro de denegaci�n de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisi�n; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.

25. Las conclusiones precedentes son v�lidas, en general, respecto de todos los derechos reconocidos por la Convenci�n, en situaci�n de normalidad. Pero, igualmente, debe entenderse que en la implantaci�n del estado de emergencia - cualquiera que sea la dimensi�n o denominaci�n con que se le considere en el derecho interno- no puede comportar la supresi�n o la p�rdida de efectividad de las garant�as judiciales que los Estados Partes est�n obligados a establecer, seg�n la misma Convenci�n, para la protecci�n de los derechos no susceptibles de suspensi�n o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia.

26. Por consiguiente, es violatoria de la Convenci�n toda disposici�n adoptada por virtud del estado de emergencia, que redunde en la supresi�n de esas garant�as.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rrs. 23-26.

27.2.1.12.7. debido proceso legal (relaci�n con el art�culo 8.1)

27. El art�culo 8 de la Convenci�n en su p�rrafo 1 se�ala que . . . .

Este art�culo, cuya interpretaci�n ha sido solicitada expresamente, es denominado por la Convenci�n Garant�as Judiciales, lo cual puede inducir a confusi�n porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el art�culo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garant�as judiciales seg�n la Convenci�n.

28. Este art�culo 8 reconoce el llamado debido proceso legal, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aqu�llos cuyos derechos u obligaciones est�n bajo consideraci�n judicial. Esta conclusi�n se confirma con el sentido que el art�culo 46.2.a) da a esa misma expresi�n, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicci�n interna, no es aplicable cuando

no exista en la legislaci�n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci�n del derecho o derechos que se alega han sido violados.

29. El concepto de debido proceso legal recogido por el art�culo 8 de la Convenci�n debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garant�as judiciales referidas en la Convenci�n Americana, aun bajo el r�gimen de suspensi�n regulado por el art�culo 27 de la misma.

30. Relacionado el art�culo 8 con los art�culos 7.6, 25 y 27.2 de la Convenci�n, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepci�n en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convenci�n, puedan considerarse como garant�as judiciales. Esta conclusi�n es a�n m�s evidente respecto del h�beas corpus y del amparo, a los que la Corte se referir� en seguida y que tienen el car�cter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensi�n.

Corte I.D.H., Garant�as Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, p�rrs. 27-30.

27.2.2. incompatibilidad con la Convenci�n de una reserva destinada a permitir la derogaci�n de derechos no suspendibles

61. En consecuencia, la primera cuesti�n que se plantea al interpretar una reserva determinada es si ella es compatible con el objeto y fin del tratado. El art�culo 27 permite a los Estados Partes la suspensi�n de las obligaciones contra�das en virtud de la Convenci�n en caso de guerra, de peligro p�blico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado afectado y siempre que tal decisi�n no implique la suspensi�n o derogaci�n de ciertos derechos b�sicos o esenciales, entre los cuales est� el derecho a la vida garantizado por el art�culo 4. En esa perspectiva, toda reserva destinada a permitir al Estado la suspensi�n de uno de esos derechos fundamentales, cuya derogaci�n est� en toda hip�tesis prohibida, debe ser considerada como incompatible con el objeto y fin de la Convenci�n y, en consecuencia, no autorizada por �sta. Otra ser�a la situaci�n, en cambio, si la reserva persiguiera simplemente restringir algunos aspectos de un derecho no derogable sin privar al derecho en conjunto de su prop�sito b�sico. Como el g�nero de reserva referido en las preguntas planteadas por la Comisi�n no aparece dirigido a negar el derecho a la vida como tal, la Corte concluye que, en este aspecto, debe considerarse en principio no incompatible con el objeto y fin de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983, Serie A No 3, p�rr. 61.