Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 2
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

2.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1
2.0.2. "[s]i el ejercicio de los derechos y libertades . . . no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car�cter . . . ."
2.0.3. ". . .con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci�n . . . ."
2.0.4. deber de adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades


Deber de adoptar disposiciones de Derecho interno

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art�culo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car�cter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci�n, las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

2.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1

6. El art�culo 2 de la Convenci�n dispone . . . .

Es evidente que este art�culo de la Convenci�n impone el deber a los Estados Partes de adoptar las medidas requeridas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convenci�n. El ser de estos derechos no est� condicionado a la existencia de normas pertinentes en el derecho interno de los Estados Partes. Pero estos Estados se hallan obligados a adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter, si no existieran ya, para hacer "efectivos" tales derechos y libertades. Se trata de una obligaci�n adicional, que se suma a la impuesta por el art�culo 1 de la Convenci�n dirigida a hacer m�s determinante y cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convenci�n reconoce. Por eso es que la obligaci�n que resulta del art�culo 2, complementa, pero de ninguna manera sustituye o suple, a la obligaci�n general y no condicionada que resulta del art�culo 1. Como se dijo cuando se propuso la inclusi�n del actual art�culo 2 en el Proyecto de Convenci�n, en las observaciones del Gobierno de Chile al Proyecto de la Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos:

La argumentaci�n de que la inclusi�n de esta cl�usula en la Convenci�n Interamericana podr�a justificar la alegaci�n de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o m�s derechos no contemplados en su legislaci�n interna, no se sostiene dentro de los t�rminos del proyecto; y menos a�n si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia (Actas y Documentos, supra 4, p�g. 38).

El art�culo 2 de la Convenci�n, aparece en el proceso de elaboraci�n de este instrumento en su �ltima etapa, ya que no se halla en los proyectos iniciales ni en el elaborado finalmente por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. Ello fue la consecuencia de que originalmente se pens�, con raz�n, que un compromiso del tipo del referido en el actual art�culo 2 existe naturalmente por aplicaci�n del Derecho Internacional, como consecuencia l�gica de las obligaciones que derivan de un tratado internacional. Por eso es que, cuando se propuso su inclusi�n, se aclar� que su �nico sentido era clarificar y precisar, haciendo m�s determinante, inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal obligaci�n, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el deber esencial que resulta del art�culo 1. Sin esta interpretaci�n l�gica de por qu� se incluy� este art�culo 2 en la Convenci�n, ello carecer�a de sentido. Es m�s, conducir�a al resultado irracional y absurdo de que el art�culo 1 ser�a inaplicable si no se dictaran las medidas a que se refiere el art�culo 2. Y esta conclusi�n es inadmisible, porque paralizar�a todo el sistema aceptable de aplicaci�n de la Convenci�n y quitar�a pr�cticamente efecto, con respecto a las personas humanas protegidas, a la obligaci�n esencial que resulta para los Estados Partes del art�culo 1 de la Convenci�n. Al respecto no puede olvidarse que la fuente del art�culo 2 de la Convenci�n Americana es el art�culo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de las Naciones Unidas, que tanto por su ubicaci�n como por su letra, constituye, evidentemente, un complemento de la obligaci�n esencial impuesta por el p�rrafo 1 de dicho art�culo 2. En cambio, la Convenci�n Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales no contiene una disposici�n an�loga al art�culo 2 de la Convenci�n Americana o al p�rrafo 2 del art�culo 2 del Pacto Internacional. En su art�culo 1, los Estados Partes se limitan a reconocer a toda persona sometida a la jurisdicci�n de esos Estados los derechos y libertades definidas en su T�tulo I. Pero este reconocimiento implica el deber de los Estados Partes de respetar y garantizar dichos derechos y de ser necesario, tambi�n, de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno para el mejor y m�s adecuado cumplimiento de las obligaciones que son la consecuencia del reconocimiento de esos derechos y libertades.

Opini�n Separada del Juez H�ctor Gross Espiell, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 6.

23. Los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convenci�n para cada uno de los derechos consagrados en la misma son, por una parte, el de

...respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y... garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna...(art. 1.1)

por la otra, el de

...adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci�n, las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. 2).

Considero que la consulta requer�a que la Corte analizara el contenido y alcances de unos y otros deberes, a partir de la presunci�n l�gica de que unos y otros se refieren a supuestos distintos -- de otro modo, no tendr�an sentido como disposiciones separadas --.

24. E1 proyecto que sirvi� de base a la Convenci�n Americana solamente contemplaba los deberes gen�ricos del art�culo 1.1 (v. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San Jos�, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1978, Doc. 5, p�gs. 12ss.); el del art�culo 2, copia casi textual del art�culo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, fue el resultado de Observaciones del Gobierno de Chile (Ibid., Doc. 7, p�g. 38), apoyadas por las de Rep�blica Dominicana (Ibid., Doc. 9, p�g. 50) y Guatemala (Ibid., Doc. 4, Corr. 1, p�g. 107), y, finalmente, de una moci�n del Ecuador en la Conferencia (Ibid., p�g. 145), recogida despu�s por el Grupo de Trabajo de la Comisi�n I como art�culo 1.2 (Ibid., p�g. 156). Tambi�n tuvo el apoyo de los Estados Unidos de Am�rica, en una Declaraci�n (Ibid., Anexo A, p�g. 148) cuyos motivos difer�an de los de todos los dem�s, conforme se dir�.

25. Todo esto, unido a las exigencias mismas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace que la obligaci�n de respetarlos y garantizarlos, establecida en el art�culo 1.1, sea la verdaderamente esencial al sistema de la Convenci�n, y que se entienda precisamente como un deber inmediato e incondicional de los Estados, resultante directamente de la propia Convenci�n: la noci�n misma de una protecci�n de car�cter internacional, aunque sea s�lo coadyuvante o subsidiaria de la del derecho interno, requiere que los Estados se comprometan inmediatamente a respetarlos y garantizarlos, como una obligaci�n de car�cter internacional, por encima de las vicisitudes de sus ordenamientos internos.

26. En cambio, el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar plenamente la eficacia de tales derechos en el orden interno, a que se refiere el art�culo 2, no puede ser entendido, en el sistema de la Convenci�n, como mera repetici�n del ya establecido en el art�culo 1.1, porque esto equivaldr�a a vaciar de sentido �ste �ltimo, ni tampoco como equivalente del simple deber gen�rico de darle eficacia en el orden interno, propio de toda obligaci�n internacional, porque entonces habr�a sido innecesario consagrarlo por parte del mismo art�culo 1.1, y quiz�s hasta innecesario del todo. El Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no contiene ninguna disposici�n semejante a la del art�culo 2 de la Convenci�n Americana, y sin embargo nadie podr�a suponer, ante esa ausencia, que la misma obligaci�n no existiera para sus Estados Partes.

27. Por el contrario, las incidencias de la inclusi�n de esta norma en la Convenci�n demuestran, a mi juicio con toda claridad, que tiene en ella un car�cter marginal, para los supuestos en que el del art�culo 1.1 resulte inoperante o, al menos, insuficiente, pero no por limitaciones propias del derecho interno, que implicar�an violaciones del propio art�culo 1.1, sino en virtud de que determinados derechos - no todos - necesitan en s� mismos de normas o medidas complementarias de orden interno para ser exigibles de manera inmediata e incondicional. Dicho de otra manera: en trat�ndose de derechos reconocidos por la Convenci�n de manera inmediata e incondicional, basta con el deber de los Estados Partes de respetarlos y garantizarlos, de conformidad con el art�culo 1.1, para que sean plenamente exigibles frente a esos Estados de la misma manera inmediata e incondicional, por lo menos como derechos de la Convenci�n, que es lo �nico sobre lo cual la Corte ejerce su jurisdicci�n. Lo que ocurre es que algunos derechos, de conformidad con su naturaleza o con la propia Convenci�n, carecen de esa virtualidad sin que normas u otras medidas complementarias permitan tenerlos por plenamente exigibles, como ocurre, por ejemplo, con los pol�ticos (art. 23) o con los de protecci�n judicial (art. 25), que no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulaci�n normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, econ�mico y humano que les d� la eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convenci�n, es decir, en el plano internacional, y no s�lo como cuesti�n del orden interno de cada Estado: si no hay c�digos o leyes electorales, registros de electores, partidos pol�ticos, medios de propaganda y movilizaci�n, centros de votaci�n, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, �ste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protecci�n judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible.

28. Es por esto tambi�n que, sabiamente, el art�culo 2 se refiere, no s�lo a disposiciones normativas, sino tambi�n a "medidas de otro car�cter", en las cuales se engloban claramente las institucionales, econ�micas y humanas citadas. Pero no las administrativas o jurisdiccionales como tales, porque �stas simplemente constituyen aplicaci�n de las anteriores y, en tal sentido, se enmarcan dentro de los deberes de respeto y garant�a del art�culo 1.1, no dentro de los del art�culo 2 - aun en los Estados de jurisprudencia vinculante, como los del sistema del common law, porque es obvio que en �stos lo que crea derecho general no es el acto jurisdiccional sino la potestad normativa de los tribunales, decantada en sus precedentes- .

29. La interpretaci�n anterior es tambi�n, a mi juicio, la �nica que se compagina con los antecedentes del art�culo 2 de la Convenci�n. En efecto, los proyectos que la precedieron prescind�an de una disposici�n semejante, no por inadvertencia, sino por la preocupaci�n de que pudiera interpretarse de otra manera, como una especie de v�lvula de escape a las obligaciones inmediatas e incondicionales del art�culo 1.1. As�, en el informe del relator de la Comisi�n Interamericana, Dr. Dunshee de Abranches, se dec�a expresamente:

Seg�n el sistema constitucional prevaleciente en los Estados americanos, las disposiciones de los tratados se incorporan al derecho interno en virtud de la ratificaci�n, previa aprobaci�n del �rgano legislativo competente, sin necesidad de ley especial. Por consiguiente, dicho p�rrafo no hace falta en la Convenci�n Interamericana. Al contrario, si figurara en la Convenci�n podr� justificar la alegaci�n de que cierto Estado Parte no estar�a obligado a respetar uno o m�s derechos, definidos en dicha Convenci�n pero no contemplados en su legislaci�n interna; sino despu�s de ser expedida una ley especial sobre tal o tales derechos (Estudio Comparativo entre los Pactos de las Naciones Unidas... y los Proyectos de Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.l9/Doc. 18, p�g. 192).

Preocupaci�n que motiv� las observaciones concretas del Gobierno de Chile (supra 24), al proponer la inclusi�n del art�culo 2, en el sentido de que:

Si bien en general podr�a ser efectiva la afirmaci�n hecha por el Relator Dr. Dunshee de Abranches en el Documento 18 de la Comisi�n, en el sentido que en los Estados Americanos las disposiciones de los Tratados "se incorporan" al derecho interno en virtud de la ratificaci�n, no es menos cierto que en varios casos habr� que adoptar medidas de orden interno para hacer efectivos los derechos, especialmente en los casos en que el propio texto del proyecto as� lo indica, en t�rminos tales como: "la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo" (art. 16); o "la ley reglamentar� la forma..." (art. 17); y otras semejantes. La argumentaci�n de que la inclusi�n de esta cl�usula en la Convenci�n Interamericana podr�a justificar la alegaci�n de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o m�s derechos no contemplados en su legislaci�n interna, no se sostiene dentro de los t�rminos del proyecto; y menos a�n si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia. (Actas y Documentos, supra 24, Doc. 7, p�g. 38).

30. En efecto, considero que lo fundamental es el deber inmediato e incondicional de cada Estado de respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales, para que �stos alcancen normalmente una plena protecci�n desde el punto de vista del derecho internacional, aun frente a aquellos ordenamientos internos para los cuales el �ltimo carece de inmediata exigibilidad. En virtud del deber de respetarlos, el Estado no puede violarlos directamente, aunque no los haya reconocido en su derecho interno; y en virtud del deber de garantizarlos, tampoco puede violarlos indirectamente, negando a sus titulares el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento, tanto frente a las autoridades p�blicas como frente a los propios particulares, ni siquiera bajo el pretexto de que tal amparo no haya sido provisto por su orden interno. Con otras palabras, el solo irrespeto de tales derechos y la sola denegaci�n de su amparo, gubernativo o jurisdiccional, constituir�an violaciones directas de los mismos, en funci�n del deber de respetarlos y garantizarlos establecido por el art�culo 1.1 de la Convenci�n, sin necesidad de acudir al del art�culo 2, de adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter necesarias para hacerlos efectivos en el orden interno.

31. As� pues, este �ltimo s�lo tiene sentido, como norma independiente dentro del sistema de la Convenci�n, para aquellos derechos que por su naturaleza est�n necesitados de desarrollo mediante normas complementarias, en el caso, del derecho interno. No me refiero, por supuesto, a las normas llamadas program�ticas, porque �stas establecen una categor�a diferente de mandatos, jur�dicos, s�, pero que no pueden exigirse como tales ni siquiera al amparo del art�culo 2 de la Convenci�n.

32. De conformidad con lo expuesto, este art�culo no puede tener un car�cter condicionante del 1.1, en el sentido, por ejemplo, en que fue interpretado unilateralmente y sin ning�n eco en la Conferencia de San Jos�, por la Declaraci�n de los Estados Unidos de Am�rica (v. supra 24), cuando dijo:

Los Estados Unidos convienen en que este art�culo debe incluirse en el proyecto de Convenci�n puesto que ayuda a aclarar el efecto legal que tiene la ratificaci�n en las leyes nacionales de las partes respectivas. El art�culo es lo suficiente flexible para que cada pa�s pueda poner en ejecuci�n el tratado de la mejor manera posible y en forma consecuente con su pr�ctica nacional. Algunos pa�ses pueden optar por hacer que los art�culos del tratado entren directamente en vigor como ley nacional, y este art�culo les permitir�a lograrlo. Los comentarios de Chile sugieren que su propia pr�ctica pueda variar seg�n el texto de cada art�culo. Otros pueden preferir depender �nicamente de la ley nacional para poner en ejecuci�n los art�culos del tratado. En los Estados Unidos interpretar�amos este art�culo como una autorizaci�n que se nos da para seguir el �ltimo de estos cursos en el caso de materias comprendidas en la Parte I, las porciones sustantivas, del proyecto de Convenci�n. Eso nos permitir�a referirnos, cuando proceda, a nuestra Constituci�n, a nuestra legislaci�n nacional ya existente, a las decisiones de nuestros tribunales y a nuestra pr�ctica administrativa en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones contra�das en virtud de la Convenci�n. Tambi�n significar� que podremos formular cualquier legislaci�n necesaria en t�rminos que de inmediato y claramente puedan incluirse en nuestros c�digos nacionales. En otras palabras, los Estados Unidos no tienen la intenci�n de interpretar los art�culos de la Parte I del tratado en el sentido de que tienen aplicaci�n por s� solos. (Actas y Documentos, supra 24. Trad. oficial en p�gs. 148 y 149).

33. Independientemente de la validez que esa interpretaci�n o una reserva de ese tenor pudieren tener en el caso concreto de los Estados Unidos de Am�rica - cuya determinaci�n exceder�a de los l�mites de la presente consulta -, no parece aceptable como tesis general, ni fue de hecho lo que motiv� la inclusi�n del art�culo 2 en la Convenci�n. Por el contrario, considero que, de acuerdo con �sta, los Estados que no reconozcan la autom�tica recepci�n del derecho internacional en su ordenamiento interno, est�n obligados a incorporar los derechos reconocidos en aqu�lla, en su totalidad, en virtud de su deber de respetarlos y garantizarlos de conformidad con el art�culo 1.1, no del de desarrollarlos en su derecho interno establecido en el art�culo 2.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 23-33.

167. La obligaci�n de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligaci�n, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garant�a del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

168. La obligaci�n a cargo de los Estados es, as�, mucho m�s inmediata que la que resulta del art�culo 2, que dice . . . .

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 167-168.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 176-177.

6. Es verdaderamente sorprendente, y lamentable, que, al final de cinco d�cadas de evoluci�n del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la doctrina todav�a no haya examinado y desarrollado suficiente y satisfactoriamente el alcance y las consecuencias de las interrelaciones entre los deberes generales de respetar y garantizar los derechos protegidos, y de adecuar el ordenamiento jur�dico interno a la normativa internacional de protecci�n. Las pocas indicaciones existentes se encuentran en la jurisprudencia. Esta Corte empez� a considerar aquellas interrelaciones en su s�ptima Opini�n Consultiva, de 1986, en la cual advirti� que "el hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio" de los derechos protegidos "no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aqu�llos han contra�do seg�n el art�culo 1.1" de la Convenci�n; y agreg� que tal conclusi�n se reforzaba con lo prescrito por el art�culo 2 de la Convenci�n.

7. Transcurrida una d�cada desde esta ponderaci�n de la Corte, habr�a que retomar la cuesti�n y profundizar su examen. El deber general y fundamental del art�culo 1.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos encuentra paralelo en otros tratados de derechos de la persona humana, como el Pacto de Derechos Civiles y Pol�ticos (art�culo 2.1), la Convenci�n sobre Derechos del Ni�o (art�culos 2.1 y 38.1), las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario (art�culo 1) y el Protocolo Adicional de 1977 a estas �ltimas (art�culo 1.1). A su vez, tambi�n en deber general del art�culo 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos tiene equivalentes, en su Protocolo Adicional de 1988 en Materia de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (art�culo 2), en el Pacto de Derechos Civiles y Pol�ticos (art�culo 2.2), en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art�culo 1), en la Convenci�n de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art�culo 2.1).

. . . .

9. Las dos obligaciones generales consagradas en la Convenci�n Americana - la de respetar y garantizar los derechos protegidos (art�culo 1.1) y la de adecuar el derecho interno a la normativa internacional de protecci�n (art�culo 2) - me parecen ineluctablemente interligadas. De ah� que la violaci�n del art�culo 2 acarrea siempre, a mi modo de ver, la violaci�n igualmente del art�culo 1.1. La violaci�n del art�culo 1.1 config�rase siempre que haya una violaci�n del art�culo 2. Y en casos de violaci�n del art�culo 1.1 hay una fuerte presunci�n de inobservancia del art�culo 2, en virtud, v.g., de insuficiencias o lagunas del ordenamiento jur�dico interno en cuanto a la reglamentaci�n de las condiciones del ejercicio de los derechos protegidos. Asimismo, no hay como minimizar la obligaci�n del art�culo 2, una vez que �sta confiere precisi�n a la obligaci�n inmediata fundamental del art�culo 1.1, de la cual config�rase como casi un corolario. La obligaci�n del art�culo 2 requiere que se adopte la legislaci�n necesaria para dar efectividad a las normas convencionales de protecci�n, supliendo eventuales lagunas o insuficiencias en el derecho interno, o entonces que se alteren disposiciones legales nacionales a fin de armonizarlas con las normas convencionales de protecci�n.

10. Como estas normas convencionales vinculan los Estados Partes - y no solamente sus Gobiernos, - tambi�n los Poderes Legislativo y Judicial, adem�s del Ejecutivo, est�n obligados a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la Convenci�n Americana en el plano del derecho interno. El incumplimiento de las obligaciones convencionales, como se sabe, compromete la responsabilidad internacional del Estado, por actos o omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial. En suma, las obligaciones internacionales de protecci�n, que en su amplio alcance vinculan conjuntamente todos los poderes del Estado, comprenden las que se dirigen a cada uno de los derechos protegidos, as� como las obligaciones generales adicionales de respetar y garantizar �stos �ltimos, y de adecuar el derecho interno a las normas convencionales de protecci�n, tomadas conjuntamente. Como sostuve tambi�n en mi Voto Disidente en el caso El Amparo (Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28), las violaciones de derechos humanos y las reparaciones de los da�os de ellas resultantes deben determinarse bajo la Convenci�n Americana teniendo presentes las obligaciones espec�ficas relativas a cada uno de los derechos protegidos juntamente con las obligaciones generales consagradas en los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n. El reconocimiento de la indisociabilidad de estas dos obligaciones generales inter se constituir�a un paso adelante en la evoluci�n de la materia.

Voto Disidente del Juez Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, p�rrs. 6-7 y 9-10.

2.0.2. "[s]i el ejercicio de los derechos y libertades . . . no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car�cter . . . ."

27. Por el contrario, las incidencias de la inclusi�n de esta norma en la Convenci�n demuestran, a mi juicio con toda claridad, que tiene en ella un car�cter marginal, para los supuestos en que el del art�culo 1.1 resulte inoperante o, al menos, insuficiente, pero no por limitaciones propias del derecho interno, que implicar�an violaciones del propio art�culo 1.1, sino en virtud de que determinados derechos - no todos - necesitan en s� mismos de normas o medidas complementarias de orden interno para ser exigibles de manera inmediata e incondicional. Dicho de otra manera: en trat�ndose de derechos reconocidos por la Convenci�n de manera inmediata e incondicional, basta con el deber de los Estados Partes de respetarlos y garantizarlos, de conformidad con el art�culo 1.1, para que sean plenamente exigibles frente a esos Estados de la misma manera inmediata e incondicional, por lo menos como derechos de la Convenci�n, que es lo �nico sobre lo cual la Corte ejerce su jurisdicci�n. Lo que ocurre es que algunos derechos, de conformidad con su naturaleza o con la propia Convenci�n, carecen de esa virtualidad sin que normas u otras medidas complementarias permitan tenerlos por plenamente exigibles, como ocurre, por ejemplo, con los pol�ticos (art. 23) o con los de protecci�n judicial (art. 25), que no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulaci�n normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, econ�mico y humano que les d� la eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convenci�n, es decir, en el plano internacional, y no s�lo como cuesti�n del orden interno de cada Estado: si no hay c�digos o leyes electorales, registros de electores, partidos pol�ticos, medios de propaganda y movilizaci�n, centros de votaci�n, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, �ste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protecci�n judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible.

28. Es por esto tambi�n que, sabiamente, el art�culo 2 se refiere, no s�lo a disposiciones normativas, sino tambi�n a "medidas de otro car�cter", en las cuales se engloban claramente las institucionales, econ�micas y humanas citadas. Pero no las administrativas o jurisdiccionales como tales, porque �stas simplemente constituyen aplicaci�n de las anteriores y, en tal sentido, se enmarcan dentro de los deberes de respeto y garant�a del art�culo 1.1, no dentro de los del art�culo 2 - aun en los Estados de jurisprudencia vinculante, como los del sistema del common law, porque es obvio que en �stos lo que crea derecho general no es el acto jurisdiccional sino la potestad normativa de los tribunales, decantada en sus precedentes- .

29. La interpretaci�n anterior es tambi�n, a mi juicio, la �nica que se compagina con los antecedentes del art�culo 2 de la Convenci�n. En efecto, los proyectos que la precedieron prescind�an de una disposici�n semejante, no por inadvertencia, sino por la preocupaci�n de que pudiera interpretarse de otra manera, como una especie de v�lvula de escape a las obligaciones inmediatas e incondicionales del art�culo 1.1. As�, en el informe del relator de la Comisi�n Interamericana, Dr. Dunshee de Abranches, se dec�a expresamente:

Seg�n el sistema constitucional prevaleciente en los Estados americanos, las disposiciones de los tratados se incorporan al derecho interno en virtud de la ratificaci�n, previa aprobaci�n del �rgano legislativo competente, sin necesidad de ley especial. Por consiguiente, dicho p�rrafo no hace falta en la Convenci�n Interamericana. Al contrario, si figurara en la Convenci�n podr� justificar la alegaci�n de que cierto Estado Parte no estar�a obligado a respetar uno o m�s derechos, definidos en dicha Convenci�n pero no contemplados en su legislaci�n interna; sino despu�s de ser expedida una ley especial sobre tal o tales derechos (Estudio Comparativo entre los Pactos de las Naciones Unidas... y los Proyectos de Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.l9/Doc. 18, p�g. 192).

Preocupaci�n que motiv� las observaciones concretas del Gobierno de Chile (supra 24), al proponer la inclusi�n del art�culo 2, en el sentido de que:

Si bien en general podr�a ser efectiva la afirmaci�n hecha por el Relator Dr. Dunshee de Abranches en el Documento 18 de la Comisi�n, en el sentido que en los Estados Americanos las disposiciones de los Tratados "se incorporan" al derecho interno en virtud de la ratificaci�n, no es menos cierto que en varios casos habr� que adoptar medidas de orden interno para hacer efectivos los derechos, especialmente en los casos en que el propio texto del proyecto as� lo indica, en t�rminos tales como: "la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo" (art. 16); o "la ley reglamentar� la forma..." (art. 17); y otras semejantes. La argumentaci�n de que la inclusi�n de esta cl�usula en la Convenci�n Interamericana podr�a justificar la alegaci�n de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o m�s derechos no contemplados en su legislaci�n interna, no se sostiene dentro de los t�rminos del proyecto; y menos a�n si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia. (Actas y Documentos, supra 24, Doc. 7, p�g. 38).

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 27-29.

61. Respecto a otros preceptos de la Convenci�n cuya violaci�n se imputa a Colombia, esta Corte considera lo siguiente.

62. La Comisi�n pretende que Colombia ha violado el art�culo 2 de la Convenci�n pero esta Corte no encuentra que ese pa�s carezca de las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convenci�n y, en consecuencia, no existe la violaci�n se�alada.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rrs. 61-62.

93. La Comisi�n solicit� en su demanda que la Corte declare que el art�culo sin numeraci�n que est� incluido despu�s del art�culo 114 del C�digo Penal ecuatoriano (en adelante "art�culo 114 bis") viola "el derecho a la protecci�n legal" establecido en el art�culo 2 de la Convenci�n. De acuerdo con la Comisi�n, es obligaci�n de los Estados organizar su aparato judicial para garantizar el "libre y pleno ejercicio de los derechos ah� establecidos a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n".

94. En su escrito de alegatos finales el Ecuador manifest� haber

iniciado los tr�mites pertinentes con el objeto de armonizar dicha ley con su Constituci�n Pol�tica, ya que esta es la Ley Suprema a la cual est�n supeditadas las dem�s normas y disposiciones de menor jerarqu�a.

95. El art�culo 114 bis en estudio establece que

[l]as personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el C�digo Penal como pena m�xima para el delito por el cual estuvieren encausadas, ser�n puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso.

De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el C�digo Penal como pena m�xima por el delito por el cual estuvieren encausadas, ser�n puestas en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso.

Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotr�picas.

El art�culo 2 de la Convenci�n determina que . . . .

97. Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convenci�n no pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella (Responsabilidad internacional por expedici�n y aplicaci�n de leyes violatorias de la Convenci�n (arts. 1 y 2 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos) Opini�n Consultiva OC-14/94 de 16 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, p�rr. 36). Aunque las dos primeras disposiciones del art�culo 114 bis del C�digo Penal ecuatoriano asignan a las personas detenidas el derecho de ser liberadas cuando existan las condiciones indicadas, el �ltimo p�rrafo del mismo art�culo contiene una excepci�n a dicho derecho.

98. La Corte considera que esa excepci�n despoja a una parte de la poblaci�n carcelaria de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intr�nsecamente a todos los miembros de dicha categor�a de inculpados En el caso concreto del se�or Su�rez Rosero esa norma ha sido aplicada y le ha producido un perjuicio indebido. La Corte hace notar, adem�s, que, a su juicio, esa norma per se viola el art�culo 2 de la Convenci�n Americana, independientemente de que haya sido aplicada en el presente caso.

99. En conclusi�n, la Corte se�ala que la excepci�n contenida en el art�culo 114 bis citado infringe el art�culo 2 de la Convenci�n por cuanto el Ecuador no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivo el derecho contemplado en el art�culo 7.5 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rrs. 93-99.

2.0.3. ". . .con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci�n . . . ."

26. Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, espec�ficamente, la Convenci�n. En este �ltimo caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que est� obligado por el art�culo 2. Tambi�n, por supuesto, dictando disposiciones que no est�n en conformidad con lo que de �l exigen sus obligaciones dentro de la Convenci�n. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jur�dico interno o contra �l, es indiferente para estos efectos.

27. En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisi�n tiene a ese respecto las mismas facultades que tendr�a frente a cualquier otro tipo de violaci�n y podr�a expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo en los dem�s casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de "leyes internas" y de que estas hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constituci�n", nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la Comisi�n en este sentido no est�n de manera alguna restringidas por la forma como la Convenci�n es violada.

28. Podr�an mencionarse situaciones hist�ricas en las cuales algunos Estados han promulgado leyes de conformidad con su estructura jur�dica pero que no ofrecieron garant�as adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos, impusieron restricciones inaceptables o, simplemente, los desconocieron. Tal como lo ha manifestado la Corte, el cumplimiento de un procedimiento constitucional "no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos" (La expresi�n "leyes" en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, supra 25, p�rr. 22).

29. Esto no significa que la Comisi�n tenga atribuciones para pronunciarse sobre la forma como se adopta una norma jur�dica en el orden interno. Esa es funci�n de los �rganos competentes del Estado. Lo que la Comisi�n debe verificar, en un caso concreto, es si lo dispuesto por la norma contradice la Convenci�n y no si contradice el ordenamiento jur�dico interno del Estado. La atribuci�n otorgada a la Comisi�n para "formular recomendaciones [...] a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales" (art. 41.b) (destacado de la Corte) o el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convenci�n "con arreglo a sus procedimientos constitucionales" (art. 2) (destacado de la Corte), no le dan a la Comisi�n facultad para calificar el cumplimiento por el Estado de los preceptos constitucionales en la elaboraci�n de las normas internas.

30. En el �mbito internacional lo que interesa determinar es si una ley resulta violatoria de las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en virtud de un tratado. Esto puede y debe hacerlo la Comisi�n a la hora de analizar las comunicaciones y peticiones sometidas a su conocimiento sobre violaciones de derechos humanos y libertades protegidos por la Convenci�n.

31. Esta delimitaci�n de las atribuciones de la Comisi�n de manera alguna afecta el v�nculo entre el estado de derecho y la Convenci�n. Como ya lo ha dicho la Corte "[e]l concepto de derechos y libertades y, por ende el de sus garant�as, [seg�n el Pacto de San Jos�] es [...] inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira" [El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, p�rr. 26). Dentro de tales valores y principios aparece que "la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convenci�n forma parte" (La expresi�n "leyes" en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, supra 25, p�rr. 34 ). Ha se�alado tambi�n la Corte que

el principio de la legalidad, las instituciones democr�ticas y el Estado de Derecho son inseparables [y que] [e]n una sociedad democr�tica los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garant�as y el Estado de Derecho constituyen una tr�ada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en funci�n de los otros (El h�beas corpus bajo suspensi�n de garant�as, p�rrs. 24 y 26).

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, p�rrs. 26-31.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rr. 33.

2.0.4. deber de adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades

3. En lo que a mi opini�n separada interesa, invoco como de particular importancia, en primer lugar, el principio de que los derechos humanos son, adem�s de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres estos que imponen una actitud interpretativa consecuente y, por ende, la necesidad de considerar en cada caso, no s�lo el sentido y alcances de las propias normas interpretadas, en su texto literal, sino tambi�n su potencialidad de crecimiento, a mi juicio convertida en derecho legislado por los art�culos 2 y 26 de la Convenci�n Americana, entre otros instrumentos internacionales sobre la materia; el primero, para todos los derechos; el segundo, en funci�n de los llamados derechos econ�micos, sociales y culturales. En efecto, de conformidad con los mismos . . . .

4. En relaci�n con el art�culo 2, debe recordarse que los Estados Partes asumieron, junto al deber de "respetar los derechos y libertades reconocidos" en la Convenci�n, el de "garantizar su libre y pleno ejercicio" (art.1.1), lo cual debe interpretarse, a la luz de dicho art�culo 2, como tambi�n el compromiso de "adoptar... las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades". De esta manera, al deber negativo de no irrespetar, se suma el positivo de garantizar y, por ende, de ir garantizando, cada vez mejor y con m�s eficacia, aquellos derechos y libertades. Ciertamente, ser�a un absurdo, no querido por la Convenci�n, pretender que ese deber positivo conlleve siempre sanciones concretas por su incumplimiento: la verdad es que tales deberes positivos no implican necesariamente "derechos subjetivos", con los alcances espec�ficos de esta expresi�n, es decir, derechos en s� mismos exigibles, mediante una concreta "acci�n de restituci�n"; pero es obvio que, si son "derechos", por lo menos generan, jur�dicamente, una especie de "acci�n refleja", al modo, por ejemplo, de la acci�n de nulidad vinculada en el derecho p�blico interno a los llamados "intereses leg�timos", que permiten impugnar las medidas del Estado que tiendan a desconocerlos, disminuirlos, restringirlos o desaplicarlos, o a otorgarlos a otros con discriminaci�n, o produzcan esos resultados.

5. Todo esto me obliga, en el contexto de la consulta, a examinar la cuesti�n de si el proyecto de reforma constitucional, al reducir en determinados aspectos los derechos de que actualmente gozan los extranjeros para naturalizarse en Costa Rica, no puede estar incurriendo en contradicci�n con el deber asumido por ese Estado de desarrollar progresivamente los derechos humanos, en el caso el derecho a la nacionalidad consagrado por el art�culo 20.1 de la Convenci�n; as� como el problema m�s concreto de si, al restringir las oportunidades ya otorgadas para la naturalizaci�n por matrimonio, no se est� afectando seriamente el deber de garantizar progresivamente los derechos de la familia consagrados en el art�culo 17 de la misma, en especial en sus p�rrafos 1 y 2- conforme a los cuales . . . .

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No.4, p�rrs.3-5.

28. El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificaci�n o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aqu�llos han contra�do seg�n el art�culo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convenci�n y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n...". En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificaci�n o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicci�n de un Estado Parte, ello constituir�a una violaci�n de la Convenci�n, susceptible de ser denunciada ante los �rganos de protecci�n por ella previstos.

29. Esta conclusi�n se refuerza con lo prescrito por el art�culo 2 de la Convenci�n, que dispone . . . .

30. Este art�culo, que es el implicado en la segunda pregunta, recoge una regla b�sica del derecho internacional, seg�n la cual todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jur�dico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra �ndole. En el contexto de la Convenci�n esta conclusi�n concuerda con el art�culo 43 que dice . . . .

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 28-30.

33. La Corte ha resuelto ya que el art�culo 14.1 establece el derecho de rectificaci�n o respuesta y que la frase "en las condiciones que establezca la ley" se refiere a diversas condiciones relacionadas con el ejercicio de ese derecho. Por consiguiente, esa frase ata�e a la efectividad de ese derecho en el orden interno, mas no a su creaci�n, existencia o exigibilidad internacional. Siendo �ste el caso, cabe referirse a las estipulaciones del art�culo 2, puesto que tratan sobre el deber de los Estados Partes de "adoptar... las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades". Si se leen conjuntamente los art�culos 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n, todo Estado Parte que no haya ya garantizado el libre y pleno ejercicio del derecho de rectificaci�n o respuesta, est� en la obligaci�n de lograr ese resultado, sea por medio de legislaci�n o cualesquiera otras medidas que fueren necesarias seg�n su ordenamiento jur�dico interno para cumplir ese fin. Este criterio justifica la conclusi�n de que el concepto de "ley", tal como lo utiliza el art�culo 14.1, comprende todas las medidas dirigidas a regular el ejercicio del derecho de rectificaci�n o respuesta. Pero si se tratara de restringir el derecho de rectificaci�n o respuesta u otro cualquiera, ser�a siempre necesaria la existencia de una ley formal, que cumpliera con todos los extremos se�alados en el art�culo 30 de la Convenci�n (La expresi�n "leyes", supra 18).

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 33.

6. El art�culo 2 de la Convenci�n dispone . . . .

Es evidente que este art�culo de la Convenci�n impone el deber a los Estados Partes de adoptar las medidas requeridas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convenci�n. El ser de estos derechos no est� condicionado a la existencia de normas pertinentes en el derecho interno de los Estados Partes. Pero estos Estados se hallan obligados a adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter, si no existieran ya, para hacer "efectivos" tales derechos y libertades. Se trata de una obligaci�n adicional, que se suma a la impuesta por el art�culo 1 de la Convenci�n dirigida a hacer m�s determinante y cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convenci�n reconoce. Por eso es que la obligaci�n que resulta del art�culo 2, complementa, pero de ninguna manera sustituye o suple, a la obligaci�n general y no condicionada que resulta del art�culo 1 . . . .

Opini�n Separada del Juez H�ctor Gross Espiell, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 6.

26. En cambio, el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar plenamente la eficacia de tales derechos en el orden interno, a que se refiere el art�culo 2, no puede ser entendido, en el sistema de la Convenci�n, como mera repetici�n del ya establecido en el art�culo 1.1, porque esto equivaldr�a a vaciar de sentido �ste �ltimo, ni tampoco como equivalente del simple deber gen�rico de darle eficacia en el orden interno, propio de toda obligaci�n internacional, porque entonces habr�a sido innecesario consagrarlo por parte del mismo art�culo 1.1, y quiz�s hasta innecesario del todo. El Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no contiene ninguna disposici�n semejante a la del art�culo 2 de la Convenci�n Americana, y sin embargo nadie podr�a suponer, ante esa ausencia, que la misma obligaci�n no existiera para sus Estados Partes.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 26.

30. En efecto, considero que lo fundamental es el deber inmediato e incondicional de cada Estado de respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales, para que �stos alcancen normalmente una plena protecci�n desde el punto de vista del derecho internacional, aun frente a aquellos ordenamientos internos para los cuales el �ltimo carece de inmediata exigibilidad. En virtud del deber de respetarlos, el Estado no puede violarlos directamente, aunque no los haya reconocido en su derecho interno; y en virtud del deber de garantizarlos, tampoco puede violarlos indirectamente, negando a sus titulares el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento, tanto frente a las autoridades p�blicas como frente a los propios particulares, ni siquiera bajo el pretexto de que tal amparo no haya sido provisto por su orden interno. Con otras palabras, el solo irrespeto de tales derechos y la sola denegaci�n de su amparo, gubernativo o jurisdiccional, constituir�an violaciones directas de los mismos, en funci�n del deber de respetarlos y garantizarlos establecido por el art�culo 1.1 de la Convenci�n, sin necesidad de acudir al del art�culo 2, de adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter necesarias para hacerlos efectivos en el orden interno.

31. As� pues, este �ltimo s�lo tiene sentido, como norma independiente dentro del sistema de la Convenci�n, para aquellos derechos que por su naturaleza est�n necesitados de desarrollo mediante normas complementarias, en el caso, del derecho interno. No me refiero, por supuesto, a las normas llamadas program�ticas, porque �stas establecen una categor�a diferente de mandatos, jur�dicos, s�, pero que no pueden exigirse como tales ni siquiera al amparo del art�culo 2 de la Convenci�n.

32. De conformidad con lo expuesto, este art�culo no puede tener un car�cter condicionante del 1.1, en el sentido, por ejemplo, en que fue interpretado unilateralmente y sin ning�n eco en la Conferencia de San Jos�, por la Declaraci�n de los Estados Unidos de Am�rica (v. supra 24), cuando dijo:

Los Estados Unidos convienen en que este art�culo debe incluirse en el proyecto de Convenci�n puesto que ayuda a aclarar el efecto legal que tiene la ratificaci�n en las leyes nacionales de las partes respectivas. El art�culo es lo suficiente flexible para que cada pa�s pueda poner en ejecuci�n el tratado de la mejor manera posible y en forma consecuente con su pr�ctica nacional. Algunos pa�ses pueden optar por hacer que los art�culos del tratado entren directamente en vigor como ley nacional, y este art�culo les permitir�a lograrlo. Los comentarios de Chile sugieren que su propia pr�ctica pueda variar seg�n el texto de cada art�culo. Otros pueden preferir depender �nicamente de la ley nacional para poner en ejecuci�n los art�culos del tratado. En los Estados Unidos interpretar�amos este art�culo como una autorizaci�n que se nos da para seguir el �ltimo de estos cursos en el caso de materias comprendidas en la Parte I, las porciones sustantivas, del proyecto de Convenci�n. Eso nos permitir�a referirnos, cuando proceda, a nuestra Constituci�n, a nuestra legislaci�n nacional ya existente, a las decisiones de nuestros tribunales y a nuestra pr�ctica administrativa en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones contra�das en virtud de la Convenci�n. Tambi�n significar� que podremos formular cualquier legislaci�n necesaria en t�rminos que de inmediato y claramente puedan incluirse en nuestros c�digos nacionales. En otras palabras, los Estados Unidos no tienen la intenci�n de interpretar los art�culos de la Parte I del tratado en el sentido de que tienen aplicaci�n por s� solos. (Actas y Documentos, supra 24. Trad. oficial en p�gs. 148 y 149).

33. Independientemente de la validez que esa interpretaci�n o una reserva de ese tenor pudieren tener en el caso concreto de los Estados Unidos de Am�rica - cuya determinaci�n exceder�a de los l�mites de la presente consulta -, no parece aceptable como tesis general, ni fue de hecho lo que motiv� la inclusi�n del art�culo 2 en la Convenci�n. Por el contrario, considero que, de acuerdo con �sta, los Estados que no reconozcan la autom�tica recepci�n del derecho internacional en su ordenamiento interno, est�n obligados a incorporar los derechos reconocidos en aqu�lla, en su totalidad, en virtud de su deber de respetarlos y garantizarlos de conformidad con el art�culo 1.1, no del de desarrollarlos en su derecho interno establecido en el art�culo 2.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 23-33.

31. La primera pregunta planteada por la Comisi�n se refiere a los efectos jur�dicos de una ley que manifiestamente viole las obligaciones contra�das por el Estado al ratificar la Convenci�n. Al contestar la pregunta la Corte entender� la palabra "ley" en su sentido material y no formal.

32. Impl�citamente, esta pregunta viene a referirse a la interpretaci�n de los art�culos 1 y 2 de la Convenci�n que establecen el compromiso de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicci�n y a adoptar, en su caso, las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

33. Naturalmente, si se ha contra�do la obligaci�n de adoptar las medidas aludidas, con mayor raz�n lo est� la de no adoptar aquellas que contradigan el objeto y fin de la Convenci�n. Estas �ltimas ser�an las "leyes" a que se refiere la pregunta planteada por la Comisi�n.

. . . .

36. Es indudable que, como se dijo, la obligaci�n de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convenci�n, comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades.

37. Ya en una ocasi�n anterior esta Corte ha dicho:

Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, espec�ficamente, la Convenci�n. En este �ltimo caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que est� obligado por el art�culo 2. Tambi�n, por supuesto, dictando disposiciones que no est�n en conformidad con lo que de �l exigen sus obligaciones dentro de la Convenci�n (Ciertas atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, p�rr. 26).

38. Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convenci�n, esta Corte ha dicho

[q]ue la Comisi�n es competente, en los t�rminos de las atribuciones que le confieren los art�culos 41 y 42 de la Convenci�n, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que �ste ha asumido al ratificarla o adherir a ella... (Ciertas atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, supra 37, parte resolutiva 1).

39. Como consecuencia de esta calificaci�n, podr� la Comisi�n recomendar al Estado la derogaci�n o reforma de la norma violatoria y para ello es suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento, haya sido o no aplicada en un caso concreto. Esta calificaci�n y recomendaci�n pueden ser hechas por la Comisi�n directamente al Estado (art. 41.b) o en los informes a que se refieren los art�culos 49 y 50 de la Convenci�n.

40. Otro es el tratamiento que el mismo problema tendr�a ante la Corte. En efecto, en ejercicio de su competencia consultiva y en aplicaci�n del art�culo 64.2, la Corte puede referirse a la eventual violaci�n de la Convenci�n o de otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos por una norma interna o meramente a la compatibilidad entre esos instrumentos. Pero, en cambio, si se trata de su jurisdicci�n contenciosa, el an�lisis hay que hacerlo de otra manera.

41. Es conveniente se�alar, en primer lugar, que una ley que entra en vigor no necesariamente afecta la esfera jur�dica de personas determinadas. Puede suceder que est� sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicaci�n por Funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicci�n de la norma se afecten por la sola vigencia de la misma. A estas �ltimas normas y a falta de mejor denominaci�n, la Corte las llamar� leyes de aplicaci�n inmediata en el curso de esta opini�n.

42. En el caso de que la ley no sea de aplicaci�n inmediata y no haya sido a�n aplicada a un caso concreto, la Comisi�n no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisi�n de la ley. La ley que no es de aplicaci�n inmediata es mera facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, per se, violaci�n de los derechos humanos.

43. En el caso de las leyes de aplicaci�n inmediata, tal como han sido definidas anteriormente, la violaci�n de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedici�n. As� una norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la poblaci�n, en raz�n, por ejemplo, de su raza, autom�ticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 31-33, 37-43.

90. Seg�n la Comisi�n el Gobierno de Nicaragua ha violado lo dispuesto por el art�culo 2 de la Convenci�n en virtud de que, debido a la incompatibilidad de los citados decretos Nos. 591 y 600 con la misma Convenci�n, no ha cumplido con la obligaci�n de adoptar en su �mbito interno las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados por ella.

91. En relaci�n con el incumplimiento por parte del Gobierno del art�culo 2 de la Convenci�n Americana por la aplicaci�n de los decretos Nos 591 y 600, esta Corte manifest� que la jurisdicci�n militar no viola per se la Convenci�n (supra 84) y con respecto a la alegada aplicaci�n de algunas de las disposiciones de dichos decretos que pudieren ser contrarias a la Convenci�n, ya se determin� que en el presente caso no fueron aplicadas (supra 72). En consecuencia, la Corte no emite pronunciamiento sobre la compatibilidad de estos art�culos con la Convenci�n ya que proceder en otra forma constituir�a un an�lisis en abstracto y fuera de las funciones de esta Corte.

92. Cabe se�alar, adem�s, que la Asamblea Legislativa de Nicaragua ha expedido la Ley No. 181 que contiene el C�digo de Organizaci�n, Jurisdicci�n y Previsi�n Social Militar, de 23 de agosto de 1994, publicada el 2 de septiembre de 1994 que modific� varias de las disposiciones de los decretos citados. Esa ley no ha sido aplicada en el presente caso y, en consecuencia, la Corte se abstiene de examinarla.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, p�rrs. 90-92.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 97.