Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 13
Libertad de Pensamiento y de Expresión

13.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1
13.0.2. relaci�n con el art�culo 14
13.1.1. alcance del derecho a la libertad de pensamiento y de expresi�n
13.1.2. ". . . sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n."
13.2.1. restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresi�n
13.2.1.1. general
13.2.1.2. concepto de "restricci�n"
13.2.1.3. colegiaci�n obligatoria de periodistas
13.2.2. prohibici�n de la censura previa
13.2.3. ". . . responsabilidades ulteriores, . . . ."
13.2.3.1. ". . . expresamente fijadas por la ley . . . ."
13.2.3.2. alcance del concepto de ley/ Relaci�n con el art�culo 30
13.2.3.3. ". . . necesarias para asegurar. . . ."
13.2.3.4. ". . . el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, . . ."
13.2.3.5. ". . . la protecci�n de la seguridad nacional, . . . ."
13.2.3.6. la protecci�n del orden público
13.2.3.7. la protecci�n de la salud o la moral públicas
13.3.1. restricciones indirectas
13.4.1. "[l]os espect�culos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci�n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2."
13.5.1. "[e]star� prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apolog�a del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acci�n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religi�n, idioma u origen nacional."


1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi�n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, o

b. la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresi�n por v�as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri�dicos, de frecuencias radioel�ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi�n de informaci�n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones.

4. Los espect�culos p�blicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci�n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estar� prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apolog�a del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acci�n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ning�n motivo, inclusive los de raza, color, religi�n, idioma u origen nacional.

13.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1.

162. Este art�culo [1.1] contiene la obligaci�n contra�da por los Estados Partes en relaci�n con cada uno de los derechos protegidos [por la Convenci�n], de tal manera que toda pretensi�n de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido tambi�n el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, p�rr. 162.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5 , p�rr. 171.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 85.

13.0.2. relaci�n con el art�culo 14

3. El derecho de rectificaci�n o respuesta est� reconocido a toda "persona" --concepto determinado en el art�culo 1.2 de la Convenci�n-- "afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio". En cuanto es un derecho cuyo ejercicio supone una ineludible relaci�n con el derecho, que poseen tambi�n todas las personas, "de buscar, recibir y difundir informaciones" (art. 13.1) --derecho que puede dar lugar a responsabilidades fijadas por la ley, necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s" (art. 13.2.a), y se debe tener en cuenta el derecho de toda persona al respeto de su honra (art. 11)-- la determinaci�n del car�cter inexacto o agraviante de las "informaciones", deber� ser, si hay una diferencia al respecto, la consecuencia de un procedimiento judicial que asegure la existencia de estos extremos. Si "los derechos de cada persona est�n limitados por los derechos de los dem�s" (art. 32.2), debe garantizarse el justo equilibrio y la armonizaci�n concreta, en cada caso, entre la libertad de informaci�n, el derecho de rectificaci�n o respuesta y el derecho a la protecci�n de la honra, por medio de un procedimiento judicial que asegure la garant�a de todos los derechos en juego y que determine el car�cter inexacto o agraviante de la informaci�n, en el caso en que haya un conflicto o diferencia resultante del intento de hacer valer, en un caso o situaci�n concreta, el derecho de rectificaci�n o respuesta. Esto es fundamental, ya que sin un procedimiento judicial capaz de determinar, con plenas garant�as, la existencia o no de los extremos exigibles para que el derecho de rectificaci�n o respuesta se reconozca en un caso concreto, si hubiera un conflicto o diferencia sobre su ejercicio, se estar�a violando el art�culo 8 de la Convenci�n, que reconoce el derecho a ser o�do "con las debidas garant�as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley... para la determinaci�n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car�cter". Un derecho de rectificaci�n o respuesta para cuya efectividad pr�ctica s�lo hubiera que recurrir a un procedimiento autom�tico, sin control judicial de la verificaci�n de los extremos indicados y sin las garant�as del debido proceso, en caso de contestaci�n, podr�a constituir, no una expresi�n de protecci�n del derecho a la honra y a la dignidad (art. 11) y un elemento integrante de la libertad de informaci�n (art. 13), sino, por el contrario, un atentado a la libertad de pensamiento y de expresi�n (art. 13.1).

Opini�n Separada del Juez H�ctor Gross Espiell, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 3.

23. ... En efecto, la rectificaci�n o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al p�blico en general, se corresponde con el art�culo 13.2.a sobre libertad de pensamiento o expresi�n, que sujeta esta libertad al "respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s" (ver La colegiaci�n obligatoria de periodistas, supra 18, p�rrs. 59 y 63); con el art�culo 11.1 y 11.3 seg�n el cual

"1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

3. Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la ley contra esas injerencias o esos ataques."

y con el art�culo 32.2 de acuerdo con el cual

"Los derechos de cada persona est�n limitados por los derechos de los dem�s, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien com�n, en una sociedad democr�tica."

24. El derecho de rectificaci�n o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n. Y no podr�a ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convenci�n, est� dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convenci�n Americana, Pre�mbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opini�n Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, p�rr. 33).

25. La ubicaci�n del derecho de rectificaci�n o respuesta (art. 14) inmediatamente despu�s de la libertad de pensamiento y expresi�n (art. 13), confirma esta interpretaci�n. La necesaria relaci�n entre el contenido de estos art�culos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicaci�n del derecho de rectificaci�n o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresi�n que garantiza el art�culo 13 y este �ltimo no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el art�culo 14.1 (La colegiaci�n obligatoria de periodistas, supra 18). Recu�rdese que la Resoluci�n (74) 26 del Comit� de Ministros del Consejo de Europa fundament� el derecho de respuesta en el art�culo 10 de la Convenci�n Europea, sobre libertad de expresi�n.

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 23-25.

5. El derecho de rectificaci�n o respuesta s�lo se comprende y se explica en funci�n de la libertad de pensamiento, expresi�n e informaci�n. Estos derechos forman un complejo unitario e independiente. Como dijo la Corte:

"El art�culo 13 se�ala que la libertad de pensamiento y expresi�n "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole..." Esos t�rminos establecen literalmente que quienes est�n bajo la protecci�n de la Convenci�n tienen no s�lo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino tambi�n el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresi�n de un individuo, no s�lo es el derecho de ese individuo el que est� siendo violado, sino tambi�n el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas... (La colegiaci�n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 30)."

En su dimensi�n individual, el derecho de rectificaci�n o respuesta garantiza al afectado por una informaci�n inexacta o agraviante la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa informaci�n emitida en su perjuicio. En su dimensi�n social, la rectificaci�n o respuesta permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva informaci�n que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante.

E1 derecho de rectificaci�n o respuesta permite, de ese modo, el restablecimiento del equilibrio en la informaci�n, elemento necesario para la adecuada y veraz formaci�n de la opini�n p�blica, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democr�tica. Este extremo es fundamental para interpretar la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (art. 29.c), cuyo prop�sito es consolidar en el continente las instituciones democr�ticas (Pre�mbulo, p�rr. 1). Y la democracia, a la que la Convenci�n se refiere, es la democracia pluralista y representativa, que supone "un r�gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre" (Ibid.).

La libertad de pensamiento y de expresi�n (art. 13) constituye uno de los elementos esenciales de una sociedad democr�tica y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete. Como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, es ello una exigencia del "pluralismo, la tolerancia y el esp�ritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democr�tica" (Eur. Court H. R., Lingens case, judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, p�rr. 41). Pero esta libertad debe estar equilibrada, dentro de los l�mites posibles en una sociedad democr�tica, con el respeto de la reputaci�n y de los derechos de los dem�s (art. 13). Este equilibrio tiene como uno de sus medios de realizaci�n el reconocimiento, en la Convenci�n, del derecho de rectificaci�n o respuesta (art. 14), que juega en el caso de "informaciones inexactas o agraviantes".

La existencia de un derecho de rectificaci�n o respuesta es una v�a para hacer jugar la responsabilidad prevista por el art�culo 13.2, en los casos en que las libertades de pensamiento, de expresi�n o de informaci�n sean utilizadas de forma que ofenda el respeto "a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s".

Opini�n Separada del Juez H�ctor Gross Espiell, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 5.

13.1.1. alcance del derecho a la libertad de pensamiento y de expresi�n

30. El art�culo 13 se�ala que la libertad de pensamiento y expresi�n "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole..." Esos t�rminos establecen literalmente que quienes est�n bajo la protecci�n de la Convenci�n tienen no s�lo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino tambi�n el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresi�n de un individuo, no s�lo es el derecho de ese individuo el que est� siendo violado, sino tambi�n el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el art�culo 13 tiene un alcance y un car�cter especiales. Se ponen as� de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresi�n. En efecto, �sta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica tambi�n, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier informaci�n y a conocer la expresi�n del pensamiento ajeno.

31. En su dimensi�n individual, la libertad de expresi�n no se agota en el reconocimiento te�rico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende adem�s, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor n�mero de destinatarios. Cuando la Convenci�n proclama que la libertad de pensamiento y expresi�n comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", est� subrayando que la expresi�n y la difusi�n del pensamiento y de la informaci�n son indivisibles, de modo que una restricci�n de las posibilidades de divulgaci�n representa directamente, y en la misma medida, un l�mite al derecho de expresarse libremente. De all� la importancia del r�gimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella.

32. En su dimensi�n social la libertad de expresi�n es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicaci�n masiva entre los seres humanos. As� como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica tambi�n el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano com�n tiene tanta importancia el conocimiento de la opini�n ajena o de la informaci�n de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

33. Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresi�n deben ser garantizadas simult�neamente. No ser�a l�cito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un r�gimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que ser�an falsas a criterio del censor. Como tampoco ser�a admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios p�blicos o privados sobre los medios de comunicaci�n para intentar moldear la opini�n p�blica seg�n un solo punto de vista.

34. As�, si en principio la libertad de expresi�n requiere que los medios de comunicaci�n social est�n virtualmente abiertos a todos sin discriminaci�n, o, m�s exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, est�n excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de �stos, de manera que, en la pr�ctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no veh�culos para restringirla. Son los medios de comunicaci�n social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresi�n, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibici�n de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garant�a de protecci�n a la libertad e independencia de los periodistas.

35. Lo anterior no significa que toda restricci�n a los medios de comunicaci�n o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente contraria a la Convenci�n, cuyo art�culo 13.2 dispone...

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 30-35.

3. En este sentido, me parece que mucho de la posici�n de fondo del Gobierno de Costa Rica puede deberse a que la tradici�n costarricense consagra esa libertad solamente como el derecho de expresar libremente el pensamiento propio. Como dicen los art�culos 28 y 29 de su Constituci�n:

"Art�culo 28 (manifestaci�n de opiniones...)

Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestaci�n de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

. . . .

Art�culo 29 (libertad de imprenta)

Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero ser�n responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca."

4. La Convenci�n, en cambio, como se hace notar en la Opini�n principal (v. No.30), la define como el derecho de "buscar, recibir y difundir informaci�n e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n" (art. 13.1), lo cual implica, obviamente, la libertad de difundir, no s�lo el pensamiento, la opini�n, la imaginaci�n o la inspiraci�n propios, sino tambi�n los ajenos, as� como los simples hechos de que se tenga noticia, de manera totalmente coincidente con el contenido de la actividad que ejercen los periodistas, en general, y tambi�n conforme a la definici�n misma resultante de la Ley No. 4420 (arts. 22ss.) y, sobre todo, de su Reglamento (arts. 29 y 30).

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 3-4.

13.1.2. ". . . sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n."

31.... Cuando la Convenci�n proclama que la libertad de pensamiento y expresi�n comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", est� subrayando que la expresi�n y la difusi�n del pensamiento y de la informaci�n son indivisibles, de modo que una restricci�n de las posibilidades de divulgaci�n representa directamente, y en la misma medida, un l�mite al derecho de expresarse libremente. De all� la importancia del r�gimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella.

. . . .

33. Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresi�n deben ser garantizadas simult�neamente. No ser�a l�cito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un r�gimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que ser�an falsas a criterio del censor. Como tampoco ser�a admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios p�blicos o privados sobre los medios de comunicaci�n para intentar moldear la opini�n p�blica seg�n un solo punto de vista.

34. As�, si en principio la libertad de expresi�n requiere que los medios de comunicaci�n social est�n virtualmente abiertos a todos sin discriminaci�n, o, m�s exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, est�n excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de �stos, de manera que, en la pr�ctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no veh�culos para restringirla. Son los medios de comunicaci�n social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresi�n, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibici�n de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garant�a de protecci�n a la libertad e independencia de los periodistas.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 31 y 33-34.

13.2.1. restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresi�n

13.2.1.1. general

35. Lo anterior no significa que toda restricci�n a los medios de comunicaci�n o, en general, a la libertad de expresarse, sea necesariamente contraria a la Convenci�n, cuyo art�culo 13.2 dispone

. . . .

En efecto, la definici�n por la ley de aquellas conductas que constituyen causal de responsabilidad seg�n el citado art�culo, envuelve una restricci�n a la libertad de expresi�n. Es en el sentido de conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresi�n como se usar� en adelante respecto de este art�culo la expresi�n "restricci�n".

36. As� pues, como la Convenci�n lo reconoce, la libertad de pensamiento y expresi�n admite ciertas restricciones propias, que ser�n leg�timas en la medida en que se inserten dentro de los requerimientos del art�culo 13.2. Por lo tanto, como la expresi�n y la difusi�n del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusi�n lo son tambi�n, a la libertad de expresi�n, de tal modo que, en cada caso, es preciso considerar si se han respetado o no los t�rminos del art�culo 13.2 para determinar su legitimidad y establecer, en consecuencia, si ha habido o no una violaci�n de la Convenci�n.

37. La disposici�n citada se�ala dentro de qu� condiciones son compatibles restricciones a la libertad de expresi�n con la Convenci�n. Esas restricciones deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que ata�en a los medios a trav�s de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 35-37.

53. Las infracciones al art�culo 13 pueden presentarse bajo diferentes hip�tesis, seg�n conduzcan a la supresi�n de la libertad de expresi�n o s�lo impliquen restringirla m�s all� de lo leg�timamente permitido.

54. En verdad no toda transgresi�n al art�culo 13 de la Convenci�n implica la supresi�n radical de la libertad de expresi�n, que tiene lugar cuando, por el poder p�blico se establecen medios para impedir la libre circulaci�n de informaci�n, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibici�n de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresi�n o la difusi�n de informaci�n al control gubernamental. En tal hip�tesis, hay una violaci�n radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones b�sicas de una sociedad democr�tica. La Corte considera que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, en los t�rminos en que ha sido planteada para esta consulta, no configura un supuesto de esta especie.

55. La supresi�n de la libertad de expresi�n como ha sido descrita en el p�rrafo precedente, si bien constituye el ejemplo m�s grave de violaci�n del art�culo 13, no es la �nica hip�tesis en que dicho art�culo pueda ser irrespetado. En efecto, tambi�n resulta contradictorio con la Convenci�n todo acto del poder p�blico que implique una restricci�n al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convenci�n; y todo ello con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.

56. M�s a�n, en los t�rminos amplios de la Convenci�n, la libertad de expresi�n se puede ver tambi�n afectada sin la intervenci�n directa de la acci�n estatal. Tal supuesto podr�a llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicaci�n, se establecen en la pr�ctica "medios encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones".

57. Como ha quedado dicho en los p�rrafos precedentes una restricci�n a la libertad de expresi�n puede ser o no violatoria de la Convenci�n, seg�n se ajuste o no a los t�rminos en que dichas restricciones est�n autorizadas por el art�culo 13.2. Cabe entonces analizar la situaci�n de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas frente a la mencionada disposici�n.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 53-57.

5. La Corte ha utilizado expresamente la palabra restricciones, no en el sentido estricto de limitaciones preventivas al ejercicio mismo de la libertad de expresi�n, que el art�culo 13.2 de la Convenci�n no permite en ning�n caso, sino en el general de conductas preestablecidas taxativamente por la ley como generadoras de responsabilidades ulteriores, derivadas del ejercicio de esa libertad, �nicas que dicha norma autoriza, dentro de las condiciones formales y materiales que autoriza (v. No.35 in fine de la Opini�n principal). Desde este punto de vista, mi opini�n es plenamente coincidente con la de mis colegas.

6. Sin embargo, considero que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas debe analizarse, no s�lo en relaci�n con esas restricciones lato sensu, como generadoras de responsabilidades ulteriores, sino tambi�n en cuanto pueda implicar, a la vez, una verdadera restricci�n stricto sensu como condici�n preventiva para el ejercicio mismo de la libertad de expresi�n, prohibida en todo caso por la Convenci�n. As� resulta, tanto del texto del art�culo 13, como de su contexto, de acuerdo con su objeto y fin, que son criterios obligados de interpretaci�n conforme al art�culo 31 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados (as� lo ha dicho repetidamente la Corte: v. OC-1/82, "Otros tratados"..., No. 33; OC-2/82, El efecto de las Reservas..., No. 19; OC- 3/83, Restricciones a la Pena de Muerte..., Nos. 48 y 49; OC-4/84, Naturalizaci�n (Costa Rica)..., Nos. 21 y 22), lo mismo que de la naturaleza de esa libertad como instituci�n esencial del sistema democr�tico y condici�n para el goce de los dem�s derechos y libertades humanos fundamentales (v. Nos. 42, 44 y 70). Todo lo cual apunta a la necesidad de interpretar extensivamente las normas que la consagran, y restrictivamente las que permiten limitarla, de donde deben entenderse prohibidas por el art�culo 13.2 todas las restricciones que no sean las expresa y taxativamente autorizadas por �l, es decir, �nicamente las "responsabilidades ulteriores... expresamente fijadas por la ley... necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, o b. la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas" (v. Nos. 39, 40 y 52 de la Opini�n principal).

7. En este punto, debe tomarse muy en cuenta el hecho de que los p�rrafos 1 y 2 del art�culo 13 de la Convenci�n son copia casi textual de los p�rrafos 2 y 3 del art�culo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de las Naciones Unidas, el cual establece:

"Art�culo 19"

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresi�n; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n.

3. El ejercicio del derecho previsto en el p�rrafo 2 de este art�culo entra�a deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deber�n, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s;

b) La protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas."

8. Como se ve, el art�culo 19.3 del Pacto Internacional corresponde casi exactamente al art�culo 13.2 de la Convenci�n Americana, salvo en cuanto a que este �ltimo agreg� la prohibici�n de toda censura previa y a que sustituy�, de modo expreso, la posibilidad de "ciertas restricciones" del primero, por la de "responsabilidades ulteriores", sustituci�n que no puede considerarse accidental o sem�ntica sino intencional y de fondo.

9. La Corte destac� esas diferencias (v. Nos. 43, 45 y 50 de la Opini�n principal), as� como insisti� en la necesidad de distinguir entre las restricciones autorizadas por el art�culo 13.2, que s�lo pueden establecerse en forma de responsabilidades ulteriores, y las no autorizadas, que no pueden implicar, ni las medidas que conduzcan a la censura previa, ni, mucho menos, a la supresi�n de la libertad de expresi�n, ni tampoco las que impongan condiciones preventivas para su ejercicio (v. p.ej. Nos. 38, 39, 53, 54, 55 y 82). Tambi�n destac� el efecto calificativo que respecto de tales restricciones debe darse al art�culo 13.3, en cuanto que proh�be "restringir el derecho de expresi�n por v�as o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones" (v. Nos. 47 y 48). Asimismo, estableci� que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas es incompatible con la Convenci�n, en cuanto que veda el acceso a esa colegiaci�n y el ejercicio de esa profesi�n a aquellos que no puedan colegiarse (v. Nos. 77 y 82), y por lo menos advirti� del cuidado con que debe mirarse el que el Estado ejerza o delegue en el colegio potestades disciplinarias capaces de restringir ese ejercicio m�s all� de los l�mites autorizados taxativamente por dicha disposici�n (v. No. 81).

10. Sin embargo, mi opini�n es que debe llegarse m�s al fondo de la diferencia que existe entre responsabilidades ulteriores, lo cual hace alusi�n a infracciones de la ley que solamente se producen con el ejercicio de la libertad de expresi�n y solamente se sancionan despu�s de ejercerla, e imponer restricciones propiamente dichas, dirigidas a limitar el ejercicio mismo de la libertad, como es el caso de las licencias o autorizaciones. En efecto, la definici�n misma de �stas las caracteriza como formas de tutela preventiva, consistentes en el levantamiento de un obst�culo impuesto por la ley al ejercicio de un derecho propio, de manera que su espec�fico sentido normativo no es el de someter ese ejercicio a una responsabilidad ulterior por el abuso que con el mismo se cometa, sino el de impedir el ejercicio mismo mientras la licencia o autorizaci�n no haya sido otorgada. Ciertamente, puede ocurrir que una actividad necesitada de licencia o autorizaci�n se lleve a cabo, de hecho, sin obtenerla, en cuyo caso parecer�a convertirse en una responsabilidad ulterior, pero �sta no ser�a en tal caso m�s que una consecuencia secundaria de la violaci�n de dicha condici�n, con lo que la cuesti�n se tornar�a en un simple problema de eficacia de la misma, no de su sentido normativo, que es siempre el de que la conducta no se realice del todo sin la previa licencia o autorizaci�n y de que se haga lo necesario para que no se realice. Esto es bien diferente de las responsabilidades ulteriores que autoriza restrictivamente el art�culo 13.2, las cuales no pueden tender en s� mismas a producir ese efecto impeditivo, sino �nicamente a lograr, por medios indirectos y no preventivos (la sanci�n posterior derivada del abuso), que el ejercicio del derecho se mantenga dentro de l�mites leg�timos.

11. Yo considero que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas constituye una restricci�n de esa naturaleza, cuyo espec�fico sentido normativo es el de prevenir el ejercicio mismo de la actividad period�stica, coincidente, como ya se dijo, con el de la libertad de expresi�n, por los no colegiados, someti�ndolo a la condici�n de una licencia o autorizaci�n, y, por ende, el de condicionar la propia libertad a una restricci�n stricto sensu no autorizada como tal por el art�culo 13.2 de la Convenci�n. De esta manera, creo que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas es, en s� misma, incompatible con la Convenci�n, cualquiera que sea el modo como se reglamente y aunque s�lo constituyera una formalidad asequible a cualquier persona que quisiera ejercer el periodismo, sin necesidad de ning�n requisito adicional. La libertad de expresi�n es un derecho fundamental de todo ser humano por el solo hecho de serlo, cuyo ejercicio no puede ser restringido ni condicionado al cumplimiento de requisitos previos de ninguna naturaleza que �l no pueda o no quiera cumplir.

12. A la misma conclusi�n se llega si se recuerda que el art�culo 13.3 proh�be todo tipo de restricciones a la libertad de expresi�n mediante "v�as o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones". En efecto, si la Convenci�n proh�be tales restricciones indirectas, no es posible entender que permita las directas. Por lo dem�s, el hecho de que esa prohibici�n expresa solamente se refiera a la comunicaci�n o circulaci�n de ideas u opiniones, no puede interpretarse como que s� permite restricciones a la libertad de informaci�n, en el sentido de la b�squeda y difusi�n de noticias sin contenido ideol�gico, porque esta libertad implica tambi�n la comunicaci�n y, sobre todo, la circulaci�n de ideas u opiniones ajenas, al lado de las simples noticias, que ser�an las �nicas no incluidas expresamente en la prohibici�n. De todos modos �stas pueden y deben considerarse impl�citamente contempladas en ellas en virtud del principio de interpretaci�n extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (principio pro homine), y del criterio universal de hermen�utica de que "donde hay la misma raz�n hay la misma disposici�n".

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 5-12.

13.2.1.2. concepto de "restricci�n"

35. ... [E]n efecto, la definici�n por la ley de aquellas conductas que constituyen causal de responsabilidad seg�n el citado art�culo, envuelve una restricci�n a la libertad de expresi�n. Es en el sentido de conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresi�n como se usar� en adelante respecto de este art�culo la expresi�n "restricci�n".

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 35.

5. La Corte ha utilizado expresamente la palabra restricciones, no en el sentido estricto de limitaciones preventivas al ejercicio mismo de la libertad de expresi�n, que el art�culo 13.2 de la Convenci�n no permite en ning�n caso, sino en el general de conductas preestablecidas taxativamente por la ley como generadoras de responsabilidades ulteriores, derivadas del ejercicio de esa libertad, �nicas que dicha norma autoriza, dentro de las condiciones formales y materiales que autoriza (v. No.35 in fine de la Opini�n principal). Desde este punto de vista, mi opini�n es plenamente coincidente con la de mis colegas.

6. Sin embargo, considero que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas debe analizarse, no s�lo en relaci�n con esas restricciones lato sensu, como generadoras de responsabilidades ulteriores, sino tambi�n en cuanto pueda implicar, a la vez, una verdadera restricci�n stricto sensu como condici�n preventiva para el ejercicio mismo de la libertad de expresi�n, prohibida en todo caso por la Convenci�n. As� resulta, tanto del texto del art�culo 13, como de su contexto, de acuerdo con su objeto y fin, que son criterios obligados de interpretaci�n conforme al art�culo 31 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados (as� lo ha dicho repetidamente la Corte: v. OC-1/82, "Otros tratados"..., No. 33; OC-2/82, El efecto de las Reservas..., No. 19; OC- 3/83, Restricciones a la Pena de Muerte..., Nos. 48 y 49; OC-4/84, Naturalizaci�n (Costa Rica)..., Nos. 21 y 22), lo mismo que de la naturaleza de esa libertad como instituci�n esencial del sistema democr�tico y condici�n para el goce de los dem�s derechos y libertades humanos fundamentales (v. Nos. 42, 44 y 70). Todo lo cual apunta a la necesidad de interpretar extensivamente las normas que la consagran, y restrictivamente las que permiten limitarla, de donde deben entenderse prohibidas por el art�culo 13.2 todas las restricciones que no sean las expresa y taxativamente autorizadas por �l, es decir, �nicamente las "responsabilidades ulteriores... expresamente fijadas por la ley... necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, o b. la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas" (v. Nos. 39, 40 y 52 de la Opini�n principal).

. . . .

10. Sin embargo, mi opini�n es que debe llegarse m�s al fondo de la diferencia que existe entre responsabilidades ulteriores, lo cual hace alusi�n a infracciones de la ley que solamente se producen con el ejercicio de la libertad de expresi�n y solamente se sancionan despu�s de ejercerla, e imponer restricciones propiamente dichas, dirigidas a limitar el ejercicio mismo de la libertad, como es el caso de las licencias o autorizaciones. En efecto, la definici�n misma de �stas las caracteriza como formas de tutela preventiva, consistentes en el levantamiento de un obst�culo impuesto por la ley al ejercicio de un derecho propio, de manera que su espec�fico sentido normativo no es el de someter ese ejercicio a una responsabilidad ulterior por el abuso que con el mismo se cometa, sino el de impedir el ejercicio mismo mientras la licencia o autorizaci�n no haya sido otorgada. Ciertamente, puede ocurrir que una actividad necesitada de licencia o autorizaci�n se lleve a cabo, de hecho, sin obtenerla, en cuyo caso parecer�a convertirse en una responsabilidad ulterior, pero �sta no ser�a en tal caso m�s que una consecuencia secundaria de la violaci�n de dicha condici�n, con lo que la cuesti�n se tornar�a en un simple problema de eficacia de la misma, no de su sentido normativo, que es siempre el de que la conducta no se realice del todo sin la previa licencia o autorizaci�n y de que se haga lo necesario para que no se realice. Esto es bien diferente de las responsabilidades ulteriores que autoriza restrictivamente el art�culo 13.2, las cuales no pueden tender en s� mismas a producir ese efecto impeditivo, sino �nicamente a lograr, por medios indirectos y no preventivos (la sanci�n posterior derivada del abuso), que el ejercicio del derecho se mantenga dentro de l�mites leg�timos.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 5-6 y 10.

13.2.1.3. colegiaci�n obligatoria de periodistas

53. Las infracciones al art�culo 13 pueden presentarse bajo diferentes hip�tesis, seg�n conduzcan a la supresi�n de la libertad de expresi�n o s�lo impliquen restringirla m�s all� de lo leg�timamente permitido.

54. En verdad no toda transgresi�n al art�culo 13 de la Convenci�n implica la supresi�n radical de la libertad de expresi�n, que tiene lugar cuando, por el poder p�blico se establecen medios para impedir la libre circulaci�n de informaci�n, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibici�n de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresi�n o la difusi�n de informaci�n al control gubernamental. En tal hip�tesis, hay una violaci�n radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones b�sicas de una sociedad democr�tica. La Corte considera que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, en los t�rminos en que ha sido planteada para esta consulta, no configura un supuesto de esta especie.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 53-54.

57. Como ha quedado dicho en los p�rrafos precedentes una restricci�n a la libertad de expresi�n puede ser o no violatoria de la Convenci�n, seg�n se ajuste o no a los t�rminos en que dichas restricciones est�n autorizadas por el art�culo 13.2. Cabe entonces analizar la situaci�n de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas frente a la mencionada disposici�n.

58. Por efecto de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, la responsabilidad, incluso penal, de los no colegiados puede verse comprometida si, al "difundir informaciones e ideas de toda �ndole... por cualquier... procedimiento de su elecci�n" invaden lo que, seg�n la ley, constituye ejercicio profesional del periodismo. En consecuencia, esa colegiaci�n envuelve una restricci�n al derecho de expresarse de los no colegiados, lo que obliga a examinar si sus fundamentos caben dentro de los considerados leg�timos por la Convenci�n para determinar si tal restricci�n es compatible con ella.

59. La cuesti�n que se plantea entonces es si los fines que se persiguen con tal colegiaci�n entran dentro de los autorizados por la Convenci�n, es decir, son "necesari(os) para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, o b) la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas" (art. 13.2).

60. La Corte observa que los argumentos alegados para defender la legitimidad de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas no se vinculan con todos los conceptos mencionados en el p�rrafo precedente, sino s�lo con algunos de ellos. Se ha se�alado, en primer lugar, que la colegiaci�n obligatoria es el modo normal de organizar el ejercicio de las profesiones en los distintos pa�ses que han sometido al periodismo al mismo r�gimen. As�, el Gobierno ha destacado que en Costa Rica

"existe una norma de derecho no escrita, de condici�n estructural y constitutiva, sobre las profesiones, y esa norma puede enunciarse en los siguientes t�rminos: toda profesi�n deber� organizarse mediante una ley en una corporaci�n p�blica denominada colegio."

En el mismo sentido la Comisi�n se�al� que

"Nada se opone a que la vigilancia y control del ejercicio de las profesiones, se cumpla, bien directamente por organismos oficiales, o bien indirectamente mediante una autorizaci�n o delegaci�n que para ello haga el estatuto correspondiente, en una organizaci�n o asociaci�n profesional, bajo la vigilancia o control del Estado, puesto que �sta, al cumplir su misi�n, debe siempre someterse a la Ley. La pertenencia a un Colegio o la exigencia de tarjeta para el ejercicio de la profesi�n de periodista no implica para nadie restricci�n a las libertades de pensamiento y expresi�n sino una reglamentaci�n que compete al Poder Ejecutivo sobre las condiciones de idoneidad de los t�tulos, as� como la inspecci�n sobre su ejercicio como un imperativo de la seguridad social y una garant�a de una mejor protecci�n de los derechos humanos (Caso Schmidt, supra 15)."

El Colegio de Periodistas de Costa Rica destac� igualmente que "este mismo requisito (la colegiaci�n) existe en las leyes org�nicas de todos los colegios profesionales". Por su parte, la Federaci�n Latinoamericana de Periodistas, en las observaciones que remiti� a la Corte como amicus curiae, se�al� que algunas constituciones latinoamericanas disponen la colegiaci�n obligatoria para las profesiones que se�ale la ley, en una regla del mismo rango formal que la libertad de expresi�n.

61. En segundo lugar se ha sostenido que la colegiaci�n obligatoria persigue fines de utilidad colectiva vinculados con la �tica y la responsabilidad profesionales. El Gobierno mencion� una decisi�n de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en cuyos t�rminos

"es verdad que esos colegios tambi�n act�an en inter�s com�n y en defensa de sus miembros, pero n�tese que aparte de ese inter�s hay otro de mayor jerarqu�a que justifica establecer la colegiatura obligatoria en algunas profesiones, las que generalmente se denominan liberales, puesto que adem�s del t�tulo que asegura una preparaci�n adecuada, tambi�n se exige la estricta observancia de normas de �tica profesional, tanto por la �ndole de la actividad que realizan estos profesionales, como por la confianza que en ellos depositan las personas que requieren de sus servicios. Todo ello es de inter�s p�blico y el Estado delega en los colegios la potestad de vigilar el correcto ejercicio de la profesi�n."

En otra ocasi�n el Gobierno dijo:

"Otra cosa resulta de lo que podr�amos llamar el ejercicio del periodismo como "profesi�n liberal". Eso explica que la misma Ley del Colegio de Periodistas de Costa Rica permita a una persona constituirse en comentarista y a�n en columnista permanente y retribuido de un medio de comunicaci�n, sin obligaci�n de pertenecer al Colegio de Periodistas."

El mismo Gobierno ha subrayado que

"el ejercicio de ciertas profesiones entra�a, no s�lo derechos sino deberes frente a la comunidad y el orden social. Tal es la raz�n que justifica la exigencia de una habilitaci�n especial, regulada por Ley, para el desempe�o de algunas profesiones, como la del periodismo."

Dentro de la misma orientaci�n, un delegado de la Comisi�n, en la audiencia p�blica de 8 de noviembre de 1985, concluy� que

"la colegiatura obligatoria para periodistas o la exigencia de tarjeta profesional no implica negar el derecho a la libertad de pensamiento y expresi�n, ni restringirla o limitarla, sino �nicamente reglamentar su ejercicio para que cumpla su funci�n social, se respeten los derechos de los dem�s y se proteja el orden p�blico, la salud, la moral y la seguridad nacionales. La colegiatura obligatoria busca el control, la inspecci�n y vigilancia sobre la profesi�n de periodistas para garantizar la �tica, la idoneidad y el mejoramiento social de los periodistas."

En el mismo sentido, el Colegio de Periodistas afirm� que "la sociedad tiene derecho, en aras de la protecci�n del bien com�n, de regular el ejercicio profesional del periodismo"; e igualmente que "el manejo de este pensamiento ajeno, en su presentaci�n al p�blico requiere del trabajo profesional no solamente capacitado, sino obligado en su responsabilidad y �tica profesionales con la sociedad, lo cual tutela el Colegio de Periodistas de Costa Rica".

62. Tambi�n se ha argumentado que la colegiaci�n es un medio para garantizar la independencia de los periodistas frente a sus empleadores. El Colegio de Periodistas ha expresado que el rechazo a la colegiaci�n obligatoria

"equivaldr�a a facilitar los objetivos de quienes abren medios de comunicaci�n en Am�rica Latina, no para el servicio de la sociedad sino para defender intereses personales y de peque�os grupos de poder. Ellos preferir�an continuar con un control absoluto de todo el proceso de comunicaci�n social, incluido el trabajo de personas en funci�n de periodistas, que muestren ser incondicionales a esos mismos intereses."

En el mismo sentido, la Federaci�n Latinoamericana de Periodistas expres� que esa colegiaci�n persigue, inter alia,

"garantizarle a sus respectivas sociedades el derecho a la libertad de expresi�n del pensamiento en cuya firme defensa han centrado sus luchas... Y con relaci�n al derecho a la informaci�n nuestros gremios han venido enfatizando la necesidad de democratizar el flujo informativo en la relaci�n emisor-receptor para que la ciudadan�a tenga acceso y reciba una informaci�n veraz y oportuna, lucha esta que ha encontrado su principal traba en el ego�smo y ventajismo empresarial de los medios de comunicaci�n social."

63. La Corte, al relacionar los argumentos as� expuestos con las restricciones a que se refiere el art�culo 13.2 de la Convenci�n, observa que los mismos no envuelven directamente la idea de justificar la colegiaci�n obligatoria de los periodistas como un medio para garantizar "el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s" o "la protecci�n de la seguridad nacional," o la salud o la moral p�blicas" (art. 13.2); m�s bien apuntar�an a justificar la colegiaci�n obligatoria como un medio para asegurar el orden p�blico (art. 13.2.b)) como una justa exigencia del bien com�n en una sociedad democr�tica (art. 32.2).

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 57-63.

68. La Corte observa que la organizaci�n de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convenci�n sino que constituye un medio de regulaci�n y de control de la fe p�blica y de la �tica a trav�s de la actuaci�n de los colegas. Por ello, si se considera la noci�n de orden p�blico en el sentido referido anteriormente, es decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento arm�nico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organizaci�n del ejercicio de las profesiones est� implicada en ese orden.

69. Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden p�blico reclama que, dentro de una sociedad democr�tica, se garanticen las mayores posibilidades de circulaci�n de noticias, ideas y opiniones, as� como el m�s amplio acceso a la informaci�n por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresi�n se inserta en el orden p�blico primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, la Corte adhiere a las ideas expuestas por la Comisi�n Europea de Derechos Humanos cuando, bas�ndose en el Pre�mbulo de la Convenci�n Europea, se�al�:

"que el prop�sito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convenci�n no fue concederse derechos y obligaciones rec�procos con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino... establecer un orden p�blico com�n de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia com�n de tradiciones pol�ticas, ideales, libertad y r�gimen de derecho. ("Austria vs. Italy", Application No.788/60, European Yearbook of Human Rights, vol.4, (1961), p�g. 138)."

Tambi�n interesa al orden p�blico democr�tico, tal como est� concebido por la Convenci�n Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir informaci�n.

70. La libertad de expresi�n es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democr�tica. Es indispensable para la formaci�n de la opini�n p�blica. Es tambi�n conditio sine qua non para que los partidos pol�ticos, los sindicatos, las sociedades cient�ficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condici�n para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, est� suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no est� bien informada no es plenamente libre.

71. Dentro de este contexto el periodismo es la manifestaci�n primaria y principal de la libertad de expresi�n del pensamiento y, por esa raz�n, no puede concebirse meramente como la prestaci�n de un servicio al p�blico a trav�s de la aplicaci�n de unos conocimientos o capacitaci�n adquiridos en una universidad o por quienes est�n inscritos en un determinado colegio profesional, como podr�a suceder con otras profesiones, pues est� vinculado con la libertad de expresi�n que es inherente a todo ser humano.

72. El argumento seg�n el cual una ley de colegiaci�n obligatoria de los periodistas no difiere de la legislaci�n similar, aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea a prop�sito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convenci�n. El problema surge del hecho de que el art�culo 13 expresamente protege la libertad de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole... ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa..." La profesi�n de periodista -lo que hacen los periodistas- implica precisamente el buscar, recibir y difundir informaci�n. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que est�n definidas o encerradas en la libertad de expresi�n garantizada en la Convenci�n.

73. Esto no se aplica, por ejemplo, al ejercicio del derecho o la medicina; a diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho o la medicina -es decir, lo que hacen los abogados o los m�dicos- no es una actividad espec�ficamente garantizada por la Convenci�n. Es cierto que la imposici�n de ciertas restricciones al ejercicio de la abogac�a podr�a ser incompatible con el goce de varios derechos garantizados por la Convenci�n. Por ejemplo, una ley que prohibiera a los abogados actuar como defensores en casos que involucren actividades contra el Estado, podr�a considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado seg�n el art�culo 8 de la Convenci�n y, por lo tanto, ser incompatible con �sta. Pero no existe un s�lo derecho garantizado por la Convenci�n que abarque exhaustivamente o defina por s� solo el ejercicio de la abogac�a como lo hace el art�culo 13 cuando se refiere al ejercicio de una libertad que coincide con la actividad period�stica. Lo mismo es aplicable a la medicina.

74. Se ha argumentado que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas lo que persigue es proteger un oficio remunerado y que no se opone al ejercicio de la libertad de expresi�n, siempre que �sta no comporte un pago retributivo, y que, en tal sentido, se refiere a una materia distinta a la contenida en el art�culo 13 de la Convenci�n. Este argumento parte de una oposici�n entre el periodismo profesional y el ejercicio de la libertad de expresi�n, que la Corte no puede aprobar. Seg�n �sto, una cosa ser�a la libertad de expresi�n y otra el ejercicio profesional del periodismo, cuesti�n esta que no es exacta y puede, adem�s, encerrar serios peligros si se lleva hasta sus �ltimas consecuencias. El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresi�n, por el contrario, ambas cosas est�n evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresi�n de modo continuo, estable y remunerado. Adem�s, la consideraci�n de ambas cuestiones como actividades distintas, podr�a conducir a la conclusi�n que las garant�as contenidas en el art�culo 13 de la Convenci�n no se aplican a los periodistas profesionales.

75. Por otra parte, el argumento comentado en el p�rrafo anterior, no tiene en cuenta que la libertad de expresi�n comprende dar y recibir informaci�n y tiene una doble dimensi�n, individual y colectiva. Esta circunstancia indica que el fen�meno de si ese derecho se ejerce o no como profesi�n remunerada, no puede ser considerado como una de aquellas restricciones contempladas por el art�culo 13.2 de la Convenci�n porque, sin desconocer que un gremio tiene derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo, �sto no tiene por qu� hacerse cerrando a la sociedad posibles fuentes de donde obtener informaci�n.

76. La Corte concluye, en consecuencia, que las razones de orden p�blico que son v�lidas para justificar la colegiaci�n obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el art�culo 13 de la Convenci�n, lo cual infringe principios primarios del orden p�blico democr�tico sobre el que ella misma se fundamenta.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 68-76.

77. Los argumentos acerca de que la colegiaci�n es la manera de garantizar a la sociedad una informaci�n objetiva y veraz a trav�s de un r�gimen de �tica y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien com�n. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien com�n reclama la m�xima posibilidad de informaci�n y es el pleno ejercicio del derecho a la expresi�n lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricci�n a la libertad de expresi�n como un medio para garantizarla, porque es desconocer el car�cter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresi�n en nombre de una supuesta garant�a de la correcci�n y veracidad de la informaci�n que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la informaci�n que tiene esa misma sociedad.

78. Se ha se�alado igualmente que la colegiaci�n de los periodistas es un medio para el fortalecimiento del gremio y, por ende, una garant�a de la libertad e independencia de esos profesionales y un imperativo del bien com�n. No escapa a la Corte que la libre circulaci�n de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de informaci�n y del respeto a los medios de comunicaci�n. Pero no basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir �rganos de opini�n p�blica, sino que es necesario tambi�n que los periodistas y, en general, todos aqu�llos que se dedican profesionalmente a la comunicaci�n social, puedan trabajar con protecci�n suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio. Se trata, pues, de un argumento fundado en un inter�s leg�timo de los periodistas y de la colectividad en general, tanto m�s cuanto son posibles e, incluso, conocidas las manipulaciones sobre la verdad de los sucesos como producto de decisiones adoptadas por algunos medios de comunicaci�n estatales o privados.

79. En consecuencia, la Corte estima que la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar. Sin embargo, en los t�rminos de la Convenci�n, las restricciones autorizadas para la libertad de expresi�n deben ser las "necesarias para asegurar" la obtenci�n de ciertos fines leg�timos, es decir que no basta que la restricci�n sea �til (supra 46) para la obtenci�n de ese fin, �sto es, que se pueda alcanzar a trav�s de ella, sino que debe ser necesaria, es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convenci�n. En este sentido, la colegiaci�n obligatoria de los periodistas no se ajusta a lo requerido por el art�culo 13.2 de la Convenci�n, porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo, sin necesidad de dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad.

80. Tambi�n est� conforme la Corte con la necesidad de establecer un r�gimen que asegure la responsabilidad y la �tica profesional de los periodistas y que sancione las infracciones a esa �tica. Igualmente considera que puede ser apropiado que un Estado delegue, por ley, autoridad para aplicar sanciones por las infracciones a la responsabilidad y �tica profesionales. Pero, en lo que se refiere a los periodistas, deben tenerse en cuenta las restricciones del art�culo 13.2 y las caracter�sticas propias de este ejercicio profesional a que se hizo referencia antes (supra 72-75).

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 77-80.

82. La segunda parte de la solicitud de consulta se refiere a la compatibilidad de los aspectos relevantes de la Ley No. 4420 con la Convenci�n, los que, para efectos de esta consulta, son los siguientes:

"Art�culo 2- Integran el Colegio de Periodistas de Costa Rica:

a) Los Licenciados y Bachilleres en Periodismo, graduados en la Universidad de Costa Rica o en universidades o instituciones equivalentes del extranjero, incorporados a �l de acuerdo con las leyes y tratados;

b) En el caso de comprobar el Colegio que no hay periodistas profesionales colegiados interesados para llenar una plaza vacante determinada, el Colegio podr� autorizar, a solicitud de la empresa period�stica, a ocuparla en forma temporal pero en iguales condiciones, mientras alg�n colegiado se interesa en la plaza, a un estudiante de la Escuela de Periodismo que tenga al menos el primer a�o aprobado y est� cursando el segundo. Durante el tiempo que un estudiante de periodismo est� autorizada para ocupar una plaza de periodista, est� obligado a cumplir con los deberes profesionales, �ticos y morales que esa ley estatuye para los colegiados, as� como a continuar sus estudios en la Escuela de Periodismo.

Art�culo 22 -Las funciones propias del periodista, s�lo podr�n ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio.

Art�culo 23 -Para los efectos de esta ley, se entender� que es periodista profesional en ejercicio, el que tiene por ocupaci�n principal, regular o retribuida el ejercicio de su profesi�n en una publicaci�n diaria o peri�dica, o en un medio noticioso radiodifundido o televisado, o en una agencia de noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia.

Art�culo 25 -Los columnistas y comentaristas permanentes u ocasionales de todo tipo de medios de comunicaci�n, pagados o no, podr�n ejercer su funci�n libremente, sin obligatoriedad de ser miembros del Colegio, pero su �mbito de acci�n estar� limitado a esa esfera, sin poder cubrir el campo del reportero, especializado o no."

Para resolver sobre la compatibilidad entre la Ley y la Convenci�n, la Corte deber� aplicar los criterios expuestos en la parte general de esta opini�n.

83. La Corte observa que seg�n el art�culo 25 de la Ley No. 4420 no se requiere la colegiaci�n para actuar como comentarista o columnista, permanente u ocasional, remunerado o no. Tal disposici�n ha sido alegada para demostrar que dicha Ley no se opone a la libre circulaci�n de ideas y opiniones. Sin embargo, sin entrar a considerar en detalle el valor de ese alegato, ello no afecta las conclusiones de la Corte respecto de la cuesti�n general, toda vez que la Convenci�n no garantiza solamente el derecho de buscar, recibir y difundir ideas sino tambi�n informaci�n de toda �ndole. La b�squeda y difusi�n de informaci�n no cabe dentro del ejercicio autorizado por el art�culo 25 de la Ley No. 4420.

84. Seg�n las disposiciones citadas, la Ley No. 4420 autoriza el ejercicio del periodismo remunerado solamente a quienes sean miembros del Colegio, con algunas excepciones que no tienen entidad suficiente a los efectos del presente an�lisis. Dicha ley restringe igualmente el acceso al Colegio a quienes sean egresados de determinada escuela universitaria. Este r�gimen contradice la Convenci�n por cuanto impone una restricci�n no justificada, seg�n el art�culo 13.2 de la misma, a la libertad de pensamiento y expresi�n como derecho que corresponde a todo ser humano; y, adem�s, porque restringe tambi�n indebidamente el derecho de la colectividad en general de recibir sin trabas informaci�n de cualquier fuente.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 82-84.

3. En mi criterio, lo expresado en el punto "Primero" de esta Opini�n Consultiva no significa la adopci�n de un concepto gen�rico de que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas deba desaparecer forzosamente como condici�n indispensable para que pueda existir la libertad de expresi�n.

4. Personalmente creo que los Colegios de Periodistas, en general, son �tiles al inter�s social por que dentro de sus fines y actividades persiguen objetivos de evidente bien com�n. Entre tales objetivos puede citarse por ejemplo la importante labor que suelen realizar para lograr la constante mejora en la capacitaci�n de sus miembros, que los habilite para la adecuada utilizaci�n de los adelantos tecnol�gicos, en r�pida evoluci�n en nuestros tiempos, que es caracter�stica de las ciencias de la comunicaci�n y, sobre todo, en la indispensable vigilancia de la �tica profesional.

5. Si hay una profesi�n que requiere de un C�digo de Etica Profesional y de una celosa y efectiva aplicaci�n del mismo, es sin lugar a dudas la de periodista, con una preeminencia sobre cualquier otra profesi�n, por que en raz�n de que su actividad se ejerce a trav�s de los medios de difusi�n social, es decir, con el enorme poder que ello significa como factor determinante en la formaci�n de la opini�n p�blica, los excesos que se puedan cometer en su ejercicio, afectan en forma muy grave a los dem�s miembros de la sociedad, en valores tan importantes como la honra y la dignidad de las personas. Creo tambi�n que la forma de ejercer la vigilancia de la �tica profesional m�s congruente con los principios de una sociedad democr�tica, es precisamente a trav�s de los Colegios, por que as� en cierta forma significa una autolimitaci�n de los derechos personales de los periodistas en raz�n del bien com�n.

6. Por todo ello debo destacar que, seg�n mi criterio, la Opini�n en los t�rminos adoptados en su punto "Primero" deja abierto el camino para que las disposiciones que regulan la Colegiaci�n de los periodistas, puedan ser modificadas en forma que desaparezcan las incompatibilidades que se han se�alado, quedando as� subsanada la dificultad legal. Creo que as�, por sustancial que resulte la modificaci�n y por dif�cil que parezca la adecuaci�n, si se logra, se habr� servido en la mejor forma al principio de la libertad de expresi�n, a la causa de los Derechos Humanos, y a la estabilidad de las instituciones democr�ticas de las que, al menos en la mayor�a de los pa�ses latinoamericanos, los Colegios de Periodistas forman parte.

7. Por esta misma raz�n, en mi criterio, lo expresado en el punto "Segundo" de esta Opini�n Consultiva, tampoco significa forzosamente la necesidad de la derogaci�n de la Ley No. 4420, sino que lo deseable es, igualmente, su modificaci�n y adecuaci�n para que desaparezca la incompatibilidad all� se�alada.

8. El Colegio de Periodistas de Costa Rica, regido por la Ley referida en el p�rrafo anterior tiene un C�digo de Etica Profesional, aprobado democr�ticamente por la mayor�a de sus miembros, que ha sido presentado en este proceso durante una de las audiencias. Este C�digo tiene un Cap�tulo II denominado "Deberes de los Periodistas para con la Sociedad" del que creo �til citar algunas de sus normas:

Art�culo 6 - El periodista debe estar consciente de la necesidad de su participaci�n activa en la transformaci�n social para promover el respeto a la libertad y la dignidad humana. Debe luchar por la igualdad de todos los hombres sin distinci�n de raza, sexo, lengua, religi�n, opini�n, origen, posici�n y estado. Todos los hombres tienen igual e indiscutible derecho a que la sociedad y por ende los medios de comunicaci�n social, respeten la dignidad humana y se esfuercen porque trascienda de la teor�a a la pr�ctica. El periodista se esforzar� porque se apliquen estos principios.

Art�culo 7 -Es deber de quien ejerce la profesi�n de periodista dar cuenta de los hechos con exactitud minuciosa, en forma completa, concisa, clara y con respeto absoluto a la verdad, pensando en todo momento que la noticia debe estar redactada de manera que promueva el bien com�n.

Art�culo 10 -El periodista debe guardar discreci�n sobre el origen de la informaci�n confidencial que hubiere obtenido, pero nunca invocar al secreto profesional para defender o escudar intereses extra�os a los del Estado, a las instituciones democr�ticas y a los verdaderos valores del bien com�n.

Art�culo 14 -La libertad de prensa debe ser protegida por el periodista como un derecho esencial de la humanidad y todo aquello que ponga trabas a la misma, debe ser denunciado de inmediato en forma clara y terminante. (Subrayado m�o)"

9. La consideraci�n de que principios de esta naturaleza pueden ser debidamente calificados como contribuci�n a "las justas exigencias del bien com�n en una sociedad democr�tica", refuerza mi criterio que valdr� la pena todo esfuerzo que se haga, por dif�cil que parezca, para que la Ley No. 4420 se adec�e a la Convenci�n, y se pueda disfrutar en Costa Rica de una irrestricta libertad de expresi�n, dentro del especialmente elevado nivel en que la expresa la Convenci�n, conjuntamente con los aportes que puede seguir brindando el Colegio de Periodistas a su sistema democr�tico, sistema que es tambi�n principio sustancial e imprescindible para la plena vigencia de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.

Declaraci�n del Juez M�ximo Cisneros, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 3-9.

10. Sin embargo, mi opini�n es que debe llegarse m�s al fondo de la diferencia que existe entre responsabilidades ulteriores, lo cual hace alusi�n a infracciones de la ley que solamente se producen con el ejercicio de la libertad de expresi�n y solamente se sancionan despu�s de ejercerla, e imponer restricciones propiamente dichas, dirigidas a limitar el ejercicio mismo de la libertad, como es el caso de las licencias o autorizaciones. En efecto, la definici�n misma de �stas las caracteriza como formas de tutela preventiva, consistentes en el levantamiento de un obst�culo impuesto por la ley al ejercicio de un derecho propio, de manera que su espec�fico sentido normativo no es el de someter ese ejercicio a una responsabilidad ulterior por el abuso que con el mismo se cometa, sino el de impedir el ejercicio mismo mientras la licencia o autorizaci�n no haya sido otorgada. Ciertamente, puede ocurrir que una actividad necesitada de licencia o autorizaci�n se lleve a cabo, de hecho, sin obtenerla, en cuyo caso parecer�a convertirse en una responsabilidad ulterior, pero �sta no ser�a en tal caso m�s que una consecuencia secundaria de la violaci�n de dicha condici�n, con lo que la cuesti�n se tornar�a en un simple problema de eficacia de la misma, no de su sentido normativo, que es siempre el de que la conducta no se realice del todo sin la previa licencia o autorizaci�n y de que se haga lo necesario para que no se realice. Esto es bien diferente de las responsabilidades ulteriores que autoriza restrictivamente el art�culo 13.2, las cuales no pueden tender en s� mismas a producir ese efecto impeditivo, sino �nicamente a lograr, por medios indirectos y no preventivos (la sanci�n posterior derivada del abuso), que el ejercicio del derecho se mantenga dentro de l�mites leg�timos.

11. Yo considero que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas constituye una restricci�n de esa naturaleza, cuyo espec�fico sentido normativo es el de prevenir el ejercicio mismo de la actividad period�stica, coincidente, como ya se dijo, con el de la libertad de expresi�n, por los no colegiados, someti�ndolo a la condici�n de una licencia o autorizaci�n, y, por ende, el de condicionar la propia libertad a una restricci�n stricto sensu no autorizada como tal por el art�culo 13.2 de la Convenci�n. De esta manera, creo que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas es, en s� misma, incompatible con la Convenci�n, cualquiera que sea el modo como se reglamente y aunque s�lo constituyera una formalidad asequible a cualquier persona que quisiera ejercer el periodismo, sin necesidad de ning�n requisito adicional. La libertad de expresi�n es un derecho fundamental de todo ser humano por el solo hecho de serlo, cuyo ejercicio no puede ser restringido ni condicionado al cumplimiento de requisitos previos de ninguna naturaleza que �l no pueda o no quiera cumplir.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 10-11.

13. En otro orden de ideas, me parece que la vinculaci�n esencial del ejercicio del periodismo con el de la libertad de expresi�n hace surgir otras incompatibilidades con la Convenci�n, si no forzosamente de toda la colegiaci�n obligatoria de periodistas, s� del modo en que est� estructurada normalmente en los pa�ses que la contemplan, as� como, con toda seguridad, en la Ley Org�nica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. De esas incompatibilidades merecen, a mi juicio, destacarse dos de importancia fundamental, a saber:

14. La primera, resulta del hecho de que, normalmente, la colegiaci�n obligatoria significa la creaci�n de una entidad p�blica de car�cter corporativo, con el objeto espec�fico de atribuirle, no solamente la fiscalizaci�n y disciplina de la actividad profesional de sus miembros, lo cual ser�a factible leg�timamente dentro de ciertas condiciones, sino tambi�n la potestad de establecer ella misma c�digos de �tica y otras normas disciplinarias que implican restricciones, responsabilidades y sanciones ex novo, no previstas taxativamente por la propia ley. En este sentido, considero que, tanto el art�culo 13.2 de la Convenci�n, al autorizar �nicamente "responsabilidades ulteriores... expresamente fijadas por la ley", como el principio general de legalidad penal a que se refiere el art�culo 9 de la misma, en el sentido de que "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas seg�n el derecho aplicable", aluden precisamente al principio de reserva de la ley. En realidad, si bien esas disposiciones no precisan el sentido de las palabras ley y derecho, la aplicaci�n de principios generales universalmente compartidos en las naciones democr�ticas y en todos los Estados de Derecho, permite afirmar que se trata de materias reservadas estrictamente a la ley formal, emanada de un parlamento democr�tico con todas las garant�as que esto implica, porque si hay algo definitivo en esta materia es que el r�gimen de los derechos y libertades humanos fundamentales es materia de reserva de la ley.

. . . .

16. Por otra parte, es tambi�n cosa normal que las leyes org�nicas de los colegios profesionales de periodistas, y positiva que la Ley No. 4420 de Costa Rica, impongan a sus colegiados, directa o indirectamente, restricciones al ejercicio de su profesi�n o sanciones que las implican, para el cumplimiento de fines puramente gremiales u otros de orden social o privado, que no pueden justificar su car�cter p�blico y, mucho menos, estimarse como necesarias, en una sociedad democr�tica, para asegurar el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, ni la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas, como resulta restrictivamente del art�culo 13.2, en relaci�n con los valores fundamentales del sistema de la Convenci�n.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 13-14 y 16.

3. La Convenci�n Americana, como lo ha se�alado la Corte, define de la manera m�s amplia a la libertad de expresi�n, que comprende, seg�n el art�culo 13, el derecho de toda persona a buscar y difundir informaci�n por cualquier procedimiento de su elecci�n. Un texto tan categ�rico no puede coexistir, l�gicamente, con un r�gimen legal que autoriza la b�squeda de informaci�n, y su difusi�n a trav�s de los medios de comunicaci�n social, solamente a un grupo reducido de personas, como son los miembros de un colegio de periodistas y que, en consecuencia, excluye de ese �mbito a la mayor�a de la poblaci�n.

4. Como lo destac� la Corte, el texto de la Convenci�n ofrece una garant�a m�s amplia que el de otros tratados semejantes, no tanto porque reconozca m�s facultades a la persona sino porque autoriza menos restricciones sobre las mismas. De hecho, la Convenci�n ni siquiera utiliza esta �ltima expresi�n, pues se limita a se�alar que se incurrir� en responsabilidad cuando, en ejercicio de la libertad de expresi�n, se hayan ofendido leyes necesarias para salvaguardar los derechos o la reputaci�n de los dem�s, la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas.

. . . .

6. Por otro lado, la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, concebida en los t�rminos en que se plante� a la Corte, representa un r�gimen extremo puesto que:

A. Los actos considerados por la ley como propios del ejercicio del periodismo s�lo pueden ser cumplidos por colegiados. De esta manera, seg�n varias de las leyes de colegiaci�n existentes en el continente, bastar�a con que una persona "difundiera" por s� misma, "a trav�s de un procedimiento de su elecci�n" -prensa, radio o televisi�n- una informaci�n que hubiera "buscado" libremente, para que incurriera en responsabilidad -incluso penal- por ejercicio ilegal del periodismo. Creo que cualquier interpretaci�n de la Convenci�n que considere que un supuesto semejante est� autorizado por el tratado se aparta de lo que literalmente �l dispone.

B. El Colegio s�lo est� abierto a los egresados de escuelas de periodismo, aun si no ejercen la profesi�n y adem�s, en algunos casos, a aqu�llos que, careciendo del t�tulo acad�mico hayan demostrado, a juicio del Colegio, haberla practicado por cierto n�mero de a�os antes de la vigencia de la ley de colegiaci�n. De esta manera, las ventajas que se obtienen con la pertenencia al Colegio no dependen del ejercicio actual del periodismo, y en algunos casos ni siquiera de que se haya ejercido nunca. No parece racional que puedan pertenecer al Colegio quienes no son efectivamente periodistas mientras se cierra la posibilidad de acceso a �l a otras personas que pudieran cumplir en la pr�ctica una actividad period�stica en provecho de la comunidad. Autorizar ese acceso, en cambio, tendr�a base racional toda vez que las propias leyes han admitido que existen periodistas que carecen de t�tulo universitario que los acredite como tales, y que tienen derecho a inscribirse en el Colegio, pero limitan ese reconocimiento a quienes estuvieron en tal supuesto antes de entrar en vigor la ley. ¿Por qu� esa limitaci�n en una actividad que toca profundamente un derecho inherente a todo ser humano?

7. Creo que las conclusiones de la Corte se desprenden de ese contraste entre la vasta protecci�n dispuesta por la Convenci�n y el exagerado exclusivismo de la colegiaci�n; pero no creo que �sta resulte, per se, contraria a la Convenci�n, incluso en el caso de los periodistas e incluso si la colegiaci�n es obligatoria. Lo que ocurre es que, si va a establecerse la colegiaci�n obligatoria para una profesi�n cuyo ejercicio envuelve el de un derecho de toda persona, el acceso al Colegio no puede restringirse en los t�rminos en que lo hacen varias de las leyes existentes en el continente; tampoco creo que deba juzgarse como ejercicio del periodismo -noci�n que comporta cierta estabilidad- a actos aislados por los cuales lo que se ejerce realmente es la libertad de expresi�n. En ese sentido, si se quiere someter el periodismo a la colegiaci�n que se aplica a otras profesiones, ello debe hacerse adecuando el r�gimen del Colegio, no a las caracter�sticas de esas otras profesiones, sino a las propias del ejercicio de este oficio, que comprende el de la libertad de expresi�n.

8. En cuanto al alcance de la Opini�n de la Corte, estimo, en primer lugar, que debe subrayarse lo que ella misma se�ala en el sentido de que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, si bien restringe, no suprime la libertad de expresi�n de modo que de ninguna manera dicha Opini�n podr�a interpretarse como considerando que en los pa�ses donde existe colegiaci�n obligatoria no hay, por ese s�lo hecho, libertad de expresi�n. Esta observaci�n es particularmente v�lida respecto de Costa Rica, pa�s sede de la Corte e inevitable t�rmino de referencia de las instituciones democr�ticas de la Am�rica Latina, que elev� esta consulta como una expresi�n m�s de su apego al imperio de la ley y al respeto a la Convenci�n.

9. En segundo lugar, creo que tampoco puede interpretarse la Opini�n de la Corte como una toma de posici�n sobre la relaci�n entre las empresas period�sticas y quienes trabajan en ellas. Por lo que toca a la parte estrictamente laboral, la Corte no ha hecho ning�n pronunciamiento y estimo que no pueden considerarse sino como necesarias y plausibles las actividades de los gremios para conseguir condiciones de trabajo dignas y satisfactorias.

10. En lo referente a la parte m�s estrictamente period�stica, es decir, lo atinente al respeto que merece el periodista, aun frente a la l�nea editorial del medio de comunicaci�n para el que trabaja, en especial respecto de la veracidad de la informaci�n que recaba y que se publica bajo su responsabilidad, creo que es necesario subrayar lo dicho por la Corte en el sentido de que "la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar". Estimo que la colegiaci�n puede cumplir un papel para ese fin, aunque tambi�n creo que no es el �nico medio para obtenerlo. Puede concebirse un estatuto de rango legal que proteja a quienes efectivamente ejercen el periodismo frente a eventuales disposiciones indignas de sus empleadores, sin necesidad de recurrir a un r�gimen de colegiaci�n que proteja a los inscritos en el Colegio, incluso si no trabajan como periodistas, pero que restringe esas inscripciones y limita innecesariamente derechos de la mayor�a. Por lo dem�s, no ha sido demostrado que la colegiaci�n sea el m�s eficaz de los medios de protecci�n a los periodistas, ni que en los pa�ses donde exista se haya puesto fin a los alegados abusos de los due�os de peri�dicos.

11. Sin embargo, no creo que la supresi�n pura y simple de las leyes de colegiaci�n, en los pa�ses donde existan, se traduzca forzosamente en una mejora de las posibilidades reales de expresi�n e informaci�n. Un gremio d�bil, carente de un estatuto que garantice su independencia, puede ser el contexto adecuado para que a trav�s de "controles particulares" se establezcan los medios indirectos, prohibidos por el art�culo 13.3, "encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones". No creo que ser�a justo ni prudente interpretar la Opini�n de la Corte como se�alando que la colegiaci�n limita la libertad de expresi�n y que basta eliminar esa colegiaci�n para restablecer autom�ticamente dicha libertad, porque esa aseveraci�n no es cierta. La sola supresi�n de la colegiaci�n puede conducir a otorgar mayor poder de "control particular" a unos pocos empresarios de la prensa, sin provecho especial para la comunidad y sin que haya ninguna seguridad de que se abrir� el acceso a los medios de difusi�n a todo no colegiado. Puede, m�s bien, favorecer una incondicionalidad de los periodistas, aun al margen de la �tica, en favor de su patrono, cosa �sta que tambi�n podr�a llegar a lesionar los valores preservados por el art�culo 13.2.

12. Por ello estimo que la Opini�n de la Corte tiene la ventaja, en este caso, de ser caracter�sticamente un medio para "ayudar a los Estados... a cumplir y aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo que caracteriza al proceso contencioso". (Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos) Opini�n Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A, No. 3, p�rr. 43.) En esa perspectiva estimo que puede cumplir un papel de gran utilidad en cuanto podr�a resultar el punto de partida para que los Estados Partes donde existen leyes de colegiaci�n obligatoria, puedan, en cuanto sea necesario y en cumplimiento del art�culo 2 de la Convenci�n, adoptar "medidas legislativas o de otro car�cter" para adecuar la regulaci�n profesional del periodismo de modo que, manteniendo o reforzando disposiciones orientadas a preservar la libertad e independencia de los periodistas, no se restrinja, innecesaria e indebidamente, el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir informaci�n e ideas por cualquier medio de su elecci�n y el de la sociedad a recibir informaci�n de toda fuente.

Declaraci�n del Juez Pedro Nikken, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 3-4 y 6-12.

13.2.2. prohibici�n de la censura previa

38. El art�culo 13.2 de la Convenci�n define a trav�s de qu� medios pueden establecerse leg�timamente restricciones a la libertad de expresi�n. Estipula, en primer lugar, la prohibici�n de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el art�culo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a espect�culos p�blicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresi�n. En esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la Convenci�n.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 38.

13.2.3. ". . . responsabilidades ulteriores, . . . ."

39. El abuso de la libertad de expresi�n no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aun en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse v�lidamente, seg�n la Convenci�n, es preciso que se re�nan varios requisitos, a saber:

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,

b) La definici�n expresa y taxativa de esas causales por la ley,

c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y

d) Que esas causales de responsabilidad sean "necesarias para asegurar" los mencionados fines.

Todos estos requisitos deben ser atendidos para que se d� cumplimiento cabal al art�culo 13.2.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 39.

13.2.3.1. ". . . expresamente fijadas por la ley . . . ."

40. Esta norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de informaci�n y solamente para lograr fines que la propia Convenci�n se�ala. Por tratarse de restricciones en el sentido en que qued� establecido (supra 35) la definici�n legal debe ser necesariamente expresa y taxativa.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 40.

13. En otro orden de ideas, me parece que la vinculaci�n esencial del ejercicio del periodismo con el de la libertad de expresi�n hace surgir otras incompatibilidades con la Convenci�n, si no forzosamente de toda la colegiaci�n obligatoria de periodistas, s� del modo en que est� estructurada normalmente en los pa�ses que la contemplan, as� como, con toda seguridad, en la Ley Org�nica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. De esas incompatibilidades merecen, a mi juicio, destacarse dos de importancia fundamental, a saber:

14. La primera, resulta del hecho de que, normalmente, la colegiaci�n obligatoria significa la creaci�n de una entidad p�blica de car�cter corporativo, con el objeto espec�fico de atribuirle, no solamente la fiscalizaci�n y disciplina de la actividad profesional de sus miembros, lo cual ser�a factible leg�timamente dentro de ciertas condiciones, sino tambi�n la potestad de establecer ella misma c�digos de �tica y otras normas disciplinarias que implican restricciones, responsabilidades y sanciones ex novo, no previstas taxativamente por la propia ley. En este sentido, considero que, tanto el art�culo 13.2 de la Convenci�n, al autorizar �nicamente "responsabilidades ulteriores... expresamente fijadas por la ley", como el principio general de legalidad penal a que se refiere el art�culo 9 de la misma, en el sentido de que "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas seg�n el derecho aplicable", aluden precisamente al principio de reserva de la ley. En realidad, si bien esas disposiciones no precisan el sentido de las palabras ley y derecho, la aplicaci�n de principios generales universalmente compartidos en las naciones democr�ticas y en todos los Estados de Derecho, permite afirmar que se trata de materias reservadas estrictamente a la ley formal, emanada de un parlamento democr�tico con todas las garant�as que esto implica, porque si hay algo definitivo en esta materia es que el r�gimen de los derechos y libertades humanos fundamentales es materia de reserva de la ley.

15. En todo caso, lo es trat�ndose del Derecho Costarricense, en el cual el principio tiene rango constitucional y se encuentra, adem�s, consagrado expresamente en la Ley General de la Administraci�n P�blica (art. 19: "el r�gimen jur�dico de los derechos constitucionales estar� reservado a la ley..."; art. 124: "los reglamentos, circulares, instrucciones y dem�s disposiciones administrativas de car�cter general no podr�n establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares"), as� como por la jurisprudencia constitucional, administrativa y penal (que han declarado aplicables a la materia disciplinaria las garant�as de la legalidad penal), de manera que, al menos en lo que respecta a la Ley costarricense No.4420, dicho principio resulta aplicable, no s�lo en el derecho interno, sino tambi�n en el internacional, s�lo sea en �ste como criterio de interpretaci�n conforme a lo dispuesto por el art�culo 29 inciso b) de la Convenci�n (que espec�ficamente alude a "cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes...").

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 13-15.

13.2.3.2. alcance del concepto de ley/ Relaci�n con el art�culo 30

16. La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el art�culo 30 de la Convenci�n. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convenci�n utiliza expresiones como "leyes", "ley", "disposiciones legislativas", "disposiciones legales", "medidas legislativas", "restricciones legales" o "leyes internas". En cada ocasi�n en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado espec�ficamente.

17. No obstante lo anterior, los criterios del art�culo 30 s� resultan aplicables a todos aquellos casos en que la expresi�n ley o locuciones equivalentes son empleadas por la Convenci�n a prop�sito de las restricciones que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos. En efecto, la Convenci�n no se limita a proclamar el conjunto de derechos y libertades cuya inviolabilidad se garantiza a todo ser humano, sino que tambi�n hace referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades sin violarlos. E1 art�culo 30 no puede ser interpretado como una suerte de autorizaci�n general para establecer nuevas restricciones a los derechos protegidos por la Convenci�n, que se agregar�a a las limitaciones permitidas en la regulaci�n particular de cada uno de ellos. Por el contrario, lo que el art�culo pretende es imponer una condici�n adicional para que las restricciones, singularmente autorizadas, sean leg�timas.

Corte I.D.H., La Expresi�n "Leyes" en el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 16-17.

26. En tal perspectiva no es posible interpretar la expresi�n leyes, utilizada en el art�culo 30, como sin�nimo de cualquier norma jur�dica, pues ello equivaldr�a a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinaci�n del poder p�blico, sin otra limitaci�n formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de car�cter general. Tal interpretaci�n conducir�a a desconocer l�mites que el derecho constitucional democr�tico ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclam� la garant�a de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecer�a con el Pre�mbulo de la Convenci�n Americana, seg�n el cual "los derechos esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona humana, raz�n por la cual justifican una protecci�n internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos".

27. La expresi�n leyes, en el marco de la protecci�n a los derechos humanos, carecer�a de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinaci�n del poder p�blico no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldr�a a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido l�gico e hist�rico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitaci�n a la interferencia del poder p�blico en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la expresi�n leyes, utilizada por el art�culo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jur�dica adoptada por el �rgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, seg�n el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado.

28. La Convenci�n no se limita a exigir una ley para que las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades sean jur�dicamente l�citas. Requiere, adem�s, que esas leyes se dicten "por razones de inter�s general y con el prop�sito para el cual han sido establecidas". E1 criterio seg�n el cual las restricciones permitidas han de ser aplicadas "con el prop�sito para el cual han sido establecidas" se encontraba ya reconocido en el Proyecto de Convenci�n sobre Derechos Humanos elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos (1959), en el que se expresaba que tales restricciones "no podr�n ser aplicadas con otro prop�sito o designio que aqu�l para el cual han sido previstas" (Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968, Washington, D.C.: Secretar�a General, OEA, 1973, p�g. 248). En cambio, la exigencia de que la aplicaci�n de las restricciones est� "conforme a leyes que se dictaren por razones de inter�s general" es el resultado de una enmienda introducida al proyecto final, en la Conferencia Especializada de San Jos�, en 1969 (Actas y Documentos, supra 14, p�g. 274).

29. El requisito seg�n la cual las leyes han de ser dictadas por razones de inter�s general significa que deben haber sido adoptadas en funci�n del "bien com�n" (art. 32.2), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden p�blico del Estado democr�tico, cuyo fin principal es "la protecci�n de los derechos esenciales del hombre y la creaci�n de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad" ("Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" (en adelante "Declaraci�n Americana"), Considerandos, p�rr. 1).

. . . .

32. La ley en el Estado democr�tico no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y est� dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el art�culo 30, interpretado en el contexto de la Convenci�n y teniendo en cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo con el principio de legalidad (ver supra 23). Este principio, dentro del esp�ritu de la Convenci�n, debe entenderse como aquel en el cual la creaci�n de las normas jur�dicas de car�cter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los �rganos establecidos en la Constituci�n de cada Estado Parte, y a �l deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades p�blicas. En una sociedad democr�tica el principio de legalidad est� vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convenci�n, relativo al "ejercicio efectivo de la democracia representativa", que se traduce, inter alia, en la elecci�n popular de los �rganos de creaci�n jur�dica, el respeto a la participaci�n de las minor�as y la ordenaci�n al bien com�n (ver supra 22).

. . . .

34. No es posible desvincular el significado de la expresi�n leyes en el art�culo 30 del prop�sito de todos los Estados americanos expresado en el Pre�mbulo de la Convenci�n "de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democr�ticas, un r�gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre" (Convenci�n Americana, Pre�mbulo, p�rr. 1). La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convenci�n forma parte. Es un "principio" reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. E1 r�gimen mismo de la Convenci�n reconoce expresamente los derechos pol�ticos (art. 23), que son de aquellos que, en los t�rminos del art�culo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema.

35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el art�culo 30 son actos normativos enderezados al bien com�n, emanados del Poder Legislativo democr�ticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepci�n corresponde plenamente al contexto general de la Convenci�n dentro de la filosof�a del Sistema Interamericano. S�lo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convenci�n.

36. Lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones est�n autorizadas por la propia Constituci�n, que se ejerzan dentro de los l�mites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada est� sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirt�e, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el car�cter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la Convenci�n.

37. La necesaria existencia de los elementos propios del concepto de ley en el art�culo 30 de la Convenci�n, permite concluir que los conceptos de legalidad y legitimidad coinciden a los efectos de la interpretaci�n de esta norma, ya que s�lo la ley adoptada por los �rganos democr�ticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ce�ida al bien com�n, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana.

Corte I.D.H., La Expresi�n "Leyes" en el Art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva O-C 6/86 del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, p�rrs. 26-29, 32 y 34-37.

13.2.3.3. ". . . necesarias para asegurar. . . ."

41. Antes de entrar a estudiar los literales a) y b) del art�culo 13.2 de la Convenci�n, a la luz de lo que interesa en la presente consulta, la Corte analizar� el significado de la expresi�n "necesarias para asegurar", empleada en el mismo art�culo. Para ello debe considerarse el objeto y el fin del tratado teniendo presentes los criterios de interpretaci�n resultantes de los art�culos 29 c) y d) y 32.2 seg�n los cuales

"Art�culo 29.- Normas de Interpretaci�n

Ninguna disposici�n de la presente Convenci�n puede ser interpretada en el sentido de:

...

c) excluir otros derechos y garant�as que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democr�tica representativa de gobierno, y

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaraci�n Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Art�culo 32.- Correlaci�n entre Deberes y Derechos

...

2. Los derechos de cada persona est�n limitados por los derechos de los dem�s, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien com�n, en una sociedad democr�tica."

Igualmente debe tenerse presente lo se�alado en el Pre�mbulo donde los Estados signatarios reafirman "su prop�sito de consolidar, en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democr�ticas, un r�gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".

42. Esas disposiciones representan el contexto dentro del cual se deben interpretar las restricciones permitidas por el art�culo 13.2. Se desprende de la reiterada menci�n a las "instituciones democr�ticas", "democracia representativa" y "sociedades democr�ticas" que el juicio sobre si una restricci�n a la libertad de expresi�n impuesta por un Estado es "necesaria para asegurar" uno de los objetivos mencionados en los literales a) o b) del mismo art�culo, tiene que vincularse con las necesidades leg�timas de las sociedades e instituciones democr�ticas.

43. En relaci�n con este punto, la Corte estima que es �til comparar el art�culo 13 de la Convenci�n con el art�culo 10 de la Convenci�n (Europea) para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante "la Convenci�n Europea") y con el art�culo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (en adelante "el Pacto") los cuales rezan:

"CONVENCION EUROPEA - Art�culo 10

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresi�n. Este derecho comprende la libertad de opini�n y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber ingerencia de autoridades p�blicas y sin consideraci�n de fronteras. El presente art�culo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusi�n, de cinematograf�a o de televisi�n a un r�gimen de autorizaci�n previa.
  2. El ejercicio de estas libertades, que entra�an deberes y responsabilidades, podr� ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democr�tica, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad p�blica, la defensa del orden y la prevenci�n del delito, la protecci�n de la salud o de la moral, la protecci�n de la reputaci�n o de los derechos ajenos, para impedir la divulgaci�n de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

PACTO - Art�culo 19

  1. Nadie podr� ser molestado a causa de sus opiniones.
  2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresi�n; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art�stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci�n.
  3. El ejercicio del derecho previsto en el p�rrafo 2 de este art�culo entra�a deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deber�n, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s;

b) La protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas."

44. Es cierto que la Convenci�n Europea utiliza la expresi�n "necesarias en una sociedad democr�tica", mientras que el art�culo 13 de la Convenci�n Americana omite esos t�rminos espec�ficos. Sin embargo, esta diferencia en la terminolog�a pierde significado puesto que la Convenci�n Europea no contiene ninguna provisi�n comparable con el art�culo 29 de la Americana, que dispone reglas para interpretar sus disposiciones y proh�be que la interpretaci�n pueda "excluir otros derechos y garant�as... que se derivan de la forma democr�tica representativa de gobierno". Debe enfatizarse, tambi�n, que el art�culo 29 d) de la Convenci�n Americana proh�be toda interpretaci�n que conduzca a "excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaraci�n Americana de Derechos y Deberes del Hombre...", reconocida como parte del sistema normativo por los Estados Miembros de la OEA en el art�culo 1.2 del Estatuto de la Comisi�n. El art�culo XXVIII de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre por su parte, dice lo siguiente:

"Los derechos de cada hombre est�n limitados por los derechos de los dem�s, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democr�tico."

Las justas exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretaci�n de la Convenci�n y, en particular, de aquellas disposiciones que est�n cr�ticamente relacionadas con la preservaci�n y el funcionamiento de las instituciones democr�ticas.

45. La forma como est� redactado el art�culo 13 de la Convenci�n Americana difiere muy significativamente del art�culo 10 de la Convenci�n Europea, que est� formulado en t�rminos muy generales. En este �ltimo, sin una menci�n espec�fica a lo "necesari(o) en una sociedad democr�tica", habr�a sido muy dif�cil delimitar la larga lista de restricciones autorizadas. En realidad, el art�culo 13 de la Convenci�n Americana al que sirvi� de modelo en parte el art�culo 19 del Pacto, contiene una lista m�s reducida de restricciones que la Convenci�n Europea y que el mismo Pacto, s�lo sea porque �ste no proh�be expresamente la censura previa.

46. Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el art�culo 10 de la Convenci�n Europea, concluy� que "necesarias", sin ser sin�nimo de "indispensables", implica la "existencia de una "necesidad social imperiosa" y que para que una restricci�n sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "�til", "razonable" u "oportuna". (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, p�rr. no. 59, p�gs. 35- 36). Esta conclusi�n, que es igualmente aplicable a la Convenci�n Americana, sugiere que la "necesidad" y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresi�n fundadas sobre el art�culo 13.2, depender� de que est�n orientadas a satisfacer un inter�s p�blico imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aqu�lla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este est�ndar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un prop�sito �til u oportuno; para que sean compatibles con la Convenci�n las restricciones deben justificarse seg�n objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el art�culo 13 garantiza y no limiten m�s de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el art�culo 13. Es decir, la restricci�n debe ser proporcionada al inter�s que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese leg�timo objetivo. (The Sunday Times case, supra, p�rr. no. 62, p�g. 38; ver tambi�n Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, p�rr. no. 59, p�g. 26).

47. El art�culo 13.2 tiene tambi�n que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del art�culo 13.3, que es el m�s expl�cito en prohibir las restricciones a la libertad de expresi�n mediante "v�as o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones". Ni la Convenci�n Europea ni el Pacto contienen una disposici�n comparable. Es, tambi�n, significativo que la norma del art�culo 13.3 est� ubicada inmediatamente despu�s de una disposici�n -el art�culo 13.2- que se refiere a las restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresi�n. Esa circunstancia sugiere el deseo de asegurar que los t�rminos del art�culo 13.2 no fuesen mal interpretados en el sentido de limitar, m�s all� de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresi�n.

48. El art�culo 13.3 no s�lo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que tambi�n proh�be expresamente "controles... particulares" que produzcan el mismo resultado. Esta disposici�n debe leerse junto con el art�culo 1.1 de la Convenci�n, donde los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la Convenci�n)... y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n..." Por ello, la violaci�n de la Convenci�n en este �mbito puede ser producto no s�lo de que el Estado imponga por s� mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente "la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones", sino tambi�n de que no se haya asegurado que la violaci�n no resulte de los "controles... particulares" mencionados en el p�rrafo 3 del art�culo 13.

49. Las disposiciones de los incisos 4 y 5 del art�culo 13 no tienen una relaci�n directa con las preguntas hechas a la Corte en la presente solicitud y, en consecuencia, no necesitan ser examinadas en esta ocasi�n.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 41-49.

16. Por otra parte, es tambi�n cosa normal que las leyes org�nicas de los colegios profesionales de periodistas, y positiva que la Ley No. 4420 de Costa Rica, impongan a sus colegiados, directa o indirectamente, restricciones al ejercicio de su profesi�n o sanciones que las implican, para el cumplimiento de fines puramente gremiales u otros de orden social o privado, que no pueden justificar su car�cter p�blico y, mucho menos, estimarse como necesarias, en una sociedad democr�tica, para asegurar el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, ni la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas, como resulta restrictivamente del art�culo 13.2, en relaci�n con los valores fundamentales del sistema de la Convenci�n.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 16.

13.2.3.4. ". . . el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, . . . ."

13.2.3.5. ". . . la protecci�n de la seguridad nacional, . . . ."

13.2.3.6. la protecci�n del orden p�blico

58. Por efecto de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, la responsabilidad, incluso penal, de los no colegiados puede verse comprometida si, al "difundir informaciones e ideas de toda �ndole... por cualquier... procedimiento de su elecci�n" invaden lo que, seg�n la ley, constituye ejercicio profesional del periodismo. En consecuencia, esa colegiaci�n envuelve una restricci�n al derecho de expresarse de los no colegiados, lo que obliga a examinar si sus fundamentos caben dentro de los considerados leg�timos por la Convenci�n para determinar si tal restricci�n es compatible con ella.

59. La cuesti�n que se plantea entonces es si los fines que se persiguen con tal colegiaci�n entran dentro de los autorizados por la Convenci�n, es decir, son "necesari(os) para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s, o b) la protecci�n de la seguridad nacional, el orden p�blico o la salud o la moral p�blicas"(art. 13.2).

60. La Corte observa que los argumentos alegados para defender la legitimidad de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas no se vinculan con todos los conceptos mencionados en el p�rrafo precedente, sino s�lo con algunos de ellos. Se ha se�alado, en primer lugar, que la colegiaci�n obligatoria es el modo normal de organizar el ejercicio de las profesiones en los distintos pa�ses que han sometido al periodismo al mismo r�gimen. As�, el Gobierno ha destacado que en Costa Rica

"existe una norma de derecho no escrita, de condici�n estructural y constitutiva, sobre las profesiones, y esa norma puede enunciarse en los siguientes t�rminos: toda profesi�n deber� organizarse mediante una ley en una corporaci�n p�blica denominada colegio."

En el mismo sentido la Comisi�n se�al� que

"Nada se opone a que la vigilancia y control del ejercicio de las profesiones, se cumpla, bien directamente por organismos oficiales, o bien indirectamente mediante una autorizaci�n o delegaci�n que para ello haga el estatuto correspondiente, en una organizaci�n o asociaci�n profesional, bajo la vigilancia o control del Estado, puesto que �sta, al cumplir su misi�n, debe siempre someterse a la Ley. La pertenencia a un Colegio o la exigencia de tarjeta para el ejercicio de la profesi�n de periodista no implica para nadie restricci�n a las libertades de pensamiento y expresi�n sino una reglamentaci�n que compete al Poder Ejecutivo sobre las condiciones de idoneidad de los t�tulos, as� como la inspecci�n sobre su ejercicio como un imperativo de la seguridad social y una garant�a de una mejor protecci�n de los derechos humanos (Caso Schmidt, supra 15)."

El Colegio de Periodistas de Costa Rica destac� igualmente que "este mismo requisito (la colegiaci�n) existe en las leyes org�nicas de todos los colegios profesionales". Por su parte, la Federaci�n Latinoamericana de Periodistas, en las observaciones que remiti� a la Corte como amicus curiae, se�al� que algunas constituciones latinoamericanas disponen la colegiaci�n obligatoria para las profesiones que se�ale la ley, en una regla del mismo rango formal que la libertad de expresi�n.

61. En segundo lugar se ha sostenido que la colegiaci�n obligatoria persigue fines de utilidad colectiva vinculados con la �tica y la responsabilidad profesionales. El Gobierno mencion� una decisi�n de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en cuyos t�rminos

"es verdad que esos colegios tambi�n act�an en inter�s com�n y en defensa de sus miembros, pero n�tese que aparte de ese inter�s hay otro de mayor jerarqu�a que justifica establecer la colegiatura obligatoria en algunas profesiones, las que generalmente se denominan liberales, puesto que adem�s del t�tulo que asegura una preparaci�n adecuada, tambi�n se exige la estricta observancia de normas de �tica profesional, tanto por la �ndole de la actividad que realizan estos profesionales, como por la confianza que en ellos depositan las personas que requieren de sus servicios. Todo ello es de inter�s p�blico y el Estado delega en los colegios la potestad de vigilar el correcto ejercicio de la profesi�n".

En otra ocasi�n el Gobierno dijo:

"Otra cosa resulta de lo que podr�amos llamar el ejercicio del periodismo como "profesi�n liberal". Eso explica que la misma Ley del Colegio de Periodistas de Costa Rica permita a una persona constituirse en comentarista y a�n en columnista permanente y retribuido de un medio de comunicaci�n, sin obligaci�n de pertenecer al Colegio de Periodistas."

El mismo Gobierno ha subrayado que

"el ejercicio de ciertas profesiones entra�a, no s�lo derechos sino deberes frente a la comunidad y el orden social. Tal es la raz�n que justifica la exigencia de una habilitaci�n especial, regulada por Ley, para el desempe�o de algunas profesiones, como la del periodismo."

Dentro de la misma orientaci�n, un delegado de la Comisi�n, en la audiencia p�blica de 8 de noviembre de 1985, concluy� que

"la colegiatura obligatoria para periodistas o la exigencia de tarjeta profesional no implica negar el derecho a la libertad de pensamiento y expresi�n, ni restringirla o limitarla, sino �nicamente reglamentar su ejercicio para que cumpla su funci�n social, se respeten los derechos de los dem�s y se proteja el orden p�blico, la salud, la moral y la seguridad nacionales. La colegiatura obligatoria busca el control, la inspecci�n y vigilancia sobre la profesi�n de periodistas para garantizar la �tica, la idoneidad y el mejoramiento social de los periodistas."

En el mismo sentido, el Colegio de Periodistas afirm� que "la sociedad tiene derecho, en aras de la protecci�n del bien com�n, de regular el ejercicio profesional del periodismo"; e igualmente que "el manejo de este pensamiento ajeno, en su presentaci�n al p�blico requiere del trabajo profesional no solamente capacitado, sino obligado en su responsabilidad y �tica profesionales con la sociedad, lo cual tutela el Colegio de Periodistas de Costa Rica".

62. Tambi�n se ha argumentado que la colegiaci�n es un medio para garantizar la independencia de los periodistas frente a sus empleadores. El Colegio de Periodistas ha expresado que el rechazo a la colegiaci�n obligatoria

"equivaldr�a a facilitar los objetivos de quienes abren medios de comunicaci�n en Am�rica Latina, no para el servicio de la sociedad sino para defender intereses personales y de peque�os grupos de poder. Ellos preferir�an continuar con un control absoluto de todo el proceso de comunicaci�n social, incluido el trabajo de personas en funci�n de periodistas, que muestren ser incondicionales a esos mismos intereses."

En el mismo sentido, la Federaci�n Latinoamericana de Periodistas expres� que esa colegiaci�n persigue, inter alia,

"garantizarle a sus respectivas sociedades el derecho a la libertad de expresi�n del pensamiento en cuya firme defensa han centrado sus luchas... Y con relaci�n al derecho a la informaci�n nuestros gremios han venido enfatizando la necesidad de democratizar el flujo informativo en la relaci�n emisor-receptor para que la ciudadan�a tenga acceso y reciba una informaci�n veraz y oportuna, lucha esta que ha encontrado su principal traba en el ego�smo y ventajismo empresarial de los medios de comunicaci�n social."

63. La Corte, al relacionar los argumentos as� expuestos con las restricciones a que se refiere el art�culo 13.2 de la Convenci�n, observa que los mismos no envuelven directamente la idea de justificar la colegiaci�n obligatoria de los periodistas como un medio para garantizar "el respeto a los derechos o a la reputaci�n de los dem�s" o "la protecci�n de la seguridad nacional," o "la salud o la moral p�blicas" (art. 13.2); m�s bien apuntar�an a justificar la colegiaci�n obligatoria como un medio para asegurar el orden p�blico (art. 13.2.b) como una justa exigencia del bien com�n en una sociedad democr�tica (art. 32.2).

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 58-63.

64. En efecto, una acepci�n posible del orden p�blico dentro del marco de la Convenci�n, hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento arm�nico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido podr�an justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden p�blico. La Corte interpreta que el alegato seg�n el cual la colegiaci�n obligatoria es estructuralmente el modo de organizar el ejercicio de las profesiones en general y que ello justifica que se someta a dicho r�gimen tambi�n a los periodistas, implica la idea de que tal colegiaci�n se basa en el orden p�blico.

65. El bien com�n ha sido directamente invocado como uno de los justificativos de la colegiaci�n obligatoria de los periodistas, con base en el art�culo 32.2 de la Convenci�n. La Corte analizar� el argumento pues considera que, con prescindencia de dicho art�culo, es v�lido sostener, en general, que el ejercicio de los derechos garantizados por la Convenci�n debe armonizarse con el bien com�n. Ello no indica, sin embargo, que, en criterio de la Corte, el art�culo 32.2 sea aplicable en forma autom�tica e id�ntica a todos los derechos que la Convenci�n protege, sobre todo en los casos en que se especifican taxativamente las causas leg�timas que pueden fundar las restricciones o limitaciones para un derecho determinado. El art�culo 32.2 contiene un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en que la Convenci�n, al proclamar un derecho, no dispone nada en concreto sobre sus posibles restricciones leg�timas.

66. Es posible entender el bien com�n, dentro del contexto de la Convenci�n, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democr�ticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien com�n la organizaci�n de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democr�ticas y se preserve y promueva la plena realizaci�n de los derechos de la persona humana. De ah� que los alegatos que sit�an la colegiaci�n obligatoria como un medio para asegurar la responsabilidad y la �tica profesionales y, adem�s, como una garant�a de la libertad e independencia de los periodistas frente a sus patronos, deben considerarse fundamentados en la idea de que dicha colegiaci�n representa una exigencia del bien com�n.

67. No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo un�voco los conceptos de "orden p�blico" y "bien com�n", ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder p�blico, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podr�an invocarse el "orden p�blico" o el "bien com�n" como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convenci�n o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convenci�n). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretaci�n estrictamente ce�ida a las "justas exigencias" de "una sociedad democr�tica" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convenci�n.

68. La Corte observa que la organizaci�n de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convenci�n sino que constituye un medio de regulaci�n y de control de la fe p�blica y de la �tica a trav�s de la actuaci�n de los colegas. Por ello, si se considera la noci�n de orden p�blico en el sentido referido anteriormente, es decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento arm�nico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organizaci�n del ejercicio de las profesiones est� implicada en ese orden.

69. Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden p�blico reclama que, dentro de una sociedad democr�tica, se garanticen las mayores posibilidades de circulaci�n de noticias, ideas y opiniones, as� como el m�s amplio acceso a la informaci�n por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresi�n se inserta en el orden p�blico primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, la Corte adhiere a las ideas expuestas por la Comisi�n Europea de Derechos Humanos cuando, bas�ndose en el Pre�mbulo de la Convenci�n Europea, se�al�:

"que el prop�sito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convenci�n no fue concederse derechos y obligaciones rec�procos con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino... establecer un orden p�blico com�n de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia com�n de tradiciones pol�ticas, ideales, libertad y r�gimen de derecho. ("Austria vs. Italy", Application No.788/60, European Yearbook of Human Rights, vol.4, (1961), p�g. 138)."

Tambi�n interesa al orden p�blico democr�tico, tal como est� concebido por la Convenci�n Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir informaci�n.

70. La libertad de expresi�n es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democr�tica. Es indispensable para la formaci�n de la opini�n p�blica. Es tambi�n conditio sine qua non para que los partidos pol�ticos, los sindicatos, las sociedades cient�ficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condici�n para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, est� suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no est� bien informada no es plenamente libre.

71. Dentro de este contexto el periodismo es la manifestaci�n primaria y principal de la libertad de expresi�n del pensamiento y, por esa raz�n, no puede concebirse meramente como la prestaci�n de un servicio al p�blico a trav�s de la aplicaci�n de unos conocimientos o capacitaci�n adquiridos en una universidad o por quienes est�n inscritos en un determinado colegio profesional, como podr�a suceder con otras profesiones, pues est� vinculado con la libertad de expresi�n que es inherente a todo ser humano.

72. El argumento seg�n el cual una ley de colegiaci�n obligatoria de los periodistas no difiere de la legislaci�n similar, aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea a prop�sito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convenci�n. El problema surge del hecho de que el art�culo 13 expresamente protege la libertad de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole... ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa..." La profesi�n de periodista -lo que hacen los periodistas- implica precisamente el buscar, recibir y difundir informaci�n. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que est�n definidas o encerradas en la libertad de expresi�n garantizada en la Convenci�n.

73. Esto no se aplica, por ejemplo, al ejercicio del derecho o la medicina; a diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho o la medicina -es decir, lo que hacen los abogados o los m�dicos- no es una actividad espec�ficamente garantizada por la Convenci�n. Es cierto que la imposici�n de ciertas restricciones al ejercicio de la abogac�a podr�a ser incompatible con el goce de varios derechos garantizados por la Convenci�n. Por ejemplo, una ley que prohibiera a los abogados actuar como defensores en casos que involucren actividades contra el Estado, podr�a considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado seg�n el art�culo 8 de la Convenci�n y, por lo tanto, ser incompatible con �sta. Pero no existe un s�lo derecho garantizado por la Convenci�n que abarque exhaustivamente o defina por s� solo el ejercicio de la abogac�a como lo hace el art�culo 13 cuando se refiere al ejercicio de una libertad que coincide con la actividad period�stica. Lo mismo es aplicable a la medicina.

74. Se ha argumentado que la colegiaci�n obligatoria de los periodistas lo que persigue es proteger un oficio remunerado y que no se opone al ejercicio de la libertad de expresi�n, siempre que �sta no comporte un pago retributivo, y que, en tal sentido, se refiere a una materia distinta a la contenida en el art�culo 13 de la Convenci�n. Este argumento parte de una oposici�n entre el periodismo profesional y el ejercicio de la libertad de expresi�n, que la Corte no puede aprobar. Seg�n �sto, una cosa ser�a la libertad de expresi�n y otra el ejercicio profesional del periodismo, cuesti�n esta que no es exacta y puede, adem�s, encerrar serios peligros si se lleva hasta sus �ltimas consecuencias. El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresi�n, por el contrario, ambas cosas est�n evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresi�n de modo continuo, estable y remunerado. Adem�s, la consideraci�n de ambas cuestiones como actividades distintas, podr�a conducir a la conclusi�n que las garant�as contenidas en el art�culo 13 de la Convenci�n no se aplican a los periodistas profesionales.

75. Por otra parte, el argumento comentado en el p�rrafo anterior, no tiene en cuenta que la libertad de expresi�n comprende dar y recibir informaci�n y tiene una doble dimensi�n, individual y colectiva. Esta circunstancia indica que el fen�meno de si ese derecho se ejerce o no como profesi�n remunerada, no puede ser considerado como una de aquellas restricciones contempladas por el art�culo 13.2 de la Convenci�n porque, sin desconocer que un gremio tiene derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo, �sto no tiene por qu� hacerse cerrando a la sociedad posibles fuentes de donde obtener informaci�n.

76. La Corte concluye, en consecuencia, que las razones de orden p�blico que son v�lidas para justificar la colegiaci�n obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el art�culo 13 de la Convenci�n, lo cual infringe principios primarios del orden p�blico democr�tico sobre el que ella misma se fundamenta.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 64-76.

13.2.3.7. la protecci�n de la salud o la moral p�blicas

13.3.1. restricciones indirectas

47. El art�culo 13.2 tiene tambi�n que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del art�culo 13.3, que es el m�s expl�cito en prohibir las restricciones a la libertad de expresi�n mediante "v�as o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones". Ni la Convenci�n Europea ni el Pacto contienen una disposici�n comparable. Es, tambi�n, significativo que la norma del art�culo 13.3 est� ubicada inmediatamente despu�s de una disposici�n -el art�culo 13.2- que se refiere a las restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresi�n. Esa circunstancia sugiere el deseo de asegurar que los t�rminos del art�culo 13.2 no fuesen mal interpretados en el sentido de limitar, m�s all� de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresi�n.

48. El art�culo 13.3 no s�lo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que tambi�n proh�be expresamente "controles... particulares" que produzcan el mismo resultado. Esta disposici�n debe leerse junto con el art�culo 1.1 de la Convenci�n, donde los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la Convenci�n)... y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n..." Por ello, la violaci�n de la Convenci�n en este �mbito puede ser producto no s�lo de que el Estado imponga por s� mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente "la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones", sino tambi�n de que no se haya asegurado que la violaci�n no resulte de los "controles... particulares" mencionados en el p�rrafo 3 del art�culo 13.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rrs. 47-48.

12. A la misma conclusi�n se llega si se recuerda que el art�culo 13.3 proh�be todo tipo de restricciones a la libertad de expresi�n mediante "v�as o medios indirectos... encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones". En efecto, si la Convenci�n proh�be tales restricciones indirectas, no es posible entender que permita las directas. Por lo dem�s, el hecho de que esa prohibici�n expresa solamente se refiera a la comunicaci�n o circulaci�n de ideas u opiniones, no puede interpretarse como que s� permite restricciones a la libertad de informaci�n, en el sentido de la b�squeda y difusi�n de noticias sin contenido ideol�gico, porque esta libertad implica tambi�n la comunicaci�n y, sobre todo, la circulaci�n de ideas u opiniones ajenas, al lado de las simples noticias, que ser�an las �nicas no incluidas expresamente en la prohibici�n. De todos modos �stas pueden y deben considerarse impl�citamente contempladas en ellas en virtud del principio de interpretaci�n extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (principio pro homine), y del criterio universal de hermen�utica de que "donde hay la misma raz�n hay la misma disposici�n".

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, p�rr. 12.

13.4.1 "[l]os espect�culos p�blicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci�n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2."

13.5.1 "[e]star� prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apolog�a del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acci�n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ning�n motivo, inclusive los de raza, color, religi�n, idioma u origen nacional."