Repertorio de Jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1980-1997


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos)

Artículo 1
Obligación de Respetar los Derechos

1.1.0. general
1.1.0.1. relaci�n con otros derechos protegidos por la Convenci�n
1.1.0.2. relaci�n con el art�culo 2
1.1.0.3. atribuci�n de responsabilidad internacional bajo la Convenci�n
1.1.0.3.1. general
1.1.0.3.2. atribuci�n al Estado por la conducta de sus �rganos y funcionarios; actos y omisiones
1.1.0.3.2.1. actos no autorizados y ultra vires
1.1.0.3.3. atribuci�n al Estado por actos de particulares; debida diligencia
1.1.0.3.4. reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado
1.1.0.4. responsabilidad individual
1.1.1. "[l]os Estados Partes . . . se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio . . . ."
1.1.1.1. pacta sunt servanda
1.1.1.2. deber de respetar los derechos y libertades y de garantizar su libre y pleno ejercicio
1.1.1.2.1. obligaci�n de respetar
1.1.1.2.2. obligaci�n de garantizar
1.1.1.2.2.1. obligaci�n de prevenir
1.1.1.2.2.1.1. obligaci�n de medio o comportamiento
1.1.1.2.2.2. obligaci�n de investigar
1.1.1.2.2.2.1. obligaci�n de medio o comportamiento
1.1.1.2.2.2.2. derecho a la verdad
1.1.1.2.2.3. obligaci�n de sancionar a los responsables
1.1.1.2.2.4. obligaci�n de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n
1.1.1.2.2.5. relaci�n con el art�culo 63.1
1.1.2. toda persona sujeta a su jurisdicci�n
1.1.3. ". . . sin discriminaci�n alguna . . . ."
1.1.3.1. �mbito de aplicaci�n; relaci�n con el art�culo 24
1.1.3.2. igualdad y no discriminaci�n
1.1.3.2.1. general
1.1.3.2.2. criterios
1.1.3.2.3. margen de apreciaci�n del Estado
1.1.3.3. por motivo de raza
1.1.3.4. por motivo de color
1.1.3.5. por motivo de sexo
1.1.3.6. por motivo de idioma
1.1.3.7. por motivo de religi�n
1.1.3.8. por motivo de opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole
1.1.3.9. por motivo de origen nacional o social
1.1.3.9.1. nacionalidad
1.1.3.9.2. nivel educativo
1.1.3.10. posici�n econ�mica
1.1.3.11. nacimiento o cualquier otra condici�n social


Obligaci�n de respetar los derechos

1. Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

2. Para los efectos de esta Convenci�n, persona es todo ser humano.

1.1.0. general

25. Todo esto, unido a las exigencias mismas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace que la obligaci�n de respetarlos y garantizarlos, establecida en el art�culo 1.1, sea la verdaderamente esencial al sistema de la Convenci�n, y que se entienda precisamente como un deber inmediato e incondicional de los Estados, resultante directamente de la propia Convenci�n: la noci�n misma de una protecci�n de car�cter internacional, aunque sea s�lo coadyuvante o subsidiaria de la del derecho interno, requiere que los Estados se comprometan inmediatamente a respetarlos y garantizarlos, como una obligaci�n de car�cter internacional, por encima de las vicisitudes de sus ordenamientos internos.

26. En cambio, el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar plenamente la eficacia de tales derechos en el orden interno, a que se refiere el art�culo 2, no puede ser entendido, en el sistema de la Convenci�n, como mera repetici�n del ya establecido en el art�culo 1.1, porque esto equivaldr�a a vaciar de sentido �ste �ltimo, ni tampoco como equivalente del simple deber gen�rico de darle eficacia en el orden interno, propio de toda obligaci�n internacional, porque entonces habr�a sido innecesario consagrarlo por parte del mismo art�culo 1.1, y quiz�s hasta innecesario del todo. El Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no contiene ninguna disposici�n semejante a la del art�culo 2 de la Convenci�n Americana, y sin embargo nadie podr�a suponer, ante esa ausencia, que la misma obligaci�n no existiera para sus Estados Partes.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 25-26.

162. Este art�culo contiene la obligaci�n contra�da por los Estados Partes en relaci�n con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensi�n de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido tambi�n el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 162.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 171.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 85

163. La Comisi�n no se�al� de manera expresa la violaci�n del art�culo 1.1 de la Convenci�n, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye el fundamento gen�rico de la protecci�n de los derechos reconocidos por la Convenci�n y porque ser�a aplicable, de todos modos, en virtud de un principio general de Derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jur�dicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente ("Lotus", Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A No. 10, p�g. 31 y Eur. Court H.R., Handyside Case, Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, p�rr. 41 ).

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 163.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 172.

164. El art�culo 1.1 es fundamental para determinar si una violaci�n de los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho art�culo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garant�a, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n que pueda ser atribuido, seg�n las reglas del Derecho internacional, a la acci�n u omisi�n de cualquier autoridad p�blica, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los t�rminos previstos por la misma Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 164.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 173.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

167. La obligaci�n de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligaci�n, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garant�a del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

168. La obligaci�n a cargo de los Estados es, as�, mucho m�s inmediata que la que resulta del art�culo 2, que dice . . . .

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 167-168.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 176-177.

1.1.0.1. relaci�n con otros derechos protegidos por la Convenci�n

23. La tesis de que la frase "en las condiciones que establezca la ley" utilizada en el art�culo 14.1 solamente facultar�a a los Estados Partes a crear por ley el derecho de rectificaci�n o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras su ordenamiento jur�dico interno no lo regule, no se compadece ni con el "sentido corriente" de los t�rminos empleados ni con el "contexto" de la Convenci�n. . . .

24. El derecho de rectificaci�n o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n. Y no podr�a ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convenci�n, est� dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convenci�n Americana, Pre�mbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75)), Opini�n Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982, Serie A No. 2, p�rr. 33.

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 23-24.

28. El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificaci�n o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aqu�llos han contra�do seg�n el art�culo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convenci�n y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n..." En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificaci�n o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicci�n de un Estado Parte, ello constituir�a una violaci�n de la Convenci�n, susceptible de ser denunciada ante los �rganos de protecci�n por ella previstos.

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 28.

162. Este art�culo contiene la obligaci�n contra�da por los Estados Partes en relaci�n con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensi�n de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido tambi�n el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 162.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 171.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 85

23. La protecci�n de la ley la constituyen, b�sicamente, los recursos que �sta dispone para la protecci�n de los derechos garantizados por la Convenci�n, los cuales, a la luz de la obligaci�n positiva que el art�culo 1.1 contempla para los Estados de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a trav�s de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder p�blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jur�dicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 166; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 175).

24. Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garant�a de los derechos est� relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el art�culo 8 de la Convenci�n . . . .

Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 23-24.

83. El art�culo 25 se encuentra �ntimamente ligado con la obligaci�n general del art�culo 1.1 de la Convenci�n Americana, al atribuir funciones de protecci�n al derecho interno de los Estados Partes. El h�beas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino tambi�n prevenir la desaparici�n o indeterminaci�n del lugar de detenci�n y, en �ltima instancia, asegurar el derecho a la vida.

84. Habiendo quedado demostrado, como antes se dijo (supra, p�rr. 71), que la detenci�n del se�or Castillo P�ez fue realizada por miembros de la Polic�a del Per� y que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de �sta, la cual lo ocult� para que no fuera localizado, la Corte concluye que la ineficacia del recurso de h�beas corpus es imputable al Estado, configurando con ello una violaci�n del art�culo 25 de la Convenci�n en relaci�n con el art�culo 1.1.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rrs. 83-84.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 65.

1.1.0.2. relaci�n con el art�culo 2

6. El art�culo 2 de la Convenci�n dispone . . . .

Es evidente que este art�culo de la Convenci�n impone el deber a los Estados Partes de adoptar las medidas requeridas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convenci�n. El ser de estos derechos no est� condicionado a la existencia de normas pertinentes en el derecho interno de los Estados Partes. Pero estos Estados se hallan obligados a adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter, si no existieran ya, para hacer "efectivos" tales derechos y libertades. Se trata de una obligaci�n adicional, que se suma a la impuesta por el art�culo 1 de la Convenci�n dirigida a hacer m�s determinante y cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convenci�n reconoce. Por eso es que la obligaci�n que resulta del art�culo 2, complementa, pero de ninguna manera sustituye o suple, a la obligaci�n general y no condicionada que resulta del art�culo 1. Como se dijo cuando se propuso la inclusi�n del actual art�culo 2 en el Proyecto de Convenci�n, en las observaciones del Gobierno de Chile al Proyecto de la Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos:

La argumentaci�n de que la inclusi�n de esta cl�usula en la Convenci�n Interamericana podr�a justificar la alegaci�n de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o m�s derechos no contemplados en su legislaci�n interna, no se sostiene dentro de los t�rminos del proyecto; y menos a�n si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia (Actas y Documentos, supra 4, p�g. 38).

El art�culo 2 de la Convenci�n, aparece en el proceso de elaboraci�n de este instrumento en su �ltima etapa, ya que no se halla en los proyectos iniciales ni en el elaborado finalmente por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. Ello fue la consecuencia de que originalmente se pens�, con raz�n, que un compromiso del tipo del referido en el actual art�culo 2 existe naturalmente por aplicaci�n del Derecho Internacional, como consecuencia l�gica de las obligaciones que derivan de un tratado internacional. Por eso es que, cuando se propuso su inclusi�n, se aclar� que su �nico sentido era clarificar y precisar, haciendo m�s determinante, inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal obligaci�n, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el deber esencial que resulta del art�culo 1. Sin esta interpretaci�n l�gica de por qu� se incluy� este art�culo 2 en la Convenci�n, ello carecer�a de sentido. Es m�s, conducir�a al resultado irracional y absurdo de que el art�culo 1 ser�a inaplicable si no se dictaran las medidas a que se refiere el art�culo 2. Y esta conclusi�n es inadmisible, porque paralizar�a todo el sistema aceptable de aplicaci�n de la Convenci�n y quitar�a pr�cticamente efecto, con respecto a las personas humanas protegidas, a la obligaci�n esencial que resulta para los Estados Partes del art�culo 1 de la Convenci�n. Al respecto no puede olvidarse que la fuente del art�culo 2 de la Convenci�n Americana es el art�culo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de las Naciones Unidas, que tanto por su ubicaci�n como por su letra, constituye, evidentemente, un complemento de la obligaci�n esencial impuesta por el p�rrafo 1 de dicho art�culo 2. En cambio, la Convenci�n Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales no contiene una disposici�n an�loga al art�culo 2 de la Convenci�n Americana o al p�rrafo 2 del art�culo 2 del Pacto Internacional. En su art�culo 1, los Estados Partes se limitan a reconocer a toda persona sometida a la jurisdicci�n de esos Estados los derechos y libertades definidas en su T�tulo I. Pero este reconocimiento implica el deber de los Estados Partes de respetar y garantizar dichos derechos y de ser necesario, tambi�n, de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno para el mejor y m�s adecuado cumplimiento de las obligaciones que son la consecuencia del reconocimiento de esos derechos y libertades.

Opini�n Separada del Juez H�ctor Gross Espiell, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 6.

23. Los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convenci�n para cada uno de los derechos consagrados en la misma son, por una parte, el de

...respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y... garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna...( art. 1.1 )

por la otra, el de

...adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci�n, las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. 2).

Considero que la consulta requer�a que la Corte analizara el contenido y alcances de unos y otros deberes, a partir de la presunci�n l�gica de que unos y otros se refieren a supuestos distintos -- de otro modo, no tendr�an sentido como disposiciones separadas --.

24. E1 proyecto que sirvi� de base a la Convenci�n Americana solamente contemplaba los deberes gen�ricos del art�culo 1.1 (v. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San Jos�, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1978, Doc. 5, p�gs. 12ss.); el del art�culo 2, copia casi textual del art�culo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, fue el resultado de Observaciones del Gobierno de Chile (Ibid., Doc. 7, p�g. 38), apoyadas por las de Rep�blica Dominicana (Ibid., Doc. 9, p�g. 50) y Guatemala (Ibid., Doc. 4, Corr. 1, p�g. 107), y, finalmente, de una moci�n del Ecuador en la Conferencia (Ibid., p�g. 145), recogida despu�s por el Grupo de Trabajo de la Comisi�n I como art�culo 1.2 (Ibid., p�g. 156). Tambi�n tuvo el apoyo de los Estados Unidos de Am�rica, en una Declaraci�n (Ibid., Anexo A, p�g. 148) cuyos motivos difer�an de los de todos los dem�s, conforme se dir�.

25. Todo esto, unido a las exigencias mismas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace que la obligaci�n de respetarlos y garantizarlos, establecida en el art�culo 1.1, sea la verdaderamente esencial al sistema de la Convenci�n, y que se entienda precisamente como un deber inmediato e incondicional de los Estados, resultante directamente de la propia Convenci�n: la noci�n misma de una protecci�n de car�cter internacional, aunque sea s�lo coadyuvante o subsidiaria de la del derecho interno, requiere que los Estados se comprometan inmediatamente a respetarlos y garantizarlos, como una obligaci�n de car�cter internacional, por encima de las vicisitudes de sus ordenamientos internos.

26. En cambio, el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar plenamente la eficacia de tales derechos en el orden interno, a que se refiere el art�culo 2, no puede ser entendido, en el sistema de la Convenci�n, como mera repetici�n del ya establecido en el art�culo 1.1, porque esto equivaldr�a a vaciar de sentido �ste �ltimo, ni tampoco como equivalente del simple deber gen�rico de darle eficacia en el orden interno, propio de toda obligaci�n internacional, porque entonces habr�a sido innecesario consagrarlo por parte del mismo art�culo 1.1, y quiz�s hasta innecesario del todo. El Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no contiene ninguna disposici�n semejante a la del art�culo 2 de la Convenci�n Americana, y sin embargo nadie podr�a suponer, ante esa ausencia, que la misma obligaci�n no existiera para sus Estados Partes.

27. Por el contrario, las incidencias de la inclusi�n de esta norma en la Convenci�n demuestran, a mi juicio con toda claridad, que tiene en ella un car�cter marginal, para los supuestos en que el del art�culo 1.1 resulte inoperante o, al menos, insuficiente, pero no por limitaciones propias del derecho interno, que implicar�an violaciones del propio art�culo 1.1, sino en virtud de que determinados derechos - no todos - necesitan en s� mismos de normas o medidas complementarias de orden interno para ser exigibles de manera inmediata e incondicional. Dicho de otra manera: en trat�ndose de derechos reconocidos por la Convenci�n de manera inmediata e incondicional, basta con el deber de los Estados Partes de respetarlos y garantizarlos, de conformidad con el art�culo 1.1, para que sean plenamente exigibles frente a esos Estados de la misma manera inmediata e incondicional, por lo menos como derechos de la Convenci�n, que es lo �nico sobre lo cual la Corte ejerce su jurisdicci�n. Lo que ocurre es que algunos derechos, de conformidad con su naturaleza o con la propia Convenci�n, carecen de esa virtualidad sin que normas u otras medidas complementarias permitan tenerlos por plenamente exigibles, como ocurre, por ejemplo, con los pol�ticos (art. 23) o con los de protecci�n judicial (art. 25), que no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulaci�n normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, econ�mico y humano que les d� la eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convenci�n, es decir, en el plano internacional, y no s�lo como cuesti�n del orden interno de cada Estado: si no hay c�digos o leyes electorales, registros de electores, partidos pol�ticos, medios de propaganda y movilizaci�n, centros de votaci�n, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, �ste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protecci�n judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible.

28. Es por esto tambi�n que, sabiamente, el art�culo 2 se refiere, no s�lo a disposiciones normativas, sino tambi�n a "medidas de otro car�cter", en las cuales se engloban claramente las institucionales, econ�micas y humanas citadas. Pero no las administrativas o jurisdiccionales como tales, porque �stas simplemente constituyen aplicaci�n de las anteriores y, en tal sentido, se enmarcan dentro de los deberes de respeto y garant�a del art�culo 1.1, no dentro de los del art�culo 2 - aun en los Estados de jurisprudencia vinculante, como los del sistema del common law, porque es obvio que en �stos lo que crea derecho general no es el acto jurisdiccional sino la potestad normativa de los tribunales, decantada en sus precedentes- .

29. La interpretaci�n anterior es tambi�n, a mi juicio, la �nica que se compagina con los antecedentes del art�culo 2 de la Convenci�n. En efecto, los proyectos que la precedieron prescind�an de una disposici�n semejante, no por inadvertencia, sino por la preocupaci�n de que pudiera interpretarse de otra manera, como una especie de v�lvula de escape a las obligaciones inmediatas e incondicionales del art�culo 1.1. As�, en el informe del relator de la Comisi�n Interamericana, Dr. Dunshee de Abranches, se dec�a expresamente:

Seg�n el sistema constitucional prevaleciente en los Estados americanos, las disposiciones de los tratados se incorporan al derecho interno en virtud de la ratificaci�n, previa aprobaci�n del �rgano legislativo competente, sin necesidad de ley especial. Por consiguiente, dicho p�rrafo no hace falta en la Convenci�n Interamericana. Al contrario, si figurara en la Convenci�n podr� justificar la alegaci�n de que cierto Estado Parte no estar�a obligado a respetar uno o m�s derechos, definidos en dicha Convenci�n pero no contemplados en su legislaci�n interna; sino despu�s de ser expedida una ley especial sobre tal o tales derechos (Estudio Comparativo entre los Pactos de las Naciones Unidas... y los Proyectos de Convenci�n Interamericana sobre Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.l9/Doc. 18, p�g. 192).

Preocupaci�n que motiv� las observaciones concretas del Gobierno de Chile (supra 24), al proponer la inclusi�n del art�culo 2, en el sentido de que:

Si bien en general podr�a ser efectiva la afirmaci�n hecha por el Relator Dr. Dunshee de Abranches en el Documento 18 de la Comisi�n, en el sentido que en los Estados Americanos las disposiciones de los Tratados "se incorporan" al derecho interno en virtud de la ratificaci�n, no es menos cierto que en varios casos habr� que adoptar medidas de orden interno para hacer efectivos los derechos, especialmente en los casos en que el propio texto del proyecto as� lo indica, en t�rminos tales como: "la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo" (art. 16); o "la ley reglamentar� la forma..." (art. 17); y otras semejantes. La argumentaci�n de que la inclusi�n de esta cl�usula en la Convenci�n Interamericana podr�a justificar la alegaci�n de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o m�s derechos no contemplados en su legislaci�n interna, no se sostiene dentro de los t�rminos del proyecto; y menos a�n si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia. (Actas y Documentos, supra 24, Doc. 7, p�g. 38).

30. En efecto, considero que lo fundamental es el deber inmediato e incondicional de cada Estado de respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales, para que �stos alcancen normalmente una plena protecci�n desde el punto de vista del derecho internacional, aun frente a aquellos ordenamientos internos para los cuales el �ltimo carece de inmediata exigibilidad. En virtud del deber de respetarlos, el Estado no puede violarlos directamente, aunque no los haya reconocido en su derecho interno; y en virtud del deber de garantizarlos, tampoco puede violarlos indirectamente, negando a sus titulares el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento, tanto frente a las autoridades p�blicas como frente a los propios particulares, ni siquiera bajo el pretexto de que tal amparo no haya sido provisto por su orden interno. Con otras palabras, el solo irrespeto de tales derechos y la sola denegaci�n de su amparo, gubernativo o jurisdiccional, constituir�an violaciones directas de los mismos, en funci�n del deber de respetarlos y garantizarlos establecido por el art�culo 1.1 de la Convenci�n, sin necesidad de acudir al del art�culo 2, de adoptar las medidas legislativas o de otro car�cter necesarias para hacerlos efectivos en el orden interno.

31. As� pues, este �ltimo s�lo tiene sentido, como norma independiente dentro del sistema de la Convenci�n, para aquellos derechos que por su naturaleza est�n necesitados de desarrollo mediante normas complementarias, en el caso, del derecho interno. No me refiero, por supuesto, a las normas llamadas program�ticas, porque �stas establecen una categor�a diferente de mandatos, jur�dicos, s�, pero que no pueden exigirse como tales ni siquiera al amparo del art�culo 2 de la Convenci�n.

32. De conformidad con lo expuesto, este art�culo no puede tener un car�cter condicionante del 1.1, en el sentido, por ejemplo, en que fue interpretado unilateralmente y sin ning�n eco en la Conferencia de San Jos�, por la Declaraci�n de los Estados Unidos de Am�rica (v. supra 24), cuando dijo:

Los Estados Unidos convienen en que este art�culo debe incluirse en el proyecto de Convenci�n puesto que ayuda a aclarar el efecto legal que tiene la ratificaci�n en las leyes nacionales de las partes respectivas. El art�culo es lo suficiente flexible para que cada pa�s pueda poner en ejecuci�n el tratado de la mejor manera posible y en forma consecuente con su pr�ctica nacional. Algunos pa�ses pueden optar por hacer que los art�culos del tratado entren directamente en vigor como ley nacional, y este art�culo les permitir�a lograrlo. Los comentarios de Chile sugieren que su propia pr�ctica pueda variar seg�n el texto de cada art�culo. Otros pueden preferir depender �nicamente de la ley nacional para poner en ejecuci�n los art�culos del tratado. En los Estados Unidos interpretar�amos este art�culo como una autorizaci�n que se nos da para seguir el �ltimo de estos cursos en el caso de materias comprendidas en la Parte I, las porciones sustantivas, del proyecto de Convenci�n. Eso nos permitir�a referirnos, cuando proceda, a nuestra Constituci�n, a nuestra legislaci�n nacional ya existente, a las decisiones de nuestros tribunales y a nuestra pr�ctica administrativa en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones contra�das en virtud de la Convenci�n. Tambi�n significar� que podremos formular cualquier legislaci�n necesaria en t�rminos que de inmediato y claramente puedan incluirse en nuestros c�digos nacionales. En otras palabras, los Estados Unidos no tienen la intenci�n de interpretar los art�culos de la Parte I del tratado en el sentido de que tienen aplicaci�n por s� solos. (Actas y Documentos, supra 24. Trad. oficial en p�gs. 148 y 149).

33. Independientemente de la validez que esa interpretaci�n o una reserva de ese tenor pudieren tener en el caso concreto de los Estados Unidos de Am�rica - cuya determinaci�n exceder�a de los l�mites de la presente consulta -, no parece aceptable como tesis general, ni fue de hecho lo que motiv� la inclusi�n del art�culo 2 en la Convenci�n. Por el contrario, considero que, de acuerdo con �sta, los Estados que no reconozcan la autom�tica recepci�n del derecho internacional en su ordenamiento interno, est�n obligados a incorporar los derechos reconocidos en aqu�lla, en su totalidad, en virtud de su deber de respetarlos y garantizarlos de conformidad con el art�culo 1.1, no del de desarrollarlos en su derecho interno establecido en el art�culo 2.

Opini�n Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 23-33.

167. La obligaci�n de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligaci�n, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garant�a del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

168. La obligaci�n a cargo de los Estados es, as�, mucho m�s inmediata que la que resulta del art�culo 2, que dice . . . .

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 167-168.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 176-177.

6. Es verdaderamente sorprendente, y lamentable, que, al final de cinco d�cadas de evoluci�n del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la doctrina todav�a no haya examinado y desarrollado suficiente y satisfactoriamente el alcance y las consecuencias de las interrelaciones entre los deberes generales de respetar y garantizar los derechos protegidos, y de adecuar el ordenamiento jur�dico interno a la normativa internacional de protecci�n. Las pocas indicaciones existentes se encuentran en la jurisprudencia. Esta Corte empez� a considerar aquellas interrelaciones en su s�ptima Opini�n Consultiva, de 1986, en la cual advirti� que "el hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio” de los derechos protegidos "no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aqu�llos han contra�do seg�n el art�culo 1.1" de la Convenci�n; y agreg� que tal conclusi�n se reforzaba con lo prescrito por el art�culo 2 de la Convenci�n.

7. Transcurrida una d�cada desde esta ponderaci�n de la Corte, habr�a que retomar la cuesti�n y profundizar su examen. El deber general y fundamental del art�culo 1.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos encuentra paralelo en otros tratados de derechos de la persona humana, como el Pacto de Derechos Civiles y Pol�ticos (art�culo 2.1), la Convenci�n sobre Derechos del Ni�o (art�culos 2.1 y 38.1), las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario (art�culo 1) y el Protocolo Adicional de 1977 a estas �ltimas (art�culo 1.1). A su vez, tambi�n en deber general del art�culo 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos tiene equivalentes, en su Protocolo Adicional de 1988 en Materia de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (art�culo 2), en el Pacto de Derechos Civiles y Pol�ticos (art�culo 2.2), en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art�culo 1), en la Convenci�n de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art�culo 2.1). . . . .

9. Las dos obligaciones generales consagradas en la Convenci�n Americana - la de respetar y garantizar los derechos protegidos (art�culo 1.1) y la de adecuar el derecho interno a la normativa internacional de protecci�n (art�culo 2) - me parecen ineluctablemente interligadas. De ah� que la violaci�n del art�culo 2 acarrea siempre, a mi modo de ver, la violaci�n igualmente del art�culo 1.1. La violaci�n del art�culo 1.1 config�rase siempre que haya una violaci�n del art�culo 2. Y en casos de violaci�n del art�culo 1.1 hay una fuerte presunci�n de inobservancia del art�culo 2, en virtud, v.g., de insuficiencias o lagunas del ordenamiento jur�dico interno en cuanto a la reglamentaci�n de las condiciones del ejercicio de los derechos protegidos. Asimismo, no hay como minimizar la obligaci�n del art�culo 2, una vez que �sta confiere precisi�n a la obligaci�n inmediata fundamental del art�culo 1.1, de la cual config�rase como casi un corolario. La obligaci�n del art�culo 2 requiere que se adopte la legislaci�n necesaria para dar efectividad a las normas convencionales de protecci�n, supliendo eventuales lagunas o insuficiencias en el derecho interno, o entonces que se alteren disposiciones legales nacionales a fin de armonizarlas con las normas convencionales de protecci�n.

10. Como estas normas convencionales vinculan los Estados Partes - y no solamente sus Gobiernos, - tambi�n los Poderes Legislativo y Judicial, adem�s del Ejecutivo, est�n obligados a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la Convenci�n Americana en el plano del derecho interno. El incumplimiento de las obligaciones convencionales, como se sabe, compromete la responsabilidad internacional del Estado, por actos o omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial. En suma, las obligaciones internacionales de protecci�n, que en su amplio alcance vinculan conjuntamente todos los poderes del Estado, comprenden las que se dirigen a cada uno de los derechos protegidos, as� como las obligaciones generales adicionales de respetar y garantizar �stos �ltimos, y de adecuar el derecho interno a las normas convencionales de protecci�n, tomadas conjuntamente. Como sostuve tambi�n en mi Voto Disidente en el caso El Amparo (Caso El Amparo, Reparaciones (art. 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28), las violaciones de derechos humanos y las reparaciones de los da�os de ellas resultantes deben determinarse bajo la Convenci�n Americana teniendo presentes las obligaciones espec�ficas relativas a cada uno de los derechos protegidos juntamente con las obligaciones generales consagradas en los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n. El reconocimiento de la indisociabilidad de estas dos obligaciones generales inter se constituir�a un paso adelante en la evoluci�n de la materia.

Voto Disidente del Juez Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, p�rrs. 6-7 y 9-10.

1.1.0.3. atribuci�n de responsabilidad internacional bajo la Convenci�n

1.1.0.3.1 general

159. La Comisi�n ha solicitado a la Corte determinar que Honduras ha violado los derechos garantizados a Manfredo Vel�squez por los art�culos 4, 5 y 7 de la Convenci�n. El Gobierno ha negado los cargos y pretende una sentencia absolutoria.

160. El problema planteado exige a la Corte un examen sobre las condiciones en las cuales un determinado acto, que lesione alguno de los derechos reconocidos en la Convenci�n, puede ser atribuido a un Estado Parte y comprometer, en consecuencia, su responsabilidad internacional.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 159-160.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 168-169.

164. El art�culo 1.1 es fundamental para determinar si una violaci�n de los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho art�culo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garant�a, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n que pueda ser atribuido, seg�n las reglas del Derecho internacional, a la acci�n u omisi�n de cualquier autoridad p�blica, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los t�rminos previstos por la misma Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 164.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 173.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rrs. 54-56.

26. Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, espec�ficamente, la Convenci�n. En este �ltimo caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que est� obligado por el art�culo 2. Tambi�n, por supuesto, dictando disposiciones que no est�n en conformidad con lo que de �l exigen sus obligaciones dentro de la Convenci�n. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jur�dico interno o contra �l, es indiferente para estos efectos.

27. En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisi�n tiene a ese respecto las mismas facultades que tendr�a frente a cualquier otro tipo de violaci�n y podr�a expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo en los dem�s casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de "leyes internas" y de que estas hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constituci�n", nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la Comisi�n en este sentido no est�n de manera alguna restringidas por la forma como la Convenci�n es violada.

28. Podr�an mencionarse situaciones hist�ricas en las cuales algunos Estados han promulgado leyes de conformidad con su estructura jur�dica pero que no ofrecieron garant�as adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos, impusieron restricciones inaceptables o, simplemente, los desconocieron. Tal como lo ha manifestado la Corte, el cumplimiento de un procedimiento constitucional "no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos" (La expresi�n "leyes" en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, supra 25, p�rr. 22).

29. Esto no significa que la Comisi�n tenga atribuciones para pronunciarse sobre la forma como se adopta una norma jur�dica en el orden interno. Esa es funci�n de los �rganos competentes del Estado. Lo que la Comisi�n debe verificar, en un caso concreto, es si lo dispuesto por la norma contradice la Convenci�n y no si contradice el ordenamiento jur�dico interno del Estado. La atribuci�n otorgada a la Comisi�n para "formular recomendaciones [...] a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales" (art. 41.b) (destacado de la Corte) o el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convenci�n "con arreglo a sus procedimientos constitucionales" (art. 2) (destacado de la Corte), no le dan a la Comisi�n facultad para calificar el cumplimiento por el Estado de los preceptos constitucionales en la elaboraci�n de las normas internas.

30. En el �mbito internacional lo que interesa determinar es si una ley resulta violatoria de las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en virtud de un tratado. Esto puede y debe hacerlo la Comisi�n a la hora de analizar las comunicaciones y peticiones sometidas a su conocimiento sobre violaciones de derechos humanos y libertades protegidos por la Convenci�n.

Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, p�rrs. 26-30.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts. 1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 37-38.

31. La primera pregunta planteada por la Comisi�n se refiere a los efectos jur�dicos de una ley que manifiestamente viole las obligaciones contra�das por el Estado al ratificar la Convenci�n. Al contestar la pregunta la Corte entender� la palabra "ley" en su sentido material y no formal.

32. Impl�citamente, esta pregunta viene a referirse a la interpretaci�n de los art�culos 1 y 2 de la Convenci�n que establecen el compromiso de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicci�n y a adoptar, en su caso, las medidas legislativas o de otro car�cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

33. Naturalmente, si se ha contra�do la obligaci�n de adoptar las medidas aludidas, con mayor raz�n lo est� la de no adoptar aquellas que contradigan el objeto y fin de la Convenci�n. Estas �ltimas ser�an las "leyes" a que se refiere la pregunta planteada por la Comisi�n.

34. La pregunta se refiere �nicamente a los efectos jur�dicos de la ley desde el punto de vista del derecho internacional, ya que no le corresponde a la Corte pronunciarse sobre los mismos en el orden interno del Estado interesado. Esa determinaci�n compete de manera exclusiva a los tribunales nacionales y debe ser resuelta conforme a su propio derecho.

35. Una cosa diferente ocurre respecto a las obligaciones internacionales y a las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento. Seg�n el derecho internacional las obligaciones que �ste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, a�n trat�ndose de disposiciones de car�cter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia (Caso de las Comunidades Greco-B�lgaras (1930), Serie B, No. 17, p�g. 32; Caso de Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/B, No. 44, p�g. 24; Caso de las Zonas Libres (1932 ), Series A/B, No. 46, p�g. 167 y Aplicabilidad de la obligaci�n a arbitrar bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de la Misi�n del PLO) (1988) 12, a 31-2, p�rr. 47). Asimismo estas reglas han sido codificadas en los art�culos 26 y 27 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

36. Es indudable que, como se dijo, la obligaci�n de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convenci�n, comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades.

37. Ya en una ocasi�n anterior esta Corte ha dicho:

Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, espec�ficamente, la Convenci�n. En este �ltimo caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que est� obligado por el art�culo 2. Tambi�n, por supuesto, dictando disposiciones que no est�n en conformidad con lo que de �l exigen sus obligaciones dentro de la Convenci�n (Ciertas atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 46, 47, 50 y 51 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13, p�rr. 26).

38. Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convenci�n, esta Corte ha dicho

[q]ue la Comisi�n es competente, en los t�rminos de las atribuciones que le confieren los art�culos 41 y 42 de la Convenci�n, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que �ste ha asumido al ratificarla o adherir a ella... (Ciertas atribuciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, supra 37, parte resolutiva 1).

39. Como consecuencia de esta calificaci�n, podr� la Comisi�n recomendar al Estado la derogaci�n o reforma de la norma violatoria y para ello es suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento, haya sido o no aplicada en un caso concreto. Esta calificaci�n y recomendaci�n pueden ser hechas por la Comisi�n directamente al Estado (art. 41.b) o en los informes a que se refieren los art�culos 49 y 50 de la Convenci�n.

40. Otro es el tratamiento que el mismo problema tendr�a ante la Corte. En efecto, en ejercicio de su competencia consultiva y en aplicaci�n del art�culo 64.2, la Corte puede referirse a la eventual violaci�n de la Convenci�n o de otros tratados concernientes a la protecci�n de los derechos humanos por una norma interna o meramente a la compatibilidad entre esos instrumentos. Pero, en cambio, si se trata de su jurisdicci�n contenciosa, el an�lisis hay que hacerlo de otra manera.

41. Es conveniente se�alar, en primer lugar, que una ley que entra en vigor no necesariamente afecta la esfera jur�dica de personas determinadas. Puede suceder que est� sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicaci�n por Funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicci�n de la norma se afecten por la sola vigencia de la misma. A estas �ltimas normas y a falta de mejor denominaci�n, la Corte las llamar� leyes de aplicaci�n inmediata en el curso de esta opini�n.

42. En el caso de que la ley no sea de aplicaci�n inmediata y no haya sido a�n aplicada a un caso concreto, la Comisi�n no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisi�n de la ley. La ley que no es de aplicaci�n inmediata es mera facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, per se, violaci�n de los derechos humanos.

43. En el caso de las leyes de aplicaci�n inmediata, tal como han sido definidas anteriormente, la violaci�n de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedici�n. As� una norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la poblaci�n, en raz�n, por ejemplo, de su raza, autom�ticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.

44. Cuando se trate de aquellas normas que solamente violan los derechos humanos cuando se aplican, para evitar que tales violaciones se consumen la Convenci�n contempla los mecanismos de las medidas provisionales (art. 63.2 de la Convenci�n, art. 29 del Reglamento de la Comisi�n).

45. La raz�n de que la Comisi�n no pueda someter a la Corte casos de leyes que no sean de aplicaci�n inmediata y que a�n no hayan sido aplicadas, es que, conforme al art�culo 61.2 de la Convenci�n, "[p]ara que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los art�culos 48 a 50 " y para que esos procedimientos puedan ser iniciados es indispensable que la Comisi�n reciba una comunicaci�n o petici�n que contenga una denuncia o queja de una violaci�n concreta de derechos humanos respecto de individuos determinados.

46. La exigencia de que se trate de individuos determinados se desprende del art�culo 46.1.b que exige que la petici�n o comunicaci�n "sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisi�n definitiva" y del art�culo 46.2.b que no requiere el agotamiento de los recursos internos y exime de la exigencia del plazo mencionado cuando "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna, o haya sido impedido de agotarlos..."

47. Lo expresado en los p�rrafos anteriores ha sido tambi�n sostenido por la Corte Europea de Derechos Humanos a partir de los casos Klass and others (Judgment of 6 September 1978, Series A no. 28); Marckx (Judgment of 13 June 1979, Series A no. 31) y Adolf (Judgment of 26 March 1982, Series A no. 49) al interpretar la palabra "v�ctima" que usa el art�culo 25 del Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

48. Si el caso llegare a la Corte despu�s de seguido el procedimiento indicado en los art�culos pertinentes, ella tendr�a que considerar y resolver si el acto que se imputa al Estado constituye una violaci�n de los derechos y libertades protegidos por la Convenci�n, independientemente de que est� o no de acuerdo con la legislaci�n interna del Estado y, en caso afirmativo, que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias del acto violatorio y se pague una indemnizaci�n.

49. La jurisdicci�n contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convenci�n disposici�n alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado a�n los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convenci�n. Como antes se dijo, la Comisi�n s� podr�a hacerlo y en esa forma dar�a cumplimiento a su funci�n principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. Tambi�n podr�a hacerlo la Corte en ejercicio de su funci�n consultiva en aplicaci�n del art�culo 64.2 de la Convenci�n.

50. La Corte concluye que la promulgaci�n de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convenci�n constituye una violaci�n de �sta y que, en el evento de que esa violaci�n afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 31-50.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 97.

Dijo la Corte en oportunidad anterior que "[e]l art�culo 1.1 [de la Convenci�n] es fundamental para determinar si una violaci�n de los derechos Humanos reconocidos por la Convenci�n puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho art�culo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garant�a, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n que pueda ser atribuido, seg�n las reglas del Derecho internacional, a la acci�n u omisi�n de cualquier autoridad p�blica, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los t�rminos previstos por la misma Convenci�n (Caso Vel�squez Rodr�guez, cit. p�rr. 164 y Caso God�nez Cruz, cit. p�rr. 173)."

"Las reglas del derecho internacional" a que se refiere la Corte tienen que ver, por supuesto, con los principios que rigen la responsabilidad internacional de los Estados en general y en materia de derechos humanos en particular.

Son bien conocidas de los estudiosos las teor�as sobre responsabilidad internacional de los Estados que han ido evolucionando desde la teor�a de la falta de Grocio, en la que se atribuyen al Estado elementos psicol�gicos propios de los seres humanos, producto de la identidad, en boga en aquella �poca, del Estado con su gobernante, hasta la de la falta de cumplimiento en la que los hechos generadores de responsabilidad no solamente deben ser il�citos sino imputables al Estado, pasando por aquella teor�a del riesgo de acuerdo con la cual la relaci�n de causalidad entre el hecho il�cito y el acto del Estado ser�a suficiente para generar su responsabilidad. Los trabajos de codificaci�n adelantados en el seno de la Comisi�n de Derecho Internacional no aceptan esta �ltima tesis y exigen como presupuesto para atribuir al Estado responsabilidad internacional, la imputabilidad.

Tampoco en la suscripci�n de tratados de derechos humanos los Estados han llegado a aceptar que la mera relaci�n de causalidad entre el acto del Estado y la violaci�n de un derecho protegido genere su responsabilidad internacional. Por esa raz�n, el an�lisis del caso sub judice no puede apartarse de lo que son esos derechos y de lo que son las obligaciones que los Estados asumieron en los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n, tal como los ha interpretado esta Corte, cuando de aplicar la jurisdicci�n internacional que �sta contempla se trata.

Es obvio que ciertos derechos protegidos tienen una �ntima vinculaci�n con el acto del Estado y no pueden ser violados sino por �l. Por ejemplo, la expedici�n de una ley contraria a las obligaciones asumidas por el Estado al aceptar la Convenci�n, es un acto del Estado que la viola, ya que s�lo los Estados pueden expedir leyes. Pero aun en esta hip�tesis, como ya lo dijo esta Corte, la sola expedici�n de la ley no genera una responsabilidad internacional, sino que se requiere su aplicaci�n y que por ella se afecten derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados (Responsabilidad internacional por expedici�n y aplicaci�n de leyes violatorias de la Convenci�n, cit., p�rr. 58.1).

Ha dicho la Corte, al interpretar el art�culo 1.1 de la Convenci�n, que "[l]o decisivo es dilucidar si una determinada violaci�n a los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder p�blico o si �ste ha actuado de manera que la transgresi�n se haya cumplido en defecto de toda prevenci�n o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violaci�n a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el art�culo 1.1 de la Convenci�n" (Caso Vel�squez Rodr�guez, cit. p�rr. 173 y Caso God�nez Cruz, cit. p�rr. 183). "El Estado, [agrega la Corte] est� en el deber de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n" (Ibid., p�rr. 174 y p�rr. 184, respectivamente).

La palabra "razonablemente" califica el deber de prevenci�n y ha sido explicada por la Corte cuando dijo que "la obligaci�n de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado" (Ibid., p�rr. 175 y p�rr. 185, respectivamente). No basta que suceda la violaci�n para que se pueda decir que el Estado fall� en prevenirla. Interpretar la Convenci�n de esta manera va, evidentemente, m�s all� de lo que los Estados aceptaron al suscribirla, porque implicar�a que basta que el acto del Estado

violatorio de un derecho protegido se presente, para que el Estado tenga que responder por �l, lo cual significar�a, ni m�s ni menos, que sobran los �rganos protectores, Comisi�n y Corte, a menos que su funci�n se circunscriba a dictaminar que el hecho se present�. Igualmente significar�a que la protecci�n internacional no es subsidiaria de la jurisdicci�n interna y que, en cambio, operar�a autom�ticamente. Ninguno de estos dos presupuestos es cierto en la Convenci�n Americana.

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.

15. Mas all� de las obligaciones consignadas en la Convenci�n Americana, y otros tratados de derechos humanos, es en el derecho de la responsabilidad internacional del Estado que encontraremos las bases conceptuales del deber de prevenci�n, ya afirmado por �sta Corte (supra). Una corriente de pensamiento, propia de la tradici�n grociana del derecho internacional, identifica en la falta por parte del Estado la base o fuente de su responsabilidad internacional. Esta tesis tiene ra�ces en el elemento subjetivo de la culpa del derecho romano, elemento este que de ah� fue rescatado por autores cl�sicos como Gentili y Grotius para extenderlo a actos u omisiones por parte de los propios soberanos y Estados. Esta tesis venerable me parece, data venta, incapaz de explicar la emergencia del deber de prevenci�n en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de nuestros d�as.

16. En contrapartida, una corriente de pensamiento hist�ricamente m�s reciente, identifica la base o fuente de la propia responsabilidad internacional del Estado en el elemento objetivo del riesgo (absolute liability/ responsabilit� absolue). Es esta la tesis que me parece capaz de fundamentar conceptualmente el deber de prevenci�n o de debida diligencia por parte de los Estados, para evitar violaciones de los derechos humanos tanto por actos como por omisiones a ellos imputables.

17. Es esta, a mi modo de ver, la tesis que mejor atiende al inter�s com�n y superior de los Estados Partes en tratados de derechos humanos de salvaguardar tales derechos, y la que mejor refleja el car�cter objetivo de las obligaciones convencionales de protecci�n por ellos contra�das. Es la tesis que, si aceptada ampliamente en el presente dominio de protecci�n, podr� estrechar los lazos de solidaridad entre los Estados y dentro de los mismos, tendientes a maximizar la observancia de los derechos humanos. Cabe desarrollar su considerable potencial de aplicaci�n.

18. No me parece as� haber duda de que, tanto un acto como una omisi�n, por parte de cualquier de los poderes del Estado - el Poder Legislativo no haciendo excepci�n, - puede generar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos convencionalmente consagrados, sin necesidad de la b�squeda de un elemento subjetivo adicional de falta (culpa), y de la calificaci�n de aquel acto u omisi�n. La responsabilidad del Estado es, en este sentido, absoluta.

19. Es perfectamerte posible incursionar en el dominio del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, para identificar las bases conceptuales del deber de prevenci�n de violaciones de derechos humanos. M�s que posible, puede hacerse necesario. Esto porque tales violaciones constituyen igualmente violaciones de la obligaci�n de protecci�n - consagrada en tratados, - impuesta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y porque 1a responsabilidad internacional del Estado por dichas violaciones se rige a un tiempo por las normas de los tratados de derechos humanos como los principios generales del derecho internacional.

20. En efecto, no hay como excluir la posibilidad de que una determinada cuesti�n o aspecto no est� suficiente o claramente reglamentado por las disposiciones de un tratado de derechos humanos, tornando necesario, por consiguiente, en el proceso de interpretaci�n y aplicaci�n del mismo, acudir a los principios generales del derecho internacional. Esto en nada afecta la tesis de la especificidad y autonom�a del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por cuanto las distintas �reas del Derecho se muestran frecuentemente en contacto unas con las otras (vg., derecho procesal civil o penal y derecho constitucional y administrativo, derecho constitucional y derecho internacional), prevaleciendo, al final, la unidad de la soluci�n jur�dica.

21. En mi entender, la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja �l de cumplir una obligaci�n internacional, independientemente de la verificaci�n de falta o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un da�o adicional. M�s que una presunta actitud o falla psicol�gica de los agentes del poder p�blico, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de los derechos humanos). Se puede, as�, ciertamente llegar a la configuraci�n de la responsabilidad objetiva o "absoluta" del Estado a partir de la violaci�n de sus obligaciones internacionales convencionales en materia de protecci�n de los derechos humanos. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevenci�n.

. . . .

22. Un Estado puede, por consiguiente, tener su responsabilidad internacional comprometida, a mi modo de ver, por la simple aprobaci�n y promulgaci�n de una ley en desarmon�a con sus obligaciones constitucionales internacionales de protecci�n, o por la no-adecuaci�n de su derecho interno para asegurar el fiel cumplimiento de tales obligaciones, o por la no-adopci�n de la legislaci�n necesaria para dar cumplimiento a estas �ltimas. Es llegado el tiempo de dar precisi�n al alcance de las obligaciones legislativas de los Estados Partes en tratados de derechos humanos. El tempus commisi delicti es, en mi entendimiento, el de la aprobaci�n y promulgaci�n de una ley que, per se, por su propia existencia, y su aplicabilidad, afecta los derechos humanos protegidos (en el contexto de un determinado caso concreto, ante la existencia de v�ctimas de violaciones de los derechos protegidos), sin que sea necesario esperar por la aplicaci�n subsiguiente de esta ley, generando un da�o adicional.

23. El Estado en cuesti�n debe remediar prontamente tal situaci�n, pues, si no lo hace, puede configurarse una "situaci�n continuada" violatoria de los derechos humanos (denunciada en un caso concreto). Es perfectamente posible concebir una "situaci�n legislativa" contraria a las obligaciones internacionales de un determinado Estado (v.g, manteniendo una legislaci�n contraria a las obligaciones convencionales de protecci�n de los derechos humanos, o no adoptando la legislaci�n requerida para dar efecto a tales obligaciones en el derecho interno). En este caso, el tempus commisi delicti se extender�a de modo a cubrir todo el per�odo en que las leyes nacionales permanecieron en conflicto con las obligaciones convencionales internacionales de protecci�n, acarreando la obligaci�n adicional de reparar los sucesivos da�os resultantes de tal "situaci�n continuada" durante todo el per�odo en aprecio.

24. Es la responsabilidad objetiva o "absoluta", a partir del elemento del riesgo, y no la subjetiva, buscando identificar la falta o la culpa, que provee la base del deber de prevenci�n de violaciones de los derechos humanos. La posici�n me parece clar�sima respecto de las obligaciones legislativas de los Estados Partes en tratados de derechos humanos que, a ejemplo de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (art�culos 1(1) y 2), consagran expresamente, a la par de las obligaciones espec�ficas en relaci�n con cada uno de los derechos protegidos, los deberes generales de asegurar el respeto de tales derechos y de armonizar el ordenamiento jur�dico interno con la normativa internacional de protecci�n. La responsabilidad internacional de los Estados Partes es, en este sentido, objetiva o "absoluta", teniendo presentesconjuntamente los dos deberes generales, estipulados en los art�culos 1(1) y 2 de la Convenci�n Americana.

25. En efecto, es sumamente dif�cil verificar una presunta actitud o falla psicol�gica de la compleja m�quina estatal contempor�nea. C�mo, - para evocar un oportuno ejemplo citado por un l�cido tratadista ya en mediados de los a�os cincuenta, -determinar la mens rea de un parlamentar nacional al aprobar una legislaci�n en desarmon�a con un tratado anteriormente vigente? O al dejar vigente e inalterada dicha legislaci�n en desarmon�a con un tratado posteriormente ratificado? Ser�a virtualmente imposible hacerlo (i.e, determinar que actu� de forma culpable), - raz�n por la cual es la tesis de la responsabilidad objetiva la que provee la base conceptual del deber de prevenci�n, cuyo incumplimiento, a su vez, fundamenta la pronta imputaci�n al Estado en cuesti�n de los delitos de acci�n u omisi�n legislativa por parte de sus �rganos.

26. No hay como dejar de admitir que el incumplimiento de una obligaci�n internacional, y la consecuente responsabilidad por �sto, puedan configurarse - para evocar un ejemplo citado por otro eximio jurista, - por la sola conducta de un Estado cuyo Poder Legislativo deja de tomar providencias que, por medio de un tratado, se comprometiera a tomar. No hay necesidad de tener en cuenta el llamado elemento del "da�o" - resultante de la aplicaci�n subsiguiente de una ley - para determinar la configuraci�n de un acto - u omisi�n - internacionalmente il�cito y per se violatorio de los derechos humanos.

27. La tesis de la responsabilidad objetiva enfatiza correctamente el elemento de la diligencia debida por parte del Estado, del control que debe �ste ejercer sobre todos sus �rganos y agentes para evitar que, por acci�n u omisi�n, se violen los derechos humanos consagrados. As� siendo, es �sta la tesis que, a mi modo de ver, m�s contribuye a asegurar la efectividad (effet utile) de un tratado de derechos humanos. Es la tesis que mejor sirve la realizaci�n del objeto y prop�sito de los tratados de derechos humanos y la determinaci�n de la configuraci�n o del surgimiento de la responsabilidad internacional de los Estados Partes, a la luz de las obligaciones convencionales de protecci�n consagradas en dichos tratados y de los principios generales del derecho internacional. No veo como condicionar la determinaci�n del incumplimiento de las obligaciones convencionales de protecci�n a una eventual constataci�n del elemento subjetivo de la falta o culpa de los Estados Partes, o de la ocurrencia de un da�o subsiguiente.

28. Las obligaciones generales bajo los art�culos 1(1) y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, a su vez, convalidan, a mi modo de ver, la tesis de la responsabilidad objetiva de los Estados Partes. Hay que relacionar las obligaciones espec�ficas atinentes a cada uno de los derechos protegidos por la Convenci�n, no solamente con el deber general de garantizarlos (art�culo 1(1)) como ha hecho la Corte desde los casos Vel�squez Rodr�guez y God�nez Cruz, pero igualmente con el otro deber general de adoptar medidas de derecho interno (art�culo 2) para compatibilizarlo con las normas internacionales de protecci�n.

Voto Disidente del Juez A. A. Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Resoluci�n del 16 de abril de 1997, p�rrs. 15-28.

1.1.0.3.2. atribuci�n al Estado por la conducta de sus �rganos y funcionarios; actos y omisiones

5. Considero, adem�s, que la opini�n de la mayor�a es incompleta, al razonar en el p�rrafo 27 del fallo la COMPETENCIA, ratione materiae, de la Corte respecto del caso presentado por el Gobierno de Costa Rica; porque me parece necesario explicar que esa competencia general no resulta solamente de que se haya planteado un problema concreto de posible violaci�n de derechos humanos consagrados en la Convenci�n, en perjuicio de Viviana Gallardo Camacho y sus compa�eras, sino de que esa eventual violaci�n podr�a ser, prima facie, imputable al Estado costarricense, en virtud de que se atribuye a un agente de su autoridad, que al parecer se encontraba de servicio, utilizando los medios jur�dicos y materiales del cargo (arma, acceso a la celda de las v�ctimas, etc.). La menci�n es importante, porque alrededor de este mismo asunto se ha planteado la duda de si, por tratarse de una autoridad subalterna, la responsabilidad del Estado podr�a no derivarse directamente del acto mismo de esa autoridad subalterna sino s�lo indirectamente, en el supuesto de que llegare a determinarse una omisi�n culpable de su parte en la protecci�n de las v�ctimas o en reparar e indemnizar las consecuencias del hecho, as� como la duda de si, en vista de esas circunstancias, no ser�a indispensable y, por ende, irrenunciable el agotamiento previo de los recursos de la jurisdicci�n interna. Mi opini�n es definitivamente la de que las violaciones de derechos humanos imputables a las autoridades p�blicas, en ejercicio o con ocasi�n de su cargo, o utilizando los medios jur�dicos o materiales del mismo son per se imputables al Estado, con independencia de la responsabilidad que subjetivamente le quepa por el dolo o la culpa de sus autoridades supremas.

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Decisi�n del 13 de noviembre de 1981, p�rr. 5.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Resoluci�n del 8 de septiembre de 1983, p�rr. 34.

27. En primer lugar, en cuanto a los hechos principales, a saber, el asesinato de Viviana Gallardo y las lesiones a Alejandra Bonilla y Magaly Salazar, por obra de un miembro de la Guardia Civil costarricense, la Comisi�n tuvo por comprobado y suficiente que el Gobierno se hab�a apresurado a promover la acci�n penal correspondiente contra su autor material, el cual fue sentenciado a 18 a�os de prisi�n (CIDH, Res. No. 13/83, "Antecedentes", p�rr. No. 13). Sin embargo, no tom� debida cuenta de que, seg�n eso, los hechos fueron obra de un agente de la autoridad p�blica, si no en el ejercicio de sus funciones, al menos con ocasi�n del mismo y utilizando sus medios, jur�dicos y materiales, en circunstancias tales que, si la investigaci�n que no se ha hecho no arrojara otros responsables, bastar�an para presuponer que s� ocurri� una grave violaci�n de los derechos de las v�ctimas, imputable al Estado de Costa Rica como tal y, en consecuencia, parec�an reclamar un pronunciamiento expreso sobre la responsabilidad de ese Estado, �nico sujeto del caso pasible de condenatoria y sanci�n en el orden internacional de la protecci�n de los derechos humanos.

28. En realidad, la Comisi�n, al resolver como lo hizo, parece que vino, sin explicaci�n cabal, a sentar la tesis, para m� inaceptable, de que las violaciones de derechos humanos no ocurren cuando ocurren, porque son siempre obra de individuos concretos, de carne y hueso, aunque act�en como funcionarios p�blicos de cualquier nivel, sino tan s�lo cuando el Estado no las sanciona y repara, con la cual se est� afirmando pr�cticamente que la �nica violaci�n imputable al Estado, por conductas concretas al menos, ser�a la llamada "denegaci�n de justicia" o, lo que es lo mismo, que si no hay denegaci�n de justicia no se consuma la violaci�n. Esto no es cierto ni siquiera trat�ndose de violaciones cometidas por particulares, porque aun en �stas la posibilidad de reconducir al Estado la responsabilidad correspondiente puede darse, no s�lo cuando no se sancionan o reparan, sino tambi�n cuando falta o es deficiente la protecci�n que aqu�l est� obligado a darles a las v�ctimas desde antes de que lo sean; pero mucho menos puede decirse de las violaciones cometidas por las autoridades p�blicas, cualquiera que sea su rango o car�cter, porque sus conductas son imputables al Estado mismo, ya directamente, por sus actos funcionales, ya indirectamente, por los que realicen en condiciones tales que el Derecho atribuye a su responsabilidad, subjetiva u objetiva.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Resoluci�n del 8 de septiembre de 1983, p�rrs. 27-28.

169. Conforme al art�culo 1.1 es il�cita toda forma de ejercicio del poder p�blico que viole los derechos reconocidos por la Convenci�n. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un �rgano o funcionario del Estado o de una instituci�n de car�cter p�blico lesione indebidamente uno de tales derechos, se est� ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese art�culo.

170. Esa conclusi�n es independiente de que el �rgano o funcionario haya actuado en contravenci�n de disposiciones del derecho interno o desbordado los l�mites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su car�cter oficial y por las omisiones de los mismos aun si act�an fuera de los l�mites de su competencia o en violaci�n del derecho interno.

171. El mencionado principio se adec�a perfectamente a la naturaleza de la Convenci�n, que se viola en toda situaci�n en la cual el poder p�blico sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder p�blico para violar tales derechos a trav�s de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornar�a ilusorio el sistema de protecci�n previsto en la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 169-171.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 178-180.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 63.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

173. Las infracciones a la Convenci�n no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicol�gica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del an�lisis, es irrelevante la intenci�n o motivaci�n del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convenci�n, hasta el punto que la infracci�n a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no est� individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violaci�n a los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder p�blico o si �ste ha actuado de manera que la transgresi�n se haya cumplido en defecto de toda prevenci�n o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violaci�n a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 173.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 183.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rr. 62.

160. La falta de diligencia, cercana a veces al obstruccionismo, mostrada por el Gobierno al no responder a reiteradas solicitudes, emanadas del gobierno de Costa Rica, del padre de una de las v�ctimas, de la Comisi�n y de la Corte, relativas a la localizaci�n y exhumaci�n del "cad�ver de La Monta�ita", ha imposibilitado el hallazgo ulterior de dicho cuerpo y podr�a dar lugar a una presunci�n de responsabilidad contra el Gobierno (resoluci�n de 20 de enero de 1989). No obstante, esa presunci�n por s� sola no autoriza, y menos a�n obliga, a tener por establecida la responsabilidad de Honduras por la desaparici�n de Francisco Fair�n Garbi, a la luz de los otros elementos de prueba presentes en el caso. La Corte reconoce, desde luego, que si ese cuerpo hubiera sido hallado e identificado como el de Francisco Fair�n Garbi, se habr�a configurado un hecho de significativa importancia para el establecimiento de la verdad.

El comportamiento del Gobierno priv� a la Corte de esta posibilidad. Debe, sin embargo, reconocerse que si el cad�ver hubiera sido exhumado y se hubiera comprobado que no correspond�a a Francisco Fair�n Garbi, ese solo hecho no hubiera bastado para liberar a Honduras de toda responsabilidad por su desaparici�n. Como esa presunci�n no bastar�a para resolver numerosas contradicciones provenientes de elementos probatorios que apuntan en un sentido diferente, la Corte no puede fundamentar su decisi�n �nicamente en ella.

161. El art�culo 1.1 de la Convenci�n impone a los Estados Partes la obligaci�n de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n...". La Corte no considera necesario entrar en este momento al an�lisis de lo que significa en esta norma la expresi�n "sujeta a su jurisdicci�n". Ello no es preciso para decidir el presente caso, ya que no ha sido probado que el poder del Estado de Honduras hubiera sido usado para violar los derechos de Francisco Fair�n Garbi y Yolanda Sol�s Corrales; y aunque ha sido probada en el proceso la existencia de una pr�ctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondure�as entre los a�os 1981 y 1984, tampoco ha podido comprobarse que las desapariciones sub examine hayan ocurrido en el marco de esa pr�ctica o sean de otra manera imputables al Estado de Honduras.

Corte I. D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rrs. 160-161

61. La Corte considera que si bien se encuentran suficientes elementos en los autos que de manera concordante dicen acerca del ahorcamiento de Asok Gangaram Panday, no obran pruebas convincentes acerca de la etiolog�a de su muerte que permitan responsabilizar de la misma a Suriname. No modifica la conclusi�n anterior la circunstancia de que el agente del Gobierno hubiera reconocido, en la contra-memoria, que la v�ctima estuviera afectada en su estado de �nimo por la expulsi�n de los Pa�ses Bajos y que esa situaci�n psicol�gica se hubiera acrecentado por la detenci�n. En efecto, resulta forzado deducir de una manifestaci�n semejante reconocimiento alguno de responsabilidad del Gobierno y, en cambio, s� es posible concluir de ella su opini�n de que se sumaron en la mente de la v�ctima otros factores anteriores a su detenci�n.

62. Podr�a, sin embargo, argumentarse que la circunstancia de que la Corte considere, por v�a de inferencia, que la detenci�n de la v�ctima fue ilegal, deber�a llevarla, igualmente, a concluir que hubo una violaci�n del derecho a la vida por parte de Suriname porque, de no haber sido detenida la persona, probablemente no habr�a perdido la vida. Sin embargo, la Corte piensa que en materia de responsabilidad internacional de los Estados por violaci�n de la Convenci�n

[l]o decisivo es dilucidar si una determinada violaci�n a los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder p�blico o si �ste ha actuado de manera que la transgresi�n se haya cumplido en defecto de toda prevenci�n o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violaci�n a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que le impone el art�culo 1.1 de la Convenci�n (Caso Vel�zquez Rodr�guez, supra 49, p�rr. 173; Caso God�nez Cruz, supra 49, p�rr. 183).

En las circunstancias de este caso, no es posible fijar la responsabilidad del Estado en los t�rminos descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte est� determinando una responsabilidad por detenci�n ilegal por inferencia y no porque haya sido demostrado que la detenci�n fue, en efecto, ilegal o arbitraria o que el detenido haya sido torturado. Y as� lo declara.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rrs. 61-62.

56. En lo que concierne a los derechos humanos protegidos por la Convenci�n, la competencia de los �rganos establecidos por ella se refiere exclusivamente a la responsabilidad internacional del Estado y no a la de los individuos. Toda violaci�n de los derechos humanos por agentes o funcionarios de un Estado es, como ya lo dijo la Corte, responsabilidad de �ste (Caso Vel�zquez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 170; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 179). Si constituyere, adicionalmente, un delito internacional generar�, adem�s, responsabilidad individual. Pero la Corte entiende que la Comisi�n no pretende que se le absuelvan los interrogantes que surgen de esta hip�tesis.

57. La Corte concluye que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convenci�n produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera tambi�n la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 56-57.

Aunque no est� probado que actuaran bajo �rdenes oficiales o que se tratara de una pr�ctica del Ej�rcito colombiano y, m�s bien, de los autos puede colegirse lo contrario (aparentemente al secuestrar a sus v�ctimas estaban vestidos de guerrilleros, aunque no se sepa bien que diferencia existe entre un uniforme militar y uno de guerrillero; y el Capit�n Forero Quintero fue tratado durante varios meses en un hospital militar por paranoia, derivada del trauma psicol�gico que le caus� el asesinato a manos de la guerrilla de varios miembros de su tropa que constru�an una carretera) la Corte no ha tenido inconveniente en inferir que la muerte y desaparici�n de Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana pudo ocurrir a manos de un grupo paramilitar en connivencia con un oficial y un suboficial del Ej�rcito. El suscrito juez entiende que esto, de acuerdo con las modernas tendencias del derecho internacional, podr�a constituir un acto del Estado, del cual no exime la circunstancia de que hubieran actuado por propia iniciativa.

El Juez penal que investig� a los implicados termin� absolvi�ndolos con base en las pruebas, todas d�biles y circunstanciales, que los acusaban, en sentencia que es modelo de an�lisis y hace pensar que, quiz�, si los hubiera condenado, habr�a violado los derechos procesales y la presunci�n de inocencia contemplados en la ley colombiana y en la Convenci�n. La Corte no ha tenido elementos adicionales de convicci�n a los que tuvo aquel Juez, excepto declaraciones de las mismas personas, no siempre coincidentes con las que dieron inicialmente, y las de Gonzalo Arias Alturo que tampoco coinciden entre s�.

Pero aqu�, como lo ha dicho la Corte (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rrs. 134 y 135; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rrs. 140 y 141) nos encontramos en un supuesto de responsabilidad internacional del Estado por violaci�n de la Convenci�n y no en un caso de responsabilidad penal. De manera que lo que corresponde analizar no es si Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana fueron muertos en las circunstancias que la Corte acepta como hip�tesis de trabajo, lo que generar�a una responsabilidad penal a los implicados, sino si Colombia ha violado la Convenci�n, es decir, si se dan las condiciones para que el acto, que lesiona un derecho reconocido en la Convenci�n, pueda ser atribuido o imputado a ese Estado y comprometido, entonces, su responsabilidad internacional (Ibid., p�rr. 160 y p�rr. 169, respectivamente). La Corte cita en su p�rrafo 60 la Opini�n Consultiva OC-14/94 que plenamente confirma lo dicho aqu� (Responsabilidad internacional por expedici�n y aplicaci�n de leyes violatorias de la Convenci�n (arts. 1 y 2 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 16 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, p�rr. 56).

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.

46. Una vez que se ha demostrado que la detenci�n y la desaparici�n de Ernesto Rafael Castillo P�ez son imputables al Per� por haber sido efectuados por miembros de su Polic�a Nacional, la Corte se avoca a examinar dichos hechos a la luz de la Convenci�n Americana.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rr. 46.

1.1.0.3.2.1. actos no autorizados y ultra vires

170. Esa conclusi�n es independiente de que el �rgano o funcionario haya actuado en contravenci�n de disposiciones del derecho interno o desbordado los l�mites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su car�cter oficial y por las omisiones de los mismos aun si act�an fuera de los l�mites de su competencia o en violaci�n del derecho interno.

171. El mencionado principio se adec�a perfectamente a la naturaleza de la Convenci�n, que se viola en toda situaci�n en la cual el poder p�blico sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder p�blico para violar tales derechos a trav�s de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornar�a ilusorio el sistema de protecci�n previsto en la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 170-171.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 179-180.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 63.

Aunque no est� probado que actuaran bajo �rdenes oficiales o que se tratara de una pr�ctica del Ej�rcito colombiano y, m�s bien, de los autos puede colegirse lo contrario (aparentemente al secuestrar a sus v�ctimas estaban vestidos de guerrilleros, aunque no se sepa bien que diferencia existe entre un uniforme militar y uno de guerrillero; y el Capit�n Forero Quintero fue tratado durante varios meses en un hospital militar por paranoia, derivada del trauma psicol�gico que le caus� el asesinato a manos de la guerrilla de varios miembros de su tropa que constru�an una carretera) la Corte no ha tenido inconveniente en inferir que la muerte y desaparici�n de Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana pudo ocurrir a manos de un grupo paramilitar en connivencia con un oficial y un suboficial del Ej�rcito. El suscrito juez entiende que esto, de acuerdo con las modernas tendencias del derecho internacional, podr�a constituir un acto del Estado, del cual no exime la circunstancia de que hubieran actuado por propia iniciativa.

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.

1.1.0.3.3. atribuci�n al Estado por actos de particulares; debida diligencia

28. En realidad, la Comisi�n, al resolver como lo hizo, parece que vino, sin explicaci�n cabal, a sentar la tesis, para m� inaceptable, de que las violaciones de derechos humanos no ocurren cuando ocurren, porque son siempre obra de individuos concretos, de carne y hueso, aunque act�en como funcionarios p�blicos de cualquier nivel, sino tan s�lo cuando el Estado no las sanciona y repara, con la cual se est� afirmando pr�cticamente que la �nica violaci�n imputable al Estado, por conductas concretas al menos, ser�a la llamada "denegaci�n de justicia" o, lo que es lo mismo, que si no hay denegaci�n de justicia no se consuma la violaci�n. Esto no es cierto ni siquiera trat�ndose de violaciones cometidas por particulares, porque aun en �stas la posibilidad de reconducir al Estado la responsabilidad correspondiente puede darse, no s�lo cuando no se sancionan o reparan, sino tambi�n cuando falta o es deficiente la protecci�n que aqu�l est� obligado a darles a las v�ctimas desde antes de que lo sean; pero mucho menos puede decirse de las violaciones cometidas por las autoridades p�blicas, cualquiera que sea su rango o car�cter, porque sus conductas son imputables al Estado mismo, ya directamente, por sus actos funcionales, ya indirectamente, por los que realicen en condiciones tales que el Derecho atribuye a su responsabilidad, subjetiva u objetiva.

Voto Salvado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Resoluci�n del 8 de septiembre de 1983, p�rr. 28.

48. El art�culo 13.3 no s�lo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que tambi�n prohibe expresamente "controles... particulares" que produzcan el mismo resultado. Esta disposici�n debe leerse junto con el art�culo 1.1 de la Convenci�n, donde los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la Convenci�n)... y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n...". Por ello, la violaci�n de la Convenci�n en este �mbito puede ser producto no s�lo de que el Estado imponga por s� mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente "la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones", sino tambi�n de que no se haya asegurado que la violaci�n no resulte de los "controles... particulares" mencionados en el p�rrafo 3 del art�culo 13.

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, p�rr. 48.

55. La supresi�n de la libertad de expresi�n como ha sido descrita en el p�rrafo precedente, si bien constituye el ejemplo m�s grave de violaci�n del art�culo 13, no es la �nica hip�tesis en que dicho art�culo pueda ser irrespetado. En efecto, tambi�n resulta contradictorio con la Convenci�n todo acto del poder p�blico que implique una restricci�n al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convenci�n; y todo ello con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.

56. M�s a�n, en los t�rminos amplios de la Convenci�n, la libertad de expresi�n se puede ver tambi�n afectada sin la intervenci�n directa de la acci�n estatal. Tal supuesto podr�a llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicaci�n, se establecen en la pr�ctica "medios encaminados a impedir la comunicaci�n y la circulaci�n de ideas y opiniones".

Corte I.D.H., La Colegiaci�n Obligatoria de los Periodistas (Arts. 13 y 29 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, p�rrs. 55-56.

172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violaci�n a los derechos reconocidos por la Convenci�n cumplida por un acto del poder p�blico o de personas que act�an prevalidas de los poderes que ostentan por su car�cter oficial. No obstante, no se agotan all� las situaciones en las cuales un Estado est� obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesi�n a esos derechos. En efecto, un hecho il�cito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresi�n, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en s� mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violaci�n o para tratarla en los t�rminos requeridos por la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 172.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 181-182.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

1.1.0.3.4. reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado

22. En la audiencia del 2 de diciembre de 1991, que fue convocada para conocer las excepciones preliminares (supra 10), el agente de Suriname manifest� que "[l]a Rep�blica de Suriname, en cuanto al primer caso siguiendo el procedimiento que inicialmente determin� la Corte, reconoce la responsabilidad consecuente sobre el caso Pokigron, mejor conocido como Aloeboetoe y otros". M�s adelante a�adi�: "simplemente quiero reiterar [que Suriname] reconoce la responsabilidad en este caso." Luego, ante una aclaraci�n solicitada por el delegado de la Comisi�n, se�or Jackman, el agente de Suriname expres�: "Yo creo que fue claro lo que dije: reconoce la responsabilidad y, por lo tanto, la Corte tiene el derecho de cerrar el caso, archivar el caso, determinar las indemnizaciones correspondientes o hacer lo que a derecho corresponda".

23. La Corte considera que, dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Gobierno de Suriname, ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. Por lo tanto, corresponde a la Corte decidir sobre las reparaciones y sobre las costas del procedimiento.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C No. 11, p�rrs. 22- 23.

Corte I. D.H., Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995, Serie C No. 19, p�rrs. 19-20.

42. En este litigio, Suriname ha reconocido su responsabilidad por los hechos articulados en la memoria de la Comisi�n. Por ello, y tal como lo expres� la Corte en su sentencia de 4 de diciembre de 1991, "ha cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso" (Caso Aloeboetoe y otros,supra p�rrafo inicial, p�rr. 23). Esto significa que se tienen por ciertos aquellos expuestos en la memoria de la Comisi�n del 27 de agosto de 1990. Pero, en cambio, existen diferencias entre las partes acerca de otros hechos que se relacionan con las reparaciones y el alcance de las mismas. La controversia sobre estas materias ser� decidida por la Corte en la presente sentencia.

Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 42.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, p�rr. 13.

22. La demanda sostiene que los hechos en ella expuestos configuran un caso de desaparici�n forzada de los se�ores Ra�l Baigorria y Adolfo Garrido el 28 de abril de 1990 y la consiguiente denegaci�n de justicia , que violan numerosos art�culos de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convenci�n" o "la Convenci�n Americana"). En este sentido, la Comisi�n invoca los art�culos de la Convenci�n 1.1 (Obligaci�n de Respetar los Derechos), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 7.5, 7.6, 8 y 9 (Derecho a un Juicio Justo), 8.1 (Garant�as Judiciales) y 25 (Protecci�n Judicial) (supra p�rr. 2).
. . . .

24. La Corte estima conveniente transcribir los dos p�rrafos siguientes de la contestaci�n

de la demanda por la Argentina:

El Gobierno de la Rep�blica Argentina acepta los hechos expuestos en el �tem II de la demanda en relaci�n con la situaci�n de los se�ores Ra�l Baigorria y Adolfo Garrido, los que coinciden sustancialmente con los contenidos en la presentaci�n ante la Ilustre Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos que en su momento no fueron cuestionados.

El Gobierno de la Rep�blica Argentina acepta las consecuencias jur�dicas que de los hechos referidos en el p�rrafo anterior se siguen para el Gobierno, a la luz del art�culo 28 p�rrafos 1 y 2 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no ha resultado posible para la instancia competente identificar a la o las personas penalmente responsables de los il�citos de los que han sido objeto los se�ores Ra�l Baigorria y Adolfo Garrido y, de ese modo, esclarecer su destino.

25. En el curso de la audiencia de 1 de febrero de 1996 (supra p�rr. 9) el agente alterno de la Argentina, Embajador Humberto Toledo, expres� que su Gobierno "acept[�] in toto su responsabilidad internacional" y "reiter� el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado argentino en el caso de especie". En la misma audiencia la Comisi�n se manifest� conforme a los t�rminos de reconocimiento de responsabilidad efectuados por el agente alterno de la Argentina.

. . . .

27. El 11 de septiembre de 1995 la Argentina reconoci� los hechos expuestos por la Comisi�n en la secci�n II de su demanda. Estos hechos se encuentran resumidos en los p�rrafos 10 al 19 de la presente sentencia.

La Argentina acept� tambi�n las consecuencias jur�dicas que derivan de los hechos mencionados (supra p�rr. 24). Asimismo, este Estado reconoci� plenamente su responsabilidad internacional en el presente caso (supra p�rr. 25) .

Dado el reconocimiento efectuado por la Argentina, la Corte considera que no existe

controversia entre las partes en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso, ni en cuanto a la responsabilidad internacional.

Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria, Sentencia del 2 de febrero de 1996, Serie C No. 26, p�rrs. 22, 24 -25 y 27.

1.1.0.4. responsabilidad individual

51. La segunda pregunta de la Comisi�n se refiere a las obligaciones y responsabilidades de los agentes o funcionarios del Estado que den cumplimiento a una ley violatoria de la Convenci�n.

52. El derecho internacional puede conceder derechos a los individuos e, inversamente, determinar que hay actos u omisiones por los que son criminalmente responsables desde el punto de vista de ese derecho. Esa responsabilidad es exigible en algunos casos por tribunales internacionales. Lo anterior representa una evoluci�n de la doctrina cl�sica de que el derecho internacional concern�a exclusivamente a los Estados.

53. Sin embargo, actualmente la responsabilidad individual puede ser atribuida solamente por violaciones consideradas como delitos internacionales en instrumentos que tengan ese mismo car�cter, tales como los cr�menes contra la paz, los cr�menes de guerra y los cr�menes contra la humanidad o el genocidio que, naturalmente, afectan tambi�n derechos humanos espec�ficos.

54. En el caso de los delitos internacionales referidos, no tiene ninguna trascendencia el hecho de que ellos sean o no ejecutados en cumplimiento de una ley del Estado al que pertenece el agente o funcionario. El que el acto se ajuste al derecho interno no constituye una justificaci�n desde el punto de vista del derecho internacional.

55. Lo expuesto en los p�rrafos anteriores ha sido consignado en numerosos instrumentos internacionales. Basta se�alar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableci� en su Resoluci�n No. 764 del 13 de julio de 1992 respecto del conflicto de la ex Yugoslavia, "que quienes cometan u ordenen la comisi�n de violaciones graves de los Convenios [de Ginebra, 1949] son considerados personalmente responsables de dichas violaciones".

Posteriormente, el mismo Consejo de Seguridad aprob� en la Resoluci�n No. 808 del 22 de febrero de 1993 la creaci�n del Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de los presuntos Responsables de Violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el Territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991. El art�culo 7.4 del Estatuto de dicho Tribunal Internacional, aprobado en la Resoluci�n No. 827 del 25 de mayo de 1993, dice: "El hecho de que el inculpado haya actuado en cumplimiento de una orden impartida por un Gobierno o por un superior no le eximir� de responsabilidad penal, pero podr� considerarse circunstancia atenuante si el Tribunal Internacional determina que as� lo exige la equidad". Esta disposici�n es similar al art�culo 8 de la Carta del Tribunal Militar Internacional o Carta de Nuremberg, anexa al Acuerdo de Londres del 18 de agosto de 1945.

56. En lo que concierne a los derechos humanos protegidos por la Convenci�n, la competencia de los �rganos establecidos por ella se refiere exclusivamente a la responsabilidad internacional del Estado y no a la de los individuos. Toda violaci�n de los derechos humanos por agentes o funcionarios de un Estado es, como ya lo dijo la Corte, responsabilidad de �ste (Caso Vel�zquez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 170; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 179). Si constituyere, adicionalmente, un delito internacional generar�, adem�s, responsabilidad individual. Pero la Corte entiende que la Comisi�n no pretende que se le absuelvan los interrogantes que surgen de esta hip�tesis.

57. La Corte concluye que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convenci�n produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera tambi�n la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 51-57.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 60.

35. Una vez que la Corte ha precisado los hechos probados que considera relevantes, debe estudiar los alegatos de la Comisi�n Interamericana y del Estado con el objeto de determinar la responsabilidad internacional de �ste ultimo por la supuesta violaci�n de la Convenci�n Americana.

36. La Corte estima necesario examinar en forma previa una manifestaci�n hecha por el Estado en su escrito de contestaci�n de la demanda, en el sentido de que el se�or Su�rez Rosero fue procesado al haber sido acusado de "delitos graves que atentan contra la ni�ez, juventud y en general contra toda la poblaci�n ecuatoriana". El Estado solicit� que, por lo expuesto en su escrito, se rechazara la demanda y se ordenara su archivo,

m�s a�n cuando queda fehacientemente demostrado que el se�or Iv�n Rafael (sic) Su�rez Rosero ha participado como encubridor en un delito tan grave como es el narcotr�fico, que atenta no solamente contra la paz y seguridad del Estado sino, particular y especialmente, contra la salud de su pueblo.

El Estado reiter� dicha solicitud en su escrito de alegatos finales.

37. Sobre la alegaci�n del Estado antes se�alada, la Corte considera pertinente aclarar que el presente proceso no se refiere a la inocencia o culpabilidad del se�or Su�rez Rosero de los delitos que le ha imputado la justicia ecuatoriana. El deber de adoptar una decisi�n respecto de estos asuntos recae exclusivamente en los tribunales internos del Ecuador, pues esta Corte no es un tribunal penal ante el cual se pueda discutir la responsabilidad de un individuo por la comisi�n de delitos. Por tanto, la Corte considera que la inocencia o culpabilidad del se�or Su�rez Rosero es materia ajena al fondo del presente caso. Por lo expuesto, la Corte declara que la solicitud del Estado es improcedente y determinar� las consecuencias jur�dicas de los hechos que ha tenido por demostrados.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rrs. 35-37.

1.1.1. "[l]os Estados Partes . . . se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio . . . ."

1.1.1.1. pacta sunt servanda

34. La pregunta se refiere �nicamente a los efectos jur�dicos de la ley desde el punto de vista del derecho internacional, ya que no le corresponde a la Corte pronunciarse sobre los mismos en el orden interno del Estado interesado. Esa determinaci�n compete de manera exclusiva a los tribunales nacionales y debe ser resuelta conforme a su propio derecho.

35. Una cosa diferente ocurre respecto a las obligaciones internacionales y a las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento. Seg�n el derecho internacional las obligaciones que �ste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, a�n trat�ndose de disposiciones de car�cter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia (Caso de las Comunidades Greco-B�lgaras (1930), Serie B, No. 17, p�g. 32; Caso de Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/B, No. 44, p�g. 24; Caso de las Zonas Libres (1932 ), Series A/B, No. 46, p�g. 167 y Aplicabilidad de la obligaci�n a arbitrar bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de la Misi�n del PLO) (1988) 12, a 31-2, p�rr. 47). Asimismo estas reglas han sido codificadas en los art�culos 26 y 27 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Corte I.D.H., Responsabilidad Internacional por Expedici�n y Aplicaci�n de Leyes Violatorias de la Convenci�n (Arts.1 y 2 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, p�rrs. 34-35.

67. En su alegato final, la Comisi�n ha pedido que se "[declare que con base en el principio pacta sunt servanda, el Gobierno ha violado los art�culos 51.2 y 44 de la Convenci�n en relaci�n con el art�culo 1.1 de la misma, concordante con el art�culo 26 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados al incumplir deliberadamente las recomendaciones formuladas por la Comisi�n Interamericana". Respecto a lo anterior cabe observar que esta Corte, en varias sentencias y opiniones consultivas, ha interpretado los art�culos 50 y 51 de la Convenci�n en el sentido de que el primero de ellos dispone la elaboraci�n de un informe preliminar que se transmite al Estado para que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Convenci�n y el segundo dispone que si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisi�n de la Corte, se elaborar� un informe definitivo y, por lo tanto, si el asunto ha sido sometido a la decisi�n de la Corte, como ocurri� en el presente caso, no cabe la elaboraci�n de ese segundo informe.

A juicio de la Corte, el t�rmino recomendaciones usado por la Convenci�n Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla general de interpretaci�n contenida en el art�culo 31.1 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el car�cter de una decisi�n jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generar�a la responsabilidad del Estado. Como no consta que en la presente Convenci�n la intenci�n de las partes haya sido darle un sentido especial, no es aplicable el art�culo 31.4 de la misma Convenci�n. En consecuencia, el Estado no incurre en responsabilidad internacional por incumplir con una recomendaci�n no obligatoria. En cuanto al art�culo 44 de la Convenci�n Americana, la Corte encuentra que l se refiere al derecho a presentar peticiones ante la Comisi�n y que no tiene relaci�n con las obligaciones del Estado.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 67.

Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, p�rr. 93.

8. En realidad, estas dos obligaciones generales [arts. 1.1. y 2], - que se suman a las dem�s obligaciones convencionales, espec�ficas, en relaci�n con cada uno de los derechos protegidos - se imponen a los Estados Partes por la aplicaci�n del propio Derecho Internacional, de un principio general (pacta sunt servanda) cuya fuente es metajur�dica, al buscar basarse, mas all� del consentimiento individual de cada Estado, en consideraciones acerca del car�cter obligatorio de los deberes derivados de los tratados internacionales. En el presente dominio de protecci�n, los Estados Partes tienen la obligaci�n general, emanada de un principio general del Derecho Internacional, de tomar todas las medidas de derecho interno para garantizar la protecci�n eficaz (effet utile) de los derechos consagrados.

Voto Disidente del Juez Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, p�rr. 8.

78. La Comisi�n solicit� que se condenara al Estado por violaci�n del art�culo 51.2 de la Convenci�n por haberse negado a "dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisi�n".

79. La Corte ha dicho anteriormente que, de conformidad con la regla de interpretaci�n contenida en el art�culo 31.1 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el t�rmino "recomendaciones", usado por la Convenci�n Americana, debe ser interpretado conforme a su sentido corriente (Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C N· 22, p�rr. 67 y Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C N· 30, p�rr. 93).

80. Sin embargo, en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo art�culo 31.1 de la Convenci�n de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convenci�n Americana, tiene la obligaci�n de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un �rgano de protecci�n como la Comisi�n Interamericana que es, adem�s, uno de los �rganos principales de la Organizaci�n de los Estados Americanos, que tiene como funci�n "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en el hemisferio (Carta de la OEA, art�culos 52 y 111).

81. Asimismo, el art�culo 33 de la Convenci�n Americana dispone que la Comisi�n Interamericana es un �rgano competente junto con la Corte "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contra�dos por los Estados Partes", por lo que, al ratificar dicha Convenci�n, los Estados Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisi�n aprueba en sus informes.

82. En relaci�n con este punto la Corte concluye que la violaci�n o no del art�culo 51.2 de la Convenci�n no puede plantearse en un caso que, como el presente, ha sido sometido a consideraci�n de la Corte, por cuanto no existe el informe se�alado en dicho art�culo.

Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, p�rrs. 78-82.

1.1.1.2. deber de respetar los derechos y libertades y de garantizar su libre y pleno ejercicio

23. La tesis de que la frase "en las condiciones que establezca la ley" utilizada en el art�culo 14.1 solamente facultar�a a los Estados Partes a crear por ley el derecho de rectificaci�n o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras su ordenamiento jur�dico interno no lo regule, no se compadece ni con el "sentido corriente" de los t�rminos empleados ni con el "contexto" de la Convenci�n. . . .

24. E1 derecho de rectificaci�n o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los art�culos 1.1 y 2 de la Convenci�n. Y no podr�a ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convenci�n, est� dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convenci�n Americana, Pre�mbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opini�n Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, p�rr. 33).

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rrs. 23-24.

28. El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificaci�n o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aqu�llos han contra�do seg�n el art�culo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convenci�n y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n..." En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificaci�n o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicci�n de un Estado Parte, ello constituir�a una violaci�n de la Convenci�n, susceptible de ser denunciada ante los �rganos de protecci�n por ella previstos.

Corte I.D.H., Exigibilidad del Derecho de Rectificaci�n o Respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Serie A No. 7, p�rr. 28.

164. El art�culo 1.1 es fundamental para determinar si una violaci�n de los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho art�culo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garant�a, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n que pueda ser

atribuido, seg�n las reglas del Derecho internacional, a la acci�n u omisi�n de cualquier autoridad p�blica, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los t�rminos previstos por la misma Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 164.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 173.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rrs. 55-56.

152. La existencia de esta pr�ctica supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convenci�n. De tal modo, el llevar a cabo acciones dirigidas a realizar desapariciones involuntarias, a tolerarlas, a no investigarlas de manera adecuada o a no sancionar, en su caso, a los responsables, genera la violaci�n del deber de respetar los derechos reconocidos por la Convenci�n y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1). La Corte se remite, a este respecto, a lo que se�al� en las dos sentencias citadas (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 112, p�rrs. 159-181; Caso God�nez Cruz, supra 112, p�rrs. 168-191).

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 152.

22. La parte final del art�culo 1.1 prohibe al Estado discriminar por diversas razones, entre ellas la posici�n econ�mica. El sentido de la expresi�n discriminaci�n que menciona el art�culo 24 debe ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el art�culo 1.1. Si una persona que busca la protecci�n de la ley para hacer valer los derechos que la Convenci�n le garantiza, encuentra que su posici�n econ�mica (en este caso, su indigencia) le impide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posici�n econ�mica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley.

23. La protecci�n de la ley la constituyen, b�sicamente, los recursos que �sta dispone para la protecci�n de los derechos garantizados por la Convenci�n, los cuales, a la luz de la obligaci�n positiva que el art�culo 1.1 contempla para los Estados de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a trav�s de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder p�blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jur�dicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 166; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 175).

Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 22-23.

1.1.1.2.1. obligaci�n de respetar

165. La primera obligaci�n asumida por los Estados Partes,en los t�rminos del citado art�culo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convenci�n. El ejercicio de la funci�n p�blica tiene unos l�mites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasi�n,

... la protecci�n a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y pol�ticos recogidos en la Convenci�n, parte de la afirmaci�n de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser leg�timamente menoscabados por el ejercicio del poder p�blico. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limitadamente. As�, en la protecci�n a los derechos humanos, est� necesariamente comprendida la noci�n de la restricci�n al ejercicio del poder estatal (La expresi�n "leyes" en el art�culo 30 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p�rr.21).

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4 , p�rr. 165.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5 , p�rr. 174.

169. Conforme al art�culo 1.1 es il�cita toda forma de ejercicio del poder p�blico que viole los derechos reconocidos por la Convenci�n. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un �rgano o funcionario del Estado o de una instituci�n de car�cter p�blico lesione indebidamente uno de tales derechos, se est� ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese art�culo.

170. Esa conclusi�n es independiente de que el �rgano o funcionario haya actuado en contravenci�n de disposiciones del derecho interno o desbordado los l�mites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su car�cter oficial y por las omisiones de los mismos aun si act�an fuera de los l�mites de su competencia o en violaci�n del derecho interno.

171. El mencionado principio se adec�a perfectamente a la naturaleza de la Convenci�n, que se viola en toda situaci�n en la cual el poder p�blico sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder p�blico para violar tales derechos a trav�s de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornar�a ilusorio el sistema de protecci�n previsto en la Convenci�n.

. . . .

173. Las infracciones a la Convenci�n no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicol�gica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del an�lisis, es irrelevante la intenci�n o motivaci�n del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convenci�n, hasta el punto que la infracci�n a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no est� individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violaci�n a los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder p�blico o si �ste ha actuado de manera que la transgresi�n se haya cumplido en defecto de toda prevenci�n o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violaci�n a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 169-171 y 173.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 178-181 y 183.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rr. 62.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 63.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

1.1.1.2.2. obligaci�n de garantizar

166. La segunda obligaci�n de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convenci�n a toda persona sujeta a su jurisdicci�n. Esta obligaci�n implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a trav�s de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder p�blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jur�dicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligaci�n los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violaci�n de los derechos reconocidos por la Convenci�n y procurar, adem�s, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparaci�n de los da�os producidos por la violaci�n de los derechos humanos.

167. La obligaci�n de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligaci�n, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garant�a del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

168. La obligaci�n a cargo de los Estados es, as�, mucho m�s inmediata que la que resulta del art�culo 2, que dice . . . .

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 166-168.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 175-177.

Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No.11, p�rr. 23.

172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violaci�n a los derechos reconocidos por la Convenci�n cumplida por un acto del poder p�blico o de personas que act�an prevalidas de los poderes que ostentan por su car�cter oficial. No obstante, no se agotan all� las situaciones en las cuales un Estado est� obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesi�n a esos derechos. En efecto, un hecho il�cito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresi�n, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en s� mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violaci�n o para tratarla en los t�rminos requeridos por la Convenci�n.

173. Las infracciones a la Convenci�n no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicol�gica, orientados a calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del an�lisis, es irrelevante la intenci�n o motivaci�n del agente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convenci�n, hasta el punto que la infracci�n a la misma puede establecerse incluso si dicho agente no est� individualmente identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violaci�n a los derechos humanos reconocidos por la Convenci�n ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder p�blico o si �ste ha actuado de manera que la transgresi�n se haya cumplido en defecto de toda prevenci�n o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violaci�n a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

174. El Estado est� en el deber jur�dico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 172-174.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 181-184.

Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rr. 62.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

188. El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida consagrado en el art�culo 4 de la Convenci�n (supra 157). El contexto en que se produjo la desaparici�n y la circunstancia de que siete a�os despu�s contin�e ignor�ndose qu� ha sido de �l, son de por s� suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Vel�squez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un m�nimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya pr�ctica sistem�tica comprend�a la ejecuci�n sin f�rmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cad�ver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigaci�n de lo ocurrido, representa una infracci�n de un deber jur�dico, a cargo de Honduras, establecido en el art�culo 1.1 de la Convenci�n en relaci�n con el art�culo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicci�n la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevenci�n razonable de situaciones que puedan redundar en la supresi�n de ese derecho.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, p�rr. 188.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, p�rr. 198.

192. Existen suficientes elementos de convicci�n, y la Corte as� lo ha declarado, para concluir que la desaparici�n de Sa�l God�nez fue consumada por personas que actuaron bajo la cobertura del poder p�blico. Pero, aunque no hubiera podido demostrarse tal cosa, la circunstancia de que el aparato del Estado haya servido para crear un clima en que el crimen de la desaparici�n forzada se cometiera impunemente y de que, con posterioridad a la desaparici�n de Sa�l God�nez, se haya abstenido de actuar, lo que est� plenamente comprobado, representa un incumplimiento imputable a Honduras de los deberes contra�dos en virtud del art�culo 1.1 de la Convenci�n, seg�n el cual estaba obligada a garantizar a Sa�l God�nez el pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 192.

34. El art�culo 1 de la Convenci�n obliga a los Estados Partes no solamente a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicci�n. La Corte ya ha expresado que esta disposici�n contiene un deber positivo para los Estados. Debe precisarse, tambi�n, que garantizar implica la obligaci�n del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obst�culos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convenci�n reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una violaci�n del art�culo 1.1 de la Convenci�n. Como lo ha afirmado esta Corte

... cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones f�tiles, o si se comprueba la existencia de una pr�ctica o pol�tica ordenada o tolerada por el poder p�blico, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilizaci�n de los recursos internos que, normalmente, estar�an al alcance de los dem�s... el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del art�culo 46.2 ser�an plenamente aplicables en estas situaciones y eximir�an de la necesidad de agotar recursos internos que, en la pr�ctica, no pueden alcanzar su objeto (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 23, p�rr. 68; Caso God�nez Cruz, supra 23, p�rr. 71 y Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, p�rr. 93).

Corte I.D.H.,Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rr. 34.

3. En efecto el deber general de respetar y garantizar (consignado en el art�culo 1.1 de la Convenci�n) los derechos protegidos tiene amplio alcance, como esta Corte ya ha precisado en casos anteriores. El presente caso Caballero Delgado y Santana acrecienta un elemento nuevo para an�lisis, por cuanto nos encontramos ahora ante una situaci�n, distinta de casos anteriores, en la cual la Corte ha determinado que hubo violaci�n del art�culo 1.1 (en relaci�n con los art�culos 7 y 4) pero no del art�culo 2 (en relaci�n con los art�culos 8 y 25 de la Convenci�n). El cumplimiento de la obligaci�n de garantizar los derechos protegidos depende no s�lo de las disposiciones constitucionales o legislativas existentes - que frecuentemente no son suficientes per se - pero requiere adem�s otras providencias de los Estados Partes en el sentido de capacitar los individuos bajo su jurisdicci�n para hacer ejercicio pleno de todos los derechos protegidos. Tales providencias incluyen la adopci�n de medidas legislativas y administrativas, en el sentido de eliminar obst�culos o lagunas y perfeccionar las condiciones de ejercicio de los derechos protegidos.

4. En el examen de un caso concreto, aunque se decide que no hubo violaci�n del art�culo 2 de la Convenci�n, como lo ha hecho la Corte en el presente caso Caballero Delgado y Santana, no por eso se puede inferir que los Estados Partes no estar�an en la obligaci�n de tomar las medidas necesarias para garantizar la observancia de los derechos protegidos. Tal obligaci�n general inmediata, y verdaderamente fundamental, resulta del art�culo 1.1 de la Convenci�n; negar su amplio alcance ser�a privar la Convenci�n Americana de sus efectos. La obligaci�n general del art�culo 1.1 alcanza todos los derechos protegidos por la Convenci�n. Nada impide que la materia sea tratada en la etapa de reparaciones, por cuanto estas �ltimas se demandan por incumplimiento tanto de las obligaciones espec�ficas referentes a cada uno de los derechos protegidos como de las obligaciones generales adicionales de respetar y garantizar tales derechos (art�culo 1.1) y de adecuar el derecho interno a la normativa de protecci�n de la Convenci�n en este prop�sito.

Voto Disidente del Juez Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, p�rrs. 3-4.

1.1.1.2.2.1. obligaci�n de prevenir

30. En tercer lugar, la Comisi�n ni siquiera se cuestion� otros aspectos importantes del caso, que de alg�n modo u otro hab�an sido se�alados: concretamente, no se cuestion� la posibilidad de que el mantener a las v�ctimas en un centro de detenci�n de la Guardia Civil, en condiciones precarias de seguridad y al alcance de los compa�eros del agente cuya muerte se achacaba a Viviana, significara una imprudencia manifiesta que podr�a haber facilitado el atropello y que agregar�a, a la responsabilidad objetiva del Estado, una responsabilidad subjetiva del Gobierno, por negligencia o "culpa in vigilando" . . . .

Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81, Serie A, Resoluci�n del 15 de julio de 1981, Resoluci�n del 8 de septiembre de 1983, p�rr. 30.

172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violaci�n a los derechos reconocidos por la Convenci�n cumplida por un acto del poder p�blico o de personas que act�an prevalidas de los poderes que ostentan por su car�cter oficial. No obstante, no se agotan all� las situaciones en las cuales un Estado est� obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesi�n a esos derechos. En efecto, un hecho il�cito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresi�n, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en s� mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violaci�n o para tratarla en los t�rminos requeridos por la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 172.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5 , p�rrs. 181-182.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

174. El Estado est� en el deber jur�dico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n.

175. El deber de prevenci�n abarca todas aquellas medidas de car�cter jur�dico, pol�tico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho il�cito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, as� como la obligaci�n de indemnizar a las v�ctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeraci�n detallada de esas medidas, que var�an seg�n el derecho de que se trate y seg�n las condiciones propias de cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligaci�n de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero s� es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por s� mismo, una infracci�n al deber de prevenci�n de violaciones a los derechos a la integridad f�sica y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 174- 175.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 184-185.

187. La desaparici�n de Manfredo Vel�squez es violatoria del derecho a la integridad personal reconocido en el art�culo 5 de la Convenci�n (supra 156). En primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicaci�n coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad ps�quica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicci�n con los p�rrafos 1 y 2 del citado art�culo. En segundo lugar porque, aun cuando no ha sido demostrado de modo directo que Manfredo Vel�squez fue torturado f�sicamente, la mera circunstancia de que su secuestro y cautiverio hayan quedado a cargo de autoridades que comprobadamente somet�an a los detenidos a vej�menes, crueldades y torturas representa la inobservancia, por parte de Honduras, del deber que le impone el art�culo 1.1, en relaci�n con los p�rrafos 1 y 2 del art�culo 5 de la Convenci�n. En efecto,la garant�a de la integridad f�sica de toda persona y de que todo aqu�l que sea privado de su libertad sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, implica la prevenci�n razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, p�rr. 187.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 197.

188. El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida consagrado en el art�culo 4 de la Convenci�n (supra 157). El contexto en que se produjo la desaparici�n y la circunstancia de que siete a�os despu�s contin�e ignor�ndose qu� ha sido de �l, son de por s� suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Vel�squez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un m�nimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya pr�ctica sistem�tica comprend�a la ejecuci�n sin f�rmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cad�ver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigaci�n de lo ocurrido, representa una infracci�n de un deber jur�dico, a cargo de Honduras, establecido en el art�culo 1.1 de la Convenci�n en relaci�n con el art�culo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicci�n la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevenci�n razonable de situaciones que puedan redundar en la supresi�n de ese derecho.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, p�rr. 188.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, p�rr. 198.

186. [E]l sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por s� mismo, una infracci�n al deber de prevenci�n de violaciones a los derechos a la integridad f�sica y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto. La instauraci�n de una pr�ctica de desapariciones por un gobierno dado significa, por s� sola, el abandono del deber jur�dico, de prevenir violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la cobertura del poder p�blico.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 186.

32. La Comisi�n y los abogados sostienen que, en ejecuci�n del fallo, la Corte debe ordenar algunas medidas a cargo del Gobierno, tales como la investigaci�n de los hechos relativos a la desaparici�n forzada de Manfredo Vel�squez; el castigo de los responsables de estos hechos; la declaraci�n p�blica de la reprobaci�n de esta pr�ctica; la reivindicaci�n de la memoria de la v�ctima y otras similares.

. . . .

34. No obstante la Corte ya se�al� en su sentencia sobre el fondo (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 2, p�rr. 181), la subsistencia del deber de investigaci�n que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisi�n de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 2, p�rr. 174).

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Indemnizaci�n Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (Art. 63.1 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Serie C No. 7, p�rrs. 32 y 34.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Indemnizaci�n Compensatoria (Art. 63.1 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989 , Serie C No. 8, p�rrs. 30 y 32.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rr. 90.

4. La protecci�n internacional de los derechos humanos, en relaci�n con el art�culo 4.1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, tiene una dimensi�n preventiva en donde el deber de debida diligencia asume, en los casos de detenci�n ilegal, connotaciones m�s severas. Esta, la debida diligencia, impone a los Estados el deber de una prevenci�n razonable en aquellas situaciones - como ahora en el sub judice - que pudieran conducir, incluso por omisi�n, a la supresi�n de la inviolabilidad del derecho a la vida.

5. Con base en lo anterior, los suscritos Jueces consideramos que, en este caso, la responsabilidad del Estado demandado debi� determinarse a la luz, conjuntamente, de los art�culos 7.2 y 4.1, en conexi�n con el art�culo 1.1, de la Convenci�n Americana.

Voto Disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, p�rrs. 4-5

69. La Corte considera probado que el Pabell�n fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, como se desprende de los informes presentados por los peritos en la audiencia (supra p�rrs. 47 y 48) y de la declaraci�n rendida el 16 de julio de 1986 ante el juez instructor del Vig�simo Primer Juzgado de Lima por el Presidente del Consejo Nacional Penitenciario y de la circunstancia de que muchos de los muertos seg�n las necropsias lo hubieran sido por aplastamiento. Los informes de mayor�a y de minor�a del Congreso (supra p�rr. 43) son congruentes en lo que se refiere al uso desproporcionado de la fuerza, tienen car�cter oficial y son considerados por esta Corte como prueba suficiente de ese hecho.

70. Tambi�n debe tomarse en consideraci�n que en el informe de la comisi�n de minor�a del Congreso se afirm�, sin objeci�n por parte del Gobierno, que hubo falta de inter�s en el rescate de los amotinados que quedaron con vida luego de la demolici�n, ya que unos d�as despu�s aparecieron cuatro reclusos vivos y podr�a haber habido m�s (supra p�rr. 43).

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rrs. 69-70

74. . . . Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabell�n Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opini�n de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se us� en �ste y en los otros Penales amotinados y que se entendi� como una confrontaci�n pol�tica entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (supra 52), lo que probablemente indujo a la demolici�n del Pabell�n, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindi�ndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cad�veres.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 74

. . . El Estado, [agrega la Corte] est� en el deber de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n" (Ibid., p�rr. 174 y p�rr. 184, respectivamente).

La palabra "razonablemente" califica el deber de prevenci�n y ha sido explicada por la Corte cuando dijo que "la obligaci�n de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado" (Ibid., p�rr. 175 y p�rr. 185, respectivamente). No basta que suceda la violaci�n para que se pueda decir que el Estado fall� en prevenirla. Interpretar la Convenci�n de esta manera va, evidentemente, m�s all� de lo que los Estados aceptaron al suscribirla, porque implicar�a que basta que el acto del Estado violatorio de un derecho protegido se presente, para que el Estado tenga que responder por �l, lo cual significar�a, ni m�s ni menos, que sobran los �rganos protectores, Comisi�n y Corte, a menos que su funci�n se circunscriba a dictaminar que el hecho se present�. Igualmente significar�a que la protecci�n internacional no es subsidiaria de la jurisdicci�n interna y que, en cambio, operar�a autom�ticamente. Ninguno de estos dos presupuestos es cierto en la Convenci�n Americana.

Por eso "[e]l deber de prevenci�n abarca todas aquellas medidas de car�cter jur�dico, pol�tico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho il�cito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, as� como la obligaci�n de indemnizar a las v�ctimas por sus consecuencias perjudiciales" (Ibid.).

En este expediente no est� probado que tales disposiciones razonables, enderezadas a prevenir hechos de esta naturaleza, no existan o existiendo no hayan sido aplicadas. En cambio, de �l resulta que el hecho sub judice probablemente fue producto de un oficial al que luego se comprob� que padec�a perturbaciones mentales, lo que seguramente sobrepas� las eventuales medidas de prevenci�n existentes.

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.

4. Al abstenerse de pronunciarse sobre la materia, la Corte dej� de proceder, como le compet�a, al examen o determinaci�n de la incompatibilidad de la vigencia del art�culo 54(2) y (3) del C�digo de Justicia Militar de Venezuela con los deberes generales consagrados en la Convenci�n Americana de garantizar los derechos en ella reconocidos (art�culo 1) y de adoptar disposiciones de derecho interno (medidas legislativas o de otro car�cter) que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos (art�culo 2). Considero a la Corte plenamente habilitada a pronunciarse sobre este punto espec�fico, aun ante la invocada no aplicaci�n de las referidas disposiciones del C�digo de Justicia Militar en el cas d'esp�ce.

5. Fue necesario esperar muchos a�os para que se admitiera la posibilidad de plantear la cuesti�n de la incompatibilidad de medidas legislativas y pr�cticas administrativas con las obligaciones convencionales internacionales en materia de derechos humanos, en el contexto de casos concretos. La jurisprudencia internacional en el presente dominio, en los planos tanto regional como global, ha evolucionado a punto de admitir hoy d�a que un individuo puede, bajo determinadas condiciones, reivindicar ser v�ctima de una violaci�n de derechos humanos perpetrada por la simple existencia de medidas permitidas por la legislaci�n, sin que hayan sido a �l aplicadas. Puede efectivamente hacerlo ante el simple riesgo de ser directamente afectado por una ley, ante la amenaza continua representada por el mantenimiento en vigor de la legislaci�n impugnada. Se reconoce actualmente que un individuo puede efectivamente impugnar una ley que todav�a no ha sido aplicada en su perjuicio, bastando para �sto que dicha ley sea aplicable en forma tal que el riesgo o amenaza que �l sufra sus efectos sea real, sea algo m�s que una simple posibilidad te�rica.

6. Un entendimiento en contrario minar�a el deber de prevenci�n, consagrado en la jurisprudencia de �sta Corte. Se ha precisado el amplio alcance de tal deber, el cual abarca todas las medidas, legislativas y administrativas y otras, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las violaciones de �stos sean efectivamente tratadas como hechos il�citos acarreando sanciones para sus responsables. La reparaci�n, como concepto gen�rico, abarca tambi�n estos elementos, adem�s de las indemnizaciones debidas a las v�ctimas. La reparaci�n plena, que en el presente contexto se configura como la reacci�n del ordenamiento jur�dico de protecci�n a los hechos violatorios de los derechos garantizados, tiene un amplio alcance. Incluye, a la par de la restitutio in integrum (restablecimiento de la situaci�n anterior de la v�ctima, siempre que sea posible) y las indemnizaciones (a la luz del principio general del neminem laedere), la rehabilitaci�n, la satisfacci�n y - significativamente - la garant�a de no repetici�n de los hechos violatorios (el deber de prevenci�n).

Voto Disidente del Juez Antonio Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, p�rrs. 4-6.

106. . . . Respecto de la segunda parte de dicha petici�n, la Corte declara que el Ecuador est� obligado, en virtud de los deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 1.1 y 2 de la Convenci�n) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como las que han sido declaradas en la presente sentencia no se producir�n de nuevo en su jurisdicci�n.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 106.

1.1.1.2.2.1.1. obligaci�n de medio o comportamiento

175. . . . Es claro, a su vez, que la obligaci�n de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero s� es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por s� mismo, una infracci�n al deber de prevenci�n de violaciones a los derechos a la integridad f�sica y a la vida, aun en el supuesto de que una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 175.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 185.

1.1.1.2.2.2. obligaci�n de investigar

172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violaci�n a los derechos reconocidos por la Convenci�n cumplida por un acto del poder p�blico o de personas que act�an prevalidas de los poderes que ostentan por su car�cter oficial. No obstante, no se agotan all� las situaciones en las cuales un Estado est� obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesi�n a esos derechos. En efecto, un hecho il�cito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresi�n, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en s� mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violaci�n o para tratarla en los t�rminos requeridos por la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 172.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 181-182.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

174. El Estado est� en el deber jur�dico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 174.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 184.

176. El Estado est�, por otra parte, obligado a investigar toda situaci�n en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convenci�n. Si el aparato del Estado act�a de modo que tal violaci�n quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la v�ctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicci�n. Lo mismo es v�lido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos act�en libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 176.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 187.

177. En ciertas circunstancias puede resultar dif�cil la investigaci�n de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligaci�n de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigaci�n no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jur�dico propio y no como una simple gesti�n de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la v�ctima o de sus familiares o de la aportaci�n privada de elementos probatorios, sin que la autoridad p�blica busque efectivamente la verdad. Esta apreciaci�n es v�lida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violaci�n, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultar�an, en cierto modo, auxiliados por el poder p�blico, lo que comprometer�a la responsabilidad internacional del Estado.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 177.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 188.

178. De los autos se evidencia que, en el presente caso, hubo una completa inhibici�n de los mecanismos te�ricamente adecuados del Estado hondure�o para atender a la investigaci�n de la desaparici�n de Manfredo Vel�squez, as� como al cumplimiento de deberes como la reparaci�n de los da�os causados y la sanci�n a los responsables, contenidos en el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

179. Ha quedado comprobada, como ya lo ha verificado la Corte anteriormente, la abstenci�n del Poder Judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales en el presente caso. Ning�n recurso de exhibici�n personal fue tramitado. Ning�n juez tuvo acceso a los lugares donde eventualmente pudiera haber estado detenido Manfredo Vel�squez. La investigaci�n criminal que se abri� concluy� en un sobreseimiento.

180. Tampoco los �rganos del Poder Ejecutivo cumplieron una investigaci�n seria para establecer la suerte de Manfredo Vel�squez. Ninguna averiguaci�n fue abierta para conocer denuncias p�blicas sobre la pr�ctica de desapariciones y sobre el hecho de que Manfredo Vel�squez habr�a sido v�ctima de esa pr�ctica. No se atendieron los requerimientos de la Comisi�n en el sentido de informar sobre la situaci�n planteada, al punto de que dicha Comisi�n hubo de aplicar la presunci�n de veracidad de los hechos denunciados por la falta de respuesta del Gobierno. El ofrecimiento de efectuar una investigaci�n en concordancia con lo dispuesto por la resoluci�n No.30/83 de la Comisi�n concluy� en una averiguaci�n confiada a las propias Fuerzas Armadas, quienes eran precisamente las se�aladas como responsables directas de las desapariciones, lo cual cuestiona gravemente la seriedad de la investigaci�n. Se acudi� frecuentemente al expediente de pedir a los familiares de las v�ctimas que presentaran pruebas concluyentes de sus aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contra bienes esenciales de la persona, deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden p�blico, m�s a�n cuando los hechos denunciados se refer�an a una pr�ctica cumplida dentro del seno de la instituci�n armada la cual, por su naturaleza, est� cerrada a investigaciones particulares. Tampoco se estableci� ning�n procedimiento destinado a determinar qui�n o qui�nes fueron los responsables de la desaparici�n de Manfredo Vel�squez a fin de aplicarles las sanciones que el derecho interno establece. Todo ello configura un cuadro del que resulta que las autoridades hondure�as no actuaron de conformidad con lo requerido por el art�culo 1.1 de la Convenci�n, para garantizar efectivamente la vigencia de los derechos humanos dentro de la jurisdicci�n de ese Estado.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 178-180.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 189-190.

181. El deber de investigar hechos de este g�nero subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias leg�timas del orden jur�dico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la v�ctima de conocer cu�l fue el destino de �sta y, en su caso, d�nde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 181.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 191.

Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, p�rr. 109.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Reparaciones (Art. 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 19 de septiembre de 1996, Serie C No. 29, p�rr. 69 y punto resolutivo 4.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, p�rr. 58 y punto resolutivo 4.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rr. 90.

188. El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida consagrado en el art�culo 4 de la Convenci�n (supra 157). El contexto en que se produjo la desaparici�n y la circunstancia de que siete a�os despu�s contin�e ignor�ndose qu� ha sido de �l, son de por s� suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Vel�squez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso manteniendo un m�nimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya pr�ctica sistem�tica comprend�a la ejecuci�n sin f�rmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cad�ver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigaci�n de lo ocurrido, representa una infracci�n de un deber jur�dico, a cargo de Honduras, establecido en el art�culo 1.1 de la Convenci�n en relaci�n con el art�culo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicci�n la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevenci�n razonable de situaciones que puedan redundar en la supresi�n de ese derecho.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, p�rr. 188.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, p�rr. 198.

32. La Comisi�n y los abogados sostienen que, en ejecuci�n del fallo, la Corte debe ordenar algunas medidas a cargo del Gobierno, tales como la investigaci�n de los hechos relativos a la desaparici�n forzada de Manfredo Vel�squez; el castigo de los responsables de estos hechos; la declaraci�n p�blica de la reprobaci�n de esta pr�ctica; la reivindicaci�n de la memoria de la v�ctima y otras similares.

. . . .

34. No obstante la Corte ya se�al� en su sentencia sobre el fondo (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 2, p�rr. 181), la subsistencia del deber de investigaci�n que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisi�n de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 2, p�rr. 174).

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Indemnizaci�n Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (Art. 63.1 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Serie C No. 7, p�rrs. 32 y 34.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Indemnizaci�n Compensatoria (Art. 63.1 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989 , Serie C No. 8, p�rrs. 30 y 32.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 69 y punto resolutivo 5.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, p�rr. 61 y punto resolutivo 4.

71. La Corte considera tambi�n probado que no se us� de la diligencia necesaria para la identificaci�n de los cad�veres, pues s�lo unos pocos de los que fueron rescatados en los d�as inmediatamente siguientes a la terminaci�n del conflicto fueron identificados. De los dem�s, que fueron recuperados en un lapso de nueve meses, ciertamente muy largo, aunque seg�n declaraci�n de los expertos (supra 56 y 57) con ciertas t�cnicas hubiera podido hacerse la identificaci�n, tampoco se hizo. Este comportamiento del Gobierno constituye una grave negligencia.

Corte I.D.H., Caso Neira Alegr�a y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, p�rr. 71

57. En el caso que se examina, Colombia ha realizado una investigaci�n judicial prolongada, no exenta de deficiencias, para encontrar y sancionar a los responsables de la detenci�n y desaparici�n de Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana y este proceso no ha terminado.

58. Como lo sostuvo la Corte en los casos citados con anterioridad,

[e]n ciertas circunstancias puede resultar dif�cil la investigaci�n de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es,como la de prevenir, una obligaci�n de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigaci�n no produzca un resultado satisfactorio (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 56, p�rr. 177; Caso God�nez Cruz, supra 56, p�rr. 188).

Sin embargo, para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convenci�n, no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigaci�n y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, adem�s, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparaci�n a la parte lesionada, lo que en este caso no ha ocurrido.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rrs. 57-58.

Los deberes del Estado no se limitan a prevenir sino que implican investigar los hechos de manera que "[s]i el aparato del Estado act�a de modo que tal violaci�n quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la v�ctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar [el] libre y pleno ejercicio [de los derechos protegidos] a las personas sujetas a su jurisdicci�n (Ibid., p�rr. 176 y p�rr. 187, respectivamente). Ha dicho la Corte que "[e]n ciertas circunstancias puede resultar dif�cil la investigaci�n de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligaci�n de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigaci�n no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jur�dico propio y no como una simple gesti�n de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la v�ctima o de sus familiares o de la aportaci�n privada de elementos probatorios, sin que la autoridad p�blica busque efectivamente la verdad. Esta apreciaci�n es v�lida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violaci�n, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultar�an, en cierto modo, auxiliados por el poder p�blico, lo que comprometer�a la responsabilidad internacional del Estado (Ibid., p�rr. 177 y p�rr. 188, respectivamente).

En este caso, el Gobierno suministr� a la Corte copias de m�s de mil p�ginas de los expedientes en los que constan las investigaciones realizadas, ahora reabiertas con base en las declaraciones del se�or Gonzalo Arias Alturo que son, precisamente, las que han permitido a esta Corte inferir que la violaci�n de los derechos humanos se consum� a manos de los implicados de que se ha hablado.

Con base en dicha documentaci�n, los siguientes han sido los procesos internos:

a. Recurso de h�beas corpus:

Fue interpuesto el d�a 10 de febrero de 1989 por la se�ora Mar�a Nodelia Parra, compa�era del se�or Caballero Delgado, ante el Juzgado Primero Superior de Bucaramanga. En esa misma fecha y luego de haber obtenido informaci�n en los organismos o entidades del Estado donde una persona puede estar detenida por diversas causas, la Juez concluy� que el se�or Caballero no fue privado de su libertad por organismos del Estado. Adem�s, seg�n la Juez, el h�beas corpus debi� interponerse ante el juez penal del municipio m�s pr�ximo de acuerdo con el C�digo de Procedimiento Penal, por lo que la peticionaria deb�a acudir a otra autoridad como la Procuradur�a Regional o General de la Naci�n. No obstante, la Juez misma envi� toda la documentaci�n a la Procuradur�a para lo procedente. (p. 392, Fuero Penal I )

b. Investigaci�n en la justicia penal ordinaria:

El 2 de marzo de 1989, ante denuncia verbal de la se�ora Mar�a Nodelia Parra, se inici� la actuaci�n penal ante el Juzgado Segundo de Instrucci�n Criminal Ambulante, sin tener en ese momento ning�n imputado directo. En sendos reconocimientos en fila de personas realizados el 12 de julio de 1989 y el 4 de abril de 1990 por el se�or Javier P�ez, uno de los supuestos testigos de la desaparici�n del se�or Caballero Delgado y la se�ora Santana, aquel reconoci� a Luis Gonzalo Pinz�n Fontecha, al que conoc�a desde antes por ser naturales de la misma regi�n. Igualmente, luego de confundirlo inicialmente con otro, reconoci� a Gonzalo Arias Alturo. Ambos hab�an sido capturados en uni�n del Capit�n Forero Quintero y del Sargento B�ez por asalto a varias estaciones de gasolina y peajes de autopista.

El Juzgado Segundo de Orden P�blico de Valledupar dict� auto cabeza de proceso el 1 de agosto de 1989 y en vista de que el se�or Pinz�n Fontecha hab�a sido capturado en otra causa junto con el Capit�n H�ctor Alirio Forero Quintero, el Cabo Segundo Norberto B�ez B�ez y Gonzalo Arias Alturo, el Juzgado los vincul� con la desaparici�n de Isidro Caballero Delgado, y dict� medida de aseguramiento contra todos ellos, excepto Norberto B�ez B�ez.

Por decisiones del 11 de septiembre de 1990 y del 20 de septiembre de 1990, se absolvi� en este proceso a todos los imputados y se orden� su libertad inmediata. El caso se archiv� el 3 de octubre de 1990.

El 12 de marzo de 1992 se reabri� la investigaci�n penal, esta vez contra Carlos Julio Pinz�n Fontecha, quien hab�a sido inculpado por su hermano, Gonzalo Pinz�n Fontecha, en declaraci�n indagatoria de 17 de octubre de 1989. De conformidad con informaci�n que obra en el expediente, el se�or Carlos Julio Pinz�n Fontecha hab�a fallecido el 29 de mayo de 1989.

El 4 de noviembre de 1994, la parte civil solicit� la reactivaci�n del proceso con base en la declaraci�n rendida por el funcionario de la Fiscal�a General de la Naci�n, doctor Ricardo Vargas L�pez, ante la Procuradur�a Delegada para las Fuerzas Militares, en la que denunci� que, como parte de una investigaci�n realizada por �l como Jefe de la Secci�n de Investigaciones, entrevist� al se�or Gonzalo Arias Alturo, el cual le narr� hechos que lo incriminan junto con otros en la comisi�n del delito de secuestro y desaparici�n de Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana. La Direcci�n Regional de Fiscal�as, que tiene a cargo la investigaci�n, dict� el 19 de mayo de 1995 medida de aseguramiento contra el se�or Gonzalo Arias Alturo, se abstuvo de hacerlo en contra de los otros imputados y contin�a con la pr�ctica de pruebas, entre ellas, un nuevo intento de encontrar los cad�veres en el sitio descrito por Arias Alturo. Ese intento tambi�n result� infructuoso.

c. Proceso penal militar:

El 27 de febrero de 1989 se iniciaron diligencias preliminares de averiguaci�n de responsables del delito de secuestro en contra de Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana, ante el Juzgado 26 de Instrucci�n Penal Militar. Esta investigaci�n fue iniciada por �rdenes del Teniente Coronel Diego Velandia, Comandante del Batall�n de Infanter�a Santander, como consecuencia de la publicaci�n de art�culos period�sticos en los "que directamente y en forma gen�rica se acusa a militares de la Base de Morrinson... de haber aprehendido el 7 de febrero de 1989 en la localidad de Guaduas al particular Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana, los cuales se encuentran desaparecidos".

Como parte de esta investigaci�n se interrog� al personal de la base que estaba de servicio el d�a de los hechos y se realizaron varias inspecciones para determinar si, para el 7 de febrero de 1989, se ordenaron y realizaron operaciones por parte de la tropa de la Base Morrison. Se cit� a Mar�a Nodelia Parra para que rindiera declaraci�n jurada acerca de los hechos investigados, pero no compareci�. Adem�s, se solicitaron y se a�adieron al expediente los documentos relativos a las investigaciones llevadas a cabo por la Direcci�n de Instrucci�n Criminal de Valledupar y por la Personera Municipal de San Alberto.

El 6 de junio de 1989 el Juzgado 26 mencionado decidi� suspender la indagaci�n preliminar por la desaparici�n del se�or Caballero Delgado y la se�ora Santana y archivar provisionalmente las diligencias, sin perjuicio de que si con posterioridad pudiese vincularse a alguien como procesado, se continuar�a con la investigaci�n.

No se puede imputar a la Rep�blica de Colombia negligencia o desidia en la investigaci�n y el hecho de que en el primer proceso los implicados hubieran sido absueltos no significa que haya connivencia del Poder P�blico con ellos, porque las reglas que deben aplicar los jueces penales obligan a que las dudas se resuelvan a favor de los acusados. No se ha demostrado tampoco que los jueces no hayan sido independientes.

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.

107. Como consecuencia de lo dicho, la Corte considera que el Ecuador debe ordenar una investigaci�n para identificar y, eventualmente, sancionar a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 107 y punto resolutivo 6.

1.1.1.2.2.2.1. obligaci�n de medio o comportamiento

177. En ciertas circunstancias puede resultar dif�cil la investigaci�n de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligaci�n de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigaci�n no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jur�dico propio y no como una simple gesti�n de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la v�ctima o de sus familiares o de la aportaci�n privada de elementos probatorios, sin que la autoridad p�blica busque efectivamente la verdad. Esta apreciaci�n es v�lida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violaci�n, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultar�an, en cierto modo, auxiliados por el poder p�blico, lo que comprometer�a la responsabilidad internacional del Estado.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 177.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 188.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 58.

1.1.1.2.2.2.2. derecho a la verdad

85. En sus alegatos finales la Comisi�n Interamericana invoca, adem�s, dos presuntas violaciones. La primera se refiere al art�culo 17 de la Convenci�n relativo a la protecci�n de la familia, en cuanto la del se�or Castillo P�ez, seg�n la Comisi�n, se ha desintegrado con motivo de la desaparici�n de �ste. En segundo lugar, la Comisi�n considera infringido el que llama derecho a la verdad y a la informaci�n debido al desinter�s del Estado para esclarecer los hechos que dan lugar a este caso. Dicho alegato lo hace sin indicar una disposici�n expresa de la Convenci�n, a�n cuando se�ala que ese derecho ha sido reconocido por varios organismos internacionales.

86. Independientemente de que estos argumentos fueron invocados en sus alegatos finales y que por eso no fueron contradichos por el Estado, cabe se�alar que el primero se refiere a una consecuencia accesoria de la desaparici�n forzada de Ernesto Rafael Castillo P�ez, la cual �sta Corte consider� demostrada, en violaci�n de la Convenci�n Americana, con todas sus consecuencias jur�dicas. El segundo argumento se refiere a la formulaci�n de un derecho no existente en la Convenci�n Americana aunque pueda corresponder a un concepto todav�a en desarrollo doctrinal y jurisprudencial, lo cual en este caso se encuentra ya resuelto por la decisi�n de la Corte al establecer el deber que tiene el Per� de investigar los hechos que produjeron las violaciones a la Convenci�n Americana (infra, p�rr. 90)

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rrs. 85-86.

1.1.1.2.2.3. obligaci�n de sancionar a los responsables

172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violaci�n a los derechos reconocidos por la Convenci�n cumplida por un acto del poder p�blico o de personas que act�an prevalidas de los poderes que ostentan por su car�cter oficial. No obstante, no se agotan all� las situaciones en las cuales un Estado est� obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesi�n a esos derechos. En efecto, un hecho il�cito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresi�n, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en s� mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violaci�n o para tratarla en los t�rminos requeridos por la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 172.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 181-182.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 56.

174. El Estado est� en el deber jur�dico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 174.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 184.

178. De los autos se evidencia que, en el presente caso, hubo una completa inhibici�n de los mecanismos te�ricamente adecuados del Estado hondure�o para atender a la investigaci�n de la desaparici�n de Manfredo Vel�squez, as� como al cumplimiento de deberes como la reparaci�n de los da�os causados y la sanci�n a los responsables, contenidos en el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

179. Ha quedado comprobada, como ya lo ha verificado la Corte anteriormente, la abstenci�n del Poder Judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales en el presente caso. Ning�n recurso de exhibici�n personal fue tramitado. Ning�n juez tuvo acceso a los lugares donde eventualmente pudiera haber estado detenido Manfredo Vel�squez. La investigaci�n criminal que se abri� concluy� en un sobreseimiento.

180. Tampoco los �rganos del Poder Ejecutivo cumplieron una investigaci�n seria para establecer la suerte de Manfredo Vel�squez. Ninguna averiguaci�n fue abierta para conocer denuncias p�blicas sobre la pr�ctica de desapariciones y sobre el hecho de que Manfredo Vel�squez habr�a sido v�ctima de esa pr�ctica. No se atendieron los requerimientos de la Comisi�n en el sentido de informar sobre la situaci�n planteada, al punto de que dicha Comisi�n hubo de aplicar la presunci�n de veracidad de los hechos denunciados por la falta de respuesta del Gobierno. El ofrecimiento de efectuar una investigaci�n en concordancia con lo dispuesto por la resoluci�n No.30/83 de la Comisi�n concluy� en una averiguaci�n confiada a las propias Fuerzas Armadas, quienes eran precisamente las se�aladas como responsables directas de las desapariciones, lo cual cuestiona gravemente la seriedad de la investigaci�n. Se acudi� frecuentemente al expediente de pedir a los familiares de las v�ctimas que presentaran pruebas concluyentes de sus aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contra bienes esenciales de la persona, deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden p�blico, m�s a�n cuando los hechos denunciados se refer�an a una pr�ctica cumplida dentro del seno de la instituci�n armada la cual, por su naturaleza, est� cerrada a investigaciones particulares.Tampoco se estableci� ning�n procedimiento destinado a determinar qui�n o qui�nes fueron los responsables de la desaparici�n de Manfredo Vel�squez a fin de aplicarles las sanciones que el derecho interno establece. Todo ello configura un cuadro del que resulta que las autoridades hondure�as no actuaron de conformidad con lo requerido por el art�culo 1.1 de la Convenci�n, para garantizar efectivamente la vigencia de los derechos humanos dentro de la jurisdicci�n de ese Estado.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rrs. 178- 180.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rrs. 189- 190.

32. La Comisi�n y los abogados sostienen que, en ejecuci�n del fallo, la Corte debe ordenar algunas medidas a cargo del Gobierno, tales como la investigaci�n de los hechos relativos a la desaparici�n forzada de Manfredo Vel�squez; el castigo de los responsables de estos hechos; la declaraci�n p�blica de la reprobaci�n de esta pr�ctica; la reivindicaci�n de la memoria de la v�ctima y otras similares.

. . . .

34. No obstante la Corte ya se�al� en su sentencia sobre el fondo (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 2, p�rr. 181), la subsistencia del deber de investigaci�n que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisi�n de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 2, p�rr. 174).

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Indemnizaci�n Compensatoria, Sentencia de 21 de julio de 1989, (Art. 63.1 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Serie C No. 7, p�rrs. 32 y 34.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Indemnizaci�n Compensatoria (Art. 63.1 Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989 , Serie C No. 8, p�rrs. 30 y 32.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rr. 69 y punto resolutivo 5.

Corte I.D.H., Caso El Amparo, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28, p�rr. 61 y punto resolutivo 4.

Corte I.D.H., Caso Castillo P�ez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, p�rr. 90.

107. Como consecuencia de lo dicho, la Corte considera que el Ecuador debe ordenar una investigaci�n para identificar y, eventualmente, sancionar a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia.

Corte I.D.H., Caso Su�rez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, p�rr. 107 y punto resolutivo 6.

1.1.1.2.2.4. obligaci�n de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n

174. El Estado est� en el deber jur�dico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del �mbito de su jurisdicci�n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 174.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 184.

178. De los autos se evidencia que, en el presente caso, hubo una completa inhibici�n de los mecanismos te�ricamente adecuados del Estado hondure�o para atender a la investigaci�n de la desaparici�n de Manfredo Vel�squez, as� como al cumplimiento de deberes como la reparaci�n de los da�os causados y la sanci�n a los responsables, contenidos en el art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, p�rr. 178.

189. Ha quedado comprobada, como ya lo ha verificado la Corte anteriormente, la abstenci�n del poder judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales en el presente caso. Ning�n recurso de exhibici�n personal fue tramitado. Ning�n juez intent� siquiera tener acceso a los lugares donde eventualmente pudiera haber estado detenido Sa�l God�nez. La investigaci�n criminal que se demand� ni siquiera fue prove�da y no tuvo tr�mite alguno. Hubo, pues, una completa inhibici�n de los mecanismos te�ricamente adecuados del Estado hondure�o para atender a la investigaci�n de la desaparici�n de Sa�l God�nez, as� como al cumplimiento de deberes como la reparaci�n de los da�os causados y la sanci�n a los responsables.

Corte I.D.H., Caso God�nez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, p�rr. 189.

57. En el caso que se examina, Colombia ha realizado una investigaci�n judicial prolongada, no exenta de deficiencias, para encontrar y sancionar a los responsables de la detenci�n y desaparici�n de Isidro Caballero Delgado y Mar�a del Carmen Santana y este proceso no ha terminado.

58. Como lo sostuvo la Corte en los casos citados con anterioridad,

[e]n ciertas circunstancias puede resultar dif�cil la investigaci�n de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligaci�n de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigaci�n no produzca un resultado satisfactorio (Caso Vel�squez Rodr�guez, supra 56, p�rr. 177; Caso God�nez Cruz, supra 56, p�rr. 188).

Sin embargo, para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convenci�n, no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigaci�n y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, adem�s, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparaci�n a la parte lesionada, lo que en este caso no ha ocurrido.

59. Por tanto, al no haber reparado Colombia las consecuencias de las violaciones realizadas por sus agentes, ha dejado de cumplir las obligaciones que le impone el citado art�culo 1.1 de la Convenci�n.

Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, p�rrs. 57-59.

El deber de reparar no es ni en el orden interno, ni en el internacional, aut�nomo. Es decir, para imponer una reparaci�n, previamente hay que demostrar la violaci�n de la Convenci�n. Ya lo hab�a dicho la Corte en los casos Vel�squez Rodr�guez y God�nez Cruz: "El Estado est� en el deber de prevenir... de investigar... de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones... y de asegurar a la v�ctima una adecuada reparaci�n" (Ibid., p�rr. 174 y p�rr. 184, respectivamente), lo cual indica un orden que no es accidental.

No se puede, entonces, violar la Convenci�n por falta de reparaci�n, a menos que esa reparaci�n provenga del da�o por haberla violado de otra manera. El art�culo 63.1 de la Convenci�n as� lo reconoce y lo dispone cuando dice . . . .

La argumentaci�n de la Corte en la materia de la reparaci�n se muestra m�s d�bil en cuando m�s adelante, p�rrafo 69 de esta sentencia, dice que "[e]n el presente caso la reparaci�n debe consistir en la continuaci�n del proceso para la averiguaci�n de la desaparici�n de Isidro Caballero Delgado y su sanci�n conforme al derecho interno colombiano", lo que ordena luego en su parte resolutiva. Interpretando rectamente, habr�a que concluir que la Corte condena al Gobierno colombiano por violaci�n de la Convenci�n porque los procesos internos no han concluido aun, aun cuando, como la propia Corte lo se�ala, (p�rrafo 58 de esta sentencia) citando jurisprudencia anterior, la obligaci�n de investigar es de medio y no de resultado y, en esta sentencia, no se ha imputado a Colombia violaci�n de los art�culos que la obligan a una recta administraci�n de justicia.

Voto Disidente del Juez Nieto Navia, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22.

1.1.1.2.2.5. relaci�n con el art�culo 63.1

11. La interpretaci�n que aqu� sostengo del sentido y amplio alcance del deber general y fundamental de respetar y garantizar los derechos protegidos (art�culo 1.1 de la Convenci�n Americana) en sus relaciones con el otro deber general de adoptar medidas de derecho interno para adecuarlo a la normativa internacional de protecci�n (art�culo 2), se coaduna perfectamente con lo que dispone la Convenci�n Americana en su art�culo 63.1, sobre el deber de reparaci�n de los da�os resultantes de violaciones de los derechos humanos protegidos. El art�culo 63.1 (mencionado en la Sentencia del fondo, del 08.12.1995, en el presente caso Caballero Delgado y Santana, p�rrafo 68) determina que . . . .

12. Perm�tome destacar tres puntos que me parecen de capital importancia en lo dispuesto en el citado art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana. Primero, distintamente del correspondiente art�culo 50 de la Convenci�n Europea de Derechos Humanos, el art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana no hace remisi�n al derecho interno, facultando as� a la Corte Interamericana proceder a la fijaci�n de las medidas de reparaci�n con base -aut�nomamente - en la propia Convenci�n Americana y en los principios generales del Derecho Internacional aplicables. Segundo, distintamente del art�culo 50 de la Convenci�n Europea, el art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana no se limita a disponer sobre "satisfacci�n equitativa" (just satisfaction/satisfaction �quitable); la Convenci�n Americana va mas all�, al disponer tanto sobre "justa indemnizaci�n" como medida de reparaci�n, como, asimismo, sobre el deber de garantizar el goce de los derechos protegidos. Tercero, el art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana, al disponer sobre el deber de garantizar, se refiere a los lesionados en sus derechos: entiendo que los "lesionados" son tanto las v�ctimas directas de las violaciones de los derechos humanos como las v�ctimas indirectas (sus familiares y dependientes), que tambi�n sufren las consecuencias de dichas violaciones.

13. Desde sus primeros casos contenciosos en materia de reparaciones (Vel�squez Rodr�guez y God�nez Cruz), la jurisprudencia de la Corte se concentr� sobretodo en el elemento de la "justa indemnizaci�n" como medida de reparaci�n, curiosamente haciendo abstracci�n del deber de garantizar en el presente contexto, igualmente consagrado en el art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana. Es llegado el tiempo de vincular tal deber a la "justa indemnizaci�n", como prescribe el art�culo 63.1. Dicho deber abarca todas las medidas - inclusive legislativas - que deben tomar los Estados Partes para proporcionar a los individuos bajo su jurisdicci�n el pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en la Convenci�n Americana. Por consiguiente, a la luz del dispuesto en el art�culo 63.1, entiendo que la Corte deb�a proceder a la fijaci�n tanto de las indemnizaciones como de otras medidas de reparaci�n resultantes del deber de garantizar el goce de los derechos conculcados. La interpretaci�n que sostengo es la que me parece estar en plena conformidad con el car�cter objetivo de las obligaciones convencionales contra�das por los Estados Partes en la Convenci�n Americana.

14. Por las razones aqu� expuestas, me veo en la imposibilidad de compartir la determinaci�n de la Corte, en el punto resolutivo n. 3, y sus criterios, en los p�rrafos 55-57, de la presente Sentencia, en el sentido de que no se puede considerar la solicitud de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (del 10.05.1996), de proceder, como una de las medidas de reparaci�n no pecuniaria, relativa al recurso de habeas corpus, a la determinaci�n de la compatibilidad o no de las disposiciones pertinentes de la legislaci�n interna colombiana con la Convenci�n Americana, y a la adecuaci�n que sea necesaria de aquellas disposiciones legales a los criterios definidos por la Convenci�n, as� como a la determinaci�n de la tipificaci�n legislativa del delito de desaparici�n forzada de personas.

15. Como esta propia Corte advirti� pertinentemente hace una d�cada, en su octava Opini�n Consultiva,

Es esencial la funci�n que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona , para impedir su desaparici�n o la indeterminaci�n de su lugar de detenci�n , as� como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La eficacia del habeas corpus es un imperativo del deber de prevenci�n como uno de los componentes de la obligaci�n general de garantizar los derechos protegidos (art�culo 1.1 de la Convenci�n), inclusive para evitar que se creen situaciones violatorias de derechos consagrados en la Convenci�n Americana, como la de desaparici�n forzada de personas, que adem�s conllevan a la impunidad de los responsables de los hechos constitutivos de tal delito.

16. La providencia de eficacia del habeas corpus se complementa, en el presente caso, a mi modo de ver, con la otra medida de reparaci�n no pecuniaria, consistente en la tipificaci�n legislativa del delito de desaparici�n forzada de personas, en armon�a con lo dispuesto en la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas de 1994, inclusive como medio de garantizar algunos de los derechos protegidos por la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (tales como el derecho a la vida, art�culo 4, y el derecho a la libertad personal, art�culo 7). La referida tipificaci�n, mencionada por la Corte en el p�rrafo 56 de la presente Sentencia, en mi entender es, m�s que "deseable", necesaria. Encu�ntrase prevista en la mencionada Convenci�n de 1994 (art�culo IV), entre otras obligaciones legislativas (art�culo III), la cual agrega que los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparici�n forzada de personas "s�lo podr�n ser juzgados por las jurisdicciones de derecho com�n competentes en cada Estado, con exclusi�n de toda jurisdicci�n especial, en particular la militar (IX).

17. En la audiencia p�blica del 07 de septiembre de 1996 ante la Corte, el propio Gobierno de Colombia se refiri� claramente a la materia en cuesti�n en dos momentos (inclusive mencionando iniciativas nacionales para la revisi�n de la ley 15 de 1992 sobre el habeas corpus), se�alando que "no existe divergencia" entre �l y la Comisi�n Interamericana respecto al tema del habeas corpus. Adem�s, en su escrito del 26 de julio de 1996, el Gobierno comunic� a la Corte inter alia que se encontraba "adelantando las gestiones tendientes a presentar nuevamente al Congreso" el texto de la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas, as� como "a incorporar el tipo penal en el ordenamiento criminal" interno. No veo, pues, raz�n alguna para que la Corte dejase de considerar la solicitud de la Comisi�n acerca de las medidas de reparaci�n no pecuniaria. En la presente Sentencia sobre reparaciones, la Corte dej� de extraer las consecuencias jur�dicas de su propia determinaci�n de violaci�n del art�culo 1.1 (en relaci�n con los art�culos 7 y 4) de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, a la cual dedic� no menos que cinco p�rrafos en su Sentencia del fondo.

18. En uno de estos p�rrafos, en la referida Sentencia del fondo (del 08.12.1995) en el presente caso Caballero Delgado y Santana, la Corte efectivamente vincul� su determinaci�n del incumplimiento por parte del Estado demandado de la obligaci�n general del art�culo 1.1 de la Convenci�n a las medidas de reparaci�n (p�rrafo 59). Esta no fue la primera vez en que as� procedi�: en casos anteriores, la Corte precis� que el deber general de garantizar los derechos protegidos implica la obligaci�n de los Estados Partes de organizar todas las estructuras del poder p�blico para asegurar jur�dicamente el pleno ejercicio de los derechos protegidos y, por consiguiente, para prevenir, investigar y sancionar todas las violaciones de dichos derechos y, adem�s, buscar la reparaci�n de los da�os producidos por estas violaciones.

19. Establecido, as�, este v�nculo por la propia Corte, su Sentencia del fondo en el presente caso Caballero Delgado y Santana la facultaba, pues, a mi modo de ver, a pronunciarse afirmativamente sobre las referidas medidas de reparaci�n no pecuniaria solicitadas por la Comisi�n, debiendo haberlo hecho en la presente Sentencia sobre reparaciones. En mi entendimiento, aunque se afirme que no hubo violaci�n del art�culo 2 de la Convenci�n, la constataci�n del incumplimiento de la obligaci�n general del art�culo 1.1 es per se suficiente para determinar al Estado Parte la toma de providencias, inclusive de car�cter legislativo, a fin de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicci�n el pleno ejercicio de todos los derechos protegidos por la Convenci�n Americana.

20. Es perfectamente posible proceder a dicha determinaci�n en el presente contexto de reparaci�n de da�os, por cuanto la base normativa del art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana contempla la fijaci�n tanto de las indemnizaciones como de otras medidas de reparaci�n resultantes del deber de garantizar el goce de los derechos conculcados. En el presente dominio de protecci�n, el derecho internacional y el derecho interno se encuentran en constante interacci�n; las medidas nacionales de implementaci�n, particularmente las de car�cter legislativo, se revisten de capital importancia para el futuro de la propia protecci�n internacional de los derechos humanos.

21. Por eso, de la misma forma con que se aprecia el valor de iniciativas concretas en este sentido, no se puede consentir en que, por omisi�n o inacci�n en el plano del derecho interno, lo prescrito en los tratados de derechos humanos en cuanto a las condiciones de ejercicio de los derechos protegidos acabe por reducirse a poco m�s que letra muerta. En �ltima instancia, toda la evoluci�n futura de esta materia, bajo la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, depende hoy en gran parte de una clara comprensi�n del alcance de las obligaciones legislativas de los Estados Partes para proteger derechos individuales, y de la disposici�n (animus) de dar expresi�n concreta al alcance de dichas obligaciones legislativas en el marco de la fijaci�n de las distintas medidas de reparaci�n por violaciones de los derechos humanos protegidos.

Voto Disidente del Juez Antonio Can�ado Trindade, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (Art�culo 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, p�rrs. 11-21.

1.1.2. toda persona sujeta a su jurisdicci�n

161. El art�culo 1.1 de la Convenci�n impone a los Estados Partes la obligaci�n de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n...". La Corte no considera necesario entrar en este momento al an�lisis de lo que significa en esta norma la expresi�n "sujeta a su jurisdicci�n". Ello no es preciso para decidir el presente caso, ya que no ha sido probado que el poder del Estado de Honduras hubiera sido usado para violar los derechos de Francisco Fair�n Garbi y Yolanda Sol�s Corrales; y aunque ha sido probada en el proceso la existencia de una pr�ctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondure�as entre los a�os 1981 y 1984, tampoco ha podido comprobarse que las desapariciones sub examine hayan ocurrido en el marco de esa pr�ctica o sean de otra manera imputables al Estado de Honduras.

Corte I.D.H., Caso Fair�n Garbi y Sol�s Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No. 6, p�rr. 161

1.1.3. ". . . sin discriminaci�n alguna . . . ."

1.1.3.1. �mbito de aplicaci�n; relaci�n con el art�culo 24

53. El art�culo 1.1 de la Convenci�n, que es una norma de car�cter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligaci�n de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades all� reconocidos "sin discriminaci�n alguna". Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convenci�n es per se incompatible con la misma.

54. Por su lado el art�culo 24 de la Convenci�n establece . . . .

Aunque las nociones no son id�nticas y quiz�s la Corte tendr� en el futuro la oportunidad de precisar las diferencias, dicha disposici�n reitera en cierta forma el principio establecido en el art�culo 1.1. En funci�n del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohibe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibici�n de discriminaci�n ampliamente contenida en el art�culo 1.1 respecto de los derechos y garant�as estipulados por la Convenci�n, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, �stos se han comprometido, en virtud de la Convenci�n, a no introducir en su ordenamiento jur�dico regulaciones discriminatorias referentes a la protecci�n de la ley.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 53-54.

8. En general, comparto las razones de la opini�n de la mayor�a sobre los �mbitos diferentes de aplicaci�n que corresponden a los art�culos 1.1 y 24 de la Convenci�n, el primero al establecer y determinar los principios de igualdad y de no discriminaci�n que integran espec�ficamente los derechos consagrados en la misma, el segundo al crear una especie de derecho aut�nomo a la igualdad y a la no discriminaci�n, que opera como criterio de todos los derechos subjetivos, es decir, inclusive de los no fundamentales o no consagrados en la Convenci�n; as� como la conclusi�n de principio de que no toda desigualdad o distinci�n es ileg�tima ni, por ende, discriminatoria, para cuya determinaci�n hay que acudir a criterios m�s o menos objetivos de razonabilidad, proporcionalidad y justicia (v. opini�n ppal., p�rrs. 53 a 59). Sin embargo, para fundamentar de una m�s objetiva y clara la aplicaci�n de conceptos necesariamente indeterminados como los aludidos, me parece �til agregar las siguientes consideraciones aclaratorias:

9. En primer lugar, esa misma diferencia de supuestos y �mbitos de aplicaci�n sugiere la necesidad de establecer si los criterios de igualdad y de no discriminaci�n de la disposici�n gen�rica del art�culo 1.1, son o no los mismos del art�culo 24; porque podr�a argumentarse que no son igualmente importantes los derechos y libertades fundamentales, garantizados directamente por la Convenci�n, y los dem�s derechos subjetivos, librados a la jurisdicci�n interna de cada Estado, por lo que las desigualdades o discriminaciones posibles respecto de unos y otros no revestir�an igual gravedad. Sin embargo, considero que, a pesar de esas diferencias de grado o intensidad entre unos y otros derechos, no hay raz�n v�lida para dar a los conceptos de igualdad y de no discriminaci�n contenidos distintos en un caso y en el otro: en primer lugar, porque la Convenci�n no los defini� de manera diversa, sino que simplemente, en el art�culo 24 del todo no los defini�, lo cual hace suponer que simplemente aludi� al contenido que s� est� definido en el art�culo 1; en segundo, porque el art�culo 24 s� consagra la igualdad y la no discriminaci�n como derechos aut�nomos protegidos por la Convenci�n, lo cual implica que, como tales, son derechos fundamentales garantizados por el Derecho Internacional, lo que hace que ellos mismos est�n calificados por el art�culo 1 y que no haya ninguna justificaci�n para afirmar que no lo est�n con igual extensi�n e intensidad. Dicho de otra manera, los Estados Partes de la Convenci�n, al comprometerse "a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna...", asumieron tambi�n esa obligaci�n en relaci�n con el derecho aut�nomo a la igualdad y no discriminaci�n consagrado por el art�culo 24 de la misma, de manera que no existe ninguna raz�n para suponer que los conceptos de igualdad y de no discriminaci�n de este �ltimo sean menos precisos ni m�s flexibles que los del art�culo 1.

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 8 y 9.

1.1.3.2. igualdad y no discriminaci�n

1.1.3.2.1. general

54. . . . En funci�n del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohibe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibici�n de discriminaci�n ampliamente contenida en el art�culo 1.1 respecto de los derechos y garant�as estipulados por la Convenci�n, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, �stos se han comprometido, en virtud de la Convenci�n, a no introducir en su ordenamiento jur�dico regulaciones discriminatorias referentes a la protecci�n de la ley.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rr. 54.

10. En segundo lugar, parece claro que los conceptos de igualdad y de no discriminaci�n se corresponden mutuamente, como las dos caras de una misma instituci�n: la igualdad es la cara positiva de la no discriminaci�n, la discriminaci�n es la cara negativa de la igualdad, y ambas la expresi�n de un valor jur�dico de igualdad que est� impl�cito en el concepto mismo del Derecho como orden de justicia para el bien com�n. La igualdad penetr� en el Derecho Internacional cuando ya el Derecho Constitucional, donde naci�, hab�a logrado superar el sentido mec�nico original de la "igualdad ante la ley", que postulaba un tratamiento id�ntico para todos en todas las situaciones y que lleg� en su aplicaci�n a merecer el calificativo de "la peor de las injusticias", y sustituirlo por el concepto moderno de la "igualdad jur�dica", entendido como una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonablemente igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, sin discriminaciones arbitrarias y reconociendo que los desiguales merecen un trato desigual. En este sentido, la "igualdad jur�dica" postula un derecho de los hombres a participar del bien com�n en condiciones generales de igualdad, sin discriminaciones, y la no discriminaci�n implica esa misma igualdad jur�dica desde el punto de vista del derecho a no ser tratado con desigualdad, valga decir, a no ser objeto de distinciones, deberes, cargas o limitaciones injustas, irrazonables o arbitrarias. El peso de las desigualdades ha hecho que, por razones hist�ricas, la igualdad jur�dica se defina en el Derecho Internacional a trav�s, fundamentalmente, del concepto de no discriminaci�n.

11. Este concepto de no discriminaci�n se encuentra, si no definido, calificado en la Convenci�n Americana �nicamente en el art�culo 1.1, seg�n el cual . . . .

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 10-11.

1.1.3.2.2. criterios

56. Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminaci�n se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jur�dico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinci�n de trato puede considerarse ofensiva, por s� misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos bas�ndose "en los principios que pueden deducirse de la pr�ctica jur�dica de un gran n�mero de Estados democr�ticos" defini� que s�lo es discriminatoria una distinci�n cuando "carece de justificaci�n objetiva y razonable"[Eur. Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" (merits), judgment of 23rd July 1968, p�g. 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que leg�timamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jur�dico, sin que tales situaciones contrar�en la justicia. Por el contrario, pueden ser un veh�culo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jur�dicamente d�biles. Mal podr�a, por ejemplo, verse una discriminaci�n por raz�n de edad o condici�n social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no est�n en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

57. No habr�, pues, discriminaci�n si una distinci�n de tratamiento est� orientada leg�timamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la raz�n o a la naturaleza de las cosas. De ah� que no pueda afirmarse que exista discriminaci�n en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinci�n parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexi�n entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la raz�n, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, desp�ticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.

58. Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer m�s o menos dif�cil apreciar si se est� o no en presencia de una situaci�n como la descrita en el p�rrafo anterior, es tambi�n cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad del ser humano, es posible apreciar circunstancias en que los imperativos del bien com�n puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las consideraciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la luz de la realidad en que est�n llamados a materializarse y que dejan un cierto margen de apreciaci�n para la expresi�n que deben asumir en cada caso.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 56-58.

12. La formulaci�n literal de ese principio en el texto de la Convenci�n ("sin discriminaci�n alguna", "sem discriminacao alguma", "without any discrimination", "sans distinction aucune" en los textos espa�ol, portugu�s, ingl�s y franc�s), obliga a plantearse la cuesti�n en t�rminos semejantes a los que llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la siguiente argumentaci�n doctrinaria, la que se cita en el p�rrafo 56 de la opini�n de mayor�a y que transcribo:

10. A pesar de la formulaci�n muy general de su versi�n francesa "sans distinction aucune" (sin distinci�n alguna), el art�culo 14 no proh�be toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos. Esta versi�n debe leerse a la luz del texto, m�s restringido, de la versi�n inglesa "without discrimination" (sin discriminaci�n). Adem�s, y sobre todo, se llegar�a a resultados absurdos si se diese al art�culo 14 una interpretaci�n tan amplia como la que su versi�n francesa parece implicar. Se llegar�a as� a considerar contrarias al Convenio cada una de las numerosas disposiciones legales o reglamentarias que no aseguran a todos una completa igualdad de trato en el goce de los derechos y libertades reconocidos. Ahora bien, las autoridades nacionales competentes se ven a menudo frente a situaciones o problemas cuya diversidad reclama soluciones jur�dicas distintas; ciertas desigualdades de derecho, adem�s, no tienden sino a corregir desigualdades de hecho. En consecuencia, la interpretaci�n extensiva arriba citada no puede adoptarse.

Importa, por tanto, buscar los criterios que permitan determinar si una diferencia de trato dada, relativa, por supuesto, al ejercicio de uno de los derechos y libertades reconocidas, contraviene o no el art�culo 14. A este respecto, el Tribunal, siguiendo en la materia los principios que se deducen de la pr�ctica judicial de un gran n�mero de pa�ses democr�ticos, considera que la igualdad de trato queda violada cuando la distinci�n carece de justificaci�n objetiva y razonable. La existencia de una justificaci�n semejante debe apreciarse en relaci�n con la finalidad y los efectos de la medida examinada en atenci�n a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democr�ticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho consagrado por el Convenio no s�lo debe perseguir una finalidad leg�tima: el art�culo 14 se ve tambi�n violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relaci�n de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.

Al indagar si, en un caso determinado, ha habido o no distinci�n arbitraria, el Tribunal no puede ignorar los datos de hecho y de derecho que caractericen la vida de la sociedad en el Estado que, en calidad de Parte Contratante, responde de la medida impugnada. Al proceder as�, no ha de sustituirse a las autoridades nacionales competentes, con olvido del car�cter subsidiario del mecanismo internacional de garant�a colectiva instaurado por el Convenio. Las autoridades nacionales siguen siendo libres de elegir las medidas que estimen apropiadas en las materias regidas por el Convenio. El control del Tribunal no se refiere sino a la conformidad de estas medidas con las exigencias del Convenio. [Eur.Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" (Merits), judgment of 23rd July 1968, p�g. 34].

13. A fin de facilitar una clara diferenciaci�n objetiva entre las discriminaciones arbitrarias, proscritas por la Convenci�n, y las distinciones leg�timas, que pertenecen �ntegramente a la competencia de cada Estado y que no son susceptibles de generar normas incompatibles ni, en su caso, conductas violatorias de los derechos humanos consagrados en la Convenci�n, considero que el concepto de discriminaci�n, cuya definici�n general en la opini�n de mayor�a comparto, debe calificarse en funci�n de tres criterios b�sicos, que llamar� de "razonabilidad", en funci�n de la naturaleza y fin del derecho o instituci�n que califique; de "proporcionalidad", en relaci�n con los principios y valores entra�ados en la totalidad del ordenamiento al que ese derecho o instituci�n pertenezca; y de "adecuaci�n", a las circunstancias - hist�ricas, pol�ticas, econ�micas, culturales, espirituales, ideol�gicas, etc. - de la sociedad en que opera.

14. De acuerdo con el criterio de "razonabilidad", una distinci�n, por alguno de los motivos enumerados en el art�culo 1.1 de la Convenci�n o de los similares implicados en �l, ser�a discriminatoria y, por ende, ileg�tima, cuando fuere contraria a los principios de la recta raz�n, de la justicia y del bien com�n, aplicados razonablemente a la norma o conducta correspondiente, en funci�n de la naturaleza y fines del derecho o instituci�n a que esa norma o conducta se refieren. La calificaci�n de esos criterios de razonabilidad en cada caso concreto, es tarea de determinaci�n que debe hacerse al interpretar y aplicar el derecho, utilizando, eso s�, mecanismos lo m�s objetivos posibles, ajustados a aquellos principios.

15. De acuerdo con el criterio de "proporcionalidad", una distinci�n, a�n siendo razonable en funci�n de la naturaleza y fines del derecho o instituci�n espec�ficos de que se trate, ser�a discriminatoria si no se adec�a a la posici�n l�gica de ese derecho o instituci�n en la unidad de la totalidad del ordenamiento jur�dico correspondiente, es decir, si no encaja arm�nicamente en el sistema de principios y valores que caracterizan objetivamente ese ordenamiento como un todo. De este modo, una distinci�n razonable en materia de concesi�n de la nacionalidad, que podr�a justificarse objetivamente de conformidad con la naturaleza y fines de esa concreta instituci�n, podr�a siempre ser discriminatoria y, por ende, ileg�tima, si, examinada a la luz de los principios y valores de la Convenci�n como un todo, resultara contradictoria con los mismos, como ocurrir�a, por ejemplo, si se fundara en criterios de discriminaci�n racial, porque �stos est�n repudiados de una manera absoluta por el Derecho Internacional.

16. Finalmente, de acuerdo con el criterio de "adecuaci�n", una distinci�n, aun razonable y proporcionada con base en los razonamientos de los dos p�rrafos anteriores, todav�a puede resultar discriminatoria e ileg�tima con vista de las circunstancias relativas -hist�ricas, pol�ticas, econ�micas, sociales, culturales, espirituales, ideol�gicas, etc.- de la concreta sociedad en que las normas o conductas cuestionadas se producen o producen sus efectos. En este sentido es posible que unas determinadas limitaciones o preferencias, por ejemplo, por razones de nivel educativo, razonables, proporcionadas y justificables en una sociedad desarrollada en ese campo, podr�an resultar inaceptables en una con un alto grado de analfabetismo: obviamente, a la luz de los principios democr�ticos no podr�a calificarse igual la exigencia de saber leer y escribir para poder elegir o ser electo, en una sociedad en que la gran mayor�a de la poblaci�n es analfabeta, que en una en que no lo es.

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 12-16.

1.1.3.2.3. margen de apreciaci�n del Estado

58. Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer m�s o menos dif�cil apreciar si se est� o no en presencia de una situaci�n como la descrita en el p�rrafo anterior, es tambi�n cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad del ser humano, es posible apreciar circunstancias en que los imperativos del bien com�n puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las consideraciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la luz de la realidad en que est�n llamados a materializarse y que dejan un cierto margen de apreciaci�n para la expresi�n que deben asumir en cada caso.

59. En esa perspectiva, la Corte reitera el ya expresado se�alamiento seg�n el cual, a los efectos del otorgamiento de la naturalizaci�n, es el Estado que la concede el llamado a apreciar en qu� medida existen y c�mo deben apreciarse las condiciones que garanticen que el aspirante a obtenerla est� efectivamente vinculado con el sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer plenamente. En tal sentido, no puede ponerse en duda la potestad soberana de Costa Rica para resolver sobre los criterios que han de orientar el discernimiento o no de la nacionalidad a los extranjeros que aspiran a obtenerla, ni para establecer ciertas diferencias razonables con base en circunstancias de hecho que, por razones objetivas, aproximen a unos aspirantes m�s que a otros al sistema de valores e intereses de la sociedad costarricense.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 58-59.

61. Menos evidente es la procedencia de la distinci�n que se hace en los p�rrafos 2 y 3 del art�culo 14 del proyecto de reforma, entre los centroamericanos, iberoamericanos y espa�oles seg�n lo sean por nacimiento o naturalizaci�n. En efecto, siendo la nacionalidad un v�nculo que existe por igual en unos y otros, la diferenciaci�n propuesta parece basarse en el lugar de nacimiento y no en la cultura del aspirante a obtener la nacionalidad. Sin embargo, las normas mencionadas podr�an expresar m�s bien un grado de prevenci�n respecto del rigor con el cual los otros Estados hubieran podido conceder su nacionalidad a quienes ahora aspiran a cambiarla por la costarricense y que en consecuencia no constituir�a suficiente garant�a de aproximaci�n a los valores e intereses de la comunidad costarricense, el hecho de haber obtenido previamente la naturalizaci�n espa�ola o de otros pa�ses de Centroam�rica o Iberoam�rica. Ese criterio podr�a quiz�s ser discutido desde puntos de vista que la Corte no entrar� a considerar, aunque resulta m�s dif�cil de comprender si se tienen en cuenta los otros requisitos que tendr�a que cumplir el aspirante seg�n el art�culo 15 del proyecto. Pero no puede concluirse que el proyecto contenga una orientaci�n inequ�vocamente discriminatoria.

62. Esa conclusi�n de la Corte tiene especialmente en cuenta el margen de apreciaci�n reservado al Estado que otorga la nacionalizaci�n sobre los requisitos y conclusiones que deben llenarse para obtenerla. Pero de ning�n modo podr�a verse en ella una aprobaci�n a la tendencia existente en algunas partes a restringir exagerada e injustificadamente el �mbito de ejercicio de los derechos pol�ticos de los naturalizados. La mayor�a de estas hip�tesis, no sometidas por cierto a la consideraci�n de la Corte, constituyen verdaderos casos de discriminaci�n en raz�n del origen o del lugar de nacimiento que crean injustamente dos grupos de distintas jerarqu�as entre nacionales de un mismo pa�s.

63. El proyecto de reforma, dentro de su marcada tendencia restrictiva, introduce tambi�n nuevos requisitos que han de cumplir quienes soliciten naturalizarse. El art�culo 15 propuesto exige entre otras cosas que se demuestre saber "hablar, escribir y leer" el idioma espa�ol y que se rinda "un examen comprensivo acerca de la historia del pa�s y sus valores". Estas exigencias se sit�an, prima facie, dentro de la capacidad de apreciaci�n reservada al Estado otorgante de la nacionalidad, respecto de cu�les han de ser y c�mo deben valorarse las condiciones que garanticen la existencia de v�nculos efectivos y reales que fundamenten la adquisici�n de la nueva nacionalidad. Desde esa perspectiva, no puede considerarse irrazonable e injustificado que se exija demostrar aptitud para la comunicaci�n en la lengua del pa�s, ni tan siquiera, aunque con menor claridad, que se llegue a exigir "hablar, escribir y leer" la misma. Lo mismo puede decirse del "examen comprensivo acerca de la historia del pa�s y sus valores". No obstante, la Corte no puede menos que advertir que, en la pr�ctica, y dado el amplio margen para la evaluaci�n que inevitablemente rodea a pruebas o ex�menes como los requeridos por la reforma, tales procedimientos pueden llegar a ser veh�culo para juicios subjetivos y arbitrarios, y a constituir instrumentos de pol�ticas discriminatorias que, aunque no se desprendan directamente de la ley, podr�an producirse como consecuencia de su aplicaci�n.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 61-63.

4. La forma en que la Corte ha interpretado el art�culo 24 de la Convenci�n (y cabe se�alar que estoy de acuerdo con esa interpretaci�n) lleva, en mi opini�n, a la conclusi�n de que la distinci�n que se pretende establecer es discriminatoria, ya que es desproporcionada y no guarda una relaci�n razonable con los fines estatales que se persiguen con el proyecto de reforma. Al llegar a esta conclusi�n, no estoy negando el derecho que tiene todo Estado Parte en la Convenci�n de adoptar clasificaciones legislativas con base en los v�nculos hist�ricos, culturales, sociales, ling��sticos y pol�ticos que unen a los centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos. Nadie que est� familiarizado con esta regi�n del mundo puede desconocer la validez de esos v�nculos, a pesar de que a veces se llegan a presentar reclamos exagerados en nombre de ellos. Sin embargo, dada esta realidad y las normas que rigen la interpretaci�n y aplicaci�n del art�culo 24 de la Convenci�n, y aun si quisiera cuestionar la sabidur�a de la legislaci�n propuesta, no me queda otra alternativa que reconocer que el que Costa Rica trate a otros centroamericanos y a espa�oles e iberoamericanos de una manera distinta a la forma en que trata a los nacionales de otros pa�ses para fines de naturalizaci�n, no resulta incompatible con la Convenci�n. No obstante, cuando se clasifica de manera distinta a centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos con base en si son nacionales por nacimiento o por naturalizaci�n, me veo obligado a preguntar, aplicando las normas de interpretaci�n adoptadas por la Corte, qu� tan razonable y proporcionada es esa clasificaci�n, teniendo presentes los leg�timos fines estatales que se persiguen con el proyecto de reforma.

Voto Disidente del Juez Thomas Buergenthal, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rr. 4.

17. En primer lugar, concuerdo con la mayor�a en no albergar dudas sobre el derecho soberano del Estado de Costa Rica para conferir o negar a cualquier extranjero el otorgamiento de su nacionalidad, ni, por ende, para imponer condiciones de residencia o domicilio, o de vinculaci�n efectiva y perdurable a la naci�n. En este sentido, no imagino ninguna raz�n v�lida para examinar, mucho menos para objetar, desde el punto de vista de los derechos humanos, las condiciones y plazos generales de domicilio o residencia propuestos, ni tampoco los vigentes. Aunque acaso no est� de m�s decir que los plazos de residencia de la Constituci�n costarricense actual suenan m�s razonables que los propuestos, a la luz de las tendencias universales en materia de derechos humanos; son incluso m�s extensos que los de la gran mayor�a de las constituciones del Continente.

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rr. 17.

1.1.3.3. por motivo de raza 1.1.3.4. por motivo de color 1.1.3.5. por motivo de sexo

64. El cuarto p�rrafo del art�culo 14 del proyecto otorga ciertas consideraciones especiales para la obtenci�n de la nacionalidad a "la mujer extranjera que case con costarricense". En este aspecto, se mantiene la f�rmula de la Constituci�n vigente, que establece la incidencia del matrimonio como determinante en el cambio de la nacionalidad solamente de la mujer y no del var�n. Este criterio o sistema se ha basado en el llamado principio de la unidad familiar, que descansa en dos postulados: por una parte, la conveniencia de que todos los miembros de la familia ostenten la misma nacionalidad y, por la otra, la "potestas" paterna en relaci�n con los hijos menores, por depender �stos normalmente del padre e inclusive la potestad marital que otorga facultades privilegiadas al marido, por ejemplo en lo referente a la autoridad para fijar el domicilio conyugal o para administrar los bienes comunes. De este modo, el privilegio femenino para la obtenci�n de la nacionalidad se presenta como una consecuencia de la desigualdad conyugal.

65. En el primer tercio del presente siglo se inicia un movimiento contra estos principios tradicionales, tanto por el reconocimiento de la capacidad decisiva de la mujer, como por la difusi�n de la igualdad de los sexos dentro del concepto de la no discriminaci�n por raz�n del mismo. Esta evoluci�n, que se puede comprobar con un an�lisis de derecho comparado, encuentra su impulso determinante desde el plano internacional. En el �mbito americano, el 26 de diciembre de 1933, se celebr� el Convenio de Montevideo sobre la Nacionalidad de la Mujer, que en su art�culo 1 estableci�: "No se har� distinci�n alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la legislaci�n ni en la pr�ctica" ["S�ptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo, 3-26 diciembre 1933". En Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936. Washington, Dotaci�n Carnegie para la Paz Internacional, 1938, p�g. 452]. Tambi�n el Convenio sobre Nacionalidad suscrito en la misma fecha, en Montevideo igualmente, determin� en su art�culo 6: "Ni el matrimonio ni su disoluci�n afectan a la nacionalidad de los c�nyuges o de sus hijos" [Ibid., p�g. 454]. Por su parte, la Declaraci�n Americana en su art�culo II estableci�: "Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los deberes y derechos consagrados en esta Declaraci�n sin distinci�n de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna". Estos mismos principios han sido incorporados en el art�culo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas y en el art�culo 3.j ) de la Carta de la OEA.

66. En esa tendencia se inscribe lo dispuesto en el art�culo 17.4 de la Convenci�n, seg�n el cual . . . .

Concordando esta disposici�n con la norma general que establece la igualdad ante la ley, seg�n el art�culo 24, y la prohibici�n de toda discriminaci�n en raz�n de sexo prevista en el art�culo 1.1, puede establecerse que este art�culo 17.4 es la aplicaci�n concreta de tales principios generales al matrimonio.

67. En consecuencia, la Corte interpreta que no se justifica y debe ser considerada como discriminatoria la diferencia que se hace entre los c�nyuges en el p�rrafo 4 del art�culo 14 del proyecto para la obtenci�n de la nacionalidad costarricense en condiciones especiales por raz�n del matrimonio. En este aspecto, sin perjuicio de otras observaciones que se hicieron al texto de la resoluci�n propuesta por los diputados dictaminadores, [cf. supra, p�rrs. nos. 45 et seq.], �sta expresa el principio de igualdad conyugal y, en consecuencia, se adec�a mejor a la Convenci�n. Seg�n ese proyecto tales condiciones ser�an aplicables no s�lo a "la mujer extranjera" sino a toda "persona extranjera" que case con costarricense.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 64-67.

27. He concurrido con la mayor�a, por sus mismas razones, expuestas en los p�rrafos 64 a 67 de la opini�n principal, en la conclusi�n N 5 [No. 5 (a) de esta opini�n separada], de que, tanto la Constituci�n en su texto vigente [art. 14, inc. 5)], como la reforma propuesta [art. 14 inc. 4)] incurren en una discriminaci�n ileg�tima y, por ende, contraria a los art�culos 24 y 17.4 de la Convenci�n, al restringir el privilegio de la llamada naturalizaci�n por matrimonio a la mujer extranjera que case con costarricense, neg�ndosela en id�nticas circunstancias al var�n, sin ninguna justificaci�n aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. En este aspecto, me he limitado a recoger en el voto de mi propia opini�n, el reconocimiento que se hace acertadamente en el p�rrafo 67 de la principal, en el sentido de que la moci�n sustitutiva sugerida por la Comisi�n Dictaminadora, supera satisfactoriamente esa discriminaci�n [conclusi�n No. 5 (b), supra].

28. En cambio, no comparto las razones ni las conclusiones de la opini�n principal relativas o otros aspectos de la regulaci�n que se propone para la naturalizaci�n por matrimonio, tanto en el proyecto de reforma constitucional como en la moci�n sustitutiva objetos de la consulta [arts. 14, inc. 5) Const., inc. 4) proyecto y moci�n]:

CONSTITUCION VIGENTE:

Art�culo 14. Son costarricenses por naturalizaci�n:

. . .

5) La mujer extranjera que al casar con costarricense pierda su nacionalidad o que manifieste su deseo de ser costarricense;

PROYECTO:

Art�culo 14. Son costarricenses por naturalizaci�n:

. . .

4) La mujer extranjera que al casar con costarricense pierda su nacionalidad o que luego de estar casada dos a�os con costarricense y de residir por el mismo per�odo en el pa�s, manifieste su deseo de adquirir nuestra nacionalidad;

29. En resumen, tanto la norma constitucional vigente como la contenida en el proyecto de reforma, aparte de limitar a la mujer el derecho al privilegio de la naturalizaci�n por matrimonio, establecen dos hip�tesis diferentes:

a) la "forzosa", de la mujer extranjera que, al casar con costarricense, pierde su nacionalidad, a la cual en ambos casos se le otorga una naturalizaci�n incondicionada y autom�tica;

b) la "voluntaria", de la mujer extranjera que no pierde su nacionalidad, a la cual ambos textos le confieren una opci�n de naturalizaci�n. En esta hip�tesis, el proyecto de reforma simplemente agrega requisitos nuevos, de dos a�os de matrimonio y de residencia en el pa�s, concurrentemente [v. opini�n principal, p�rr. 44];

30. Sin embargo, en el texto de la moci�n de la Comisi�n Dictaminadora claramente se observa, y las actas confirman que el cambio fue intencional:

a ) Que los citados requisitos adicionales de dos a�os de matrimonio y de residencia en el pa�s, lo mismo que el original de optar por la nacionalidad costarricense, resultar�an aplicables a la que he denominado naturalizaci�n "forzosa" -que ya no lo ser�a-, del c�nyuge extranjero que pierde su nacionalidad, y que por este motivo quedar�a como ap�trida mientras no haya cumplido los plazos citados [v. opini�n principal, p�rrs. 45 a 47];

b ) Que, en virtud de esa misma concurrencia de requisitos, la moci�n elimina totalmente la hip�tesis de la naturalizaci�n "voluntaria", es decir, la del c�nyuge extranjero que no pierde por causa del matrimonio su nacionalidad, el cual entonces quedar�a "desaforado", sometido a los tr�mites y requisitos normales de toda otra naturalizaci�n [v. opini�n principal, p�rr. 48].

31. En esta materia, mi primera disidencia con la mayor�a consiste en que, si bien reconozco que no existe una obligaci�n espec�ficamente exigible del Estado de Costa Rica a otorgar un determinado privilegio para la naturalizaci�n por matrimonio, sin embargo, considero que, al haberla otorgado con la amplitud que lo hace la Constituci�n en su texto actual [v. No. 29, supra], entran en juego una serie de principios sustantivos y de criterios de interpretaci�n que rechazan la posibilidad de restringirla. En este sentido, me remito a lo dicho sobre el car�cter progresivo y la fuerza expansiva de los derechos humanos [supra, No. 3 ss.], en virtud de los cuales resultar�a que el derecho a la nacionalidad, consagrado por el art�culo 20.1 de la Convenci�n, incorpora los contenidos hist�ricos contingentes que el Estado libremente le dio, si no en todos los casos, porque creo que en esta materia los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminaci�n son necesariamente relativos y variables, s� en trat�ndose de la naturalizaci�n por causa de matrimonio, porque en �sta confluyen otros principios de contenido y aun deberes asumidos por los Estados, como los que se establecen en el art�culo 3 de la Convenci�n sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, de 1957, seg�n el cual:

Art�culo 3:

  1. Los Estados contratantes convienen en que una mujer extranjera casada con uno de sus nacionales podr� adquirir, si lo solicita, la nacionalidad del marido, mediante un procedimiento especial de naturalizaci�n privilegiada, con sujeci�n a las limitaciones que puedan imponerse por razones de seguridad y de inter�s p�blico.
  2. Los Estados contratantes convienen en que la presente Convenci�n no podr� interpretarse en el sentido de que afecte a la legislaci�n o a la pr�ctica judicial que permitan a la mujer extranjera de uno de sus nacionales adquirir de pleno derecho, si lo solicita, la nacionalidad del marido.

32. La aplicabilidad de esos principios al caso en estudio se realiza, a mi juicio, al penetrar en la Convenci�n, a trav�s del art�culo 29, como medios de interpretaci�n, no solamente para encauzar los criterios de razonabilidad aplicables a los principios de igualdad y de no discriminaci�n por motivos de sexo o de condici�n social (el matrimonio lo es evidentemente), [arts. 24 y 1.1 Convenci�n Americana; v. supra, No. 8 ss.], sino tambi�n, y finalmente, para enriquecer el contenido mismo de los derechos de protecci�n a la familia del art�culo 17.1 y .2 de la misma, que parecen postular claramente la unidad social y jur�dica del matrimonio, como base de la propia unidad familiar.

33. En consecuencia, mi opini�n disidente, en la hip�tesis dicha, lo es en el sentido de que el privilegio de la naturalizaci�n voluntaria por causa de matrimonio, por lo menos a favor de la mujer, configura ya, en la Constituci�n, un derecho reflejo o inter�s leg�timo, si bien no exigible en s� mismo, positivamente, al menos reclamable mediante la impugnaci�n de lo que lo perjudique o limite sin justificaci�n suficiente, como se me aparece el caso de las reformas propuestas en este extremo, al imponer una nueva restricci�n de dos a�os de matrimonio y residencia para hacer posible la naturalizaci�n, sin que tal restricci�n haya encontrado una fundamentaci�n objetivamente convincente. En este sentido, disiento de la conclusi�n anunciada en el p�rrafo 48 de la opini�n principal, que desemboc� en el voto No. 1 de la mayor�a [v. mi voto No. 6 (b)].

34. Tengo que confesar que detr�s de todo esto se podr�a entrever una cierta aparente contradicci�n: ¿por qu� puedo, por una parte, aceptar como leg�timo que el Estado endurezca condiciones para otorgar la nacionalidad, en general, por ejemplo, aumentando los plazos de residencia exigidos, mientras por otra afirmo un derecho a que no se endurezcan, ni siquiera con el establecimiento de plazos cortos de matrimonio o residencia, las condiciones privilegiadas del c�nyuge extranjero, pierda o no pierda �ste por causa de su matrimonio, su nacionalidad anterior? La verdad es, que aparte de las razones objetivas, y, a mi juicio, claras, que anclan la naturalizaci�n por matrimonio, m�s que en el derecho a la nacionalidad en s�, en el mismo pero visto en funci�n del derecho a la unidad familiar, en definitiva se impone tambi�n, en la mente del juez, una serie de valores y criterios de valor personal, que no son, sin embargo, tan subjetivos como parece, porque est�n vinculados a un acervo cultural compartido. En efecto, no hace falta mayor argumento para declarar, con seguridad de coincidir, que la unidad conyugal es un derecho y un deber fundamentales en nuestras sociedades; que un elemento importante de esa unidad es la igualdad de oportunidades de los c�nyuges, y de esa igualdad su derecho a una misma nacionalidad; y que no es igual la discrecionalidad de que goza el Estado para dar, restringir o negar el privilegio de su nacionalidad a cualquier extranjero, que la obligaci�n, o la casi obligaci�n en que est�, de poner ese status a disposici�n de quien funda con uno de sus naturales una familia, declarada por todos los instrumentos nacionales e internacionales, n�cleo y fundamento de la sociedad.

35. En el caso de las modificaciones propuestas por la Comisi�n Dictaminadora en su moci�n sustitutiva del art�culo 14 inciso 4) del proyecto, se plantea, en primer lugar, una agravaci�n, a mi juicio, claramente irrazonable, desproporcionada y discriminatoria, en da�o del c�nyuge extranjero que por causa del matrimonio pierde su nacionalidad, al que sin una justificaci�n adecuada al perjuicio, se le deja en condici�n de ap�trida, por menos durante los dos a�os de matrimonio y residencia que el proyecto propone. Como dije, el hecho cierto de que esa apatridia no ser�a directamente imputable al Estado de Costa Rica, sino al de la nacionalidad original, no le quita al primero cierta responsabilidad, derivada del compromiso gen�rico que le cae, como miembro de la comunidad internacional, de procurar progresivamente la eliminaci�n de tal "limbo jur�dico", ni, sobre todo, la m�s espec�fica de no agravarlo, retirando la concesi�n que ya otorg�, generosa al principio, pero vinculante despu�s, a favor de quien resulta condenado a ese limbo por el hecho de contraer matrimonio con una costarricense. Nuevamente, la aplicaci�n de los criterios de interpretaci�n principistas y finalistas enunciados atr�s [v. supra, No. 2 ss.], me permite arribar a la conclusi�n de que las modificaciones propuestas son contrarias al derecho a la nacionalidad del art�culo 20.1 de la Convenci�n, en funci�n de los de protecci�n a la familia del art�culo 17.1 y.2 y de los principios de igualdad y de no discriminaci�n de los art�culos 1.1 y 24. En este sentido, formalmente disiento de la conclusi�n anunciada en el p�rrafo 48 de la opini�n principal que se tradujo en general en la conclusi�n No. 1 de la misma [v. mi voto No. 6 (c)].

36. En segundo lugar, la moci�n de la Comisi�n Dictaminadora, al excluir del derecho preferente a la naturalizaci�n por matrimonio, como se dijo, al c�nyuge extranjero que no pierda por causa del mismo su nacionalidad [v. supra, No. 30 (b) y opini�n ppal. p�rr. 47], crear�a a mi juicio una a�n m�s patente discriminaci�n, totalmente injustificada, hija s�lo de la casualidad, en perjuicio de personas que no merecen ninguna calificaci�n diferente desde el punto de vista del otorgamiento de la nacionalidad costarricense, porque es obvio que la preferencia de unas y la posposici�n de las otras no tienen nada que ver con su mayor o menor asimilaci�n a la comunidad nacional, que es, en �ltimo t�rmino, el �nico criterio razonable para fundamentar distinciones leg�timas en esta materia. En este punto, pues, considero que la moci�n s� es discriminatoria e incompatible con los art�culos 20.1, 24 y 1.1 de la Convenci�n. Nuevamente disiento del p�rrafo 48 y de la conclusi�n No. 1 de la opini�n principal [v. mi voto No. 6 (d)].

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 27-36.

1.1.3.6. por motivo de idioma

21. Cosa muy diferente me parece, en disidencia con la opini�n principal, la inclusi�n que el proyecto de reformas hace, en el art�culo 15 de la Constituci�n, de rigurosos requisitos adicionales para obtener la nacionalidad costarricense: concretamente, los de conocer el idioma espa�ol y someterse a un examen comprensivo (sic) acerca de la historia del pa�s y sus valores, requisitos que analizo a continuaci�n a la luz de la interpretaci�n, dada por la mayor�a y desarrollada m�s extensamente por m�, a los principios de igualdad y de no discriminaci�n, en relaci�n con el derecho a la nacionalidad.

22. En lo que dice a la exigencia, que el proyecto de reformas incluye textualmente, de "hablar, leer y escribir el idioma espa�ol", la primera cuesti�n a examinar es la de si esa exigencia no constituye una "discriminaci�n por motivos de...idioma", proscrita expresamente por el art�culo 24 y conforme a los criterios del art�culo 1.1 de la Convenci�n, en el sentido ya expuesto de una "discriminaci�n irrazonable y desproporcionada" conforme a la naturaleza y fin del derecho a la nacionalidad, a su inserci�n en la totalidad del Derecho de la Convenci�n y a las circunstancias de la sociedad en que est� destinada a operar.

23. En principio comparto la inquietud expuesta en el proyecto de reforma constitucional consultado, de que, siendo el espa�ol el idioma oficial del pa�s, es deseable que todos los costarricenses lo conozcan y puedan comunicarse en �l. Sin embargo, la igualdad y la no discriminaci�n no pueden operar en el vac�o ni, por lo tanto, en el abandono de las condiciones concretas de la sociedad en que viven. En este sentido, mi preocupaci�n surge del hecho de que entre los propios naturales del pa�s, hay personas y comunidades importantes que no conocen el idioma espa�ol, o que no lo conocen bien, y que inclusive no lo hablan como lengua nativa: comunidades ind�genas que, aunque peque�as y aisladas, conservan sus lenguas ancestrales y hasta se resisten a aprender o a tener que utilizar la oficial; y una importante comunidad de costarricenses de origen jamaicano, que conservan su lengua y muchos de los cuales tienen al menos dificultades para desenvolverse correctamente en espa�ol. Por cierto que el Estado costarricense, imbu�do de la conveniencia y hasta del deber de preservar las culturas aut�ctonas y los derechos de las minor�as en el pa�s, tiene en curso programas de ense�anza y de promoci�n de la cultura en las lenguas ind�genas, as� como, reconociendo su realidad cultural, ha provisto a tribunales y a oficinas p�blicas con int�rpretes oficiales de esas lenguas nativas o minoritarias.

24. Con todo, no parece irrazonable, ni desproporcionado, ni arbitrario, que se imponga a quien quiere obtener la nacionalidad costarricense un conocimiento del idioma oficial suficiente para comunicarse en �l, sin el cual le ser�a punto menos que imposible convivir, asimilar su cultura y tradici�n, comprender y cumplir sus deberes ciudadanos y legales, ejercer sus derechos, en suma, incorporarse plenamente a la naci�n, conforme a la excelente definici�n constitucional del domicilio como "residencia y vinculaci�n, efectivas y estables, a la comunidad nacional" [art. 15 p�rr. 2 Const.].

25. Lo que s� constituir�a, a mi juicio, una contradicci�n con el Derecho de los Derechos Humanos, y espec�ficamente una discriminaci�n en los t�rminos de la Convenci�n, ser�a que se llevara esa exigencia de lenguaje a los extremos del proyecto consultado: "saber hablar, leer y escribir el idioma espa�ol" [art. 15 proyecto]; porque no es razonable, en funci�n de la naturaleza y fin del instituto de la nacionalidad, tal como se describen en esta y la opini�n principal, limitar ese privilegio por razones de nivel educativo - que poco o nada tiene que ver con la incorporaci�n a la comunidad nacional- ; y porque, adem�s, a la luz del sentido claramente restrictivo y desconfiado que el proyecto confiesa, as� como del ambiente de que ha sido rodeado desde antes de su nacimiento y del contexto mismo de las reformas propuestas, es razonable esperar, en su aplicaci�n previsible y normal, un ejercicio riguroso de criterios acad�micos, instrumentados para reducir la concesi�n de la nacionalidad a personas de alta calidad intelectual y, quiz�s, hasta de una heroica osad�a. En este sentido, disiento de los razonamientos expuestos en el p�rrafo 63 de la opini�n principal.

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 21-25.

1.1.3.7. por motivo de religi�n

1.1.3.8. por motivo de opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole

1.1.3.9. por motivo de origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

1.1.3.9.1. nacionalidad

59. En esa perspectiva, la Corte reitera el ya expresado se�alamiento seg�n el cual, a los efectos del otorgamiento de la naturalizaci�n, es el Estado que la concede el llamado a apreciar en qu� medida existen y c�mo deben apreciarse las condiciones que garanticen que el aspirante a obtenerla est� efectivamente vinculado con el sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer plenamente. En tal sentido, no puede ponerse en duda la potestad soberana de Costa Rica para resolver sobre los criterios que han de orientar el discernimiento o no de la nacionalidad a los extranjeros que aspiran a obtenerla, ni para establecer ciertas diferencias razonables con base en circunstancias de hecho que, por razones objetivas, aproximen a unos aspirantes m�s que a otros al sistema de valores e intereses de la sociedad costarricense.

60. A la luz de los criterios expresados, un caso de distinci�n no discriminatoria ser�a la fijaci�n de requisitos menos exigentes en relaci�n con el tiempo de residencia para la obtenci�n de la nacionalidad costarricense para los centroamericanos, iberoamericanos y espa�oles frente a los dem�s extranjeros. En efecto, no parece contrario a la naturaleza y fines del otorgamiento de la nacionalidad, facilitarla en favor de aquellos que, objetivamente, tienen con los costarricenses lazos hist�ricos, culturales y espirituales mucho m�s estrechos, los cuales hacen presumir su m�s sencilla y r�pida incorporaci�n a la comunidad nacional y su m�s natural identificaci�n con las creencias, valores e instituciones de la tradici�n costarricense, que el Estado tiene el derecho y el deber de preservar.

61. Menos evidente es la procedencia de la distinci�n que se hace en los p�rrafos 2 y 3 del art�culo 14 del proyecto de reforma, entre los centroamericanos, iberoamericanos y espa�oles seg�n lo sean por nacimiento o naturalizaci�n. En efecto, siendo la nacionalidad un v�nculo que existe por igual en unos y otros, la diferenciaci�n propuesta parece basarse en el lugar de nacimiento y no en la cultura del aspirante a obtener la nacionalidad. Sin embargo, las normas mencionadas podr�an expresar m�s bien un grado de prevenci�n respecto del rigor con el cual los otros Estados hubieran podido conceder su nacionalidad a quienes ahora aspiran a cambiarla por la costarricense y que en consecuencia no constituir�a suficiente garant�a de aproximaci�n a los valores e intereses de la comunidad costarricense, el hecho de haber obtenido previamente la naturalizaci�n espa�ola o de otros pa�ses de Centroam�rica o Iberoam�rica. Ese criterio podr�a quiz�s ser discutido desde puntos de vista que la Corte no entrar� a considerar, aunque resulta m�s dif�cil de comprender si se tienen en cuenta los otros requisitos que tendr�a que cumplir el aspirante seg�n el art�culo 15 del proyecto. Pero no puede concluirse que el proyecto contenga una orientaci�n inequ�vocamente discriminatoria.

62. Esa conclusi�n de la Corte tiene especialmente en cuenta el margen de apreciaci�n reservado al Estado que otorga la nacionalizaci�n sobre los requisitos y conclusiones que deben llenarse para obtenerla. Pero de ning�n modo podr�a verse en ella una aprobaci�n a la tendencia existente en algunas partes a restringir exagerada e injustificadamente el �mbito de ejercicio de los derechos pol�ticos de los naturalizados. La mayor�a de estas hip�tesis, no sometidas por cierto a la consideraci�n de la Corte, constituyen verdaderos casos de discriminaci�n en raz�n del origen o del lugar de nacimiento que crean injustamente dos grupos de distintas jerarqu�as entre nacionales de un mismo pa�s.

63. El proyecto de reforma, dentro de su marcada tendencia restrictiva, introduce tambi�n nuevos requisitos que han de cumplir quienes soliciten naturalizarse. El art�culo 15 propuesto exige entre otras cosas que se demuestre saber "hablar, escribir y leer" el idioma espa�ol y que se rinda "un examen comprensivo acerca de la historia del pa�s y sus valores". Estas exigencias se sit�an, prima facie, dentro de la capacidad de apreciaci�n reservada al Estado otorgante de la nacionalidad, respecto de cu�les han de ser y c�mo deben valorarse las condiciones que garanticen la existencia de v�nculos efectivos y reales que fundamenten la adquisici�n de la nueva nacionalidad. Desde esa perspectiva, no puede considerarse irrazonable e injustificado que se exija demostrar aptitud para la comunicaci�n en la lengua del pa�s, ni tan siquiera, aunque con menor claridad, que se llegue a exigir "hablar, escribir y leer" la misma. Lo mismo puede decirse del "examen comprensivo acerca de la historia del pa�s y sus valores". No obstante, la Corte no puede menos que advertir que, en la pr�ctica, y dado el amplio margen para la evaluaci�n que inevitablemente rodea a pruebas o ex�menes como los requeridos por la reforma, tales procedimientos pueden llegar a ser veh�culo para juicios subjetivos y arbitrarios, y a constituir instrumentos de pol�ticas discriminatorias que, aunque no se desprendan directamente de la ley, podr�an producirse como consecuencia de su aplicaci�n.

Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 59-63.

2. La interpretaci�n que motiva mi disidencia se refiere a la conclusi�n de la Corte de que los art�culos 14.2 y 14.3 del proyecto de reforma a la Constituci�n Pol�tica, son compatibles con la Convenci�n. Soy de la opini�n de que el proyecto de reforma, de llegar a adoptarse, violar�a el art�culo 24 de la Convenci�n debido a que establecer�a una distinci�n discriminatoria entre los centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos que ostentan esas nacionalidades por nacimiento y aqu�llos que las han adquirido por naturalizaci�n.

3. En mi opini�n, los art�culos 14.2 y 14.3 del proyecto de reforma a la Constituci�n ser�an compatibles con la Convenci�n si se redactaran de la siguiente manera:

Art�culo 14

2. Los nacionales de otros pa�ses de Centroam�rica, espa�oles e iberoamericanos, sea por nacimiento o por naturalizaci�n, con cinco a�os de residencia oficial en el pa�s y que cumplan con los dem�s requisitos que fije la ley;

3. Todos los dem�s extranjeros que hayan residido oficialmente por un t�rmino m�nimo de siete a�os y que cumplan con los dem�s requisitos que fije la ley;

4. La forma en que la Corte ha interpretado el art�culo 24 de la Convenci�n (y cabe se�alar que estoy de acuerdo con esa interpretaci�n) lleva, en mi opini�n, a la conclusi�n de que la distinci�n que se pretende establecer es discriminatoria, ya que es desproporcionada y no guarda una relaci�n razonable con los fines estatales que se persiguen con el proyecto de reforma. Al llegar a esta conclusi�n, no estoy negando el derecho que tiene todo Estado Parte en la Convenci�n de adoptar clasificaciones legislativas con base en los v�nculos hist�ricos, culturales, sociales, ling��sticos y pol�ticos que unen a los centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos. Nadie que est� familiarizado con esta regi�n del mundo puede desconocer la validez de esos v�nculos, a pesar de que a veces se llegan a presentar reclamos exagerados en nombre de ellos. Sin embargo, dada esta realidad y las normas que rigen la interpretaci�n y aplicaci�n del art�culo 24 de la Convenci�n, y aun si quisiera cuestionar la sabidur�a de la legislaci�n propuesta, no me queda otra alternativa que reconocer que el que Costa Rica trate a otros centroamericanos y a espa�oles e iberoamericanos de una manera distinta a la forma en que trata a los nacionales de otros pa�ses para fines de naturalizaci�n, no resulta incompatible con la Convenci�n. No obstante, cuando se clasifica de manera distinta a centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos con base en si son nacionales por nacimiento o por naturalizaci�n, me veo obligado a preguntar, aplicando las normas de interpretaci�n adoptadas por la Corte, qu� tan razonable y proporcionada es esa clasificaci�n, teniendo presentes los leg�timos fines estatales que se persiguen con el proyecto de reforma.

5. Al responder a esta pregunta, cabe se�alar que el art�culo 15 del proyecto de reforma a la constituci�n exige que toda persona que solicite la nacionalidad costarricense demuestre que sabe hablar, escribir y leer el idioma espa�ol. Tambi�n tendr�a que tomar un examen comprensivo acerca de la historia del pa�s y de los valores que Costa Rica enaltece. Por otro lado, nadie que tenga una nacionalidad de origen distinta puede adquirir legalmente por naturalizaci�n la nacionalidad de ning�n pa�s centroamericano, ni iberoamericano, ni de Espa�a, a menos que haya residido en esos pa�ses durante un lapso considerable que por lo general abarca entre tres y siete a�os. Si a este plazo agregamos el requisito de cinco a�os de residencia en Costa Rica que estipula el art�culo 14.2 de la legislaci�n propuesta, tendr�amos que los centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos por naturalizaci�n no podr�an adquirir la nacionalidad costarricense en menos de ocho a�os, y en la mayor�a de los casos en un tiempo mucho m�s largo, a�n si se les diera un trato exactamente igual al que contempla el art�culo 14.2 para los ciudadanos de esos pa�ses por nacimiento.

6. ¿Qu� leg�timo fin estatal se logra al exigir que estos centroamericanos, espa�oles e iberoamericanos naturalizados esperen dos a�os m�s que sus compatriotas? Podr�a arg�irse que estas personas pudieron haber adquirido su anterior nacionalidad en forma fraudulenta. Esto es cierto. Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional Costa Rica no est� obligada a reconocer una nacionalidad que no est� fundamentada en v�nculos verdaderos y efectivos entre el individuo y el Estado que la otorga. Adem�s, la posibilidad de que un peque�o porcentaje de solicitantes actuara en forma deshonesta, dif�cilmente podr�a considerarse un motivo justificado para castigar a la gran mayor�a de extranjeros honrados. Tambi�n podr�a arg�irse que los dos a�os adicionales son necesarios para que estas personas hablen mejor el idioma espa�ol o adquieran mayores conocimientos de la historia, cultura y forma de vida costarricenses. Esto tambi�n es cierto, pero el art�culo 15 de este mismo proyecto de reforma a la Constituci�n se ocupa ya de este aspecto; ah� se requiere que el Gobierno de Costa Rica logre ese fin de una manera m�s racional y menos desproporcionadamente perjudicial, a trav�s de ex�menes destinados a medir lo que cada individuo sabe acerca de Costa Rica, en vez de dar por sentada la ignorancia de todos.

7. Por el motivo expuesto, he llegado a la conclusi�n de que la distinci�n hecha en el art�culo 14 del proyecto de reforma a la Constituci�n entre nacionales por nacimiento y nacionales por naturalizaci�n, no guarda una relaci�n razonable con los fines estatales que se persiguen con el proyecto de legislaci�n si �ste se examina en conjunto, como tiene que examinarse, y que, por lo tanto, no es compatible con el art�culo 24 de la Convenci�n.

8. Al llegar a esta conclusi�n, no quiero que se piense que sostengo que los art�culos 14 o 15 de la actual Constituci�n de Costa Rica violan la Convenci�n. En primer lugar, este punto no ha sido sometido a la Corte. En segundo lugar, las disposiciones de la Constituci�n vigente establecen, por ejemplo, per�odos de residencia mucho m�s cortos - tan s�lo un a�o para los centroamericanos y dos a�os para los espa�oles e iberoamericanos por nacimiento- y no contienen requisito alguno respecto de ex�menes de idioma u otros. Es as� que bien podr�a considerarse que la distinci�n que la actual ley hace entre nacionales por nacimiento y nacionales por naturalizaci�n guarda una relaci�n mucho m�s razonable con los fines estatales que se persiguen que la legislaci�n propuesta.

Voto Disidente del Juez Thomas Buergenthal, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 2-8.

17. En primer lugar, concuerdo con la mayor�a en no albergar dudas sobre el derecho soberano del Estado de Costa Rica para conferir o negar a cualquier extranjero el otorgamiento de su nacionalidad, ni, por ende, para imponer condiciones de residencia o domicilio, o de vinculaci�n efectiva y perdurable a la naci�n. En este sentido, no imagino ninguna raz�n v�lida para examinar, mucho menos para objetar, desde el punto de vista de los derechos humanos, las condiciones y plazos generales de domicilio o residencia propuestos, ni tampoco los vigentes. Aunque acaso no est� de m�s decir que los plazos de residencia de la Constituci�n costarricense actual suenan m�s razonables que los propuestos, a la luz de las tendencias universales en materia de derechos humanos; son incluso m�s extensos que los de la gran mayor�a de las constituciones del Continente.

18. En segundo lugar, tambi�n concuerdo con la mayor�a en que no pueden calificarse de ileg�timas las desigualdades o distinciones resultantes, tanto de la Constituci�n actual [art. 14, incs. 2), 3) y 4)], como de las reformas propuestas [art. 14, incs. 2) y 3)], al fijar plazos de privilegio para la naturalizaci�n de los centroamericanos, iberoamericanos y espa�oles, en relaci�n con los establecidos para los dem�s extranjeros. Porque, como se dice en el p�rrafo 61 de la opini�n principal, parece claro que es conforme con la naturaleza y fines del otorgamiento de la nacionalidad, facilitarla en favor de aquellos que objetivamente tienen con los costarricenses, lazos hist�ricos, culturales y espirituales mucho m�s estrechos, los cuales hacen presumir su m�s sencilla y r�pida incorporaci�n a la comunidad nacional y su m�s natural identificaci�n con las creencias, valores e instituciones de la tradici�n costarricense, que el Estado tiene el derecho y el deber de preservar.

19. Por la misma raz�n, comparto asimismo la consideraci�n de que es razonable y leg�tima la distinci�n que se hace entre los centroamericanos, iberoamericanos y espa�oles de origen y los naturalizados, pero no la reticencia de la mayor�a reflejada en el p�rrafo 61 de la misma opini�n principal, porque cabe, a mi juicio, suponer que, en general, la incorporaci�n e identificaci�n de los naturales de naciones hermanas en la historia, la cultura, el lenguaje, la religi�n, las tradiciones, las instituciones y los defectos mismos, habr� de producirse de manera m�s espont�nea y natural. Esto puede no ser tan cierto para otros pa�ses y comunidades, pero en el caso de la centroamericana y de la m�s amplia iberoamericana, incluyendo a Espa�a, es una realidad hist�rica permanente y tangible, lo m�s cercano imaginable a una sola naci�n y a una sola nacionalidad separada pero no dividida por circunstancias contingentes. Reconocer jur�dicamente esa comunidad, es tan leg�timo como otorgar la nacionalidad a los hijos de los nacionales nacidos en el extranjero, porque en ambos casos la identidad nacional les viene de cuna: ¡ "lo que natura no da, Salamanca no lo presta"; como reza el refr�n espa�ol decantado por una tradici�n secular!

20. Sin embargo, quiz�s no estar�a de m�s consignar una inquietud complementaria: la de que, en aras de un ajuste m�s cabal del ordenamiento costarricense a la naturaleza y fines de la nacionalidad, ser�a deseable que se dejara a la legislaci�n ordinaria la posibilidad de prever excepciones a la rigidez del sistema, que se hicieran cargo de circunstancias especiales, como podr�an ser, por ejemplo, las de extranjeros naturalizados en aquellos pa�ses desde su ni�ez o residentes desde su ni�ez en ellos, los cuales debe suponerse que han asimilado la cultura y los valores de su comunidad pr�cticamente con igual intensidad que los naturales.

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 17-20.

1.1.3.9.2. nivel educativo

24. Con todo, no parece irrazonable, ni desproporcionado, ni arbitrario, que se imponga a quien quiere obtener la nacionalidad costarricense un conocimiento del idioma oficial suficiente para comunicarse en �l, sin el cual le ser�a punto menos que imposible convivir, asimilar su cultura y tradici�n, comprender y cumplir sus deberes ciudadanos y legales, ejercer sus derechos, en suma, incorporarse plenamente a la naci�n, conforme a la excelente definici�n constitucional del domicilio como "residencia y vinculaci�n, efectivas y estables, a la comunidad nacional" [art. 15 p�rr. 2 Const.].

25. Lo que s� constituir�a, a mi juicio, una contradicci�n con el Derecho de los Derechos Humanos, y espec�ficamente una discriminaci�n en los t�rminos de la Convenci�n, ser�a que se llevara esa exigencia de lenguaje a los extremos del proyecto consultado: "saber hablar, leer y escribir el idioma espa�ol" [art. 15 proyecto]; porque no es razonable, en funci�n de la naturaleza y fin del instituto de la nacionalidad, tal como se describen en esta y la opini�n principal, limitar ese privilegio por razones de nivel educativo - que poco o nada tiene que ver con la incorporaci�n a la comunidad nacional- ; y porque, adem�s, a la luz del sentido claramente restrictivo y desconfiado que el proyecto confiesa, as� como del ambiente de que ha sido rodeado desde antes de su nacimiento y del contexto mismo de las reformas propuestas, es razonable esperar, en su aplicaci�n previsible y normal, un ejercicio riguroso de criterios acad�micos, instrumentados para reducir la concesi�n de la nacionalidad a personas de alta calidad intelectual y, quiz�s, hasta de una heroica osad�a. En este sentido, disiento de los razonamientos expuestos en el p�rrafo 63 de la opini�n principal.

26. Similares razones, relativas, tanto a la norma en s�, como a su aplicaci�n previsible y normal, me llevan a expresar, en disidencia tambi�n con las razones de la mayor�a, en el mismo p�rrafo 63 de la opini�n principal, que la proposici�n contenida en el proyecto de exigir, como condici�n para el otorgamiento de la naturalizaci�n, la presentaci�n de un "examen comprensivo sobre la historia del pa�s y sus valores", me resulta irrazonable y desproporcionada y, por ende, discriminatoria en el sentido prohibido por la Convenci�n. El recuerdo de pr�cticas semejantes para el otorgamiento del voto en los Estados Unidos (conocer la Constituci�n), que permitieron por a�os la exclusi�n de los negros del Sur, pr�cticas que finalmente la Corte Suprema de Justicia de ese pa�s declar� inconstitucionales, por discriminatorias, me releva de mayor comentario.

Voto Separado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Corte I.D.H., Propuesta de Modificaci�n a la Constituci�n Pol�tica de Costa Rica relacionada con la Naturalizaci�n, Opini�n Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4, p�rrs. 24-26.

1.1.3.10. posici�n econ�mica

22. La parte final del art�culo 1.1 prohibe al Estado discriminar por diversas razones, entre ellas la posici�n econ�mica. El sentido de la expresi�n discriminaci�n que menciona el art�culo 24 debe ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el art�culo 1.1. Si una persona que busca la protecci�n de la ley para hacer valer los derechos que la Convenci�n le garantiza, encuentra que su posici�n econ�mica (en este caso, su indigencia) le impide hacerlo porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posici�n econ�mica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley.

23. La protecci�n de la ley la constituyen, b�sicamente, los recursos que �sta dispone para la protecci�n de los derechos garantizados por la Convenci�n, los cuales, a la luz de la obligaci�n positiva que el art�culo 1.1 contempla para los Estados de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a trav�s de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder p�blico, de manera tal que sean capaces de asegurar jur�dicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, p�rr. 166; Caso God�nez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, p�rr. 175).

Corte I.D.H., Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), Opini�n Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, p�rrs. 22-23.

1.1.3.11. nacimiento o cualquier otra condici�n social