INFORME No.90/90 - CASO 9893

URUGUAY

3 de octubre de l990

 

ANTECEDENTES:

1.   El 18 de febrero de l987, los reclamantes, el "Movimiento Vanguardia Nacional de Jubilados y Pensionistas" del Uruguay, formularon una denuncia ante esta Comisi�n contra el Gobierno de Uruguay que, en resumen, manifiesta lo siguiente:

a.        Que el Art�culo 67 de la Constituci�n uruguaya establece el deber del Estado a "retiros adecuados" para jubilados y pensionistas; y que los Art�culos 7 y 8 de dicha Constituci�n consagran los derechos a garant�as fundamentales de vida, libertad, trabajo y propiedad y de igualdad ante la ley. 

b.       Que en dicho pa�s el r�gimen de movilidad de las prestaciones del seguro social est� regulado por el Art�culo 73 del Acto Institucional No. 9 en los siguientes t�rminos: "Fac�ltase al Poder Ejecutivo a establecer �ndices diferentes as� como diferenciales al igual que adelantos a cuenta del ajuste anual, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades ec�nomicas de la Rep�blica, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario". 

c.        Que el decreto l93/86 que estableci� los aumentos para el a�o l986 lo realiz� seg�n escalas discriminatorias y contrarias al texto del precitado Art�culo 73:  para alg�n sector de pasivos los aumentos fueron superiores al Indice Medio de Salarios (IMS) correspondiente al a�o anterior, o sea superiores al 107.7% en que se estableci� tal �ndice, pero para la inmensa mayor�a de los pasivos, los aumentos dispuestos fueron muy inferiores a ese 107.7%, rebaj�ndoseles a porcentajes de hasta el 38%.  Se alega que el citado decreto supuso la incursi�n en evidente exceso de las potestades reglamentarias atribuidas al Poder Ejecutivo, al fijar �ndices discriminatorios, y viol� la norma citada al no ajustar todas las asignaciones de jubilaci�n y de pensi�n en base al Indice Medio de Salarios. 

d.       Que, a consecuencia de ese decreto, miles y miles de pasivos que no percibieron el ajuste seg�n el IMS, interpusieron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el recurso de revocaci�n, a fin de que se les liquidaran los ajustes conforme al citado Indice.

e.        Que el tema pas� a ser tema prioritario a nivel del Parlamento, donde se present� un proyecto de ley interpretativa del Art�culo 73 del Acto Institucional No. 9, mediante el cual se pretendi� clarificar debidamente el alcance de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para fijar �ndices diferentes as� como diferenciales. 

Discrecionalidad que se entendi�, por ese proyecto, pod�a ejercerse en guarismos superiores siempre al �ndice salarial (IMS), pero jam�s en guarismos inferiores al mismo.  El proyecto fue aprobado en ambas C�maras legislativas, por mayor�a absoluta de las mismas, pero el mismo fue observado en su totalidad por el Poder Ejecutivo, devolvi�ndolo a la Asamblea General.  No obstante esta clara mayor�a en favor del proyecto, de acuerdo al texto constitucional se necesitan 3/5 de votos de la Asamblea General, es decir, 78 votos, para rechazar las observaciones del Poder Ejecutivo.  Faltaron s�lo 3 votos para alcanzar este n�mero y a su consecuencia el proyecto qued� desechado. 

f.         Que el Poder Ejecutivo se comprometi� a modificar el decreto No. 193/86 de 7 de abril de l986, mediante otro en virtud del cual se fij� un aumento general del 85%, lo que as� ocurri�.  Pero este nuevo decreto --el No. 358/86 de 9 de julio de l986-- no satisfizo de modo alguno a la mayor�a del Parlamento.  El Poder Ejecutivo inform� entonces a la Asamblea General que se compromet�a a dictar un decreto nuevo otorgando a todos los pasivos, como m�nimo, el 107.7%  (IMS). 

g.       Que la finalidad de actualizaciones es que con periodicidad se vayan reajustando las pasividades a fin de que no se erosionen por la inflaci�n, posibilit�ndole a los integrantes de las clases pasivas mantener, en lo posible, su poder adquisitivo.  En el a�o l986 no hubo actualizaci�n, salvo para las inferiores a N$ 13.50l, se les di� un adelanto de N$ 2.000, y a los comprendidos entre N$ 13.50l y N$ 17.655, se les otorg� N$ l.500.  Ello con una inflaci�n anual (para el a�o l986) que alcanz� un porcentaje final del 70.6%. 

h.       Que ante este tratamiento inhumano dado por el Poder Ejecutivo a las clases pasivas durante todo el a�o l986 y respecto del cual lamentablemente no se puede ocurrir ante jueces o tribunales, es que fundan, esencialmente, la denuncia. 

i.         Que a criterio de los peticionantes los �nicos habitantes de la Rep�blica, con derechos adquiridos seg�n la normativa legal interna, que no son considerados con igual criterio, son los integrantes de las clases pasivas, agraviada por el tratamiento desigual que les da el Poder Ejecutivo.  Y de ello, alegan, son v�ctimas m�s de 600.000 personas, o sea un 20% de la poblaci�n, cuando ya est�n transitando la etapa de declinaci�n en la vida, sin perspectiva alguna de recomenzar toda forma de esfuerzo. 

j.         Que fundan la presente denuncia en los siguientes instrumentos jur�dicos que obligan al Gobierno del Uruguay y que configuran una violaci�n, entre otros, de los derechos de igualdad ante la ley, a la seguridad social y el de propiedad:

A.  Art�culos 7, 8 y 67 de la Constituci�n de la Rep�blica;

B.  Art�culo 73 del Acto Institucional No. 9, con la redacci�n dada por el Art�culo 11 del Acto Institucional No. 13 (con jerarqu�a de ley ordinaria) en forma especial, y en tales actos en general;

C.  Decretos del Poder Ejecutivo Nos. 193/986 de 7 de abril de l986; 358/986 de 9 de julio de l986 y 383/986 de 23 de julio de l986;

D.  Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas y, en especial, los Art�culos 7, l7 y 22;

E.  Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA y, en especial, los Art�culos II, XVI y XXIII;

F.  Pacto de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y Pacto de Derechos Civiles y Pol�ticos de la misma organizaci�n (Art�culo 26);

G.  Convenci�n Americana de Derechos Humanos, especialmente su Art�culo 24, y

H.  Convenio No. 128 de la OIT, relativo a "Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes".

2.  Por nota del 20 de abril de l987, esta Comisi�n solicit� informaci�n al Gobierno de Uruguay, de conformidad al Art�culo 37 del Reglamento de la Comisi�n.

3.  En fecha 21 de julio de l987, los reclamantes remitieron copias de dos sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo en las cuales se anulan, con validez exclusiva para esos casos concretos, el decreto del Poder Ejecutivo 137/85 del 5 de diciembre de l985 que aumentaba los importes de pasividades en un porcentaje inferior al �ndice salarial.  Se�alaban los peticionantes que el criterio del Tribunal "coincide en definitiva con los reclamantes de esta denuncia, en el sentido de darle al �ndice salarial las caracter�sticas de un tope que no se puede abatir".

4.  Por nota del 21 de agosto de l987, la Comisi�n reiter� el pedido de informaciones al Gobierno del Uruguay.

5.  Por nota del 15 de enero de l988, la Comisi�n volvi� a reiterar al Gobierno del Uruguay el pedido de informaci�n y le apercibi� de la posible aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento.

6.  El 11 de febrero de l988, el Gobierno del Uruguay solicit� pr�rroga de sesenta d�as para proporcionar la informaci�n solicitada, lo cual le fue concedido por nota de la Comisi�n del 18 de febrero de l988.

7.  El 14 de abril de l988, el Gobierno del Uruguay volvi� a solicitar nueva pr�rroga de sesenta d�as, la cual le fue otorgada nuevamente por esta Comisi�n por nota del 25 de abril de l988.

8.  En comunicaci�n del 24 de junio de l988, el Gobierno del Uruguay remiti� su respuesta, la que se resume a continuaci�n: 

a.       Que el reclamo sustancial de la denuncia ya ha sido resuelto al presente por v�a legal, contempl�ndose expresamente la posici�n de los reclamante en el sentido de que los ajustes por jubilaci�n, pensi�n y pensi�n a la vejez se efectuar�n al 1o. de abril de cada a�o en funci�n del Indice Medio de Salarios verificado en el a�o inmediato anterior, quedando el Poder Ejecutivo facultado a otorgar aumentos superiores a los que resulten de la aplicaci�n de dicho Indice (Art. 1o. de la Ley No. 15.900, de 21 de octubre de l987). 

b.       Que la reclamaci�n es infundada, habida cuenta que las pol�ticas del Gobierno en materia de trabajo y seguridad social, m�s all� de las discrepancias naturales en un r�gimen democr�tico, han apuntado y apuntan a la promoci�n y defensa reales y efectivas de los derechos de los menos privilegiados, adecuada a las posibilidades econ�micas del pa�s.  En consecuencia, ninguna obligaci�n internacional result� violada. 

c.        Que, sin perjuicio de lo expresado anteriormente, se se�ala no se dio el agotamiento de los recursos de jurisdicci�n interna, requisito de admisibilidad de la petici�n o comunicaci�n (Conv. Americana, art. 46, lits. a) y b)).  En efecto, el ordenamiento jur�dico interno consagra el derecho de los administrados a recurrir contra los actos administrativos contrarios a una regla de derecho o dictados con desviaci�n de poder (Constituci�n, arts. 309, 3l7 y 3l9).  Agotada la v�a administrativa, queda expedida la acci�n de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, �rgano de jerarqu�a constitucional, de naturaleza jurisdiccional, independiente de todo otro Poder del Estado, que controla la regularidad jur�dica de los actos administrativos y que aprecia el acto cuestionado en s� mismo, pudiendo confirmarlo o anularlo, sin reformarlo (Constituci�n, art. 3l0). 

d.       Que si bien los denunciantes se�alan en su escrito "que miles de pasivos que no percibieron el ajuste que a su juicio correspond�a, interpusieron ante el Poder Ejecutivo  (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) el recurso de revocaci�n", omitieron consignar qu� pas� con estos procedimientos, quedando claro que no se agot� esta v�a interna de necesaria y previa interposici�n. 

e.        Que el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo  (Sentencia No. 132, de 15 de junio de l987) recogi� la misma tesis que sustentan los denunciantes y anul� un decreto anterior, el 137/85, de id�ntica naturaleza y contenido al cuestionado en la presente denuncia, entendiendo que el Poder Ejecutivo carec�a de facultades legales para apartarse del Indice Medio de Salarios para revaluar en menos de ese indicador las pasividades a ajustar.  Se demuestra as� palmariamente que en la especie no s�lo no se agotaron los recursos de la jurisdicci�n interna, sino que en esta instancia se solucion� cabalmente la cuesti�n que motiv� la denuncia. 

f.         Que, por las razones esbozadas, el Gobierno de la Rep�blica solicita se declare la improcedencia de la denuncia, mand�ndose archivar el expediente.

9.  Por nota del 28 de junio de l988, la Comisi�n transmiti� la respuesta del Gobierno del Uruguay a los reclamantes.

10. En fecha 3l de agosto de l988, los reclamantes presentaron observaciones a la respuesta del Gobierno uruguayo, cuyo contenido se resume a continuaci�n:

a.        Que la respuesta del Gobierno del Uruguay reconoce que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, recogi� la tesis sostenida por los denunciantes y expresa que anul� un decreto anterior, el 137/85, de id�ntica naturaleza y contenido al cuestionado en la presente denuncia, entendiendo que el Poder Ejecutivo carec�a de facultades legales para apartarse del Indice Medio de Salarios, para revaluar en menos de ese indicador las pasividades a ajustar  (Sentencia No. 132 de 15/6/87). 

b.       Que, sin embargo, ese decreto no fue anulado con car�cter general, sino solamente para los casos individuales y concretos sobre los cuales el Tribunal, a instancia de parte, se pronunci�.  El decreto continu� y contin�a rigiendo para casi cien mil personas, pues los accionantes que continuaron sus juicios hasta obtener sentencia, fueron apenas 80. 

c.        Que por el efecto multiplicador de las sucesivas revaluaciones se acrecienta la desigualdad, ya que los litigantes obtuvieron una base distinta a partir de 1985, a�n en el caso de sueldos id�nticos e id�ntica cantidad de a�os de servicio.  A modo de ejemplo, presentaron el siguiente c�lculo a fin de ilustrar mejor a esta Comisi�n: 

Los que vieron retaceados sus haberes en aquella oportunidad en base al incremento resultante en el integro de abril de l985, en la suma de N$ 1.000, en las revaluaciones sucesivas, han visto que ese perjuicio original se ha acrecentado en la forma que pasamos a esquematizar a v�a de ejemplo. 

abril/85  perjuicio original:  N$1.000.

abril/86  N$1.000+107.7% de la revaluaci�n de ese a�o = N$1.000+N$1.077 = 2.077.

abril/87  N$2.077+77.72 de dicha revaluaci�n = N$2.077+N$1.614.24 = N$3.691.24

abril/87  N$3.691.24+66.94% de la revaluaci�n correspondiente a ese a�o = N$ 3.691.24 + N$2.470.9l = 6.l62.15.

Es decir, que esos N$1.000 iniciales que tomamos como ejemplo por el efecto acumulativo de las revaluaciones posteriores, a abril/88, ya significaba que a ese pasivo se le hab�a disminuido su integro jubilatorio en N$6.l62.l5.  Esta cifra base a la que llegamos en el ejemplo, se ir�  haciendo mayor cada a�o y a�n en caso de muerte del titular, se seguir� haciendo sentir ese perjuicio (ocasionado por un decreto antijur�dico e ilegal) lesionando al n�cleo familiar al que presuntamente se pretende amparar, mediante el instituto de la pensi�n que se concede a la viuda e hijos menores o incapacitados en caso de fallecimiento del titular.

d.       Que la Ley 15.900 s�lo rige para el futuro y parcialmente enmend� la revaluaci�n de l986, pero no tuvo ni tiene efecto alguno para la revaluaci�n de l985, que se continu� rigiendo por el decreto l37/85, pues la anulaci�n del Tribunal de lo Contencioso no tuvo efectos generales y absolutos. 

e.        Que la desigualdad permanece entre dos grupos de jubilados y pensionistas: los que reclamaron y los que no reclamaron, manteniendo los efectos de un decreto, el 137/85. 

f.         Que el n�mero de pensionistas (sin incluir a los Pensionistas a la Vejez) es a junio de l988 de 192,292 pensionistas que tienen una asignaci�n mensual promedio de N$11.564.  Es de hacer notar que el salario m�nimo nacional fijado en la suma de N$29.000 nom., que no contempla las necesidades m�nimas de subsistencia y es casi 3 veces mayor que la asignaci�n promedial de los pensionistas.  Iguales argumentos pueden esgrimirse para demostrar cu�l es la situaci�n de los jubilados del pa�s. 

g.       Que solicitan que se interceda ante el Gobierno uruguayo, a fin de que restablezca la igualdad jur�dica que �l mismo quebrant� por dos veces m�s en una actitud similar.  Estos dos �ltimos intentos, revaluaci�n del 86 y revaluaci�n del 87, han sido subsanados durante el transcurso del tiempo que media entre la interposici�n de la denuncia y el momento actual. 

h.       Que seg�n manifestaciones en el Parlamento del Representante Nacional, el Diputado Dr. Carlos Cassina, son unos pocos afiliados del Banco de Previsi�n Social los que oportunamente recurrieron el decreto 137/85 de abril de l985 que dispone la revaluaci�n de pasividades, y pocos lo hicieron "porque la mayor�a carece del asesoramiento t�cnico necesario y de la posibilidad de acudir a los �rganos de Justicia.  El sector m�s pobre, m�s desvalido, el que cuenta con menores recursos para subsistir y a�n para defenderse y recurrir jur�dicamente, fue el perjudicado.  Sector integrado por personas de edad, enfermos con limitaciones de todo tipo y dispersos en los distintos  puntos de la rep�blica, algunos muy distantes de los centros que podr�an prestarles una asistencia jur�dica adecuada".  Esa es la poblaci�n de los jubilados y pensionistas lesionados por esa revaluaci�n que fij� un decreto ilegal y que dispuso s�lo de diez (10) d�as corridos, donde se cuentan los s�bados, domingos y feriados, para defenderse de esa agresi�n que le infer�a el gobierno democr�tico reci�n instalado. 

i.         Que el Art�culo 24 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley y, en consecuencia, tiene derecho, sin discriminaci�n, a igual protecci�n de la ley.  Por el Art�culo 1, los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos reconocidos en la Convenci�n, y a garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n.  Y de acuerdo con el Art�culo 2, los Estados se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta Convenci�n las medidas legislativas o de otro car�cter, que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  Y consideran que Gobierno de Uruguay tiene la obligaci�n de ajustar su conducta de acuerdo con lo establecido por el Art�culo 2 de la Convenci�n y corregir as� la discriminaci�n de que son objeto. 

11. Por nota del 4 de octubre de l988, la Comisi�n transmiti� al Gobierno uruguayo las observaciones del reclamante.

12. Por nota del 28 de octubre de l988, el Gobierno uruguayo solicit� una pr�rroga de 30 d�as para contestar a las observaciones de los reclamantes.

13. El 2 de diciembre de l988, el Gobierno uruguayo present� sus observaciones a las de los reclamantes, que en resumen expresa cuando sigue: 

a.        Que no se han interpuesto ni agotado los recursos internos, lo cual se comprueba con las observaciones contenidas en el segundo escrito de los reclamantes al aceptarse que algunas personas recurrieron al decreto del Poder Ejecutivo de la Rep�blica que motiva el reclamo y otras, la mayor�a, no lo hicieron --no habiendo estado impedidos de verificarlo por traba alguna de hecho o de derecho imputables al Gobierno del Uruguay.  Los recursos de la jurisdicci�n interna estuvieron abiertos y expeditos a todos los habitantes de la Rep�blica, sin exclusi�n alguna. 

b.       Que por imperio de lo dispuesto por los Art�culos 46.1.a. y 47 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, la petici�n en an�lisis es inadmisible ya que quienes recurrieron ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, �rgano jurisdiccional a cuyo cargo est� el control de la regularidad jur�dica de todos los actos administrativos, vieron satisfecha su pretensi�n y la Administraci�n deber� proceder en cumplimiento de dichos fallos a aplicar retroactivamente el reajuste de las jubilaciones y/o prestaciones de retiro en cuesti�n, en funci�n de un determinado �ndice de incremento (Indice Medio de Salarios del a�o anterior al respectivo reajuste). 

c.        Que quienes no interpusieron ni agotaron los recursos de la jurisdicci�n interna, no pueden ahora, ni en forma individual ni colectivamente, reclamar en una instancia internacional como lo es la de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, en contravenci�n a las premencionadas disposiciones de la Convenci�n, declarativas, por otra parte, de principios de Derecho Internacional firmemente establecidos. 

d.       Que "no son en absoluto de recibo, asimismo, las pretensas razones que se esbozan en forma indirecta para obviar el no agotamiento de los recursos internos" cuando los reclamantes mencionaron la intervenci�n del Diputado, Dr. Carlos Cassina, en el sentido de que "la mayor�a de los titulares de pasividades afectados por la medida de un reajuste diferenciado menor de sus prestaciones, no la recurrieron por falta de asesoramiento y de la posibilidad de acceder a los �rganos de Justicia".  Alega el Gobierno que "la sola menci�n de estas circunstancias, �nicas alegadas sobre nuestra observaci�n de no agotamiento de los recursos internos, demuestra su total irrelevancia jur�dica, y no significa otra cosa que una t�cita aceptaci�n de la falta del referido requisito". 

e.        Que, en cuanto al fondo de la cuesti�n, "no obstante lo expuesto anteriormente sobre la inadmisibilidad formal de la denuncia, lo que entendemos releva a nuestro Gobierno de mayores desarrollos sobre el fondo de la misma" reitera que el reclamo inicialmente invocado --reajuste diferenciado de las pasividades-- ha sido zanjado por v�a legal, resolvi�ndose que los ajustes por jubilaci�n, pensi�n y pensi�n a la vejez se efectuar�n al 1ro. de abril de cada a�o en funci�n del Indice Medio de Salarios que se verifique en el a�o inmediato anterior, quedando la Administraci�n facultada a otorgar aumentos superiores a los que resulten de la aplicaci�n de dicho �ndice.  Alega el Gobierno que se contempla as� expresamente el reclamo contenido en la primera comunicaci�n del presente caso y se�ala que los reclamantes pretenden ahora mudar su denuncia y centrarla en la existencia de una desigualdad de hecho, en cuanto al monto de las remuneraciones entre distintas pasividades, creada a partir del Decreto 137/85 y por la aplicaci�n de las sentencias del Tribunal Contencioso-Administrativo y de las disposiciones de la precitada Ley No. 15.900.

f.         Que, haciendo abstracci�n hipot�tica de su inadmisibilidad formal, no se puede calificar de violatoria de derechos humanos una pol�tica de seguridad social, que m�s all� de l�gicos cuestionamientos y de su acierto o error, pretende la promoci�n y defensa real y efectiva de los derechos de las clases pasivas, debiendo atender para ello, en forma racional, las posibilidades econ�mico-financieras de la Rep�blica.  As�, lo que se hizo por decretos dictados en los a�os 1985, 1986 y 1987 fue aumentar en mayor medida, por �ndices diferentes, las jubilaciones de menor monto y dar un incremento menor a las de mayor cuant�a.  El Poder Ejecutivo, procediendo de esta manera no s�lo entendi� que actuaba legalmente autorizado, sino que lo hac�a por razones de justicia, incrementando en forma diferenciada retribuciones de distinto monto, no afect�ndose la igualdad de tratamiento, ya que no se vulnera este principio en tanto se regule en forma racional y equitativamente diferentes situaciones dis�miles. 

g.       Que, asimismo, rechaza el Gobierno uruguayo que se hayan violado los Art�culos II (Derecho de igualdad ante la ley), XVI (Derecho a la Seguridad Social) y XXIII (Derecho de propiedad) de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 24 de la Convenci�n Americana  (Igualdad ante la ley).  No se ha afectado el principio de la igualdad ante la ley, no se ha menoscabado en modo alguno el derecho a la seguridad social y tampoco se ha violado el derecho de propiedad de los pasivos afectados por la medida cuestionada. 

h.       Que se pone a conocimiento de la Comisi�n que la financiaci�n de este r�gimen es particularmente gravosa y dif�cil para el erario p�blico, por la circunstancia que, por la especial composici�n social y demogr�fica del pa�s, la relaci�n activos-pasivos no llega a ser de dos activos por un pasivo, pauta el agudo problema que se padece en la materia, que limita grandemente una adecuada soluci�n de esta cuesti�n. 

i.         Que las cifras de afectados por aplicaci�n de un �ndice diferencial menor en el a�o l985 seg�n los denunciantes son inexactas.  Seg�n el Banco de Previsi�n Social afectar�a a aproximadamente cincuenta mil pasivos en un total de cuatrocientos cincuenta y siete mil, tambi�n en cifras aproximadas. 

j.         Que la soluci�n de esta cuesti�n se est� tratando a nivel de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, constituyendo una cuesti�n abierta y a�n pendiente de soluci�n, la que depender� en todo caso de los recursos disponibles, siendo en �ltimo an�lisis, el desarrollo progresivo de la econom�a y la mejora sustancial de esta la que podr� poner t�rmino en forma satisfactoria el tema en debate.

CONSIDERACIONES:

14. En su primera comunicaci�n, los peticionantes denuncian al Gobierno del Uruguay, fundamentalmente, de quebrantar el principio de igualdad ante la ley, por la promulgaci�n del decreto No. l93/86 que reajust�, para el a�o l986, los montos de las pasividades de jubilados y pensionistas en base a �ndices inferiores al Indice Medio de Salarios (IMS), creando discriminaciones injustificadas entre sus beneficiarios.  Para un sector, los aumentos fueron superiores al IMS del a�o anterior (107.7%), mientras que para la mayor�a fueron inferiores a dicho �ndice.

15. En una segunda comunicaci�n, los reclamantes, a modo de aportar elementos de juicio sobre el fondo de su reclamaci�n, acompa�aron copias de las sentencias del Tribunal Contencioso-Administrativo que anula los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo decreto 137/85 que sean inferiores al �ndice salarial para el a�o en cuesti�n.  La Comisi�n observa que esta acci�n no fue incoada por los peticionantes ante la Comisi�n y como la decisi�n tiene efectos particulares al caso concreto no favorece a los reclamantes en esta denuncia; asimismo cabe precisar que la decisi�n judicial se refiere al decreto 137/85, mientras que los denunciantes impugnan el decreto l93/86.

16. El 24 de junio de l988, el Gobierno del Uruguay inform� a la Comisi�n, a casi un a�o y medio de la denuncia original, que a la fecha el objeto de la reclamaci�n estaba satisfecho, en virtud de la nueva Ley No. 15.900 del 21 de octubre de l987 que dispone que los ajustes por jubilaci�n, pensi�n y pensi�n a la vejez se efectuar�n en funci�n al �ndice IMS del a�o inmediato anterior, quedando el Poder Ejecutivo facultado a otorgar aumentos superiores a los que resulten de la aplicaci�n de dicho �ndice.  Al mismo tiempo, el Gobierno del Uruguay se�ala la inadmisibilidad de la petici�n en virtud de que los reclamantes no han satisfecho el requisito del agotamiento de los recursos internos previsto por el Art�culo 46.l a y b de la Convenci�n.

Se se�ala que no se agot� la v�a interna de los recursos administrativos (en virtud de los Art�culos 309, 3l7 y 3l9 de la Constituci�n uruguaya) ni tampoco la v�a contencioso-administrativa prevista por el Art�culo 3l0 de la Constituci�n.  Al respecto, el Gobierno ofrece como evidencia de ello, el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo que recogi� la tesis de los reclamantes y anul� un decreto anterior, el 137/85, de id�ntica naturaleza y contenido al cuestionado en la presente denuncia, el No. 193/86.

17. Corresponde precisar si subsiste la materia o fondo de la reclamaci�n.  En sus observaciones a la respuesta del Gobierno, los reclamantes conceden que, con la Ley No. 15.900 del 21 de octubre de l987, el motivo de su queja ha quedado subsanado con respecto a las revaluaciones del a�o l986 y en adelante.  Por consiguiente, los peticionantes dejaron de sentirse agraviados por el decreto 193/86, objeto original de la denuncia, pero que mantienen la queja --por el mismo fundamento-- contra el decreto 137/85, que afecta la revaluaci�n correspondiente al a�o l985.  La Comisi�n observa que se ha verificado un desplazamiento del acto impugnado, del decreto l93/86 al decreto 137/85.  Sin embargo, dados el id�ntico objeto y efecto de ambos decretos salvo los diferentes a�os afectados, la materia de la queja subsiste: el establecimiento de revaluaciones por debajo del �ndice salarial IMS que violar�an el principio de igualdad ante la ley.

18. La Comisi�n debe decidir sobre la admisibilidad de la denuncia.  La denuncia re�ne los siguientes requisitos formales: 

a.        Conforme al Art�culo 44 de la Convenci�n, se trata de una petici�n de un grupo de personas que denuncian la violaci�n de la Convenci�n por un Estado Parte; 

b.       De acuerdo con el Art�culo 46.l.c y d de la Convenci�n, los peticionantes han proporcionado la informaci�n requerida y la materia de la petici�n no est� pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional.

19. El Art�culo 46.l a y b de la Convenci�n y los Art�culos 37.l y 38 del Reglamento de la Comisi�n requieren el agotamiento de los recursos internos y que la denuncia se haya efectuado dentro de los seis meses, a partir de que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisi�n definitiva.  En el escrito de denuncia original los peticionantes alegaron que "miles y miles de pasivos que no percibieron el ajuste seg�n el Indice Medio de Salarios, interpusieron ante el Poder Ejecutivo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) el recurso de revocaci�n".  Sin embargo, la Comisi�n observa que nunca suministraron una copia de la decisi�n final sobre dicho recurso.  Sin embargo, en otra parte del mismo escrito, los peticionantes se contradicen al afirmar "ante este tratamiento inhumano dado por el Poder Ejecutivo a las clases pasivas durante todo el a�o l986 y respecto del cual lamentablemente no se puede ocurrir ante jueces o tribunales".  Por otra parte, la Comisi�n constata que dicha afirmaci�n ha quedado desvirtuada con la presentaci�n --por los propios reclamantes-- de la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo que anul� los efectos del decreto 137/85 para los 80 jubilados y pensionistas que interpusieron los recursos de la jurisdicci�n interna.

20. La Convenci�n y el Reglamento de la Comisi�n condiciona la admisibilidad de la petici�n a: "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci�n interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos" (Art�culos 46.1.a y 37.1, respectivamente.  Los reclamantes no han acreditado este extremo y con los fallos del Tribunal Contencioso-Administrativo, que hizo lugar en la jurisdicci�n interna a una reclamaci�n similar a la de los peticionantes, se demuestra que exist�an recursos internos id�neos que podr�an remediar la situaci�n denunciada.

21. Sin embargo, tanto la Convenci�n como el Reglamento de la Comisi�n, contemplan excepciones a la regla mencionada.  El Art�culo 46.2 de la Convenci�n establece que el requisito del agotamiento de recursos internos no se aplicar� cuando: 

a.        no exista en la legislaci�n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci�n del derecho o derechos que se alega han sido violados; 

b.       no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci�n interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c.        haya retardo injustificado en la decisi�n sobre los mencionados recursos.

El Art�culo 37 del Reglamento de la Comnisi�n, a su vez, adem�s de repetir esta regla, agrega en su inciso 3, que:

Cuando el peticionario afirme la imposibilidad de comprobar el requisito se�alado en este Art�culo, corresponder� al Gobierno, en contra del cual se dirige la petici�n, demostrar a la Comisi�n que los recursos internos no han sido previamente agotados, a menos que ello se deduzca claramente de los antecedentes contenidos en la petici�n.

22.    En el caso bajo consideraci�n los reclamantes no demostraron ni invocaron ninguna de las excepciones mencionadas.  La Comisi�n considera que la vaga referencia de los reclamantes a la falta de asesoramiento y de recursos de la mayor�a de los peticionantes, per se, sin articularla y demostrarla como una excepci�n espec�fica, si bien son moralmente atendibles, no tendr�an la virtualidad jur�dica de abrogar claras disposiciones de una Convenci�n.  No se podr�a concluir que "no exista en la legislaci�n" uruguaya un recurso efectivo; que a los lesionados "no se haya permitido acceso a los recursos" o "haya sido impedido de agotarlos"; ni que haya habido "retardo injustificado en la decisi�n sobre los mencionados recursos".  En suma, no es imputable al Estado denunciado, ni por acci�n ni por omisi�n, el no haberse impugnado en su oportunidad el acto del cual se agravian los reclamantes.

23.  No obstante, la Comisi�n no puede dejar de considerar las dimensiones morales del problema dada las circunstancias especiales del caso, v.g., la calidad, condici�n social y econ�mica, y n�mero de los afectados por una situaci�n f�ctica de desigualdad.  Se trata de un considerable sector social, particularmente sensible y econ�micamente d�bil al que la sociedad le debe especial protecci�n.  Asimismo, debe atenderse las implicaciones pr�cticas que significar�a para los recurrentes como para los tribunales, la presentaci�n de las demandas de 100,000 o 54,000 jubilados y pensionistas, seg�n se est� a las cifras de los reclamantes o del Gobierno, respectivamente.  Por tanto, la Comisi�n no puede dejar de ponderar estas especiales circunstancias en este informe.

24.  Por otra parte, cabe apuntar que si bien es cierto que en el escrito original de denuncia se impugnaban las evaluaciones de l986 en adelante, no es menos cierto que en el segundo escrito (de observaciones), los reclamantes se�alaron que la Ley 15.900 --aprobada con posterioridad a la denuncia-- no abarcaba los reajustes correspondientes al a�o l985, que se seguir�an rigiendo por el decreto 137/85 y que por el efecto multiplicador de las sucesivas revaluaciones se acrecienta la desigualdad, pues se partir�a de bases distintas desde l985, a pesar de tratarse de sueldos id�nticos y de la misma cantidad de a�os de servicio.  Dicha diferencia seguir� siendo mayor cada a�o e incluso en caso de muerte del titular se trasladar� a los herederos.  En consecuencia, no es exacto concluir que la situaci�n denunciada, o sea el fondo de la cuesti�n, ha sido satisfecha, puesto que sigue existiendo una situaci�n parcial de desigualdad, correspondiente al reajuste del a�o l985.

25.  Haciendo abstracci�n de la cuesti�n de admisibilidad formal, la posici�n del Gobierno de que la reclamaci�n ha sido satisfecha, implica una admisi�n de la justicia de la reclamaci�n.  La Comisi�n comparte el criterio --que esbozan tanto los peticionantes como el Gobierno en la Ley 15.900-- de que no se pueden establecer revaluaciones de pasividades que sean inferiores a un �ndice com�n, en este caso el Indice Medio de Salarios, sin crear discriminaciones que violar�an el principio de igualdad ante la ley que consagra el Art�culo 24 de la Convenci�n.

26.  Paralelamente, esta Comisi�n toma nota con satisfacci�n de las medidas adoptadas por el Estado uruguayo, a trav�s de sus diferentes poderes, con el objeto de ir remediando progresivamente la situaci�n denunciada originalmente, ya por el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo y posteriormente por la aprobaci�n de la Ley 15.900 que abarca hasta los reajustes de l986, pero no los correspondientes a l985.  No escapa a la Comisi�n que la cuesti�n involucra complejos aspectos de pol�tica econ�mica y financiera, de respeto de la competencia espec�fica de los poderes del Estado as� como procesos de decisi�n pol�tica que tienen su din�mica propia.  La Comisi�n toma especial nota de lo alegado por el Gobierno respecto de que por la "muy especial composici�n social y demogr�fica del pa�s, la relaci�n activos-pasivos no llega a ser de dos activos por un pasivo" con lo cual "se limita grandemente una adecuada soluci�n de esta cuesti�n" en t�rminos de su financiaci�n por el fisco.

27.  La Comisi�n entiende que el Gobierno uruguayo admite que a�n se puede arribar a una satisfacci�n completa de la reclamaci�n, cuando afirma que: "la soluci�n de esta cuesti�n se est� tratando a nivel de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, constituyendo una cuesti�n abierta y a�n pendiente de soluci�n, la que depender� en todo caso de los recursos disponibles, siendo en �ltimo an�lisis, el desarrollo progresivo de la econom�a y la mejora sustancial de �sta la que podr� poner t�rmino en forma satisfactoria el tema en debate".  Siendo as� y atendiendo a lo preceptuado en el Art�culo 42 de la Convenci�n, como as� tambi�n en el Art�culo 62 de su Reglamento se encuentra oportuno requerir al Gobierno del Uruguay incorpore, en el informe anual a que ellos aluden, un cap�tulo especial atinente a la materia objeto de este caso.

En atenci�n a las consideraciones precedentes,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

1.  Declara que la petici�n a que se contrae el Caso 9893, del Movimiento Vanguardia Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, es formalmente inadmisible por cuanto no se agotaron los recursos disponibles en la jurisdicci�n interna, de conformidad con lo dispuesto en el Art�culo 46.1.a. de la Convenci�n y 37 del Reglamento de la Comisi�n.

2.  Expresa la satisfacci�n de la Comisi�n por la sanci�n de la Ley 15.900 del 21 de octubre de l987, mientras esta denuncia estaba en tr�mite, que dispuso la fijaci�n de los ajustes para jubilados y pensionados, correspondiente a los a�os l986 y en adelante, en funci�n al Indice Medio de Salarios (IMS).  

3.  Recomienda al Gobierno del Uruguay que, en atenci�n a razones de orden moral y de justicia social y a sus manifestaciones de que la presente es "una cuesti�n abierta y a�n pendiente de soluci�n", en la medida de las disponibilidades econ�mico-financieras del Estado, considere la adopci�n de medidas legislativas o de otro car�cter, que deroguen el decreto 137/85 y sus efectos, haciendo posible la equiparaci�n de los reajustes de pasividades correspondientes al a�o l985 en funci�n al Indice Medio de Salarios a todos los jubilados y pensionados, y su correspondiente actualizaci�n en los montos que perciben al presente; y en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el Art�culo 42 de la Convenci�n, incorpore un cap�tulo atinente a la materia del caso en el informe anual a que se refiere dicho Art�culo, a fin de posibilitar su seguimiento por parte de la Comisi�n.

4.  Comunicar este informe al Gobierno del Uruguay y a los reclamantes, conforme al Art�culo 42 y ordena su publicaci�n en el Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General de la Organizaci�n.