INFORME No. 22/90 - CASO 9881

PERU

 

ANTECEDENTES:

1.   Con fecha 18 de febrero de 1987, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

Benjam�n Lapa Le�n, Juli�n Huaylla Lapa, M�ximo Infante Ccajapoma, Dionisio Huaraca Vargas, Paulino Huaraca Vargas y Asunto Huam�n Pe�a, desaparecieron despu�s de haber sido detenidos por los militares.

Seg�n las informaciones recibidas los seis hombres fueron arrestados el 4 de febrero de 1987, en Iquicha, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, por tropas militares de la base de Jano en Huanta.  Tambi�n se inform� que el arresto tuvo lugar mientras los seis hombres participaban en la inauguraci�n de los nuevos edificios de la escuela comunal en Iquicha.  Las autoridades desconocen esas detenciones y no se sabe el paradero de esas personas.

Los familiares denunciaron esas detenciones al Fiscal Regional.

2.  Mediante nota del 5 de marzo de 1987 la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3.  Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de las notas dirigidas a dicho Gobierno con fechas 11 de enero de 1988, 7 de junio de 1988, 22 de febrero de 1989 y 8 de septiembre de 1989, en las cuales se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

1.  Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2.  Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3.  Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los  hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4.  Que el Art�culo 1, inciso 1, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

l.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5.  Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 18 de febrero de 1987 relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior desaparici�n de Benjam�n Lapa Le�n, Juli�n Huaylla Lapa, M�ximo Infante Ccajapoma, Dionisio Huaraga Vargas, Paulino Huaraga Vargas y Asunto Huam�n Pe�a, ocurrida en Iquicha, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, el 4 de febrero de 1987.

2.  Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales  (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos).