INFORME No. 21/90 - CASO 9878

PERU

 

ANTECEDENTES:

1.   Con fecha 5 de febrero de 1987, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

Gloria Marta Tineo Garc�a, de Accoro, Provincia de Huamanga, fue detenida en su casa de habitaci�n en presencia de su familia por un oficial y tres soldados el 3 de enero de 1987.  Sus familiares informaron de esta detenci�n al Fiscal de la regi�n, quien requiri� informaci�n de las Fuerzas Armadas, pero hasta la fecha no le han dado contestaci�n.

Pelayo Arotoma Cacnahuaray, fue detenido por tropas del Distrito de Huancaraylla, Provincia de V�ctor Fajardo, el 16 de enero de 1987.  Sus familiares no han obtenido informaci�n de las autoridades y se desconoce su paradero.

2.  Mediante nota del 5 de marzo de 1987 la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3.  Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de las notas dirigidas a dicho Gobierno con fechas 11 de enero de 1988, 7 de junio de 1988, 17 de febrero de 1989 y 8 de septiembre de 1989, en las cuales se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

l.  Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2.  Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3.        Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4.  Que el Art�culo 1, inciso l, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discrimi- naci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5.  Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

l.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 5 de febrero de 1987 relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior desaparici�n de Gloria Marta Tineo Garc�a, ocurrida en la localidad de Accoro, Provincia de Huamanga, el 3 de enero de 1987, y de Pelayo Arotoma Cacnahuaray, ocurrida en el Distrito de Huancaraylla, Provincia de V�ctor Fajardo, el 16 de enero de 1987.

2.  Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales  (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos).

3.  Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabilidad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m�ximo de 60 d�as.

4.  Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.

5.  Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

6.  Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir� este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.