INFORME No. 16/90 - CASO 9816

PERU

 

ANTECEDENTES:

1.   Con fecha 24 de octubre de 1986, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� las siguientes denuncias:

Estamos muy preocupados por la seguridad de estas personas que han desaparecido con posterioridad a su alegada detenci�n por fuerzas de seguridad en las provincias de Huanta, La Mar y Vilcashuam�n, del Departamento de Ayacucho.

El 23 de septiembre de 1986, en la localidad de Cangar�, Provincia de Huanta fueron detenidos, Jorge Herminio Mina, Rudencio S�nchez Vald�s y Amancio Degadillo, por fuerzas combinadas del ej�rcitoy la polic�a y se supone est�n detenidos en las barracas de Castro Pampa.

El 9 de octubre de 1986, en la Provincia de Huanta fue detenido Cirilo Quiqu�n Casaico, por fuerzas del ej�rcitoen Quinrapa y se encuentra en las barracas de Castro Pampa.

El 10 de octubre de 1986 en San Francisco, Provincia de La Mar fueron detenidos Teodosio Anaya Valenzuela y Antonio Carnera S�nchez, por fuerzas del ej�rcito.  Se supone que ellos se encuentran en la base militar de Manchente.

Tambi�n nos encontramos preocupados por la "desaparici�n" de Antonio Teodoro Llampasi Cerda, detenido por el ej�rcito el 9 de octubre de 1986, en Ccantollo, Distrito Concepci�n, Vilcashuam�n y se supone se encuentran en las barracas de Los Cabitos.

Ninguno de ellos ha reaparecido.

2.   Mediante nota del 29 de octubre de l986, la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3.   Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de las notas dirigidas a dicho Gobierno con fechas 13 de enero de 1987, 18 de febrero de 1988, 7 de junio de 1988, 17 de febrero de 1989 y 7 de septiembre de 1989, en las cuales se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

1.   Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2.   Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3.   Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4.  Que el Art�culo 1, inciso l, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5.  Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos,  y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

l.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 24 de octubre de 1986 relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior desaparici�n de:  Jorge Herminio Mina, Rudencio S�nchez Vald�s y Amancio Degadillo, el 23 de septiembre de 1986, en la localidad de Cangar�, Provincia de Huanta; Cirilo Quiqu�n Casaico, el 9 de octubre de 1986 en Quinrapa, Provincia de Huanta; Teodosio Anaya Valenzuela y Antonio Carnera S�nchez, el 10 de octubre de 1986 en San Francisco, Provincia de La Mar y Antonio Teodoro Llampasi Cerda, el 9 de octubre de 1986 en Ccantollo, Distrito Concepci�n, Vilcashuam�n.

2.  Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos).

3.  Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabilidad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m�ximo de 60 d�as.

4.  Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.

5.  Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

6.  Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir  este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.