INFORME No. 85/90 - CASO 10.470

PERU

 

VISTOS los antecedentes obrantes en el caso a saber:

1.   La denuncia recibida por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de septiembre de 1989, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuaci�n:

El d�a 14 de agosto efectivos del Ej�rcito realizaron una incursi�n al caser�o de Ishanga, llegando al poblado vali�ndose de veh�culos, tanto terrestres como a�reos (utilizaron helic�pteros para trasladar a los detenidos).  Alrededor de las 3 de la tarde se iniciaron las detenciones.  Asimismo, efectuaron saqueos a las viviendas, llev�ndose motocicletas, generadores de corriente el�ctrica y otros.  La siguiente es la relaci�n de detenidos desaparecidos:

1. Bocanegra Espinoza, Vicente Profesor, 25 a�os
2. Sol�s Zorrilla, Carlos Augusto Agricultor, 23 a�os
3. Sajami Pizango, Mike Agricultor, 23 a�os
4. Alejandro, Nixon Agricultor, 23 a�os  
5. Alvarado Ru�z, Santiago  Agricultor, 27 a�os
6. Quispe Paredes, Miguel  Agricultor, 25 a�os  
7. Tuanama Pel�ez, Rainer Agricultor, 25 a�os  
8. Bisarres Tadeo, Leonardo Agricultor, 25 a�os
9. Camacho Sabolla, Pablo Agricultor, 22 a�os
10. Pinedo Collazos Diva Luis Estudiante, 15 a�os  

2.  La Comisi�n, mediante nota del 10 de octubre de 1989  inici� la tramitaci�n del caso y solicit� al Gobierno del Per� la informaci�n pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicaci�n, as� como cualquier elemento de juicio que permitiera apreciar si en el caso objeto de la solicitud se hab�an agotado los recursos de la jurisdicci�n interna, concedi�ndosele el plazo de 90 d�as para dar respuesta a dicho pedido.

3.  En fecha 7 de marzo de 1990, la Comisi�n reiter� al Gobierno del Per� su solicitud de informaci�n, mencionando que de no recibirse dicha informaci�n en un plazo de 30 d�as, la Comisi�n entrar�a a considerar la posible aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento, el cual establece la presunci�n de los hechos relatados en la denuncia, toda vez que el Gobierno aludido no suministre la informaci�n correspondiente dentro del plazo se�alado por la Comisi�n.

4.  La Comisi�n reiter� al Gobierno de Per�, el 12 de abril de 1990, su pedido de informaci�n sobre la desaparici�n de Vicente Bocanegra Espinoza, Carlos Augusto Sol�s Zorrilla, Mike Sajami Pizango, Nixon Alejandro, Santiago Alvarado Ruiz, Miguel Quispe Paredes, Rainer Tuanama Pel�ez, Leonardo Bisarres Tadeo, Pablo Camacho Sabolla y Diva Luis Pinedo Collazos  bajo apercibimiento de la aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento.

CONSIDERANDO:

1.  Que la Comisi�n es competente para conocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Art�culo 4, relativo al derecho a la vida y Art�culo 7, derecho a la libertad personal, tal como lo dispone el Art�culo 44 de la citada Convenci�n, de la cual Per� es Estado Parte.

2.  Que la reclamaci�n re�ne los requisitos formales de admisibilidad contenidos en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisi�n.

3.  Que en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario no ha podido lograr una protecci�n efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos internos contenidos en el Art�culo 46 de la Convenci�n.

4.  Que la reclamaci�n no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional ni es la reproducci�n de petici�n anterior ya examinada por la Comisi�n.

5.  Que pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones efectuadas por la Comisi�n, el Gobierno del Per� no ha proporcionado respuesta relativa a los hechos en relaci�n con el presente caso.

6.  Que al no haber dado respuesta el Gobierno del Per� ha incumplido la obligaci�n internacional de suministrar informaci�n a la Comisi�n dentro de un plazo razonable, como lo establece el Art�culo 48 de la Convenci�n.

7.  Que en el presente caso existe la agravante de que una de las presuntas v�ctimas es un menor de edad.

8.  Que la Comisi�n ha manifestado reiteradamente su terminante rechazo a este grave fen�meno de la desaparici�n forzada de personas en sus informes sobre la situaci�n de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que:

... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparici�n no s�lo constituye una privaci�n arbitraria de la libertad, sino tambi�n un grav�simo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la v�ctima.1

9.  Asimismo, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones ha destacado la necesidad de que en los pa�ses donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa pr�ctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para determinar la situaci�n de esas personas.  Adem�s, a propuesta de la Comisi�n, la Asamblea General de la OEA ha declarado que la desaparici�n forzada de personas en Am�rica constituye un crimen de lesa humanidad.2

10.  Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Vel�squez Rodr�guez, declar� lo siguiente:

La pr�ctica de desapariciones, adem�s de violar directamente numerosas disposiciones de la Convenci�n (...), significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que m s profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convenci�n.3

11.  Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n establece lo siguiente:

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

12.  Que al no ser aplicable el procedimiento de soluci�n amistosa (Art�culo 48. 1. f, de la Convenci�n), por la naturaleza misma de los hechos denunciados y por la ausencia de respuesta de parte del Gobierno, la Comisi�n debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art�culo 50, inciso 1, de la Convenci�n Americana, emitiendo sus conclusiones y recomendaciones sobre la denuncia sometida a su consideraci�n.  1.  Cf. Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987.  2.  Cf. Res. 443 (IX-0/79), 510 (X-0/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84).  3.  Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C. No. 4, p�rr. 158.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 15 de septiembre de 1989, relacionados con la detenci�n y la posterior desaparici�n de Vicente Bocanegra Espinoza, Carlos Augusto Sol�s Zorrilla, Mike Sajami Pizango, Nixon Alejandro, Santiago Alvarado Ru�z, Miguel Quispe Paredes, Rainer Tuanama Pelaez, Leonardo Bisarres Tadeo, Pablo Camacho Sabolla y Diva Luis Pinedo Collazos por parte de efectivos del Ej�rcito peruano el d�a 14 de agosto de 1989.

2.  Declarar que el Gobierno del Per� no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garant�as impuestas por el Art�culo 1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.

3.  Declarar que tales hechos constituyen violaciones del derecho a la vida y al derecho a la libertad consagrados en los Art�culos 4 y 7 de la Convenci�n.

4.  Formular al Gobierno del Per� las siguientes recomendaciones (Art�culo 50, inciso 3 de la Convenci�n y Art�culo 47 del Reglamento de Comisi�n):  

a.        Realice una exhaustiva, r�pida e imparcial investigaci�n sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia, para que reciban las sanciones que tan grave conducta exige.  

b.       Adopte las medidas necesarias para evitar la comisi�n de hechos similares en lo sucesivo.  

c.        Repare las consecuencias de la situaci�n que ha configurado la vulneraci�n de los derechos antes enunciados y pague una justa indemnizaci�n compensatoria a las partes lesionadas.

5.  Transmitir el presente informe al Gobierno del Per� para que �ste se pronuncie sobre las medidas adoptadas para solucionar la situaci�n denunciada dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de remisi�n.  El Gobierno no est� facultado para publicar el presente informe, conforme lo estipulado en el Art�culo 50 de la Convenci�n.

6.  Si transcurrido el plazo de 3 meses el caso no ha sido solucionado por el Gobierno del Per�, la Comisi�n podr� emitir su opini�n y conclusiones sobre la cuesti�n sometida a su consideraci�n en virtud del Art�culo 51.1 de la Convenci�n, e incluir� el presente informe en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, de conformidad con el Art�culo 63, inciso g, del Reglamento de la Comisi�n.