INFORME No. 82/90 - CASO 10.464

PERU

 

VISTOS los antecedentes obrantes en el caso a saber:

1.   La denuncia recibida por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, el 4 de septiembre de 1989, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuaci�n:

Por medio de la presente ponemos en conocimiento la desaparici�n de los campesinos Pedro Valenzuela Tamayo y Manuel Mej�a Cotrina, Presidente y Tesorero respectivamente de la comunidad campesina de Huaripampa, situada en el Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash.  Los hechos ocurrieron como se detallan a continuaci�n:

1.   El 31 de julio del presente a�o, a las 11:00 a.m., las mencionadas personas abordaron un cami�n denominado "Cholito Lindo", que los transportar�a a Catac, Distrito de la Provincia de Recuay, Departamento de Ancash, con el objeto de comerciar ganado lanar de la comunidad y hacer averiguaciones sobre la denuncia que hab�an formalizado contra el Alcalde del Distrito de San Marcos, Glicerio Mauricio Rodr�guez, por malversaci�n de fondos, peculado y apropiaci�n il�cita.

2.   Luego de hacer un alto en el Distrito de Chav�n, Provincia de Huari, donde se halla acantonado un destacamento de la Polic�a General del Per� (Sinchis); y otro en un lugar cercano denominado Machac, donde, seg�n versiones de testigos, los campesinos desaparecidos habr�an ayudado a cargar sacos de cebada, el cami�n lleg� a Catac alrededor de las 5:00 p.m.

3.   Seg�n testigos se sabe que ambas personas llegaron a Catac, sin embargo no acudieron a la entrevista para comerciar el ganado ni se presentaron al despacho del Juez de Recuay (donde se encuentra el proceso judicial antes mencionado).

4.   Por versiones de los pobladores de San Marcos y de los comuneros de la comunidad de Huaripampa, existen fundadas razones para responsabilizar de la desaparici�n al Alcalde Glicerio Mauricio Rodr�guez, y a las Fuerzas Policiales, as� mismo hay antecedentes que demuestran un constante hostigamiento de parte de esta autoridad hacia los campesinos denunci�ndolos infundadamente por supuestas actividades terroristas.

2.  La Comisi�n, mediante nota del 29 de septiembre de 1989  inici� la tramitaci�n del caso y solicit� al Gobierno del Per� la informaci�n pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicaci�n, as� como cualquier elemento de juicio que permitiera apreciar si en el caso objeto de la solicitud se hab�an agotado los recursos de la jurisdicci�n interna, concedi�ndosele el plazo de 90 d�as para dar respuesta a dicho pedido.

3.  En fecha 7 de marzo de 1990, la Comisi�n reiter� al Gobierno del Per� su solicitud de informaci�n, mencionando que de no recibirse dicha informaci�n en un plazo de 30 d�as, la Comisi�n entrar�a a considerar la posible aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento, el cual establece la presunci�n de los hechos relatados en la denuncia, toda vez que el Gobierno aludido no suministre la informaci�n correspondiente dentro del plazo se�alado por la Comisi�n.

4.  La Comisi�n reiter� al Gobierno del Per�, el 12 de abril de 1990, su pedido de informaci�n sobre la desaparici�n de Pedro Valenzuela Tamayo y Manuel Mej�a Cotrina  bajo apercibimiento de la aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento.

CONSIDERANDO:

1.  Que la Comisi�n es competente para conocer del presente caso por tratarse de violaciones de derechos reconocidos en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Art�culo 4, relativo al derecho a la vida y Art�culo 7, derecho a la libertad personal, tal como lo dispone el Art�culo 44 de la citada Convenci�n, de la cual Per� es Estado Parte.

2.  Que la reclamaci�n re�ne los requisitos formales de admisibilidad contenidos en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisi�n.

3.  Que en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario no ha podido lograr una protecci�n efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos internos contenidos en el Art�culo 46 de la Convenci�n.

4.  Que la reclamaci�n no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional ni es la reproducci�n de petici�n anterior ya examinada por la Comisi�n.

5.  Que pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas gestiones efectuadas por la Comisi�n, el Gobierno del Per� no ha proporcionado respuesta relativa a los hechos en relaci�n con el presente caso.

6.  Que al no haber dado respuesta el Gobierno del Per� ha incumplido la obligaci�n internacional de suministrar informaci�n a la Comisi�n dentro de un plazo razonable, como lo establece el Art�culo 48 de la Convenci�n.

7.  Que la Comisi�n ha manifestado reiteradamente su terminante rechazo a este grave fen�meno de la desaparici�n forzada de personas en sus informes sobre la situaci�n de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que:

... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparici�n no s�lo constituye una privaci�n arbitraria de la libertad, sino tambi�n un grav�simo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la v�ctima.

8.  Asimismo, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones ha destacado la necesidad de que en los pa�ses donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa pr�ctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para determinar la situaci�n de esas personas.  Adem�s, a propuesta de la Comisi�n, la Asamblea General de la OEA ha declarado que la desaparici�n forzada de personas en Am�rica constituye un crimen de lesa humanidad.

9.  Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Vel�squez Rodr�guez, declar� lo siguiente:

La pr�ctica de desapariciones, adem�s de violar directamente numerosas disposiciones de la Convenci�n (...), significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que m�s profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convenci�n.

10.  Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n establece lo siguiente:

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la  Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho  1.  Cf. Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987.  2.  Cf. Res. 443 (IX-0/79), 510 (X-0/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84).  3.  Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vel�squez Rodr�guez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C. No. 4, p�rr. 158.  Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

11.  Que al no ser aplicable el procedimiento de soluci�n amistosa (Art�culo 48. 1. f, de la Convenci�n), por la naturaleza misma de los hechos denunciados y por la ausencia de respuesta de parte del Gobierno, la Comisi�n debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art�culo 50, inciso 1, de la Convenci�n Americana, emitiendo sus conclusiones y recomendaciones sobre la denuncia sometida a su consideraci�n.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 4 de septiembre de 1989, relacionados con la detenci�n y posterior desaparici�n de Pedro Valenzuela Tamayo y Manuel Mej�a Cotrina por parte de agentes del estado peruano, el 31 de julio de 1989. 

2.  Declarar que el Gobierno del Per� no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garant�as impuestas por el Art�culo 1 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.

3.  Declarar que tales hechos constituyen violaciones del derecho a la vida y al derecho a la libertad consagrados en los Art�culos 4 y 7 de la Convenci�n.

4.  Formular al Gobierno del Per� las siguientes recomendaciones (Art�culo 50, inciso 3 de la Convenci�n y Art�culo 47 del Reglamento de Comisi�n): 

a.        Realice una exhaustiva, r�pida e imparcial investigaci�n sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a los responsables y someterlos a la justicia, para que reciban las sanciones que tan grave conducta exige. 

b.       Adopte las medidas necesarias para evitar la comisi�n de hechos similares en lo sucesivo.

c.        Repare las consecuencias de la situaci�n que ha configurado la vulneraci�n de los derechos antes enunciados y pague una justa indemnizaci�n compensatoria a las partes lesionadas.

5.  Transmitir el presente informe al Gobierno del Per� para que �ste se pronuncie sobre las medidas adoptadas para solucionar la situaci�n denunciada dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de remisi�n.  El Gobierno no est� facultado para publicar el presente informe, conforme lo estipulado en el Art�culo 50 de la Convenci�n.

6.  Si transcurrido el plazo de 3 meses el caso no ha sido solucionado por el Gobierno del Per�, la Comisi�n podr� emitir su opini�n y conclusiones sobre la cuesti�n sometida a su consideraci�n en virtud del Art�culo 51.1 de la Convenci�n, e incluir� el presente informe en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, de conformidad con el Art�culo 63, inciso g, del Reglamento de la Comisi�n.