INFORME No. 42/90 - CASO 10.380

PERU

 

ANTECEDENTES:

l.   Con fecha 1  de junio de 1989, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

El pasado mi�rcoles, 17 de mayo, un destacamento de unos 100 soldados del Batall�n de Infanter�a Ollantaytambo Nro. 3, ingres� al Caser�o Calabaza, Distrito de Mariposa, Provincia de Satipo, Departamento de Jun�n, disparando y llamando a la poblaci�n a salir de sus casas.  La poblaci�n atemorizada se neg� a salir.  Es entonces que los efectivos ingresan a viva fuerza a las casas, sacando y deteniendo a m�s de 20 personas seleccionadas por "Chito" y "Blanco", aparentes jefes del operativo.  Posteriormente salen del pueblo con los detenidos con rumbo a orillas del r�o Calabaza.

El jueves 18 de mayo aparecen en ese lugar los cuerpos de:  Soledad Granados Mart�nez  16), estudiante; Eva Ricse Boh�rquez (14), estudiante; Hildo Jaime Huancauqui Portillo (17), estudiante; Jes�s Apolinario Z rate (30); Alberto Alanya Paitampoma (22), agricultor; Raimundo Roque; Adalberto Alanya; Samuel Paitampoma Llano; Pascual Rojas Taipe (28); Uriel Laureano; Sixto Torres Pe�a.

Lograron escapar de sus captores:  Secundino de la O. Espinoza (35); Evang�lico Jes�s Enrique Paulete Sol�rzano, profesor; Hilario Arca Portocarrero, quienes mostraban huellas de tortura.

Fueron torturados y posteriormente liberados:  Elmer J�uregui Arteaga y Ger�nimo Bocanegra Herrera, propietario de la principal tienda de abarrotes que fue saqueada por el destacamento.

Han desaparecido:  F�lix Arteaga Moya (60); Lalo Arteaga Camargo; Irma Juscamaita Arteaga y Hern�n Artica Ames.

2. Mediante nota del 7 de junio de 1989 la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3. Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de la nota dirigida a dicho Gobierno con fecha 8 de septiembre de 1989, en la cual se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

1. Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�ricaes una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2. Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3. Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4. Que el Art�culo 1, inciso 1, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5. Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 1 de junio de 1989 relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior asesinato de Soledad Granados Mart�nez, Eva Ricse Boh�rquez, Hildo Jaime Huancauqui Portillo, Jes�s Apolinario Z rate, Alberto Alanya Paitampoma, Raimundo Roque, Adalberto Alanya, Samuel Paitampoma Llanco, Pascual Rojas Taipe, Uriel Laureano, Sixto

Torres Pe�a, cuyos cad�veres aparecieron a orillas del r�o Calabaza; la captura arbitraria y tortura, Secundino de la O. Espinoza, Evang�lico Jes�s Enrique Paulete Sol�rzano e Hilario Arca Portocarrero; la tortura de Elmer J�uregui Arteaga y Ger�nimo Bocanegra Herrera; y la captura por los mismos agentes y posterior desaparici�n de F�lix Arteaga Moya, Lalo Arteaga Camargo, Irma Juscamaita Arteaga y Hern n Artica Ames, ocurridas en el Caser�o Calabaza, Distrito de Mariposa, Provincia de Satipo, Departamento de Jun�n, el 17 y 18 de mayo de 1989.

2. Declarar que tales hechos configuran una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), con el agravante de que tres de las presuntas v�ctimas son menores de edad.

3. Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabilidad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m ximo de 60 d�as.

4. Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.

5. Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

6. Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir  este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.