INFORME No. 36/90 - CASO 10.304

PERU

 

ANTECEDENTES:

1.   Con fecha 22 de febrero de 1989, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

a.  El d�a 9 de febrero de 1989 se realiz� una manifestaci�n de campesinos en la ciudad de Pucallpa, Departamento de Ucayali.  Los campesinos realizaban al parecer una pac�fica protesta por mejores precios para sus productos y porque el Gobierno pagara la deuda que tiene con los productores de arroz y ma�z desde septiembre de 1988.

La reuni�n campesina hab�a recibido una autorizaci�n verbal del Prefecto del Departamento, el que posteriormente se retract�, ordenando a los polic�as que disolvieran la manifestaci�n.  La multitud que se calcula en unos 3,000 campesinos fue disuelta por efectivos de la Polic�a Nacional del Per�.  Los efectivos del orden utilizaron sus armas de fuego para disolver la reuni�n campesina y ocasionaron ocho muertos a los presentes, adem�s de un n�mero de 26 heridos.  De acuerdo a la revista CARETAS los disparos duraron dos horas y "el mayor n�mero de v�ctimas se produjo cuando efectivos policiales dispararon contra la multitud que se hab�a congregado en la Plaza de Armas, para izar la bandera peruana y cantar el himno nacional" ("Cosecha sangrienta", CARETAS del 31 de febrero de 1989).

b.  El mismo d�a 9 de febrero la Polic�a allan� el local del Instituto de Investigaci�n Agrario de Desarrollo de Ucayali --una organizaci�n no-gubernamental de desarrollo-- donde se encontraban reunidos alrededor de 200 campesinos; en este allanamiento seg�n informa la Confederaci�n Campesina del Per�, fueron heridas tambi�n algunas personas.  En el allanamiento se detuvo a Hugo Blanco Gald�s, secretario de la organizaci�n campesina nombrada, y a Luis Tuesta Latorre, secretario general de la Federaci�n de Campesinos de Ucayali.

c.  Las autoridades policiales peruanas acusaron a Hugo Blanco del delito de terrorismo y lo trasladaron a la ciudad de Lima, al parecer a las dependencias de la Direcci�n contra el Terrorismo.  Dado que la ley peruana autoriza un estado de excepci�n individual para los acusados de este delito, por el cual pueden ser retenidos en una dependencia policial por 15 d�as, las autoridades nacionales hicieron uso de ese derecho.

El d�a 20 de febrero el Fiscal de la Vig�sima Fiscal�a Provincial resolvi� que no encontraba m�rito alguno para la acusaci�n fiscal.  Dada esta decisi�n, era inaplicable ya el estado de excepci�n individual que prev� el art�culo 2do., inciso 20, ac�pite "g" de la Constituci�n peruana, pero ya hab�an transcurrido tambi�n los 15 d�as que el mismo art�culo dispone.  Por ello era obligatorio dar libertad al detenido.  Sin embargo, las autoridades gubernamentales decidieron un traslado ilegal del detenido a la ciudad de Pucallpa, argumentando que era requerido all� por la Polic�a de Investigaciones, polic�a que s�lo puede requerir personas bajo orden judicial o delito flagrante que al momento es inexistente.  Un primer traslado del Sr. Blanco fue frustrado cuando el piloto de la compa��a AEROPERU rehus� trasladarlo, ya que era manifiesta la oposici�n del Sr. Blanco al traslado.  Informaciones proporcionadas por la Confederaci�n Campesina y por APRODEG indican que el Sr. Blanco fue llevado a la zona en un avi�n militar.

d.  Las mismas fuentes antes citadas nos han indicado que un comando paramilitar habr�a asesinado a un delincuente com�n y dejado un mensaje amenazando de muerte al Sr. Hugo Blanco, por lo que de ser puesto en libertad en la ciudad de Pucallpa, sin la debida protecci�n, el Sr. Blanco podr�a sufrir un atentado contra su vida de este mismo grupo paramilitar.  Es, adem�s, conocida la actuaci�n de grupos paramilitares en el Per�, como el Comando Rodrigo Franco, los que realizan atentados contra la vida de pol�ticos, abogados o dirigentes gremiales.

II.  LAS VICTIMAS

Las personas que murieron por los disparos realizados por la Polic�a son:  1. Emigidio o Emilio C�rdova S�nchez; 2. Juan Guzm�n Magipo; 3. Luis Palomino Guzm�n; 4. Juan Huasnato; 5. Armando Romaina o Romayna; 6. Edwin Soria Tello (estudiante de 16 a�os); 7. Gildardo Idespalpa o Gilardo Jacanpallpa; 8. NN.

La persona v�ctima de detenci�n arbitraria y cuya vida se encuentra en peligro es el Sr. Hugo Blanco Gald�s, secretario de organizaci�n de la Confederaci�n Campesina del Per�.

III.  VIOLACIONES A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

El Estado del Per�, al materializar a trav�s de fuerzas gubernamentales los actos que anteriormente hemos descrito, ha incurrido en serias violaciones de la Convenci�n de la que es parte.

a.  Violaci�n del derecho a la vida.  Al disparar contra manifestantes que realizaban una reuni�n p�blica de protesta, en ejercicio del derecho consagrado en el art�culo 15 de la Convenci�n, las autoridades peruanas violaron el art�culo 4.  No guarda proporci�n alguna el uso de armas de fuego contra ciudadanos desarmados, con el objetivo de dispersar una manifestaci�n pac�fica de ciudadanos, aun cuando ella fuera de protesta.  La doctrina ha reiterado que debe existir una relaci�n proporcional entre el medio usado por las fuerzas del orden p�blico y el bien p�blico que buscan proteger, es una violaci�n del derecho a la vida y un uso abusivo del poder p�blico la utilizaci�n de armas de fuego contra ciudadanos pac�ficos que ejercen el derecho a la reuni�n.  En el caso del Estado peruano existe una pr�ctica reiterada del uso despro- porcionado de la fuerza p�blica para custodiar la tranquilidad p�blica.  Existen, por ejemplo, muchos casos de estudiantes muertos en manifestaciones p�blicas (cuyos nombres posteriormente proporcionaremos a la Comisi�n), tambi�n m�s de veinte muertes causadas durante el toque de queda implementado en la capital durante 1986-87, as� como la muerte dem�s de doscientos internos en los sucesos de los penales en 1986.  En todos estos casos, como en el que motiva la presente denuncia, el Gobierno peruano ha hecho uso de una fuerza desproporcionada para reprimir manifestaciones legales o ilegales de protesta, constituyendo antecedentes de actuaci�n del Gobierno peruano en relaci�n al presente caso, que bien pueden ilustrar a la Comisi�n.

b.  Violaci�n del derecho a la libertad y del derecho a la circulaci�n y residencia.  Al detener al ciudadano Hugo Blanco Gald�s fuera de los t�rminos prescritos por la legislaci�n interna, sin orden judicial y opini�n fiscal contraria, as� como al trasladarlo ilegalmente de un punto a otro del pa�s, las autoridades gubernamentales del Per� han realizado actos que violan los art�culos 7 y 22 de la Convenci�n.

En el caso del ciudadano Blanco es particularmente grave el traslado ilegal, por cuanto conlleva un riesgo sobre la vida del mencionado afectado.

2. Mediante nota del 24 de febrero de 1989 la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3. Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de la nota dirigida a dicho Gobierno con fecha 8 de septiembre de 1989, en la cual se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

1. Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

2. Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

3. Que el Art�culo 1, inciso 1, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

l.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

4. Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 22 de febrero de 1989 relativa a la muerte por disparos por agentes del estado peruano de Emigidio o Emilio C�rdova S�nchez, Juan Guzm�n Magipo, Luis Palomino Guzm�n, Juan Huasnato, Armando Romaina o Romayna, Edwin Soria Tello, Gildardo Idespalpa o Gilardo Jacanpallpa, y NN., ocurrida en la ciudad de Pucallpa, en ocasi�n del ataque de fuerzas policiales a una manifestaci�n autorizada de campesinos, ataque por el que produjeron adem�s 26 heridos, Departamento de Ucayali, el 9 de febrero de 1989.

2. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la misma comunicaci�n del 22 de febrero de 1989 respecto a la detenci�n ilegal y secuestro y amenazas a la vida contra Hugo Blanco Gald�s, realizadas por agentes del Estado peruano en febrero y marzo de 1989.

3. Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la libertad, la integridad personal y derecho a las garant�as judiciales (Art�culos 4, 5, 8, 13 y 15, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos), con el agravante de que una de las presuntas v�ctimas es un menor de edad.

4. Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabilidad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m�ximo de 60 d�as.

5. Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.

6. Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

7. Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir� este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.