INFORME No. 34/90 - CASO 10.263

PERU

 

ANTECEDENTES:

1.   Con fecha 8 de noviembre de 1988, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

El 27 de octubre de 1988, a horas 10 a.m. fue detenida Giovana Vera, soltera, 18 a�os, profesora reemplazante, en su domicilio del Colegio de la localidad de Chacoche, Provincia de Abancay, Departamento de Apur�mac, por un grupo de 8 o 9 efectivos del ej�rcito, bajo el mando de un teniente no identificado.

Fueron testigos de su detenci�n tres profesoras m s que se encontraban en el mismo lugar, quienes fueron amenazadas de ser detenidas, en caso de denunciar lo sucedido.

Giovana Vera fue trasladada al cuartel de Santa Rosa ubicado a 20 kil�metros del lugar de detenci�n.

En el cuartel se ha negado toda informaci�n acerca de su detenci�n, por lo que permanece en situaci�n de detenida- desaparecida desde el 27 de octubre de 1988.

El responsable de la acci�n fue el Capit�n Ej�rcito Peruano Jos� Salazar, jefe de la base militar de Santa Rosa, quien a su vez depende del Coronel de Artiller�a Ej�rcito Peruano, V�ctor M�rquez Torres, jefe pol�tico militar de la zona.

2. Mediante nota del 29 de noviembre de 1988 la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3. Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de las notas dirigidas a dicho Gobierno con fechas 1 de marzo y 7 de septiembre de 1989, en las cuales se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

1. Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2. Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3. Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4.  Que el Art�culo 1, inciso 1, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5.  Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

l.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 8 de noviembre de 1988 relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior desaparici�n de Giovana Vera, ocurrida en la localidad de Chacoche, Provincia de Abancay, Departamento de Apur�mac, el 27 de octubre de 1988.

2. Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos).

3. Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabilidad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m�ximo de 60 d�as.

4. Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de la v�ctima, que establece la legislaci�n nacional.

5. Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

6. Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir� este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.