CASO 10.183

PERU

ANTECEDENTES:

1.  Con fecha 11 de abril de 1988, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

Ponemos en su conocimiento la detenci�n y posterior desaparici�n de Manuel Tuanama Garc�a y Estalin Fasanando Upiachihua, en el Caserio Gonz�lez Prada, Rio Bra�o, Distrito de Cusco, Provincia de Bellavista, Departamento de San Mart�n, por una patrulla militar el 29 de marzo de 1988. La detenci�n fue ante numerosos testigos, pero el ej�rcito peruano niega tenerlos.  Se presume los hayan trasladado al cuartel Mariscal C ceres en Morales.

2.  Mediante nota del 13 de abril de 1988, la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara opor- tuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3.  Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de la nota dirigida a dicho Gobierno con fecha 7 de septiembre de 1989, en la cual se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

l.  Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2.  Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3.        Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmiti- das al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4.  Que el Art�culo 1, inciso l, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se compro- meten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5.  Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 11 de abril de 1988, relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior desaparici�n de Manuel Tuanama Garc�a y Estalin Fasanando Upiachihua, ocurrida en el Caser�o Gonz�lez Prada, Rio Bra�o, Distrito de Cusco, Departamento de San Mart�n, el 29 de marzo de 1988.

2.  Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales  (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos).

3.  Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabili- dad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m�ximo de 60 d�as.

4.  Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.

5.  Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

6.  Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir� este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.