INFORME No. 10/911 - CASO 10.169

PERU

22 de febrero de 1991

ANTECEDENTES:

1.  El 11 de marzo de 1988, el se�or David Westin de la firma de abogados Wilmer, Cutler & Pickering present� una denuncia ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la "Comisi�n") en nombre de 105 peticionarios individualizados, todos accionistas del Banco de Lima, contra el Gobierno del Per�.  La petici�n alega violaciones de los Art�culos 8, 21, 24 y 25 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convenci�n") por parte del Gobierno del Per�.  El caso surgi� del anunciado plan de expropiaci�n del Presidente Alan Garc�a de expropiar "todas las acciones de los Bancos del Per� que a�n permanec�an en manos privadas" (Denuncia, p. 4).

2.  La denuncia alega que el plan de expropiaci�n del Gobierno consisti� de dos partes:  1) el Poder Ejecutivo hab�a presentado un proyecto de ley con el fin de obtener la aprobaci�n por el Congreso de la decisi�n de expropiar las acciones de los Bancos, y 2) el Poder Ejecutivo, mientras la apropiaci�n de la ley estaba pendiente, anunci� que el Gobierno intervendr�a los Bancos.2  El proyecto de ley fue aprobado el 9 de octubre de 1987, y a mediados de noviembre de 1987 la Corte notific� a los accionistas que con fechas 23 de octubre de 1987 una demanda de expropiaci�n se hab�a planteado, emplazando a los accionistas a contestar la demanda ante la Corte.  La notificaci�n de la expropiaci�n no hac�a menci�n de ninguna evaluaci�n de las acciones y, consiguientemente, los accionistas objetaron ante el juez la validez de dichos procedimientos  debido a la falta de tasaci�n por el Gobierno.  La denuncia alega que "los accionistas del Banco de Lima est�n bajo la constante amenaza de intervenci�n forzosa y de expropiaci�n" (Denuncia, p. 12).

3.  La denuncia solicita que la Comisi�n dicte una resoluci�n: "1) declarando que el Gobierno peruano ha violado los Art�culos 8, 24 y 25 de la Convenci�n al denegar discriminatoriamente a los solicitantes y a otros el recurso r�pido, sencillo y efectivo a las Cortes del Per� para la reivindicaci�n de sus derechos fundamentales relacionados con la�

1.  La Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos en su 79  per�odo de sesiones decidi� publicar este Informe en vista que los denunciantes de este caso desistieron su solicitud de reconsideraci�n.

2.  El t�rmino "intervenir" seg�n la definici�n de los peticionarios significa "la acci�n del Gobierno destinada a retirar los bancos del control de sus propietarios y administradores" intervenci�n decretada del Banco de Lima y a la expropiaci�n de las acciones del Banco de Lima; 2) declarando que el Gobierno del Per� ha violado el Art�culo 21 de la Convenci�n al decretar ilegalmente la intervenci�n del Banco de Lima y realizar actos destinados a expropiar las acciones del Banco de Lima, sin ninguna justificaci�n de inter�s social tal cual ha sido definido en la Convenci�n y en la Constituci�n; 3) declarando que el Gobierno del Per� ha violado el Art�culo 21 de la Convenci�n al decretar ilegalmente la intervenci�n del Banco de Lima en casos diferentes y con formas distintas a las establecidas por las leyes del Per�; 4) declarando que el Gobierno del Per� ha violado el Art�culo 21 de la Convenci�n al ilegalmente amenazar con expropiar las acciones del Banco de Lima luego de discriminatoriamente modificar las reglas para establecer la justa compensaci�n en detrimento de los accionistas del Banco de Lima; 5) resolviendo que el Gobierno del Per� cumpla inmediatamente con todas las �rdenes judiciales pendientes relativas a la decretada intervenci�n del Banco de Lima y a la expropiaci�n de sus acciones; 6) resolviendo que el Gobierno del Per� cese y se desista de la expropiaci�n de las acciones del Banco de Lima" (Denuncia, p�gs. 39-40).

4.  La Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno del Per� el 17 de marzo de 1988 con un pedido de informaci�n sobre los hechos mencionados y sobre cualquier observaci�n con relaci�n a si los recursos internos hab�an sido agotados en este caso.

5.  Por nota fechada el 10 de junio de 1988, el Gobierno envi� a la Comisi�n una copia de la ley en disputa y solicit� una extensi�n del plazo de 90 d�as para responder a la denuncia debido a la "importancia de esta ley y su aplicaci�n".  Por nota fechada el 8 de octubre de 1988, el Gobierno del Per� inform� a la Comisi�n que no tendr�a toda la informaci�n necesaria para una respuesta para el 15 de agosto, y solicit� una segunda extensi�n de 30 d�as, a partir de esa fecha.  La Comisi�n inform� a ambas partes que hab�a concedido la extensi�n solicitada.

6.  Durante el 74  Per�odo de Sesiones de la Comisi�n, llevado a cabo del 6 al 16 de septiembre de 1988, los peticionarios, en la audiencia sobre el caso llevada a cabo el 14 de septiembre de 1988, solicitaron la aplicaci�n de medidas precautelares en virtud del Art�culo 29 del Reglamento de la Comisi�n  alegando que podr�a causarse da�o irreparable a los accionistas de la denuncia.  La Comisi�n resolvi� denegar la aplicaci�n de medidas precuatelares solicitadas por los peticionarios fundada en que "tal decisi�n no puede ser tomada sin referirse al fondo del asunto motivo de la denuncia, y ello resulta prematuro pues el Gobierno del Per� no ha efectuado a�n sus observaciones".

7.  La respuesta al Gobierno del Per�, transmitida a los peticionarios el 21 de septiembre de 1988, expon�a, en esencia, que la ley en cuesti�n est� en conformidad con la Constituci�n peruana en tanto que la Constituci�n prev� que "la actividad bancaria y financiera debe cumplir una funci�n social de apoyo a la econom�a del Per� en sus diversas regiones y a todos los sectores de la poblaci�n y actividad de acuerdo con los planes de desarrollo".  El Gobierno del Per� agregaba que esta ley est� en conformidad con la Convenci�n, la cual dispone en el Art�culo 21 que el derecho de propiedad puede ser limitado "por razones de utilidad p�blica o inter�s social".

8.  Por carta fechada el 9 de enero de 1988, los peticionarios reiteraron su solicitud de medidas precautelares en este caso, arguyendo que los accionistas del Banco de Lima estaban enfrentando la "virtual expropiaci�n" de sus bienes y se les denegaba acceso a recursos judiciales efectivos.  Los peticionarios de nuevo solicitaron a la Comisi�n que resuelva "que el Gobierno del Per� debe abstenerse de tomar medidas directa o indirectamente destinadas a expropiar o disminuir sustancialmente el valor de la propiedad de los denunciantes que se intenta proteger mediante este procedimiento  hasta que la Comisi�n haya resuelto definitivamente sobre la denuncia pendiente o hasta una nueva orden de la Comisi�n".

CONSIDERANDO:

1.  Que el Pre�mbulo de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos  as� como las disposiciones del Art�culo 1 (2) proveen que "para los prop�sitos de esta Convenci�n, 'persona' significa todo ser humano", y que por consiguiente, el sistema de protecci�n de los derechos humanos en este hemisferio se limita a la protecci�n de personas naturales y no incluye personas jur�dicas.

2.  Que los peticionarios fundamentan su demanda en el Art�culo 21 que, en sus partes pertinentes, provee cuanto sigue:

l.  Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al inter�s social.

2.  Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaci�n justa, por razones de utilidad p�blica o de inter�s social y en los casos y seg�n las formas establecidas por la ley.

Consecuentemente, en el sistema interamericano, el derecho a la propiedad es un derecho personal y la Comisi�n tiene atribuciones para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, pero no tiene jurisdicci�n sobre los derechos de personas jur�dicas, tales como compa��as o, como en este caso, instituciones bancarias.

3.  Que, a juicio de la Comisi�n, los nombrados accionistas del Banco de Lima, aunque individuos, han presentado esta acci�n alegando que el Gobierno del Per� ha tomado acciones destinadas a afectar los derechos del Banco de Lima.  La Comisi�n considera que lo que est� en discusi�n aqu� no son los derechos individuales de propiedad de la compa��a, el Banco de Lima, y que este caso no cae dentro de la jurisdicci�n de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos.

4.  Que por las razones arriba expuestas, la Comisi�n considera que no tiene que examinar las cuessiones factuales espec�ficas de si se ha operado la privaci�n de los bienes de los accionistas del Banco de Lima, o si tan solo existe una amenaza
de una posible apropiaci�n.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Declarar inadmisible, en aplicaci�n del Art�culo 41 (b) del Reglamento de la Comisi�n, la denuncia presentada contra el Gobierno del Per� por el se�or David Westin de Wilmer, Cutler & Pickering, en nombre de los 105 individualizados accionistas del Banco de Lima.