PERU
ANTECEDENTES:
1.
Con fecha 18 de febrero de 1988, la Comisi�n Interamericana de Derechos
Humanos recibi� la siguiente denuncia:
Habr�an
sido detenidos y desaparecidos Fortunato L�pez L�pez de 26 a�os el 1 de
enero 1988, en Huanta, por Guardia Civil o Polic�a de Investigaciones
Peruanas; V�ctor L�pez L�pez de 24 a�os, mismo d�a y lugar, y Santos
Alarc�n de la Cruz, el 2 febrero 1988 en Cangallo por la Polic�a de
Investigaciones Peruana.
2.
Mediante nota del 2 de marzo de 1988, la Comisi�n transmiti� las
partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�,
solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara oportuna, sin
que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.
3.
Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de la nota
dirigida a dicho Gobierno con fecha 7 de septiembre de 1989, en la cual se
menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la
Comisi�n, sin que tampoco se recibiere
CONSIDERANDO:
l.
Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado
que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es
una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa
humanidad".
2.
Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo
5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado
respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas
indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no
hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46
de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia
de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.
3.
Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:
Art�culo
42
Se
presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes
pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el
plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo
5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y
cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n
diversa.
4.
Que el Art�culo 1, inciso 1, de la Convenci�n Americana sobre
Derechos Humanos dice:
Art�culo
1. Obligaci�n de Respetar los
Derechos
1.
Los Estados Partes en esta Convenci�n se compro- meten a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin
discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n,
opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social,
posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.
5.
Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n
Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por
tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones
hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n
que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo
42 de su Reglamento,
LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
RESUELVE:
1.
Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 18
de febrero de 1988, relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano
y la posterior desaparici�n de Fortunato L�pez L�pez y V�ctor L�pez L�pez
el 1 de enero de 1988 ocurrida en Huanta, y Santos Alarc�n de la Cruz, el 2
febrero 1988, en Cangallo.
2.
Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del
Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la
libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales
(Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana
sobre Derechos Humanos).
3.
Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�sexhaustiva
investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabilidad
de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de
que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar
a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un
plazo m�ximo de 60 d�as.
4.
Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias
para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.
5.
Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los
denunciantes.
6.
Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el
Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir� este
informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de
conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.
