CASO 10.164

PERU

 

ANTECEDENTES:

1.  Con fecha 18 de febrero de 1988, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia:

Detenidos y desaparecidos los siguiente ciudadanos peruanos en el Departamento de Apur�mac:  Armando Huamantingo Villanueva y Matiasa Huashua Huamani, el 11 de enero de 1988 a 86 Kms. de Abancay por el ej�rcito peruano.  Ellos fueron detenidos con sus hijos cuando se presentaron al destacamento militar proveniente de la base Santa Rosa de Ayacucho, ubicado en Abancay, para denunciar el ataque de las FFAA a la Comunidad de Checcasa, Distrito Apu-Zahuaraura, Provincia de Aymaraes.  Sin embargo, el Comando Pol�tico Militar ha emitido un comunicado informando que Armando Huamantingo habr�a muerto en un combate con las FFAA el 7 de enero 1988 pero testigos los vieron presentarse al destacamento militar el 11 enero 1988.

2.  Mediante nota del 2 de marzo de 1988, la Comisi�n transmiti� las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la Rep�blica del Per�, solicit�ndole que suministrare la informaci�n que estimara opor- tuna, sin que se hubiere recibido contestaci�n en el plazo reglamentario.

3.  Esta solicitud de informaci�n fue reiterada por medio de la nota dirigida a dicho Gobierno con fecha 7 de septiembre de 1989, en la cual se menciona la eventual aplicaci�n del Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n, sin que tampoco se recibiere contestaci�n.

CONSIDERANDO:

l.  Que la Asamblea General por Resoluci�n 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la pr�ctica de desaparici�n forzada de personas en Am�rica es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".

2.  Que ha transcurrido el plazo establecido en el Art�culo 34, p�rrafo 5, del Reglamento de la Comisi�n sin que el Gobierno del Per� haya dado respuesta a la solicitud de informaci�n formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicci�n interna que deban ser agotados (Art�culo 46 de la Convenci�n Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convenci�n.

3.  Que el Art�culo 42 del Reglamento de la Comisi�n dice:

Art�culo 42

Se presumir�n verdaderos los hechos relatados en la petici�n y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo m�ximo fijado por la Comisi�n de conformidad con el Art�culo 34, p�rrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicci�n no resultare una conclusi�n diversa.

4.  Que el Art�culo 1, inciso 1, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dice:

Art�culo 1.  Obligaci�n de Respetar los Derechos

1.  Los Estados Partes en esta Convenci�n se compro- meten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est� sujeta a su jurisdicci�n, sin discriminaci�n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi�n, opiniones pol�ticas o de cualquier otra �ndole, origen nacional o social, posici�n econ�mica, nacimiento o cualquier otra condici�n social.

5.  Que la Rep�blica del Per� es Estado Parte de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicci�n obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisi�n no dispone de otros elementos de convicci�n que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Art�culo 42 de su Reglamento,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

1.  Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicaci�n del 18 de febrero de 1988, relativa a la detenci�n por agentes del estado peruano y la posterior desaparici�n de Armando Huamantingo Villanueva y Matiasa Huashua Huamani, de la Comunidad de Checcasa, Distrito Apu-Zahuaraura, Provincia de Aymaraes, el ll de enero de 1988, ocurrida en la base militar Santa Rosa  de Ayacucho, Abancay.

2.  Declarar que tal hecho configura una grave violaci�n por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garant�as judiciales  (Art�culos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos).

3.  Recomendar al Gobierno del Per� que disponga la m�s exhaustiva investigaci�n de los hechos denunciados para establecer la responsabili- dad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisi�n la decisi�n que adopte y las medidas adoptadas, dentro de un plazo m�ximo de 60 d�as.

4.  Recomendar al Gobierno del Per� que adopte las medidas reparatorias para la familia de las v�ctimas, que establece la legislaci�n nacional.

5.  Comunicar este informe al Gobierno de la Rep�blica del Per� y a los denunciantes.

6.  Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de este informe, el Gobierno del Per� no presentare observaciones, la Comisi�n incluir� este informe en su Informe Anual de la Comisi�n a la Asamblea General, de conformidad con el Art�culo 48 del Reglamento de la Comisi�n.