RESOLUCION Nº 28/89

CASO 10.252 (EL SALVADOR)

28 de septiembre de 1989

ANTECEDENTES:

  1. Con fecha 4 de octubre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

    Nos permitimos poner en su conocimiento una lamentable tragedia acaecida en El Salvador recientemente, que involucra al Estado de este país y a sus agentes o funcionarios.

    En lo fundamental, los hechos se contraen a lo siguiente: El día 21 de septiembre de 1988, soldados debidamente uniformados del Batallón conocido como Jiboa, correspondiente a la Quinta Brigada de Infantería ubicada en el Departamento de San Vicente, procedieron a detener, sin órdenes judiciales ni estado de emergencia de ningún tipo, a aproximadamente 40 ciudadanos salvadoreños dedicados a labores agrícolas y los ubicaron en el local de la Escuela del poblado de San Francisco, San Sebastián, en el precitado Departamento. Dichas detenciones fueron acompañadas de maltrato físico y psíquico y se verificaron en horas de la mañana y primeras horas de la tarde, tanto en las casas de habitación de los ofendidos como en las diversas veredas de la comunidad y lugares de trabajo. Unas pocas detenciones se habían realizado el día 20, en horas de la noche.

    Ya en las instalaciones de la pequeña Escuela, las personas fueron distribuídas tanto en el aula de enseñanza, propiamente, como en los servicios sanitarios. En este último lugar fueron ubicados los señores NICOLAS ALFARO, JOSE ULISES SIBRIAN, ATILIO RIVAS y JOSE MARIA FLORES.

    Aproximadamente a las 12 horas del día 21, los soldados, utilizando una lista con nombres, llamaban a la persona y si se encontraba, le vendaban los ojos y procedían a sacarla de las instalaciones de la Escuela pasándolas a la parte trasera de la Escuela o "casa", lugar donde concentraron a un grupo de 8 personas, incluyendo a las 4 que se encontraban en los servicios sanitarios. Ya en este momento, los soldados de dentro como de fuera de la escuela, hacían cargos a las personas detenidas, en el sentido de que eran guerrilleros, o colaboradores de éstos.

    Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, los soldados procedieron a movilizar al grupo de 8 personas, con la particularidad de que lo hicieron en dirección al "Caserío de Cebadía" y no a la ciudad de San Sebastián, Departamento de San Vicente, que es el sitio al que correspondía haberlos llevado, en el caso de que se les acusase de presuntas irregularidades, ya que las autoridades administrativas y judiciales responsables de cualquier indagación y sanción se encuentran en dicha ciudad de San Sebastián. En ese momento las personas no sólo tenían vendados los ojos sino también amarradas sus manos. Aproximadamente a la media hora de la salida del grupo de personas detenidas en dirección a dicho caserío, se escuchó, desde el local de la Escuela, el ruido característico de las detonaciones de bombas o granadas e inmediatamente los ruidos correspondientes a descargas de fusilería y ametralladoras. Tras una brevísima interrupción, se volvió a repetir el ruido de las descargas, en esta ocasión "...durando alrededor de cinco minutos...".

    Con posterioridad se preguntó al soldado que custodiaba la puerta de la Escuela la hora en que los sacarían, a lo que el mismo contestó: "hasta que venga el pájaro --refiriéndose a un helicóptero-- que es el que va a traer la orden de la Quinta Brigada".

    Efectivamente, cerca de las 5:30 de la tarde llegó el helicóptero "bajándose cerca del lugar donde se habían escuchado los disparos y las bombas".

    En el momento en que se permitía la salida de las personas localizadas en la Escuela, los soldados las amenazaban diciéndoles que no se movilizacen hacia el lugar de donde se escucharon los disparos y detonaciones, porque por allí circulaba la tropa. Esto sucedió aproximadamente a las 6:30 de la tarde del mismo día 21 y no fue sino hasta el día siguiente, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, en que los familiares de las personas desaparecidas, acompañados de miembros del Arzobispado de El Salvador y del Juez de Paz de San Sebastián, del Departamento de San Vicente, se desplazaron al sitio donde fueron llevados sus familiares, constatando que se había realizado una masacre con las personas seleccionadas, las cuales --como se ha dicho--, se encontraban en estado de absoluta indefensión. En ese momento, se constató que el número total de víctimas ascendía a diez. Las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente responden a los nombres de:

    1. JOSE MARIA FLORES, más o menos 40 años de edad.

    2. NICOLAS ALFARO, 29 años de edad, acompañado, 3 hijos.

    3. ATILIO RIVAS, 45 años de edad, 5 hijos.

    4. FRANCISCO ALFARO, viudo.

    5. JOSE FELIX AYALA, 43 años de edad.

    6. MARIA ZOILA RIVAS, 37 años de edad, acompañada, 5 hijos.

    7. JOSE ULISER SIBRIAN, más o menos 40 años de edad, casado, 5 hijos.

    8. MARIA JESUS SIBRIAN, 27 años de edad, soltera (hermana de José Uliser Sibrián).

    9. JESUS ZEPEDA, 68 años de edad (padre de José Uliser y María Jesús).

    10. TERESA ARGUETA, 45 años de edad, casada con José Uliser.

  2. Con fecha 21 de octubre del mismo año se transmitió las partes pertinentes de dicha denuncia al Gobierno de El Salvador, concediéndosele el plazo de 90 días para dar respuesta a la solicitud de informe de la Comisión.

  3. Posteriormente, tanto el peticionario como varios organismos no gubernamentales de derechos humanos, presentaron a la Comisión información complementaria adicional y confirmatoria de los hechos denunciados, entre las cuales cabe citar el protocolo de la autopsia practicada en los cadáveres de las víctimas, en el que se estableció lo siguiente:

    El día 5 de octubre de 1988, por orden del Juez de Primera Instancia de San Sebastián, siguiendo las primeras diligencias se exhumaron los cadáveres de los 10 campesinos asesinados el 21 de septiembre de 1988 en el Cantón San Francisco, Jurisdicción de San Sebastián, San Vicente, por elementos del Batallón Jiboa. La Corte Suprema de Justicia nombró a los médicos forenses Dres. José Roberto Maldonado, Oliverio Antonio Arévalo y Andrés Remberto Guzmán Barahona y el forense de San Sebastián Juan Arévalo Reinosa, acudiendo todos los familiares citados por el señor Juez de Primera Instancia de San Sebastián. Se exhumaron primero siete cadáveres enterrados en dos fosas comunes a siete metros de la ermita del Cantón San Francisco y dos enterrados en fosas separadas en el Cementerio General de San Sebastián, San Vicente. El décimo cadáver no se exhumó por estar enterrado en una loma bastante lejos denominada loma San Francisquito. Los cadáveres exhumados fueron los siguientes:

    1. JOSE ULISES SIBRIAN RIVAS, quien a la autopsia presenta: Herida por arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda, en la que se observa un tatuaje, con orificio de salida en la región temporo-parietal y en la hemicara izquierda con destrucción intensa y exposición de masa encefálica. Dos orificios de arma de fuego con tatuaje a nivel de la región sub-escapular izquierda, con orificio de salida a nivel de la fosa ilíaca derecha con exposición de vísceras y orificio de salida en tetilla izquierda. Hay esquinosis perio umbilical. Sección falange distal del cuarto dedo de la mano izquierda. Hay esquimosis de tercio medio de cara anterior del muslo derecho. Presenta herida tangencial del tercio medio de cara lateral de pierna derecha. Herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida a distancia, ambas de 10 centímetros en cara posterior del muslo izquierdo. Esquinosis y hematoma en cara anterior del tercio medio muslo izquierdo. Causa directa de la muerte, traumatismos craneano encefálico severo por la lesión descrita.

    2. JOSE MARIA FLORES, quien tenía una especie de cinta nylon atada a la muñeca derecha; a la autopsia presenta: Herida por arma de fuego con orificio de entrada en región occipital izquierda con tatuaje y orificio de salida en región parieto temporo frontal derecha con destrucción de ósea y salida de masa encefálica, herida por arma de fuego con orificio de entrada en cara lateral del tercio medio de muslo derecho y orificio de salida en cara anterior del tercio superior del muslo derecho. Hay fractura de fémur; se observa esquimosis diversas sobre parrilla costa derecha e izquierda; tenía una cinta de nylon color negro atada a la muñeca derecha. La causa directa de su muerte fue traumatismo cráneo encefálico severo por la lesión descrita.

    3. JOSE FELIX ALFARO, quien a la autopsia presenta: Herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en región temporal derecha retroauricular, con orificio de salida en región parietal temporal derecha, con destrucción ósea y salida de masa encefálica; herida por arma de fuego con orificio de entrada en región interescapular derecha y con orificio de salida en fosa ilíaca derecha en la que se observa exposición de vísceras. Traumatismo con lasceraciones y esquimosis en parrilla dorsal izquierda y región de fosa lumbar derecha e izquierda. Lesión producida por arma de fuego con orificio de entrada en cara posterior y orificio de salida en cara lateral del tercio distal del brazo izquierdo, presenta tatuaje en orificio de entrada. Hay herida por arma de fuego con orificio de entrada en cara anterior de tercio superior de antebrazo izquierdo y orificio de salida en cara posterior de tercio medio del mismo antebrazo. Causa de la muerte, traumatismo cráneo encefálico severo por herida de arma de fuego.

    4. JOSE ATILIO RIVAS, quien a la autopsia presenta: Herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en cara lateral del cuello derecho y orificio de salida en región occipital izquierda. Hay fracturas a nivel de ambas articulaciones de las muñecas; hay fractura de tobillo izquierdo. La causa de la muerte, traumatismo cráneo encefálico severo por heridas producidas por arma de fuego.

    5. NICOLAS FLORES ALFARO, quien a la exhumación autopsia presenta: Herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en la región retroauricular izquierda y orificio de salida en la región atlanto occipital; herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en línea axilar posterior, sin tatuaje, y orificio de salida en región escapular derecha que provocó la fractura del hombro, codo y antebrazo derechos; herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en tercio de cara interna de muslo izquierdo y orificio de salida en pierna izquierda con destrucción interna y orificio de salida en tercio medio cara lateral externa de muslo izquierdo. La causa de su muerte fue debido a trauma cráneo encefálico severo por heridas de arma de fuego.

    6. JESUS ZEPEDA RIVAS, quien a la exhumación autopsia presenta: Herida por arma de fuego con orificio de entrada en cara posterior tercio medio de brazo derecho, con tatuaje, hay fractura del húmero; presenta orificio de salida en tercio medio de antebrazo derecho, produciendo amputación de antebrazo y sección del mismo. Múltiples heridas en región posterior del tórax en número seis y zonas luprosacras y miembros inferiores provocadas por esquirlas de artefacto explosivo; herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en cara posterior tercio medio de muslo derecho sin orificio de salida, provocando fractura de fémur, se revisa región encontrándose algunas esquirlas pequeñas; la causa directa de su muerte fue shock hemorrágico producido por las lesiones descritas.

    7. MARIA JESUS SIBRIAN, quien a la autopsia presenta: Herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en región atlanto occipital con tatuaje y orificio de salida en faringe posterior con fractura de incisivos superiores, herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en región del cuello derecho y orificio de salida en región axilo pectoral derecha con destrucción extensa de tejidos blandos; herida producida por arma de fuego, tangencial, tejidos blandos sobre espina ilíaca antero posterior derecha. La causa directa de su muerte fue debido a lesión cráneo encefálica severa.

    8. MARIA ZOILA RIVAS SIBRIAN, quien a la autopsia presenta: Dos heridas producidas por arma de fuego con orificio de entrada en región temporo parietal derecha, separadas en cuatro centímetros, con tatuaje, y orificio de salida en región temporo parietal izquierda con extensa destrucción ósea y exposición de masa encefálica; herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en región cara posterior de tercio inferior de muslo derecho y orificio de salida a diez centímetros abajo del mismo. La causa de su muerte fue debido a traumatismo cráneo encefálico severo por la lesión descrita.

    9. TERESA DE JESUS ARGUETA, a la autopsia presenta: Dos heridas producidas por arma de fuego con orificio de entrada en región izquierda a 10 centímetros de distancia una de la otra, una de ellas con tatuaje y orificio de salida en región paraesternal derecha y quinto espacio intercostal derecho, y la otra con orificio de salida en región axilar media derecha; herida producida por arma de fuego con orificio de entrada en la región nasio labial derecha y orificio de salida en región hemicuello derecho. La causa de su muerte fue debido a shock hemorrágico por las lesiones descritas.

      Estas pruebas indican: a. Que todas las personas fueron asesinadas por arma de fuego de grueso calibre (posiblemente M-16) a muy corta distancia en parte trasera de la cabeza; b. Posiblemente se les ordenó tirarse al suelo y estando en posición boca abajo les dispararon; y, c. El dictamen técnico médico forense confirma las investigaciones realizadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.

    10. No habiéndose recibido respuesta y vencido con exceso el plazo legal establecido, con fecha 27 de enero de 1989, la CIDH reiteró al Gobierno de El Salvador su solicitud de información concediéndole, con tal fin, un plazo adicional de 30 días.

    11. Vencido asimismo el plazo ampliatorio otorgado al Gobierno de El Salvador y no habiéndose, tampoco esta vez, recibido respuesta ni solicitud de plazo ampliatorio, con fecha 19 de junio de 1989 se reiteró una vez más la solicitud al Gobierno de El Salvador para que suministrase, dentro del plazo adicional de 30 días, la información pertinente en relación con el caso, haciéndose presente que, de no obtenerse respuesta, de acuerdo con el artículo 42´ del Reglamento, la Comisión procedería a presuponer verdaderos los hechos denunciados tomando en consideración, además, la abundante información confirmatoria sobre la realización de los mismos.

    12. En marzo de 1989, la CIDH tuvo asimismo conocimiento, por diferentes fuentes, de las declaraciones públicas efectuadas por el General Eugenio Vides Casanova, Ministro de Defensa de El Salvador, quien al referirse a los hechos, habría reconocido la responsabilidad de la Fuerza Armada de El Salvador en el asesinato de los campesinos.

    13. Vencido con exceso el plazo ampliatorio otorgado al Gobierno de El Salvador, tampoco se ha recibido, hasta esta oportunidad, respuesta de ninguna clase, ni solicitud de plazo adicional para cumplir con tal propósito.

    CONSIDERANDO:

    1. Que la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad, contenidos en el artículo 46º d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 32º del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

    2. Que en el presente caso es evidente que los peticionarios no han podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, de acuerdo con el artículo 46º inciso 2), parágrafo b) de la Convención Americana;

    3. Que no es de aplicación, al presente caso, el procedimiento de solución amistosa a que se refieren los artículos 48º inciso f) y 45º de la Convención Americana y del Reglamento de la Comisión, respectivamente;

    4. Que la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, por por tanto, no se encuentra sujeta a las incompatibilidades contempladas en los artículos 47º d) de la Convención Americana y 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    5. Que la reclamación no es la reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión y, por lo tanto, supera también los requisitos del artículo 47º d) de la Convención y del artículo 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    6. Que se han efectuado en el presente caso todas las gestiones tendientes a obtener, de parte del Gobierno de El Salvador, adecuada información en relación al asesinato de las personas mencionadas y asimismo, se han agotado los trámites legales y reglamentarios, establecidos en la Convención y el Reglamento de la Comisión;

    7. Que, asimismo, en el presente procedimiento se han observado y dado cumplimiento a todos los requisitos pertinentes aplicables establecidos en los artículos 48´ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 34º y siguientes del Reglamento de la Comisión;

    8. Que pese a los reiterados requerimientos efectuados, el Gobierno de El Salvador no ha dado respuesta alguna a las solicitudes de información que le fueron cursadas por la Comisión ni tampoco ha efectuado gestión alguna tendiente a obtener plazos adicionales para cumplir con este cometido;

    9. Que la falta de investigación, oportuna atención y adecuada respuesta hace de aplicación, al presente caso, lo dispuesto en el artículo 42º del Reglamento de la Comisión, según el cual:

      Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa;

    10. Que el artículo 42º del citado Reglamento autoriza a la Comisión a presumir verdaderos los hechos denunciados, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa, lo cual no ocurre en este caso;

    11. Que, por el contrario, en el mes de marzo de 1989, en declaraciones públicas dadas a conocer a la prensa, el Ministro de Defensa de El Salvador, General Eugenio Vides Casanova, admitió la responsabilidad de la Fuerza Armada de El Salvador en la muerte de los 10 campesinos del poblado de San Francisco, San Sebastián, del Departamento de San Vicente, expresando que los autores de los mismos deberían de ser puestos a disposición de las autoridades judiciales;

    12. Que, no obstante el tiempo transcurrido desde la fecha de la última solicitud reiterativa de información, la Comisión no ha sido informada acerca del enjuiciamiento de los responsables de tales hechos ni de las sanciones a los responsables de los mismos.

    LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

    En uso de las atribuciones de que esta investida,

    RESUELVE:

    1. Declarar que el Gobierno de El Salvador violó los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (integridad personal) y 7º (libertad personal) en conexión con el artículo 1º 1), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su responsabilidad en la detención, maltratos, torturas y ejecución sumaria extrajudicial, en contra de José María Flores, Nicolás Alfaro, Atilio Rivas, Francisco Alfaro, José Félix Ayala, María Zoila Rivas, José Uliser Sibrián, María Jesús Sibrián, Jesús Zepeda y Teresa Argueta.

    2. Recomendar al Gobierno de El Salvador que ordene la más exhaustiva investigación de los graves hechos denunciados, para esclarecer la responsabilidad de los miembros de sus Fuerzas Armadas que participaron directa o indirectamente en la realización de los mismos, a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes, se indemnice a los familiares de las víctimas y comunique a la Comisión acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas dentro del plazo de 90 días.

    3. Comunicar esta resolución al Gobierno de El Salvador y al denunciante.

    4. Incluir esta resolución en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de no recibirse la información del Gobierno de El Salvador.