RESOLUCION Nº 26/89

CASO 10.179 (EL SALVADOR)

28 de septiembre de 1989

ANTECEDENTES:

  1. Con fecha 10 de marzo de 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

    SEBASTIAN GUTIERREZ, 18 años de edad; JOSE MARIO CRUZ RIVERA, de 16 años; y FELIX RIVERA, 25 años, fueron capturados el 25 de febrero de 1988, en horas de la noche en el Caserío Temepechín del Cantón El Tablón, Jurisdicción de Sociedad, Cabecera Departamental de Morazán, por soldados uniformados del ejército nacional, quienes los llevaron con rumbo al río Temepechín cerca de un lugar donde había una máquina de moler caña de azúcar, en el lugar encendieron un monte y tiraron amarrados de las manos hacia atrás al fuego a JOSE CRUZ y FELIX RIVERA (fueron quemados inicialmente). Al sacarlos del fuego los soldados los metieron a una pila de agua. A JOSE MARIO CRUZ RIVERA le quitaron las orejas y a la otra persona le jalaron la piel de la naríz a la boca y les mutilaron finalmente piernas y dedos.

    SEBASTIAN GUTIERREZ se encuentra aún desaparecido. Al ser capturados, los elementos que lo hicieron dijeron a sus familiares, que llegaban a nombre de la guerrilla, pero según testimonios de los mismos familiares, fueron efectivos del ejército nacional los responsables de la captura, porque a la hora de efectuarse ésta, se logró reconocer a una mujer de nombre Juana Gómez que trabaja "para los soldados" y que anteriormente había vivido maritalmente con José Mario Cruz Rivera.

  2. Con fecha 6 de julio de 1988 se transmitió al Gobierno de El Salvador información adicional remitida por el reclamante, cuyo texto se transcribe a continuación:

    Temepechín es un pequeño caserío de 29 familias, perteneciente al Cantón El Tablón, donde viven ahora aproximadamente 100 familias, en Jurisdicción de Sociedad, al noroeste de San Francisco Gotera, en el Departamento de Morazán. Hasta ese lugar, en zona de conflicto, expuesto a combates y enfrentamientos, se trasladó el Juez de Paz de Corinto, Porfirio Benítez, para llevar a cabo la exhumación de los cuerpos de Félix Antonio Rivera y J. M. Cruz Rivera, jóvenes muertos el 26 de febrero de este año en el caserío de Temepechín.

    El 25 de febrero, tropas armadas penetraron a Temepechín. Junto a los hombres armados llegó María Juana Granados, de 18 años, vestida de militar y armada, señalando a determinadas personas de quienes llevaba una lista. Comenzaron a sacar gentes de sus casas. SEBASTIAN GUTIERREZ de 19 años y padre de un recién nacido fue sacado de su casa vistiendo solamente calzoneta y se lo llevaron. Su esposa Alejandra Bonilla, fue testigo de la captura, miembros de la familia y vecinos dijeron que habían escuchado disparos posteriormente.

    En la madrugada del 26 de febrero, los soldados entraron a la casa de FELIX ANTONIO RIVERA, de 25 años y líder de una cooperativa de consumidores, lo capturaron y se lo llevaron, catearon su casa y rompieron algunos papeles entre ellos una nota de un préstamo de FINATA que les da la propiedad sobre unas tierras de la comunidad, y los documentos de identidad personal. Al ser entrevistados, los miembros de la familia aseguran que fue golpeado al momento de la captura. Esa misma noche, soldados fueron a la casa de JOSE MARIO CRUZ RIVERA, preguntaron por su nombre pero no se encontraba; él en esos momentos trabajaba en una molienda. Cuando llegó a su casa, en el amanecer del 26, militares lo estaban esperando, le amarraron sus dedos pulgares hacia atrás, pusieron una mochila y un arma sobre su espalda y le hicieron gritar que él era guerrillero. Luego se lo llevaron. "Yo -dice la madre de J. Mario Cruz cuando ví que me lo llevaban, me fui siguiéndolos, pero me amenazaron. Yo ya no daba más, sentía que se me paraba el corazón".

    La familia fue a la parroquia y a la Cruz Roja Internacional en busca de ayuda por los tres capturados, además llegaron a las barracas del Cuarto Destacamento Militar preguntando por los capturados, pero éstos fueron negados.

    Ya en la tarde, según el papá de J. Mario Cruz Rivera, los soldados empezaron a quemar unos zacatales en el área denominada Baría Negra; el ejército obligó a los capturados a meterse al monte en llamas y a correr. El papá de una de las víctimas dijo que una de las personas que vivía en la propiedad escuchó a los dos hombres gritando cuando fueron forzados a correr entre los pastizales encendidos. La familia encontró posteriormente los cuerpos de J. Mario Cruz y Félix A. Rivera cerca de una pila. El padre de J. Mario Cruz vio los cuerpos de su hijo y el de Félix Antonio y los describió diciendo que la cabeza de su hijo estaba desfigurada, las orejas y naríz cortadas, varios dedos de los pies también cortados; los cuerpos de ambos tenían ampollas en sus pies y piernas, uno de ellos tenía cortaduras de cuchillo en el pecho y cuello. Tenía quebrado el cráneo, la piel quitada de la cara y una pierna quebrada.

    Los cuerpos destrozados fueron enterrados en presencia de la familia y vecinos, quienes veían los cadáveres de sus hijos y/o amigos completamente desfigurados.

    Al caer la tarde apareció un helicóptero, que tiró dos bombas en el lugar simulando un enfrentamiento y luego se marchó.

    SEBASTIAN GUTIERREZ se encuentra desaparecido, distintos organismos defensores de los derechos humanos trabajan en el caso, pero la familia aún no sabe nada.

    Las familias pidieron que los cuerpos fueran exhumados con la representación legal de la Fiscalía y el Juez correspondiente para que se reconociera legalmente la muerte y el estado de los cadáveres. La exhumación había sido pospuesta en varias fechas por lo conflictiva que es el área.

    La exhumación de los cuerpos se realizó el 24 de mayo en el caserío Temepechín. Estuvieron presentes distintos organismos como Tutela Legal del Arzobispado, Socorro Jurídico, IDHUCA, una Comisión de la Iglesia Luterana, Americas Watch, la Comisión de Derechos Humanos Gubernamental y representantes de la Fiscalía. El responsable de la exhumación fue el Juez de Paz de Corinto, Porfirio Benítez. El médico forense que examinó los cuerpos, el danés Jörgen L. Thomsem, (University Institute of Forency Medicine) perteneciente a un grupo de patólogos especializados en derechos humanos que ha trabajado en las fosas comunes en Argentina y en Filipinas, posee una gran experiencia en estos casos. Después del análisis dijo que haría un informe más detallado para darlo a conocer posteriormente, pero con los datos obtenidos en el momento de la exhumación confirmó que lo señalado por los testigos era cierto, que uno tenía la cabeza destrozada y torturada, otro quebrada una pierna y sus dedos.

    Al momento en que eran exhumados los cuerpos de FELIX ANTONIO RIVERA y JOSE MARIO CRUZ RIVERA, campesinos de la localidad observaban la forma como los cuerpos eran extraídos de la tierra en estado de descomposición. Al ser entrevistados todos los vecinos coinciden en que fue el ejército quien los capturó y torturó, "nosotros los vimos de día", "tenemos miedo porque después de eso hemos sido amenazados".

    El responsable del Cuarto Destacamento Militar en San Francisco Gotera, Cnel. Juan Carlos Carillo, no ha comentado públicamente nada de estas muertes causadas por el ejército en el área que él comanda.

    El 2 de marzo jóvenes y residentes del lugar fueron detenidos e interrogados cuando iban a misa. El 5 de abril continuaron las capturas y hay una lista con nombres de personas que están amenazadas y han salido de las comunidades. Familias enteras han comenzado a dejar el lugar, el ambiente se muestra desolado, hay mucha preocupación en la población por lo que les pueda ocurrir.

  3. No habiéndose recibido respuesta de la denuncia original ni de la información adicional remitidas y vencido con exceso el plazo legal establecido, con fecha 17 de noviembre de 1988, la CIDH reiteró al Gobierno de El Salvador su solicitud de información concediéndole, con tal fin, un plazo adicional de 30 días.

  4. Vencido asimismo el plazo ampliatorio otorgado al Gobierno de El Salvador y no habiéndose, tampoco esta vez, recibido respuesta ni solicitud de plazo ampliatorio, se reiteró, una vez más la solicitud al Gobierno de El Salvador para que suministrase dentro del nuevo plazo adicional de 30 días, la información pertinente en relación con el caso.

  5. Vencido otra vez el nuevo plazo ampliatorio otorgado al Gobierno de El Salvador y no habiéndose, tampoco esta vez, recibido respuesta ni solicitud de plazo ampliatorio adicional, se solicitó la cooperación de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador, entidad a la cual se le remitió una relación completa de todos los casos pendientes de respuesta.

  6. Con motivo de su presentación ante el pleno de la Comisión durante el 74´ período de sesiones, llevado a cabo en el mes de septiembre de 1988, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador trajo consigo personalmente, conjuntamente con el informe de la exhumación de los cadáveres, la siguiente nota de respuesta, la cual fue transcrita al reclamante:

    La Comisión Gubernamental de Derechos Humanos tiene registrada bajo el No. de la Ref. C4-0056-CR-88, denuncia interpuesta por el señor Hilario Cruz Arriaza, quien denunció el homicidio de su hijo José Mario Cruz Rivera asesinado, posteriormente a su aprehensión, el día 26 de febrero de 1988, a las 13:00 horas, por parte de elementos uniformados y fuertemente armados, los cuales tenían detenidos también a los señores Félix Antonio Rivera y Sebastián Gutiérrez Cruz; que en el lugar denominado Caserío Peñas Negras, Cantón Varilla Negra, de la Jurisdicción de Corinto, aparecieron los cadáveres del señor Rivera y del señor J.M. Cruz Rivera, quienes presentaban amputaciones de sus orejas y de algunos dedos de los miembros superiores, así como heridas causadas con arma corto-punzante en diversas partes del cuerpo. Con fecha 23 de marzo del corriente año se recibió un informe sobre los hechos procedentes del Dm. 4 con sede en Morazán, quienes informaron que los señores J. Mario Cruz Rivera y Félix Antonio Rivera perecieron a consecuencia de un combate entre miembros de la Unidad PRAL del mencionado Destacamento contra aproximadamente 25 delincuentes terroristas. El día 24 de mayo de este año se realizó la exhumación de los cadáveres en mención realizada por el señor Juez de Paz de Corinto en presencia de Delegados de esta Comisión y miembros de la Fiscalía General de la República así como un médico forense de origen danés. Actualmente el señor José Sebastián Gutiérrez Cruz se encuentra desaparecido desde su detención el día 25 de febrero de 1988, en su casa de habitación ubicada en Caserío Temepechín, Cantón El Tablón, J/Sociedad, Departamento de Morazán. A ese efecto se adjunta el respectivo informe de la exhumación realizada.

  7. Seguidamente, el texto del protocolo de la autopsia:

    Me es muy grato presentarle el informe sobre la EXHUMACION, RECONOCIMIENTO y AUTOPSIA, realizada el día 24 de mayo del año en curso, de los restos cadavéricos de FELIX ANTONIO RIVERA y JOSE MARIANO RIVERA, quienes fueron sepultados sin el reconocimiento legal correspondiente y oportuno, en una loma del Cantón Barilla Negra, Jurisdicción de Corinto, Departamento de Morazán, el día 26 de febrero del presente año.

    La operación se inició a las 11:00 horas y 45 minutos y concluyó a las 15:00 horas.

    Ambos cadáveres estaban en una misma fosa, separados individualmente en bolsas plásticas y con vestimentas ajenas.

    El examen corporal externo del cadáver de FELIX ANTONIO RIVERA, quien fuera exhumado a las 12:00 horas, se pudo constatar una ligera capa blanquecina en la cara, constituida por hongos y múltiples fracturas de los huesos del cráneo e infiltrados hemorrágicos en los de la cara. Ausencia casi completa de los tejidos blandos del cuello y un poco el de axilas y las piernas. El miembro inferior derecho se ve abandonado hacia afuera. En general se aprecia intensa lisis de todos los tejidos, lo que hace difícil el reconocimiento de todas las lesiones y también se aprecia un poco de mal olor.

    La cabeza: se ve deforme, sin tejido auricular y llama la atención las fracturas óseas múltiples de los huesos del cráneo; el tejido cerebral deforme, de color blanquecino y grisáceo. Los huesos de la cara no se identifican a cabalidad, están semidestruidos y en los huesos de la orbita ocular izquierda hay infiltración hemorrágica difusa. Se encuentra fracturada la rama derecha del maxilar inferior.

    El cuello: presenta intensa destrucción de sus tejidos y no se puede identificar adecuadamente sus elementos; las vértebras están desarticuladas en su totalidad. No aprecio fracturas.

    El tórax: la piel pálida, apergaminada, con marcada tendencia a la lisis. El tejido celular subcutáneo identificable pero con pérdida de su solidez e individualidad. Se encontró fractura en su tercio distal, de la 11va. costilla izquierda; también se encontró fracturada la escápula derecha.

    El abdomen: pálido y zonas de coloración negra que se limpiaban fácilmente; todos sus órganos en franco proceso de descomposición.

    Los genitales: estaban presentes, no había heridas excepto con señales evidentes de lisis.

    Los miembros superiores con bastante ausencia y destrucción de los tejidos blandos en axilas; piel pálida, ausencia del dedo pulgar derecho; los demás dedos todos bien conservados. Hay una fractura en el tercio próximal del fémur derecho lo que daba el signo del pie abandonado, descrito en el examen corporal externo. Los pies por su poco tejido no estaban ni húmedos.

    CONCLUSION: soy de opinión que la causa directa y por si sola de la muerte fue los múltiples traumatismos y especialmente los de la cabeza, así como posibles heridas profundas causadas por arma blanca en el cuello y axilas con la hemorragia profusa concomitante.

    Al examen corporal externo de los restos cadavéricos de JOSE MARIANO RIVERA, quien fue exhumado a las 12:00 horas con 30 minutos, se pudo apreciar un cuerpo mejor conservado, sin tantos traumatismos, predominando los fenómenos de auto-destrucción.

    En la cabeza llamó la atención únicamente la ausencia de las orejas.

    En el cuello se notó la ausencia de los tejidos blandos y la marcada lisis de las existentes, lo cual es propio y evidentes ante las heridas.

    En los miembros superiores a nivel de axilas se notó también ausencia de tejidos blandos y lisis de los existentes. Los dedos de sus manos y sus pies estaban bien conservados, excepto el dedo anular izquierdo ausente y la falta de humedad por el escaso tejido blando que a ese nivel se ve en vida. Me llamó mucho la atención una figura circular, de periferia color negro situada en la cara anterior del tercio próximal del muslo derecho muy cerca de la ingle.

    Los restos de los genitales estaban presentes e intactos. Casi todos los huesos estaban desarticulados como fenómeno post-Morten.

    CONCLUSION: soy de opinión que la causa directa y por si sola de la muerte, fue posiblemente una hemorragia por heridas por arma blanca a nivel del cuello y axilas.

    Atentamente, Dr. Guillermo Alvarado Morán, Médico Forense.

  8. Con fecha 26 de abril de 1989, el peticionario formuló los reparos y objeciones de su parte, los que se transmitieron al Gobierno de El Salvador, con fecha 2 de mayo de 1989, para sus correspondientes observaciones y comentarios. Seguidamente un resumen de los mismos:

    Que los documentos que presenta el Gobierno de El Salvador no niegan los hechos alegados en la petición sino que tienden a sostener los puntos relevantes del caso del doble asesinato de FELIX ANTONIO RIVERA Y JOSE MARIO CRUZ RIVERA y que SEBASTIAN GUTIERREZ fué detenido, sacado de su casa y luego desaparecido; que el informe militar que se inserta señala como cuerpo responsable a la Patrulla de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL) del Destacamento Militar Número 4, con sede en San Francisco Gotera, Morazán; que el Gobierno no niega las conclusiones del protocolo de la autopsia; que la Fuerza Armada pretende exonerarse de responsabilidad aduciendo que las muertes de FELIX ANTONIO RIVERA Y JOSE MARIO CRUZ RIVERA tuvieron lugar en combate, pero que de la prueba ofrecida sólo puede concluirse lo contrario; que el proceso judicial de "sobre averiguar la muerte" de dichas personas se encuentra paralizado desde la exhumación de los cadáveres que fue la última deligencia del proceso; que a pesar de las evidencias ningún esfuerzo se ha hecho para citar a los militares comprometidos con la finalidad de que brinden sus testimonios y que la Fuerza Armada no ha hecho, aparentemente, ninguna investigación interna para esclarecer el caso, no obstante las siguientes declaraciones aparecidas en el Washington Post el 21 de junio de 1988:

    El Coronel René Emilio Ponce, Comandante de la Brigada de la Fuerza Armada con jurisdicción en el área, leyó a periodistas el informe de batalla correspondiente al día que murieron los dos hombres. En ello, las tropas reportaron haber matado a dos "subversivos" en el lugar donde los dos moradores murieron apuñalados, y que había habido un tiroteo. Civiles que dieron testimonios dijeron que no había habido enfrentamiento y que los soldados habían simulado una balacera mientras torturaban a los hombres, para cubrir sus gritos de dolor.

    "No sé nada de otros reportes", dijo Ponce. "Si hubiera mutilación, es reprensible y debe ser condenada en todo aspecto".

    Ponce dijo que no investigaría la unidad que según informes llevó a cabo los asesinatos. "No podemos investigar cada reporte de combate", dijo él. "En estos casos, tengo que creer lo que me informen mis coroneles".

  9. Hasta la fecha, no obstante el tiempo transcurrido de más de cuatro meses, el Gobierno de El Salvador no ha formulado impugnaciones, observaciones, comentarios u objeciones a las alegaciones del reclamante.

    CONSIDERANDO:

    1. Que la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad, contenidos en el artículo 46º d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 32º del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

    2. Que en el presente caso los peticionarios no han podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, de acuerdo con el artículo 46º inciso 2), parágrafo b) de la Convención Americana;

    3. Que no es de aplicación, al presente caso, el procedimiento de solución amistosa a que se refieren los artículos 48º inciso f) y 45º de la Convención Americana y del Reglamento de la Comisión, respectivamente;

    4. Que la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, por lo tanto, no se encuentra sujeta a las incompatibilidades contempladas en los artículos 47º d) de la Convención Americana y 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    5. Que la reclamación no es la reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión y, por lo tanto, supera también los requisitos del artículo 47º d) de la Convención y del artículo 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    6. Que se han efectuado en el presente caso todas las gestiones tendientes a obtener, de parte del Gobierno de El Salvador, adecuada información en relación al asesinato de las personas mencionadas y asimismo, se han agotado los trámites legales y reglamentarios, establecidos en la Convención y el Reglamento de la Comisión;

    7. Que el Gobierno de El Salvador en su nota de respuesta, a la que acompaña el informe sobre la exhumación, reconocimiento y autopsia realizado en los cadáveres de las víctimas, confirma haber recibido la misma denuncia de los familiares de las víctimas, cuyos hechos se describen, de parte de éstos, en términos también coincidentes con los traídos a conocimiento de la CIDH, variando sólo la versión oficial, en cuanto la fuente militar consultada en este respecto, en el sentido de que MARIO CRUZ RIVERA Y FELIZ ANTONIO RIVERA perecieron como consecuencia de un combate entre la guerrilla y el ejército, señalándose, en forma concreta, como cuerpo que participó directamente en la realización de los mismos, a la Patrulla de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL) del Destacamento Militar N´ 4 del Ejército de El Salvador, con sede en San Francisco Gotera, Morazán;

    8. Que en el protocolo de la autopsia que proporciona el Gobierno de El Salvador, que concuerda asimismo con el mencionado en la denuncia por los peticionarios, también se ratifica, en detalle, los maltratos, torturas y mutilamientos de que fueron víctimas por parte de los miembros del Ejército de El Salvador, Félix Antonio Rivera y José Mario (Mariano) Cruz Rivera;

    9. Que tal como lo manifiesta el peticionario al formular sus observaciones, la respuesta del Gobierno de El Salvador no niega los hechos alegados ni la participación de su Fuerza Armada en la realización de los mismos, pero pretende salvar su responsabilidad alegando que los dos muertos fueron saldo de un combate entre efectivos del destacamento militar y los de la guerrilla, lo que es contradicho por los testigos presenciales que aseguran, cada cual por su lado y en su propia e independiente versión, que las víctimas fueron objeto de secuestros de sus propias casas por soldados uniformados y también es desvirtuado, de otro lado, por los informes médicos de la exhumación que proveen evidencias más que suficientes para determinar que los dos jóvenes asesinados no murieron en combate, sino que fueron torturados, asesinados y mutilados;

    10. Que en cuanto a la situación de Sebastián Gutiérrez, quien figura como desaparecido a partir del momento de su captura, no se ha brindado tampoco ningún elemento de información por parte del Gobierno para desvirtuar o confirmar las alegaciones de la familia y demás testigos presenciales según los cuales, fueron soldados del ejército de El Salvador quienes lo sacaron violentamente de su domicilio y condujeron en vehículos de la Fuerza Armada al Destacamento Militar Nº 4, lo que además habría sido confirmado por testigos presenciales y por versiones proporcionadas a los familiares por algunos soldados del Batallón Morazán;

    11. Que el Gobierno de El Salvador, no ha realizado los esfuerzos del caso destinados a investigar debidamente los hechos denunciados, limitándose a constatar su ocurrencia, lo que se pone de manifiesto, además, por la falta de agilización del proceso judicial de "sobre averiguar" dentro del cual no ha sido citado, detenido o responsabilizado ninguno de los autores materiales del hecho, cuya identidad conoce la Fuerza Armada de El Salvador;

    12. Que la desaparición forzada de personas es, como lo ha señalado la Asamblea General de la OEA, una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad (AG/Res.666 XIII-0/83 de 18 de noviembre de 1983);

    13. Que por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la práctica de desapariciones "a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención" (Párrafo 158 de la sentencia definitiva del caso Velásquez Rodríguez, 29 de junio de 1988);

    14. Que asimismo, en cuanto a Félix Antonio Rivera y José Mario (Mariano) Cruz Rivera, las muestras de muerte violenta, con aplicación de torturas, mutilaciones, quemaduras y deshollamientos, alegadas en la denuncia y comprobadas por el protocolo de la autopsia, ponen de manifiesto un hecho repetido y relativamente no infrecuente, de que las víctimas de capturas por parte de miembros del ejército bajo la sospecha de pertenecer a la guerrilla, son objeto de tratos inhumanos, crueles y degradantes;

    15. Que los hechos contenidos en la presente denuncia, los cuales se hallan debidamente comprobados y son de conocimiento del Gobierno de El Salvador, constituyen una demostración de utilización y práctica de métodos incompatibles con las más elementales normas de conducta humana, todo lo cual no puede ser consentido ni encubierto, por ninguna razón y debe de ser más bien castigado en forma ejemplar;

    16. Que se han cumplido con las partes pertinentes aplicables de los requisitos establecidos en los artículos 48º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 34º y siguientes del Reglamento de la Comisión.

      LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

      En uso de las atribuciones de que está investida,

      RESUELVE:

      1. Declarar que el Gobierno de El Salvador violó los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (integridad personal) y 7º (libertad personal) en conexión con el artículo 1º 1), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por su responsabilidad en la detención, maltratos y mutilaciones y ejecución sumaria en contra de FELIX ANTONIO RIVERA y JOSE MARIO (MARIANO) CRUZ RIVERA.

      2. Declarar que el Gobierno de El Salvador violó los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (integridad personal) y 7º (libertad personal) en conexión con el artículo 1º 1), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por su responsabilidad en la detención y posterior desaparición de SEBASTIAN GUTIERREZ.

      3. Recomendar al Gobierno de El Salvador que ordene la más exhaustiva investigación de los graves hechos denunciados para esclarecer la responsabilidad de los miembros de sus Fuerzas Armadas que participaron directa o indirectamente en tales hechos, a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes, se indemnice a los familiares de las víctimas y comunique a la Comisión acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas dentro del plazo de 90 días.

      4. Comunicar esta resolución al Gobierno de El Salvador y al denunciante.

      5. Incluir esta resolución en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de no recibirse la información del Gobierno de El Salvador.