RESOLUCION Nº 25/89

CASO 9811 (EL SALVADOR)

28 de septiembre de 1989

ANTECEDENTES:

  1. Con fecha 30 de octubre de 1986 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

    El día 6 de agosto de 1986 a las once horas, soldados del CIIFA capturaron en su casa de habitación a FELIPE BERNAL MARTINEZ, salvadoreño de 42 años, zapatero con domicilio en San Pedro Nonualco, Jurisdicción de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, El Salvador. Después de allanar y registrar la casa, amarraron y condujeron a la víctima a la casa de su padre, donde los soldados del CIIFA capturaron también a sus otros dos hermanos: JULIAN BERNAL MARTINEZ y DOMINGO BERNAL MARTINEZ, éste último de 30 años. Ante los reclamos de la familia de Bernal, los soldados respondieron que se llevaban a los detenidos para "una conferencia".

    El 7 de agosto de 1986 la esposa de Domingo Bernal Martínez, acompañada de amigos buscó a los hermanos, localizando rápidamente a los tres cadáveres. Estaban degollados y a Domingo le habían cortado la lengua.

    Por un testigo, la familia de Bernal se ha enterado que los hermanos fueron conducidos por soldados del CIIFA al Cuartel de la Defensa Civil de San Pedro Nonualco, en ese lugar los mantuvieron amarrados, torturándolos. A las dos horas del 7 de agosto de 1986, un pequeño camión con luces apagadas salió de la Defensa Civil. Después el Comandante de la misma aseguró que la ejecución de los Bernal era "para poner un ejemplo, pues estaban acusados de colaborar con la guerrilla".

    Los cadáveres fueron reconocidos por el Juez local y luego entregados a las familias para su inhumación.

  2. La Comisión mediante comunicación de fecha 14 de octubre de 1986 transmitió las partes pertinentes al Gobierno de El Salvador, solicitándole suministrase la información que considerase oportuna dentro del plazo de 90 días.

  3. Con fecha 28 de enero de 1987, el Gobierno de El Salvador, en respuesta, hizo llegar a la Comisión la nota que seguidamente se transcribe:

    Que con el objeto de hacer una exhaustiva investigación sobre el caso denunciado, esta Comisión, destacó a un delegado al Juzgado Segundo de lo Penal, de Zacatecoluca. A continuación le detallo las partes más importantes de su informe: "Estando presente en el mencionado Tribunal, el señor Secretario me proporcionó la causa siguiente: Entrada No. 261/1986. Informativo instruído sobre averiguar la muerte de los occisos FELIPE BERNAL MARTINEZ, JULIAN BERNAL MARTINEZ y DOMINGO BERNAL MARTINEZ, a consecuencia de lesiones producidas al parecer por arma cortante (corvo). El 7 de agosto de 1986, inspección del lugar de los hechos. En los suburbios del Barrio Guadalupe de San Pedro Nonualco, a las 9:30 horas, luego ese mismo día 7 de agosto, se practica el reconocimiento médico de los 3 cadáveres, realizado por los peritos MIGUEL VENTURA y JOSE DOMINGO MOLINA. Posteriormente el 11 de agosto del mismo año, se recibe declaración de ofendida de la señora TEODORA ARDON, manifestando que no se siente ofendida ni que sospecha de alguna persona, por la muerte de su compañero de vida y cuñados. Que el día 6 de agosto de 1986, aproximadamente a las 11:00 horas, se hallaba la dicente en su casa de habitación, ubicada en el Cantón Hacienda Vieja, Jurisdicción de San Pedro Nonualco, y su compañero de vida, DOMINGO BERNAL MARTINEZ, le dijo que no sabía por qué esos muchachos andaban por allí, o sea que se refería a unos individuos que vestían uniformes de esos parchados y que portaban armas, o sea fusiles de esos que han salido hoy y que dicen que son nuevos; ya se habían rodeado la casa, no pudiendo determinar cuántos eran, limitándose a decir que era un 'puño'. Que después de media hora, uno de esos individuos platicó con su cuñado FELIPE BERNAL MARTINEZ y le decía que venían de Zacatecoluca y estaban destacados en San Pedro Nonualco. Que pasada la media hora se llevaron esos individuos al compañero de vida de la dicente y a sus cuñados. Que no supo nada de ellos, hasta cuanto los halló muertos. El 12 de agosto de 1986, el Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco remite la causa al Juzgado 2º de lo Penal de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Asimismo el 21 de agosto del mismo año, el Juzgado 2º de lo Penal de Zacatecoluca, da por recibida la causa del Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco. El 22 de agosto de 1986, el Juzgado 2º de lo Penal solicita a la Alcaldía Municipal de San Pedro Nonualco, certificación de las partidas de defunción de los 3 occisos. El 26 del mismo año, se reconoce con vista de autos los cadáveres de los 3 occisos, y finalmente el 2 de septiembre de 1986, se dan por recibidas las partidas de defunción".

  4. La respuesta del Gobierno fue debidamente comunicada al reclamante con fecha 16 del mes de febrero de 1987.

  5. Con fecha 7 de julio de 1988 la CIDH, tomando en consideración que los hechos denunciados habían sido debidamente comprobados por el Gobierno de El Salvador pero que en la indicada nota de respuesta no se daba información sobre el procesamiento judicial a los autores del asesinato de la familia BERNAL MARTINEZ ni de las medidas que se habían adoptado en relación con los autores de su ejecución sumaria, se dirigió nuevamente al Gobierno de El Salvador solicitándole que, dentro del plazo de 30 días, le hiciese llegar información sobre el estado del citado caso.

  6. Con fecha 18 de agosto de 1988 el Gobierno de El Salvador dio respuesta a la CIDH, transcribiendo otra vez el mismo texto informativo enviado con fecha 28 de enero de 1987 y que, constituía la información proporcionada a la Cancillería por la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos.

  7. Que posteriormente se han hecho gestiones personales y directas con la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos, con la finalidad de obtener de ésta una mayor información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los hechos denunciados, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta de parte de la entidad estatal.

    CONSIDERANDO:

    1. Que la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad, contenidos en el artículo 46º d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 32º del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

    2. Que en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario no ha podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, de acuerdo con el artículo 46º inciso 2), parágrafo b) de la Convención Americana;

    3. Que no es de aplicación, al presente caso, el procedimiento de solución amistosa a que se refieren los artículos 48º inciso f) y 45º de la Convención Americana y del Reglamento de la Comisión, respectivamente;

    4. Que la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, por lo tanto, no se encuentra sujeta a las incompatibilidades contempladas en los artículos 47º d) de la Convención Americana y 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    5. Que la reclamación no es la reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión y, por lo tanto, supera también los requisitos del artículo 47º d) de la Convención y del artículo 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    6. Que se han efectuado en el presente caso todas las gestiones tendientes a obtener, de parte del Gobierno de El Salvador, adecuada información en relación al asesinato de las personas mencionadas y asimismo, se han agotado los trámites legales y reglamentarios, establecidos en la Convención y el Reglamento de la Comisión;

    7. Que la nota oficial de respuesta del Gobierno de El Salvador no aporta ningún elemento de juicio que permita conocer si en realidad se han efectuado las investigaciones que tan delicado caso requiere, con la finalidad de establecer la identidad de los soldados que ilegalmente detuvieron a los hermanos BERNAL MARTINEZ en su domicilio y posteriormente los asesinaron, ni la de los oficiales superiores que impartieron tales órdenes, de haber sido éste el caso;

    8. Que el hecho denunciado, se encuentra corroborado en el testimonio directo de la esposa de una de las víctimas, la cual presenció personalmente como éste y sus hermanos fueron obligados a dejar su domicilio y llevados por la fuerza y contra su voluntad, por los efectivos de la Sexta Brigada de Infantería;

    9. Que igualmente, existen otros testigos presenciales de la captura de las víctimas, sus propios familiares, quienes reconocieron a los soldados y trataron de disuadirlos de llevárselos, recibiendo como contestación de que eran conducidos para una "conferencia";

    10. Que asimismo, la familia fue informada de que los soldados se los llevaron con rumbo al Cuartel de la Defensa Civil de San Pedro Nonualco, a donde habrían sido vistos amarrados y siendo objeto de torturas;

    11. Que se han cumplido con las partes pertinentes aplicables de los requisitos establecidos en los artículos 48º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 34º y siguientes del Reglamento de la Comisión;

    12. Que pese al tiempo transcurrido, y a las infructuosas y reiteradas gestiones efectuadas por la Comisión, el Gobierno de El Salvador no ha proporcionado respuesta alguna adicional en relación con el presente caso, ni tampoco ha solicitado prórroga para remitir la información;

    13. Que la respuesta del Gobierno, lejos de desvirtuar los hechos, los confirma reiteradamente, con el testimonio personal y directo de doña Teodora Ardón, testigo presencial de los hechos, quien manifiesta que un grupo de uniformados que portaban armas pesadas se llevaron a su compañero de vida DOMINGO BERNAL MARTINEZ y a sus cuñados FELIPE BERNAL MARTINEZ y JULIAN BERNAL MARTINEZ y de quienes no se supo nunca más hasta cuando los halló muertos.

      LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

      En uso de las facultades de que está investida,

      RESUELVE:

      1. Declarar, a la luz de los antecedentes que se han expuesto, que el Gobierno de El Salvador violó los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (derecho a la integridad personal), 7º (derecho a la libertad personal) en conexión con el artículo 1º 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual El Salvador es parte, respecto del asesinato de los señores FELIPE BERNAL MARTINEZ, JULIAN BERNAL MARTINEZ y DOMINGO BERNAL MARTINEZ.

      2. Recomendar al Gobierno de El Salvador que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y, de acuerdo con las leyes salvadoreñas, sancione a los responsables de los hechos, se indemnice a los familiares de las víctimas e informe a la Comisión dentro de un plazo de 90 días sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones consignadas en la presente resolución.

      3. Comunicar esta resolución al Gobierno de El Salvador y al denunciante.

      4. Incluir esta resolución en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de no recibirse información del Gobierno de El Salvador de acuerdo con el parágrafo 2.