RESOLUCION Nº 24/89

CASO 9810 (EL SALVADOR)

28 de septiembre de 1989

ANTECEDENTES:

  1. Con fecha 5 de septiembre de 1986 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

    El día 24 de enero de 1986, fue capturado en su casa de habitación MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, salvadoreño, de 23 años de edad, pequeño agricultor con domicilio en el Cantón Las Arañas, Jurisdicción de Jiquilisco, Departamento de Usulután, El Salvador, por soldados de la Sexta Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas del Gobierno de El Salvador, que se encontraban realizando una operación militar de rastreo en la zona del Cantón Las Arañas. Los soldados penetraron en la casa de la víctima y pidieron agua a su esposa, pero uno de ellos reconoció a MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA debido a que, previamente, había sido miembro de una patrulla, capturado y conducido a San Salvador en calidad de preso político el 8 de marzo de 1985, trasladado a la jurisdicción militar y liberado el 9 de mayo de 1985.

    Los captores condujeron a la víctima hacia una borda que le llaman "Lempa Mar". Varios testigos lo vieron llorando, amarrado y siendo objeto de amenazas, golpes y torturas. Un testigo asegura que conversó con la víctima quien le dijo: "Si Dios quiere llegaré a casa y si no que mi familia se conforme". La esposa de Ramos Ayala pretendió conversar con él pero los soldados se lo impidieron, amenazándola con capturarla. Le dijeron que su esposo volvería a casa el 25 de enero de 1986.

    El 24 de enero de 1986 aseguran los testigos que escucharon unos disparos como a las veintidos horas. Un soldado llegó posteriormente a la casa de la víctima a pedir "tortillas" y la esposa de Ramos Ayala afirma que utilizaba el sombrero de la víctima.

    Después de siete días que permanecieron los soldados en el Cantón, la familia de la víctima fue al lugar donde le informaron se encuentra enterrado el cadáver de Ramos Ayala.

    Los mismos soldados anunciaban haber matado un guerrillero del Cantón Las Arañas.

  2. Con fecha 16 de septiembre de 1986 se transmitió las partes pertinentes de dicha denuncia al Gobierno de El Salvador, concediéndosele el plazo de 90 días para dar respuesta a la solicitud de informe de la Comisión.

  3. No habiéndose recibido respuesta y vencido con exceso el plazo legal establecido, con fecha 1 de junio de 1987 la CIDH reiteró al Gobierno de El Salvador su solicitud de información concediéndole, con tal fin, un plazo adicional de 30 días.

  4. Vencido asimismo el plazo ampliatorio otorgado al Gobierno de El Salvador y no habiéndose, tampoco esta vez, recibido respuesta ni solicitud de plazo ampliatorio, se solicitó la cooperación de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador, entidad a la cual se le remitió una copia adicional con la relación completa de todos los casos pendientes de respuesta.

  5. Con motivo de su presentación ante el pleno de la Comisión durante el 74º período de sesiones llevado a cabo en el mes de septiembre de 1988, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador trajo consigo personalmente la siguiente nota de respuesta:

    MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA no aparece registrado como detenido en los controles que al efecto lleva la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, CDH.

    CONSIDERANDO:

    1. Que la reclamación reúne los requisitos formales de admisibilidad, contenidos en el artículo 46º d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 32º del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

    2. Que en el presente caso resulta a todas luces evidente que el peticionario no ha podido lograr una protección efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales, por lo cual no son aplicables los requisitos referentes al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, de acuerdo con el artículo 46º inciso 2), parágrafo b) de la Convención Americana;

    3. Que no es de aplicación, al presente caso, el procedimiento de solución amistosa a que se refieren los artículos 48º inciso f) y 45º de la Convención Americana y del Reglamento de la Comisión, respectivamente;

    4. Que la reclamación no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, por lo tanto, no se encuentra sujeta a las incompatibilidades contempladas en los artículos 47º d) de la Convención Americana y 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    5. Que la reclamación no es la reproducción de petición anterior ya examinada por la Comisión y, por lo tanto, supera también los requisitos del artículo 47º d) de la Convención y del artículo 39º c) del Reglamento de la Comisión;

    6. Que se han efectuado en el presente caso todas las gestiones tendientes a obtener, de parte del Gobierno de El Salvador, adecuada información en relación al asesinato de la persona mencionada y asimismo se han agotado los trámites legales y reglamentarios, establecidos en la Convención y el Reglamento de la Comisión;

    7. Que la nota oficial de respuesta del Gobierno de El Salvador no aporta ningún elemento de juicio que permita conocer si en realidad se han efectuado investigaciones sobre los hechos denunciados, con la finalidad de establecer la identidad de los soldados que ilegalmente detuvieron a MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA en su domicilio y posteriormente lo asesinaron, ni la de los oficiales superiores que impartieron tales órdenes, de haber sido éste el caso;

    8. Que el hecho denunciado, se encuentra corroborado en el testimonio directo de la esposa, la cual presenció personalmente cómo fue obligado a dejar su domicilio y llevado, contra su voluntad, por los efectivos de la Sexta Brigada de Infantería;

    9. Que igualmente, existen otros testigos que posteriormente vieron que MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA era golpeado por los soldados y que, en un descuido de éstos, lograron conversar con la víctima, la cual les manifestó sus temores de ser asesinado por los soldados, lo que en efecto ocurrió después;

    10. Que se han cumplido con las partes pertinentes aplicables de los requisitos establecidos en los artículos 4º´ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 34º y siguientes del Reglamento de la Comisión.

      LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

      En uso de las atribuciones de que está investida,

      RESUELVE:

      1. Declarar, a la luz de los antecedentes que se han expuesto, que el Gobierno de El Salvador violó los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (derecho a la integridad personal) y 7º (derecho a la libertad personal), en conexión con el artículo 1º 1), consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual El Salvador es Estado parte, respecto del asesinato de MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA.

      2. Recomendar al Gobierno de El Salvador que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y, de acuerdo con las leyes salvadoreñas, sancione a los responsables de los hechos, se indemnice a los familiares de la víctima e informe a la Comisión dentro de un plazo de 90 días sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones consignadas en la presente resolución.

      3. Comunicar esta resolución al Gobierno de El Salvador y al denunciante.

      4. Incluir esta resolución en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de no recibirse la información del Gobierno de El Salvador de acuerdo con el parágrafo 2.