RESOLUCION Nº 23/89
I. INTRODUCCION
A. Resumen de los hechos y de la denuncia del Peticionario
- El peticionario, Willie L. Celestine, un joven negro
reducido a la indigencia, fue
declarado culpable, condenado a muerte y electrocutado por el
Estado de Louisiana en los
Estados Unidos, por la violación y el asesinato de una
anciana blanca.
- Willie L. Celestine fue declarado culpable y
sentenciado a muerte el 10 de
diciembre de 1982 en la Corte del Decimoquinto Distrito Judicial
de la Parroquia de Lafayette en
Louisiana. Celestine apeló su sentencia en los tribunales
estatales y federales, incluso ante la
Suprema Corte de los Estados Unidos. En todas las instancias,
los tribunales confirmaron la
condena a muerte o denegaron la apelación. La Suprema
Corte le denegó el recurso de revisión
(certiorari) en tres oportunidades. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "la Comisión") envió telegramas al
Secretario de Estado Shultz y al Gobernador
Edwards de Louisiana solicitando una suspensión de la
ejecución hasta contar con el resultado de
una investigación de la Comisión. Dichas
solicitudes no fueron tenidas en cuenta. Celestine fue
ejecutado el 20 de julio de 1987.
- El peticionario en el presente caso está
representado por Bert B. Lockwood, Jr.,
Profesor de Derecho y Director del Instituto Urban Morgan de
Derechos Humanos en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cincinnati y S. Adele Shank,
Defensora Pública Auxiliar del
Estado en Columbus, Ohio.
- El problema central que plantea la denuncia presentada
el 15 de julio de 1987 es si
la pena de muerte, cuando se aplica de manera racialmente
discriminatoria y en ausencia de una
audiencia imparcial y de igual protección ante la ley, es
una violación de las obligaciones de los
Estados Unidos conforme a la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (en
adelante "la Declaración Americana"). El peticionario
alega específicamente violación de los
artículos I, II y XXVI de la Declaración Americana.
En su respuesta del 26 de enero de 1988, los
Estados Unidos niegan las alegaciones, afirmando que no existe
ninguna base fáctica para ellas y
cuestionando la aplicabilidad de la Declaración Americana.
- La presente decisión ha sido elaborada por la
Comisión de acuerdo con el artículo
53º del Reglamento de la Comisión. El texto de esta
decisión fue adoptado el 28 de septiembre
de 1989, con los siguientes miembros presentes: Oliver H.
Jackman, Presidente; Elsa Kelly,
Vicepresidente; Leo Valladares L., Segundo Vicepresidente; Gilda
M.C.M. de Russomano,
Miembro; Marco Tulio Bruni Celli, Miembro; y Patrick L. Robinson,
Miembro.
II. LOS HECHOS
- Los hechos del presente caso no son motivo de disputa
entre las partes.
Willie L. Celestine fue declarado culpable y sentenciado a muerte
por el asesinato y violación
brutal de una señora de 81 años en su hogar.
Celestine se encontraba bajo los efectos de drogas y
alcohol y tenía un coeficiente de inteligencia muy
inferior al normal.
III. PRESENTACIONES DE LAS PARTES
A. El Peticionario
- El peticionario alega que la imposición de la
pena de muerte a Willie L.
Celestine por los Estados Unidos violó los
artículos I, II y XXVI de la Declaración Americana.
- El peticionario alega que las garantías de
derechos humanos de la
Declaración Americana se aplican a los Estados Unidos en
virtud de la cláusula de supremacía,
artículo VI de la Constitución de los Estados
Unidos.
- El peticionario alega que fue objeto de
privación arbitraria de su derecho a
la vida garantizado por el artículo I de la
Declaración Americana porque la pena de muerte en
Louisiana se impone de manera racialmente discriminatoria en
violación del artículo II de la
Declaración Americana y del artículo 3´ de la
Carta de la OEA.
- El peticionario alega que se le negó el derecho
a ser oído en forma
imparcial garantizado por el artículo XXVI de la
Declaración Americana porque fue sentenciado
por un jurado prejuiciado a favor de la pena de muerte.
- El peticionario alega que se le privó del trato
igual ante la ley que garantiza
el artículo II de la Declaración Americana porque
se le negó la oportunidad de ser juzgado por un
jurado imparcial como resultado del proceso de selección
de jurados mediante el cual se excluye a
todos los posibles jurados que indican que votarían
automáticamente en contra de la pena de
muerte (death qualification).
- El peticionario alega que la pena de muerte es un
castigo cruel, infamante e
inusitado que resulta en la privación arbitraria de la
vida, cuando se aplica de forma racialmente
discriminatoria sin audiencia imparcial ni igualdad ante la ley.
- El peticionario alega que "a pesar de que en los
tribunales norteamericanos
se han presentado los más complejos estudios
estadísticos de ciencias sociales y, a pesar de que
todos estos estudios demuestran la realidad del racismo cuando se
emiten sentencias de muerte en
los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos solicita a
la Comisión que ratifique la
doctrina jurídica que coloca la carga de las pruebas y
evidencias sobre el acusado a fin de que
compruebe en su caso discriminación real e intencional,
reconociendo a la vez que ningún acusado
ha podido hacerlo". (Escrito del peticionario, pág. 13.)
- El peticionario funda su reclamo en un análisis
de regresión múltiple sobre
el sistema de pena capital en Carolina del Norte que demuestra
que la raza del acusado es un
factor significativo en casi todas las etapas del sistema de
justicia penal, desde la decisión del fiscal
de formular un cargo de homicidio premeditado hasta la
decisión de someter el caso a un juicio
por jurado. El estudio revela también que, al emitir el
veredicto, es la raza de la víctima más que
la del acusado el factor más importante para determinar si
se impone o no la pena de muerte.
Según el estudio, es seis veces más probable que se
encuentre culpable a una persona acusada de
homicidio de una víctima de raza blanca que a una persona
acusada de homicidio de una víctima
de raza negra.
En igualdad de condiciones, inclusive la calidad de las pruebas y la seriedad del delito, los acusados en casos que involucraban a víctimas de raza blanca tenían seis veces más probabilidades de ser declarados culpables de homicidio premeditado que los acusados en casos con víctimas de otra raza.
El peticionario observa que estas conclusiones confirman los resultados del estudio de Baldus presentado por los demandantes en el caso McCleskey v. Kemp (107 S.Ct. 1756). Aunque la Suprema Corte sostuvo que las conclusiones del estudio, aun presumiendo que fueran válidas, no son prueba de una violación de la Constitución, los peticionarios sostienen que la imposición racialmente discriminatoria de la pena de muerte en los Estados Unidos, demostrada por serios análisis estadísticos, es no obstante una violación de la Declaración Americana.
- El peticionario también cita dos estudios
independientes de la pena capital
en Louisiana para demostrar que existen patrones similares a los
de Carolina del Norte. En los
estudios de Louisiana se demuestra que "es tres veces más
probable que sean sentenciados a
muerte los acusados en casos de pena capital que han matado a
personas blancas que los que han
matado a personas negras". Más específicamente,
los blancos que matan a negros nunca reciben
la pena de muerte en Louisiana. En ambos estudios se concluye
que el factor más determinante
de que se reciba una sentencia de muerte es la raza de la
víctima. El estudio del Times-Picayune
utilizó un análisis computarizado de los acusados
en Louisiana que podían ser condenados a
muerte y tuvo en cuenta una serie de elementos no vinculados con
la raza. Se llegó a la
conclusión de que, en igualdad de condiciones, la raza de
la víctima era el factor de mayor
influencia para determinar quién recibía y
quién no recibía la pena de muerte". (Escrito del
peticionario, pág. 28.)
- El peticionario afirma que "la información
recopilada ilustra que en todo
Estados Unidos los negros se ven en posición cada vez
más desventajosa a medida que aumenta la
discreción del sistema judicial". (Escrito del
peticionario, páginas 37-38.) El peticionario
argumenta que "la exclusión categórica por parte de
la Suprema Corte de pruebas estadísticas del
marco constitucional ha colocado una carga intolerable sobre los
que han sufrido discriminación
en instituciones de justicia penal, porque la intención de
discriminar en cada caso individual
generalmente carece de base documental e incluso puede ser
inconsciente". (Escrito del
peticionario, págs. 28 y siguientes.)
- Con base en estos estudios, el peticionario argumenta
que el uso de tan
solo pruebas estadísticas demuestra que existe
discriminación racial en la imposición de la pena
de
muerte y debe trasladarse la carga de probar
discriminación racial del peticionario a los Estados
Unidos, cuando dichas estadísticas son presentadas por el
acusado. El peticionario sostiene que la
actual ley de Estados Unidos que requiere que el acusado pruebe
discriminación racial en su juicio
es una norma de revisión poco realista porque
ningún acusado que enfrenta la pena capital ha
podido hacerlo. Sólo mediante vastos estudios
estadísticos se percibe la sutil discriminación
racial
que permea todo el sistema. El peticionario llega a la
conclusión, por tanto, de que si los estudios
estadísticos confiables demuestran la posibilidad de
discriminación racial en el sistema de justicia
criminal, la carga de probar que la audiencia no estuvo viciada
de discriminación racial debe
trasladarse al gobierno. Presumir otra cosa permitiría
que los Estados Unidos arbitrariamente
privaran a los acusados negros de su derecho a la vida sin una
revisión sustantiva, lo que resulta
una violación de los artículos I y II de la
Declaración Americana.
- Además de violar la Declaración
Americana, el peticionario argumenta que,
como se estipula en la Sección 702 de la Tercera
Recopilación del Derecho de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos, un estado viola el derecho
internacional si como política del
Estado practica, alienta o condona la discriminación
racial sistemática. La Sección 702 reconoce
la prohibición de discriminación racial como norma
perentoria (jus cogens). El peticionario afirma
que esta norma perentoria coloca "una grave carga de
justificación ... en los Estados Unidos por
la continuación
de las doctrinas jurídicas y políticas
existentes que han permitido que ésto suceda". (Escrito
del
peticionario, pág. 39.)
- Asimismo, el peticionario alega que a Celestine se le
negó el derecho a ser
oído en forma imparcial garantizado por el artículo
XXVI porque fue sentenciado por un jurado
calificado (death-qualified jury). La calificación
se refiere al proceso de exclusión de jurados que
indican que al dictar sentencia, automáticamente
votarían contra la imposición de la pena de
muerte, sin tener en consideración las pruebas
presentadas. La Suprema Corte, en el caso
Witherspoon v. Illinois (391 U.S. 510) (1968), sostuvo la
constitucionalidad de esta práctica,
señalando el interés del Estado en contar con un
juicio único y no bifurcado, es decir, con
respecto a la sentencia y la culpabilidad. El peticionario
sostiene, no obstante, que esta práctica
de calificación conduce a la integración de jurados
propensos a condenar a la parte acusada, y cita
estudios que confirman este argumento. El peticionario
también afirma que este proceso
compromete aun más la imparcialidad del jurado al eliminar
de él a un número desproporcionado
de negros y mujeres, puesto que estos segmentos de la
población tienden a votar contra la pena de
muerte con más frecuencia que otros. Además, la
ausencia de un procedimiento similar en casos
que no entrañan la pena de muerte resulta en trato
desigual ante la ley del acusado en casos de
pena capital, en violación del artículo II de la
Declaración Americana.
- El peticionario solicita que la Comisión
dictamine que la ejecución de
Willie L. Celestine violó los artículos I, II y
XXVI de la Declaración Americana. Solicita
asimismo el peticionario que la Comisión recomiende una
moratoria a la imposición de la pena de
muerte en los Estados Unidos o, como alternativa, que la
Comisión recomiende a los Estados
Unidos que, cuando un sentenciado a muerte presente
información estadística confiable en el
sentido de que existe riesgo de discriminación racial,
recaiga en el gobierno la carga de probar
que, en efecto, la discriminación racial no afectó
la imposición de la pena de muerte.
B. El Gobierno
- El Gobierno insta a la Comisión a que declare
este caso inadmisible con
fundamento en que no se han presentado hechos que constituyan una
violación de la Declaración
Americana. Según los Estados Unidos, el peticionario no
intenta probar que los artículos I, II y
XXVI de la Declaración Americana fueron, en efecto,
violados en el caso particular de Celestine
demostrando, por ejemplo, que su sentencia fue desmedida o
motivada racialmente o que el
jurado estaba prejuiciado. En vez, dice Estados Unidos, el
peticionario tan sólo presenta los
estudios estadísticos y ni trata de explicar su
pertinencia en la imposición de la pena capital en el
Estado de Louisiana. Según el expediente de los Estados
Unidos: "los Estados Unidos fue
creado por la Constitución como un Estado Federal y los
sistemas de justicia criminal de los
estados que lo constituyen son distintos. No hay razón
para suponer que los jurados en un estado
y en un momento determinado actúan igual que los jurados
en otro estado en otro momento. En
realidad, todo lo contrario es cierto. En casos civiles, la
selección de jurisdicciones ('jurisdiction
shopping') entre los tribunales de distintas jurisdicciones
estatales y federales es un aspecto
importante de la decisión de dónde procesar o
defender un caso". (Escrito del Gobierno de fecha
24 de febrero de 1989, pág. 4.)
- Los Estados Unidos niegan que la sentencia de Celestine
haya sido el
resultado de prejuicio racial, citando las conclusiones de la
Suprema Corte de Louisiana, que
confirmó el fallo. Con respecto al cargo de parcialidad
de parte del jurado, en el caso de
Celestine éste consideró las circunstancias
agravantes y mitigantes citadas en el estatuto. En
cuanto a las mitigantes, consideró que en el momento del
crimen Celestine se encontraba bajo la
influencia de fuertes drogas y alcohol; no obstante, "el jurado
recomendó unánimemente la pena
de muerte fundándose en que existían tres
agravantes estatutarios: (1) comisión de violación
con
circunstancias agravantes durante el asesinato, (2) condena
anterior por una violación grave no
conexa y (3) comisión del asesinato de manera
especialmente cruel". (Respuesta de los Estados
Unidos de fecha 21 de enero de 1988, pág. 2). Los Estados
Unidos declaran que lo importante es
lo que el peticionario no alega. Por ejemplo, no alega
que la sentencia de Celestine fue exagerada
con relación al crimen. Celestine violó y
mató brutalmente a una anciana de 81 años en su
hogar.
Al cometer los delitos, estranguló a la víctima, le
desfiguró la cara y le fracturó siete costillas en
ambos lados del cuerpo. Después de ser arrestado,
confesó voluntariamente haber cometido esa
violación así como dos violaciones anteriores.
Según los Estados Unidos: "la Suprema Corte del
Estado de Louisiana, luego de examinar el expediente y compararlo
con otros casos en que se
impuso la pena de muerte, concluyó específicamente
que la sentencia se justificaba". Asimismo,
argumenta los Estados Unidos que el peticionario no disputa que
la decisión del jurado en el caso
particular de Celestine haya sido por motivos raciales ni
prejuiciada. Al respecto, manifestó la
Suprema Corte de Louisiana:
El acusado no alega que su sentencia fue resultado de pasiones, prejuicios y otros factores arbitrarios. Aunque el acusado es negro y la señora Richard era una anciana blanca, el expediente no revela ninguna prueba que indique que su sentencia fue el resultado de prejuicio racial. Varias personas negras actuaron en el jurado. El expediente no da lugar a cuestionar el veredicto del jurado con base en factores (como pasión, prejuicio u otro) arbitrarios. (Respuesta de los Estados Unidos, pág. 3.)
- Los Estados Unidos sostiene que el peticionario
meramente presenta
alegaciones de tipo general en torno a discriminación
racial y que "aun los modelos más
complejos, tales como los del estudio de Baldus que tiene cerca
de 250 variables, fueron
calificados por la Corte de Distrito en el caso McCleskey v.
Zant como poco confiables y poco
representativos de los miles de factores que influencian a los
jurados". (Escrito del Gobierno,
pág. 6.)
- El Gobierno de los Estados Unidos sostiene que, aunque
fueran válidas las
suposiciones del peticionario en el sentido de que hay mayor
probabilidad de que un acusado de
homicidio premeditado que mató a una persona blanca reciba
la pena de muerte, comparado con
uno que mató a una persona de otra raza, los hechos por
sí solos no demuestran que la ejecución
de Willie Celestine haya constituido una violación de sus
derechos conforme a la Declaración
Americana. Los Estados Unidos dice que este tema fue examinado
por la Suprema Corte de los
Estados Unidos en lo que hace a la cláusula de igual
protección de la Constitución de ese país,
una disposición sustancialmente similar a los
artículos en cuestión de la Declaración
Americana.
En el caso McCleskey v. Kemp, la Suprema Corte
dictaminó que la cláusula de igual
protección
ante la ley de la enmienda 14 no había sido violada porque
"el estudio de Baldus no era prueba
suficientemente definitiva para inferir que el jurado en el caso
del acusado había actuado con
propósitos discriminatorios o que la legislatura de
Georgia había actuado con propósitos
discriminatorios al sancionar o mantener el estatuto de pena
capital conforme al cual fue
sentenciado". (Escrito del Gobierno, pág. 9).
- En conclusión, el Gobierno expresa que la
Suprema Corte de los Estados
Unidos observó en el caso McCleskey que "la propia
naturaleza del sistema de jurados, centro del
sistema constitucional de justicia criminal de los Estados
Unidos, requiere el ejercicio de
discreción por seres humanos que no son jueces
profesionales ni expertos jurídicos y que, por
tanto, se requeriría 'prueba excepcionalmente firme' de
una disparidad estadística para confirmar la
conclusión de que ha habido abuso de discreción.
(...) De otro modo, los principios en que se
funda todo el sistema de justicia penal se vería en
peligro y cualquiera podría presentar reclamos
similares alegando prejuicio por un gran número de
factores". En consecuencia, los Estados
Unidos insta a la Comisión a que declare el caso
inadmisible conforme al artículo 41´ de su
Reglamento porque la petición no presenta hechos que
constituyan una violación de los derechos
establecidos en la Declaración Americana.
IV. ADMISIBILIDAD
- El peticionario recibió una revisión
automática de su sentencia de muerte
por parte de la Suprema Corte del Estado de Louisiana. La Corte
confirmó la sentencia. El
peticionario apeló el fallo de culpabilidad,
presentó recursos de habeas corpus y solicitó una
suspensión de la ejecución ante la Corte del
Decimoquinto Distrito Judicial de la Parroquia de
Lafayette, Louisiana, la Corte de Distrito de los Estados Unidos,
Distrito Oeste de Louisiana, la
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto
Circuito y la Suprema Corte de los
Estados Unidos. En todos los casos, los tribunales denegaron su
solicitud. La Suprema Corte le
negó el derecho de revisión. Puesto que estos
tribunales, incluso la Suprema Corte de Estados
Unidos, o negaron u optaron por no tratar la apelación del
peticionario, la Comisión concluye que
el peticionario no tiene más recursos internos que agotar.
- Aunque la Suprema Corte de los Estados Unidos no
trató el caso del
peticionario, sí ha tratado en el pasado los temas de
discriminación racial estadísticamente
demostrada y de jurados calificados. Se presenta a
continuación un análisis de recientes
decisiones de tribunales en los Estados Unidos.
A. Los tribunales de los Estados Unidos y el prejuicio racial estadísticamente demostrado
- McCleskey v. Kemp, 107 S.Ct. 1756 (1987), es el
caso de referencia
clásico en materia de discriminación racial
estadísticamente probada en la imposición de la
pena
capital. En este caso, la Suprema Corte desestimó el
estudio de Baldus y confirmó la pena de
muerte impuesta a un acusado negro declarado culpable de haber
asesinado a un policía blanco.
La Corte hizo, entre otras, dos preguntas para determinar si los
procedimientos de sentencia eran
racialmente discriminatorios y, por tanto, anticonstitucionales.
Primero, ¿hubo prejuicio o
discriminación en el juicio? Segundo, ¿se
aplicó el sistema de pena capital, que si bien en
teoría
no es discriminatorio, de forma arbitraria y caprichosa?
- La Corte examinó en primer término la
denuncia de McCleskey de
prejuicio o discriminación durante su juicio.
Inicialmente la Corte observó que cuando un reo
alega discriminación, le corresponde a él probar
que quienes decidieron en su caso actuaron con
fines discriminatorios. Id., 1766. McCleskey no presentó
tales pruebas particulares a su caso; en
vez, descansó únicamente en el estudio de Baldus
sosteniendo que las conclusiones de éste son
prueba suficiente de discriminación, sin considerar los
hechos de un caso particular. El estudio de
Baldus pretendía demostrar disparidad en la
imposición de la pena de muerte con base en la raza
del acusado y la raza de la víctima. El estudio se
fundó en más de 2,000 casos de homicidio y
consideró información relativa a la raza de la
víctima y la raza del acusado, así como numerosas
características peculiares de cada homicidio. El estudio
llegó a la conclusión de que las
probabilidades de ser condenado a muerte son mayores para
acusados negros que matan a
víctimas blancas. No obstante, la Corte desestimó
las consideraciones de Baldus y la inferencia de
McCleskey.
- Primero, la Corte manifestó que la prueba
estadística en casos de pena
capital es fundamentalmente distinta de la de otros contextos que
permiten probar mediante
estudios estadísticos la intención de discriminar
porque: 1) cada jurado tiene características
singulares, y 2) la decisión de imponer la pena de muerte
depende de innumerables factores
específicos de cada caso individual. Segundo, a los
integrantes del jurado, a diferencia de quienes
toman decisiones en otros contextos que permiten estudios
estadísticos, no puede pedírseles que
expliquen los motivos e influencias que los llevaron a tomar la
decisión. Además, la sentencia de
McCleskey debe verse a la luz del hecho que cometió un
acto por el cual tanto la Constitución de
los Estados Unidos como las leyes del Estado de Georgia permiten
la imposición de la pena de
muerte. La Corte llegó a la conclusión que, puesto
que la discreción es esencial en la decisión de
imponer la pena de muerte, "exigiríamos prueba por
demás concluyente antes de inferir que hubo
un ejercicio abusivo de la discreción". Id., 1769. La
Corte no indicó qué evidencia era necesaria
para satisfacer la norma de "prueba por demás
concluyente". No obstante, sostuvo que "el
estudio de Baldus es a todas luces insuficiente para justificar
la inferencia de que quienes
decidieron en el caso de McCleskey actuaron con intención
discriminatoria". Id., 1769.
- La Corte examinó en segundo término la
denuncia de McCleskey de que,
en general, la pena capital se impone de manera arbitraria y
caprichosa porque el factor raza
puede incidir en la decisión. Inicialmente la Corte
observó que la discreción del jurado en la
imposición de la pena capital no es arbitraria y
caprichosa en teoría, porque si bien entraña el
ejercicio de discreción, ésta no es ilimitada. Hay
un umbral para la imposición de la pena de
muerte. Asimismo, al jurado se le permite considerar toda
circunstancia relevante que pueda
motivarlo a no imponer la pena capital. El jurado también
puede abstenerse de declarar culpable
al acusado o de declararlo culpable de un delito menor. Aunque
cada jurado trae consigo una
amplia gama de puntos de vista a las deliberaciones, el jurado en
pleno asegura al acusado una
"imparcialidad difusa". Se precisa un jurado con
discreción amplia pero no ilimitada para tomar la
decisión singularmente humana de si imponer la pena de
muerte o no.
- Al examinar la aplicación de la pena capital, la
Corte observó que el
estudio de Baldus sólo señala la probabilidad de
que un factor particular, en este caso la raza,
haya incidido en ciertas decisiones. Esto no prueba que la raza
haya sido un factor en decisiones
de imponer la pena capital. "Las estadísticas pueden a lo
sumo demostrar sólo la probabilidad de
que un factor particular haya incidido en algunas decisiones".
Si bien reconoce que existe cierto
riesgo de que el prejuicio racial haya pesado en las decisiones
de algunos jurados de imponer la
pena capital, el estudio de Baldus no ha demostrado que el riesgo
sea inaceptablemente alto. La
Corte no señaló qué se necesita para probar
un riesgo inaceptablemente alto de prejuicio racial.
- La Corte justificó sus conclusiones con el hecho
de que ha "emprendido
'incesantes esfuerzos' para erradicar el prejuicio racial de
nuestro sistema de justicia penal". Id.,
1766. Nuevamente observó la Corte que el jurado
constituye en realidad una ayuda para el
acusado porque puede negarse a imponer la pena de muerte, negarse
a condenar o condenar por
un delito menor.
- El estudio de Baldus, a lo sumo, "indica una
discrepancia que parece
basarse en la raza". Id., 1777. Que la decisión
entrañe el ejercicio de discreción no significa que
lo que queda sin explicar sea repudiable. Dadas las
salvaguardias del sistema de jurado y el
requisito legal del Estado de Georgia de apelación
automática de toda sentencia de muerte ante la
Suprema Corte del Estado, la Corte sostuvo que las conclusiones
del estudio de Baldus no
"demuestran un riesgo constitucionalmente significativo de
prejuicio racial que afecte el proceso
de imposición de la pena capital en el Estado de Georgia".
Id., 1778.
- El caso McCleskey ha sido citado en más de cien
decisiones de tribunales
federales y estatales. En ninguna se ha revocado o modificado la
decisión adoptada en ese caso.
B. Los tribunales de los Estados Unidos y los jurados calificados
- En el caso Wainwright v. Witt, 469 U.S. 412
(1985) la Suprema Corte
sostuvo que la fiscalía puede excluir a un jurado
potencial únicamente si su oposición a la pena de
muerte impediría o sería un obstáculo
sustancial en el desempeño de sus deberes como jurado de
acuerdo con las instrucciones recibidas y el juramento prestado.
Id., 424. Además, los jurados
potenciales no pueden ser excluidos por objeciones de tipo
general a la pena de muerte, sino tan
sólo cuando se niegan a votar por la pena capital bajo
cualquier circunstancia. Witherspoon v.
Illinois, 391 U.S. 510, 520-522, 88 S.Ct. 1770, 1776-1777
(1968). La Suprema Corte no está
convencida de que hacer una exclusión resulte en la
integración de un jurado más propenso a
condenar. En el caso Witherspoon, la Corte no encontró
prueba suficiente para justificar la
demanda de que los jurados calificados se inclinan por la pena de
muerte.
- En el caso Witherspoon se presentaron a la Corte dos
informes y un
estudio que comparaban el porcentaje de fallos de culpabilidad de
jurados calificados y no
calificados. En los dos informes participaron unos 200
estudiantes universitarios y el estudio se
basó en entrevistas con 1,248 jurados en Nueva York y
Chicago. La Corte dictaminó que esta
información era "demasiado tentativa y fragmentaria para
establecer que los jurados que no se
oponen a la pena de muerte tienden a favorecer a la
fiscalía en la determinación de culpabilidad.
Sencillamente no podemos concluir, ya sea con base en el
expediente ante nosotros o como
cuestión de conocimiento público, que la
exclusión de jurados opuestos a la pena capital resulta
en la constitución de un jurado no representativo en
materia de culpabilidad o que aumenta
sustancialmente el riesgo de condena del acusado". Id., 517-8.
La Corte no señaló qué pruebas
se necesitan para probar que un jurado calificado se inclina por
fallos de culpabilidad.
V. OPINION DE LA COMISION
A. Puntos en cuestión
- Primero, ¿en los Estados Unidos se impone la pena
de muerte de forma
racialmente discriminatoria, de modo que los acusados negros se
ven arbitrariamente privados de
su derecho a la vida en violación del artículo I de
la Declaración Americana? Más
específicamente, ¿son las estadísticas por
sí solas suficientes para probar discriminación
racial en
el contexto de la imposición de la pena capital?
- El peticionario sostiene que los resultados de los
estudios estadísticos por
sí solos son pruebas de reprobable discriminación
racial en el contexto de la imposición de la pena
capital. En dichos estudios se ha llegado a la
conclusión, y muchos expertos lo confirman, que en
los Estados Unidos es mucho más probable que reciba la
pena de muerte un acusado negro que
mata a una víctima blanca que cualquier otra
combinación racial de acusado y víctima. En
consecuencia, el peticionario argumenta que los procedimientos de
imposición de la pena capital
en los Estados Unidos violan la Declaración Americana.
- En su respuesta, los Estados Unidos sostiene que este
tema ha sido tratado
en forma exhaustiva en los tribunales del país y que
éstos han concluido que los estudios
estadísticos por sí solos no son suficientes para
probar que la discriminación racial fue el factor
dominante en la decisión del jurado. En consecuencia, el
Gobierno argumenta que el peticionario
no ha suministrado evidencias que prueben discriminación
racial en este caso particular y que, por
tanto, debe declararse sin lugar el caso.
- El peticionario no ha podido persuadir a la
Comisión que los tribunales de
los Estados Unidos violaron la Declaración Americana en su
rechazo de los estudios estadísticos
como única prueba de intención de discriminar en el
caso de Willie Celestine. El peticionario no
ha presentado evidencias suficientes de que la sentencia de
Celestine fue el resultado de
discriminación racial. El crimen es de por sí
atroz; varios negros integraron el jurado que votó
unánimemente la condena y sentencia del acusado y, en la
etapa de revisión, la Suprema Corte de
Louisiana no encontró prueba alguna de
discriminación racial en el juicio del peticionario.
- Se presenta a consideración de la
Comisión una segunda cuestión que se
refiere a si la exclusión de jurados potenciales que no
impondrían la pena de muerte, configura un
jurado inclinado hacia la condena, violando así el derecho
del reo a una audiencia imparcial
conforme a la Declaración Americana.
- El peticionario sostiene que a Celestine se le
negó el derecho de audiencia
imparcial garantizado por el artículo XXVI porque fue
sentenciado por un jurado calificado.
Afirma, con base en estudios realizados, que descalificar a un
jurado porque nunca sentenciaría a
un acusado a muerte, conduce a la integración de jurados
inclinados a condenar y compromete la
imparcialidad de sus miembros, al eliminar un número
desproporcionado de negros y mujeres que
tienden a votar contra la pena capital con más frecuencia
que otros grupos de la población, lo que
resulta en el trato desigual de Celestine en violación del
artículo II de la Declaración Americana.
- En su respuesta, los Estados Unidos sostiene que la
alegación del
peticionario de que el sistema de descalificar a un jurado que se
opone irrevocablemente a la pena
de muerte es una violación de los principios contenidos en
los artículos II y XXVI de la
Declaración, adolece de los mismos defectos que la
primera: no presenta ninguna prueba que
establezca los hechos que alega y no demuestra para nada la
relevancia de los estudios a que se
refiere; dichos estudios han sido calificados de inconclusos por
la Suprema Corte de los Estados
Unidos. (Escrito del Gobierno, pág. 10.)
- La pena de muerte no ha sido aún abolida por el Gobierno Federal de los Estados Unidos ni por todos los estados de los Estados Unidos en general. La Comisión ha sido persuadida por el argumento del Gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que "no puede probarse la invalidez de todo un sistema de justicia penal meramente con citas de estudios estadísticos". (Escrito del Gobierno, pág. 4.) En opinión de la Comisión, el peticionario no ha suministrado evidencia suficiente de que los estudios estadísticos presentados configuran un caso prima facie para probar la alegación de discriminación racial y parcialidad en la imposición de la pena de muerte, al punto de trasladar la carga de la prueba al Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la Comisión concluye que éste es un caso muy pobre en torno al cual recomendar la revocación de la práctica de la justicia penal en los Estados Unidos. Willie Celestine violó y asesinó brutalmente a una anciana, un delito punible con la pena capital en el Estado de Louisiana. Fue un crimen atroz y el jurado que por unanimidad lo condenó y sentenció a muerte estaba integrado por varios miembros negros. La Suprema Corte de Louisiana revisó el caso específicamente a la luz de si hubo prejuicios. Se encontró que no, y la condena y sentencia fueron confirmadas. Con base en las evidencias presentadas por el peticionario, la Comisión determina que no ha habido violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De conformidad con los artículos 52º y 41º del Reglamento de la Comisión, el caso se declara inadmisible por no haberse presentado hechos que constituyan una violación de los derechos establecidos en la Declaración Americana.
