RESOLUCION Nº 23/89

CASO 10.031 (ESTADOS UNIDOS)

28 de septiembre de 1989

I. INTRODUCCION

A. Resumen de los hechos y de la denuncia del Peticionario

  1. El peticionario, Willie L. Celestine, un joven negro reducido a la indigencia, fue declarado culpable, condenado a muerte y electrocutado por el Estado de Louisiana en los Estados Unidos, por la violación y el asesinato de una anciana blanca.

  2. Willie L. Celestine fue declarado culpable y sentenciado a muerte el 10 de diciembre de 1982 en la Corte del Decimoquinto Distrito Judicial de la Parroquia de Lafayette en Louisiana. Celestine apeló su sentencia en los tribunales estatales y federales, incluso ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. En todas las instancias, los tribunales confirmaron la condena a muerte o denegaron la apelación. La Suprema Corte le denegó el recurso de revisión (certiorari) en tres oportunidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") envió telegramas al Secretario de Estado Shultz y al Gobernador Edwards de Louisiana solicitando una suspensión de la ejecución hasta contar con el resultado de una investigación de la Comisión. Dichas solicitudes no fueron tenidas en cuenta. Celestine fue ejecutado el 20 de julio de 1987.

  3. El peticionario en el presente caso está representado por Bert B. Lockwood, Jr., Profesor de Derecho y Director del Instituto Urban Morgan de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cincinnati y S. Adele Shank, Defensora Pública Auxiliar del Estado en Columbus, Ohio.

  4. El problema central que plantea la denuncia presentada el 15 de julio de 1987 es si la pena de muerte, cuando se aplica de manera racialmente discriminatoria y en ausencia de una audiencia imparcial y de igual protección ante la ley, es una violación de las obligaciones de los Estados Unidos conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración Americana"). El peticionario alega específicamente violación de los artículos I, II y XXVI de la Declaración Americana. En su respuesta del 26 de enero de 1988, los Estados Unidos niegan las alegaciones, afirmando que no existe ninguna base fáctica para ellas y cuestionando la aplicabilidad de la Declaración Americana.

  5. La presente decisión ha sido elaborada por la Comisión de acuerdo con el artículo 53º del Reglamento de la Comisión. El texto de esta decisión fue adoptado el 28 de septiembre de 1989, con los siguientes miembros presentes: Oliver H. Jackman, Presidente; Elsa Kelly, Vicepresidente; Leo Valladares L., Segundo Vicepresidente; Gilda M.C.M. de Russomano, Miembro; Marco Tulio Bruni Celli, Miembro; y Patrick L. Robinson, Miembro.

    II. LOS HECHOS

  6. Los hechos del presente caso no son motivo de disputa entre las partes. Willie L. Celestine fue declarado culpable y sentenciado a muerte por el asesinato y violación brutal de una señora de 81 años en su hogar. Celestine se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y tenía un coeficiente de inteligencia muy inferior al normal.

    III. PRESENTACIONES DE LAS PARTES

    A. El Peticionario

  7. El peticionario alega que la imposición de la pena de muerte a Willie L. Celestine por los Estados Unidos violó los artículos I, II y XXVI de la Declaración Americana.

  8. El peticionario alega que las garantías de derechos humanos de la Declaración Americana se aplican a los Estados Unidos en virtud de la cláusula de supremacía, artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos.

  9. El peticionario alega que fue objeto de privación arbitraria de su derecho a la vida garantizado por el artículo I de la Declaración Americana porque la pena de muerte en Louisiana se impone de manera racialmente discriminatoria en violación del artículo II de la Declaración Americana y del artículo 3´ de la Carta de la OEA.

  10. El peticionario alega que se le negó el derecho a ser oído en forma imparcial garantizado por el artículo XXVI de la Declaración Americana porque fue sentenciado por un jurado prejuiciado a favor de la pena de muerte.

  11. El peticionario alega que se le privó del trato igual ante la ley que garantiza el artículo II de la Declaración Americana porque se le negó la oportunidad de ser juzgado por un jurado imparcial como resultado del proceso de selección de jurados mediante el cual se excluye a todos los posibles jurados que indican que votarían automáticamente en contra de la pena de muerte (death qualification).

  12. El peticionario alega que la pena de muerte es un castigo cruel, infamante e inusitado que resulta en la privación arbitraria de la vida, cuando se aplica de forma racialmente discriminatoria sin audiencia imparcial ni igualdad ante la ley.

  13. El peticionario alega que "a pesar de que en los tribunales norteamericanos se han presentado los más complejos estudios estadísticos de ciencias sociales y, a pesar de que todos estos estudios demuestran la realidad del racismo cuando se emiten sentencias de muerte en los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos solicita a la Comisión que ratifique la doctrina jurídica que coloca la carga de las pruebas y evidencias sobre el acusado a fin de que compruebe en su caso discriminación real e intencional, reconociendo a la vez que ningún acusado ha podido hacerlo". (Escrito del peticionario, pág. 13.)

  14. El peticionario funda su reclamo en un análisis de regresión múltiple sobre el sistema de pena capital en Carolina del Norte que demuestra que la raza del acusado es un factor significativo en casi todas las etapas del sistema de justicia penal, desde la decisión del fiscal de formular un cargo de homicidio premeditado hasta la decisión de someter el caso a un juicio por jurado. El estudio revela también que, al emitir el veredicto, es la raza de la víctima más que la del acusado el factor más importante para determinar si se impone o no la pena de muerte. Según el estudio, es seis veces más probable que se encuentre culpable a una persona acusada de homicidio de una víctima de raza blanca que a una persona acusada de homicidio de una víctima de raza negra.

    En igualdad de condiciones, inclusive la calidad de las pruebas y la seriedad del delito, los acusados en casos que involucraban a víctimas de raza blanca tenían seis veces más probabilidades de ser declarados culpables de homicidio premeditado que los acusados en casos con víctimas de otra raza.

    El peticionario observa que estas conclusiones confirman los resultados del estudio de Baldus presentado por los demandantes en el caso McCleskey v. Kemp (107 S.Ct. 1756). Aunque la Suprema Corte sostuvo que las conclusiones del estudio, aun presumiendo que fueran válidas, no son prueba de una violación de la Constitución, los peticionarios sostienen que la imposición racialmente discriminatoria de la pena de muerte en los Estados Unidos, demostrada por serios análisis estadísticos, es no obstante una violación de la Declaración Americana.

  15. El peticionario también cita dos estudios independientes de la pena capital en Louisiana para demostrar que existen patrones similares a los de Carolina del Norte. En los estudios de Louisiana se demuestra que "es tres veces más probable que sean sentenciados a muerte los acusados en casos de pena capital que han matado a personas blancas que los que han matado a personas negras". Más específicamente, los blancos que matan a negros nunca reciben la pena de muerte en Louisiana. En ambos estudios se concluye que el factor más determinante de que se reciba una sentencia de muerte es la raza de la víctima. El estudio del Times-Picayune utilizó un análisis computarizado de los acusados en Louisiana que podían ser condenados a muerte y tuvo en cuenta una serie de elementos no vinculados con la raza. Se llegó a la conclusión de que, en igualdad de condiciones, la raza de la víctima era el factor de mayor influencia para determinar quién recibía y quién no recibía la pena de muerte". (Escrito del peticionario, pág. 28.)

  16. El peticionario afirma que "la información recopilada ilustra que en todo Estados Unidos los negros se ven en posición cada vez más desventajosa a medida que aumenta la discreción del sistema judicial". (Escrito del peticionario, páginas 37-38.) El peticionario argumenta que "la exclusión categórica por parte de la Suprema Corte de pruebas estadísticas del marco constitucional ha colocado una carga intolerable sobre los que han sufrido discriminación en instituciones de justicia penal, porque la intención de discriminar en cada caso individual generalmente carece de base documental e incluso puede ser inconsciente". (Escrito del peticionario, págs. 28 y siguientes.)

  17. Con base en estos estudios, el peticionario argumenta que el uso de tan solo pruebas estadísticas demuestra que existe discriminación racial en la imposición de la pena de muerte y debe trasladarse la carga de probar discriminación racial del peticionario a los Estados Unidos, cuando dichas estadísticas son presentadas por el acusado. El peticionario sostiene que la actual ley de Estados Unidos que requiere que el acusado pruebe discriminación racial en su juicio es una norma de revisión poco realista porque ningún acusado que enfrenta la pena capital ha podido hacerlo. Sólo mediante vastos estudios estadísticos se percibe la sutil discriminación racial que permea todo el sistema. El peticionario llega a la conclusión, por tanto, de que si los estudios estadísticos confiables demuestran la posibilidad de discriminación racial en el sistema de justicia criminal, la carga de probar que la audiencia no estuvo viciada de discriminación racial debe trasladarse al gobierno. Presumir otra cosa permitiría que los Estados Unidos arbitrariamente privaran a los acusados negros de su derecho a la vida sin una revisión sustantiva, lo que resulta una violación de los artículos I y II de la Declaración Americana.

  18. Además de violar la Declaración Americana, el peticionario argumenta que, como se estipula en la Sección 702 de la Tercera Recopilación del Derecho de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, un estado viola el derecho internacional si como política del Estado practica, alienta o condona la discriminación racial sistemática. La Sección 702 reconoce la prohibición de discriminación racial como norma perentoria (jus cogens). El peticionario afirma que esta norma perentoria coloca "una grave carga de justificación ... en los Estados Unidos por la continuación de las doctrinas jurídicas y políticas existentes que han permitido que ésto suceda". (Escrito del peticionario, pág. 39.)

  19. Asimismo, el peticionario alega que a Celestine se le negó el derecho a ser oído en forma imparcial garantizado por el artículo XXVI porque fue sentenciado por un jurado calificado (death-qualified jury). La calificación se refiere al proceso de exclusión de jurados que indican que al dictar sentencia, automáticamente votarían contra la imposición de la pena de muerte, sin tener en consideración las pruebas presentadas. La Suprema Corte, en el caso Witherspoon v. Illinois (391 U.S. 510) (1968), sostuvo la constitucionalidad de esta práctica, señalando el interés del Estado en contar con un juicio único y no bifurcado, es decir, con respecto a la sentencia y la culpabilidad. El peticionario sostiene, no obstante, que esta práctica de calificación conduce a la integración de jurados propensos a condenar a la parte acusada, y cita estudios que confirman este argumento. El peticionario también afirma que este proceso compromete aun más la imparcialidad del jurado al eliminar de él a un número desproporcionado de negros y mujeres, puesto que estos segmentos de la población tienden a votar contra la pena de muerte con más frecuencia que otros. Además, la ausencia de un procedimiento similar en casos que no entrañan la pena de muerte resulta en trato desigual ante la ley del acusado en casos de pena capital, en violación del artículo II de la Declaración Americana.

  20. El peticionario solicita que la Comisión dictamine que la ejecución de Willie L. Celestine violó los artículos I, II y XXVI de la Declaración Americana. Solicita asimismo el peticionario que la Comisión recomiende una moratoria a la imposición de la pena de muerte en los Estados Unidos o, como alternativa, que la Comisión recomiende a los Estados Unidos que, cuando un sentenciado a muerte presente información estadística confiable en el sentido de que existe riesgo de discriminación racial, recaiga en el gobierno la carga de probar que, en efecto, la discriminación racial no afectó la imposición de la pena de muerte.

    B. El Gobierno

  21. El Gobierno insta a la Comisión a que declare este caso inadmisible con fundamento en que no se han presentado hechos que constituyan una violación de la Declaración Americana. Según los Estados Unidos, el peticionario no intenta probar que los artículos I, II y XXVI de la Declaración Americana fueron, en efecto, violados en el caso particular de Celestine demostrando, por ejemplo, que su sentencia fue desmedida o motivada racialmente o que el jurado estaba prejuiciado. En vez, dice Estados Unidos, el peticionario tan sólo presenta los estudios estadísticos y ni trata de explicar su pertinencia en la imposición de la pena capital en el Estado de Louisiana. Según el expediente de los Estados Unidos: "los Estados Unidos fue creado por la Constitución como un Estado Federal y los sistemas de justicia criminal de los estados que lo constituyen son distintos. No hay razón para suponer que los jurados en un estado y en un momento determinado actúan igual que los jurados en otro estado en otro momento. En realidad, todo lo contrario es cierto. En casos civiles, la selección de jurisdicciones ('jurisdiction shopping') entre los tribunales de distintas jurisdicciones estatales y federales es un aspecto importante de la decisión de dónde procesar o defender un caso". (Escrito del Gobierno de fecha 24 de febrero de 1989, pág. 4.)

  22. Los Estados Unidos niegan que la sentencia de Celestine haya sido el resultado de prejuicio racial, citando las conclusiones de la Suprema Corte de Louisiana, que confirmó el fallo. Con respecto al cargo de parcialidad de parte del jurado, en el caso de Celestine éste consideró las circunstancias agravantes y mitigantes citadas en el estatuto. En cuanto a las mitigantes, consideró que en el momento del crimen Celestine se encontraba bajo la influencia de fuertes drogas y alcohol; no obstante, "el jurado recomendó unánimemente la pena de muerte fundándose en que existían tres agravantes estatutarios: (1) comisión de violación con circunstancias agravantes durante el asesinato, (2) condena anterior por una violación grave no conexa y (3) comisión del asesinato de manera especialmente cruel". (Respuesta de los Estados Unidos de fecha 21 de enero de 1988, pág. 2). Los Estados Unidos declaran que lo importante es lo que el peticionario no alega. Por ejemplo, no alega que la sentencia de Celestine fue exagerada con relación al crimen. Celestine violó y mató brutalmente a una anciana de 81 años en su hogar. Al cometer los delitos, estranguló a la víctima, le desfiguró la cara y le fracturó siete costillas en ambos lados del cuerpo. Después de ser arrestado, confesó voluntariamente haber cometido esa violación así como dos violaciones anteriores. Según los Estados Unidos: "la Suprema Corte del Estado de Louisiana, luego de examinar el expediente y compararlo con otros casos en que se impuso la pena de muerte, concluyó específicamente que la sentencia se justificaba". Asimismo, argumenta los Estados Unidos que el peticionario no disputa que la decisión del jurado en el caso particular de Celestine haya sido por motivos raciales ni prejuiciada. Al respecto, manifestó la Suprema Corte de Louisiana:

    El acusado no alega que su sentencia fue resultado de pasiones, prejuicios y otros factores arbitrarios. Aunque el acusado es negro y la señora Richard era una anciana blanca, el expediente no revela ninguna prueba que indique que su sentencia fue el resultado de prejuicio racial. Varias personas negras actuaron en el jurado. El expediente no da lugar a cuestionar el veredicto del jurado con base en factores (como pasión, prejuicio u otro) arbitrarios. (Respuesta de los Estados Unidos, pág. 3.)

  23. Los Estados Unidos sostiene que el peticionario meramente presenta alegaciones de tipo general en torno a discriminación racial y que "aun los modelos más complejos, tales como los del estudio de Baldus que tiene cerca de 250 variables, fueron calificados por la Corte de Distrito en el caso McCleskey v. Zant como poco confiables y poco representativos de los miles de factores que influencian a los jurados". (Escrito del Gobierno, pág. 6.)

  24. El Gobierno de los Estados Unidos sostiene que, aunque fueran válidas las suposiciones del peticionario en el sentido de que hay mayor probabilidad de que un acusado de homicidio premeditado que mató a una persona blanca reciba la pena de muerte, comparado con uno que mató a una persona de otra raza, los hechos por sí solos no demuestran que la ejecución de Willie Celestine haya constituido una violación de sus derechos conforme a la Declaración Americana. Los Estados Unidos dice que este tema fue examinado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en lo que hace a la cláusula de igual protección de la Constitución de ese país, una disposición sustancialmente similar a los artículos en cuestión de la Declaración Americana. En el caso McCleskey v. Kemp, la Suprema Corte dictaminó que la cláusula de igual protección ante la ley de la enmienda 14 no había sido violada porque "el estudio de Baldus no era prueba suficientemente definitiva para inferir que el jurado en el caso del acusado había actuado con propósitos discriminatorios o que la legislatura de Georgia había actuado con propósitos discriminatorios al sancionar o mantener el estatuto de pena capital conforme al cual fue sentenciado". (Escrito del Gobierno, pág. 9).

  25. En conclusión, el Gobierno expresa que la Suprema Corte de los Estados Unidos observó en el caso McCleskey que "la propia naturaleza del sistema de jurados, centro del sistema constitucional de justicia criminal de los Estados Unidos, requiere el ejercicio de discreción por seres humanos que no son jueces profesionales ni expertos jurídicos y que, por tanto, se requeriría 'prueba excepcionalmente firme' de una disparidad estadística para confirmar la conclusión de que ha habido abuso de discreción. (...) De otro modo, los principios en que se funda todo el sistema de justicia penal se vería en peligro y cualquiera podría presentar reclamos similares alegando prejuicio por un gran número de factores". En consecuencia, los Estados Unidos insta a la Comisión a que declare el caso inadmisible conforme al artículo 41´ de su Reglamento porque la petición no presenta hechos que constituyan una violación de los derechos establecidos en la Declaración Americana.

    IV. ADMISIBILIDAD

  26. El peticionario recibió una revisión automática de su sentencia de muerte por parte de la Suprema Corte del Estado de Louisiana. La Corte confirmó la sentencia. El peticionario apeló el fallo de culpabilidad, presentó recursos de habeas corpus y solicitó una suspensión de la ejecución ante la Corte del Decimoquinto Distrito Judicial de la Parroquia de Lafayette, Louisiana, la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Louisiana, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito y la Suprema Corte de los Estados Unidos. En todos los casos, los tribunales denegaron su solicitud. La Suprema Corte le negó el derecho de revisión. Puesto que estos tribunales, incluso la Suprema Corte de Estados Unidos, o negaron u optaron por no tratar la apelación del peticionario, la Comisión concluye que el peticionario no tiene más recursos internos que agotar.

  27. Aunque la Suprema Corte de los Estados Unidos no trató el caso del peticionario, sí ha tratado en el pasado los temas de discriminación racial estadísticamente demostrada y de jurados calificados. Se presenta a continuación un análisis de recientes decisiones de tribunales en los Estados Unidos.

    A. Los tribunales de los Estados Unidos y el prejuicio racial estadísticamente demostrado

  28. McCleskey v. Kemp, 107 S.Ct. 1756 (1987), es el caso de referencia clásico en materia de discriminación racial estadísticamente probada en la imposición de la pena capital. En este caso, la Suprema Corte desestimó el estudio de Baldus y confirmó la pena de muerte impuesta a un acusado negro declarado culpable de haber asesinado a un policía blanco. La Corte hizo, entre otras, dos preguntas para determinar si los procedimientos de sentencia eran racialmente discriminatorios y, por tanto, anticonstitucionales. Primero, ¿hubo prejuicio o discriminación en el juicio? Segundo, ¿se aplicó el sistema de pena capital, que si bien en teoría no es discriminatorio, de forma arbitraria y caprichosa?

  29. La Corte examinó en primer término la denuncia de McCleskey de prejuicio o discriminación durante su juicio. Inicialmente la Corte observó que cuando un reo alega discriminación, le corresponde a él probar que quienes decidieron en su caso actuaron con fines discriminatorios. Id., 1766. McCleskey no presentó tales pruebas particulares a su caso; en vez, descansó únicamente en el estudio de Baldus sosteniendo que las conclusiones de éste son prueba suficiente de discriminación, sin considerar los hechos de un caso particular. El estudio de Baldus pretendía demostrar disparidad en la imposición de la pena de muerte con base en la raza del acusado y la raza de la víctima. El estudio se fundó en más de 2,000 casos de homicidio y consideró información relativa a la raza de la víctima y la raza del acusado, así como numerosas características peculiares de cada homicidio. El estudio llegó a la conclusión de que las probabilidades de ser condenado a muerte son mayores para acusados negros que matan a víctimas blancas. No obstante, la Corte desestimó las consideraciones de Baldus y la inferencia de McCleskey.

  30. Primero, la Corte manifestó que la prueba estadística en casos de pena capital es fundamentalmente distinta de la de otros contextos que permiten probar mediante estudios estadísticos la intención de discriminar porque: 1) cada jurado tiene características singulares, y 2) la decisión de imponer la pena de muerte depende de innumerables factores específicos de cada caso individual. Segundo, a los integrantes del jurado, a diferencia de quienes toman decisiones en otros contextos que permiten estudios estadísticos, no puede pedírseles que expliquen los motivos e influencias que los llevaron a tomar la decisión. Además, la sentencia de McCleskey debe verse a la luz del hecho que cometió un acto por el cual tanto la Constitución de los Estados Unidos como las leyes del Estado de Georgia permiten la imposición de la pena de muerte. La Corte llegó a la conclusión que, puesto que la discreción es esencial en la decisión de imponer la pena de muerte, "exigiríamos prueba por demás concluyente antes de inferir que hubo un ejercicio abusivo de la discreción". Id., 1769. La Corte no indicó qué evidencia era necesaria para satisfacer la norma de "prueba por demás concluyente". No obstante, sostuvo que "el estudio de Baldus es a todas luces insuficiente para justificar la inferencia de que quienes decidieron en el caso de McCleskey actuaron con intención discriminatoria". Id., 1769.

  31. La Corte examinó en segundo término la denuncia de McCleskey de que, en general, la pena capital se impone de manera arbitraria y caprichosa porque el factor raza puede incidir en la decisión. Inicialmente la Corte observó que la discreción del jurado en la imposición de la pena capital no es arbitraria y caprichosa en teoría, porque si bien entraña el ejercicio de discreción, ésta no es ilimitada. Hay un umbral para la imposición de la pena de muerte. Asimismo, al jurado se le permite considerar toda circunstancia relevante que pueda motivarlo a no imponer la pena capital. El jurado también puede abstenerse de declarar culpable al acusado o de declararlo culpable de un delito menor. Aunque cada jurado trae consigo una amplia gama de puntos de vista a las deliberaciones, el jurado en pleno asegura al acusado una "imparcialidad difusa". Se precisa un jurado con discreción amplia pero no ilimitada para tomar la decisión singularmente humana de si imponer la pena de muerte o no.

  32. Al examinar la aplicación de la pena capital, la Corte observó que el estudio de Baldus sólo señala la probabilidad de que un factor particular, en este caso la raza, haya incidido en ciertas decisiones. Esto no prueba que la raza haya sido un factor en decisiones de imponer la pena capital. "Las estadísticas pueden a lo sumo demostrar sólo la probabilidad de que un factor particular haya incidido en algunas decisiones". Si bien reconoce que existe cierto riesgo de que el prejuicio racial haya pesado en las decisiones de algunos jurados de imponer la pena capital, el estudio de Baldus no ha demostrado que el riesgo sea inaceptablemente alto. La Corte no señaló qué se necesita para probar un riesgo inaceptablemente alto de prejuicio racial.

  33. La Corte justificó sus conclusiones con el hecho de que ha "emprendido 'incesantes esfuerzos' para erradicar el prejuicio racial de nuestro sistema de justicia penal". Id., 1766. Nuevamente observó la Corte que el jurado constituye en realidad una ayuda para el acusado porque puede negarse a imponer la pena de muerte, negarse a condenar o condenar por un delito menor.

  34. El estudio de Baldus, a lo sumo, "indica una discrepancia que parece basarse en la raza". Id., 1777. Que la decisión entrañe el ejercicio de discreción no significa que lo que queda sin explicar sea repudiable. Dadas las salvaguardias del sistema de jurado y el requisito legal del Estado de Georgia de apelación automática de toda sentencia de muerte ante la Suprema Corte del Estado, la Corte sostuvo que las conclusiones del estudio de Baldus no "demuestran un riesgo constitucionalmente significativo de prejuicio racial que afecte el proceso de imposición de la pena capital en el Estado de Georgia". Id., 1778.

  35. El caso McCleskey ha sido citado en más de cien decisiones de tribunales federales y estatales. En ninguna se ha revocado o modificado la decisión adoptada en ese caso.

    B. Los tribunales de los Estados Unidos y los jurados calificados

  36. En el caso Wainwright v. Witt, 469 U.S. 412 (1985) la Suprema Corte sostuvo que la fiscalía puede excluir a un jurado potencial únicamente si su oposición a la pena de muerte impediría o sería un obstáculo sustancial en el desempeño de sus deberes como jurado de acuerdo con las instrucciones recibidas y el juramento prestado. Id., 424. Además, los jurados potenciales no pueden ser excluidos por objeciones de tipo general a la pena de muerte, sino tan sólo cuando se niegan a votar por la pena capital bajo cualquier circunstancia. Witherspoon v. Illinois, 391 U.S. 510, 520-522, 88 S.Ct. 1770, 1776-1777 (1968). La Suprema Corte no está convencida de que hacer una exclusión resulte en la integración de un jurado más propenso a condenar. En el caso Witherspoon, la Corte no encontró prueba suficiente para justificar la demanda de que los jurados calificados se inclinan por la pena de muerte.

  37. En el caso Witherspoon se presentaron a la Corte dos informes y un estudio que comparaban el porcentaje de fallos de culpabilidad de jurados calificados y no calificados. En los dos informes participaron unos 200 estudiantes universitarios y el estudio se basó en entrevistas con 1,248 jurados en Nueva York y Chicago. La Corte dictaminó que esta información era "demasiado tentativa y fragmentaria para establecer que los jurados que no se oponen a la pena de muerte tienden a favorecer a la fiscalía en la determinación de culpabilidad. Sencillamente no podemos concluir, ya sea con base en el expediente ante nosotros o como cuestión de conocimiento público, que la exclusión de jurados opuestos a la pena capital resulta en la constitución de un jurado no representativo en materia de culpabilidad o que aumenta sustancialmente el riesgo de condena del acusado". Id., 517-8. La Corte no señaló qué pruebas se necesitan para probar que un jurado calificado se inclina por fallos de culpabilidad.

    V. OPINION DE LA COMISION

    A. Puntos en cuestión

  38. Primero, ¿en los Estados Unidos se impone la pena de muerte de forma racialmente discriminatoria, de modo que los acusados negros se ven arbitrariamente privados de su derecho a la vida en violación del artículo I de la Declaración Americana? Más específicamente, ¿son las estadísticas por sí solas suficientes para probar discriminación racial en el contexto de la imposición de la pena capital?

  39. El peticionario sostiene que los resultados de los estudios estadísticos por sí solos son pruebas de reprobable discriminación racial en el contexto de la imposición de la pena capital. En dichos estudios se ha llegado a la conclusión, y muchos expertos lo confirman, que en los Estados Unidos es mucho más probable que reciba la pena de muerte un acusado negro que mata a una víctima blanca que cualquier otra combinación racial de acusado y víctima. En consecuencia, el peticionario argumenta que los procedimientos de imposición de la pena capital en los Estados Unidos violan la Declaración Americana.

  40. En su respuesta, los Estados Unidos sostiene que este tema ha sido tratado en forma exhaustiva en los tribunales del país y que éstos han concluido que los estudios estadísticos por sí solos no son suficientes para probar que la discriminación racial fue el factor dominante en la decisión del jurado. En consecuencia, el Gobierno argumenta que el peticionario no ha suministrado evidencias que prueben discriminación racial en este caso particular y que, por tanto, debe declararse sin lugar el caso.

  41. El peticionario no ha podido persuadir a la Comisión que los tribunales de los Estados Unidos violaron la Declaración Americana en su rechazo de los estudios estadísticos como única prueba de intención de discriminar en el caso de Willie Celestine. El peticionario no ha presentado evidencias suficientes de que la sentencia de Celestine fue el resultado de discriminación racial. El crimen es de por sí atroz; varios negros integraron el jurado que votó unánimemente la condena y sentencia del acusado y, en la etapa de revisión, la Suprema Corte de Louisiana no encontró prueba alguna de discriminación racial en el juicio del peticionario.

  42. Se presenta a consideración de la Comisión una segunda cuestión que se refiere a si la exclusión de jurados potenciales que no impondrían la pena de muerte, configura un jurado inclinado hacia la condena, violando así el derecho del reo a una audiencia imparcial conforme a la Declaración Americana.

  43. El peticionario sostiene que a Celestine se le negó el derecho de audiencia imparcial garantizado por el artículo XXVI porque fue sentenciado por un jurado calificado. Afirma, con base en estudios realizados, que descalificar a un jurado porque nunca sentenciaría a un acusado a muerte, conduce a la integración de jurados inclinados a condenar y compromete la imparcialidad de sus miembros, al eliminar un número desproporcionado de negros y mujeres que tienden a votar contra la pena capital con más frecuencia que otros grupos de la población, lo que resulta en el trato desigual de Celestine en violación del artículo II de la Declaración Americana.

  44. En su respuesta, los Estados Unidos sostiene que la alegación del peticionario de que el sistema de descalificar a un jurado que se opone irrevocablemente a la pena de muerte es una violación de los principios contenidos en los artículos II y XXVI de la Declaración, adolece de los mismos defectos que la primera: no presenta ninguna prueba que establezca los hechos que alega y no demuestra para nada la relevancia de los estudios a que se refiere; dichos estudios han sido calificados de inconclusos por la Suprema Corte de los Estados Unidos. (Escrito del Gobierno, pág. 10.)

  45. La pena de muerte no ha sido aún abolida por el Gobierno Federal de los Estados Unidos ni por todos los estados de los Estados Unidos en general. La Comisión ha sido persuadida por el argumento del Gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que "no puede probarse la invalidez de todo un sistema de justicia penal meramente con citas de estudios estadísticos". (Escrito del Gobierno, pág. 4.) En opinión de la Comisión, el peticionario no ha suministrado evidencia suficiente de que los estudios estadísticos presentados configuran un caso prima facie para probar la alegación de discriminación racial y parcialidad en la imposición de la pena de muerte, al punto de trasladar la carga de la prueba al Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la Comisión concluye que éste es un caso muy pobre en torno al cual recomendar la revocación de la práctica de la justicia penal en los Estados Unidos. Willie Celestine violó y asesinó brutalmente a una anciana, un delito punible con la pena capital en el Estado de Louisiana. Fue un crimen atroz y el jurado que por unanimidad lo condenó y sentenció a muerte estaba integrado por varios miembros negros. La Suprema Corte de Louisiana revisó el caso específicamente a la luz de si hubo prejuicios. Se encontró que no, y la condena y sentencia fueron confirmadas. Con base en las evidencias presentadas por el peticionario, la Comisión determina que no ha habido violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De conformidad con los artículos 52º y 41º del Reglamento de la Comisión, el caso se declara inadmisible por no haberse presentado hechos que constituyan una violación de los derechos establecidos en la Declaración Americana.