RESOLUCION Nº 33/88

CASO 9786 (PERU)

14 de septiembre de 1988

ANTECEDENTES:

  1. En comunicación de 6 de octubre de 1986, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

    1. Juan Geldres Orozco, Presidente de la Liga Agraria de Santa Rosa, fue detenido el 16 de septiembre de 1986, en el Distrito de Atna, Provincia de la Mar, por miembros de la Infantería de Marina de Luisiana, en el Río Apurimac. Hay información de la aplicación de torturas en ese cuartel.

    2. Benigno Contreras, de 37 años de edad, fue detenido en su casa en la ciudad de Ayacucho por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, el 24 de septiembre de 1986, en presencia de varios testigos.

  2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante nota de fecha 8 de octubre de 1986, transmitió al Gobierno del Perú las partes pertinentes solicitándole que suministrase la información pertinente sobre los hechos materia de dicha comunicación, así como también cualquier elemento de juicio que permitiera apreciar si en el caso objeto de la solicitud se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna.

  3. El Gobierno del Perú, en nota de 22 de octubre de 1986, se limitó a informar sobre el caso citado señalando que había sido objeto de "duplicidad en los trámites ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

  4. Conforme con el procedimiento reglamentario dado a las peticiones o quejas, la Comisión remitió al reclamante la información del Gobierno del Perú a fin de que pudiera formular sus observaciones o comentarios. La Comisión no recibió más información del reclamante.

CONSIDERANDO:

  1. Que pese al tiempo transcurrido, y a las infructuosas y reiteradas gestiones efectuadas por la Comisión, el Gobierno del Perú no ha proporcionado respuesta relativa a los hechos en relación con el presente caso;

  2. Que en la tramitación de la denuncia correspondiente a este caso, la Comisión, pese a no haber recibido acuse de recibo a las múltiples comunicaciones que remitió al Gobierno del Perú, otorgó plazos y nuevas fechas para no limitar el derecho de réplica que corresponde al Estado denunciado;

  3. Que el Gobierno del Perú se ha limitado, sin impugnar los hechos, a objetar la competencia de la Comisión sobre la base del argumento de que este caso ha sido objeto del examen ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas;

  4. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dispone de ningún antecedente que le permita establecer que la situación de Juan Geldres Orozco y Benigno Contreras ha sido aclarada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas;

  5. Que en concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ésta sólo debería inhibirse de la consideración del presente caso cuando el asunto se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo ante una organización gubernamental de que sea parte el Perú y dicho procedimiento sea sustancialmente la reproducción de una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión u otro organismo internacional gubernamental de que sea parte el Perú;

  6. Que, en cambio, la Comisión no debe inhibirse de conocer de la presente situación cuando el procedimiento seguido ante la otra organización se limita al examen de la situación general sobre derechos humanos en un Estado, y no exista una decisión sobre los hechos específicos que son objeto de la petición sometida a la Comisión o que no conduzca a un arreglo efectivo de la violación denunciada;

  7. Que, de conformidad con las pertinentes resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en particular, la Resolución 20 (XXVI) de 29 de febrero de 1980, no se encuentra dentro del mandato del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias decidir respecto a los hechos específicos que se han alegado en el presente caso;

  8. Que, en consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se encuentra inhibida para conocer el presente caso de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Reglamento;

  9. Que, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos declaró por Resolución 666 (XIII/083) y Resolución 742 (XIV-0/84) que "la desaparición forzada de personas es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad";

  10. Que el artículo 42º del Reglamento de la Comisión establece lo siguiente:

    Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.


LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

  1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 6 de octubre de 1986, relacionados con las siguientes detenciones y desapariciones:

    1. Juan Geldres Orozco en el Distrito de Atna, Provincia de La Mar, por miembros de la Infantería de Marina, y

    2. Benigno Contreras de su casa en la ciudad de Ayacucho por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército.

  2. Observar al Gobierno del Perú que tales hechos constituyen gravísimas violaciones del derecho a la libertad personal (artículo 7º) y del derecho a la vida (artículo 4º) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  3. Recomendar al Gobierno del Perú que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y, de acuerdo con las leyes peruanas, se sancione a los responsables de los mismos, informando a la Comisión dentro de un plazo de 60 días sobre las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones consignadas en la presente Resolución.

  4. Comunicar esta Resolución al Gobierno del Perú.

  5. Si transcurrido el plazo de 60 días el Gobierno del Perú no presentare información con respecto a las medidas tomadas, la Comisión incluirá esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el artículo 63º, inciso (g) del Reglamento de la Comisión.