RESOLUCION Nº 20/89

CASO 10.118 (SURINAME)

27 de septiembre de 1989

VISTOS:

  1. La petición recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de octubre de 1987, según la cual:

    Ronald Otmar Jacob Sampi fue arrestado por el ejército de Suriname en Brokopondo, el 19 de junio de 1987. Posteriormente fue obligado a cavar su propia tumba en Berg-en- Dal y fusilado por soldados. Esto constituye una violación del derecho a la vida. No hubo debido proceso.

  2. La transmisión de esta denuncia al Gobierno de Suriname mediante nota del 30 de octubre de 1987, solicitando que proporcionase la información que considerase pertinente, así como cualquier otra que permitiese determinar si en este caso se habían agotado los recursos previstos por la ley.

  3. La remisión, esa misma fecha, de una copia de dicha carta y de las partes pertinentes de la denuncia a la Misión del Gobierno de Suriname ante la Organización de los Estados Americanos.

  4. La repetición de la comunicación del 30 de octubre de 1987 al Gobierno de Suriname, el 9 de febrero de 1988.

  5. La reiteración de la solicitud de información formulada en la nota del 9 de febrero de 1988, señalando al Gobierno de Suriname que si dicha información no se proporcionaba en un plazo de treinta (30) días, conforme al artículo 42 del Reglamento se tendrían por verdaderos los hechos denunciados.

    CONSIDERANDO:

    1. Que el Gobierno de Suriname no respondió a la solicitud de información sobre este caso formulada por la Comisión, pese a habérsele remitido un recordatorio expreso por escrito.

    2. Que el 24 de marzo de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución Nº 2/88, que fue debidamente remitida al Gobierno de Suriname el 30 de marzo de 1988, concediéndole un plazo de 60 días para que infcrmase a la Comisión sobre las medidas tomadas para poner en práctica esta resolución.

    3. Que esta resolución se basó en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión, que estipula lo siguiente:

      Artículo 42. Presunición

      Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludidio si, en el plazo máximo f'ijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la infornración correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.

    4. Que el 19 de mayo de 1988 el Gobierno de Suriname envió a la Comisión una nota relativa a la resolución, cuya parte pertinente señaló:

      E1 Representante Permanente de la República de Suriname ante la Orgianización de los Estados Americanos presenta sus saludos al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo con las instrucciones recibidas del Gobierno de Suriname tiene el honor de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de las resoluciones concernientes a los casos Nos. 9.778, 10.116, 10.117, 10.118, 10.119 y 10.124, lo siguiente:

      E1 Gobierno de Suriname ha tomado debida nota del contenido de las resoluciones mencionadas y se empeñará en actuar seriamente conforne a las recomendaciones en ellas incluidas.

      Atento a la gravedad de los casos citados, el Gobierno se propone investigar exhaustivamente esos casos.

      No obstante, el Gobierno es consciente de las dificultades y el consumo de tiempo que entraña una investigación minuciosa de las violaciones de derec'hos humanos denunciadas, que habrían ocurrido durante el conflicto inferno iniciado en julio de 1986.

      E1 Gobierno, sin embargo, está dispuesto a agotar los medios a su alcance pare servir a la causa de la justicia.

    5. Que el 9 de junio de 1988, en su respuesta a esta carta, la Comisión notificó al Gobierno, inter alia:

      En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me complace contester a su note de mayo de 1988 en la cual informó que el Gobierno de Su Excelencia se propone actuar seriamente conforme a las recomendaciones incluidas en las resoluciones derivadas de los caves 9.778. 10.116, 10.117, 10.118, 10.119 y 10.124. La aseveración de Su Excelencia, en cuanto a que el Gobierno se propone investigar minuciosamente eves caves a fin de servir a la cause de la justicia, es por demás alentadora.

      Puesto que la Comisión se reunirá en septiembre de es año y deberá, necesariamente, resolver acerca de la inclusión de esas resoluciones en su Informe Anual 1987-88, es muy importante que se informe oportunamente a la Comisión respecto de las medidas tomadas por el Gobierno de Su Excelencia en relación con dichos caves.

    6. Que en relación con este caso, el 19 de agosto de 1988 el Gobierno remitió a la Comisión la nota siguiente:

      E1 Representante Permanente de la República de Suriname ante la Organización de los Estados Americanos presenta sus saludos al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y según las instrucciones recibidas del Gobierno de Suriname tiene el honor de comunicar lo siguiente en relación con los casos 10.115, 10.117, 10.118, 10.119, 10.124 y 9.820, y con la nota fechada el 19 de mayo de 1988.

      Una investigación de los casos mencionados realizada por las autoridades judiciales competentes permitió determinar que no se presentaron denuncias. Puesto que la Oficina del Fiscal Público no tiene conocimiento de los casos mencionados, no es posible dar respuesta satisfactoria a los interrogantes planteados por la Comisión.

      La información incluida en las notas de la Comisión no es suficiente para colocar a la Oficina del Fiscal Público en condiciones de profundizar la investigación de estos casos. Por consiguiente, el Gobierno de Suriname agradecería que se le suministrase cualquier información adicional que la Comisión tenga a su disposición y que pueda facilitar dicha investigación. Huelga decir que dicha información será utilizada con la reserva más estricta.

      No obstante, la Oficina del Fiscal Público procura reunir información que le permita investigar las violaciones denunciadas. En este sentido, el Gobierno de Suriname desea señalar que la continuación de las hostilidades en la zona donde ocurrieron las violaciones denunciadas, no coadyuva a la conducción de una investigación.

    7. Que pese a las seguridades ofrecidas en las notas mencionadas, no se llevó a cabo nueva investigación alguna, ni el Gobierno proporcionó a la Comisión más información sobre este caso.

    8. Que posteriormente, durante su visita a Suriname en diciembre de 1988, la Comisión recibió testimonio concerniente al modus operandi de las tropas del ejército en cuanto a su agresión contra los cimarrones de Suriname, en la región y el período citados, que corrobora la denuncia original.

    9. Que el Procurador General interino de Suriname dijo a la Comisión, durante la visita que ésta efectuó en diciembre de 1988, que el Gobierno no estaba en condiciones de investigar este caso.

    10. Que la Comisión considera que el Gobierno no realizó un esfuerzo de buena fe para investigar las denuncias en este caso y para castigar a los responsables de lo ocurrido.

    11. Que a los denunciantes les fue imposible agotar los recursos internos puesto que las autoridades que debieron asumir la responsabilidad de la investigación, vale decir la policía militar, forman parte del núcleo militar acusado de perpetrar las violaciones en cuestión, y que puede deducirse razonablemente que la inercia militar en éste y otros casos demuestra claramente falta de voluntad para investigar, procesar y castigar a los culpables de las violaciones.

    LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

    RESUELVE:

    1. Dar por ciertos los hechos denunciados en la comunicación del 8 de octubre de 1987, concernientes al asesinato del Sr. Ronald Otmar Jacob Sampi, el 19 de junio de 1987, en Brokopondo, Suriname.

    2. Declarar que este hecho configura una violación muy grave del derecho a la vida consagrado en el Artículo I de la Declaración Americana de 106 Derechos y Deberes del Hombre y que el Gobierno de la República de Suriname es responsable por esta ejecución extrajudicial, no obstante haberse registrado antes que el gobierno civil elegido democráticamente asumiera el mando en enero de 1988.

    3. Insistir para que a la brevedad posible, el Gobierno de Suriname proceda a investigar este hecho y castigue a sus responsables con la máxima severidad prevista por la legislación del país.

    4. Declarar que, conforme a derecho, los familiares de la víctima tienen derecho a una compensación justa por parte del gobierno.

    5. Publicar esta resolución en su próximo Informe Anual.

    6. Transmitir esta resolución al gobierno de Suriname y al peticionario.