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BASE DE DATOS
INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

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CASO 10.208 (REPUBLICA DOMINICANA)

14 de abril de 1989

HABIENDO VISTO:

1. Que el día 15 de julio de 1988, el señor Salvador Jorge Blanco denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones imputables a las autoridades judiciales de la República Dominicana, a sus derechos del debido proceso, a la protección judícial, a la seguridad y libertad personal, a la no discriminación por motivos políticos, a la honra y dignidad de su persona, a la legalidad y a la no retroactividad en materia penal, a la libertad de circulación, reconocidos por los artículos 8º , 25º , 7º , 11º , 24º , 9º y 22º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. El denunciante señaló, asimismo, que estos procesos tenían por trasfondo una verdadera persecución política que había sido encubierta por más de siete procesos en uno de los cuales existían más de 38 imputaciones penales en su contra y en especial la decisión dictada por las autoridades judiciales de la República Dominicana, destinada a iniciar un proceso en contumacia en su contra.
   

3. El reclamante señala haber intentado todos los recursos disponibles por el derecho dominicano para garantizar ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial con todos los recursos exigidos por la Constitución y la propia Convención Americana. Asimismo, agrega el denunciante en su exposición, que no pretende que la Comisión resuelva sobre el fondo del asunto, lo que pide es el respeto al debido proceso y a los derechos conexos que con el se relacionan.
   

4. En resumen la reclamación manifiesta lo siguiente:
   1. En relación a la primera acusación formal existe un expediente que nace con la denuncia-querella del doctor Marino Vinicio Castillo, del 3 y 27 de octubre de 1986, la cual se refiere a imputaciones derivadas de compras realizadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a Juan Tomás Peña Valentín o a las compañías de Juan Tomás Peña Valentín, que una Junta Militar las estimó sobrevaluadas y remitió el expediente al Tribunal Militar, conforme a la publicación que salió textualmente en los periódicos nacionales Listín Diario y Ultima Hora, los días 7 y 8 de enero de 1987. Posteriormente a ésto, el Gobierno desplegó maniobras pare alterar el informe publicado y el cave fue remitido a la justicia ordinaria en franca violación al artículo 7 del Código de Justicia Militar, que dispone que sodas las infracciones atribuídas a militares activos o en retiro son de la competencia de los tribunales militares, pues en este expediente el ex-Secretario de las Fuerzas Armadas, el ex-Jefe de la Policía Nacional y otros oficiales más están siendo acusados del referido hecho, conjuntamente conmigo y dos empresarios.

      Así, el cave fue remitido al Juzgado de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distritio Nacional. Reiteradamente pedí un juicio con plenas garantías y que se me comunicara la denuncia-querella y la resolución de la Junta Militar, como es obligatorio en la fase previa a la instruccción secrete (ellas, sin embargo, se me negaron). Alegué desde entonces que, de conformidad con el artículo 8, inciso 2, letra (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo ciudadano tiene derecho "a comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada".

      Debo aquí advertir que en la República Dominicana la instrucción preparatoria en materia criminal es secreta. Este secreto termina a partir del momento en que el Juez de primera instancia es apoderado pare conocer públicamente del asunto. Todavía el Juez de la Séptima Cámara Penal, apoderado del conocimiento del expediente de las compras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no ha procedido a comunicar dicho expediente. Obviamente, en los otros expedientes que están en una fase de instrucción, no ha terminado. Lo que sí es público, son los documentos de la denuncia, de la querella o de la inculpación que el Procurador Fiscal recibe previamente y debe dar a conocer al inculpado por rezones elementales derivadas del derecho a la defense. Esto no se ha cumplido conmigo en los expedientes.

      Contra la sentencia de la Cuarta Cámara Penal de 26 de enero de 1987, que me negó la comunicación de la denuncia, apelé el 28 de enero ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La Corte de Apelación mantuvo la decisión del inferior por sentencia de 4 de mayo de 1987. E1 5 de mayo presenté recurso de casación contra esa sentencia, Sin embargo, el recurso de casación no se ha podido conocer en la Suprema Corte de Justicia porque la Cámara de la Corte de Apelación, no ha motivado la sentencia.

      E1 4 de agosto de 1987 y el 14 de diciembre de 1987, el Juez de instrucción citado y el Procurador Fiscal dictaron respectivamente la providencia calificativa y el acta de la acusación mediante las cuales el referido hecho recibió calificación de 38 violaciones criminales a la Constitución de la República, al Código Penal y a la Ley 672 del 29 de julio de 1982.

      E1 cuadro de esta calificación es el siguiente:
      

      Constitución de la República

      1. Poderes del Presidente - artículo 55, inciso 3 (recaudación inversión rentas

         nacionales).

      2. Prohibición conceder títulos de nobleza o hereditarios - artículo 100

      3. Enriquecimiento ilícito - artículo 102.

      4. Reglas relativas a erogaciones fondos públicos - artículo 115.
         

      II. Código Penal

      1. Complicidad - artículos 59, 60, 61, 62 y 63.

      2. Crímenes y delitos contra la Constitución (atentados contra la libertad) - artículo 114.

      3. Falsedad en escrituras públicas - artículos 145, 146, 147 y 148.

      4. Prevaricación - artículos 166 y 167.

      5. Desfalco - artículos 169, 170, 171, 172 y 173.

      6. Concusión - artículo 174.

      7. Delito de los funcionarios que se hen mezclado en asuntos incompatibles con su calidad

         - artículos 175 y 176.

      8. Soborno o cohecho - artículos 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183.

      9. Asociación de malhechores - artículo 265.

      10. Estafa - artículo 405.

      11. Abuso de confianza - artículo 408.

      12. Delito de los abastecedores o proveedores - artículos 431, 432 433.

      III. Códiqo de Moralidad, Ley 672

      Obligación de denunciar acto corrupción - artículo 7.

      Adjunto a la presente denuncia acompaño un análisis pormenorizado de cada una de las acusaciones, la legislación que las rige, y la defensa contra ellas. Advierto, eso sí, que aunque mi inocencia y los resultados de los procesos judiciales no están siendo ventilados ante esa Comisión, lo hago con el ánimo de descubrir ante ella, la sin razón de las acusaciones y la razón de mi propia inocencia.

      Adelanto, sin embargo, que no soy ni he sido asociado del señor Leonel Almonte. Soy totalmente ajeno a su vida empresarial y a todos sus negocios. Somos viejos amigos habiendo sido él cooperador o soporte en mis campañas electorales. Cuando la Juez de Instrucción me interrogó el 29 de abril de 1987, y no obstante que desconocía la denuncia, porque reiteradamente se me negó su comunicación, le dije de la manera más espontánea, entre otras cosas, lo siguiente:

      ... el patrimonio del señor Leonel Almonte me es totalmente ajeno a mí como, de igual manera, lo poco que tengo, conjuntamente con mi esposa, no tiene nada que se origine con otras cosas que no sean mi trabajo personal ... (página 26 del interrogatorio recogido en el Anexo No. 2).

      Mi patrimonio está en la declaración que presté al terminar mi gestión del 16 de agosto de 1986. Es una declaración con pelos y señales. Mi residencia de Santiago está hipotecada con el Banco Popular Dominicano. Mi residencia de Santo Domingo está hipotecada con el Banco Dominicano de Contrucción.

      Jamás intervine o dí instrucciones directa o indirectamente en las operaciones de compras de los institutos castrenses o policiales. En el aludido interrogatorio practicado por la Juez de Instrucción el 29 de abril de 1987 (página 26), dije lo siguiente:

      ... y reto a cualesquiera de eves militares que ha ocupado o que hen ocupado en el curso de mi gobierno elevadas funciones donde se manejaran recursos a que me señalen si en alqún momento han compartido o me han dado aunque fuera una cabeza de alfiler.

      Esa conducta fue la misma que seguí frente a sodas las demás instituciones del Estado. La carta pública del 4 de febrero de 1987, suscrita por todos los ex-Secretarios de Estado, ex-Administradores y ex-Directores Generales, es el mejor ejemplo cuando expresan:

      La facultad de recibir, evaluar y seleccionar cotizaciones de casas comerciales pare la compra de equipos y productos fue siempre exclusiva de los Secretarios de Estado y/o Directores Generales, a través, por supuesto, de los respectivos departamentos de compra. Los funcionarios del Gobierno de Concentración Nacional ejercimos plena y libremente durante el mandato del Dr. Salvador Jorge Blanco la autoridad que confiere a los cargos que ostentábamos la Constitución de la República, la Ley Orgánica de las Secretarías de Estado y las demás leyes y reglamentos vigentes.

      Estas declaraciones, claro está, no concuerdan con las de alqunos acusados por violación al artículo 114 del Código Penal dominicano. La razón de ello se hace evidente con sólo transcribir el último párrafo de la referida norma:

      Si justificaren -los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno-, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquica por asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden.

      En el mismo orden de mi responsabilidad de gobernante, está la ejecución pulcra del Fondo 1401 durante los cuatro años de mi Gobierno, que asciende a RD$939'374,824.48 tal como resulta del cuadro publicado el 2 de febrero de 1987 (en el Anexo # 2 se acompaña el mismo).

   2. Prohibición de salir del país

      Posteriormente, el 23 de diciembre de 1986, la Procuradora General de la República decretó, con base en la Ley 200 del 27 de marzo de 1964, la prohibición de salir del país en mi contra, sin cumplir, ni siquiera los mínimos requisitos que la propia ley establece pare decretar el impedimento de salida. La citada fey, después de establecer en su artículo 1 . que el impedimento debe fundarse en la "existencia de penas impuestas judicialmente o en las leyes de policía de inmigración y de sanidad" habilita excepcionalmente la posibilidad de impedir la "salida al exterior de aquellas personas que se encuentren sometidas a la jurisdicción penal, pero en estos caves los representantes del Ministerio Público deberán acompañar su instancia de una copia certificada de la querella o denuncia, quedando el Procurador General de la República y finalmente el Secretario de Estado de Justicia -cargo que ya no existe-, con facultad para apreciar si la seriedad o gravedad de dicha querella o denuncia justifica o no el impedimento de salida" (artículo 3 . de la citada Ley).

      En mi caso, no sólo no estaba todavía sometido a la jurisdicción penal, en estricto sentido, sino que tampoco se acompañó copia certificada de la querella o denuncia. De haberlo hecho habría tenido la oportunidad de conocerla y discutirla.
      

   3. El interroqatorio excesivo y preiuiciado

      Con ocasión de las acusaciones reseñadas en el Hecho a, fui citado a comparecer ante la Juez de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional. Acudí ante la Juez de Instrucción a las diez de la manana del 29 de abril de 1987 a rendir mi declaración conociendo que, al margen de los resultados del interrogatorio, ya era un hombre preso.

      El carácter incriminatorio y prejuiciado del interrogatorio fue evidente. A título de ejemplo, cito una de las preguntas formuladas:

      En el caso de que usted no se beneficiara de esas operaciones no le parece a usted que tanto el Art. 7 de la Ley 672 con el mismo Art. 102 de la Constitución fueron inobse rvados y violados po r us ted al propagar en forma tan abierta y sistemática el crecimiento económico de un amigo y asociado o relacionado y funcionario de su intimidad.

      Cuando me percaté durante el interrogatorio, al cabo de más de diez horas ininterrumpidas, de los propósitos de la referida Juez de Instrucción, antes de que expidiera la orden de prisión, lé formulé su recusación e incompetencia.

      Esta recusación obligaba a la Juez de Instrucción a suspender inmediatamente el interrogatorio y el procedimiento, de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Criminal (ver Anexo # 4), que le impone la obligación previa de examiner su propia competencia y que le impide dictar ningún otro acto de instrucción mientras no resuelva la excepción de incompetencia que le fuere sometida. Por todo esto, no podía la Juez de Instrucción dictar orden de prisión contra mí. Sin embargo, no fue así.

   4. La prisión decretada

      La prisión fue decretada el 29 de abril de 1987 sin comunicarme los motivos de la misma, ni existir las rezones pertinentes pare su decreto (no reincidencia posible, ni posibilidad real de escaper a la acción de la justicia). No se diga que no se me violó el derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal del inculpado, porque para otros dominicanos inculpados, (normalmente los delincuentes habituales), se les decreta automáticamente la prisión provisional o preventiva.

   5. Solicitud de asilo en la Embajada de Venezuela

      El 30 de abril de 1987 me refugié y solicité asilo en la Embajada de Venezuela, conjuntamente con mi esposa y mis hijos, ya yo era un perseguido político antes de la decisión de la Juez de Instrucción. En todo caso solicité el asilo luego de decretada la orden de prisión -no antes-, no puede interpretarse como acción pare huir de la justicia, sino pare encontrar lo que en mi país no he encontrado haste el momento.
      

   6. Mi enfermedad

      Durante mi estadía en la Embajada venezolana tuve comienzos de ataque al corazón, diagnosticado en horas de la mañana de ese día, 30 de abril, por el Dr. Bernardo Defilló. En los días sucesivos, fui atendido por el Dr. Amiro Pérez Mera, y finalmente, el viernes 8 de mayo de 1987, salí de la Embajada de Venezuela a la Clínica Gómez Patiño con el diagnóstico de los Dres. Escipión Oliveira y José Fernández Caminero, quienes consideraron que debía ser atendido en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. Una junta de médicos designada por el Gobierno dominicano, compuesta por médicos de la Asociación Médica Dominicana, confirmaron el diagnóstico.

      E1 14 de mayo de 1987, con la anuencia del Presidente de la República, el Procurador General de la República dictó una orden de excarcelación (en realidad, de hecho, nunca estuve preso en la República Dominicana). Así fui autorizado a viajar a la cindad de Atlanta pare ser atendido clínicamente en el University Emory Hospital, bajo los cuidados del Dr. Willis Hurst. Su carte del 30 de septiembre de 1987, confirmó el diagnóstico y el consiguiente tratamiento que he estado llevando haste estos momentos. Su última carte, de 12 de mayo de 1988, confirma la necesidad de mi permanencia en tratamiento aquí en Atlanta (ver Anexo # 2).

   7. Revocatoria del auto de excarcelamiento

      Frente al auto de excarcelación dictado conforme a derecho el 14 de mayo de 1987, la actual Procuradora General de la República, sin llenar los trámites del debido proceso y sin tener competencia pare ello, revocó el auto de excarcelamiento, el 12 de octubre de 1987.

      Sin tomar la más mínima prudencia de oirme a través de una comisión rogatoria, ni de dirigirse a los médicos que me están atendiendo o de oir el dictamen de los médicos dominicanos, incluyendo la Asociación Médica Dominicana, que unánimemente opinaron sobre la necesidad de mi traslado a Estados Unidos de América, la Procuradora General decidió - sin atribuciones- que habían "cesado las causas que (le) dieron origen", y con base en su dicho, revocó el auto de excarcelación dictado el 14 de mayo de 1987.

   8. Proceso de contumacia

      Por auto de fecha 28 de junio de 1988, haciendo caso omiso de la imposibilidad de presentarme en la República Dominicana por disposición médica, y sin cumplir siquiera el trámite del Código de Procedimientos Criminales (en particular los artículos 337 y 338), el juez de la Séptima Cámara Penal, bajo amenaza de ser juzgado en contumacia, ordena que me presente y comparezca, en el término de 15 días ante él.

      Esta aplicación excesiva del propio Código de Procedimientos Criminales (artículo 334), implica la posibilidad de ser juzgado en ausencia cuando se conoce bien de mi domicilio en Atlanta y de las circunstancias de mi enfermedad. Implica también la posibilidad de que mientras cure el proceso se me apliquen sanciones de tipo penal muy qraves como las de no ser oído en juicio, de suspenderme mis derechos ciudadanos y por ello políticos (ver artículos 13, 14 y 15 de la Constitución de la República Dominicana en relación con el artículo 23 de la Convención Americana), y de secuestrarme mis bienes (en qeneral, y en violación del artículo 21 de la Convención Americana en relación con el artículo 8.13 de la Constitución dominicana que prohibe la confiscación qeneral de bienes).

      Frente a esa decisión, para agravar la cosa, el inculpado no tiene ni siquiera recurso de apelación⁽¹⁾.

      A1 margen de esa violación, al amparo de los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Penales y de la jurisprudencia que los ha desarrollado -en particular la resolución de 27 de enero de 1969 (B. 698, pág. 166)-, mis familiares y abogados presentaron, en mi nombre, las excuses por "hallarme enfermo fuera de la patria". E1 juez de la Séptima Cámara Pénal, Dr. Juan María Severino, se negó simplemente a recibir la excusa médica presentada, sin dar razón de la misma negatoria (acompaño acta notarial y recortes de prensa que así lo acreditan -ver Anexo #4).

      De mantenerse la situación, me veo obligado a escoger entre mi salud (reconocida como derecho por el artículo 5 de la Convención bajo la forma de derecho a la integridad física y psíquica) y el cumplimiento de la decisión judicial. De esta manera, por defender mi integridad física (conforme lo hen dictaminado 1-os médicos competentes), seré juzgado en contumacia y padeceré sanciones muy graves a mis derechos de defensa, de ciudadanía y de propiedad.

   9. Otras acusaciones

      Los hechos que se mencionan a continuación se encuentran en etapa de investigación ante el Juez de Instrucción en distintas jurisdicciones penales. No se ha dictado providencia calificativa en ninguno de estos casos.

      -Caso secuestro y asesinato de Héctor Méndez y Napoleón Reyes y de los hermanos Cruz Gálvez. Estos hechos ocurrieron el 4 de enero y el 10 de junio de 1985.

      -Caso Comedores Económicos. Acusación de sobrevaluación de mercancías de esta dependencia de las Fuerzas (querella del 3 y 27 de octubre de 1986).

      -Caso Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (ISSFAPOL). Acusación de sobrevaluación de mercancías.

      -Clausura Universidad CETEC, acusación por violación al artículo 114 del Código Penal (abuso de autoridad).

      -Muertes y violencias del 24 de abril de 1984, ocasionadas durante enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y ciudadanos por mantener el órden público.

      -Caso de la querella de Miguel Angel Velázquez Mainardi, presentado el 2 de septiembre de 1986 por difamación, injuria y asociación de malhechores contra los Diputados Hatuey De Camps Jiménez, Rafael Vázquez y contra mí.

      A1 amparo del artículo 67 de la Constitución vigente, solicité a la Suprema Corte de Justicia que ella conociera en instancia única de sodas las acusaciones formuladas contra mí. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia rechazó mi petición por sentencia del 18 de noviembre de 1987.

      Cabe mencionar que el Magistrado Néstor Contín Aybar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, es socio del Dr. Ramón Tapia Espinal, quien es el abogado del Estado en los casos en que aparezco acusado de las compras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los Comedores Económicos y el ISSFAPOL. Por este motivo, al principio de todos estos asuntos, propuse su inhibición pare conocer de los recursos que se hen presentado ante la propia Corte, con ocasión de las acusaciones que se me siguen.

   VIOLACIONES COMETIDAS

   1. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho al debido proceso en general (artículo 8, en relación con los artículos 7 y 25 de la Convención Americana), al no permitirme ser "oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal en ...(mi) contra".
      

   2. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la libertad personal (art. 7 de la CADH), por no habérseme expuesto las "rezones de (ml) detención y notificado, sin demora, del cargo o cargos formulados" en mi contra (art. 7.4), y por no respetárseme el derecho a las "garantías judiciales" al no habérseme "comunicado previa y detalladamente de la acusación formulada" (art. 8.2. inciso b de la CADH).

   3. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho humano de recurrir los fallos ante juez o tribunal superior (art. 8.2, inciso h, de la CADH), en relación con el proceso de contumacia y las penes autónomas que de la contumacia resultan, incluyendo las de no ser oído, la del secuestro de bienes (violación autónoma del art. 21 de la CADH) y la suspensión de mis derechos políticos y civiles.

   4. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la seguridad de mi persona (art. 7.1 de la CADH) al dejarme en una especie de limbo jurídico sobre la cantidad de acusaciones y sobre la resolución de las mismas.

   5. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la no discriminación por motivos políticos (art. <1.1 y 24 CADH).

   6. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la honra y~ dignidad de mi persona (art. 11 de la CADH). La misma persecución política, la sola acumulación de acusaciones intermítentes, la forma en que se hen expresado las autoridades de la República, la ausencia de medios efectivos de protección, constituyen violaciones a mi derecho humano a que se respeten mi honra y la dignidad de mi persona.

   7. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a recurso rápido y sencillo conforme al artículo 25 de la CADH. La ausencia de un recurso de Amparo en la República Dominicana y, con ella, de un recurso que me proteja de todos los derechos (y no sólo del de libertad personal cuando se guarda prisión, derecho este último protegido por el recurso de Habeas Corpus), constituye una violación, bien que general, al artículo 25 de la Convención Americana.

   8. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la logalidad y a la no retroactividad en materia penal reconocidos por el artículo 9 de la Convención Americana. Forma precisamente parse del principio de legalidad, el principio de la tipicidad en materia penal. En todos los procesos abiertos y en casi sodas las calificaciones delictivas que se me hen imputado, existe esa falta de tipicidad (el elemento del tipo o delito o no existen o son definidos en forma tan vaga que no es posible saber con certeza donde comienza el delincuente y donde el hombre honrado).
      

   9. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la libre circulación de las personas, dentro y fuera de las fronteras nacionales (reconocido por el artículo 22 de ia Convención Americana.
      

   10. E1 Gobierno de la República Dominicana ha violado el derecho a la propiedad y no confiscación (reconocido en el artíclo 21 de la Convención Americana en relación con el 8 inciso 13 de la Constitucion dominicana) en conexión con el derecho al debido proceso, con ocasión de la aplicación de las sanciones por contumacia, así como la violación al artículo 23 de la Convención Americana en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Constitución dominicana conforme se explica en la violación c), en relación también con la contumacia que me ha sido aplicada sin reconocer las excuses médicas (Hecho f), el Gobierno de la República Dominicana ha violado también mi derecho a la inteuridad física reconocido por el artículo 5 de la Convención Americana, el que se ve claramente amenazado cuando, por ejercerlo, se me juzga en ausencia y se me aplican sanciones graves (derivadas de la contumacia) a mis derechos a ser oido -por medio de mis abogados o representantes- ante los tribunales y mis derechos ciudadanos.

   Agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna

   I. De acuerdo con los principios de derecho internacional, he interpuesto todos los recursos infernos accesibles y adecuados a 1a defensa de los derechos que alego violados. Entre esos recursos señalo:

   1. Sentencia del 18 de noviembre de 1987 de la Suprema Corte de Justicia en la que textualmente se rechaza el recurso de casación interpuesto por Salvador Jorqe Blanco, contra la indicada Resolución -de la Cámara de Calificación del Distrito Nacional-, en cuanto se refiere a la alegada violación de los artículos 8, ordinal 8, acápite j) y 46 y 87 de la Constitución de la República.

      Esta sentencia -no recurrible ni notificada trace más de 6 meses rechazó mi recurso (interpuesto el 26 de agosto) contra la providencia de calificación que decidió la Cámara de Calificación del Distrito Nacional, por violaciones al debido proceso y a mis derechos constitucionales.
      

   2. Sentencia del 21 de junio de 1988 de la Suprema Corte de Justicia por la que se "declare inadmisible el recurso de apelacion interpuesto por el Dr. Salvador Jorqe Blanco, contra sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Dominqo, en fecha 25 de mayo de 1988" (ver parse resolutiva primera, pág. 3 de sentencia que acompaño en el Anexo 4).
      

      Este recurso, declarado inadmisible por la Suprema Corte como tribunal de apelación de última instancia, fue interpuesto por mis abogados con el objeto de recusar al Juez de Séptima Cámara Penal, magistrado Juan María Severino, con ocasión de sus actuaciones contra la imparcialidad y el debido proceso, a propósito del procedimiento de contumacia que se reseña en el Hecho h.

   3. Rechazo, por el Juez Presidente de la Séptima Cámara Penal del Juzqado de Primera Instancia del Distrito Nacional de las excuses médicas presentadas, al amparo de los artículos 337 Y 338 del Códiqo de Procedimientos Criminales, el 11 de julio de 1988 por mis aboqados y familiares en relación con el proceso de contumacia.

   4. Rechazo en última instancia, por la Suprema Corte de Justicia, de mi solicitud de inhibición del Presidente de la misma, ma~istrado Néstor Contín Aybar. Con respecto a la "parcialidad" del citado Magistrado en relación con el debido proceso y las persecuciones políticas que padeaco.

   II. En lo que se refiere a las excepciones previstas a la reqla _ de1 agotamiento de los recursos infernos (art. 46.2 de la Convención Americana) señalo las circunstancias afectadas por ausencia del debido proceso legal en la legislación interna, por retardo injustificado en la decisión de esos recursos, y por la falta de acceso que he tenido a estos recursos.

   1. No existe en la legislación interna el debido proceso leqal pare la protección de los derechos que alogo violados. Señalo alqunos de eves impedimentos regales:
      1. E1 imputado no tiene "recurso de apelación contra los fallos de contumacia". Esa imposibilidad está impuesta expresamente por el artículo 342 del Código de Procedimiento Criminal.

      2. La prisión decretada en mi contra (véase el Hecho d) y la revocatoria del auto de excarcelamiento (véase el Hecho q) no son legalmente reclamables en la vía del HabeaCorpus ni en vía de recurso directo al tenor de lo exiqido en el artículo 25 de la Convención Americana. La Ley de Habeas Corpus en su artículo 1 , reconoce el recurso únicamente pare el que haya sido "privado de su libertad en la República Dominicana... cuando haya sido detenido por sentencia de Juez o Tribuna] competente...". Por su parse, la jurisprudencia reiterada de los tribunales dominicanos rechazan el recurso cuando la persona interesada en el recurso no "se encuentra privada de su libertad en alguna prisión o sitio en el territorio nacional bajo la jurisdicción de los tribunales dominicanos".
         

         A estos propósitos, ha sido esa Comisión la que ha establecido que cuando la jurisprudencia demuestra la inutilidad de un recurso contra los actos privativos, no hay que aqotar los recursos de la iurisdicción interna (ver cave citado, # 8095, Res. 10/85 del 5 de marzo de 1985, CIDH, Informe Anual 1984-85, pág. 35)

         Téngase presente que, en las circunstancias que rodean mi cave, por no encontrarme encarcelado en las prisiones de la República Dominicana, en virtud de los problemas de salud reseñados en el Hecho e y de los derechos a la libertad que me corresponden como ciudadano y como ser humano, era inútil presenter cualquier recurso de Habeas Corpus que qarantizara la viqencia de los derechos humanos que se me hen violado conforme denuncio en la presente petición.

         Por otra parse, repito, no existe en la República Dominicana recurso de Amparo para la protección de derechos constitucionales, internacionales y legales. Agréguese a ello la tradicción restrictive en la interpretación de las excepciones de inconstitucionalidad previstas en la legislación dominicana ante las que, en todo cave, no es posible alegar violaciones directas a la propia Convención. No hay, en este sentido, recurso directo, rápido, sencillo y eficaz al tenor del artículo 25 de la Convención Americana.

      3. "Las decisiones de la Cámara de Calificación no son susceptibles de ninqún recurso" conforme establece textualmente el artículo 127 del Código de Procedimiento Criminal. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es cierto, admite recurso cuando se aleguen motivos de inconstitucionalidad (ver sentencia del 18 de noviembre de 1987). En todo caso, agoté esa vía conforme arriba queda consiqnado.

      4. La prohibición de salir del país decretada al amparo, como en mi caso, de la Ley #200, dictada por el Triunvirato de 1964 (ver Hecho b Anexo #3), no es recurrible por Habeas Corpus (ver acápite 2 anterior), y aunque la citada Ley #200 admite la posibilidad de recurrir el impedimiento decretado, ella misma obliga expresamente a probar la inocencia (invirtiendo la carga de la prueba en periuicio del principio de libertad y del derecho reconocido en el artículo 8.2 de la Convencio Americana). En efecto, el artículo 7o. de la Ley establece:

      Toda persona a quien fuere impedida la salida al extranjero, tendrá derecho de presenter las pruebas que justifiquen la improcedencia de la medida tomada en su perjuicio.

   2. No hay acceso a los recursos internos o me veo impedido de agotarlos en los casos que cito a continuación:
      1. En el referido a las excuses médicas presentadas el 11 de julio de 1988 por mis abogados y familiares con ocasión del proceso de contumacia, el Juez apoderado del proceso se neqó simplemente a recibirlas en contra de lo establecido en los _artículos 337 Y 338 del Código de Procedimientos Criminales.

      2. A partir de la viqencia de la contumacia decretada por el Juez de la Séptima Cámara Penal (resolución dictada el 28 de junio de 1988 y en la que se me da un plazo de 15 días pare comparecer ante el mismo juez), me "será prohibida toda acción en justicia" (lo que está entre comillas pertenece, tanto al artículo 334 del Código de Procedimiento Criminal, como el párrafo resolutivo 20. de la referida resolución ever Hecho h y Anexo # 4).

      3. Imposibilidad de nombrar abogados pare mi defensa ante el Juez de la Séptima Cámara Penal (en relación con el caso reseñado en el Hecho a. En virtud de la resolución del auto del 10 de marzo de 1988, no puedo constituir aboqados en el procedimiento criminal que se sique ante esa Cámara Penal, porque no he comparecido "personalmente", y no lo he hecho, repito, porque, al margen de la ausencia de qarantías judiciales, los motivos de salud reseñados en el Hecho f me lo impiden.

   3. Hay retardo injustificado en la decisión de alqunos recursos. Ello es particularmente visible en relación con la insistente solicitud de conocer los elementos inculpatorios de la denuncia. Esto es particularmente importante porque al no conocer "en forma previa y detallada las acusaciones formuladas" y al no ser "notificado, sin demora, del cargo o cargos formulados en mi contra", se ha violado mi derecho las garantías judiciales (la libertad personal en los términos de los artículos 8.2b y 7.4 de la Convención Americana).

      Esa comunicación me fue rechazada por la Cuarta Camara Penal en sentencia de 26 de enero de 1987. Apelé la referida sentencia el 28 de enero de 1987 ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación, la que resolvió en sentencia de 4 de mayo de 1987. Frente a esa decisión interpuse, el 5 de mayo de 1987, recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el referido recurso no se ha podido conocer porque la Cámara de la Corte de Apelación no ha motivado la sentencia (la legislación dominicana exige hacerlo 15 días después de la resolución).

      De todo lo dicho en esta sección, queda claro que he cumplido sobradamente los requisitos del artículo 46 de la Convención Americana referidos al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna dominicana. De lo expuesto queda también claro que presento esta denuncia dentro del plazo de los seis meses (en lo que le es aplicable , o al plazo razonable (en relación con las excepciones previstas en el inciso 20 del artículo 46). Los otros presupuestos procesales quedan bien cumplidos con la presente.

      Para el supuesto de que el Gobierno Dominicano interponqa la excepción de falta de agotamiento de los recursos infernos con el obieto de impedir el conocimiento de esta denuncia, solicito a esa Comisión Interamericana que resuelva lo relativo a ello, iunto con la resolución de fondo.

      MEDIDAS PRECAUTORIAS

      Respetuosamente solicito a esa Comisión y/o eventualmente a la Corte Interamericana que se dicten las medidas provisionales pertinentes pare qarantizar la efectividad final del presente proceso y evitar daños irreparables o de muy dífícil reparación a mis derechos humanos. Pido, pues que, en virtud de la viabilidad de la presente denuncia y de los qraves daños que puedan causárseme, se ordene la suspensión de los procesos pendientes, mientras no se corrijan las violaciones al debido proceso y se ordene la suspensión de las persecuciones políticas iniciadas contra mi persona. Subsidiariamente, solicito se suspenda la aplicación de las sanciones de contumacia y se me reconozca el derecho a la integridad física y a la protección médica conforme a las excusas previstas en la propia leqislación dominicana.

      PETITORIA

      Respetuosamente solicito a esa Comisión:

      1. Se den por aqotados los recursos de la jurisdicción interna, se admita y se le dé el curso correspondiente a la presente denuncia, incluyendo la posibilidad de ofrecer la prueba documental y testimonial que sea pertinente ante esa instancia internacional.

      2. Se adopter -prima facie- las _medidas precautorias correspondientes mientras se desarrolla el presente proceso, se declare la existencia de las violaciones denunciadas y se ordene a las autoridades de la República Dominicana mi restablecimiento en el ejercicio pleno de todos los derechos que me han sido conculcados.

      3. Se ordene el cese a las autoridades gubernamentales de las políticas encubiertas judicialmente y se estableacan los requisitos mínimos de un debido proceso pare que sean cumplidos por las autoridades de la República Dominicana, en especial en lo que hace referencia a los procesos por las acusaciones de que soy objeto. Esto último deberá incluir, al menos, la comunicaciones de todas las inculpaciones y los elementos de las mismas, la reunificacíón en un único proceso judicial, ante un tribunal independiente, de todas las acusaciones formuladas en mi contra, o reiniciar todos los procesos pendientes viciados de nulidad por violación a mis derechos humanos y a las garantías judiciales.

      4. Se me restableaca en mis derechos cindadanos a ser considerado inocente mientras no se pruebe en iuicio -justo- mi culpabilidad se ordene la recusación de los jueces o autoridades administrativas que por virtud de sus actuaciones han prejuzgado, han faltado a su imparcialidad o no han garantizado el debido proceso correspondiente.

      5. Se ordene mi excarcelación, mientras se desarrolla el juicio y se me qarantice el tratamiento médico idóneo correspondiente.

      6. Se prohiba el proceso que se me pretende sequir por contumacia y las sanciones que conlleva, por estar viciado de nulidad conforme a la Convención Americana.

      7. Se imponga el derecho de recurso rápido, sencillo y efectivo conforme a los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, el derecho de apelación sobre las decisiones de iuzgar en contumacia, y se pida la deroqatoria de las leyes que habilitan a decretar la prisión preventiva a las autoridades administrativas, y a impedir la salida del país a los ciudadanos por las mismas autoridades administrativas.

      8. Eventualmente, en caso de que no pueda llegarse a una solución de conformidad con los articulos 48.lf y 49 de la Convención Americana, o que el Gobierno de la República Dominicana no cumpla las recomendaciones que se desprendan del informe de la Comisión (artículos 50 y 51 CADH), solicito expresamente que mi caso sea sometido a conocimiento de la Corte Interamericana, supuesto que la República Dominicana reconociera la jurisdicción de esa Corte, al tenor del artículo 62 de la Convención. En este último caso, solicito también, expresamente, se dicten las medidas provisionales pertinentes a petición de la Comisión o de la propia Corte, se garantice el goce de mis derechos conculcados, se reparen e indemnicen todas las lesiones sufridas y las costas procesales internas e internacionales, todo ello de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 45.1 letra 1) del Reglamento de la Corte Interamericana en lo que se refiere a las costas procesales.

   4. La Comisión, en note de 18 de jul~io de 1988, transmitió al Gobierno de la República Dominicana la denuncia solicitándole la información correspondiebte de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento. Dicho trámite fue cómunicado al reclamante en la misma fecha.

   5. E1 16 de agosto de 1988, el representante legal del reclamante, señor Rodolfo Piza Rocafort, solicitó ante esta Comisión una audiencia durante su próximo período de sesiones, a fin de exportar verbalmente los elementos fundamentales de la denuncia del señor Salvador Jorge Blanco.

   6. Dicha solicitud de audiencia fue comunicada al Gobierno para los fines de asistencia de un representante del Gobierno dominicano, fijando el 15 de septiembre de 1988 a las 12:30 p.m. la fecha pare la audiencia.

   7. Mediante cablegrama de fecha 14 de septiembre de 1988, el Gobierno dominicano acusó recibo de la comunicación, manifestando su sorpresa ante una audiencia extemporánea, no prevista en el procedimiento de la Comisión y dejando constancia de la imposibilidad material de presentarse en la sede de la CIDH, mediando solamente un plazo de horas entre la fecha de recepción de la comunicación y la fecha fijada pare la audiencia. Solicitando al mismo tiempo la suspensión de la audiencia fijada.

   8. La Comisión reunida durante su 74º período de sesiones recibió en audiencia, el 15 de septiembre de 1988, al representante legal del señor Salvador Jorge Blanco, sin la representación del Gobierno.

   9. E1 Gobierno dominicano, en note de 30 de septiembre de 1988, dio respuesta a la solicitud de información de la Comisión manifestando en resumen lo siguiente:

      I. Artículo 8 de la Convención sobre las Garantías Judiciales.

      1. En relación con la presunta violación al derecho al debido proceso (artículo 8º en relación con los artículos 7º y 25º de la CADH). En los procesos judiciales seguidos contra el peticionario y demás coacusados, no se habilitó un procedimiento y jurisdicción especiales. Señalando al Gobierno que es ésto y no otra cosa lo que realmente busca evitar el comentado inciso 1) del artículo 8º de la Convención, es decir, que a los acusados no se les juzgue fuera de los procedimientos o por jueces y tribunales distintos a los establecidos por la ley.

      2. La Recusación

         E1 peticionario hace mención en su denuncia, de cómo, al final del interrogatorio de la Juez de Instrucción de la Segunda Circunscripción, formuló a ésta, "su recusación e incompetencia". Añade: "esta recusación obligaba a la Juez de Instrucción a suspender inmediatamente el interrogatorio y el procedimiento, de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Criminal". E1 artículo 69 a que elude el peticionario establece la competercia del Juez de Instrucción en razón del lugar. Se está de acuerdo en que es extensiva en razón de la persona y en razón de la materia.

         En relación a la supuesta recusación, el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil Dominicano enumera las nueve causas por las cuales "todo juez puede ser recusado". Su lectura evidencia que en ninguna de ellas cae el agravio esgrimido por el peticionario al plantear la recusación de la Juez de Instrucción, a saber: "usted ha estado en el curso de este interrogatorio acusándome más que investigándome, me obliga de inmediato a recusarla formalmente".

         Más aún, la ley establece un procedimiento preciso para recusar un juez, el cual no fue observado por el peticionario (artículo 382 Código de Procedimiento Civil).
         

         Es posible que el peticionario al hablar de recusación e incompetencia del Juez de Instrucción, en realidad, lo que quisiera pedir fuera la declinatoria (contemplada en los artículos 398 al 408 del C P. Crim.). La declinatoria de un Juez de Instrucción puede ser solicitada a otro Juez de Instrucción por causa de seguridad pública o de sospecha legítima. Tienen calidad para invocarla el Procurador Fiscal y la parte interesada, pera esta última sólo en el caso de sospecha legítima (artículo 398 del C.P.Crim.).

         En conclusión: el peticionario no tenía justo motivo pare recusar al Juez de Instrucción, que sí era competente en razón del luger y de la materia pare conocer de los hechos delictuosos de que fue apoderado; y si el propósito del Dr. Salvador Jorge Blanco era solicitar la declinatoria de ese Juzgado de Instrucción, es oportuno señalar que no observó el procedimiento que pare ella la ley establece, como tampoco respetó las normas que hacen posible y regular la recusación.

      3. La orden de prisión

         Deduce el peticionario que por haber solicitado la recusación e incompetencia a la propia Juez de Instrucción no podía ella dictar orden de prisión contra él. Carece de fundamento este alegato esgrimido por el peticionario ya que al dictar orden de prisión contra Salvador Jorge Blanco, la Juez de Instrucción lo hacía dentro del marco de competencias que le atribuye el C.P. Crim. (artículos 51 al 136 ). Resulta que este magistrado tiene competencia pare dictar Mandamiento de Comparecencia (artículo 91 , C.P. Crim), y en caso de no obtemperar el inculpado a este requerimiento, puede convertirlo en mandamiento de conducencia (artículo 92 , C.P. Crim). En el caso del peticionario, la Juez de Instrucción de la Segunda Circunscripción emitió un mandamiento de comparecencia el 27 de abril de 1987, el cual le fuera notificado, en esa misma fecha en su domicilio, mediante acto del alguacil José Antonio Payano Martínez. Después de interrogarlo, el 29 de abril de 1987, y parece que por haber encontrado indicios graves de culpabilidad, se dictó contra él un mandamiento de prevención. El 9 de julio de 1987 solicitó al procurador fiscal su opinión sobre la prisión provisional del Dr. Salvador Jorge Blanco y compartes, y ésta le fue remitida el 14 de julio de 1987 en el sentido de que sí procedía; se dictó entonces, al día siguiente, contra el peticionario, la orden de prisión número 116-87⁽²⁾. Debe quedar, pues, como un hecho irrebatible, que Salvador Jorge Blanco desacata la orden de prisión de referencia fugándose del modo más vergonzoso, pretextando persecución política, y más tarde, ante el ruidoso y universal fracaso de su asilo diplomático, invocando una dolencia cardíaca que aprovecha para escapar al extranjero con toda su familia.

      4. "Sobre la falta de independencia e imparcialidad"

         En varios lugares de su denuncia el peticionario alega que el interrogatorio del Juzgado de Instrucción fue "excesivo, descriminatorio y prejuiciado". Si se lee el interrogatorio citado, encontraremos las preguntas normales que han de hacérsele a todo inculpado; la función de un Juez de Instrucción no es otra que indagar hechos, recopilar datos y pruebas, interrogar testigos e inculpados a fin de establecer las vinculaciones del luger y los posibles indicios de culpabilidad. ¿Cómo investigar la comisión o no de un crimen sin abordar directamente a los inculpados?

      5. "Con las debidas qarantías"

         E1 peticionario alega que se le ha violado el derecho al debido proceso al hablar de "supuesta" persecución política en su contra, y de que la finalidad es "destruirme como ciudadano y hombre público", dando la idea de que los procesos abiertos en su contra se han desarrollado en un ambiente procesal arbitrario; en juicios que no posibilitan al peticionario el goce de las más mínimas "garantías personales". Y no es así. Por haberse presentado contra el peticionario denuncias y querellas de irregularidades cometidas durante el ejercicio de su gobierno, se iniciaron varios procesos judiciales, y en el curso de los mismos, cada vez que la justicia lo ha requerido, ha procedido con estricto apego a la ley.

      6. Dentro de un plazo razonable

         Se refiere al derecho de todo inculpado penal a ser oído por un juez, sin más demora que la derivada de la tramitación administrative y de la investigación previa.

         La procuraduría fiscal apoderó al Juez de Instrucción, en el proceso seguido contra el peticionario y compartes el 22 de enero de 1987. En el curve de la instrucción y de su investigación surgieron indicios de culpabilidad contra otras cinco personas adicionales a los seis inculpados iniciales. El 29 de abril de 1987, el Juez de Instrucción procede a interrogar al Dr. Salvador Jorge Blanco, luego de haber interrogado, en el lapso precedente, a todos los demás inculpados, y a cuarenta y dos testigos, y de haber reunido, asimismo, una documentación probatoria que excede de las diez mil cuartillas, según consta en el expediente. ¿Puede decir el peticionario, que no fue escuchado en un plazo razonable?

         Si aún no se ha conocido el fondo de las acusaciones, es porque el peticionario se ha valido de todos los medios dilatorios que admite la propia ley.
         

      7. El derecho a que se presuma su inocencia mientras no se estableaca legalmente su culpabilidad

         El peticionario aduce la violación del artículo 8º , 2 de la CADH por las autoridades dominicanas y como prueba utilize, tergiversando su sentido, una información dada por un periodista en meses recientes, en uno de los diarios dominicanos. Afirmamos que ninguna autoridad judicial, en el curso del procedimiento, ha revestido ni distorsionado la carga de la prueba en el sentido señalado. En el expediente formado en instrucción se comprueba que ha sido la Juez quien por medio de sus indagatorias ha reunido pruebas suficientes que lo involucran en los hechos delictuosos puestos a su cargo. Ningún funcionario judicial ha osado afirmar, en los actos puramente procesales, a pesar del cúmulo de evidencias existentes, que Salvador Jorge Blanco y demás coacusados cometieron los hechos puestos a su cargo. A este respecto se lee en autos las frases: presuntos autores inculpados.

         El peticionario pretende desconocer que al presentarse una denuncia o querella donde se inculpan personas por sus nombres, si bien éstos se benefician de una presunción de inocencia haste tanto no se prodaaca sentencia definitive, hay por otro lado la imputación de la comisión de delitos contra las personas o contra las cosas.

         Presunción de inocencia no significa que las autoridades judiciales no puedan investigar los delitos, perseguir a los presuntos autores y castigar a los que resulten culpables.

      8. Comunicación preiva y detallada de la acusación formulada

         El peticionario expresa que no se le comunicó "la denuncia-querella o los documentos relativos a la inculpación, previo o posterior a la instrución secreta prepatoria".

         El inciso 2 del artículo 8º de la Convención, hace un planteamiento de tipo general y expresa : " Durante el proceso", y con esta expresión quiere referirse a la parte del procedimiento penal directamente ligado al conocimiento del fondo de la infracción imputada. Además la letra "b", del original y artículo citados se concreta a decir: "comunicación previa y detallada al inculpado de la ACUSACION formulada". La cuestion a determinar es cuando se formula la acusación en nuestro procedimiento criminal y si se procedio conforme a la ley en el caso de Salvador Jorge Blanco.

         Durante la instrucción criminal no puede hablarse ni de "acusación" ni de "acusado". Loúnico cierto es la ocurrencia de unos hechos delictuosos y la indicación sugerente de los nombres de algunos sospechosos. Será precisamente como resultado de la investigación realizada por el juez de instrucción que tales hechos delictivos, siempre enviados, en tal virtud, al tribunal, para que se conozca en juicio el fondo de la infración ( artículo 133º C.P. Crim).

         Es entonces cuando nuestro derecho prescribe que el procurador fiscal debe proceder a redactar " un acta de acusación" la cual debe notificarse al acusado ( artículos 217º y 218º C.P. Crim.).

         Nuestro derecho estipula que el acta de acusación se le notifique al acusado cuando la instrucción ya ha terminado; hasta entonces no es jurídicamente posible hablar, y mucho menos, notificar, una acusación que no existe todavía.

         En esa fase, y para respetar el derecho de defensa, el legislador si impone la obligación de llevar a conocimiento del acusado la decisión que lo envía al tribunal criminal, para que éste, el acusado, conocidos los cargos que se le imputan, " prepare sus medios de defensa", finalidad que se cumple con la notificación de referencia.

         A Salvador Jorge Blanco se le notificó, por intermedio de sus abogados, la providencia calificativa No 116-87 del 4 de agosto de 1987, éste interpuso recurso de apelación ante la Cámara de Calificación, la cual emitió su decisión el 26 de agosto de 1987, confirmándola. Esta última decisión le fue notificada al peticionario en manos de sus representantes legales, recurriéndose en casación contra la misma.

         E1 acta de acusación se le notificó al peticionario por tres vías: en su domicilio en el país (artículo 334 C. P. Crim.), a sus abogados en territorio dominicano y al propio acusado en su residencia de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, a través del Consulado dominicano en Miami, vía Procuraduría General de la República y Secretaría de Relaciones Exteriores, según prescriben nuestras leyes (artículo 69 , inciso 8 del C. P. Civil), y en esta virtud se le puso en condiciones de ejercer su legítimo derecho de defensa.

      II. Las demás garantías procesales y el juicio en contumacia

      1. E1 peticionario plantea que al juzgársele en contumacia se violan sus garantías procesales. Cabe determinar aquí porque se le juzga en contumacia y en que medida este juicio excepcional es violatoria de la ley y de las garantías procesales.

         A Salvador Jorge Blanco se le juzga en contumacia porque es un prófugo de la justicia dominicana: la Juez de Instrucción, luego de interrogar al peticionario, emitió un mandamiento de prevención en su contra, el 29 de abril de 1988. E1 señor Jorge Blanco logró escapar y en la madrugada del 30 de abril ingresó en la Embajada de Venezuela solicitando asilo político, el cual le fue negado.

         Aduciendo haber sufrido un espasmo coronario y con la autorización de las autoridades dominicanas, abandonó la Embajada e ingresó en la Clínica "Gómez Patiño" en Santo Domingo, en donde quedó bajo la vigilancia policial y en ese instante se preparó su ficha de ingreso en una de las cárceles preventivas de Santo Domingo.

         A sugerencia de algunos médicos y en virtud del art. 419 del Código de Procedimiento Criminal, el Procurador General de la República emitió auto de excarcelación en favor del peticionario autorizándole a viajar a Atlanta, Georgia, "hasta tanto cesen las causas justificantes de la misma".

         E1 señor Salvador Jorge Blanco salió de la República Dominicana el 14 de mayo de 1987 e ingresó el mismo día al Emory Hospital, de Atlanta y fue dado de alta el 26 de mayo de 1987, residiendo desde entonces en esa ciudad.

         E1 12 de octubre de 1987 la Procuraduría General revocó el auto de excarcelación otorgándole un plazo de 15 días a partir de su notificación para que retornara al país y se entregara a la justicia dominicana compareciendo en juicio público. Negándose el peticionario a regresar al país.

         E1 peticionario ha cuestionado la validez de la revocación del auto dado por la Procuraduría General de la República. A este respecto, tómese en cuenta que Salvador Jorge Blanco se encontraba preso en virtud de un mandamiento de prevención, convertido el 15 de julio de 1987 en mandamiento de prisión provisional, emanado de una Juez de Instrucción. Es decir, la prisión del peticionario proviene de una decisión jurisdiccional, recurrible, como al efecto hizo el peticionario, ante la Cámara de Calificación, que la confirmó, mientras que el auto de excarcelación es una medida administrativa, emitida por el funcionario que tiene la dirección, control y administración general de las cárceles y los presos del país. Esto significa que el auto de excarcelación no modificó ni podría modificar la condición de preso preventivo del peticionario.

         El artículo 419 , párrafo I, habla de "excarcelación temporal", y "hasta tanto cesen las causas justificantes de la excarcelación". ¿Se cumplió este requisito? Hay evidencias palpables. Es el propio médico de cabecera del peticionario, Dr. Amiro Pérez Mera, en carta dirigida a la Procuraduría General de la República, del l de septiembre de 1987, quien informa que Salvador Jorge Blanco sigue un tratamiento "ambulatorio" y que su evolución ha sido satisfactoria, progresando hacia la recuperación.

         Debe quedar claro que más de cinco meses estuvo la justicia esperando inútilmente su voluntario retorno al país, así como el cumplimiento de su palabra de que retornaría sin requerimiento judicial alguno a enfrentarse con la sociedad dominicana que reclama su derecho a juzgarlo ante sus propios tribunales.

      2. E1 Gobierno plantea una segunda cuestión: ¿En que medida y condiciones el juicio en contumacia es violatorio de las garantías procesales establecidas por la ley y la Convención?

         Estas garantías están consagradas para todos aquellos acusados que acepten y se sometan a la autoridad jurisdiccional del Estado y al imperio de la ley. Y no puede, quien es un rebelde a la ley y se sustrae a ella, invocar sus beneficios, sobre todo cuando mantiene una posición de rechazo a los requerimientos de los funcionarios y autoridades que la aplican.

         Es el propio peticionario quien ha renunciado al ejercicio y beneficio de estos derechos y garantías, los cuales sí han ejercido los demás coacusados, todos actualmente en libertad provisional bajo fianza. Es absurdo e impropio darle connotación de violación a los derechos humanos a disposiciones mediante las cuales el legislador de todos los países civilizados, por razones atendibles, suprime el ejercicio de determinadas garantías procesales.

         La contumacia o rebeldía se halla reglamentada en los artículos 334º y siguientes de nuestro Código de Procedimiento Criminal. El artículo 334 del Código de Procedimiento Criminal establece varios plazos y medios para que el prófugo tome conocimiento del proceso, los cuales se han cumplido en el caso del peticionario. Así por medio de auto de fecha 26 de febrero de 1988 del Juez de la Séptima Cámara Penal, el peticionario fue interpelado acerca de su designación de abogados, otorgándole 15 días para comparecer a partir de su notificación. Y auto del 28 de junio de 1988, otorgando un plazo de 15 días a partir de su notificación en el extranjero para presentarse a juicio, advirtiéndole que de lo contrario será juzgado en contumacia.

      3. "E1 no cúmulo de infracciones" (SIC)

         E1 demandante en su denuncia hace referencia a la violación de la "regla del no cúmulo de infracciones" que rige en la República Dominicana al perseguir por separado todos los supuestos crímenes que se le atribuyen.

         Existe una confusión en la terminología al mixtificar el peticionario dos instituciones:

         1. E1 concurso de infracciones y 2. E1 no cúmulo de penas, sujetas a reglas diferentes, aunque complementarias.

            En el derecho interno dominicano se reglamenta el concurso de infracciones que se manifiesta "cuando varias infracciones han sido cometidas por la misma persona, sin estar separadas las unas de las otras por una condenación definitiva".

            E1 concurso de infracciones se impone cada vez que un prevenido o acusado, antes de ser juzgado por la primera infracción cometida, es luego inculpado de otra u otras infracciones penalmente sancionables. E1 propósito del legislador no es otro que impedir que un inculpado pueda ser pasible de condenaciones sucesivas, y para ligerar su suerte, se reúnen todas las infracciones cometidas con el fin de encausarlo y juzgarlo por aquella infracción que arrastre la pena más elevada.

            En ningún texto del Código de Procedimientos Criminales instituye la regla del no cúmulo de penas, dejando al aire por consiguiente el concurso infracciones, aunque la jurisprudencia aplica la regla consagrada en Francia "considerándola implícitamente adoptada por el legislador dominicano en cuanto las disposiciones del artículo 304º del Código de Procedimiento Criminal.

            Cuando en un proceso ante tribunal criminal se descubre que el inculpado es pasible de un segundo crimen más grave, el tribunal mismo (artículo 379º ) debe ordenar una nueva persecución por el segundo crimen. En espera del resultado de la nueva persecución, los debates en curso prosiguen; si hay lugar, se pronuncia una condenación, y el fiscal debe sobreseer a su ejecución, aguardando el resultado de la segunda persecución; cuando ésta última haya llegado a su fin, la pena más grave será la única sufrida por el condenado.

            El concurso de infracciones y su consiguiente aplicación sobre no cúmulo de penas ha sido reglamentado pare invocarse en la jurisdicción de juicio, ésto es, tanto en el tribunal correccional como en el tribunal criminal, pero no ante el juez de la instrucción preparatoria.

            Se le reconoce al juez de instrucción el poder de recibir y consignar todas las revelaciones relativas a la existencia de hechos castigables descubiertos en el curso de sus investigaciones que no están comprendidas en la acusación introductiva redactada por el fiscal, siendo subordinados a dos condiciones: 1. No puede apoderarse de esos hechos nuevos sin la intervención previa del Fiscal (Ministerio Público) y 2. Es INDISPENSABLE que los nuevos hechos descubiertos tengan relación con aquel que es objeto de la instrucción o sean de igual naturaleza.

            Dado que el Juez de Instrucción carece de competencia para instruir hechos delictuosos distintos, aunque imputados al mismo autor, sin que medie previamente una requisitoria del Fiscal, no podrá hablarse de "unificar persecusiones" o violación al principio del concurso de infracciones.

         2. Violación del derecho humano de recurrir los fallos ante juez o tribunal superior

            El peticionario denuncia la violación del artículo 8º , inciso 2, letra n) de la CADH, refiriéndose a que al condenado en contumacia

            1. se le priva del derecho de recurrir la decisión condenatoria y 2. porque las decisiones de la Cámara de calificación no son susceptibles de recurrirse en casación.

               Lo primero es falso. El artículo 345º del mismo Código faculta al condenado en contumacia a interponer recurso de oposición en el término de es 30 días a partir del momento en que se constituye en prisión o aprehendido. Más aún, luego de celebrado el juicio contradictorio, y siempre que confirmen la condenación, podría interponer recurso de apelación y de casación. Pero como bien dice este artículo, previo hay que constituirse en prisión, y a eso no está dispuesto Salvador Jorge Blanco.

               En el segundo punto, el legislador ha querido proteger los derechos de los inculpados a una justicia rápida, toda vez que la parte civil o el propio fiscal podrían recurrir maliciosamente, a este recurso prolongando el procedimiento. Además, ésto no se refiere a las garantía, procesales que de acuerdo con el artículo 8º,2, h. de la CADH, emanan del juicio del fondo de la acusación. La decisión de la Juez de Instrucción, que fue recurrida por el peticionario y confirmada por la Cámara de Calificación, no constituye un fallo sobre el fondo de la acusación.

            2. Violación al derecho a la no discriminación por motivos Políticos

               E1 mejor modo de demostrar que los procesos judiciales seguidos a Salvador Jorge Blanco no son por persecusión política, es adentrándonos al fondo de las acusaciones y las pruebas reunidas.

               El peticionario expresa: "Los funcionarios dependientes del Presidente de la República sustentaron la persecución al margen de la justicia (...) dándole órdenes a la justicia o presionándola". Afirma pero no aporta la más mínima prueba de tales presiones y órdenes. A menos que entienda por ello las denuncias valientes de algunos funcionarios acerca del estado desastroso en que encontraron dependencias oficiales y organismos autónomos al tomar posesión el nuevo gobierno.

               Plantea como otra prueba la persecución política la Ley 5007 del 15 de julio de 1911. Pero, del conjunto de infracciones cometidas por el peticionario, solo el artículo 114º está comprendido en la enumeración que hace dicha ley.

            3. Violación al derecho a la honra y dignidad de la persona

               El peticionario tiene el derecho, que ha desechado, de defenderse en un juicio público, oral y contradictorio de los cargos puestos en su contra. Más aún, tiene vías expeditas para, en el caso de ser descargado de las acusaciones, accionar judicialmente, en busca de la satisfacción y reparación de los daños causados, contra los particulares y el propio Estado dominicano.

            4. Violación de derecho a recurso rápido y sencillo

               No podemos leer, sin enojo, la afirmación de Salvador Jorge Blanco cuando acusa a su país de no tener o no haber instituido jamás el recurso de amparo, conocido entre nosotros, desde el año 1914, con el nombre de Ley de Habeas Corpus.

            5. Violación al derecho a la legalidad y a la no retroactividad en materia penal

               El peticionario denuncia que en "todos los procesos abiertos y en casi todas las calificaciones delictivas que se me han imputado existe esa falta de tipicidad e invoca la violación del art. 9 de la CADH.

               Artículo 9 . Principio de Legalidad y de Retroactividad - Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

               Parece que el peticionario no se sintió satisfecho con las claras y terminantes especificaciones de las infracciones penales contenidas en la providencia calificativa, cuya copia se anexa en los documentos que acompañan la presente exposición.

            6. Violación del derecho a la libre circulación de las personas dentro y fuera de las fronteras nacionales

               Se queja el peticionario de que se le entorpeció su salida del país, e invoca como contraria a los derechos humanos la Ley No. 200 del 27 de marzo de 1964. E1 artículo 3º de esta ley se refiere a los que se encuentra sub-judices:

               Articulo 3 . También podrá impedirse la salida al exterior a aquellas personas que se encuentren sometidas a la jurisdicción penal pero en estos casos los representantes del Ministerio Público deberán acompañar su instancia de una copia certificada de la querella o denuncia, quedando el Procurador General de la República y finalmente el Secretario de

               Estado de Justicia, con facultad para apreciar si la seriedad o gravedad de dicha querella o denuncia justifica o no el impedimento de salida.

               En caso de acogerse favorablemente la instancia y prohibirse la salida al exterior, será obligación de los representantes del Ministerio Publico actuante o de las personas que ejerzan sus funciones, notificar inmediatamente al Procurador General de la República, y éste al Secretario de Estado de Justicia, cualquier decisión que libere a la persona del impedimento de salida del país.

               La disposición dominicana a que se alude solamente tiende a impedir, de manera general y abstracta, que toda persona inculpada de haber cometido un crimen pueda salir del país, excepto que se provea del permiso que en casos determinados tiene la facultad de otorgar el Procurador General de la República, nuestra máxima autoridad judicial.

               No debe soslayarse que quien está acusando al Gobierno dominicano, es la misma persona a quien se le ha permitido viajar al extranjero, aún existiendo un impedimiento de salida al exterior, a tono con la ley interna y con la propia Convención; aún siendo un preso preventivo que había dado muestras ya de rebeldía frente a la justicia: esto evidencía que a pesar de las prescripciones de la Ley 200, que protege la seguridad y el orden públicos, su aplicación es flexible y no arbitraria.

               Las disposiciones de los artículos 22.1, 22.2, 22.3 y 22.4 no coliden en absoluto con las previsiones de nuestra vigente Ley 200.

            7. Violación al derecho de propiedad y no confiscación (art. 21, CADH)

               A este respecto el Gobierno se refiere al artículo 334º del Código de Procedimiento Criminal, el cual ordena "el secuestro de los bienes del contumaz mientras dura la instrucción", y agrega que el secuestro no priva al rebelde, al contumaz, de los bienes que posee. El secuestro es una especie de depósito que consiste en confiar a la guarda de un tercero, ya sea una cosa litigiosa, ya sea una cosa ofrecida-en garantía por un deudor, hasta la expiración del plazo o la cesación de la causa que lo ha determinado (v. Gerard Cornu, Vocabulaire Juridique, edición 1987, pág. 733).

               Mientras la confiscación supone un despojo en provecho del Estado de todos los bienes de una persona condenada, el secuestro, en cambio, es una medida de constreñimiento que en modo alguno supone despojo de sus bienes en perjuicio del condenado. Tanto es así que nuestro Código de Procedimiento Criminal, en su artículo 340, prescribe que si el contumaz "fuese condenado, sus bienes, a partir de la ejecución de la sentencia, serán considerados y administrados como bienes de ausente; y se rendirá cuenta del secuestro a quien corresponde, después que la condenación haya llegado a ser irrevocable, por haber expirado el plazo concedido para juzgar al contumaz". En fin, el secuestro cesa con la presentación voluntario o forzada del contumaz.

            III. Las condiciones de admisibilidad de la denuncia.

            1. El Gobierno en su respuesta se refiere al agotamiento de los recursos internos manifestando que el hecho de que el reclamante haya recurrido hasta casación la decisión de la Cámara de Calificación (que confirmaba la providencia calificativa 116-87 de la Juez de Instrucción) no significa haber agotado los recursos internos, ya que se trata de una ordenanza de envío al tribunal criminal que en modo alguno establece el grado de culpabilidad de las acusaciones en su contra.

               Asimismo, el hecho de haber declarado inadmisible la Suprema Corte de Justicia el recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 25 de mayo de 1988.

               Y por último, porque el Juez de la Séptima Cámara Penal no aceptó por Secretaría las excusas médicas que de modo irregular le presentaron los familiares del peticionario, dado que se desprende de la lógica del procedimiento criminal general dominicano, y del juicio en contumacia en particular, que tales excusas médicas han de ser presentadas al Juez, en el desarrollo del juicio, a fin de darle oportunidad al Ministerio Público y a la parte civil para contestarlas, de considerarlo oportuno.
               

               En ninguno de los expedientes abiertos contra el peticionario se ha conocido el fondo de las acusaciones, en razón de los múltiples mecanismos dilatorios empleados por él y sus abogados. ¿Cómo invocar el agotamiento de los recursos internos si ningún juez, en ningún grado ha producido sentencia condenatoria?

               Es decir, que el peticionario tiene ante sí la jurisdicción del primer grado, y contra la decisión adoptada, en el caso de ser declarado culpable, el recurso ordinario de la apelación, y, yendo más lejos, si él invoca violación a la ley, puede ejercer la vía extraordinaria de la casación.

               De ser condenado en contumacia, al constituirse en prisión, en los 30 días siguientes, puede interponer el recurso de oposición contra la sentencia en rebeldia, y luego del juicio contradictorio, utilizar todas, las otras vías de recurso que reglamenta la ley.

               De atenernos a los principios, solamente puede invocarse este agravio "cuando el perjudicado hubiere agotado previamente los recursos jurídicos en todas las instancias"⁽³⁾ y que "una persona privada no podrá formular ningún reclamo, si ella tiene a su alcance los medios jurídicos eficaces"⁽⁴⁾.

               Prima asimismo el criterio, de "que el Estado donde ocurrió la violación debe tener la oportunidad de repararla por sus propios medios, dentro del marco de su propio sistema jurídico interno".⁽⁵⁾
               

            2. Acceso a los recursos internos

               Es insostenible el argumento de que al peticionario no se le ha permitido o impedido agotar los recursos infernos. La propia exposición del peticionario muestra cuán prolijo ha sido en la utilización tanto de los reales medios de defense como de todo tipo de "chicane" procedimentai. No hay una sola prueba de que se le haya impedido tracer uso de los recursos infernos regales. Aún prófugo ha tenido acceso a sodas y cada una de las instancias jurisdiccionales del país.

               Podríamos demostrar el argumento a contrario: que el peticionario rehuye utilizer los recursos y medios a su disposición; que es él quien se niega a sí mismo la oportunidad de discutir el fondo de las acusaciones que se le imputan.

               
               

            3. Inexistencia del debido proceso

               La tercera situación en que puede ser admitida la denuncia de acuerdo con el artículo 40.2 de la Convención es: "Cuando no exista en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados". A este respecto huelga cualquier comentario.

CONCLUSIONES

-No hay un solo motivo o condición para que la denuncia del peticionario pueda ser admitida.

-No ha habido violación a los derechos humanos.

- No se han agotado los recursos internos.

-Existe en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se aleguen violados.

-No se ha impedido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna ni se le ha impedido agotarlos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe declarar pura y simplemente la inadmisibilidad e improcedencia de la denuncia por los motivos antes expresados.