RESOLUCION Nº 10/89

CASO 9802 (PERU)

14 de abril de 1989

VISTOS:

Los antecedentes que obran en este caso, a saber:

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, en comunicación de 17 de septiembre de 1986, la siguiente denuncia:

    Benito Rojas Ccorahua fue detenido el domingo 20 de julio de 1986, alrededor de las 11 a.m. en Tambo, provincia de La Mar por miembros de las fuerzas armadas y llevado, en presencia de testigos, a la Base Militar que está ubicada en el edificio municipal de ese lugar. Fue detenido en compañía de otras personas cuando se dirigía a la Iglesia Presbiteriana en Tambo de la cual es miembro. Su esposa informó su arresto en forma formal al Ministerio Público y al Jefe de la Policía Militar de esa zone. En eves testimonios su esposa dice que le fue permitido llevarle comida cada día del 20 al 28 de julio a la base de Tambo, y que habló personalmente con él, la última vez, el 28 de julio.

    E1 miércoles 30 de julio las autoridades militares de Tambo le notificaron que su marido no estaba allí detenido, y que había sido transferido a las barracas de Los Cabitos, en Ayacucho. Las autoridades militares de Tambo no proveen ninguna noticia de este arresto a los familiares, y ahora que ha sido transferido a Los Cabitos no se ha tenido ninguna información oficial de su paradero.

    En un memorial al Fiscal Superior Decano de Ayacucho, de 12 de agosto del corriente año, su esposa presenta evidencia de que Benito Rojas Ccorahua en efecto fue visto por otros prisioneros que estaban bajo custodia en Los Cabitos. También que un ex prisionero le informó, el 11 de agosto, que él había estado con Rojas Ccorahua en Los Cabitos haste que fue liberado. En ese mismo memorial al Fiscal Superior Decano también se hizo notar que el recurso de habeas corpus se presentó en el Segundo Juzgado de Instrucción de Huamanga. Pero nosotros tenemos conocimiento que los magistrados que examinan la implementación del habeas corpus no hen tenido acceso en las áreas de detención en Los Cabitos en años recientes y, como consecuencia de ello y la obstrucción por parse del Comando de la Policía Militar, el habeas corpus es en la práctica inaplicable en la zone de emergencia.

  2. La Comisión en note de 24 de octubre de 1986, solicitó del Gobierno del Perú la información correspondiente, transmitiendo las parses pertinentes de la queja, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento. Dicho pedido fue reiterado mediante notas de 21 de enero de 1988, 7 de junio de 1988 y 17 de febrero de 1989.

    CONSIDERANDO:

    1. Que el Gobierno del Perú no ha respondido a las solicitudes de información formuladas por la Comisión, con relación al presente caso.

    2. Que los hechos materia de la denuncia, por su naturaleza, no permiten que se aplique en este caso el procedimiento de solución amistosa, previsto en el artículo 48 (1) f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Perú es Estado parte.

      A1 respecto conviene recorder que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre Excepciones Preliminares de 26 de junio de 1987 en el caso Velásquez Rodríguez interpretó lo previsto en el artículo 48 (1) (f) en la siguiente forma:

      Desde un punto de vista literal, la frase utilizada por el Artículo 48 (1) (f) (...) parece establecer un trámite obligatorio. Sin embargo, la Corte considera que una interpretación, de acuerdo con el contexto de la Convención, lleva al conocimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determiner la necesidad o la conveniencia de utilizer este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión.

      Más adelante la Corte ratificando la práctica de la Comisión en casos sobre desaparición forzada añade:

      que (...) cuando se denuncia la desaparición forzada de una persona por acción de las autoridades de un Estado y éste niega que dichos actos se hen realizado, resulta muy difícil lograr un acuerdo amistoso que se traduzca en el respeto de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal.

    3. Que el artículo 42 del Reglamento de la Comisión establece lo siguiente:

      Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diverse.

    4. La Comisión ha manifestado su terminante rechazo a este grave fenómeno de la desaparición forzada de personas en sus informes sobre la situación de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que ... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro pare la integridad personal, la seqt~ridad y la vida misma de la víctima. (Ver: Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987 e Informes especiales por países como OEA/Ser.L/V/II/49, doe. 19, 1980 (Argentina), OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 17, 1985 (Chile) y OEA/Ser.L/V/II.66, doe. 16, 1985 (Guatemala)).

      Por su parte, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones (Ver: RES. 443 (IX-0/79), 510 (X-O/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-O/82), 666 (XIII-0/83), y 742 (XIV-0/84)) ha destacado la necesidad de que en los países donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa práctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios pare determiner la situación de esas personas. Además a propuesta de la Comisión, la Asamblea Genera1 de la OEA ha declarado que la desaparición forzada de personas en América constituye un crimen de lesa humanidad. (Ver: Resoluciones 666 X--III-0/83 y 742 XIV-0/84).

      Por otra parse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, declaró que:

      La práctica de desapariciones, además de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una rupture radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. (Corte Interamericana de Derechos Humanos cave Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. No. 4).

    LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

    RESUELVE:

    1. Presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia en la comunicación de 17 de septiembre de 1986 relacionados con la detención y posterior desaparición del señor Benito Rojas Ccorahua.

    2. Declarar que el hecho materia de esta denuncia implica gravísima violación del derecho a la vida (artículo 4 ), del derecho a la seguridad e integridad de la persona (artículo 5 ) y del derecho a la libertad personal (artículo 7 ) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es Estado parte.

    3. Recomendar al Gobierno del Peru que proceda, en el plazo más breve posible, a investigar los hechos y sancione con las penas más severas a los responsables de 1a detención y desaparición del señor Benito Roias Ccorahua.

    4. Solicitar al Gobierno del Perú que informe a la Comisión, en el plazo de 90 días, las medidas que hubiere tomado en virtud de la presente Resolución. Si transcurrido este plazo no se presentaren observaciones por parte del Gobierno del Perú la Comisión incluirá esta Resolución en su Informe Anua1 a 1a Asamblea General de la OEA, de acuerdo con el artículo 63 , g de su Reglamento.

    5. Transmitir esta Resolución al Gobierno del Perú y al reclamante.