RESOLUCION Nº 9/89

CASO 9799 (PERU)

14 de abril de 1989

VISTOS:

Los antecedentes que obran en este caso, a saber:

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, en comunicación de 17 de septiembre de 1986, la siguiente denuncia:

    NOMBRES: ELEODORO LOPEZ BALLARDO, RUBEN LOPEZ LOYOLA y BAUTISTA RODRIGUEZ ARCE. Segun informaciones esos tres hombres fueron detenidos por miembros de la Guardia Republicana el 1 de marzo en la villa de Pichincha, cerca de Yanabuanca. E1 4 de marzo de 1986, el Comando de la Fuerza Armada de Cerro de Pasco publicó un comunicado (No.12/CCFAA-RRPP) donde informaba sobre el enfrentamiento armado e1 día anterior y la capture de tres subversivos, incluyendo uno que fue identificado en el comunicado como Walter López Loyola. Los otros se cree eran Eliodoro López Ballardo, padre del arriba mencionado y Bautista Rodríguez. Desde entonces no se ha tenido ninguna información sobre esas tres personas o su paradero. Sus familiares y miembros de los grupos de derechos humanos buscan por ellos pero las fuerzas armadas niegan su detención. E1 fiscal de la provincia no ha sido informado de estos arrestos y los prisioneros no hen sido llevados ante una corte, acusados del crimen o puestos en libertad. Se ignore su paradero.

  2. La Comisión en nota de 17 de octubre de 1986, solicitó del Gobierno del Perú la información correspondiente, transmitiendo las partes pertinentes de la queja, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento. Dicho pedido fue reiterado mediante notas de 17 de enero de 1988, 7 de junio de 1988 y 17 de febrero de 1989.

    CONSIDERANDO:

    1. Que el Gobierno del Perú no ha respondido a las solicitudes de información formuladas por la Comisión, con relación al presente caso.

    2. Que los hechos materia de la denuncia, por su naturaleza, no permiten que se aplique en este caso el procedimiento de solución amistosa, previsto en el artíiculo 48º (1) f de laConvención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Perú es Estado parte.

      A1 respecto conviene recorder que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre Excepciones Preliminares de 26 de junio de 1987 en el caso Velásquez Rodríguez interpretó lo previsto en el artículo 48 (1) (f) en la siguiente forma:

      Desde un punto de vista literal, la frase utilizada por el Artículo 48 (1) (f) (...) parece establecer un trámite obligatorio. Sin embargo, la Corte considera que una interpretación, de acuerdo con el contexto de la Convención, lleva al conocimiento de que esa actuación de la Comisión debe intentarse sólo cuando las circunstancias de una controversia determinen la necesidad o la conveniencia de utilizer este instrumento, supuestos sujetos a la apreciación de la Comisión.

      Más adelante la Corte ratificando la práctica de la Comisión en caso sobre desaparición forzada añade:

      que (...) cuando se denuncia la desaparición forzada de una persona por acción de las autoridades de un Estado y éste niega que dichos actos se han realizado, resulta muy difícil lograr un acuerdo amistoso que se traduzca en el respeto de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal.

    3. Que el artículo 42º del Reglamento de la Comisión establece lo siguiente:

      Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.

    4. La Comisión ha manifestado su terminante rechazo a este grave fenómeno de la desaparición forzada de personas en sus informes sobre la situación de los derechos humanos, expresando en diversos documentos que ... este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad y la vida misma de la víctima. (Ver: Informe Anual 1978, 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 1986-1987 e Informes especiales por países como OEA/Ser.L/V/II/49, doe. 19, 1980 (Argentina), OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 17, 1985 (Chile) y OEA/Ser.L/V/II.66, doe. 16, 1985 (Guatemala)).

      Por su parte, la Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones (Ver: RES. 443 (IX-0/79), 510 (X-O/80), 543 (XI-0/81), 618 (XII-0/82), 666 (XIII-0/83) y 742 (XIV-0/84))

      ha destacado la necesidad de que en los países donde hubiesen ocurrido desapariciones forzadas se pusiese inmediato fin a esa práctica, instando asimismo, a los gobiernos a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para determinar la situación de esas personas. Además a propuesta de la Comisión, la Asamblea General de la OEA ha declarado que la desaparición forzada de personas en América constituye un crimen de lesa humanidad. (Ver: Resoluciones 666 X-III-0/83 y 742 XIV-0/84).

      Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez, declaró que:

      La práctica de desapariciones, además de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. (Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. No. 4).


    LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

    RESUELVE:

    1. Presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia en la comunicación de 17 de septiembre de 1986 relacionados con la detención y posterior desaparición de los señores Eleodoro López Ballardo, Rubén López Loyola y Bautista Rodríguez Arce.

    2. Declarar que el hecho materia de esta denuncia implica gravísima violación del derecho a la vida (artículo 4 ), del derecho a la seguridad e integridad de la persona (artículo 5 ) y del derecho a la libertad personal (artículo 7 ) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es Estado parte.

    3. Recomendar al Gobierno del Perú que proceda, en el plazo más breve posible, a investigar los hechos y sancione con las penas más severas a los responsables de la detención y desaparición de los señores Eleodoro López Ballardo, Rubén López Loyola y Bautista Rodríguez Arce.

    4. Solicitar al Gobierno del Perú que informe a la Comisión, en el plazo de 90 días, de las medidas que hubiera tomado en virtud de la presente Resolución. Si transcurrido este plazo no se presentaren observaciones por parte del Gobierno del Perú, la Comisión incluirá esta Resolución en su Inforne Anual a la Asamblea General de la OEA, de acuerdo con el artículo 63 , g de su Reglamento.

    5. Transmitir esta Resolución al Gobierno del Perú y al reclamante.