RESOLUCION Nº 25/87

CASO 9726 (PANAMA)

23 de septiembre de 1987



VISTOS:

  1. Que el 7 de mayo de 1986, el señor Winston Spadafora presentó ante esta Comisión una denuncia en contra del Estado de Panamá, por la violación de los Artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación:

    Mi nombre es Winston Spadafora Franco, con cédula de identidad personal panameña 7-58-878, expedida en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con expiración en diciembre de 1994.

    El nombre de la víctima a que se refiere esta denuncia es mi hermano HUGO SPADAFORA FRANCO.

    La fecha del asesinato de mi hermano es el 13 de septiembre de 1985 y el lugar es la Provincia de Chiriquí, República de Panamá.

    Las características de las violaciones a los derechos humanos, motivo de la presente denuncia, y la identificación de los presuntos responsables, las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, las detallo en documento aparte que acompaño a la presente, en español e inglés, así como también información adicional pertinente.

    Antes de encontrarse el cadáver de mi hermano, mi padre presentó recurso de habeas corpus en contra de las Fuerzas de Defensa de Panamá, el cual fue desechado por sustracción de materia al aparecer el cadáver.

    La presente denuncia la efectúo por primera vez ante ésta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro país no presentamos acusación particular para no avalar con nuestra presencia las investigaciones que desde el primer momento sabíamos que carecían de imparcialidad, tal como quedó demostrado al cerrarse el caso a menos de cinco (5) meses del asesinato.

    Autorizamos por este medio a esta augusta Comisión para no mantener en reserva nuestra identidad.

  2. Que el denunciante acompañó a la denuncia los siguientes documentos:

    1. EXPOSICION SUCINTA DE LOS HECHOS OCURRIDOS CON EL ASESINATO DEL DR. HUGO SPADAFORA FRANCO

      Quién fue el Dr. Hugo Spadafora Franco

      Nacido y crecido en Chitré, joven y pequeña ciudad de provincia de población caracterizada por su espíritu sin prejuicios, jovial y hospitalaria. Sus padres, de origen humilde, llegaron a ubicarse en una posición de clase media a base de esfuerzos. Sus estudios primarios los realiza en escuelas públicas de su ciudad natal, destacándose desde muy temprano como un estudiante excepcional. Sus estudios secundarios los realiza en el Instituto Nacional, en la ciudad de Panamá, en donde ocupa el tercer puesto de honor, haciéndose merecedor de una beca, graduándose en febrero de l958. En noviembre de ese mismo año inicia sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bologna, Italia, graduándose con el título de Doctor en Medicina en noviembre de l964. En enero de l965 regresa a Panamá y comienza a trabajar en el Hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá. En agosto de l965 parte hacia El Cairo, a iniciar sus estudios de posgrado, gracias a una beca ofrecida por el Gobierno de Egipto. En febrero de l966 se enrola en el Movimiento Independentista de Guinea Portuguesa (hoy Guinea-Bissau) como médico voluntario, siendo el primer médico con que cuenta dicho movimiento independentista, ejerciendo su tarea en territorio liberado hasta mayo de l967, fecha en que regresa a Panamá, luego de asegurarse que el movimiento independentista contaba con otros médicos. En l969 luchó contra el golpe militar del General Torrijos, acción que le costó la cárcel, para luego, según sus propias palabras, "unirme a aquel régimen cuando cambió de ruta".

      Ejerce la profesión de médico por algunos años, para luego ocupar puestos como Director del Sistema Integrado de Salud en la provincia de Colón, y Vice-Ministro de Salud en el Gobierno del General Omar Torrijos H., cargo éste al que renuncia en septiembre de l978 para conformar la Brigada Panameña Victoriano Lorenzo que luchó contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. Ocho días después de la victoria Sandinista, regresó a Panamá, sólo para volver a Nicaragua tres años más tarde, en l982, esta vez para luchar al lado de Pastora en contra de la Junta en el poder. Dos años después abandona a Pastora, expresando abiertamente su desacuerdo con la estrategia militar de este líder nicaragúense. Su último campo de batalla fue la región atlántica de Nicaragua, luchando al lado del líder indígena Brooklyn Rivera. En agosto de l985, un mes antes de su asesinato, declara públicamente que regresa a Panamá a dedicarse a la política. Ya desde el año de l980 había iniciado una serie de denuncias públicas en contra de la política represiva ejercida por el General Manuel Antonio Noriega, en ese entonces jefe del G-2 del Ejército panameño, y lo acusa de corrupción administrativa, contrabando de armas, narcotráfico, iniciando una investigación al respecto, hasta su muerte. En uno de sus últimos escritos denuncia que ha sido varias veces amenazado de muerte por el General Noriega y lo hace responsable de lo que le pueda suceder.

      El 13 de septiembre de 1985, día de su asesinato

      El día viernes l3 de septiembre de l985, el Dr. Hugo Spadafora Franco salió de su casa en San José de Costa Rica, donde vivía con su esposa de nacionalidad costarricense con destino a la ciudad de Panamá, tomando la siguiente ruta o itinerario varias veces hecho: San José-Coto 47-Paso Canoas-David-Panamá; tomó un pequeño avión hasta Coto 47, localidad cercana a la frontera con Panamá; de allí tomó un taxi hasta Paso Canoas (frontera Panamá-Costa Rica) y almuerza en el restaurante "Los Mellos", en territorio panameño, cuyo propietario, su amigo, señor Iván Darío González Justavino así lo ha declarado. Al lado del referido restaurante se encuentra la terminal de autobuses que viajan de Paso Canoas a David, capital de la provincia de Chiriquí, con parada intermedia en la localidad de Concepción. En el trayecto Paso Canoas a Concepción (30 kilómetros), el Ejército panameño ha establecido, con la excusa de la bomba migratoria centroamericana, dos (2) retenes o puestos de control migratorio adicionales a la misma frontera. El Dr. Hugo Spadafora Franco, al igual que en sus últimos cuatro (4) viajes, fue obligado a bajar del autobús por unos minutos en ambos puestos de control (tiempo suficiente para llamar por radio al comando militar) y luego dejado en libertad de seguir su viaje. Es necesario recalcar que en dichos puestos de control sólo hacen bajar a los indocumentados, y el Dr. Spadafora le enseñó su cédula de identidad personal panameña a todos los que viajaban en el mismo autobús que él, además de los policías. Al llegar el autobús a la localidad de Concepción, el Dr. Hugo Spadafora Franco desciende con un agente de las Fuerzas de Defensa en civil, quien con evidentes engaños lo convence a bajarse y pagar su pasaje hasta allí. Esta fue la última vez que el Dr. Hugo Spadafora Franco fue visto con vida, ya que en la mañana del sábado l4 de septiembre de l985, su cuerpo fue hallado decapitado y horriblemente torturado en territorio de Costa Rica, a unos 300 metros de la frontera con Panamá.

      Denegación de Justicia por parte de las autoridades panameñas

      Conscientes de la gran incredibilidad y falta de imparcialidad de los Organos Judiciales e investigadores panameños, la familia Spadafora, apoyada por la gran mayoría del pueblo panameño, exige la creación de una comisión especial investigadora, basándose en el artículo 2l6 de la Constitución Nacional. El entonces Presidente de la República, Dr. Nicolás Ardito Barletta, al partir para Nueva York, en misión especial a las Naciones Unidas, le notificó a la familia Spadafora que a su regreso serían satisfechas sus solicitudes. Cuando el Presidente Ardito Barletta regresó a Panamá, notó la marca "F-8" en una de las ventanas de su avión, la misma marca que se le encontró en la espalda del cadáver del Dr. Spadafora. El Presidente Barletta fue conducido al cuartel central de las Fuerzas de Defensa y obligado a renunciar.

      El nuevo presidente, Eric Arturo Del Valle, desde el principio no mostró ningún interés en establecer una investigación de la muerte de Spadafora, sosteniendo que tal acción sería inconstitucional. El Colegio Nacional de Abogados de Panamá y l20 abogados (entre ellos el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá) firmaron un documento desmintiendo esa posibilidad.

      La Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el partido del Gobierno, creó una comisión Ad Hoc para ayudar al Ministerio Público en su investigación, pero todos los miembros de dicha comisión Ad Hoc, pertenecientes a los partidos de oposición, renunciaron, en protesta al hecho de que no les fue permitido el acceso al expediente.

      El Ministerio Público panameño abre el caso con las indicaciones que el periódico panameño "La Prensa" de corte independiente, va publicando, e inmediatamente se hace evidente el interés de ocultar la verdad de los hechos y de desvirtuar las publicaciones del diario "La Prensa", relacionadas con el asesinato del Dr. Hugo Spadafora F., publicaciones éstas que implican directamente a los señores Francisco González Bonilla, Omar Vega Mirando y Eliecer Ramos, todos miembros de las Fuerzas de Defensa Panameñas. Inmediatamente se aportan innumerables testimonios, procedentes todos de compañeros de armas, quienes ubican a estas personas lejos del lugar de los hechos, notándose en sus declaraciones una extraordinaria uniformidad.

      A pesar de la falta de imparcialidad con que fue levantado el expediente, existen en el mismo dos (2) declaraciones interesantes, que son las del chofer del autobús en que viajó el Dr. Hugo Spadafora y el ayudante del chofer, quienes tuvieron que ir a declarar dos veces. La primera vez negaron que el Dr. Spadafora hubiese viajado con ellos. Es importante destacar que dichos testigos fueron a declarar por segunda vez, protegidos por el Sindicato de Transportistas de la Provincia de Chiriquí, ya que por temor tuvieron que declarar como lo hicieron la primera vez. La segunda vez ampliaron su declaración original y declararon la verdad de los hechos que culminaron con la detención del Dr. Spadadora por un agente, en civil, de las Fuerzas de Defensa Panameñas. En este estado de temor están muchos testigos que no se atreven a ir a declarar mientras perdure el estado de terror e intimidación que mantiene, alrededor de este hecho criminal, la dictadura panameña, ejefacturada (sic) por el General Manuel Antonio Noriega, quien viene sistemáticamente violando los derechos humanos en la República de Panamá.

      A escasos cinco (5) meses de su asesinato, el caso Hugo Spadafora Franco fue cerrado con un acto de sobreseimiento a favor de los tres (3) sindicados arriba mencionados. Es importante destacar que uno de los tres magistrados que conforman el tribunal que dictó el fallo, se opuso al mismo, salvando su voto, el cual fue catalogado por la ciudadanía como una actitud honesta y valiente. Por su importancia, es necesario citar la última parte del Salvamento de Voto del Magistrado Andrés A. Almendral C.:

      "Si el señor Fiscal Primero Superior inició la actuación con la noticia que salió en el diario "Extra", y resulta que el diario "La Prensa" la reprodujo el martes 26 de noviembre de l985, que un jeep militar llevó a Corozo al Dr. Spadafora entre las 7:00 y las 8:00 de la noche, etc., etc., hay que ir allá para ver si es verdad o mentira ésto. Proseguir la pista, interrogar unidades y vecinos del lugar, etc.

      Se le tiene que solicitar al Jefe de la Quinta Zona Militar una mayor cooperación para que suministre detalles sobre el movimiento de su personal en toda la región, y especialmente por los alrededores de la frontera en Paso Canoas, el Cuartel de Concepción y el supuesto destacamento en el Corozo. No puede ser que el sumario se decida así, truncado, con interrogantes sin respuestas, dudas, todo lo que pudiera solventarse con una ampliación.

      La responsabilidad sagrada de la administración de la justicia es única. El juicio que la historia haga será sobre nuestras ejecutorias, y de allí que, si queda un hálito de inspiración, lo más saludable es que esta actuación sea devuelta al señor Fiscal Primero Superior para que cumpla con todos estos propósitos. Dejo así salvado mi voto".

      Mientras el caso del Dr. Hugo Spadafora Franco es cerrado por las autoridades judiciales panameñas, el Organo Judicial de la República de Costa Rica, lugar donde fue hallado su cuerpo, lo mantiene abierto, a sabiendas que el asesinato se llevó a cabo en Panamá; tal como lo ha declarado públicamente y en varias ocasiones el Jefe de la Oficina de Investigación Judicial de Costa Rica.

      La familia Spadafora ha emprendido un movimiento cívico y no violento a fin de que se nombre una comisión especial investigadora del cruel y vil asesinato del Dr. Hugo Spadafora F. Ha llevado a cabo múltiples acciones cívicas y pacíficas, tales como ayunos, marchas, mítines, conferencias a todo lo largo y ancho del país, etc., apoyados por asociaciones cívicas, clubes sociales, partidos políticos, la Iglesia y fuerzas vivas del país, ante lo cual las autoridades militares y civiles han guardado un total silencio cómplice; a pesar de ello, la familia Spadafora continuará presionando hasta lograr justicia.

    2. Copia del informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, de fecha 19 de septiembre de 1985, dirigida al señor Fernando Cruz Castro, Jefe del Ministerio Público, donde se relatan las numerosas gestiones realizadas por el mencionado organismo luego del hallazgo del cadáver decapitado del Dr. Hugo Spadafora en territorio costarricense en la zona denominada Roble, Laurel, entrada a Roblito, a pocos metros de la frontera con Panamá. Dichas diligencias estuvieron encaminadas a determinar la naturaleza del hecho delictivo y establecer la responsabilidad criminal. El informe concluye señalando que: "todos los indicios hacen suponer que el Dr. Hugo Spadafora Franco fue ultimado en territorio panameño y su cuerpo tirado en territorio costarricense" (página 7 del informe de la Organización de Investigaciones Judiciales de Costa Rica).

    3. Copia de las declaraciones judiciales formuladas por el señor Alexis Noe Baules Concepción, chofer del autobús donde viajó el Dr. Hugo Spadafora dentro de territorio panameño, ante la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, Ministerio Público.

      El señor Alexis Noe Baules, en una primera declaración prestada el día 18 de septiembre de 1985, negó haber conocido al Dr. Spadafora como asimismo haber presenciado algún hecho irregular o no habitual durante el trayecto del día 13 de septiembre de 1985, entre la frontera y la ciudad de David. Más tarde, con fecha 24 de septiembre de 1985, el señor Alexis Noe Baules Concepción, en la ampliación de sus declaraciones formuladas ante la misma autoridad judicial, reconoció: haber transportado al Dr. Hugo Spadafora, el día 13 de septiembre de 1985, quien, durante el viaje, fue detenido en dos oportunidades (Retén de Jacú y Retén de La Estrella) por las Fuerzas de Defensa de Panamá y luego puesto en libertad. Finalmente, señaló que el Dr. Spadafora se bajó del autobús en la ciudad de Concepción, acompañado del señor Francisco Eliecer González Bonilla apodado "Bruce Lee", el cual venía siguiéndolo desde la frontera. El señor Alexis Noe Baules, declaró que había rehusado describir, en una primera ocasión, la totalidad de los hechos ocurridos el día l3 de septiembre de l985, porque temía por su seguridad personal.

    4. Igualmente, se acompañó copia de las declaraciones judiciales formuladas por el señor Edwin Noel Nuñez, ayudante del chofer del autobús que transportó al Dr. Hugo Spadafora el día 13 de septiembre de 1985. El señor Edwin Noel Nuñez, al igual que el chofer del autobús, en una primera declaración, negó tener conocimiento en torno al viaje realizado por el Dr. Hugo Spadafora el l3 de septiembre de 1985 y luego, en una ampliación de su declaración original, describió los mismos hechos relatados por el chofer del autobús, añadiendo que recordaba que el tal "brucelee" había insistido en que el Dr. Spadafora lo acompañara al descender del autobús en Concepción.

      El señor Edwin Nuñez también declaró que se había negado a relatar, en una primera ocasión, la totalidad de los hechos porque sentía temor respecto a su seguridad personal.

    5. Copia del voto disidente redactado por el señor Andrés A. Almendral C., magistrado del Cuarto Tribunal Superior de Justicia de Panamá, de fecha 7 de febrero de 1986.

      El juez Almendral disintió de la decisión adoptada por sus colegas del Cuarto Tribunal Superior de Justicia, quienes decretaron el sobreseimiento de la causa iniciada a raíz del homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco. En efecto, el Cuarto Tribunal Superior de Justicia, el 7 de febrero de 1986, dictaminó el sobreseimiento definitivo (lo cual produce efecto de cosa juzgada) respecto de los inculpados señores: Omar Vega Miranda, Eliecer Ramos o Eliecer Chavaría (sic) y Francisco Eliecer González Bonilla, todos ellos miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, y el sobreseimiento provisional o relativo de la investigación judicial propiamente tal. Esto último significa que el proceso puede ser reabierto pero en el solo evento que se presenten pruebas en contra de personas distintas de los indagados inicialmente.

      El Magistrado Almendral sostuvo en su voto disidente, que no se podía decretar el sobreseimiento definitivo de la causa porque los hechos no se ajustaban a los presupuestos procesales contemplados en el Artículo 2136 del Código Judicial de Panamá. En efecto, dicho artículo establece que se puede decretar el sobreseimiento definitivo sólo: lº Cuando resulte evidencia que el delito no ha sido ejecutado; 2º Cuando el hecho atribuído no constituya delito; 3º Cuando aparezca el procesado exento de responsabilidad criminal, sea por hallarse en uno de los casos de irresponsabilidad, sea por alguna causa que la extinga; y, 4º Cuando el hecho punible de que se trate hubiere sido ya materia de un juicio en que haya recaído sentencia definitiva que afecte al mismo procesado. El juez Almendral señala en su voto que "Ninguna de esas situaciones es coherente con los indagados".

      Igualmente, el juez Andrés Almendral observó numerosas lagunas y contradicciones en la investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio Público de Panamá. Por ejemplo, en la citada investigación luego de otorgarle validez al protocolo de autopsia del Dr. Hugo Spadafora, elaborado por las autoridades competentes costarricenses, el cual señala que la muerte del Dr. Spadafora se produjo entre la noche del 13 de septiembre y la madrugada del 14 de septiembre, se le preguntó al señor Omar Vega Miranda, miembro de las Fuerzas de Defensa de Panamá e inculpado en el caso, por sus actividades, exclusivamente, entre las 7:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde, del día 13 de septiembre.

      El mencionado Juez, advirtió también, algunas contradicciones en el testimonio rendido por el señor Eliecer Ramos o Eliecer Chavarría (sic), en el sentido que éste al ser interrogado por sus actividades durante el día 13 de septiembre de 1985, presentó un certificado médico que acredita incapacidad física y al mismo tiempo, señaló que ese día 13 de septiembre realizó múltiples actividades de carácter personal y comercial, fuera del cuartel militar.

      En cuanto al tercer inculpado el señor Francisco Eliecer González Bonilla, resulta inverosímil, para el juez Almendral, que éste haya permanecido en su departamento situado dentro del cuartel de la Quinta Zona Militar de David, entre las 7:00 de la mañana del viernes 13 de septiembre hasta el lunes 16 del mismo mes, es decir, tres días seguidos sin moverse de un mismo sitio.

      Por último, el Magistrado Andrés Almendral advirtió numerosos vacíos y lagunas en las diligencias practicadas por el Ministerio Público de Panamá, el cual no tomó en consideración las numerosas denuncias periodísticas realizadas en torno al lugar donde supuestamente se había dado muerte al Dr. Spadafora. En opinión del juez Almendral, el sumario está "truncado con interrogantes sin respuestas, dudas, todo lo que bien pudiera solventarse con una ampliación".

    6. Finalmente el denunciante acompañó copia de algunas declaraciones políticas realizadas por el Dr. Hugo Spadafora Franco, donde formula serias críticas respecto de los abusos de poder cometidos por las Fuerzas de Defensa de Panamá y especialmente por ciertas autoridades políticas y militares panameñas. Además denuncia haber recibido múltiples amenazas de muerte por parte de altos oficiales de las Fuerzas de Defensa de Panamá por haber formulado dichas críticas.

  3. Que por nota de fecha 16 de mayo de 1986, la Comisión transmitió al Gobierno de Panamá las partes pertinentes de la mencionada denuncia, a fin de que éste proporcionase la información que considerase oportuna dentro del plazo de 90 días.

  4. Que con fecha 6 de agosto de 1986, mediante nota OEA-570-86 del Representante Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, el Gobierno panameño contestó el pedido de información solicitado por la Comisión, acompañando las notas DM No. 576 de fecha 21 de julio de 1986, del señor Jorge Abadía Arias, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y No. DGP-515-86 del 8 de julio de 1986, suscrita por el señor Carlos Augusto Villalaz B., Procurador General de la Nación, cuyo texto se transcribe a continuación:

    CASO No. 9726

    I. El ordenamiento constitucional panameño establece que corresponde al Ministerio Público la función de perseguir los delitos. Así lo dispone el numeral 4 del Artículo 217 de la Constitución Nacional, el cual expresa literalmente:

    Artículo 217. Son atribuciones del ministerio público:

    .....

    4º. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales.

    Tal facultad es reiterada por el Articulo 302 de la Ley No. 61 de 1946, que por esos efectos constituye Ley Orgánica del Ministerio Público.

    De lo anterior conceptuamos que resulta incuestionable el hecho de que la competencia para realizar los procesos investigativos de los delitos corresponde en nuestro país a los agentes del Ministerio Público.

    En ejercicio de tales facultades, el señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, tomando como base publicaciones aparecidas en los diarios Extra y La Prensa, dio inicio a la investigación respectiva, con el fin de establecer el cuerpo del delito y responsabilidad criminal correspondiente.

    Al efecto, el señor Fiscal expuso en providencia de diecisiete (17) de septiembre de 1985, lo siguiente:

    Como quiera que en los diarios de la localidad, en la mañana del día de hoy, dan cuenta que el sábado catorce de los corrientes fue encontrado en la comunidad de Laurel, jurisdicción de la República de Costa Rica, el cadáver de una persona que según la propia información corresponde al Doctor HUGO SPADAFORA (periódico Extra) y en razón, igualmente de que en el Diario "La Prensa" recoge información en el sentido de que el Doctor Hugo Spadafora ingresó a Panamá el día trece (13) de este mismo mes y que fue visto por el señor Iván García almorzando cerca de la frontera de Costa Rica y que posteriormente al viajar en el autobús con placa 4B-52, conducido por el señor Alexis López, llevando de ayudante a Edwin Nuñez, fue detenido al llegar a la parada de buses en Concepción y conducido al Cuartel de las Fuerzas de Defensa de dicho lugar, se DISPONE, tomar como fundamento las informaciones de los diarios señalados para iniciar la investigación correspondiente y determinar la existencia del delito cometido y la responsabilidad del o de sus autores.

    La investigación de los delitos en nuestro país se realiza por medio de la reunión, en un solo expediente, de todos los medios de convicción y diligencias que se realicen. Dicho expediente es llamado sumario por la ley penal procesal panameña.

    El Artículo 2020 del Código Judicial, al efecto dispone:

    ARTICULO 2020: Llámase sumario la reunión de todas las diligencias propias para comprobar el cuerpo del delito y descubrir los delincuentes o culpables. El funcionario que la practica se llama funcionario de instrucción.

    Ahora bien, el señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, en atención al procedimiento procesal penal aplicable, agotó las diligencias investigativas hasta donde resultó posible, y remitió la investigación al Organo Jurisdiccional competente a fin de que se determinase la medida procesal respectiva.

    La actuación del agente del Ministerio Público se fundamentó en lo dispuesto por el Artículo 2129 del Código Judicial, el cual expresa:

    ARTICULO 2129: Terminado el sumario, el agente del Ministerio Público lo pasará al Juez competente con solicitud de que se llame a juicio a la persona que estime responsable o que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional, según el caso.

    La remisión que el señor Fiscal hizo de la causa, al Cuarto Tribunal Superior de Justicia, Organo Jurisdiccional competente para calificar el sumario, se efectuó a través de la Vista Fiscal No. 139, del 31 de diciembre de 1985, en la que el agente de instrucción considera y concluye lo siguiente:

    Por razón de la investigación que el Ministerio Público ha llevado a efecto, se ha podido establecer fehacientemente que el Doctor Hugo Spadafora Franco resultó muerto, que su cadáver fue levantado en la Quebrada El Roblito por autoridades costarricenses, así como también que la necropsia de éste se practicó en el citado país, además se destaca el hecho de que la defunción del citado Spadafora Franco, cuyo certificado consta a foja 190 indica que su muerte se produjo en Laurel, República de Costa Rica.

    Esta Agencia del Ministerio Público, dentro del término permitido por el Artículo 2125 del Código Judicial, desplegó toda actividad tendiente a establecer el cuerpo del delito y a descubrir a los delincuentes y copartícipes; el primer extremo está debidamente acreditado con el Protocolo de Necropsia y mediante la expedición del certificado de defunción consultable en el infolio, pero en lo relativo al elemento subjetivo o de responsabilidad criminal, hasta ahora, las pruebas que se han incorporado al expediente no han permitido la identificación del autor o autores del hecho punible.

    ......

    En conclusión, si bien es cierto que se ha probado la muerte del Doctor Hugo Spadafora Franco y que la misma fue producto del designio criminal, también es verdad que del caudal probatorio recogido en la presente encuesta penal no se evidencia con la suficiencia legal requerida, que los indagados Francisco González Bonilla, Omar Vega Miranda y Eliecer Ramos hubieren intervenido de manera directa o indirecta en los actos que dieron al traste con la muerte violenta del mencionado galeno, ocurrida el 13 de septiembre de 1985, de acuerdo con el Protocolo de Necropsia que fue practicado por el Doctor Eduardo Vargas, médico forense de la República de Costa Rica.

    Por las consideraciones antes expuestas, somos de opinión que la situación jurídica procesal que se advierte de las diligencias levantadas se encuadran justamente en los supuestos previstos por el Artículo 2136 del Código Judicial y en razón de ello, demandamos a esa Corporación de Justicia la expedición de auto de sobreseimiento a favor de los indagados Francisco González Bonilla, Omar Vega Miranda y Eliecer Ramos acorde con la disposición legal invocada, salvo mejor parecer.

    Cumplida dicha etapa procesal, el Honorable Cuarto Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial conoció el proceso y procedió a valorar el mismo, dictando el Auto de siete (7) de febrero del año en curso, en el que se decidió sobreseer definitivamente a los encartados, para lo cual consideró, básicamente, lo siguiente:

    De folios 282-323 aparecen copias auténticas de las diligencias que se levantaron en la República de Costa Rica con motivo del hallazgo del cadáver del Dr. Hugo Spadafora Franco en el territorio de esa Nación y así podemos establecer que el sitio exacto fue debajo del puente del Río La Vaquita en el lugar conocido como Roble de la circunscripción de Laurel. En el informe que aparece a fojas 19 se detalla que el cuerpo estaba sumergido hasta la cintura con las extremidades inferiores fuera del agua, en posición de cúbito dorsal y se describió como una persona de sexo masculino, de aproximadamente 35 años, decapitado totalmente. Agregando que pese a la búsqueda que se realizó, no se encontró la cabeza del cadáver. El hallazgo del cuerpo lo hizo el joven Franklin Vargas Velarde, vecino de Roblito de Laurel, población que está a 200 mts., al este de la línea fronteriza.

    De folios 290 a 291 aparece el dictamen médico legal suscrito por los Doctores Luis Del Valle Carazo, médico residente, por el Doctor Rodrigo Quiroz Coronado y refrendado por el Doctor Félix Baudrit Gómez, Jefe de la sección de Patología Forense del Organismo de Investigación de la República de Costa Rica.

    Tal como lo hemos expuesto en párrafos anteriores, si bien es cierto que la existencia del hecho ilícito ha sido acreditada debidamente con el informe de necropsia que aparece en las copias auténticas enviadas por conducto diplomático por las autoridades judiciales de Costa Rica también hemos destacado la situación legal de los tres únicos indagados en este sumario y hemos señalado que hay una ausencia total de elementos que los vinculen con el hecho que se ha investigado, pues no existe un solo indicio en contra de los imputados ni prueba documental o testimonial.

    La decisión del Tribunal fue adoptada por mayoría de votos; tal resultado es calificado como 'decisión judicial' por el régimen procedimental panameño, según lo dispone el Artículo 284 del Código Judicial, el cual expresa:

    Artículo 284: Entiende por decisión judicial la que profieran los tribunales o cualesquiera funcionarios públicos o personas particulares revestidos temporal o permanentemente de funciones judiciales.

    Las decisiones judiciales pueden ser tomadas por simple mayoría según lo dispone el Artículo 45 de la Ley No. 47 de 1956, aplicable a los Tribunales Superiores de Justicia en virtud de la remisión que hace el Artículo 131 de la Ley No. 61 de 1946. El texto del mencionado Artículo 45 es el siguiente:

    Artículo 45: En toda decisión del pleno y de las salas es necesaria mayoría absoluta de votos. En el pleno la mayoría la forman cinco magistrados y en las salas tres.

    Como se observará, el tribunal de la causa valoró los distintos elementos probatorios que constan en el expediente y determinó que no existían elementos vinculatorios de los sumariados con el hecho criminal investigado.

    II. Hasta este punto desarrollamos específicamente el análisis del proceso criminal a que alude en su misiva.

    No obstante, este Despacho, con el fin de coadyuvar en las diligencias que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera necesario externar algunas consideraciones en torno al pliego contentivo de la Exposición Sucinta de los hechos ocurridos con el asesinato del DR. HUGO SPADAFORA FRANCO, que se adjunta a la denuncia formulada ante dicho organismo internacional.

    Al efecto, es menester explicar lo siguiente:

    1. Tal y como consta en el proceso criminal instruído, todos los extremos a que aludieron los medios de comunicación social, fueron investigados.

    2. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en una serie de supuestos elementos de convicción que, en un momento, fueron valorados por el órgano jurisdiccional competente, y desechados por razones lógica-jurídicas expuestas por el Tribunal.

    Analicemos detenidamente cada extremo:

    Todos los elementos que llegaron al conocimiento del Agente de Instrucción por diversos medios, y que guardaban una relación lógica con el hecho investigado, fueron analizados, valorados y expuestos por dicho funcionario al Tribunal de la causa, quien de igual forma los consideró en el momento de tomar su decisión.

    El agotamiento de los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico en materia jurisdiccional, fue precisamente el elemento que llevó al tribunal a la etapa procesal que corresponde a la decisión de la causa.

    La decisión fue debidamente motivada y se adoptó en atención a las facultades constitucionales y legales pertinentes. Es por ello por lo que este Despacho considera agotados los procedimientos respectivos en nuestro país.

    III. Como quiera que la petición de información que motiva la presente, requiere explicar si se han agotado o no los recursos de la jurisdicción interna, debemos hacer mención del procedimiento iniciado por el Doctor WINSTON SPADAFORA FRANCO, mediante memorial presentado a esta Procuraduría el día 19 de junio de 1986, a través del cual solicitaba se investigase la presunta participación del General Manuel Antonio Noriega en el asesinato del Doctor Hugo Spadafora Franco.

    Esta Procuraduría, en atención a la existencia de sumario contentivo de la investigación llevada a cabo por el señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, requirió al Tribunal de la causa copias debidamente autenticadas de la decisión que se adoptó; ello fue solicitado con el fin de determinar, fehacientemente, el estado actual de dicha investigación.

    Habiéndose determinado que la petición formulda por el Doctor Winston Spadafora Franco, corresponde al mismo hecho criminal que fuera conocido y decidido por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, se consideró tal hecho, se valoró la documentación aportada por el peticionario, la que consistía en recortes de periódicos y se remitió dicha petición a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Vista No. 28 del 25 de junio de 1986.

    En dicho documento, esta Procuraduría consideró lo siguiente:

    Primeramente dada la existencia de un proceso en el que se investigó la causa de la muerte del Doctor HUGO SPADAFORA FRANCO, proceso éste que reposa en el Cuarto Tribunal Superior de Justicia en virtud de decisión judicial, no resulta procesalmente admisible iniciar una nueva investigación teniendo como base el escrito presentado ante este Despacho por el Dr. WINSTON SPADAFORA FRANCO, toda vez que el Artículo 1984 del Código Judicial no lo permita.

    En consecuencia existiendo una limitación procesal que obliga a instruir 'por un solo delito un solo proceso', no podemos, entonces, dar al escrito presentado ante este Despacho el trámite que corresponde a una nueva investigación.

    El resultado lógico-procesal óptimo viene a ser, el dar a dicha petición el trámite que corresponde a una solicitud de reapertura del sumario, único medio procedimental que resulta viable.

    Ahora bien, el trámite de reapertura del sumario conlleva el cumplimiento de determinados presupuestos procesales, a los cuales nos referimos a continuación.

    Para que proceda la reapertura de una investigación criminal, es necesario que la misma haya sido cerrada provisionalmente por el Tribunal competente y, además que se presenten nuevas pruebas que así lo amerite, tal y como lo establece el segundo párrafo del Artículo 2138 del Código Judicial.

    Al respecto debemos anotar que la exigencia fundamental del Artículo 2138 del Código Judicial, en cuanto a la reapertura de los procesos penales se refiere, viene a ser la existencia de nuevas pruebas, que no es otra cosa más que aquellos elementos de convicción que sirven para determinar la ocurrencia o no de un hecho, el cual es materia de determinación en un proceso penal.

    Luego de efectuar un detenido y pormenorizado análisis de los recortes periodísticos aportados por el peticionario, este Despacho considera que de los mismos se desprende, únicamente, una afirmación referencial, que en sí no posee la fuerza probatoria que determine el elemento vinculante, entre la persona que se señala como responsable del delito y el hecho criminal.

    Sabido es que la 'nueva prueba' a que alude el Artículo 2138 del Código Judicial, en su párrafo segundo, es aquella que no fue conocida durante la investigación y, que al ser presentada con posterioridad al cierre de la encuesta, tiene la virtud de establecer fehacientemente un elemento de convicción que determine si existe o no la responsabilidad criminal, que a su vez amerite la reapertura del sumario.

    Como quiera que los recortes periodísticos presentados no satisfacen los presupuestos procesales necesarios y exigidos para proceder a la reapertura de la causa, este Despacho considera que no es de lugar acceder a la misma y así lo solicitamos respetuosamente a Vuestra Honorable Corporación Judicial.

    Para una mejor referencia transcribimos a continuación los textos de los Artículos 1984 y 2138 del Código Judicial, los cuales expresan:

    Artículo 1984: Por un solo delito se seguirá un solo proceso, aunque sean varios los responsables; y también se seguirá uno solo cuando no hay más que un reo, aunque los delitos sean varios.

    También se seguirá un solo proceso en el caso de delitos colectivos, aunque sean varios los delincuentes y su juzgamiento corresponda a distintas jurisdicciones.

    Articulo 2138: El sobreseimiento definitivo pone término al proceso respectivo contra las personas a cuyo favor se decretare, y produce excepción de cosa juzgada.

    El sobreseimiento provisional no pone término al proceso. En cualquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas puede seguirse la investigación contra los favorecidos por dicho sobreseimiento.

    Ahora bien, debemos señalar que esta Procuraduría debió remitir la petición a la Honorable Corte Suprema de Justicia toda vez que la persona que se señaló como vinculada al delito, ostenta un cargo público que conlleva el fuero de juzgamiento ante el más alto Tribunal.

    La Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió mediante Auto de veintisiete (27) de junio de 1986 la calificación de la causa.

    Dicho auto consideró lo siguiente:

    'Pues bien, el examen del cuadernillo que contiene el escrito presentado por el Dr. Winston Spadafora Franco, revela, en efecto, que éste acompañó a dicho escrito requisitorio un número plural de recortes de periódicos relativos a publicaciones aparecidas en el Diario THE NEW YORK TIMES, que se edita en esa ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica, correspondientes a la edición del día 12 de junio de 1986, reproducidas en su versión original y debidamente traducidas al español en los Diarios de la localidad, 'EL EXTRA y LA PRENSA', en publicaciones correspondientes al día 13 de junio del presente año, cuyo contenido sugiere participación del General Manuel Antonio Noriega, Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, en el homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco.

    Al respecto cabe destacar que el cadáver del Dr. Hugo Spadafora Franco apareció en la Quebrada de 'El Roblito', comunidad de la República de Costa Rica, y que la prueba científica incorporada al proceso de la investigación correspondiente revela que éste falleció en horas de la noche del día trece o madrugada del día catorce de septiembre de 1985.

    Consta que el Ministerio Público, en su oportunidad, realizó la investigación de rigor por el homicidio de un ciudadano panameño, y que la calificación del sumario correspondió al Cuarto Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución fechada 7 de febrero de 1986, cuya copia debidamente autenticada, consta de fojas 27 a 76 del presente cuaderno.

    ............................................................

    Conforme a la estructura de nuestro sistema procesal penal, 'por un solo delito se seguirá un solo proceso aunque sean varios los responsables; y también se seguirá uno solo cuando no hay más que un reo, aunque los delitos sean varios. La norma que establece dicho principio, para el proceso penal, es el Artículo 1984 del Código Judicial, que señala igualmente, 'también se seguirá un solo proceso de delitos colectivos, aunque sean varios los delincuentes y su juzgamiento corresponda a distintas jurisdicciones'. '(Subrayado de la Sala)'.

    ............................................................

    'Tratándose de un sumario que ya resultó calificado con sobreseimiento definitivo a favor de OMAR ENRIQUE VEGA MIRANDA, ELIECER RAMOS y FRANCISCO ELIECER GONZALEZ BONILLA, no se puede instruir otro diferente, como se pretende ya que, por la pretensión penal que representa la solicitud del Dr. Winston Spadafora Franco, la única forma es su reapertura, como una forma de gobierno procesal puesta en este caso a cargo de la SALA como TRIBUNAL que tiene el deber de evaluar las pruebas que se aporta contra determinada persona en la correspondiente formulación de la imputación.

    El instituto de la reapertura de la instrucción constituye, cuando se resuelve con decisión de mérito hacia la reapertura, un medio de impugnación por nuevas pruebas sobrevenidas, ya que ello presupone una decisión anterior de mérito.

    En este caso se pretende la reanudación de la instrucción formal, lo que viene a ser una forma de reanudación de proceso contra una nueva persona; cabe insistir en el hecho de que la reapertura de la instrucción debe fundamentarse en la pretensión de nuevas pruebas; desde luego que la política procesal es exigir la aportación de elementos de pruebas que acrediten su real contenido acriminativo.

    Resultan aplicables al caso los conceptos de pertinencia de las pruebas, lo que, en materia procesal penal, opera como una limitación al principio de la libertad de la prueba o de sus aportaciones, quedando la misma, tratándose de un sumario, sujeta a valoración para determinar si la misma goza de la certeza suficiente como para hacerla eficaz.

    Diríase que para la apertura de una encuesta penal, dicha valoración de las supuestas pruebas que se aportan con ese fin indicado de que se reviva la investigación, opera como una limitación absoluta, no obviable, necesaria en todo caso para llegar a una decisión de mérito en relación a si procede o no, con base en las pruebas aportadas, dicha apertura.

    .................................................................

    La labor que cumple la Sala en entrar a valorar el contenido de los recortes de periódicos acompañados con la solicitud, se realiza bajo el sistema de la sana crítica, para la valoración del contenido de despachos noticiosos leídos en los mencionados recortes de periódicos, lo que finalmente determina su aceptación o no como medios justificativos de la mencionada reapertura, todo lo cual es capaz de conducir a una afirmación objetiva sobre el contenido de certeza de los hechos afirmados; su real carácter incriminador; y demás características, a manera de medios de pruebas contra determinada persona.

    ..................................................................

    Así pues, que ya en la época en que se instruyó el sumario correspondiente, se hacían especulaciones sobre la eventual vinculación de las Fuerzas de Defensa en el homicidio del Doctor Hugo Spadafora Franco. Ese mismo tipo de especulaciones se refieren ahora al General Manuel Antonio Noriega, sin que en las mismas se observe ningún asidero fáctico para vincularlo con el homicidio aludido, realizadas por personas o medios que están fuera de la jurisdicción panameña, por cuya razón no se tiene control suficiente para exigir eventualmente responsabilidad por falsa imputación, injuria o difamación.

    En efecto, de ninguna de las especulaciones; ni de las realizadas en el territorio nacional, ni las vertidas en despachos noticiosos extranjeros, surgen elementos de juicio que vinculen al General Manuel Antonio Noriega con el homicidio del Doctor Hugo Spadafora Franco.

    Y si esa es la situación procesal que surge de la solicitud del Dr. Winston Spadafora Franco, no se justifica con base en ello, introducir en el campo de la ilicitud penal a una persona contra la cual no existe ningún tipo de vinculación con el acontecimiento histórico aludido.

    Efectivamente, la Sala no advierte en las informaciones de periódicos aportadas, todas contenidas en las publicaciones que se han reseñado en los Diarios Nacionales citados, el mérito suficiente, por su pertinencia y eficacia, base para proceder conforme a la pretensión de una nueva investigación, para lo cual habría que proceder a reabrir el sumario, porque, resultaría ocioso, por falta de mérito o valor, procurar establecer hechos de interés en una investigación, en base a supuestos elementos de prueba que no concretan nada en el terreno probatorio y que, por ello, no tienen el carácter de tales.

    En consecuencia a las consideraciones antes expuestas, la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que no hay lugar a la reapertura del sumario.

    Según lo dispone el Artículo 204 de la Constitución Nacional, las decisiones que profiera la Corte Suprema de Justicia o sus Salas no admiten recursos de inconstitucionalidad ni de amparos de garantías constitucionales en su contra, razón por la cual este Despacho considera que se han agotado, sobre el particular, todos aquellos procedimientos jurisdiccionales establecidos por las leyes de la República de Panamá.

    Este Despacho considera que en el proceso que ha motivado la petición de información que ahora brindamos, han sido cumplidos los procedimientos constitucionales y legales aplicables a la materia, y se han respetado todas y cada una de las garantías procesales consagradas por nuestro ordenamiento jurdico.

    La facultad jurisdiccional, elemento consustancial de la soberanía del Estado, ha sido aplicada al presente caso sin omitir ningún procedimiento legal existente.

  5. Que la Comisión, con fecha 11 de agosto de 1986, transmitió la respuesta del Gobierno de Panamá al denunciante a objeto que éste, dentro del plazo de 45 días, presentara sus observaciones.

  6. Que la Comisión, el 22 de agosto de 1986, recibió una comunicación firmada por el señor Larry Garber, representante del International Human Rights Law Group, quien informó que, con la expresa autorización del denunciante, señor Winston Spadafora, asumiría su representación en el procedimiento seguido ante la Comisión, con la asesoría de la señora Laura Bocalandro y el señor Stephen J. Schnably.

  7. Que la Comisión, en nota del 11 de septiembre de 1986, acusó recibo de la nota enviada por el señor Larry Garber, en el sentido de considerar al International Human Rights Law Group, en calidad de representante del peticionario para proseguir la tramitación del caso 9726.

  8. Que con fecha 19 de septiembre de 1986, representantes del International Human Rights Law Group, presentaron para consideración de la Comisión el siguiente documento que resume la presentación oral realizada en tal fecha.

    I. El presente caso concierne la tortura y muerte del Dr. Hugo Spadafora Franco, nacional de Panamá. Spadafora era un enérgico opositor del General Manuel Antonio Noriega, Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP). Los hechos establecen indiscutiblemente la responsabilidad del Gobierno de Panamá en el cruel asesinato del Dr. Spadafora. Sin embargo, las autoridades competentes rehusaron llevar a cabo una cabal investigación del crimen y el consecuente castigo de los criminales (sic).

    II. Hechos relevantes.

    A. Hugo Spadadora Franco.

    1. Enérgico opositor del Gobierno de Panamá; activo en movimientos democráticos en Panamá y otros países.

    2. En los últimos años, duras críticas al General Noriega acusándolo de abuso de poder, tráfico de armas y de drogas y de otras actividades ilícitas.

    3. A consecuencia de sus críticas, recibió reiteradas amenazas de muerte de emisarios del General Noriega.

    4. A pesar de ello, el Dr. Spadafora comenzaría una campaña cuyo objeto era hacer públicas las actividades ilícitas desarrolladas por Noriega.

    B. Viaje del Dr. Spadafora a Panamá el 13 de septiembre de 1985.

    1. El 13 de septiembre de 1985, sale de su domicilio en San José, Costa Rica, en su viaje final a Panamá. Utiliza una ruta que ya en otras ocasiones usó: volar hasta la frontera panameña, autobús de allí hasta David y luego, continuar a la ciudad de Panamá.

    2. Durante el trayecto en autobús en territorio panameño, fue visto por un número de personas.

    3. Arbitrariamente fue obligado a descender del autobús en los dos retenes de las FDP, a pesar de portar su cédula de identidad panameña. Un agente no uniformado del FDP lo seguía, viajando en el mismo autobús.

    4. La última vez que se le vio con vida, fue en Concepción, Panamá, cuando descendió del autobús en custodia del agente no uniformado.

    5. Al día siguiente fue hallado sin vida en territorio costarricense, a unos pocos metros de la frontera con Panamá. Spadafora fue decapitado y su cuerpo presentaba visibles signos de tortura.

    6. El asesinato de Spadafora ha venido a contribuir al creciente clima de violencia y terror que azota Panamá y, en especial, a la provincia de Chiriqui.

    C. Sucesos posteriores al asesinato del Dr. Hugo Spadafora.

    1. El Organismo de Investigaciones Judiciales de Costa Rica ordena la apertura de las investigaciones. Luego de declaraciones testimoniales y otra evidencia de peso, las autoridades concluyen que el Dr. Spadafora fue asesinado en Panamá.

    2. El Gobierno de Panamá impidió que se llevará a cabo una completa e imparcial investigación de los hechos, permitiendo la injerencia de las FDP, lo que causó la renuncia del presidente Barletta cuando éste accedió a la petición de la familia Spadafora por una honesta investigación.

    3. Ignorando la abrumadora evidencia en contrario en sustento del ingreso de Spadafora a Panamá y de su detención por un agente de las FDP, las autoridades de Panamá continúan sosteniendo que la víctima fue ultimada en Costa Rica y, por lo tanto el asunto no cae dentro de su jurisdicción.

    4. La única "investigación" realizada en Panamá concluyó con el sobreseimiento definitivo por falta de suficientes pruebas, de los tres miembros de las FDP indagados. El asesinato continuó sin develarse. El cabal y fundamentado voto en disidencia del Magistrado Andrés Almendral puntualiza las deficiencias de la decisión judicial. El Law Group presentará las observaciones a la presentación del Gobierno de Panamá en respuesta a la denuncia, antes del día 25 de septiembre de 1986.

    III. Violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    1. Panamá es parte signataria de la Convención.

    2. El Gobierno de Panamá violó el derecho a la vida, el derecho al trato humanitario y el derecho a la protección contra la detención arbitraria del Dr. Hugo Spadafora Franco. (Arts. 4, 5 y 7).

    3. El Gobierno de Panamá no ha conducido una completa e imparcial investigación, libre de injerencias partidarias. Por ello, el Gobierno ha violado el derecho a la protección judicial del Dr. Spadafora. (Art. 25).

    IV. Petitorio.

    Los peticionantes respetuosamente solicitan de esta Comisión que:

    1. Resuelva condenar al Gobierno de Panamá por las violaciones de los derechos a la vida, al trato humanitario, a la protección contra la detención arbitraria y a la protección judicial, consagrada en los Artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    2. Recomiende al Gobierno de Panamá ordenar una completa e imparcial investigación de los individuos responsables del asesinato, de manera tal que éstos puedan ser debidamente castigados.

    3. Recomiende al Gobierno de Panamá que informe a esta Comisión sobre las medidas adoptadas en el plazo máximo de 60 días a partir de la resolución.

    4. Resuelva tomar toda otra medida que estime conducente.

  9. Que la Comisión, por Resolución No. 30/86 adoptada en el curso de su 68º período ordinario de sesiones, el 19 de septiembre de 1986, decretó la admisibilidad de la denuncia presentada por el reclamante señor Winston Spadafora, teniendo especialmente en consideración el hecho de que el Gobierno de Panamá en su respuesta del 6 de agosto de 1986, reconoció que los recursos de la jurisdicción interna se encontraban plenamente agotados.

  10. Que los representantes del International Human Rights Law Group, el 2 de octubre de 1986, enviaron sus observaciones a la respuesta del Gobierno de Panamá de fecha 6 de agosto de 1986.

    En parte de su presentación los peticionarios señalaron textualmente lo siguiente:

    III. ARGUMENTACION

    El Gobierno ha violado las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    A. El Gobierno es responsable por la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de Hugo Spadafora.

    1. Spadafora ingresó a Panamá.

      Spadafora anunció públicamente su retorno a Panamá con el objeto de denunciar, junto con su abogado Alvin Weeden, la corrupción, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas del General Noriega. El viernes 13 de septiembre, dejó su casa en San José, Costa Rica, iniciando su viaje a la ciudad de Panamá por la misma ruta que ya había tomado en otras cuatro oportunidades. Numerosos testigos vieron a Spadafora en territorio panameño el día 13 de septiembre, incluyendo al señor González Justavino, dueño del restaurante Los Mellos, el conductor del autobús y su asistente y dos panameños que lo conocían bien. Las autoridades de Costa Rica, luego de una conciente investigación concluyen que Hugo Spadafora fue ultimado en Panamá y no en territorio costarricense.

    2. Spadafora fue detenido por agentes del Gobierno en Concepción, Panamá.

      Toda prueba lleva a la conclusión de que Spadafora no se apeó voluntariamente en Concepción, sino que fue detenido por un agente del Gobierno panameño. Spadafora no tenía motivo para permanecer en Concepción, por cuanto en cuatro oportunidades ya había realizado el mismo trayecto y asimismo, había concertado encontrarse con su esposa en la ciudad de Panamá esa misma noche.

    3. La última vez que Spadafora fue visto con vida, se encontraba bajo custodia de un agente de las F.F.D.D.

      No hubo un solo testigo que alegó haber visto a Hugo Spadafora en libertad, o con amigos o parientes o en cualquier otra actividad durante la tarde, la noche del 13 de septiembre o la mañana del 14 de septiembre de 1985. El rastro de Spadafora se pierde en Concepción, Panamá, para reanudarse con la aparición de su cadáver mutilado al día siguiente. En esas circunstancias, recae sobre el Gobierno la pesada carga de la prueba. El Gobierno no aportó prueba en contrario.

    4. La conducta del Gobierno con anterioridad al asesinato es otro indicio de su responsabilidad por el crimen.

      Toda evidencia indica que las F.F.D.D., y en particular el General Noriega, estaban dispuestos a recurrir a la violencia contra Spadafora. Este último se dispone a hacer públicas las actividades ilícitas de Noriega. La cúpula militar responde con amenazas de muerte quien ve como una amenaza para la continuación impune de su actividad delictiva y, luego de las palabras pasa a la acción.

    5. En los casos en que un individuo fue visto por última vez con vida bajo la custodia de agentes del Gobierno, existe la fuerte presunción de que el Gobierno es el responsable por la desaparición y muerte del individuo.

      Esta ha sido la posición de la CIDH en casos similares de desaparición y muerte, incluyendo el caso 4326 (Argentina) y el caso 7951 (Honduras). En el presente caso, la prueba aportada es tan convincente como la prueba en los casos mencionados, sino más. De acuerdo a ello se solicita que se aplique el mismo standard legal que establezca la responsabilidad del Gobierno de Panamá por el asesinato de Hugo Spadafora.

    6. El proceso de instrucción penal conducido por el Gobierno fue manifiestamente inadecuado y de ninguna manera reduce la responsabilidad del Gobierno por el asesinato.

      El Gobierno de Panamá denegó justicia al conducir un sumario totalmente deficiente y parcial. Del análisis del mismo, surge que el Cuarto Tribunal Superior acepta prueba inconsistente e insubstanciada favorable a los tres indagados, a la vez que por razones inadmisibles, desestima evidencia esencial e ignora importantes indicios que conducen al descubrimiento de la verdad. No se ha realizado ningún esfuerzo para descubrir a los culpables, partícipes o cómplices, sino que el Gobierno sostiene lo insostenible: que la víctima fue ultimada en Costa Rica. Es así que se concluye que el Gobierno ha realizado todo lo que está a su alcance para evitar una investigación cabal de lo ocurrido a Hugo Spadafora.

      B. La detención arbitraria, la tortura y el asesinato de Hugo Spadafora, por el Gobierno de Panamá es violatoria de la Convención (Arts. 4, 5 y 7).

      C. El Gobierno no condujo una investigación completa e imparcial, violando lo prescripto por el Artículo 25 de la Convención.

      Finalmente en la parte petitoria los peticionarios solicitaron:

      a) resuelva que el Gobierno de Panamá ha violado los Arts. 4, 5, 7, 13 y 25 de la Convención; b) recomiende al Gobierno de Panamá que proceda a realizar una investigación completa e imparcial, libre de la influencia de las Fuerzas de Defensa, de manera que todos los responsables sean juzgados conforme el derecho panameño; c) requiera del Gobierno de Panamá que informe a la Comisión sobre el progreso de la investigación dentro de los 60 días de la resolución de la Comisión; y, d) requiera al Gobierno de Panamá que cese o asegure el cese de toda intimidación a la familia Spadafora y toda otra persona que se halla involucrada en este caso.

      En esa oportunidad los denunciantes además acompañaron varios documentos entre los cuales se encuentran las declaraciones formuladas por el señor Iván Darío González y por el señor Edwin Guerra, ante la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá. En dicho documento, el señor Iván Darío González (propietario del restaurante "Los Mellos") señaló que el Dr. Hugo Spadafora almorzó en su restaurante al mediodía del viernes l3 de septiembre de l985, poco antes de tomar el autobús hacia Ciudad de Panamá. Por su parte, el señor Edwin Guerra, chofer de autobús de la línea David-Frontera, indicó que alrededor del mediodía del l3 de septiembre de l985, tres pasajeros subieron al autobús, entre los cuales se encontraban el Dr. Hugo Spadafora y el señor Francisco Eliecer González Bonilla (conocido como Bruce Lee, principal sospechoso en el homicidio de Spadafora), miembro de la Guardia en el Cuartel de la Frontera, a quien conocía desde hacía bastante tiempo.

      Así también los denunciantes acompañaron los testimonios de Santos López Lobón, Ricaute Esquivel Rodríguez, José Asbrubal Ramírez Chavarría y José Angel Chinchilla Ríos, ante el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Los señores López Lobón y Esquivel Rodríguez quienes conocían muy bien al Dr. Hugo Spadafora, testificaron haberlo visto detenido en el retén de Jacú el día 13 de septiembre de 1985, a las primeras horas de la tarde. Los señores Ramírez Chavarría y Chinchilla Ríos, vecinos del lugar donde fue hallado el cadáver del Dr. Spadafora, declararon haber visto y oído en las cercanías de sus viviendas, las camionetas de las Fuerzas de Defensa Pamameñas a la medianoche del día 13 de septiembre de 1986.


  11. Que la Comisión, el 8 de octubre de 1986, transmitió al Gobierno de Panamá las observaciones formuladas por los denunciantes con fecha 2 de octubre de 1986, otorgándole un plazo de 30 días para que envíe sus comentarios.

  12. Que la Comisión, el 14 de enero de 1986, reiteró al Gobierno de Panamá, su solicitud de información formulada el 8 de octubre de 1986.

  13. Que la Comisión, el 14 de enero de 1987, en nota dirigida al Gobierno de Costa Rica le solicitó el envío de copia autenticada del proceso judicial abierto en dicho país con motivo del hallazgo del cadáver de Dr. Hugo Spadafora Franco.

  14. Que el Gobierno de Panamá, en nota enviada el 24 de febrero de l987, señaló lo siguiente:

    CASO Nº 9726

    El Gobierno de la República de Panamá, aprecia que la Demanda Suplemental, que en esta ocasión se nos ha remitido, plantea una multiplicidad de afirmaciones carentes de veracidad y objetividad, totalmente ajenas al eje del caso planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    La República de Panamá, considera que los trámites planteados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos y, cualesquiera trámites suplementales presentados ante esa organización, deben contener una estricta relación conducente y pertinente al logro de la supuesta comprobación de lo planteado. Tal conducencia y pertinencia nos obligan a considerar que el documento titulado Demanda Suplemental, resulta inepto al trámite presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Nº 9726, toda vez que dicho documento contiene una relación especulativa de afirmaciones completamente ajenas a la tramitación del caso antes mencionado.

    Ahora bien, como quiera que en breves apartados del contenido de la aludida Demanda Suplemental se exponen algunas afirmaciones que giran en torno a la investigación de los hechos expuestos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Nº 9726, nos vemos obligados a reiterar a Vuestra Excelencia el contenido de la nota DMN-576 de 21 de julio de 1986, en la cual, como hemos dicho, se efectúa relación detenida y pormenorizada de los hechos objeto de la investigación. De manera tal, que la Demanda Suplemental es analizada por este despacho y conceptuamos que la misma constituye una serie de exposiciones inconducentes y eminentemente subjetivas, las que aún cuando son carentes de veracidad, no merecen mayor consideración dada su inconducencia e impertinencia en relación al caso objeto del trámite que se surte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos lleva al punto inicial de partida, cual es la situación expuesta inicialmente, la cual fue respondida por conducto de nuestra nota.

    La Procuraduría General de la Nación considera que en el proceso que ha motivado la petición de información que remitiese a nuestro país la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido cumplidos los procedimientos constitucionales y legales aplicables a la materia, y se han respetado todas y cada una de las garantías procesales consagradas por nuestro ordenamiento jurídico.

  15. Que la Comisión otorgó un plazo de 45 días al denunciante, a partir del 3 de marzo de l987, para enviar sus observaciones.

  16. Que el Gobierno de Costa Rica, con fecha 25 de marzo de l987, envió copia autenticada de la documentación judicial solicitada por la Comisión, en torno al homicidio del Dr. Hugo Spadafora. La mencionada documentación corresponde al expediente tramitado ante el Juzgado de Instrucción de Golfito en Costa Rica y contiene tanto los informes médico-forenses relacionados con la autopsia practicada al cadáver del Dr. Spadafora, como las diligencias judiciales realizadas por la Organización de Investigaciones Judiciales de Costa Rica, que fueron anteriormente citadas por el Gobierno de Panamá y por el denunciante.

  17. Que los peticionarios, el 20 de abril de l987, enviaron a la Comisión sus comentarios reiterando que el Gobierno de Panamá no había respondido a los hechos planteados en la denuncia descalificándola sobre la base de una respuesta falta de veracidad, y encontrándose fundada en pruebas "impertinentes". Esta prueba basada en testimonios oculares, sostienen los peticionarios, establece que el Dr. Hugo Spadafora Franco ingresó a territorio panameño el 13 de septiembre de 1986, que éste fue detenido en Concepción por las Fuerzas de Defensa, y que esa fue la última vez en que se lo vio con vida. Asimismo, añadieron los peticionarios, que el Gobierno de Panamá no explicó, en su respuesta a la Comisión, la razón por la cual la investigación judicial panameña aceptó y convalidó coartadas contradictorias elaboradas por los miembros de las Fuerzas de Defensa inculpados en el caso, desestimó prueba esencial y condujo una investigación totalmente inadecuada para investigar los hechos denunciados.

  18. Que el Gobierno de Panamá, con fecha 26 de mayo de 1987, en nota Nº OEA-264-87 de la Misión Permanente de Panamá, envió sus observaciones a la Comisión, las cuales se transcriben a continuación:

    Me dirijo a usted en la oportunidad de dar respuesta a su atenta nota DM No. 321 de 5 de mayo del año en curso, a través de la cual nos remite copia de la nota s/n fechada 28 de abril de 1987, dirigida a Vuestra Excelencia por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Edmundo Vargas Carreño. Acompaña a dicha nota una documentación que contiene comentarios a la respuesta del Gobierno de la República de Panamá en torno al caso designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el No. 9726.

    Como comprenderá Vuestra Excelencia, y estamos seguros sabrán comprender las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe que las autoridades instructoras de un Estado eleven al conocimiento de esa Comisión debe fundamentarse exclusivamente en los hechos y circunstancias que les consten; en nuestro caso los hechos y circunstancias que constan en las investigaciones realizadas, las cuales se reúnen en un expediente al que nuestra ley procesal penal denomina sumario.

    Lo anterior explica el marco conceptual en el que se desarrolló la nota de esta Procuraduría designada como DPG-515-86 del 8 de julio de 1986. En esta nota procuramos sintetizar a Vuestra Excelencia el marco jurídico en el que se realizan las investigaciones penales en nuestro país, procuramos además sintetizar los hechos que surgen de la investigación realizada.

    Con posterioridad a tal respuesta, este despacho recibió por conducto de Vuestra Excelencia mediante nota D.M.V. No. 792 de 7 de noviembre de 1986, un documento titulado "Demanda Suplemental", el cual fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el mismo caso. Este documento produjo nuestra nota DPG-206-87 de 27 de enero de 1987.

    En esta ocasión nos encontramos frente a un documento que pretende oponerse a las afirmaciones contenidas en nuestra nota de 27 de enero de 1987. El espíritu de este documento de oposición pareciera ser el de lograr que la Honorable Comisión de Derechos Humanos considere los informes presentados por nuestro país como insuficientes.

    Existe a juicio nuestro un problema de enfoque en los hechos que los demandantes plantean ante la Comisión, pues, como observará Vuestra Excelencia, el caso designado bajo el No. 9726 se refiere a los hechos que ocasionan la muerte del Dr. HUGO SPADAFORA FRANCO, en consecuencia, es la opinión de esta Procuraduría que toda afirmación ajena a tan lamentable hecho, debe ser, por completo, considerada ineficaz por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando en nuestra nota DPG-206-87 de 27 de enero de 1987, calificamos la Demanda Suplemental como contentiva de "una multiplicidad de afirmaciones carente de veracidad y objetividad, totalmente ajena al eje del caso planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", lo hacíamos en atención a las mismas consideraciones, anteriormente expuestas en el caso No. 9726, puesto que a nuestro entender, dicho caso no debe convertirse en tribuna para formular ataques de carácter eminentemente político en contra del Gobierno de la República de Panamá, tomando como base para ello, supuestos sucesos que carecen de veracidad, y que además, carecen de las connotaciones que los demandantes han planteado.

    De encontrarnos ajenos a la reiterada oposición que surge en los trámites que se surten ante la Honorable Comisión de Derechos Humanos, en el sentido antes expuesto, agradeceríamos se obtenga de ese organismo una precisión de los hechos sobre los cuales gira el caso No. 9726, en tanto que si nuestra apreciación resulta correcta en el sentido de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe hacer de lado cualesquiera afirmaciones ajenas al hecho concreto que se investiga, esta Procuraduría deberá consecuentemente, abstenerse de dar respuesta a tales afirmaciones, las que para muestra de lo que se afirma, se inician efectuando consideraciones cronológicamente anteriores y ajenas al fatal suceso que motiva los trámites ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    En el orden estrictamente jurídico, y teniendo presente el hecho que interesa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consisten en determinar si se han cumplido o no los trámites propios de la jurisdicción interna del país, tendientes a la determinación de la existencia del delito y sus responsabilidades, esta Procuraduría debe externar lo siguiente:

    1. Tal y como lo expresamos en nuestra nota DPG-515-86 del 8 de julio de 1986, los trámites de la jurisdicción interna han sido cumplidos, lo que no obstante, no debe ser interpretado como el cierre definitivo del trámite de investigación correspondiente. Si volvemos hacia los elementos expuestos a la comunicación aludida encontraremos que la investigación fue realizada por el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, la cual fue calificada en su oportunidad por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia, quien cerró la encuesta dictando un sobreseimiento definitivo en favor de las personas investigadas, pero se determinó, además, dictar un sobreseimiento de carácter provisional para la investigación, es decir que en el evento de que surgiesen nuevas pruebas el sumario puede ser reabierto.

      Ahora bien, lo anteriormente expuesto nos lleva a la determinación del concepto designado bajo el término "nuevas pruebas". A este respecto se pronunció la Honorable Corte Suprema de Justicia en auto de 27 de junio de 1986, decisión esta sobre la cual abundamos en detalle en nuestra nota DPG-515-86 de 8 de junio de 1986.

      Al efecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia expresó:

      Conforme a la estructura de nuestro sistema procesal penal, 'por un solo delito se seguirá un solo proceso aunque sean varios los responsables, y también se seguirá uno solo cuando no hay más que un reo, aunque los delitos sean varios.' La norma que establece dicho principio, para el proceso penal, es el Artículo 1984 del Código Judicial, que señala igualmente, 'también se seguirá un solo proceso de delitos colectivos, aunque sean varios los delincuentes y su juzgamiento corresponda a distintas jurisdicciones'. (Subrayada de la Sala).

      Es oportuno destacar el hecho de que al tenor de lo dispuesto por el Artículo 204 de la Constitución Nacional, las decisiones que profiera la Corte Suprema de Justicia o sus Salas no admiten recursos de inconstitucionalidad ni de amparos de garantías constitucionales en su contra, razón por la cual este despacho considera que se han agotado, sobre el particular, todos aquellos procedimientos jurisdiccionales establecidos por las leyes de la República de Panamá.

      Los demandantes ante la Comisión de Derechos Humanos han pretendido la realización de una investigación nueva, ello constituye una solución imposible en el campo jurídico panameño, lo que no quiere decir que conlleva la imposibilidad de realizar la reapertura de la investigación que ya ha sido calificada por los tribunales de nuestro país. El eje de la cuestión planteada viene a ser entonces la determinación de si existían o no nuevas pruebas que permitiesen reabrir el proceso.

      Recordemos que el tribunal de la causa profirió sobreseimiento definitivo en favor de los encartados y sobreseimiento provisional para la investigación, según lo dispone el Artículo 2138 del Código Judicial, el cual expresaba:

      ARTICULO 2138: El sobreseimiento definitivo pone término al proceso respectivo contra las personas a cuyo favor se decretare, y produce excepción de cosa juzgada.

      El sobreseimiento provisional no pone término al proceso. En cualquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas puede seguirse la investigación contra los favorecidos por dicho sobreseimiento.

      Sobre el particular, las autoridades instructoras de la República de Panamá no pueden complacer las aspiraciones de los demandantes cuando los únicos elementos que adjuntan a su petición constituyen afirmaciones especulativas carentes de valor probatorio.

      Una decisión adversa proferida por la Honorable Comisión, que tenga como fundamento la consideración de esas afirmaciones especulativas, constituiría un precedente funesto, pues el mismo se sustentaría en los intereses jurídicos adversos que van produciendo afirmaciones carentes de valor probatorio, que a su vez conducirían a un deformación total del trámite jurídico como vía apta para la búsqueda de la verdad, lo que distorsionaría las esencias mismas de las sociedades democráticas del Continente Americano.

    2. 2. Si nos mantenemos en la premisa de que interesa a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinar si han sido cumplidos en nuestro país los trámites propios de la jurisdicción interna, tendremos que refutar supuestas declaraciones contenidas en investigaciones realizadas por otros Estados, las que oficialmente no han sido del conocimiento de las autoridades de la República de Panamá. Nuevamente volvemos al punto inicial, en lo que nos preguntamos, si para cancelar las peticiones de los demandantes sería necesario forzar los trámites de la jurisdicción interna de cada país señalándole a las autoridades instructoras, que deben considerar como supuestos elementos probatorios, hechos que le son desconocidos, por no haber sido presentados ante ella.

      A nuestro juicio, y con ello reiteramos nuestras conclusiones iniciales, el trámite que se surte ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso designado bajo la numeración 9726, posee dos enfoques que en la actualidad se contraponen; uno de ellos lo constituye el aspecto jurídico que tiene como fundamento básico la consideración de los elementos probatorios presentados y valorados en el momento procesal oportuno y de acuerdo a los trámites legales pertinentes; el segundo enfoque lo constituyen los fundamentados en una serie de afirmaciones fundadas en especulaciones provenientes de factores políticos adversos al Gobierno del país. Luego entonces, como bien comprenderá Vuestra Excelencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá frente a sí un dilema en el que la serenidad, ecuanimidad y el recto sentido jurídico, deberán determinar si se han cumplido, como en efecto ha ocurrido, con los trámites jurídicos propios de la jurisdicción interna del país en la investigación realizada.

      En la ocasión de reiterar todos y cada uno de los conceptos vertidos por este despacho en nuestras notas DPG-515-86 del 8 de julio de 1986 y DPG-206-87 del 27 de enero de 1987, dejando explícitamente sentado, que respetamos los esfuerzos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admiramos las sanas intenciones que motivan a las personas que componen cada uno de sus estamentos, y conceptuamos que dicho organismo posee un criterio jurídico objetivo que le permitirá reconocer en su oportunidad que en nuestro país han sido cumplidos los trámites de la jurisdicción interna del Estado.


  19. Que los peticionarios, con fecha 26 de junio de l987, acompañaron varios documentos vinculados al caso en referencia, entre los cuales se encuentran declaraciones formuladas por el ex-Presidente de la República de Panamá, señor Nicolás Ardito Barletta y por el Coronel Roberto Díaz Herrera.

    El señor Nicolás Ardito Barletta declaró, el 11 de junio de 1987 lo que a continuación se transcribe:

    COMUNICADO DEL DR. NICOLAS ARDITO BARLETTA

    Los momentos que vive el país son críticos pero oportunos. Críticos porque toda la información que está revelando el Coronel Díaz Herrera concentra la atención sobre asuntos muy serios que golpean la conciencia de todos los panameños, y oportunos porque abre la puerta para que los mismos se esclarezcan con el máximo sentido de responsabilidad nacional y con la participación de todos, en una forma que permita la necesaria reconciliación nacional sobre bases del respeto a la Constitución y la ley como normas fundamentales para la convivencia democrática.

    Ahora que los acontecimientos han demostrado lo que yo preví en lo económico y lo político, debo dos aclaraciones, cuya efectiva oportunidad estaba esperando para formular al pueblo panameño, soberano de las decisiones sobre el destino nacional:

    1. Todo el país sabe que mi separación de la presidencia fue forzosa, trastocando el orden constitucional, y se debió principalmente a mi decisión de que se nombrara una comisión apolítica investigadora del crimen del Dr. Spadafora. El miércoles 25 de septiembre de l985, desde Nueva York, le insistí al señor Del Valle y al Col. Díaz Herrera, que estaban juntos en el Cuartel Central, que se anunciara la Comisión que yo había dejado identificada el día anterior. Cuando en la Comandancia de las Fuerzas de Defensa el siguiente viernes se me recriminó esta decisión, dije a los comandantes que "debían apoyarla, de lo contrario todo el país interpretaría que ellos eran responsables del crimen". El Coronel Díaz Herrera ha sido preciso sobre lo ocurrido el día de mi forzosa separación.

      El 26 de abril en el CADE de l986 dije públicamente que mi separación de la Presidencia "no se debía a política económica, como quisieron hacer ver; las diferencias en esta materia se negocian y acuerdan y esos acuerdos ya estaban adelantados; más bien se debían a discrepancias políticas fundamentales sobre el funcionamiento constitucional de los diferentes órganos del Estado; la transición efectiva hacia una democracia efectiva y los hechos de septiembre de l985", referencia obvia a la investigación del crimen del Dr. Spadafora.

      Sigo creyendo que la paz y la reconciliación nacional requieren un esclarecimiento completo de ese crimen.

    2. Asumí la Presidencia en l984 convencido de un triunfo electoral muy estrecho pero legítimo, con credenciales expedidas por el organismo a quien compete, convencimiento basado en información de que dispuse y aún poseo. Si hubo fraude, como alegan ahora dos ex-funcionarios del Estado de alta jerarquía, que se recuenten los votos y se verifique el resultado para bien de la Nación.

      El país necesita un cambio constructivo hacia la democracia efectiva con justicia y desarrollo, en paz, con respeto a la Constitución y mediante una reconciliación nacional. Por ello hice el cambio constructivo centro de nuestra campaña electoral y de mi acción de gobierno. Creo también que ese es el sentir del pueblo panameño hoy. Todos los panameños debemos contribuir desinteresadamente al logro de ese objetivo. Que Dios nos ayude a encontrar ese camino!

      (Firmado) N. Ardito Barletta

      Por su parte el Coronel Roberto Díaz Herrera, el 10 de junio de 1987, declaró lo siguiente:

      DECLARACION DEL CORONEL ROBERTO DIAZ HERRERA

      10:00 a.m., miércoles l0 de junio de l987

      Pregunta: ¿Me puede describir en sus propias palabras, exactamente, desde el principio, la primera vez en que hubo alguna discusión sobre la posibilidad de asesinar a Hugo Spadafora, hasta cada cosa que sucedió? y una vez que tenemos lo que pasó en sus propias palabras, yo podré hacer algunas preguntas específicas. ¿Cuándo fue la primera vez que se presentó la posibilidad en reuniones con la guardia de asesinar a Hugo Spadafora? ¿Hubo algunas discusiones sobre ésto?

      Respuesta: Voy a ser muy concreto en ésto. Mira, el General Noriega me reclamó por lo menos dos veces, siendo él (Noriega) G-2, pero como estábamos más o menos al mismo nivel, seríamos tenientes coroneles, el nivel de amistad personal que yo tenía con Hugo Spadafora, que incluyó un par de veces que salimos juntos con nuestras esposas. Pero bueno, en ese momento yo no estaba en capacidad de presionarlo mucho.

      Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo fue eso?

      Respuesta: Del 75 al 78. De allí Hugo también se desconecta, aunque lo llego a ver un par de veces, y unos cuatro meses antes de su muerte el vé a mi esposa, en un establecimiento comercial, y mandó saludos para mí, andando él con una de las hijas. Ahora, cuando ya llego yo realmente..., bueno, luego empieza a salir aquí una serie de publicaciones de Hugo contra él, donde Hugo le señalaba a él cosas tan graves y tan serias, y él empieza a hacer Lobby dentro del Estado Mayor para decirnos que Hugo era un peligro para la seguridad nacional, etc. Yo escuchaba estas cosas. Ahora, él ha mantenido siempre lo que yo llamaría un grupo, o un equipo pequeño, de represión, ya de crímenes...

      Pregunta: Y ese grupo ¿ya había salido a hacer otros crímenes? ¿Ya se había formado y habían hecho varias cosas antes de este asunto?

      Respuesta: Es decir, ese grupo ha estado involucrado, en mi opinión, en muertes no aclaradas, sobre todo el Mayor Madriñán, y luego, en el caso de Hugo Spadafora, el Mayor Córdoba, y en el caso, incluso, aunque no tengo pruebas concretas, pero tengo confesiones verbales, en el caso del Dr. Mauro Zúñiga, el Mayor Trujillo y otros niveles inferiores. Cuando ocurre ésto, el primer conocimiento que tengo, como Jefe de Estado Mayor, yo lo vengo a ver en el periódico La Prensa, que lo denuncia, pero resulta que cuando me denuncian ésto yo averiguo, es más, en la noche anterior se hace un comunicado que lo firma el Coronel Ow Young, si mal no recuerdo, y yo incluso, oyendo el comunicado cuando el G-2 me da a mí toda la información en el sentido de que se estaba hablando y que iba a aparecer en el periódico La Prensa que Hugo Spadafora había desaparecido, etc., y que no había nada de eso, que ellos tenían conocimiento de que andaba por otro lado, una serie de cosas de ese tipo...

      Pregunta: ¿Sabemos la fecha de ésto?

      Respuesta: Ahora mismo no ubico la fecha. El l5 (de septiembre de l985) fue la publicación; martes l3, el cadáver se encontró el l4... pero yo no tengo realmente información de eso, si no hasta que lo veo en el periódico realmente, de la muerte, o sea de su... Entonces, como yo estaba encargado de la Comandancia, yo llamo, en primer lugar, al Coronel Ow Young, que es el G-2, que me dice que él no sabía nada. Llamo al Mayor Córdoba, que estaba en Chiriquí, y lo interrogo fuertemente, y me dice que él no sabía nada tampoco y, además, me dice que Hugo Spadafora no había muerto en Chiriquí, y llamo al Mayor Madriñán, Jefe del DENI, y me dice que Hugo Spadafora no había muerto en Chiriquí, que ellos no conocían nada, pues hasta el momento en que aparece el cadáver, del área de Costa Rica, él se encontraba en Europa. Luego yo averiguo, trato de averiguar más, que él había estado llamando a David, realmente, ya por elementos esos y otros en Chiriquí, a mí no me estaba llamando, y a mí me indicaba que estaba en una clínica, cuando traté de contactarlo un par de veces para darle información. Esto ya me puso absolutamente en recelo, sobre todo estando yo aquí, porque él no era precisamente un hombre que juega limpio, no, y yo sigo presionando, sobre todo a Córdoba, lo cito a Panamá, me pone excusas, y realmente evade la responsabilidad de asistir, bajo la orden mía, que debía estar en ese momento. Pero Córdoba ha sido uno de los mayores favoritos que él tiene, de modo que, naturalmente, si yo entiendo ahora que él le estaba diciendo "No vayas a Panamá, no vayas a donde Díaz Herrera, y niégale la información", pues no me la daba, se sentía mucho más protegido, igual que Madriñán.

      Luego de eso, ocurre el caso Hoffman. Cuando ocurre el caso Hoffman, a mí me llama el Coronel Justine; eso es bueno ahora que lo recuerde, y me dice que habían enviado a un alemán que tenía una serie de informaciones sobre el caso de Hugo Spadafora, pero, que como yo tenía más "feeling" que él, ahí hay algo que realmente ahora recuerdo, muy curioso, él iba a hacer que me lo llevaran a mí, el Inspector Dimitilo Córdoba, del DENI. Entonces yo empiezo a hablar con este hombre. Yo lo sentía un poquito nervioso, pero, no obstante, creí que era el nerviosismo propio del tipo de declaraciones que él estaba dando. Y realmente, tengo que reconocer que fui absolutamente engañado por este señor, que es un... en fin... ahora me doy cuenta que es un mitómano, arreglado, y sé que él tenía conexión con él desde hace tiempo. Yo llego a engañarme tanto, que con el Legislador Alfredo Oranges en mi despacho, creyendo que realmente teníamos a un hombre que sabía muchísimo del caso, yo hago que Oranges trate de contactar a Winnie Spadafora, cuando ya iban ellos para Chitre, y llamo yo a la base de Río Hato a la Guardia Nacional, al Capitán ...

      Pero digo, ante los hechos esos, de todo lo que él decía que conocía del crimen de Spadafora y toda esa madeja que está escrita por ahí, honradamente, me engañaron. Y yo trato entonces de evitar que la familia Spadafora tenga más sufrimientos y más problemas, cuando creo que hay un hombre ya, clave, en el asesinato, y trato de decirle, con Alfredo Oranges, que le manden razón y que incluso paren a la familia Spadadora, a Winnie en particular, porque había un hombre, y no sólo eso, sino que llevo a la televisión al hombre, y saco eso en vivo, procurando evitar una masacre en el país, creyendo que teníamos una pieza clave, realmente, pero todo fue realmente una madeja y un engaño, fraguada por la propia gente que trabaja con el General Noriega... Por lo cual es él mismo el que fraguó todo eso, y eso lo fragua para tratar de deshacerse de un enemigo tremendo que él tenía que le señalaba cosas, a través de un viaje a Europa de él, y que cualquier responsabilidad de calle o población (la opinión pública) incurriese en la responsabilidad que yo tenía en ese momento...

      Pregunta: ¿Por qué usted estaba allí y...?

      Respuesta: Aparentemente al mando, como digo, porque realmente él siempre me ha dado mandos limitados, es decir, él tenía contacto con todos los oficiales y ...

      Pregunta: En este grupo que hacía los crímenes, ¿puede nombrar a los elementos o a las personas que había en ese grupo?

      Respuesta: Bueno, mire, la relación, yo diría, más importante que tengo yo con el caso Spadafora es cuando yo me doy cuenta que en Chiriquí se había fraguado todo, o gran parte de la ejecución, el crimen, bajo la dirección del Mayor Córdoba, y con personal subalterno, que se ha señalado, el Cholito, el otro... no se qué, "Bruce Lee".;.. y que es "Bruce Lee" el que hace la cosa... Entonces yo vuelvo al Coronel Justine bien preocupado, por lo menos yo estaba preocupado, yo no sé el Coronel Justine, y en lo que él tiene de oficina en Amador yo lo emplazo ahí a que entregue a los responsables, y él me dice que él no puede entregar al Mayor Córdoba. Entonces yo me doy cuenta de que él está protegiendo al Mayor Córdoba. Entonces, frente a eso yo asumo también otra actitud un poco táctica. Le digo, "OK, entrega por lo menos a los que ejecutaron el crimen, es decir, a los ejecutores físicos del crimen, que serán sargentos, cabos, lo que sea, y le digo, protege, si quieres, a Córdoba... Pero ahí yo también me estoy cubriendo de él porque ya yo estoy entrando en una cosa de decirle "yo sé que tú eres", y eso era realmente peligroso. Y entonces todavía le agrego yo, le digo: "Y después de que estén implicados oficialmente, hombre, a los siete, ocho meses cuando se cierra el caso, tú los haces ir para Israel --así le dije-- con el General Harari, tu amigo, y les das un dinero, y que se vayan para allá y que se fuguen". Pero naturalmente yo quería ganar un poco de tiempo en eso. El dice estar a punto de hacerlo, pero luego que se compromete un poco a realizarlo, yo me voy y me doy cuenta de que hace todo lo contrario.

      Porque, naturalmente, él estaba involucrado y no podía entregar a una pequeña pieza, porque después de esa pequeña pieza había una pieza mediana, y de la pieza mediana ahí va subiendo a todo. Así que esa es ya la parte, yo diría, en que yo trato de forzar una situación por lo menos para que a niveles inmediatamente de ejecución física pudiera haber algún elemento, porque de todas maneras, con la bomba que había en Panamá, ya le iba a ser quizás muy difícil a él, realmente, impedir que todo siguiera subiendo.

      Pregunta: Recogiendo un poco de la planificación del crimen, había alguna razón para pensar que ... o sea, ¿cuál es el papel de Noriega en ésto, en la planificación anterior, o sea, él se fue a Europa, no, mientras el crimen se cometía? Pero anteriormente él tenía alguna relación con el grupo, él dio órdenes directas, ¿cómo es la relación?

      Respuesta: Yo no estoy tan claro en eso, específicamente. Yo lo que presumo es que él dejó andando un plan, que tiene que ver mucho con la capacidad que tenía de hacer espionaje electrónico y, en fin, con ... el tipo de conexión que ha tenido siempre con algunas autoridades de policía de Costa Rica, que seguramente han estado siguiendo a Hugo allá, y mandando información... y además pagándoles... El tiene mucho servicio en el exterior pagado.

      De modo que monta un plan, se va para el exterior, y deja el plan andando. Yo no tengo duda de que así ocurrió, aunque no tengo pruebas concretas, pero estoy seguro de que eso fue lo que ocurrió.

      Pregunta: Y ¿hubo algunas pláticas con Noriega después sobre el crimen que se le podría implicar a él en alguna forma?

      Respuesta: No, no. Después de que yo le hago presión allí, en Amador, y me doy cuenta, inmediatamente, que si él no quiere entregar a nadie, si era un cabo o un sargento, es que él estaba involucrado. Y entonces en ese momento yo sencillamente paso a otra etapa, porque no voy tampoco a estarle diciendo que él fue el criminal.

      Pregunta: Entonces, lo que yo he entendido aquí es que usted implica a un grupo organizado dentro de la Guardia Nacional en el asesinato de Hugo Spadafora, que incluye, por lo menos, al Coronel Córdoba...

      Respuesta: Al Mayor Córdoba.

      Pregunta: ... ¿y otros subalternos debajo de él. ¿Hay otros a su propio nivel que ...?

      Respuesta: El Mayor Madriñán. Y el Capitán del Cid. Mario del Cid.

      Pregunta: ¿Por lo menos ellos, como oficiales, usted implica en el asesinato de Spadafora? Y, segundo, este grupo ¿operó bajo las órdenes de Noriega?

      Respuesta: Directamente. Ese grupo siempre se entendió directamente con el General Noriega. Además, es un grupo que le consta a otros miembros del Estado Mayor, no se si lo van a decir ahora, que jamás se someten a órdenes de más nadie. Es un grupo, totalmente, diríamos, casi autónomo de otros miembros...

      Pregunta: ¿Dentro de la Guardia Nacional?

      Respuesta: Sí, es decir, operan con una gran libertad porque están prohijados directamente por el General Noriega.

      Pregunta: ¿Tenían ellos reuniones, por ejemplo, con Noriega directamente?

      Respuesta: Es un grupo muy íntimo, incluso, de tomar tragos, etc. El Mayor Córdoba ha sido un hombre muy alcoholizado, al extremo que allá en Chiriquí, en público, en la madrugada, a las seis de la mañana, haciendo ráfagas de ametralladora, y cosas de ese tipo. De manera que debe tener también otro tipo de problemas, el...

      Pregunta: Y la manera en que usted vé que este grupo, incluso el Mayor Córdoba, fueron responsables del asesinato fue en parte por la charla, por la plática, que usted tuvo con él después, o sea, ¿tenemos aquí grabada alguna conversación entre usted y el Mayor Córdoba? y si recuerdo bien lo que dijo, que no estaba dispuesto a dudar de las personas implicadas.

      Respuesta: Eso es interesante. Mira. Cuando antes de la reunión en Amador, que eso es bueno que lo diga..., que yo me doy cuenta, llamando a Córdoba, pidiéndole "Qué pasó, qué pasó, que pasó? El dice, "No, nada". Entonces, ya después yo recibo información de que realmente el crimen se había cometido en Chiriquí, entonces yo empiezo, ante Córdoba, sobre todo no estando Noriega aquí en Panamá, a jugar otro tipo de papel. Entonces le digo, "OK, Córdoba, ya sé que lo hicieron. ¿Qué pasó, entonces? Dime, ¿quién es la gente?, para tratar de ayudar. Pero él entonces me niega toda información, y ya después lo que pasa él a decirme es que él tiene todo amarrado, o sea, eso es muy importante que yo lo diga. Entonces, yo compruebo que Córdoba está metido en el caso, absolutamente. Eso me hace, cuando llega el General Noriega, porque el General Noriega pasa de Europa a Nueva York. En Nueva York yo le digo "Vente acá". Y allí es donde ocurre lo que yo he contado ahora, que sólo La Prensa lo sacó hace poco. Realmente yo no sé de dónde buscó la información, porque fue bastante acertada, yo creo que fue de Guillermo Sánchez Borbón. Yo planeé darle un golpe a Noriega en virtud del caso Spadafora, y cuando el Coronel Castillo y el Coronel Justine nos ponemos de acuerdo, más yo, sobre todo, y sabiendo que podía ser vendido, pero ellos también tenían interés, no por el caso Spadafora, sino por la sucesión dentro de la Institución, de tratar de darle propiamente un golpe al General Noriega.

      Pero yo tenía muy poca capacidad de movilización, tácticamente. Todos los Comandos importantes, como ahora, están al mando directo del General Noriega. Bueno, y es natural. Yo sólo me tomo un chance con el Mayor Palacios Góndola en el Batallón 2000 en Cimarrón, porque, no tengo que decirlo aquí, pero hemos mantenido muy buena relación y es una magnífica persona, y le ordeno que traslade el Batallón a Panamá. La mitad del Batallón. Yo estaba esperando que Castillo reaccionara, porque como G-3 --Justine menos, realmente-- pero como G-3 era el que tenía por lo menos formalmente a sus órdenes lo que son unidades de combate. Si lo hubiera logrado, realmente --bueno, eso es historia pasada-- concentrar, sobre todo, por una compañía que nos custodiaba, al mando del Capitán Giroldi, que es un hombre que definitivamente me tenía vigilado a mí, siempre, y que era la que nos daba seguridad en el área, yo quise tener un contrapeso en la propia área del cuartel central, para tratar incluso de provocar, con el Dr. Nicolás Ardito Barletta, que tenía y mostraba interés, por lo menos hasta donde lo observé yo, y nombrar una comisión de investigación que coordináramos Presidencia y un golpe a nivel interno (Militar). No era fácil, realmente, y yo corría un riesgo enorme. Que él tiene tropas ahí a nivel de tres kilómetros en Amador, que son las tropas que le han entrenado los israelíes, porque es una tropa absolutamente peligrosa cuando es enviada a una misión. Y yo lo he podido probar, porque, por un ardid, cuando a quince días antes de jubilarme, yo mando media escolta mía a entrenarse allí, y me la entrena, efectivamente, por primera vez, y se lo pido con un ardid que hago, diciéndole al Coronel Castillo que yo tenía una tropa llena de vagos, y de comedores de restaurantes, y que yo quería sacarles el jugo, que me los entrenaran y, curiosamente, me lo aceptan, entonces el Subteniente Ochoa, que era un jefe de mi escolta como con ocho hombres más, me los entrenan y yo veo la capacidad que tienen porque en quince días me los pusieron... gran entrenamiento, a pesar de que no fue tan intensivo como el que ellos tomaron en Israel.

      De manera que yo sabía que con una sola orden telefónica del Capitán Giroldi, la Compañía Urraca me arrestaba. Y además yo no podía transmitirle tanto al Mayor Palacios Góndola porque yo no podía comprometerlo y, además, yo no sabía cómo iba a reaccionar si yo le decía "Mira, lo que tratamos es de darle aquí un golpe al General Noriega". Eso era muy difícil. Luego, él se pone nervioso y por primera vez me llama, diciéndome: "¿Qué pasa, que estás moviendo tropas?" Luego se pone nervioso Justine también, y Castillo: "Bueno, Coronel, ésto ¿para qué?" Entonces yo lo que digo es, "Mira", y ahí me cubro, "Yo estoy..". --como ellos tienen algún respeto, que hay que tenerlo por mi capacidad política, yo les digo, "Mira, aquí va a haber tal reacción frente a lo de Spadafora en la calle, que tenemos que tener tropa; tenemos que tener un elemento de mayor escalón en el cuartel central". Entonces yo juego con esas dos ideas, pero tengo una angustia tremenda, y luego, cuando yo lo hago venir de Nueva York, que él quería quedarse una noche más allá, todavía buscando tiempo él para ver si se enredaban más las cosas en Panamá, y seguramente yo fuera enjuiciado por ser el Comandante de turno, él quiere tomar más tiempo, pero entonces el hecho de haber movido yo tropas, porque las moví a la fuerza, es decir, presioné y Palacios Góndola me hizo caso --otro Mayor no me hace caso, y se fue medio batallón-- cuando yo veo también el nivel de riesgo, una parte de ese medio batallón la pongo en el tránsito, que estaba bajo las órdenes de mi cuñado, el Mayor Sifiro, que fue una protección también, para tener unas cosas allí, y al Mayor Palacios lo traslado al Cuartel Central por una compañía. Pero en ese momento y observo que tanto Justice como Castillo se echan para atrás. Entonces cuando Justine y Castillo se echan para atrás, me quitan mi póliza de seguro, y yo entro en lo que aquí en Panamá le llamamos "Rifa Time" ya, es decir, en una acción desesperada que hay que tomar cualquier decisión, y yo aprovecho ahí, ante la supervivencia mía como del Dr. Barletta, y además, no tenía mayores escrúpulos también en hacerlo, desde el punto de vista ético, porque yo mismo he sustentado que con él y los Magistrados se hizo el fraude, yo decido entonces llamar a una serie de gente política como el Dr. Bethancourt, el propio Presidente del Valle y, en fin, veinte o treinta gentes, y cambio la cosa en función de que Nicolás Ardito Barletta estaba tratando de tumbar al General Noriega con el caso Spadafora. Entonces, ahí le dimos toda la vuelta al asunto, y empiezo yo a presionar al Dr. Barletta para que salga cuando él llega acá. Entonces, cuando él llega acá lo que hago yo es cambiar todas las direcciones de las cosas y enfrentarle al Doctor Barletta ya como el móvil real de todo mi movimiento.

      Pregunta: Entonces ¿usted implica a la Guardia Nacional, específicamente un grupo dentro de la Guardia Nacional...?

      Respuesta: Un grupo, un grupo, un grupo. Ha habido muchísima gente que, como yo, no supo nada...

      Pregunta: ... Bajo el mando directo del General Noriega en la muerte de Hugo Spadafora.

      Respuesta: Que murió en territorio panameño. Y puede usted informar que a nivel de cualquier ente internacional yo sustento lo que he dicho ahí.

      Pregunta: Muy bien, muy bien.

      Respuesta: Manifiesto que las anteriores declaraciones constituyen un testimonio sobre mis conocimientos en relación con los hechos acaecidos en torno al asesinato del Dr. Hugo Spadafora.

      Panamá, l0 de junio de l987.

      (Firmado) CORONEL (R) ROBERTO DIAZ HERRERA

  20. Que los peticionarios, con fecha 17 de julio de 1987, al interponer sus observaciones ante la Comisión, reiteraron una vez más, que a pesar de que el Gobierno de Panamá había presentado hasta la fecha tres documentos constitutivos de su posición en el caso en referencia, ninguno de ellos desvirtuaba la prueba documental y testimonial que ellos habían acompañado.

    Asimismo, los denunciantes sostuvieron textualmente que:

    El Gobierno de Panamá presenta una visión incorrecta de la función de la Comisión. En primer lugar, porque las determinaciones fácticas de la Comisión se deben basar en toda la evidencia ante la Comisión, de cualquier origen, declaraciones de testigos oculares presentadas o no a las cortes panameñas; declaraciones de oficiales de las F.F.D.D., de alto nivel; o informes oficiales del Gobierno costarricense. Sería arbitrario desatender cualquier prueba relevante. En segundo lugar, porque la Comisión no tiene la función de una corte de casación o de un tribunal de apelación de las decisiones internas de los países miembros de la Convención, sino que basa sus decisiones en el derecho sustantivo de la Convención y en el derecho internacional, y no en el derecho interno. Esto último es relevante respecto de la violación al Artículo 25 de la Convención. En lo concerniente al derecho a recurso judicial contemplado en el Artículo 25 de la Convención, obviamente se deberá determinar por lo menos si se han cumplimentado los distintos pasos procesales requeridos por el derecho interno.

    Sin embargo, la determinación de la existencia de una violación al Artículo 25 no restará exclusivamente en ello: El examen de las formalidades procesales no garantiza la protección al derecho a un efectivo recurso judicial.

    Tal como lo hemos fundamentado en las observaciones con fecha 2 de octubre de 1986, el Gobierno ha conducido una instrucción sumaria claramente inadecuada.

    Por último los denunciantes señalaron que no era un punto controvertido el determinar si los recursos internos se encontraban agotados o no, puesto que ambas partes estaban contestes en que éstos sí se encontraban agotados.

  21. Que la Comisión, con fecha 20 de julio de l987, solicitó al Gobierno panameño el envío de los siguientes documentos:

      Providencia del 17 de septiembre de 1985 del señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, al Cuarto Tribunal Superior de Justicia;

    1. Vista Fiscal No. 139 del 31 de diciembre de 1985 del señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, al Cuarto Tribunal Superior de Justicia;

    2. Auto de 7 de febrero de 1986 del Cuarto Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial;

    3. Vista Nº 28 del 25 de junio de 1986 del señor Procurador General de la Nación a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia;

    4. Auto del 27 de junio de 1986 de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia referida a la mencionada Vista Nº 28;

    5. El Informe de la Asamblea Legislativa sobre los hechos que motivan el caso citado.

    Asimismo, la Comisión solicitó al Gobierno de Panamá información acerca de las gestiones realizadas por el Poder Judicial de Panamá en relación con las declaraciones formuladas por el ex Presidente de la República de Panamá, señor Nicolás Ardito Barletta, y por el Coronel Roberto Díaz Herrera.

  22. Que la Comisión, con fecha 21 de julio de 1987, transmitió al Gobierno de Panamá las observaciones formuladas por el peticionario con fecha 17 de julio de l987, otorgándole un plazo de 45 días para enviar su respuesta.

  23. Que el Gobierno de Panamá, el 8 de septiembre de 1987, en nota número D.M. Nº 573 de la Misión Permanente de Panamá, envió los documentos que le fueron solicitados en 20 de julio de 1987 y sus observaciones a la Comisión, las cuales se transcriben a continuación:

    Tengo el agrado de referirme a las comunicaciones de esa Secretaría Ejecutiva, de fechas 20 de julio de l987 y 2l de julio de l987, mediante las cuales se formulan diversas peticiones al Gobierno de la República de Panamá relacionadas con el CASO 9726, informes que pasamos a solventar conjuntamente, de la siguiente manera:

    1. Desde el día 8 de julio de l986, mediante nota DM Nº 576 de 2l de julio de l986, el Gobierno de Panamá expuso una relación detenida y pormenorizada tanto de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, como de los hechos y circunstancias objeto del procedimiento en investigación de la muerte del ciudadano panameño Hugo SPADAFORA.

      Manifestábamos en aquella ocasión que, mediante auto de 7 de febrero de l986, el tribunal de la causa decidió sobreseer definitivamente a los encartados, sin embargo, tal decisión no cerró de manera definitiva la investigación. No obstante, hasta esa etapa procesal se habían agotado los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico en materia jurisdiccional.

      Ahora bien, el sobreseimiento provisional recaído sobre la investigación, según el Artículo 2l38 del Código Judicial vigente en aquella ocasión, posibilitaba la reapertura de la misma en el evento de que se presentasen nuevas pruebas, es decir, nuevos elementos de convicción que sirvan para determinar la ocurrencia o no de un hecho, el cual es materia de determinación en un proceso penal.

      Habiéndose iniciado entonces un trámite a través del cual el ciudadano Winston SPADAFORA FRANCO, solicitó que se investigase la presunta participación del General Manuel Antonio NORIEGA en el asesinato del Doctor Hugo SPADAFORA FRANCO, es de importancia destacar que aún cuando se hubiesen considerado como agotados los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, frente al sobreseimiento provisional la presencia de una supuesta nueva prueba obliga a esperar la valorización que de ella realice el órgano jurisdiccional, a fin de determinar si se da o no la reapertura de la encuesta.

      Mediante auto de 27 de junio de l986, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, valoró las supuestas pruebas presentadas por el peticionario y determinó que las mismas no poseían "el mérito suficiente, por su pertinencia y eficacia, base para proceder conforme a la pretensión de una nueva investigación, para lo cual había que proceder a reabrir el sumario...". Recordemos que la petición se fundamentó en recortes periodísticos carentes de asidero fáctico que determinase responsabilidad criminal.

      En aquella ocasión expresamos "que se han agotado sobre el particular, todos aquellos procedimientos jurisdiccionales establecidos por las leyes de la República de Panamá". Obviamente nos referíamos al trámite judicial de reapertura del proceso, iniciado a instancias del ciudadano Winston SPADAFORA FRANCO.

    2. Mediante nota DGOCTI/DOI/171, de 28 de enero de l987, el Gobierno de Panamá opinó sobre la documentación contentiva de la demanda suplemental presentada por los peticionarios.

      Consideramos en aquella ocasión que la demanda suplemental plantea una multiplicidad de afirmaciones carentes de veracidad y objetividad, totalmente ajenas al eje del caso planteado.

      Expusimos en aquella ocasión que a juicio nuestro, los trámites ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben contener una estricta relación conducente y pertinente al logro de la supuesta comprobación de lo planteado, razón por la cual consideramos inepta la demanda suplemental, por contener la misma una relación especulativa de afirmaciones completamente ajenas a la tramitación del caso antes mencionado.

      Consideramos pues, que las afirmaciones contenidas en la demanda suplemental constituyen una serie de exposiciones inconducentes y eminentemente subjetivas, las que aún cuando son carentes de veracidad, no merecen mayor consideración dada su inconducencia e impertinencia en relación al caso objeto del trámite que se surte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

      Finalmente, se consideró que "en el proceso que ha motivado la petición de información que remitiese a nuestro país la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido cumplidos los procedimientos constitucionales y legales aplicables a la materia, y se han respetado todas y cada una de las garantías procesales consagradas por nuestro ordenamiento jurídico".

      Obviamente que lo anterior hace clara relación con el respeto a los derechos procesales consagrados en el debido proceso legal panameño.

    3. Mediante nota DV Nº 082 de 25 de mayo de l987, el Gobierno de Panamá opinó sobre el documento contentivo de los comentarios expuestos por los peticionarios, a la respuesta del Estado panameño.

      En esta ocasión expusimos que el informe que las autoridades instructoras de un Estado eleven al conocimiento de esa Comisión debe fundamentarse exclusivamente en los hechos y circunstancias que les consten; en nuestro caso los hechos y circunstancias que constan en las investigaciones realizadas, las cuales se reúnen en un expediente al que nuestra ley procesal penal denomina sumario.

      Opinamos en aquella ocasión que el caso designado bajo el Nº 9726 se refiere a los hechos que ocasionan la muerte del Doctor Hugo SPADAFORA FRANCO, en consecuencia, toda afirmación ajena a tan lamentable hecho, debe ser, por completo, considerada ineficaz por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

      Expusimos que en el orden estrictamente jurídico, y teniendo presente el hecho que interesa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consiste en determinar si se han cumplido o no los trámites propios de la jurisdicción interna del país, tendientes a la determinación de la existencia del delito y sus responsabilidades.

      Quedó claro en aquella ocasión que "los trámites de la jurisdicción interna han sido cumplidos, lo que no obstante, no debe ser interpretado como el cierre definitivo del trámite de investigación correspondiente", y añadimos que "en el evento de que surgiesen nuevas pruebas el sumario puede ser reabierto".

      Ahora bien, a instancias del propio peticionario se inició un trámite judicial tendiente a la reapertura de la investigación, sin embargo, la ausencia de nuevas pruebas determinó la decisión de 27 de junio de l987 proferida por la Corte Suprema de Justicia.

      En nuestra nota DB Nº 82 de 25 de mayo de l987, a la que nos venimos refiriendo, expresamos que las decisiones que profiera la Corte Suprema de Justicia o sus Salas no admiten recursos de inconstitucionalidad ni de amparos de garantías constitucionales en su contra, razón por la cual el Gobierno de Panamá considera que se han agotado, sobre el particular, todos aquellos procedimientos jurisdiccionales establecidos por las leyes de la República de Panamá.

      Obviamente que nos referíamos al trámite de reapertura del proceso intentado a instancias del propio peticionario, pero no de la situación procesal creada por el auto de 7 de febrero de l986, proferido por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia, el cual calificó la investigación ordenando sobre la misma un cierre provisional.

    4. Los anteriores comentarios determinan que las respuestas que el Gobierno de Panamá ha emitido presentan cuatro aspectos básicos a saber:

      1. A. Que el trámite que se surte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende probar la responsabilidad del Gobierno de Panamá por la supuesta violación de los derechos consagrados en los Artículos 4, 5, 7, l3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los hechos a que alude el Caso Nº 9726.

      2. Que los documentos presentados como sustentatorios de dichos trámites no prueban que en efecto el Gobierno de Panamá es responsable de tales supuestas violaciones.

      3. Que el Gobierno de la República de Panamá, concretamente el órgano jurisdiccional competente, en todo momento ha cumplido con el debido proceso legal, garantizando a los familiares de la víctima la efectiva utilización de los recursos propios de la jurisdicción interna, conforme se han sucedido las distintas fases procesales.

        CH. Que la decisión del tribunal calificador de la investigación, plasmada en auto de 7 de febrero de l986, no ha sido variada y por tanto, conforme lo establece el Artículo 2l38 del Código Judicial vigente en aquel entonces, y repite el Artículo 2213 del Código Judicial actual, el sobreseimiento provisional no concluye definitivamente el proceso y en cualquier tiempo en que se presenten nuevas pruebas del cargo, puede reabrirse la investigación.

        Oportuno es destacar el hecho de que conforme al propio Artículo 2213, equivalente al anterior 2138, el sobreseimiento provisional sólo se eleva a definitivo cuando la acción penal se encontrare prescrita, lo que evidentemente no ha ocurrido, razón por la cual no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna para los efectos de lo contemplado por los Artículos 35, literal a) y 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

        Veamos cada elemento por separado:

        A. Pretensión del peticionario en probar que el Gobierno ha violado los Artículos 4, 5, 7, l3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los hechos a que alude el Caso Nº 9726.

        1. Los Artículos 4, 5, 7, l3 y 25 de la Convención se refieren al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, al derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y el derecho a la protección judicial.

        2. La violación de los derechos consagrados en los Artículos 4, 5 y 7 de la Convención requieren demostrar la participación del Gobierno en los hechos relativos al homicidio; la violación de los derechos consagrados en el Artículo l3 requiere demostrar que no ha habido libertad de pensamiento y expresión, y la violación del derecho consagrado en el Artículo 25 requiere demostrar que no ha existido la protección judicial.

        3. Veamos:

            a. La investigación realizada en la jurisdicción del Estado no demostró que el Gobierno tuviese participación alguna en los hechos relativos al homicidio, razón por la cual se rechaza de plano la supuesta violación de los Artículos 4, 5 y 7 de la Convención.

          1. Tanto familiares de la víctima como ciudadanos particulares han utilizado los medios de comunicación social para emitir libremente su pensamiento, razón por la cual no se da la violación del Artículo l3 de la Convención.

            Lo anterior no excluye la existencia de procedimientos jurisdiccionales en el que se estudia la responsabilidad ulterior que puede surgir del ejercicio de la libertad de expresión, conforme lo establece el propio inciso segundo del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que no puede en modo alguno considerarse como violatorio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pues en tales procedimientos deben imperar como en efecto imperan, las garantías procesales establecidas por el ordenamiento jurídico.

          2. No se da la infracción del Artículo 25 de la Convención pues en todo momento los familiares de la víctima han gozado de los recursos judiciales que la ley panameña les otorga.

            Al efecto, los familiares de la víctima tuvieron el derecho a constituir acusación particular conforme lo establecían los Artículos l993 y siguientes del Código Judicial vigente en aquella fecha; tuvieron el derecho a concurrir al proceso a aportar los conocimientos y elementos que decían públicamente poseer sobre el fatal suceso y sobre la responsabilidad criminal; y finalmente, han tenido, como en efecto tienen, la oportunidad de solicitar la reapertura del proceso, cerrado provisionalmente, presentando nuevas pruebas que, no habiendo sido conocidas antes, demuestren la responsabilidad criminal.

            Sobre lo anterior es pertinente detallar por separado cada aspecto, lo que hacemos de la siguiente forma:


          1. Los Artículos l993, l994, l998, l999, 2000, 200l y 2002, principalmente, son los que regulan el derecho que ostentaban los familiares de la víctima respecto a la acusación

            particular. Estas disposiciones expresan:

            "Artículo l993: Acusador es el que pide a la [jus]ticia que castigue a un delincuente, constituyéndose parte y comprometiéndose a probar la verdad de sus aserciones".

            "Artículo l994: Toda persona puede ejercitar la acción penal como acusador, por delito o falta cometido contra sí misma, contra sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o contra aquellos que estuvieren bajo su guarda o de quienes fuere representante legal".

            "Artículo 1998: La acusación se propondrá siempre por escrito, expresándose en ella los nombres del acusador y del acusado, el delito y el lugar y fecha en que se ejecutó, con relación de todas las circunstancias esenciales del hecho, particular. Estas disposiciones expresan:

            "Artículo l993: Acusador es el que pide a la citando las disposiciones legales infringidas y obligándose el acusador a continuar la acusación y a probar la verdad de su relato".

            "Artículo 1999: Todo acusador, a petición del acusado, debe dar fianza de responder de las costas y resultados pecuniarios del juicio, si el fallo le fuere adverso.

            "La fianza se otorgará por medio de una diligencia ante el funcionario de instrucción o el Juez de la causa, con los requisitos que para las obligaciones exige el Código Fiscal, diligencia que se agregará al expediente.

            "La fianza de que trata este Artículo, se constituirá por medio de depósitos en efectivo, prenda o hipoteca".

            "Artículo 2000: La fianza de que se habla en el Artículo anterior será proporcionada en cuanto a su cuantía, a las costas que se calcule tenga que erogar el acusado por defenderse".

            "Artículo 2001: El acusador no será condenado en costas sino cuando la acusación sea declarada falsa y temeraria; y lo será: 1º. cuando el acusador no pruebe de modo alguno la acusación; 2º. cuando se le pruebe que sus testimonios los adquirió por soborno o cohecho; y, 3º. cuando resulte que los documentos que presentó fueron falsificados por él, o que los exhibió con conocimiento de su falsedad".

            "Artículo 2002: No será declarada falsa y temeraria la acusación cuando el acusador haya presentado dos o más testigos para probar su acusación, aunque después hayan sido tachados por otro motivo que el indicado en el Artículo anterior, o que su dicho sea desvanecido por un número mayor de testigos o por documentos de mayor credibilidad".

            Es oportuno mencionar que el peticionario en escrito de 7 de mayo de l986, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que: "En nuestro país no presentamos acusación particular para no avalar con nuestra presencia las investigaciones que desde el primer momento sabíamos que carecían de imparcialidad, tal como quedó demostrado al cerrarse el caso a menos de cinco (5) meses del asesinato".

            La cita antes transcrita demuestra que el peticionario prejuzgó la investigación "desde el primer momento"; que el peticionario no optó por el legítimo derecho de ejercitar él la acción penal como acusador estableciendo el nombre del acusado, el lugar y fecha en que se ejecutó el delito y las circunstancias esenciales del hecho, pudiendo inclusive, conforme lo establecía el Artículo 2002 del Código Judicial, presentar dos o más testigos para probar su acusación y con ello evitar que se le declarase falsa y temeraria, y evitar la condena pecuniaria que le acarrearía lo dispuesto por los Artículos l999 y 2000 del Código Judicial, los cuales antes transcribimos.

            La omisión de acusación particular es sorprendente pues tal y como consta en la investigación realizada por la autoridad competente en la República de Costa Rica, y mediante la copia respectiva que consta en la investigación realizada en Panamá, los señores Ricaute ESQUIVEL RODRIGUEZ y Santos LOPEZ LOBON, testigos supuestos de la detención de la víctima en el primer retén, a dos kilómetros de la frontera, fueron presentados a la autoridad costarricense a través de un familiar cercano del hoy occiso Doctor Hugo SPADAFORA.

            Luego entonces, el peticionario a nivel familiar no sólo poseía el legítimo derecho de acusar, sino que, además poseía supuestos testigos los cuales fueron presentados a la autoridad instructora costarricense.

            Observamos que el peticionario argumentó a la Comisión la no presentación de acusación particular imputando falta de imparcialidad, la que a su juicio, quedó demostrada al cerrarse el caso a menos de cinco (5) meses del asesinato, haciendo de lado el hecho de que conforme lo establece el Artículo 2l25 del Código Judicial, vigente en aquella ocasión, la investigación criminal se debe realizar en período no mayor de dos (2) meses, y la investigación, en este caso excedió sustancialmente dicho período.

            Consta en el proceso, inclusive, que un distinguido jurista local había solicitado, y recibido, copias de la investigación para resolver sobre la posibilidad de instaurar una acusación particular contra él o los responsables del homicidio.

            Finalmente, se destaca el hecho de que la no utilización del legítimo derecho a la acusación particular, fue un acto exclusivo de la voluntad del peticionario y por tanto no imputable en modo alguno al Gobierno.

          2. Los familiares tuvieron el derecho a concurrir al proceso a aportar los conocimientos y elementos que decían públicamente poseer sobre el fatal suceso, y sobre la responsabilidad criminal.

            Al efecto, consta en el proceso que en diversas ocasiones se produjeron gestiones judiciales tendientes a la comparecencia del padre de la víctima quien públicamente había afirmado poseer conocimiento sobre circunstancias y causas de la muerte.

            Consta en el proceso que dicho ciudadano se negó a comparecer argumentando que primero debían comparecer las personas que él acusaba por los medios de comunicación social, no obstante es un punto fuera de toda discusión, que su testimonio era la pieza que pudiera haber aportado la supuesta relación entre el hecho y las personas que acusaba públicamente como autoras.

            En consecuencia, el proceso no sólo se mantuvo abierto a los familiares de la víctima, sino que la autoridad competente intentó en no pocas ocasiones el auxilio de los supuestos conocimientos que los familiares decían poseer, los que como hemos visto no fueron presentados oportunamente.

          3. Los familiares han tenido y tienen el derecho a solicitar la reapertura del proceso, cerrado provisionalmente, previa la presentación de nuevas pruebas que, no habiendo sido consideradas, demuestren la responsabilidad criminal.

            En efecto, el peticionario inició el trámite aludido, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la documentación presentada no poseía el valor probatorio requerido por la ley.

            Tal decisión de 27 de junio de l986, no tiene la virtud de hacer variar la condición relativa y provisional del cierre de la investigación, razón por la cual la misma sólo adquirirá la naturaleza de un cierre definitivo cuando luego de reabierta se condene a los culpables, o cuando, conforme lo dispone la parte final del Artículo 2213 del Código Judicial, prescriba la acción penal, lo cual obviamente no ha ocurrido.

            En mérito de lo anterior considera el Gobierno de Panamá que no se han violado los derechos consagrados en el Artículo 25 de la Convención de Derechos Humanos.

            B. Los documentos presentados como sustentatorios de la petición no prueban que en efecto el Gobierno sea responsable de las violaciones aludidas.

            1. No se ha probado que la víctima fuese vista por última vez, en manos de agentes del Gobierno, elemento éste que constituye, según el planteamiento del peticionario, la base de la presunción de responsabilidad atribuída al Gobierno.

              Al efecto, el análisis de la documentación aportada por el peticionario, que no forma parte de la investigación, carece por completo de pertinencia y conducencia hacia la demostración del hecho alegado, lo que centra el argumento en las pruebas que aparecen en el expediente contentivo de la investigación, las cuales son declaraciones testimoniales de Edwin Noel NUÑEZ y de Alexis Noé BAULES CONCEPCION, rendidas ante autoridad jurisdiccional panameña, y de Ricaute ESQUIVEL RODRIGUEZ y Santos LOPEZ LOBON, rendidas ante autoridad jurisdiccional costarricense.

              Un análisis detallado de lo expuesto por estas cuatro personas demuestra que aún aceptando como válida, en ánimo doctrinal la tesis planteada por ESQUIVEL RODRIGUEZ y LOPEZ LOBON las circunstancias que plantean son invalidadas por las declaraciones de NU EZ y BAULES CONCEPCION. Decimos ésto por dos razones: en primer lugar, porque estos últimos afirmaron que en los retenes no se detienen los vehículos que circulan hacia la frontera; y en segundo lugar, porque en ningún momento estos últimos han afirmado que en el primer retén, ubicado a escasos dos kilómetros de la frontera, fuere detenido el Doctor Hugo SPADAFORA y éste mostrase su cédula a los pasajeros del autobús, indicándoles su identidad y la circunstancia de la detención.

              Si no surge del expediente contentivo de la investigación, el hecho concreto alegado por el peticionario, y si los documentos aportados por él a su petición y a su demanda suplemental, mal puede afirmarse que surge la presunción de culpabilidad que pretende atribuir al Gobierno.

            2. No se ha probado, pues no surge de la investigación ni de los documentos aportados, que existan violaciones a la libertad de expresión y pensamiento, razón por la cual no surge la responsabilidad que en tal sentido se atribuye al Gobierno.

            3. No se ha probado que en el proceso jurisdiccional existan violaciones al debido proceso, concretamente a los derechos procesales que los familiares de la víctima han ostentado, ostentan y que, como hemos explicado, no fueron ejercidos algunos y otros no han sido adecuadamente ejercidos, todo lo cual en modo alguno es responsabilidad del Gobierno.

            C. El Gobierno de la República de Panamá, concretamente el órgano jurisdiccional competente, en todo momento ha cumplido con el debido proceso legal, garantizando a los familiares de la víctima la efectiva utilización de los recursos propios de la jurisdicción interna conforme se han sucedido las distintas fases procesales.

            1. De ello dan cuenta las explicaciones vertidas anteriormente en relación con el derecho a la utilización de la acusación particular; la posibilidad de concurrir al proceso a aportar el conocimiento y las pruebas que se decía poseer, y el derecho a presentar pruebas nuevas como medio apto para la reapertura de la investigación.

              Todas estas figuras procesales que, como hemos expresado no fueron ejercidas por los familiares de la víctima, o fueron ejercidas inadecuadamente.

            2. No existe, además, un solo argumento o prueba alguna que establezca que el órgano jurisdiccional ha incumplido con la protección judicial a que alude el Artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual son infundados los cargos hechos en tal sentido.

              CH. No se han agotado los recursos de la jurisdicción interna para los efectos concretos de lo dispuesto por los Artículos 35, literal a) y 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

              1. El auto de 7 de febrero de l986 proferido por el Cuarto Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, es la única decisión jurisdiccional que tiene la virtud de calificar la investigación y dicha decisión, como ya lo hemos expresado, determina un cierre relativo o provisional que, conforme lo dispone el Artículo 2138 del Código Judicial vigente en aquella fecha, y conforme lo dispone el Artículo 2213 del actual Código Judicial la institución de la reapertura del proceso subsiste, y únicamente fenece cuando la acción penal prescribe convirtiendo dicho cierre en definitivo.

              2. Existiendo, como en efecto existe, una medida de carácter provisional sobre la investigación no puede, conforme lo establece el Artículo 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerarse que se han agotado e interpuesto los recursos de la jurisdicción interna.

                Veamos detenidamente:

                1. Existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados. Ello posee rango constitucionaly en el presente estudio hemos expuesto los derechos procesales que ostentan los familiares de la víctima, razón por la cual no se cumple con lo dispuesto por el literal a) del inciso 2) del Artículo 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

                2. Se ha permitido y se permite a los familiares de la víctima, el acceso a los recursos de la jurisdicción interna y no se les ha impedido agotarlos. Ello ha sido ampliamente explicado con anterioridad al establecer que fue decisión voluntaria de los familiares de la víctima no interponer acusación particular, ni concurrir a la investigación para aportar sus supuestos conocimientos; en tanto que tampoco han presentado nuevas pruebas que tengan el mérito legal de la reapertura del proceso.

                  Lo anterior determina que no se da tampoco el presupuesto contenido en el literal b) del inciso 2) del Artículo 37 del Reglamento aludido.

                3. No ha existido retardo alguno en la decisión de los recursos mencionados, lo cual no requiere mayores explicaciones para concluir en que tampoco se produce lo preceptuado por el literal c) del inciso 2) del Artículo 37 del Reglamento en cuestión.

              3. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha solicitado se informe "acerca de la consideración concedida por el Poder Judicial de Panamá a las declaraciones formuladas por el ex Presidente de la República de Panamá señor Nicolás ARDITO BARLETTA y por el Coronel Roberto DIAZ HERRERA, fotocopia de las cuales se adjuntan a la presente, con relación a los hechos que motivan el caso de la referencia".

                Pues bien, la consideración del Poder Judicial sólo podrá ser informada cuando el Organo Judicial la adopte, lo que comprueba que conforme lo establece el Artículo 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la petición no puede ser admitida hasta tanto se reabra el proceso de la jurisdicción interna y concluya con sentencia definitiva, o prescriba la acción penal convirtiendo el cierre provisional de la investigación en definitivo.

              4. Las consideraciones expuestas por el Gobierno de Panamá, mediante notas DM Nº 576 de 2l de julio de l986, DGOCTI/DOI/171 de 28 de enero de l987 y DV Nº 082 de 25 de mayo de l987, en modo alguno han pretendido limitar la competencia de la Honorable Comisión de Derechos Humanos, sino muy por el contrario, han pretendido exponer con precisión una relación detenida de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, y de los hechos y circunstancias objeto del procedimiento en investigación de la muerte del ciudadano panameño Hugo SPADAFORA.

                Hemos expuesto anteriormente, y ahora con mayor detenimiento, la duda razonable de la utilidad práctica que surja de la presentación de supuestas nuevas pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existiendo en la jurisdicción interna del Estado el recurso apto para su consideración, y existiendo en la reglamentación de la Honorable Comisión normas relacionadas con la materia.

                Lo anterior sustenta la conceptualización expuesta, en el sentido de que resulta incongruente someter al Estado al análisis de supuestas nuevas pruebas, a través de los procedimientos del sistema interamericano que tutela los derechos humanos, existiendo en la legislación interna del Estado los recursos jurisdiccionales aptos para el conocimiento de los nuevos elementos de convicción.

              5. En mérito de los anteriores conceptos, el Gobierno de Panamá considera lo siguiente:

                1. Que el Gobierno de Panamá no ha violado los Artículos 4, 5, 7, l3 y 25 de la Convención, como lo solicita el peticionario.

                2. Que la Comisión no debe recomendar al Gobierno de Panamá la realización de una investigación completa e imparcial, libre de la influencia de las Fuerzas de Defensa, de manera que todos los responsables sean juzgados conforme al derecho panameño, como lo solicita el peticionario, pues conforme al derecho panameño existen los recursos legales para considerar las nuevas pruebas que sustenten los cargos que los peticionarios alegan, todo lo cual es sustanciado por el Ministerio Público y decidido por el Organo Judicial, instituciones éstas que funcionan con total independencia de otros órganos y poderes del Estado.

                3. Que resulta innecesario, en mérito a la explicación anterior la concesión de término alguno para la realización de investigación pues de reabrir el proceso, conforme al derecho panameño, nuestra legislación posee la regulación de los términos pertinentes.

                  ch. Que resulta innecesario que se requiera al Gobierno de Panamá que cese o asegure el cese de toda intimidación a la familia SPADAFORA y toda otra persona que se haya involucrado en este caso, como lo solicita el peticionario, pues no ha sido probado y no existe conocimiento alguno sobre actos de intimidación como los alegados.

                  En mérito de las anteriores consideraciones, el Gobierno de Panamá considera, además, que conforme lo dispone el Artículo 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la petición no puede ser admitida porque no se interpusieron, no se han interpuesto, y no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, y no se dan las excepciones contenidas en el inciso segundo, literales a), b) y c) del mencionado Artículo 37 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal y como ha sido, en detalle, explicado con anterioridad.


              6. Para los fines pertinentes adjunto a la presente se envían copias debidamente autenticadas de los siguientes documentos:

                1. Providencia de l7 de septiembre de l985 proferida por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial.

                2. Vista Fiscal Nº l39 del 3l de diciembre de l985 proferida por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial.

                3. Auto de 7 de febrero de l986 proferido por el Cuarto Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

                  ch. Vista Nº 28 de 25 de junio de l986 proferida por la Procuraduría General de la Nación.

                4. Auto de 27 de junio de l986 proferido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

                  Como quiera que a la fecha no ha sido posible obtener copia del informe de la Asamblea Legislativa toda vez que dicho Organo se encontraba en receso y recién reanudó labores el pasado primero de septiembre. Oportunamente y tan pronto nos sea remitido dicho informe, el mismo le será enviado para los fines pertinentes.


  24. Que los peticionarios, el 21 de septiembre de 1987, enviaron sus observaciones a la Comisión, las cuales se transcriben a continuación:

    El 7 de mayo de 1986, el Dr. Winston Spadafora Franco presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la arbitraria detención y subsiguiente tortura y asesinato de su hermano, el Dr. Hugo Spadafora Franco, por el Gobierno de Panamá. En agosto 6 de 1986, la Comisión dio traslado de la Petición al Gobierno de Panamá. Este respondió el día 21 de julio de 1986. Por medio de nota fechada el 11 de agosto de 1986, la Comisión dio traslado de dicha respuesta del Gobierno, notificando que dentro del plazo de 45 días se debían realizar las observaciones deseadas a dicha respuesta.

    El 25 de septiembre de 1986, el peticionante y el International Human Rights Law Group como co-peticionante presentaron las observaciones a la respuesta del Gobierno de Panamá y una Petición Suplementaria, acompañada por un anexo con prueba documental. La Comisión dio traslado de toda la documentación presentada por los peticionantes. El Gobierno respondió con fecha 28 de enero de 1987. En nota del 3 de marzo de 1987, la Comisión dio traslado a los peticionantes de dicha respuesta haciendo constar que los mismos tenían un plazo de 45 días para realizar sus observaciones.

    Con fecha 17 de abril del corriente año, los peticionantes presentaron sus observaciones. El Gobierno, en nota de fecha 15 de mayo de 1987, respondió a las mismas. La Comisión dio traslado a los peticionantes de dicha respuesta del Gobierno con fecha 4 de junio de 1987 indicando el plazo de 45 días para realizar las observaciones pertinentes. Con fecha 17 de julio los peticionantes contestaron las observaciones efectuadas por el Gobierno en su respuesta del 25 de mayo de 1987. Dicha presentación fue transmitida al Gobierno el 20 de julio de 1987 y replicada el 8 de septiembre de 1987.

    Las presentes observaciones a la respuesta del Gobierno fechada 8 de septiembre de 1987 se someten respetuosamente ante esta Comisión dentro del plazo estipulado.

    Dejamos constancia que las presentes observaciones se limitarán a un conciso examen de las cuestiones expuestas, debido a la avanzada etapa procesal, a nuestra solicitud de una pronta decisión de la Comisión, y principalmente, a que el Gobierno no acompaña argumentación novedosa alguna.


    OBSERVACIONES


    I. ADMISIBILIDAD ANTE LA COMISION INTERAMERICANA

    DE DERECHOS HUMANOS

    La Comisión, por Resolución Nº 30/86 adoptada en el curso de su 68º período ordinario de sesiones, el 19 de septiembre de 1986, decretó la admisibilidad de la denuncia presentada por el peticionante, señor Winston Spadafora Franco, teniendo especialmente en consideración que el Gobierno había reconocido el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna en su respuesta del 6 de agosto de 1986.

    A un año de tal Resolución y luego de múltiples presentaciones por el Gobierno en las que éste reiteradamente afirma que "se han agotado sobre el particular, todos aquellos procedimientos jurisdiccionales establecidos por las leyes de la República de Panamá", el mismo intenta ahora obstaculizar el proceso en curso alegando la falta de cumplimentación del requisito de agotamiento de los recursos internos. A esta altura ello es superfluo. La Comisión se ha expedido a tal respecto luego de haber escuchado a ambas partes.

    A todo evento, la argumentación del Gobierno en el sentido de que el procedimiento no estaría totalmente cerrado al aporte de nuevas pruebas, bajo ningún concepto puede interpretarse como que no se han agotado los recursos internos. En primer lugar, ello es así porque en el caso de autos se han seguido los procedimientos formales de una investigación judicial bajo la apariencia de satisfacer los requisitos del sistema penal panameño. So color de que existe la posibilidad de reabrir el procedimiento con el aporte de nuevas pruebas, el peticionante podría ejercitar sus derechos ante el foro internacional exclusivamente en aquellos casos en que se ha encontrado al culpable o el delito ha prescripto. Dicho resultado es absurdo. En segundo lugar, el poder judicial panameño ha conocido pruebas concernientes al asesinato del Dr. Hugo Spadafora en dos oportunidades. En ambas arribó a decisiones completamente insatisfactorias, como ya hemos demostrado y reiteramos infra. La Comisión no deja de tener jurisdicción sobre este asunto porque no se ha ejercitado el "derecho" a presentar nuevas pruebas en una tercera presentación de resultado predeciblemente fútil.

    II. DERECHO SUSTANTIVO

    A. Artículos 4, 5 y 7 de la Convención

    Americana sobre Derechos Humanos

    Como lo hemos expresado en nuestras anteriores presentaciones(1) se han presentado pruebas más que suficientes que establecen que el Dr. Hugo Spadafora entró al territorio panameño el 13 de septiembre de 1985; que fue detenido en Concepción por un miembro de las Fuerzas de Defensa vestido de civil ("Bruce Lee"), luego de haber sido detenido temporariamente en dos oportunidades en los puestos militares fronterizos de Jacú y La Estrella; y que cuando fue detenido en Concepción, fue la última ocasión en que se lo vio con vida antes de que su cuerpo decapitado y con serios signos de tortura fuera encontrado en la mañana del 14 de septiembre.

    En su respuesta el Gobierno sostiene que la investigación judicial realizada en Panamá no demostró "que el Gobierno tuviese participación alguna en los hechos relativos al homicidio, razón por la cual se rechaza de plano la supuesta violación de los Artículos 4, 5 y 7 de la Convención".(2) Asimismo el Gobierno sostiene que no surge del expediente ante la Comisión prueba alguna que demuestre tal participación. Es patente que el Gobierno deliberadamente desestima no sólo la prueba aportada a este expediente sino también la que surge de su propia investigación judicial (incluso la investigación costarricense transcripta en el expediente panameño). Ella incluye los testimonios oculares de Alexis Noe Baules Concepción, Edwin Noel Nuñez, Edwin Guerra, José Asdrubal Ramírez Chavarría, José Angel Chinchilla Ríos, Mario Barrantes Escorcia, Iván Darío González Justavino, Ricaute Esquivel Rodríguez, Santos López Lonón.(3)

    En sustento de sus alegaciones de que los argumentos del peticionante son impertinentes e inconducentes a demostrar los hechos, el Gobierno solamente puntualiza que las declaraciones testimoniales de Edwin Noel Nuñez y de Alexis Noe Baules Concepción, por un lado, y de Ricaute Esquivel Rodríguez y Santos López Labón, por otro, son inconsistentes. La conclusión de que dichos testimonios son inconsistentes y por lo tanto inválidos es insubstanciada. Los peticionantes ya han tratado dicha "inconsistencia" en detalle en las observaciones a la investigación judicial de Panamá, presentadas ante esa Comisión con fecha 2 de octubre de 1986, págs. 17 y ss., y a ellas se remiten.

    B. Artículo 25 de la Convención Americana

    sobre Derechos Humanos

    El Artículo 25 de la Convención garantiza el derecho a una protección judicial efectiva. Una investigación judicial patentemente inadecuada y parcial, que desestima prueba esencial, acepta coartadas contradictorias y llega a una decisión superficial del asunto --como la realizada por las autoridades panameñas-- no constituye protección judicial efectiva.(4) Ello es así, sin perjuicio de que los peticionantes se hayan o no presentado en el expediente que por su naturaleza no requiere acusación particular.

    El Gobierno extensivamente describe la facultad del peticionante de presentarse ante los tribunales panameños sosteniendo que "no se da la infracción del Artículo 25 de la Convención pues en todo momento los familiares de la víctima han gozado de los recursos judiciales que la ley panameña les otorga".(5) La formalidad del acceso a los recursos judiciales no es suficiente por sí sola para satisfacer la garantía del Artículo 25. El standard mínimo de la Convención es el de una protección judicial efectiva. Por las razones expuestas aquí y en las previas presentaciones, el acceso formal de la familia Spadafora a la justicia no es suficiente para satisfacer dicho standard; como tampoco lo es el haber cumplementado los distintos pasos procesales requeridos por el derecho interno sin haber otorgado una protección judicial efectiva a la familia Spadafora.

    C. Artículo 13 de la Convención Americana

    sobre Derechos Humanos

    El Gobierno sostiene que "tanto familiares de la víctima como ciudadanos particulares han utilizado los medios de comunicación social para emitir libremente su pensamiento".(6) De hecho, la familia Spadafora y otros ciudadanos han sufrido y continúan sufriendo intimidación y amenazas de parte del Gobierno (incluso de las Fuerzas de Defensa) por sus esfuerzos en obtener justicia en relación al homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco. (Véase Petición Suplementaria, págs. 39-41; Declaración de Valerio Iodice, del 30 de septiembre de 1986, acompañada durante la audiencia del 23 de marzo de 1987; Declaración de Winston Spadafora Franco del 25 de junio de 1987, acompañada durante la audiencia del 26 de junio de 1987).


    PETITORIO


    El Gobierno de Panamá no aporta en su respuesta del 8 de septiembre, hecho o argumentación novedosa alguna. En virtud de la etapa procesal en que se encuentra el caso de autos, teniendo en cuenta que los hechos que lo originan ocurrieron hace ya más de dos años, y considerando que tanto el Gobierno de Panamá como los peticionantes han hecho múltiples presentaciones, solicitamos que la Comisión se expida en el mismo.

    Atento lo expuesto, reiteramos nuestro Petitorio del 17 de julio de 1987 (págs. 7-8).

  25. Que el Gobierno de Panamá, el 25 de enero de 1988, en nota número D.V.M. No. 033, solicitó la reconsideración de la Resolución No. 25/87, aprobada por la Comisión en su 71o. período ordinario de sesiones.


    CONSIDERANDO:

    1. Que la Comisión por Resolución Nº 30/86 adoptada el 19 de septiembre de 1986, decretó la admisibilidad de la denuncia presentada contra el Gobierno de Panamá, por el señor Winston Spadafora, por reunirse todos los requisitos contenidos en los Artículos 46 incisos a) al d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 32 y 37-1 del Reglamento de la Comisión.

    2. Que de acuerdo a la información judicial proporcionada por el denunciante, por el Gobierno de Panamá y por el Gobierno de Costa Rica, los hechos materia del presente caso son los siguientes:

      1. El día l3 de septiembre de l985, a las 8:00 a.m., el Dr. Hugo Spadafora Franco salió de su casa en San José de Costa Rica para dirigirse a Panamá. A las 9:00 a.m. de ese día el Dr. Hugo Spadafora abordó el avión de la Compañía SANSA con el nombre de Ricardo Velásquez, con destino a la ciudad de Coto 47 en la frontera con Panamá.

      2. El Dr. Hugo Spadafora arribó al aeropuerto de Coto 47 a las l0:05 a.m. del día l3 de septiembre de l985 y fue trasladado por el taxista, señor Mario Barrantes Escorcia, hasta la ciudad de Paso Canoas, próxima a la frontera con Panamá. Al mediodía almorzó en el restaurante "Los Mellos" de propiedad del señor Iván Darío González Justavino ubicado en territorio panameño. El señor González Justavino reconoció expresamente este hecho en el testimonio rendido el 24 de septiembre de l985, ante el Ministerio Público de Panamá.

      3. Posteriormente el Dr. Hugo Spadafora Franco abordó un autobús de la línea "Frontera-David", conducido por el señor Edwin Guerra, como consta en las declaraciones de este último, rendidas ante el Ministerio Público de Panamá el día 25 de septiembre de l985. El señor Guerra sostiene en sus declaraciones que ese día l3 de septiembre de l985 suspendió su viaje porque sólo tenía tres pasajeros, entre los cuales se encontraban el Dr. Hugo Spadafora y el señor Francisco Eliecer González Bonilla, apodado Bruce Lee.

      4. De acuerdo con los testimonios de los señores Alexis Noe Baules y Edwin Noel Núñez, chofer y ayudante, respectivamente, de otro autobús de la línea Frontera-David, y que ya fueron citados anteriormente, el día l3 de septiembre de l987 el Dr. Hugo Spadafora y el señor Francisco Eliecer González Bonilla (Bruce Lee) luego del frustrado intento de viaje en el autobús conducido por el señor Edwin Guerra, abordaron el autobús que ellos conducían con destino a la ciudad de David.

      5. En conformidad con los testimonios recogidos por las autoridades judiciales tanto panameñas como costarricenses, el Dr. Hugo Spadafora Franco fue temporalmente detenido en el puesto de control militar de "Jacú". En efecto tanto el chofer del autobús, señor Alexis Noe Baules como su ayudante, señor Edwin Noel Nuñez, están contestes en este punto. Asimismo, autoridades judiciales costarricenses tomaron declaración en Costa Rica a los señores Orlando José Ortega Alfonso, Ricaute Esquivel Rodríguez y Santos López Lobon, todos ellos de nacionalidad panameña, testigos presenciales de la detención del Dr. Hugo Spadafora, en el puesto fronterizo de "Jacú".

      6. Con posterioridad, el Dr. Hugo Spadafora fue nuevamente obligado a descender del autobús en el puesto de control militar de "La Estrella" junto al señor Francisco González Bonilla (Bruce Lee) para ser liberado poco tiempo más tarde, de acuerdo a los testimonios de los señores Alexis Noe Baules y Edwin Noel Nuñez. Finalmente, los mismos testigos afirman que el Dr. Hugo Spadafora Franco, acompañado del señor Francisco González Bonilla (Bruce Lee) descendió del autobús en la ciudad de Concepción. Según las declaraciones del chofer del autobús y su ayudante, el señor González Bonilla, bajó del autobús y tomó la maleta del Dr. Spadafora, e insistió en que lo acompañara él cual lo siguió hacia un lugar desconocido.

      7. La noche del l3 de septiembre de l985, de acuerdo a la investigación practicada en Costa Rica, un testigo, el señor José Angel Chinchilla Ríos (que vive a unos mil metros del sitio donde fue encontrado el cadáver del Dr. Spadafora en territorio costarricense) declaró que a la medianoche del día 13 de septiembre de 1985, en las cercanías de su vivienda, vio dos camionetas verdes de las que usa la guardia panameña. Asimismo otros vecinos del lugar manifestaron haber escuchado ruídos de automóviles del tipo de los jeeps que usa la guardia panameña en el sector.

      8. El día l4 de septiembre de l985, a las 8:00 a.m., el señor Franklin Vargas Valverde, descubrió el cadáver decapitado del Dr. Hugo Spadafora Franco, en el Roblito de Laurel, a 200 metros de la frontera con Panamá, en territorio costarricense. Conforme a la autopsia judicial practicada en Costa Rica, el Dr. Hugo Spadafora fue torturado y decapitado estando aún con vida.

    3. Que es un hecho público y notorio que el Dr. Hugo Spadafora ingresó a Panamá el día 13 de septiembre de 1985 y posteriormente fue detenido temporalmente en dos puestos militares fronterizos (Jacú y La Estrella respectivamente), como lo corroboran las declaraciones de los siguientes testigos: Mario Barrantes Escorcia, taxista que transportó al Dr. Spadafora desde Coto 47 a Paso Canoas, ciudad próxima a la frontera con Panamá; Iván Dario González Justavino, propietario del Restaurante "Los Mellos", ubicado en territorio panameño, lugar donde el Dr. Hugo Spadafora almorzó; Edwin Guerra, chofer del onmibús de la línea Frontera-David, donde el Dr. Spadafora intentó viajar en una primera ocasión; Alexis Noe Baules, chofer del omnibús de la línea Frontera-David, que transportó al Dr. Spadafora hasta la ciudad de Concepción; Edwin Noel Nuñez, ayudante del chofer del omnibús de la línea Frontera-David, que transportó a Dr. Hugo Spadafora hasta la ciudad de Concepción; Orlando José Ortega Alfonso, Ricaute Esquivel Rodríguez y Santos López Lobón, testigos que presenciaron la primera detención del Dr. Spadafora, en el puesto de control militar de Jacú, ubicado en territorio panameño.

    4. Que el Fiscal Primero Superior en su Vista Nº 139, del 31 de diciembre de 1985, (citada parcialmente por el Gobierno de Panamá en su respuesta del 6 de agosto de 1986), señaló que la "investigación que el Ministerio Público ha llevado a efecto, se ha podido establecer fehacientemente que el Dr. Hugo Spadafora Franco resultó muerto, que su cadáver fue levantado en la Quebrada El Roblito por autoridades costarricenses, así como también que la autopsia de éste se practicó en el citado país, además se destaca el hecho de que la defunción del citado Spadafora Franco, cuyo certificado consta a fs. 190 indica que su muerte se produjo en Laurel, República de Costa Rica". En vista de lo anterior el Fiscal recomendó el sobreseimiento definitivo de la causa en favor de los inculpados señores Francisco González Bonilla, Omar Vega Miranda y Eliecer Ramos, todos miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

    5. Que, luego de la investigación realizada por el Ministerio Público de Costa Rica, el Cuarto Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante auto de 7 de febrero de 1986 (citado parcialmente por el Gobierno de Panamá en su respuesta del 6 de agosto de 1986), dictó, por mayoría de votos el sobreseimiento definitivo de la causa respecto de los tres inculpados González, Vega y Ramos, acogiendo la tesis sustentada por el Fiscal Primero Superior. En efecto, el Gobierno de Panamá, reproduce parcialmente la decisión adoptada por los miembros del Cuarto Tribunal Superior al no señalar los elementos probatorios que llevaron a éste último a decidir el sobreseimiento definitivo de la causa y además no hacer alusión alguna al voto disidente formulado por el juez Andrés A. Almendral.

    6. Que de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Panamá, el 6 de agosto de 1986, el 17 de junio de ese año, el señor Winston Spadafora Franco, presentó ante la Procuraduría General de la República, una denuncia por el homicidio del Dr. Hugo Spadafora, en contra del General Manuel Antonio Noriega, acompañando un conjunto de recortes periodísticos.

    7. Que la Procuraduría General de la República atendiendo al fuero que afecta al inculpado trasladó el conocimiento de esta causa a la Sala Penal de la Corte Suprema, mediante Vista No. 28 del 25 de junio de 1986. Teniendo en cuenta que ya se había iniciado un proceso sobre este asunto, el cual se encontraba sobreseído provisionalmente, la Procuraduría se inclinó por estudiar la posibilidad de reabrir el sumario, sobre la base de los recortes periodísticos acompañados por el denunciante, llegando a concluir finalmente que "los recortes periodísticos presentados no satisfacen los presupuestos procesales necesarios y exigidos para proceder a la reapertura de la causa...", razón por la cual finalmente recomendó no dar lugar a la denuncia presentada por el señor Winston Spadafora.

    8. Que la Sala Penal de la Corte Suprema, mediante auto del 27 de junio de 1986, acogió la opinión de la Procuraduría General, y declaró que no se podía iniciar un nuevo proceso, puesto que ya se había iniciado uno, el cual se encontraba sobreseído. Al mismo tiempo la Corte Suprema dispuso que tampoco era posible permitir la reapertura del sumario en contra de los señores Omar Vega Miranda, Eliecer Ramos y Francisco González Bonilla, puesto que en su favor la causa había sido sobreseída definitivamente.

      En definitiva, la Corte Suprema valoró las nuevas pruebas aportadas por el señor Winston Spadafora, que consistían en recortes periodísticos, con el objeto de estudiar la posible reapertura del sumario, esta vez en contra del General Manuel Antonio Noriega. Luego de realizar el mencionado estudio, la Corte Suprema decidió rechazar la denuncia interpuesta por el señor Winston Spadafora, sosteniendo que las pruebas aportadas no eran suficientes para decretar la reapertura del sumario. En este sentido, cabe recordar, que la investigación iniciada el 17 de septiembre de 1985, por el Fiscal Primero Superior, fue motivada también (como lo reconoce el propio Gobierno de Panamá en su respuesta del 6 de agosto de 1986), en noticias periodísticas aparecidas en los diarios La Prensa y Extra, que acusaban a tres miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá del homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco.

    9. Que el Gobierno de Panamá, en su respuesta del 6 de agosto de 1986, concluyó que los recursos de la jurisdicción interna en el presente caso se encontraban plenamente agotados, desde el momento que se había sobreseído definitivamente el sumario en favor de los inculpados señores Vega Miranda, Ramos y González Bonilla, no habiendo lugar a la reapertura del mismo. En este sentido el Gobierno de Panamá señaló que "se han agotado sobre el particular, todos aquellos procedimientos jurisdiccionales establecidos por las leyes de la República de Panamá".

    10. Que el Gobierno de Panamá, en sus respuestas a la Comisión, se ha limitado a informar parcialmente acerca de los trámites judiciales que se han cumplido con miras a agotar los recursos de la jurisdicción interna, sin entrar al análisis del fondo del asunto.

    11. Que de acuerdo con lo sostenido por el señor Andrés A. Almendral C., Juez del Cuarto Tribunal Superior de Justicia de Panamá, en su voto disidente, de fecha 7 de febrero de 1986, la investigación judicial llevada a cabo por los tribunales panameños, para esclarecer el homicidio del Dr. Spadafora, cuenta con graves contradicciones, lagunas e incoherencias. En este sentido la Comisión coincide con el citado Juez, en cuanto a que, lo prescrito por el Artículo 2136 del Código Judicial de Panamá en relación con las causales de sobreseimiento definitivo no permite decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.

      Además, sobre este particular, la Comisión quisiera dejar constancia de un grave error contenido en la investigación judicial practicada por el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito de Panamá, quien en los considerandos de su resolución, sostiene que de acuerdo con el informe de autopsia practicado por las autoridades médico forense costarricenses, la muerte del Dr. Spadafora se produjo en Laurel, República de Costa Rica. En la documentación obtenida por la Comisión procedente del Gobierno de Costa Rica se indica que el cuerpo decapitado del Dr. Spadafora fue encontrado en Laurel, pero de ninguna manera se afirma que su muerte se produjo en dicho lugar.

    12. Que el Gobierno de Panamá, en su respuesta del 26 de mayo de 1987, sostuvo que "Si nos mantenemos en la premisa de que interesa a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinar si han sido cumplidos en nuestro país los trámites propios de la jurisdicción interna, tendremos que refutar supuestas declaraciones contenidas en investigaciones realizadas por otros Estados, las que oficialmente no han sido del conocimiento de las autoridades de la República de Panamá". A este respecto, cabe hacer notar que el problema del agotamiento de los recursos internos no constituye una cuestión controvertida entre las partes, toda vez que ambas están contestes en que éstos se encuentran plenamente agotados. Por lo demás, como consta en la Resolución Nº 30/86, adoptada por la Comisión en su 68º período de sesiones, el reconocimiento expreso por parte del Gobierno de Panamá, en cuanto a que los recursos internos se encontraban agotados, fue uno de los considerandos que se tomó especialmente en cuenta al declarar la admisibilidad del caso en referencia.

      Asimismo, el Gobierno de Panamá en la declaración antes citada, descalifica los testimonios formulados por algunos testigos, ante las autoridades judiciales costarricenses en el proceso abierto en Costa Rica, para esclarecer el homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco. En este sentido la Comisión quisiera hacer notar que, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Panamá, los órganos judiciales internos panameños que tuvieron a cargo la investigación sobre el homicidio del Dr. Spadafora, en varias ocasiones se refieren en sus resoluciones, a la investigación médico forense llevada a cabo en Costa Rica. Más aún, como se ha dicho en el considerando anterior, el Fiscal Primero Superior se equivoca cuando afirma que la autopsia del Dr. Hugo Spadafora, que fuera practicada en Costa Rica, señala que su muerte se habría producido en territorio costarricense.

    13. Que las primeras versiones de los hechos entregados por diferentes testigos del presente caso, que involucran a miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá en el homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco, fueron posteriormente confirmadas en las declaraciones formuladas, el 11 de junio de 1987, por el ex Presidente de la República de Panamá, señor Nicolás Ardito Barletta, y el 10 de junio de 1987 por el Coronel Roberto Díaz Herrera.

    14. Que las investigaciones judiciales practicadas en Costa Rica demuestran claramente, como lo afirma el informe elaborado por la Organización de Investigaciones Judiciales que "el señor Hugo Spadafora fue ultimado en territorio panameño y su cuerpo arrojado en territorio costarricense".

    15. Que la Comisión cuenta con los elementos de juicio necesarios que le permiten concluir que el Gobierno de Panamá es responsable del homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco.

    16. Que la Comisión, reunida en su 72o. período ordinario de sesiones, luego de estudiar la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de Panamá sobre la presente resolución decidió, por la unanimidad de sus miembros, mantener firme dicha resolución en vista que las observaciones formuladas por el Gobierno de Panamá, no desvirtuaron las conclusiones a que ella arribara.


      LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,


      RESUELVE:

      1. Declarar que el Gobierno de Panamá ha violado los Artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal); y 7 (derecho a la libertad personal) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Panamá es Estado Parte, por ser responsable de la muerte del Dr. Hugo Spadafora Franco.

      2. Declarar que el Gobierno de Panamá ha violado el Artículo 8 (garantías judiciales) y el Artículo 25 (derecho a la protección judicial) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Panamá es Estado Parte, al no haber practicado una investigación judicial imparcial y exhaustiva respecto del homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco.

      3. Recomendar al Gobierno de Panamá que disponga una exhaustiva e imparcial investigación sobre los hechos denunciados para individualizar a los responsables del homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco, y someterlos a la justicia a fin de que reciban las sanciones legales correspondientes.

      4. Recomendar al Gobierno de Panamá que informe a esta Comisión, acerca de los resultados logrados en la investigación sobre el homicidio del Dr. Hugo Spadafora Franco, dentro del plazo de 60 días, a partir de esta resolución.

      5. Solicitar al Gobierno de Panamá que garantice la seguridad y otorge la protección necesaria a la familia del Dr. Hugo Spadafora Franco, así como a todas las personas que han participado como testigos, o de cualquier otra forma, en este caso.

      6. Recomendar al Gobierno de Panamá, que acepte la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el presente caso.

      7. Incluir esta resolución en su Informe Anual a los fines del Artículo 63 "g" de su Reglamento y comunicarla al reclamante.


      [1]Véase Petición Suplementaria y Observaciones a la Respuesta del Gobierno, de fecha 2 de octubre de 1986.

      [2] Respuesta del Gobierno de Panamá del 8 de septiembre de 1987, pág. 6.

      [3] Véanse los testimonios sometidos ante las autoridades de Panamá y de Costa Rica, citados en la decisión judicial del Cuarto Tribunal Superior, 7 de febrero de 1986. Véase también la Petición Suplementaria del 2 de octubre de 1986, págs. 16-29; y otras presentaciones de los peticionantes.

      [4] Véase las observaciones, 2 de octubre de 1986.

      [5] Respuesta, 8 de septiembre de 1987, pág. 7.

      [6]Respuesta del Gobierno, 8 de septiembre de 1987, pág. 6 (el énfasis es nuestro).