RESOLUCION Nº 25/86

CASOS DE DESAPARICION

FORZADA DE PERSONAS EN GUATEMALA

9 de Abril de 1986

ANTECEDENTES:

  1. Que la CIDH ha venido recibiendo desde hace varios años un apreciable número de denuncias sobre secuestro y desaparición forzada de personas en Guatemala, pero de manera especial, durante el período comprendido entre los años 1978 y 1985.

  2. Que la Comisión ha abierto y tramitado los casos individuales y colectivos correspondientes a las denuncias presentadas por tales desapariciones, transmitiendo al Gobierno de Guatemala las partes pertinentes, solicitándole que realizara las investigaciones correspondientes y que suministrase la información respectiva.

CONSIDERANDO:

  1. Que tales desapariciones han sido llevadas a cabo Mediante una modalidad similar y coordinada consistente en aprehensiones ilegales y forzadas de personas en sus propios domicilios, en sus centros de trabajo y en la vía pública, por personal fuertemente armado y en ocasiones uniformado, que generalmente se identificaba como perteneciente al Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional (DIT), o a la Brigada de Operaciones Especiales (BROE), o a la Fuerza Armada, o también por grupos paramilitares o elementos de las patrullas de autodefensa civil que actuaban con la aquiescencia de la autoridad gubernamental, a quienes ni la policía ni la fuerza armada de la localidad donde el hecho ocurría, interrumpía ni molestaba durante la realización del operativo; conduciendo luego a la víctimas con destino desconocido, a partir de lo cual no se volvía a tener noticia de ella ni tampoco a determinarse, siquiera en sólo uno de los miles de casos de desapariciones registrados, la identidad de los autores, quedando todos estos hechos impunes.

  2. Que en cada uno de los casos comprendidos en esta Resolución y situaciones conexas como son la situación de los cientos de personas desaparecidas por cuya intercesión se interpusieron recursos de habeas corpus, que fueron casi en su totalidad desestimados por los Tribunales de ese país, y de los cientos de desaparecidos correspondiente al Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), cuyos listados nominales, en ambos casos, fueron entregados por la CIDH al Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre los cuales el gobierno de Guatemala ha suministrado información insuficiente o no satisfactoria o no ha proporcionado ninguna información, lo cual no esclarece el paradero de las personas desaparecidas ni da cuenta de las sanciones aplicadas a los autores de las mismas, pese a que en algunos casos los familiares de las víctimas han proporcionado descripciones y hasta identificado a los participantes en los operativos de secuestro.

  3. Que la Comisión ha contado con informaciones de muy diversas fuentes en relación con el problema de la violencia crónica que ha vivido Guatemala durante los últimos años y en especial sobre el de la desaparición de personas, lo que también ha constituido un hecho notorio de público conocimiento dentro y fuera de dicho país.

  4. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante sus visitas de observación in loco a la República de Guatemala, de septiembre de 1982 y de mayo de 1985, y a través de diversas y continuas gestiones, puso el mayor interés en agotar todas las posibilidades para determinar a ciencia cierta la verdad de la situación actual de los desaparecidos entrevistándose, ademas de las más altas autoridades políticas, militares y policiales, también con aquellas sindicadas como responsables, con los familiares de lo desaparecidos y con testigos presenciales de tales hechos.

  5. Que la Comisión ha llegado a la dolorosa conclusión de que la gran mayoría de los desaparecidos fueron asesinados por causas que no está en condiciones de precisar, pero que, en todo caso, envuelve una grave responsabilidad para quienes ordenaron sus capturas, efectuaron sus aprehensiones, los tuvieron detenidos y los hicieron desaparecer.

  6. Que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, considerando las proporciones y características que venía presentando el fenómeno de las desapariciones, durante su decimotercer período ordinario de sesiones, de noviembre de 1983, mediante Resolución AG/RES. 666, acordó declarar que la desaparición forzada de personas es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un delito de lesa humanidad.

  7. Que los Gobiernos democráticos de América pueden conceder amnistías por razones de paz social pero no dejar de investigar los hechos atroces que pudieran haber acontecido durante los períodos que los han precedido.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

  1. Declarar que es condenable y grave la responsabilidad de quienes en el ejercicio de sus funciones, durante el período que cubre la presente resolución, bajo las administraciones de los Generales Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, ordenaron la captura, efectuaron las aprehensiones, mantuvieron detenidos y ejecutaron sumariamente y sin juicio o hicieran desaparecer a los miles de ciudadanos guatemaltecos que no son habidos en la República de Guatemala.

  2. Observar el Gobierno de Guatemala que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la libertad personal (Artículo 7), al derecho a la seguridad a integridad personal (Artículo 5), al derecho al debido proceso y demás garantías judiciales (Artículo 8), y al derecho a la vida (Artículo 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  3. Exhortar al Gobierno de la República de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer y solucionar en la medida de lo posible el problema de las personas desaparecidas y el de las viudas, los huérfanos y demos familiares de los mismos.

  4. Recomendar al Gobierno de Guatemala:

    1. Que se informe y esclarezca a los familiares sobre la situación de las personas desaparecidas, entendiéndose por tales aquellas que fueron aprehendidas en operativos que por las condiciones en que se llevaron a cabo, por sus características y las declaraciones coincidentes de los testigos presenciales, hacen fundadamente presumir la participación en los mismos de la fuerza pública;

    2. Que se investiguen exhaustivamente los hechos indicados y se establezcan las responsabilidades correspondientes a través de las instituciones públicas que contempla el sistema democrático;

    3. Que se adopten medidas legislativas que permitan reparar las consecuencias de las desapariciones de personas, especialmente en lo que concierne a la situación de los familiares de las víctimas;

    4. Que se adopten todas las medidas que sean necesarias para que nunca más se permitan estos hechos, lo que debe comprender una campaña nacional de promoción y enseñanza de los derechos humanos;

    5. Que se mantenga informada a la Comisión sobre las medidas adoptadas para poner en práctica la recomendación contenida en la presente Resolución.

  5. Comunicar al Gobierno de Guatemala y a los reclamantes de las denuncias la presente Resolución.

  6. Suspender la consideración de los casos individuales y colectivos de "desaparecidos" sin perjuicio de que en aquellos en los cuales surjan nuevas e importantes evidencias pueda la Comisión reabrir su trámite y avocarse nuevamente al estudio de los mismos.

  7. Incluir esta Resolución en el Informe Anual a la Asamblea General de la organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 48 (2) del Reglamento de la Comisión, sin perjuicio de que la Comisión en su próximo período de sesiones, pueda reconsiderar esta Resolución a la luz de nuevas y distintas evidencias que pudiesen aportarse.