RESOLUCION Nº 22/86

CASO 7920 (HONDURAS)

18 de abril de 1986

VISTOS los antecedentes obrantes en el caso, a saber:

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en comunicación de 7 de octubre de 1981, la siguiente denuncia:

    Condenamos arbitraria detención, en Tegucigalpa, de ANGEL MANFREDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ, desde el 12 de septiembre del presente año, por razones desconocidas. Responsabilizamos de tal acción a Coroneles Leonidas Torres Arias (G-2). Gustavo Alvarez (FUSEP). Juan López Grijalba (Dept. Nacional de Investigación) y Hubbert Bodden (Comandante ler. Batallón de Infantería de Tegucigalpa). Hemos agotado esfuerzos legales infructuosamente. Tenemos conocimiento encuéntrase Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa, junto con numerosos presos políticos "Desaparecidos" de origen honduro-salvadoreño, pero autoridades niegan su detención. Esta situación mantiene consternada a la comunidad Langueña y al país en general, esperamos su pronta liberación.

  2. En cablegrama de 14 de octubre de 1981, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de Honduras solicitándole que suministrase la información correspondiente.

  3. En nota del 24 de noviembre de 1981, la Comisión trasmitió al Gobierno de Honduras información adicional suministrada por el reclamante en este caso, solicitandole que se sirviera tomar las disposiciones que estimara convenientes para que la Comisión pudiera contar con todos los datos sobre el caso a la brevedad posible. Dicha información fue la siguiente:

    El estudiante de la U.N.A.H. ANGEL MANFREDO VELÁZQUEZ RODRIGUEZ, fue apresado en forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por elementos de la Dirección Nacional de Investigación y del G-2 (INTELIGENCIA) de las Fuerzas Armadas de Honduras y llevado con destino desconocido.

    Su captura fue realizada en Tegucigalpa el 12 de septiembre de 1981, en horas de la tarde, por los elementos señalados, en presencia de varios testigos oculares quienes observaron que fue introducido a un vehiculo que lo condujo a las celdas policiales donde ha sido sometido a duras interrogaciones bajo crueles torturas, acusado de supuestos delitos políticos.

    Inicialmente fue llevado junto a otros detenidos, a las celdas de II Estación de la Fuerza de Seguridad Pública ubicadas en el Barrio El Manchen de esta ciudad, donde agentes especializados en tortura se han ensañado para hacerle confesar delitos que ellos le atribuyen sin darle ninguna posibilidad de defensa.

    El 17 de septiembre de 1981 fue trasladado al Primer Batallón de Infantería donde prosiguen con los interrogatorios descritos y no existe la posibilidad de verlo pues sistemáticamente en todos los cuerpos policiales y de seguridad niegan su detención.

    Por todo lo anteriormente expuesto acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intercedan ante quien corresponda para que la justicia resplandezca y garantice la vida y seguridad de Angel Manfredo Velázquez Rodríguez.

  4. En vista de que no recibió respuesta, la Comisión, mediante nota del 14 de mayo de 1982, reiteró al Gobierno de Honduras la solicitud de información, señalando que de no recibirla en un plazo razonable, entraría a considerar la aplicación del Articulo 42 (antiguo 39) del Reglamento de su Comisión presumiendo verdaderos los hechos denunciados.

  5. Mediante nota de 4 de junio de 1982 el Gobierno de Honduras al acusar recibo de la comunicación de 14 de mayo de 1982, arriba citada, informó "que las autoridades competentes realizan todas las investigaciones posibles sobre el particular y que tan pronto como obtengamos respuesta sobre su solicitud le daremos traslado inmediato a fin de que se siga el trámite respectivo."

  6. En notas de 4 de octubre de 1982, 23 de marzo de 1983 y 9 de agosto de 1983, la CIDH reiteró al Gobierno de Honduras la solicitud de información sobre el presente caso, señalando, nuevamente, que de no recibir dicha información la Comisión aplicaría lo dispuesto en su Articulo 42 (antiguo 39) de su Reglamento.

  7. En su 61º período ordinario de sesiones (octubre de 1983), la Comisión, tomando en cuenta que el Gobierno de Honduras no había suministrado las informaciones reiteradamente solicitadas, acordó presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia, en aplicación de lo previsto en el Articulo 42 (antiguo 39) de su Reglamento, aprobando al efecto una Resolución (No. 30/83) cuya parte dispositiva reza como sigue (OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 44):

    1. Por aplicación del Articulo 39 del Reglamento presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 7 de octubre de 1981 relativas a la detención y posterior desaparición del señor Angel Manfredo Velázquez Rodriguez en la República de Honduras.

    2. Observa al Gobierno de Honduras que tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la vida (Artículo 4) y al derecho a la libertad personal (Artículo 7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    3. Recomendar al Gobierno de Honduras: a) que disponga una investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados; b) que de acuerdo con las leyes de Honduras sancione a los responsables de dichos hechos; y c) que informe a la Comisión dentro de un plazo máximo de 60 días en especial sobre las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones consignadas en la presente Resolución.

    4. Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de esta Resolución el Gobierno de Honduras no presentare observaciones, la Comisión incluirá esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el Artículo 59 inciso (g) del Reglamento de la Comisión.

  8. Dicha Resolución fue comunicada al Gobierno de Honduras con nota de 11 de octubre de 1983, haciéndole presente que el plazo fijado en el numeral 3 de la misma, para presentar observaciones a la Resolución 30/83, se contaría a partir de la fecha de la propia nota.

  9. El Gobierno de Honduras, en nota de 18 de noviembre de 1983 (oficio No. 1504) y dentro del plazo fijado, formuló observaciones a la Resolución 30/83 las que, en resumen, fueron las siguientes;

    1. Que no se había agotado en el caso la jurisdicción interna de Honduras, atendiendo al Oficio No. 2586 de la Corte Suprema de Justicia de ese país en el cual consta que se hallaba pendiente ante dicha Corte un Recurso de Exhibición Personal a favor de Angel Manfredo Velázquez y otros, cuya copia se acompañó a la nota de 18 de noviembre.

    2. Que, asimismo, en el mencionado Oficio de la Corte se hacía constar que "Es falso que el Director de dicha Dirección haya dicho que se encuentran más personas detenidas o que se estén investigando por atentar contra la Seguridad del Estado y a excepción de MARIA ODILIA MEDRANO o INES CONSUELO MURILLO CHAWEDER, las cuales fueron puestas a la orden los Tribunales en su oportunidad. En tanto la autoridad del D.N.I., desconoce el paradero de las demás personas que se reclaman, aunque se hacen los mayores esfuerzos por dar con el paradero de ellos aunque para las autoridades policiales es difícil obtener estas informaciones de los países comunistas de Nicaragua, Cuba, Rusia y Otros países de Corte Marxista".

    3. Que, por otra parte, era deseo del Gobierno de Honduras de hacer notar que "no ha cesado, ni cesará, de realizar todas aquellas diligencias que permitan esclarecer de manera fehaciente el paradero del señor Angel Manfredo Velázquez Rodríguez; prueba de ello es que las autoridades competentes realizan el seguimiento correspondiente a la información rendida por el Alcalde del Municipio de Langue, Departamento de Valle que afirma que el señor Velázquez Rodríguez, según rumores, ha andado merodeando este lugar, rumores de la gente, dice, que lo han visto y que él, esquiva su identidad, ya que anda con grupos de guerrilleros de El Salvador, y que cuando son acosados por los Militares Salvadoreños é1 viene a refugiarse por este sector, por conocedor del mismo. Además algunos rumores de la gente de Nacaome dicen lo mismo que lo vieron en marzo de este año; que tiene contactos con otros comunistas de este pueblo y que viaje entre Nicaragua y El Salvador por pasos ciego ....,".

    4. Que por todo lo expuesto dicho Gobierno solicitaba a la Comisión reconsiderar la Resolución adoptada.

    5. La Comisión, en comunicación de 17 de enero de 1984, transmitió al reclamante las partes pertinentes de las observaciones del Gobierno de Honduras, solicitándole que se sirviera hacer llegar cualquier información nueva o complementaria sobre el caso.

    6. El reclamante, en comunicación de 17 de febrero de 1984, formula los siguientes comentarios a las observaciones del Gobierno;

      El Director General de la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I.), dice desconocer el paradero de la persona reclamada, "aunque se hacen los mayores esfuerzos por dar con el paradero de ellos". No obstante, en el caso particular de Angel Manfredo Velázquez no se le ha dado ninguna atención y que uno de sus captores fue José Isaias Vilorio, lo que fue puesto en conocimiento del entonces Director de la D.N.I. y ahora Jefe de Inteligencia Militar (G-2), General Juan López Grijalba.

      El Gobierno no menciona por su nombre al alcalde de Langue, Valle, que se ha hecho eco del rumor de que el desaparecido es mas bien un guerrillero salvadoreño, dicho alcalde podría ser:

      - Fidel Díaz, 1981 y

      - Antonio Yanez, 1982 hasta diciembre de 1983.

    7. La Comisión, en su 62º período de sesiones (mayo de 1984) estudió el pedido de reconsideración del Gobierno de Honduras y acordó continuar con el estudio del caso.

    8. En aplicación de dicha decisión la Comisión se dirigió al Gobierno de Honduras, en nota de 30 de mayo de 1984, solicitándole la siguiente información sobre el estado del asunto ante las autoridades competentes del país;

      1. Si a la fecha se habían ya agotado los recursos de la jurisdicción interna;

      2. Si había concluido el procedimiento del Recurso de Exhibición Personal interpuesto en favor del Sr. Angel Manfredo Velázquez y otros y cual había sido su resultado;

      3. Si el informe del Alcalde Municipal de Langue, cuya copia el Gobierno de Honduras había transmitido con la nota de 18 de noviembre de 1983, mencionada atrás, se había presentado como parte de un procedimiento judicial adelantado para determinar el paradero del Sr. Velázquez;

      4. Si había investigado la denuncia en contra del Sr. José Isaias Vilorio, supuestamente involucrado en la desaparición del Sr. Velázquez, y de lo cual se informó oportunamente el entonces Director Nacional de Investigaciones, General Juan José López Grijalba, según consta en el expediente ante la CIDH y,

      5. Si los testimonios de las personas que supuestamente han afirmado ver al Sr. Velázquez han sido rendidos con las formalidades legales ante autoridades competentes.

    9. En la citada nota la Comisión manifestó al Gobierno de Honduras, además, que esperaba contar con una respuesta antes de la iniciación de su próximo período de sesiones (63º), programado para octubre de 1983 a fin de concluir el estudio de este caso; dicha petición fue reiterada el 29 de enero de 1985 y señalando que la Comisión adoptaría decisión final en su período de sesiones previsto a partir del 4 de marzo de ese año.

    10. La Comisión, en su 64º Período de Sesiones (octubre de 1984) acordó posponer el examen final del asunto concediendo al Gobierno hondureño un plazo de 30 días para el envío de lo resultados a que hubiere llegado la mencionada Comisión Investigadora y los datos pedidos en la nota de 30 de mayo de 1984.

    11. El Gobierno de Honduras, en cablegrama de 1º de Marzo de 1985, solicitó la posposición de la consideración de este caso hasta otro período de sesiones en vista de que, por Acuerdo No. 232 de 14 de junio de 1984, se había creado una Comisión Investigadora compuesta por altas autoridades con facultades "para analizar exhaustivamente las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, esclarecer dichos hechos y establecer la identidad de quienes fueren responsables para que les sean aplicadas las sanciones legales correspondientes" y que dicha Comisión había pedido al Gobierno un plazo de 90 días para rendir un informe del resultado de sus actividades, plazo que aun no había concluido.

    12. Dicho plazo fue comunicado al Gobierno de Honduras por cablegrama de 11 de marzo de 1985.

    13. El Gobierno de Honduras en nota de 8 de Abril de 1985, avisó recibo del cablegrama de 11 de marzo, arriba citado, pero no remitió los datos e informes solicitados por la Comisión en la nota de 30 de mayo de 1984, ni los resultados de la investigación que hubiere llevado a cabo la Comisión Especial creada por el Decreto 232 de 14 de junio de 1984.

    14. El Gobierno de Honduras en cablegrama de 4 de Abril de 1986 (No. 717) informó a la Comisión lo siguiente; "A raíz de publicaciones por la prensa hablada y escrita este Juzgado de Letras procedió a levantar diligencias de oficio (por cuanto) y consecuentemente las investigaciones correspondientes sobre la desaparición de personas sobre el territorio nacional y propiamente por denuncia que las señoras Gertrudiz Lanza González, Juana Paula Valladares Lanza, Vertilia Cerrato Alena, se instruyeron diligencias contra Gustavo Alvarez Martínez, Daniel Bali Castillo, Juan López Grijalba, Juan Blas Salazar, Alexander Fernández, Marcos Hernández y otro de apellido Gradiz, por los delitos de asesinato consumado, aplicación de torturas, abuso de autoridad y desobediencia, en perjuicio de José Eduardo Lanza, Reinaldo Díaz, Manfredo Velázquez, Rafael Antonio Pacheco, Marco Antonio Fino, Jorge Eureque, Rolando Vindel Zavala, Gustavo Morales y otros, habiendo sido sobreseídas dichas diligencias, por este Juzgado ya confirmado el fallo por la Honorable Corte Primera de Apelaciones a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, por haberse sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país".

    CONSIDERANDO:

    1. Que los nuevos elementos de juicio presentados por el Gobierno de Honduras sobre las investigaciones llevadas a cabo en este caso, transmitidos a la Comisión casi dos años después de haber sido solicitados, en el cablegrama de 4 de Abril de 1986, no son suficientes, a juicio de la Comisión, para llevar a cabo un nuevo examen del asunto ni ameritan la reconsideración de la Resolución 30/83 aprobada en el 61º período de sesiones de la Comisión.

    2. Que, por el contrario, de todos los elementos de juicio que obran en el caso se deduce que el Sr. Angel Manfredo Velázquez Rodríguez continúa desaparecido sin que el Gobierno de Honduras pese a los múltiples pedidos de la CIDH al respecto y, en especial, el detallado pedido de informes solicitado el 30 de mayo de 1984 haya ofrecido pruebas concluyentes que permitan establecer que no son verdaderos los hechos denunciados.

    3. Que la información suministrada por el Gobierno de Honduras en el cablegrama de 4 de Abril de 1986, no responde a los puntos solicitados por la Comisión ni se infiere de dicho cablegrama la disposición del Gobierno de Honduras de proseguir las investigaciones a fin de esclarecer los hechos, limitándose en dicho cablegrama a informar que el Juzgado de Letras ante el cual se tramitó el hecho denunciado en el caso 7920 habría sobreseído las diligencias y que el fallo habría sido, además, confirmado por la Corte Primera de Apelaciones.

    4. Que se configura en este caso, además, un hecho de retardo injustificado en la administración de justicia.

    5. Que por lo expuesto en los párrafos 2 y 3 anteriores, puede concluirse que el Gobierno de Honduras no ha adoptado las recomendaciones de la Comisión.

    6. Que en el caso materia de la presente Resolución la Comisión no ha podido, por las características de la denuncia, aplicar el procedimiento de solución amistosa previsto en el Articulo 48, inciso 1, letra f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 45 de su Reglamento.

    7. Que al no ser aplicable el procedimiento de solución amistosa la Comisión debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 51, inciso 1, de la Convención, emitiendo su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.

    8. Que, además, la información suministrada por el Gobierno de Honduras ha sido insuficiente ya que se desconoce el resultado de la investigación de la Comisión Especial sobre desaparecidos y ha transcurrido tiempo suficiente desde que se denunciaron los hechos que dieron origen a esta denuncia.

    9. Que, asimismo, al no ser plicable el procedimiento de solución amistosa, la Comisión puede al tenor del Artículo 50 de su Reglamento, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el Gobierno no hubiese adoptado las recomendaciones formuladas, y

    10. Que el Gobierno de Honduras, en fecha 9 de septiembre de 1981, depositó el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el Articulo 62 de la Convención.

    LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

    RESUELVE:

    1. Confirmar en todas sus partes la Resolución 30/83 de octubre de 1983, denegando, en consecuencia, el pedido de reconsideración presentado por el Gobierno de Honduras.

    2. Referir el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los efectos previstos en el Articulo 63, inciso 1, de la Convención y, por tanto, que la Corte decida que hubo violación de los derechos a la vida (Art. 4), a la integridad personal (Art. 5) y a la libertad personal (Art. 7) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnización.

    3. Comunicar esta Resolución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al peticionario y al Gobierno de Honduras, conforme lo dispone el Articulo 50, inciso 1 del Reglamento de la Comisión.