RESOLUCION Nº 19/86

CASO 9367 (Nicaragua)

16 de abril de 1986

VISTO:

  1. La Denuncia recibida en la Comision Interamericana de Derechos Humanos con fecha 8 de junio de 1984, según la cual:

    Jose Esteban Lazo Morales de 39 año s de edad, casado, ganadero y del domicilio de San Pedro de Lovago, en el Departamento de Chontales, fue detenido en su casa de habitacion, por miembros de la Seguridad del Estado el dia 13 de noviembre de 1983, aproximadamente a las 11:30 p.m. y llevado a la base de operaciones de dicho organismo que funciona en la ciudad de Juigalpa, cabecera departamental de Chontales, y que el dia 18 de noviembre de ese mismo año fue regresado a su casa de habitacion hecho cadaver.

    El cadáver de Lazo Morales fue llevado a su casa de habitación por cuatro miembros de la Seguridad del Estado dentro de un ataúd que iba sellado con tornillos y ordenaron que no lo abrieran y que procedieran al entierro en las primeras horas de la mañana. No obstante esa advertencia, la familia procedió a abrir el feretro y encontraron que el cadáver presentaba las siguientes lesiones: fractura en la nariz, moretones sobre las cejas, sangre en la cabeza y los oidos, la parte paja del abdomen la tenia morada, presentaba fracturas en las costillas y en la espalda tenia dos heridas un poco profundas, como de cuatro pulgadas de largo y en forma de media luna.

    También le entregaron a la familia un dictamen médico legal, emitido por el Dr. Luis N. Gadea A., médico forense del departamento de Chontales, en el que se afirma que el prisionero Lazo Morales murió de un ataque cardiaco. Dicho dictamen tiene caracteristicas muy particulares, entre las que se destaca el hecho de que dicho médico señala que cuando Lazo Morales ingreso como prisionero se encontraba sumamente nervioso y que las fracturas y lesiones son producto de caidas, efecto estas a la vez de desmayos sufridos mientras estaba encarcelado, es decir que dicho médico forense emite criterios que normalmente un patólogo que solo examina el cadáver no podría asegurar, a menos que este dando la versión de las autoridades responsables de la detención.

    Con fecha 27 de febrero del corriente año (1984) se expuso el caso ante el Departamento Popular de Quejas del Ministerio del Interior, demandando una investigación inmediata, a fin de determinar las responsabilidades del caso, pero hasta el momento no hemos tenido siquiera noticias de que se está realizando la solicitada investigacion.

  2. La transmisión de las partes perrinentes de dicha denuncia al Gobierno de Nicaragua, mediante nota de fecha 18 de junio de 1984, solicitáindole que suministre la información que considerase oportuna, así como cualquier elemento de juicio que permitiese apreciar si en el caso materia de la presente solicitud se habian agotado los recursos de la jurisdicción interna.

  3. La comunicación de fecha 30 de enero de 1985 en la cual se reiteraba la solicitud de información de fecha 18 de junio de 1984.

  4. La reiteración de solicitud de información formulada por nota de 27 de febrero de 1986, en la cual se manifiesta el Gobierno de Nicaragua que de no suninistrar tal información dentro de un plazo de 30 días en aplicación del artículo 42 del Reglamento, se presumirán verdaderos los hechos denunciados.

  5. Las observaciones del Gobierno de Nicaragua a la Resolución 19/86, según las cuales:

    El señor José Esteban Lazo fue detenido por actividades contrarrevolucionarias ligadas al Frente Democrático Nicaragüense en San Pedro de Lóvago, Chontales. No se pudo continuer el juicio entablado contra é1, debido a su muerte provocada por un paro cardíaco.

    Según el Doctor Luis N. Gadea, entonces médico forense del Departamento de Chontales, el señor José Esteban Lazo Morales realmente murió de un paro cardíaco y afirma que según su leal saber y entender, después de haber realizado el examen médico legal, no encontró señales de torturas.

    Por su parte el Ministerio del Interior también ha negado rotundamente las afirmaciones de los denunciantes sobre supuestas torturas.

CONSIDERANDO:

  1. Que el Gobierno de Nicaragua no ha respondido a las solicitudes de información formuladas por la Comisión, con relación al presente caso y que además se han agotado los requisitos de la jurisdicción interna.

  2. Que los hechos materia de la denuncia, por su naturaleza, no permiten que se aplique en este caso el procedimiento de solución amistosa.

  3. Que el artículo 42 del Reglamento de la Comisión establece lo siguiente:

    Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad can el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa.

  4. Que el Gobierno de Nicaragua, además de no haber respondido a las reiteradas solicitudes de informes, tampoco permitió que un miembro de la Comisión y un funcionario de la Secretaria se trasladen a ese país para aclarar ciertos aspectos relacionados con este caso, según lo dispuesto por el artículo 48.1. d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Nicaragua es Estado Parte.

  5. Que las observaciones del Gobierno de la Resolución 19/86 adoptada por la Comisión respecto de este caso no proporciona elementos que permitan a la Comisión modificar las conclusiones a que había arribado, pues dicho Gobierno se limita a transmitir un hecho del cual ya había dado cuenta el denunciante.

En vista de lo cual,

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

  1. Considerar verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 8 de junio de 1984 relacionados con la detención y posterior muerte del señor José Esteban Lazo Morales.

  2. Declarar que el Gobierno de Nicaragua ha violado el derecho a la libertad personal (Artículo 7) y el derecho a la vida (Artículo 4) consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Nicaragua es Estado Parte.

  3. Recomendar al Gobierno de Nicaragua que disponga una exhaustiva investigación de lo hechos denunciados para identificar a los responsables, los someta a la justicia a fin de que reciban las sanciones legales correspandientes y adopte las medidas necesarias para que tan graves hechos no se repitan.

  4. Confirmar la Resolución 19/86, incluirla en su Informe Anual, de conformidad con el Artículo 63 inciso "g" del Reglamento de la Comisión, y comunicarla al reclamante.