RESOLUCION No. 5/84

Caso 8027 (PARAGUAY)

17 de mayo de 1984




ANTECEDENTES:

1. Mediante comunicación fechada el 2 de mayo de 1982, recibida el 30 de julio de ese mismo año, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

"El escritor nacional Augusto Roa Bastos ha sido deportado a la localidad argentina de Clorinda el día 30 de abril de 1982, sin mediar orden judicial alguna.

Ese día por la tarde, cuatro hombres vestidos de civil (policías), llegaron a casa de Roa Bastos para indicarle que debía acompañarles. A requerimiento de la prensa sobre la expulsión del famoso autor de YO EL SUPREMO la policía manifestó desconocer absolutamente todo el asunto, y recién el día 2 de mayo el Ministerio del Interior manifestó que "Roa Bastos era un bolchevique ultra-moscovita".



Los tribunales no tuvieron participación en el hecho y a Roa Bastos se le privó el derecho a la defensa pues hasta el momento no explicaron "en forma seria" los fundamentos jurídicos que avalen su destierro."

2. La Comisión mediante nota del 11 de agosto de 1982, transmitió al Gobierno las partes pertinentes de la denuncia, solicitando la información que se estimare oportuna y expresando que de acuerdo al Artículo 31 del Reglamento de la Comisión, la solicitud de información no entrañaba prejuzgar sobre la admisibilidad de la denuncia.

3. Con fecha 24 de agosto de 1982, el Gobierno de Paraguay dio respuesta a la solicitud de información formulada por la Comisión en los siguientes términos:

"Augusto Roa Bastos. En ejercicio de la factulad que tiene el Poder Ejecutivo por imperio de la Constitución Nacional (estado de sitio, Artículo 79), fue detenido, por razones de su actividad proselitista en grupos juveniles y universitarios y grupos intelectuales (actividad proselitista marxista-leninista, prohibida por la ley en el Paraguay. El Partido Comunista en el Paraguay está fuera de la ley por imperio de la Constitución Nacional, que prohibe que se use la libertad para suprimir la libertad.) Augusto Roa Bastos optó por salir al exterior. Se encuentra actualmente en Toulouse, Francia."

4. Mediante nota del 3 de septiembre de 1982 fueron transmitidas al denunciante las partes pertinentes de la respuesta del Gobierno.

5. El reclamante, por medio de nota de 8 de octubre de 1982, negó enfáticamente que el señor Roa Bastos hubiera salido del país voluntariamente, afirmando que por el contrario el mismo (el señor Roa Bastos) había sido conducido por la fuerza por la policía hasta la frontera y luego obligado a salir del país sin otra opción.

6. El gobierno paraguayo, mediante nota del 22 de febrero de 1983, contestó a las observaciones del reclamante manifestando que el Gobierno de Paraguay ya había dado su información sobre el caso Roa Bastos. Junto con esta nota la Comisión recibió otra de la misma fecha, firmada por el señor Sub Secretario de Asuntos Exteriores, Embajador Francisco Barreiro Maffiodo, por medio de la cual se remitió a la Comisión un recorte del diario "Hoy" de esa misma fecha, 22 de febrero de 1983, en el que aparece una entrevista concedida a la Agencia Noticiosa UPI por el señor Ministro del Interior, doctor Sabino Montanaro. Las partes pertinentes de la citada entrevista son las siguientes:

"Asunción 21 (UPI) El ministro paraguayo del Interior, Sabino Montanaro, dijo que los políticos exiliados, excepto uno que calificó de "desequilibrado mental" y otro al que vinculó con el comunismo, pueden regresar al Paraguay individualmente, pero no en grupo.



Según Montanaro, el "desequilibrado mental" es el fundador del Partido Demócrata Cristiano, Luis Resck, y el vinculado al marxismo, el renombrado escritor Augusto Roa Bastos. ...

Afirmó que otro expulsado, el escritor Augusto Roa Bastos, posee vinculaciones con "elementos" soviéticos y cubanos. Sus amigos y sus aliados eran los comunistas de la Argentina, del Uruguay, del Perú, de Colombia, de Venezuela, incluso de España y de Francia.

Dijo que Roa Bastos "vino acá y pretendió dar una conferencia en un colegio y en una universidad. Entonces, antes de que venga a adoctrinar a la juventud para organizar guerrillas o para alzarse contra el gobierno, lo expulsamos del país."

Montanaro manifestó que los demás exiliados pueden volver al país, incluso los disidentes del oficialista Partido Colorado, pero que deben hacerlo "de a uno, no en grupo, para evitar que haya tumulto y nosotros podamos controlar sus actividades. ..."

7. La Comisión, notando una evidente contradicción entre lo afirmado por el Gobierno en su nota del 24 de agosto de l982 y lo afirmado por el señor Ministro del Interior, Sabino Montanaro, en la entrevista concedida a la Agencia Noticiosa UPI a la que se hace referencia en el párrafo anterior, se dirigió al gobierno paraguayo mediante nota del l6 de junio de l983 en los siguientes términos:

Ref: CASOS Nos. 4663, 7848 y 8027

La CIDH durante su último período de sesiones conoció de los mencionados casos y encontró que existe una contradicción entre lo expresado por Vuestro Ilustrado Gobierno en sus comunicaciones del l5 de diciembre de 1982, del 31 de junio de 1981 y del 24 de agosto de 1982 relativos a los mencionados casos, y lo afirmado por el señor Ministro del Interior, doctor Sabino Augusto Montanaro, en sus declaraciones para la prensa aparecidas en el diario "Hoy" del 22 de febrero de 1983, cuyo recorte fue hecho al llegar a la CIDH acompañando nota del Ministerio de Relaciones Exteriores firmada por el señor Subsecretario de esa cartera, Embajador Francisco Barreiro Maffiodo.

En efecto, mientras por una parte, en las notas de la referencia, el Gobierno sostiene que los señores Laíno, Resck y Roa Bastos, después de permanecer detenidos por un tiempo al amparo del Artículo 279 de la Constitución Nacional, optaron por salir del país, dando la impresión de que lo hicieron voluntariamente, por otro lado, el señor Ministro del Interior en sus declaraciones de prensa afirma que, el señor Laíno fue deportado "por haber pintado en las paredes de las calles lemas

políticos que consideró como el comienzo de una campaña de desestabilización del gobierno"; que Luis Alfonso Resck fue deportado porque "es un desequilibrado mental e incitador a la rebelión" y que, el otro expulsado, el escritor Roa Bastos, "posee vinculaciones con elementos soviéticos y cubanos, y que quiso dar una conferencia en un colegio y en una universidad" y que "entonces antes de que venga a adoctrinar a la juventud para organizar guerrillas o para alzarse contra el gobierno, lo expulsamos del país."

En otra parte de sus declaraciones el señor Ministro agrega que "los demás exiliados pueden volver al país incluso los disidentes del Partido Colorado."

Los denunciantes han negado que los mencionados señores hayan salido del país voluntariamente. Antes bien, coincidiendo con lo expresado por el señor Ministro del Interior, afirman que se les obligó a salir del país y se les niega el permiso de regresar, mencionando como ejemplo el caso del señor Laíno, quien de acuerdo a comunicación cuyas partes pertinentes le fueron enviadas al gobierno paraguayo mediante nota del 5 de abril de 1983, intentó regresar al país el día 25 de marzo de 1983 en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas pero fue obligado a regresar al lugar de embarque en el mismo avión que lo llevó a Asunción.

En vista de lo anterior, la Comisión me instruyó especialmente para que me dirigiera al Gobierno de Paraguay, solicitándole suministre información acerca de cuál es la situación real en que se encuentran los señores Domingo Laíno, Luis Alfonso Resck y Augusto Roa Bastos. Concretamente la CIDH desearía saber: si tal como lo afirma el señor Ministro del Interior, los señores Laíno, Resck y Roa Bastos fueron expulsados del país. Si así fuera, la Comisión desearía tener copia de la sentencia ejecutoriada dictada por tribunal competente que ordena el extrañamiento de los mencionados señores. Si por el contrario no fuere ese el caso, la Comisión desearía conocer en base a qué disposición legal el gobierno paraguayo no permite la entrada al país de los mencionados señores."

8. El Gobierno de Paraguay hasta la fecha no ha dado ninguna respuesta a la anterior comunicación y el señor Augusto Roa Bastos, de acuerdo a informaciones que obran en poder de la Comisión, permanece aún extrañado del país.

CONSIDERANDO:

1. Que el derecho de toda persona de vivir en su propia patria, de salir de ella, y de regresar cuando lo estime conveniente se encuentra reconocido por todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre cuyo Artículo VIII dice:



"Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad."

2. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al ocuparse del problema de la expulsión de nacionales, ha señalado:

"Es motivo de alarma y preocupación la frecuencia con que se recurre a la medida de expulsión de nacionales, no como ejercicio de una opción, tal como lo consagran algunas legislaciones, sino como un acto impuesto al sujeto por la fuerza y contra el cual no cabe recurso alguno, en violación del derecho a residencia y tránsito establecido en el Artículo VIII de la Declaración Americana." (Informe Anual de la CIDH, 1976, página l8).

Estas expulsiones decretadas administrativamente, sin ningún tipo de proceso, generalmente lo han sido por un tiempo indefinido, lo cual aumenta aún más su crueldad e irracionalidad, al hacer esta sanción aún más onerosa que la que acarrea la comisión de un delito, el cual siempre lleva aparejada una pena precisa en su aplicación temporal." (Informe Anual de la CIDH, 1980-1981, página 120).

3. Que de las declaraciones del señor Ministro del Interior, doctor Sabino Montanaro, hechas a la Agencia Noticiosa UPI y aparecidas en la edición del diario "Hoy", de fecha 22 de febrero de 1983, cuyo texto le fue hecho llegar oficialmente a la Comisión por el gobierno paraguayo mediante nota de esa misma fecha 22 de febrero, firmada por el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, se llega a la inequívoca conclusión de que el señor Augusto Roa Bastos no salió voluntariamente del país, sino que fue obligado a abandonar su patria y permanecer en contra de su voluntad en suelo extraño.

4. Que de las mismas declaraciones del Ministro Montanaro y de la falta de contestación a la nota de la Comisión del l6 de junio de 1983 se colige que la expulsión del país del señor Augusto Roa Bastos fue decretada administrativamente sin que mediara ningún tipo de proceso, sin darle lugar a intentar los recursos de la jurisdicción interna, como un medio de eliminar a un disidente político que el Gobierno considera un peligro para su seguridad interior.

5. Que la libertad de las personas incluye la libertad de permanecer en el país del cual es ciudadano y que constituye el centro de su vida profesional, familiar y social. La expulsión de un ciudadano por su gobierno, en circunstancias normales, está totalmente excluido por las normas de derechos humanos vigentes.

Por tanto, en vista de los antecedentes relatados y de las consideraciones hechas, con fundamento en los Artículos 48, 49 y 50 de su Reglamento,



LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,


RESUELVE:

1. Declarar que el Gobierno de Paraguay ha violado los Artículos VIII (Derecho de residencia y tránsito), XVIII (Derecho de justicia), XXV (Derecho de protección contra la detención arbitraria), XXVI (Derecho a proceso regular), de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

2. Recomendar al Gobierno de Paraguay (a). Que adopte las medidas necesarias a fin de que el señor Augusto Roa Bastos pueda regresar a Paraguay, con el goce de todos los derechos y garantías que la Constitución y las Leyes Paraguayas y los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos le confieren. (b). Que disponga una investigación completa e imparcial para determinar quiénes son los responsables de los hechos denunciados y les imponga la sanción que corresponda, de conformidad a las leyes paraguayas, (c). Que informe a la Comisión, dentro de un plazo de 60 días, sobre las medidas tomadas para poner en práctica esta recomendación.

3. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Paraguay.

4. Publicar esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, si el Gobierno de Paraguay no diere cumplimiento a las recomendaciones formuladas, dentro del plazo anteriormente señalado.