RESOLUCION No.50/82

CASO 4326 (ARGENTINA)

24 de junio de 1982

ANTECEDENTES:

  1. En comunicaci�n de 28 de abril de 1979, la Comisl�n Interamericana de Derechos Humanos recibi� la siguiente denuncia: INES OLLERO, joven trabajadora y estudiante de Biolog�a. Detenida el 19 de julio de 1977 en un operativo realizado por la Escuela Mec�nica de la Armada en un colectivo de la l�nea 187 junto con todas las personas integrantes del pasaje en la intersecci�n de la Ave. Constituyentes y Albarellos de la Ciudad de Buenos Aires y llevada a la comisaria No. 49 de la que no sali� en libertad como en cambio sucedi� con el resto de las personas. Todos estos datos y muchos otros m�s obran en manos del juez que entiende en la causa, comprobados fehacientemente por el testimonio de inumerables testigos, entre ellos el del proplo subcomisario de dicha seccional de polic�a, quien puso a disposici�n del juez el libro No. 40 donde figura la detenci�n de la aludida y de los dem�s detenidos en el operativo, detenci�n anteriormente negada. Estos y muchos otros datos que prueban abrumadoramente que In�s Ollero fue detenida por fuerzas de la Armada y, por lo tanto, su rastro no puede haberse esfumado, obran, como queda dicho, en manos del juez y de diversas instancias judiciales. Pese a todo este c�mulo de pruebas concretas, In�s Ollero no ha aparecido.

  2. La Comisi�n en nota del 9 de octubre de 1980, transmiti� esta denuncia al Gobierno de Argentina, solicit�ndole que suministrase la informaci�n correspondiente, as� como cualquier elemento de juicio que permita a la Comisi�n apreciar si en el caso materia de la presente solicitud se agotaron los recursos de jurisdicci�n interna.

  3. Mediante comunicaci�n del 29 de enero de 1980 la Comisi�n remiti� al Gobierno argentino informaci�n adicional sobre el presente caso, reiter�ndole la solicitud de informaci�n.

  4. E1 Gobierno de Argentina en nota de 25 de marzo de 1980 respondi� a la Comisi�n en los siguientes t�rminos: Atento a la solicitud requerida por la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno argentino con referencia a la solicitud de paradero de la ciudadana argentina In�s Ollero, se comunica: La mencionada se�orita OLLERO, el 19/07/77, se dirig�a en un colectivo de la l�nea 187 presuntamente hacia su domicilio, cuando el mismo fue detenido en la intersecci�n de las calles Albarellos y Constituyentes, en jurisdicci�n de la Capital Federal, a fin de realizar un control de tr�nsito de rutina. A1 comenzar dicha tarea, se encontraron en el interior del mismo, panfletos de propaganda de una organizaci�n terrorista. A1 no poder determinarse al poseedor de los mismos se procedi� a conducir a la totalidad del pasaje a la seccional de polic�a, con jurisdicci�n de la zona, a fin de investigar el hecho. Una vez reunido en la dependencia policial, el pasaje completo fue identificado y debidamente interrogado respecto de los panfletos que se hab�an encontrado. A1 no obtenerse resultados positivos, se decidi� no demorar m�s a los mencionados pasajeros, los cu�les en su totalidad recuperaron su libertad, conforme surge de la causa judicial que se iniciara posteriormente y a la que se har� menci�n a continuaci�n. A1 no regresar a su domicilio, el padre de la se�orita OLLERO interpuso recurso de Habeas Corpus, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia letra "V", el cual se encuentra en plena sustanciacion. Sin perjuicio de la acci�n judicial citada anteriormente, se inici� ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucci�n No. 25, Secretar�a No. 161 una causa para investigar una presunta "Privaci�n Ileg�tima de Libertad". De lo expuesto precedentemente se infiere que ha sido innecesaria e inconducente la denuncia formulada ante esa Comisi�n, ya que el denunciante no puede ignorar que no se han agotado los recursos legales internos que las leyes argentinas le permiten y, como se ha reconocido, los antecedentes del caso est�n en manos de las autoridades judiciales correspondientes. Por �ltimo cabe se�alar que, seg�n manifestaciones por escrito realizadas por el propio padre de la causante ante autoridades del Gobierno argentino, la misma era militante activa de una organizaci�n juvenil de extrema izquierda, de la cual se han apartado numerosos miembros que con posterioridad se vincularon a bandas terroristas, por lo que no debe descartarse de que, luego de ser autorizada a retirarse de la dependencia policial, la misma temiendo que una investigaci�n m�s profunda de los antecedentes de los pasajeros demorados, hiciera salir a la luz su adherencia a dicha organizaci�n, haya decidido a fin de eludir una eventual acci�n judicial, ausentarse voluntariamente y/o pasar a la clandestinidad, como la experiencia lo ha demostrado con otros casos similares.

  5. En nota del 12 de abri1 de 1980 se remitieron al denunciante las partes pertinentes de la respuesta del Gobierno solicit�ndole que suministrara sus observaciones a dicha respuesta.

  6. En nota de 6 de septiembre de 1980, el denunciante impugna la respuesta del Gobierno argentino en los t�rminos contenidos en el anexo que se adjunta a esta resoluci�n y que forma parte integral de la misma.

  7. La Comisi�n en nota de 11 de diciembre de 1980 transmiti� al Gobierno de Argentina las observaciones del reclamante solicit�ndole los informes correspondientes en un plazo de 30 d�as. Hasta la fecha el Gobierno argentino no ha respondido a la anterior solicitud de informaci�n.

  8. Obran en poder de la Comisi�n los diferentes escritos judiciales y las decisiones judiciales respectivas, as� como los testimonios de diferentes personas, testigos presenciales de las circunstancias en las cuales fue detenida la se�orita Ollero.

  9. La Comisi�n ha venido analizando en sus �ltimos per�odos de sesiones la situaci�n de las personas desaparecidas en la Rep�blica Argentina y ha reiterado al Gobierno de ese pa�s la urgencia de esclarecer a los familiares el paradero de los mismos.

CONSIDERANDO:

  1. Que a la luz de los antecedentes se�alados y de los documentos que obran en la Comisi�n existen claras evidencias en cuanto a las circunstancias de lugar, tiempo y procedimiento efectuado en la detenci�n de la se�orita Ollero, de los que se deduce que la misma fue ejecutada p�blicamente por autoridades del Gobierno argentino.

  2. Que desde la detenci�n de la se�orita Ollero, se desconoce su paradero temi�ndose por su vida e integridad personal.

  3. Que de las pruebas que obran en poder de la Comisi�n se deduce la veracidad de los hechos denunciados.

  4. Que no obstante lo anterior el Gobierno de Argentina hasta la fecha no ha respondido a las observaciones presentadas por el denunciante y solicitadas por la Comisi�n en su nota de 11 de diciembre de 1980.

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

RESUELVE:

  1. Que existen pruebas suficientes de que la se�orita Ollero, fue detenida ilegalmente el 19 de julio de 1977 en un operativo realizado por la Escuela de la Mec�nica de la Armada, cuando se encontraba en un colectivo de transporte p�blico (l�nea 187), permaneci�ndo a�n desaparecida;

  2. Declarar que tales hechos constituyen grav�simas violaciones al derecho a la vida, a la libertad (Art.I); y al derecho de protecci�n contra la detenci�n arbitraria (Art. XXV) de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

  3. Recomendar al Gobierno de Argentina a) que de inmediato tome las medidas necesarias para esclarecer el paradero de la Srta. Ollero e informe a sus familiares; b) que realice una investigaci�n completa e imparcial para determinar la autor�a de los hechos denunciados; c) que sancione de conformidad con las leyes argentinas a los responsables de la detenci�n y posterior desaparici�n de la se�orita Ollero y d) que informe a la Comisi�n dentro de un plazo de 30 d�as acerca de las medidas tomadas para poner en pr�ctica las recomendaciones anteriores;

  4. Comunicar esta Resoluci�n al Gobierno de Argentina y al Denunciante.

  5. Incluir esta Resoluci�n en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, de conformidad con el Art�culo 50 (4) del Reglamento de la Comisi�n, si el Gobierno argentino no adoptare dentro del plazo se�alado anteriormente las recomendaciones formuladas.

ANEXO

Caso 4326 (Argentina)

Nombre: In�s Ollero

Fecha: 6 de septiembre de 1980

Observaciones del Reclamante

Primera Parte, Rese�a del caso

Ante la inesperada e inusitada ausencia de mi hija de nuestro hogar, al que deb�a retornar en horas de la noche del 19 de julio de 1977, como lo hac�a diariamente al cabo de sus obligaciones como estudiante de la carrera de biolog�a de la Universidad de Buenos Aires, realic� diversas averiguaciones de car�cter personal, que se me permitieron conocer con bastante exactitud los hechos fundamentales referidos a su detencion, por fuerzas de seguridad, ocurrida aquella noche. Practiqu� diversas gestiones para conocer su paradero y obtener su libertad, sin alcanzar resultados positivos. En tales condiciones promov� el d�a 16 de agosto de 1977 el recurso de habeas corpus, que qued� radiado en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia Letra V, Secretar�a No. 30, dando cuenta desde su inicio de los datos fundamentales que eran ya por entonces, de mi conocimiento. As�, pude precisar que mi hija In�s Ollero viajaba en la noche del 19 de julio de 1977, en el colectivo de la l�nea 187, n�mero interno 13, desde la estaci�n Chacarita (en la Capital Federal), hacia nuestro domicilio en San Andr�s, Provincia de Buenos Aires, Agregu� que ese veh�culo fue interceptado aproximadamente a las 22 horas y 10 minutos en la esquina de Constituyentes y Albarellos, en jurisdicci�n de la Capital Federal, por personal que efectuaba un operativo de control, trasladando tanto el veh�culo como a los pasajeros a la seccional 49 de la Polic�a Federal. Los dem�s pasajeros fueron liberados, pero mi hija qued� desde entonces privada de su libertad. E1 Juzgado, en la misma fecha (16.8.77), solicit� informes detallados, dando cuenta exacta de los hechos antes enunciados al Comando en Jefe del Ej�rcito, a la Polic�a Federal y al Ministerio del Interior. Las respuestas, producidas el 25.8.77 el 18.8.77 y 19.8.77, respectivamente fueron todas negativas, informando el Ej�rcito no tener antecedentes, y Polic�a e Interior que no estaba detenida. A efectos de probar los hechos alegados, y que el propio Juzgado ya hab�a trasmitido a los organismos requeridos, ofrecimos el testimonio del conductor y de los pasajeros de veh�culo de transporte colectivo. Inmediatamente despu�s de ese ofrecimiento (3

  1. 3.77) y antes que se produjeran las declaraciones testimoniales se recibi� en el Juzgado un informe titulado "Mensaje Militar", suscrito por el Coronel Roberto L. Roualea, en su car�cter de segundo Comandante de la Sub-zona Capital Federal, en el que se dice que el 19 de agosto de 1977 se habr�a efectuado un procedimiento de control de veh�culos en el lugar y hora por mi indicados, resultado del cual se habr�a trasladado a la misma dependencia policial antes se�alada en total de pasajeros del colectivo n�mero 111, desde donde ellos habr�an sido "despachados en libertad". La fecha correcta del procedimiento es la del 19 de julio y no de agosto, y el n�mero correcto del colectivo es el 187 y no 111, como se informa err�neamente en el informe militar. La declaraci�n de los testigos, producida a continuaci�n ratific� los datos correctos, precisando la fecha 19 de julio y el n�mero 187 del veh�culo. En tales circunstancias el Juzgado orden�, el 9 de septiembre de 1977, nuevos pedidos de informes al Comando en Jefe del Ej�rcito y a la Polic�a Federal, ratificando los datos f�cticos obrantes en la causa y con expresa indicaci�n de que se sirviran agotar la investigaci�n al respecto. Con fecha 12 de septiembre de 1977, la Polic�a Federal informo al Juzgado que In�s Ollero se hallaba detenida, y que no existen constancias a tenor de lo solicitado. La respuesta del Ej�rcito (27.9.77) ratifica exactamente los t�rminos de su anterior informe, reiterando los mismos errores respecto del mes y del n�mero de l�nea del colectivo; sin formular aclaraci�n alguna respecto de la discordancia de esos datos entre el pedido de informaci�n que conten�a los correctos y su respuesta. A continuaci�n, con fecha 4 de octubre de 1977, el Juzgado dicta sentencia rechazando la acci�n, resoluci�n que es apelada por mi, y confirmada por la C�mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala III, con fecha 8 de noviembre de 1977.

    INTERPUESTO CONTRA LA MISMA RECURSO EXTRAORDINARIO

    La Corte Suprema de Justicia de la Naci�n dicta el 25 de abri1 de 1978 el fallo cuyo texto es reproducido por esa Comisi�n en su �Informe sobre la Situaci�n de los Derechos Humanos en la Argentina� (1

    1. 4.80), Cap�tulo 6 E6, haciendo lugar a nuestro pedido de prosecuci�n de la acci�n. Ante esta disposici�n de la Corte Suprema, el recurso de habeas corpus contin�a su tr�mite en el Juzgado de origen, que adopta as� nuevas medidas de prueba. En primer t�rmino (24.5.78) se requirieron nuevos informes (siempre proporcionado a los organismos consultados los precisos datos obrantes en el expediente pare facilitar las respuestas) al Comando en Jefe del Ej�rcito, a la Polic�a Federal y primera vez en el expediente al Comando del Primer Cuerpo del Ej�rcito. La polic�a Federal (26.5.78), por tercera vez consecutiva neg� que se hubieran "adoptado medidas tendientes a restringir la libertad de la nombrada". Por su parte el Coroneal Rouldes, en nombre del Primer Cuerpo del Ej�rcito, con fecha (12.6.78) reiter� el "Mensaje Militar antes citado, rectific�ndolo en esta oportunidad la fecha, y se�alando la correcta del 19 de julio, manteniendo el error sobre el n�mero del colectivo, y respecto del pedido de remisi�n de la n�mina del personal actuante en el procedimiento "que no se accede por razones operacionales, --y carecer en estos momentos por destrucci�n de elementos de juicio carentes de valor como documentos donde no hay novedades". (textual) Entretanto, se tom� judicialmente declaraci�n testimonial de la totalidad del personal de la Secclonal 49 de la Polic�a Federal que prest� servicios en la noche del 19 de julio de 1977. Se tuvo as� conocimiento por la declaraci�n de 35 oficiales, suboficiales y agentes de la Polic�a Federal que, habitualmente personal de la Escuela de Mec�nica de la Armada realizaba procedimientos en esa zona, dependencia policial. E1 elemento de prueba m�s contundente, fue la aparici�n de un acta labrada en la oportunidad del procedimiento (19.7.77) en el libro "Memorandum de la Seccional Policial, en el que se dej� constancia del operativo que nos ocupa. All� figura la n�mina completa de pasajeros, con su n�mero de documento y domicilio, inclu�da obviamente In�s Olledo, con expresa indicaci�n de que los efectivos actuantes pertenecen a la Escuela de Mec�nica de la Armada. En n�mero del colectivo contenido en esa acta es inexacto, ya que se asent� el 111, cuando en realidad se trat� de la l�nea 187. Se consign� adem�s que todos los pasajeros hab�an sido 'despachados en libertad" desde la Seccional. Como se ve la reiterada informaci�n de la Polic�a Federal en el sentido de que no exist�an constancias sobre el procedimiento, qued� rotundamente desmentidas, por esa prueba documental agregada a un libro de la repartici�n y suscripta por dos oficiales de la misma. Ante la identificaci�n de la fuerza actuante en el procedimiento (Escuela de Mec�nica de la Armada) por la Polic�a, se orden� la declaraci�n testimonial por oficio de su jefe, Contralmirante Rub�n Jacinto Chararro. Este en su declaraci�n por escrito del (3
      1. 8.78), admite la posibilidad de existencta del procedimiento pero manifiesta desconoer si efectivamente ocurrt�, "...no pudiendo precisar qu� personal los efectu� por no haberse registrado novedades". La acci�n es nuevamente rechazada por el Juzgado de Primera Instancia (25.9.78); pero la C�mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala III, ante nuestro recurso de apelaci�n, ordena en esta oportunidad la prosecuci�n de la investigaci�n (15.12.78). Prosiguiendo la investigaci�n, el Juzgado resolvi� (2
        1. 12.78) interrogar a la totalidad de los pasajeros del Colectivo, cuya n�mina surge del acta policial del 19.7.77, transcripta al expediente judicial. Por medio del testimonto de los quince pasajeros citados, se pudo conocer con gran detalle el trato a que fueron sometidos quienes viajaban esa noche en el veh�culo interceptado. Se supo dem�s que In�s Ollero fue aislada de los dem�s pasajeros debido a que se la consideraba sospechosa de portar supuestos panfletos subversivos hallados en el veh�culo, cuya existencia es admitida en un informe oficial por primera vez al remitirse a esa Comisi�n la respuesta en cuestion del gobierno argentino. A1 declarar judicialmente por segunda vez el Subcomisario Dante Manuel Cardozo (lo hab�an hecho antes junto con el resto del personal policial el (7.6.78), ofici.al policial que hab�a estado a cargo de la Seccional, reconoce la existencia de tales panfletos, los que no hab�a mencionado en su primera declaraci�n, aunque sin precisar su contenido, insistiendo adem�s en que In�s Ollero hab�a sido liberada al igual que los dem�s pasajeros. El Juzgado requiri� reiteradamente a la Escuela de Mec�nica de la Armada que comunicara la n�mina del personal interviniente en el procedimiento, informaci�n que omiti� proporcionar el Juzgado en diversas respuestas que curs� el 22.
          1. 79 y 1
            1. 4. 79. Ante un nuevo pedido detallado de informes, el Comando en Jefe del Ej�rcito s�lo inform� el 1 de junio de 1979: "...Llevo a su conocimiento que hasta la fecha no existen antecedentes en este Comando en Jefe del Ej�rcito de In�s Ollero". E1 Juzgado rechaza por tercera vez la acci�n por considerar agotado el habeas corpus. Con fecha 12 de octubre de 1979; la C�mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala III, hace lugar a nuestro recurso de apelaci�n y ordena la prosecuci�n del habeas corpus, disponiendo nuevas medidas de prueba e interpretando expresamente que, de acuerdo a las constancias del expediente, In�s Ollero no fue liberada (como dicen los informes oficiales) sino que qued� detenida., tras lo cual orden� la reserva de las actuaciones "dada la �ndole de las averiguaciones a practicar y la innegable trascendencia institucional del caso..." En tales condiciones contin�a a la fecha la sustanciaci�n de la causa. Segunda Parte Se transcribe entrecomillado cada p�rrafo de la respuesta gubernamental y se formulan a continuaci�n las osbervaciones pertinentes al mismo:

              1. "La mencionada se�orita Ollero, el 19.7.77, se dir�gia en un colectivo de la l�nea 187, presuntamente hac�a su domicilio, cuando el mismo fue detenido en la intersecci�n de las calles Albatellos y Constituyentes. en jurisdicci�n de la Capital Federal, a fin de realizar un control de tr�nsito de rutina. A1 comenzar dicha tarea, se encontraron en el interior del mismo, panfletos de propaganda de una organiaci�n terrorista. A1 no poder determinarse el poseedor de los mismos se procedi� a conducir a la totalidad del pasaje a la Seccional de la Polic�a, con jurisdicci�n en la zona, a fin de investigar el hecho". Este primer p�rrafo de la respuesta gubernamental contiene datos sustancialmente correctos. Cabe, sin embargo, preguntarse de qu� fuente extrajo el gobierno argentino la informaci�n que all� se enuncia. Ello debido a que causa sorpresa que con anterioridad a esta respuesta gubernamental, ninguno de los organismos del Estado, policiales y militares consultados por el Juzgado, admiti� conocer todos los hechos transcriptos en el p�rrafo. Adem�s aquellos organismos oficiales que m�s elementos de hecho han admitido conocer los refieren a la l�nea de colectivos 111 y manteniendo hasta la fecha, tanto el Ej�rcito como la Armada carecer de antecedentes sobre In�s Olledo.

              2. Una vez reunido en la dependencia policial, el pasaje completo fue identificado y debidamente interrogado respecto de los panfletos que se hab�an encontrado. A1 no obtenerse resultados positivos, se decidi� no demorar m�s a los mencionados pasajeros, los cuales en su totalidad recuperaron su libertad, conforme surge de la causa judicial que se iniciara posteriormente y a la que se har� menci�n a continuaci�n . Es cierto que los pasajeros fueron conducidos a la Seccional Policial y que all� fueron identificados e interrogados sobre los panfletos hallados. Nuevamente cabe aqu� reflexionar sobre la fuente en que se basa la respuesta gubernamental, por las razones que se�al�ramos. Pero lo m�s importante es que la afirmaci�n de que la totaltdad recuper� su libertad, ha quedado rotundamente desmentida por la prueba obrante en el expediente judicial. Si efectivamente se hallaron panfletos terroristas,su tenencia podr�a configurar delito a tenor de lo dispuesto en la ley 20.840, con lo cual resulta ingenuo suponer que en pocas horas se halla dejado en libertad a todos los pasajeros habi�ndose hallado el elemento configurativo del cuerpo del delito. Por lo dem�s es claramente violatorio de la legislaci�n procesal, que en tales circunstancias no se haya dado noticia de los hechos a la autoridad judicial competente. Cabe agregar, por �ltimo, que el subcomisario Cardozo manifiesta desconocer el destino actual de los panfletos hallados en el veh�culo. Por su parte la Escuela de Mec�nica de la Armada actuante en el operativo en cuesti�n, as� como el Comando en Jefe de ese arma, han informado al Juez que en sus procedimientos de esos d�as no se hab�an producido novedades. Tambi�n el responsable del �rea militar inform� el 12.6.78 que no se registraron novedades. Hay una evidente contradicci�n entre esto �ltimo y la prueba del hallazgo de los panfletos, que ha sido corroborada por el conductor y los pasajeros del colectivo. �Acaso el personal militar actuante no inform� a su superioridad el hallazgo de los panfletos?. �D�nde se encuentran tales panfletos?. Por qu� raz�n la respuesta gubernamental admite la existencia de los panfletos y las autoridades militares dicen que no se registraron novedades? Se dice en el p�rrafo transcripto que los pasajeros quedaron en libertad en su totalidad "conforme surge de la causa judicial". Esa interpretaci�n de lo que surge de la causa judicial es contraria a toda l�gica y --lo que es m�s importante-- a lo afirmado tajantemente por el �rgano gubernamental competente para hacer esa apreciaci�n, la Excma. C�mara Nacional de Apelaclones en lo Criminal y Correccional, Sala III, en su fallo del 12 de octubre de 1979, al analizar los hechos, llega a la conclusi�n de que In�s Ollero no fue liberada tras su detenci�n.

              3. �A1 no regresar a su domicilio, el padre de la Srta.Ollero interpuso recurso de habeas corpus que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia letra V, el cual se encuentra en plena sustanciaci�n�. En tres oportunidades durante su tr�mite he debido interponer recursos de apelaci�n contra sentencias de primera instancia que rechazaban la acci�n d�ndola por terminada, y adem�s he debido interponer recurso extraordinario contra la sentencia definitva de segunda instancia que dispuso lo mismo. Ese recurso dio motivo al fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Naci�n dictado en esos autos el 25 de abri1 de 1978 y que se transcribe en el "Informe sobre la situaci�n de los Derechos Humanos en Argentina", Cap�tulo VI E6, producido por esa Comisi�n.

              4. "Sin perjuicio de la acci�n judicial citada anteriormente, se inici� ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucci�n No. 25, Secretar�a No. 161 una causa para investigar una presunta "Privaci�n ileg�tima de libertad". Tambi�n es correcta aunque incompleta la informaci�n contenida en este p�rrafo. La acci�n fue iniciada el 14 de octubre de 1977 debido a la denuncia formulada por el Sr. Juez del habeas corpus cuando dispuso por primera vez el rechazo de esa acci�n. En dicha causa por privaci�n ileg�tima de la libertad no se ha producido diligencia investigatoria alguna hasta la fecha. Salvo que se considere tal, la remisi�n de un oficio a la Polic�a Federal en la misma fecha de su iniciaci�n, solicitando la averiguaci�n de paradero y comparendo de In�s Olledo a fin de recib�rsele declaraci�n testimonial, tras lo cual se dict� sobreseimiento provisional, sin esperar respuesta alguna que por supuesto no se produjo. En la actualidad el expediente se encuentra radicado en 1 Corte Suprema de Justiica de la Naci�n, para su consideraci�n de un recurso extraordinario que he interpuesto contra la resoluci�n que considerando competente a la Justicia Militar, ordena la remisi�n de las actuaciones a la misma, a fin de que juzgue la privaci�n ileg�tima de libertad que sufre mi hija.

              5. "De lo expuesto precedentemente se infiere que ha sido innecesaria e inconducente la denuncia formulada ante esa Comisi�n, ya que el denunciante no puede ignorar que no se han agotado los recursos legales internos que las leyes argentinas le permiten, y como se ha reconocido, los antecedentes del caso est�n en mano de las autoridades judiciales correspondientes". Como se ve, leyendo --aunque sea someramente- la rese�a de la primera parte no ha resultado ni inconducente ni innecesaria la denuncia por mi formulada ante esa Comisi�n, como se pretende en el p�rrafo transcripto. Es muy cierto que los antecedentes del caso, que el Poder Judicial a lo largo de tanto tiempo ha conseguido reunir, se encuentran en sus manos y no se han agotado los recursos legales internos que las leyes argentinas permiten, y que seguiremos adelante hasta que se esclarezca definitivamente lo ocurrido como ordena la Corte Suprema en su fallo del 25 de abril de 1978. Estoy en conocimiento del principio reglamentario que regula la vida de esa Comisi�n, en el sentido que en el conocimiento de las denuncias que se le formulan "deber� verificar como medida previa" si han sido agotados los recursos internos de cada pa�s, y tambi�n que el propio reglamento establece, que se verificar� si esos procedimientos fueron "debidamente aplicados". Es mi creencia que el presente caso, a pesar de los innegables progresos que la investigaci�n a tenido (y no precisamente gracias a los informes de los organismos de seguridad), es un elocuente ejemplo de como los recursos legales internos no han sido debidamente aplicables. De acuerdo al ordenamiento constitucional y procesal argentino la acci�n por la que se persigue la libertad de un persona ileg�timamente privada de ella, el recurso de habeas corpus, debe tramitar en unos pocos d�as. As� ha sido en �pocas anteriores a los hechos que nos ocupan. E1 tr�mite de este recurso lleva ya m�s de tres a�os y en el mismo hay innumerables informes de organismos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que han quedado desvirtuados por otros elementos de prueba, --a veces aportados por las mismas fuerzas-- y se halla adem�s pendientes de respuesta pedidos judiciales de informes a Comando en Jefe de dos armas desde hace m�s de un a�o y medio. No es posible decir que los elementos con que cuenta la Justicia y que hen proporcionado en su mayor�a a las autoridades militares y policiales, son insuficientes para llegar a la verdad, por que gran parte de ella ha sido ya descubierta a pesar de la inexactitud de muchas informaciones emanadas de �rganos oficiales. Por otra parte las propias autoridades gubernamentales argentinas han utilizado el fallo dictado en esta causa el (24.4.78) por la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n como un exponente de lo actuado por ese Tribunal "en cumplimiento de su funci�n de custodia de las garant�as individuales". Esa cita est� tomada del libro "E1 terrorismo en la Argetina", presentado a esa Comisi�n por el Ministerio del Interior en ocasi�n de su visita de septiembre de 1979, en cuyo Anexo No. 41, p�gina 423, apartado 4), se cita bajo tal premisa la doctrina sentado en el caso "Ollero, C�sar s/habeas corpus". Cabe preguntarse, atento lo expuesto, en que medida las autoridades del Poder Ejecutivo han dado cumplimiento en el �rea de su compentencia a lo ordenado en ese fallo. Esa es la conducente y necesaria denuncia que reiteramos a esa Comisi�n a los efectos de sus fines estatutarios.

              6. "Por �ltimo cabe se�alar, que seg�n manifestaciones por escrito realizadas por el propio padre de la causante ante autoridades del gobierno argentino, la misma era militante activa de una organizaci�n juvenil de extrema izquierda, de la autoridades militares y policiales, son insuficientes para llegar a la verdad, por que gran parte de ella ha sido ya descubierta a pesar de la inexactitud de muchas informaciones emanadas de �rganos oficiales. Por otra parte las propias autoridades gubernamentales argentinas han utilizado el fallo dictado en esta causa el (24.4.78) por la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n como un exponente de lo actuado por ese Tribunal "en cumplimiento de su funci�n de custodia de las garant�as individuales". Esa cita est� tomada del libro "E1 terrorismo en la Argetina", presentado a esa Comisi�n por el Ministerio del Interior en ocasi�n de su visita de septiembre de 1979, en cuyo Anexo No. 41, p�gina 423, apartado 4), se cita bajo tal premisa la doctrina sentado en el caso "Ollero, C�sar s/habeas corpus". Cabe preguntarse, atento lo expuesto, en que medida las autoridades del Poder Ejecutivo han dado cumplimiento en el �rea de su compentencia a lo ordenado en ese fallo. Esa es la conducente y necesaria denuncia que reiteramos a esa Comisi�n a los efectos de sus fines estatutarios.

              7. "Por �ltimo cabe se�alar, que seg�n manifestaciones por escrito realizadas por el propio padre de la causante ante autoridades del gobierno argentino, la misma era militante activa de una organizaci�n juvenil de extrema izquierda, de la cual se han apartado numerosos miembros que con posterioridad se vincularon a bandas terroristas, por lo que no debe descartarse de que, luego de ser autorizada o retirarse de la dependencia policial, la misma temiendo que una investigaci�n m�s profunda de los antecedentes de los pasajeros demorados, hiciera salir a la luz su adherencia a dicha organizaci�n, haya decidido, a fin de eludir una eventual acci�n judical, ausentarse voluntariamente y/o pasar a la clandestinidad, como la experiencia lo ha demostrado con otros casos similares. Entre los innumerables recursos legales intentados para obtener el paradero de mi hija, me he dirigido repetidamente por escrito a distintas autoridades del gobierno argentino y de las Fuerzas Armadas explicando los hechos. Excepcionalmente he recibido respuesta, aunque negativa. He mantenido a mi pedido, diversas entrevistas con autoridades militares, en las que he expresado verbalmente mi sentir de padre, mi opini�n constructiva y respetuosa de empresario industrial hacia las instituciones del pa�s, que mantengo y mantendr� siempre. En tales circunstancias he expresado reiteradamente, que tengo conocimiento que mi hija In�s Ollero es afiliada al organismo juvenil del Partido Comunista. Nunca he dicho que "la misma era militante activa de una organizaci�n juvenil de extrema izquierda. Desconozco, pues resulta ajeno a mi esfera de actividad profesional y vocacional, los hechos que sustentan la hip�tesis que en el p�rrafo transcripto se afirma que no debe descartarse. Debo sin embargo se�alar, que la conjetura ensayada en respuesta gubernamental ya fue descalificada antes de su formulaci�n, en tanto como m�s arriba cit�ramos la Excma. C�mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha dicho el 12 de octubre de 1979 que In�s Ollero no fue liberada como se informara al ponerse en descubierto el procedimiento de control del veh�culo. Resulta inadecuado que organismos del Poder Ejecutivo que no han proporcionado a la Justicia la informaci�n que �sta les ha requerido, formulen infundadas conjeturas tendientes a eludir su responsabilidad y a desatar sospechas arbitrarias sobre quien es la v�ctima de los hechos que se investigan. E1 supuesto formulado en la respuesta gubernamental es tambi�n absurdo en su l�gica intr�nseca. En las "Observaciones y Comentarios Cr�ticos del Gobierno Argentino" al informe de esa Comisi�n, del que da cuenta el diario "La Naci�n" de Buenos Aires, del 8 de mayo de 1980, p�gina 16, �ltima columna, se dice textualmente, refiri�ndose entre otros al partido pol�tico m�s arriba mencionado: "Esas organizaciones pol�ticas no han sido disueltas y sus integrantes al igual que otros de similar tendencia, como el Frente de Izquierda Popular, no han sido molestados por el solo hecho de pertenecer a dicha tendencia". Considerando esta apreciaci�n general del gobierno argentino, resulta contradictoria la conjetura ensayada en el p�rrafo que motiva este comentario. Espero que los elementos aqu� aportados sean de su utilidad para la consideracion de la respuesta gubernamental en este caso.