Caso 2076 (Paraguay)

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CONSIDERANDO:

Que en comunicación de 7 de junio de 1976, se denunció la detención en Asunción, de la señora Aída Angélica Ortíz junto con su hija de 11 meses, Aída Alejandra, a mediados de marzo de 1976;

Que según la denuncia, la señora Ortíz se encontraba incomunicada en condiciones infrahumanas y que se desconocía el paradero y destino de la criatura;

Que la señora Ortíz, de acuerdo al denunciante, se hallaba al momento de su detención bajo rigoroso tratamiento médico por padecer de asma crónica, afección cardíaca, alteración del sistema nervioso y deficiencia hepática, y que, por lo tanto, su vida peligraba;

Que la Comisión, mediante cablegrama de 12 de agosto de 1976, transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento);

Que por cablegrama de 5 de noviembre de 1976, la CIDH reiteró al Gobierno del Paraguay la solicitud de información;

Que pese al largo tiempo transcurrido el Gobierno del Paraguay no ha suministrado información alguna; y

Que el Artículo 51, 1) del Reglamento de la Comisión Establece lo siguiente:

  1. Se presumirán verdaderos los hechos sobre los cuales se ha solicitado información sí en el plazo de ciento ochenta días desde la fecha en que se solicitó la información correspondiente al Gobierno aludido, éste no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros elementos de convicción.
  2. RESUELVE:

    1. Por aplicación de dicho Artículo 51, 1) del Reglamento presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia.
  3. Observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la protección de la familia (Art. VI); al derecho a la protección a la infancia (Art. VII); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).
  4. Recomendar al Gobierno poner en libertad inmediatamente a la señora Ortíz y a su hija Aída.
  5. Recomendar al Gobierno sancionar de acuerdo con sus leyes, a los responsables de los hechos denunciados, medida que deberá comunicar a esta Comisión dentro del plazo máximo de 60 días.
  6. Comunicar esta Resolución al Gobierno del Paraguay y al denunciante.
  7. Incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Art. 9 (bis), inc. c, iii. del Estatuto).

Aprobada en sesión 522a el 13 de mayo de 1977 (41o Período de Sesiones) y transmitida al Gobierno del Paraguay el 27 de mayo de 1977.