Caso 2006 (Paraguay)

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

CONSIDERANDO:

Que en varias comunicaciones, la primera de fecha 17 de diciembre de 1975, se denunció a esta Comisión la detención en los primeros días de ese mes, del Profesor Miguel Chase Sardí, de Victorio Suárez, del sociólogo Mauricio Schwartzman y de Marilyn Rehnfeldt --todos del proyecto "Marandú"--, así como de Gloria Estragó, empleada del Consejo Directivo Indígena del Paraguay;

Que según la denuncia, estas detenciones fueron motivadas por el hecho de que el proyecto Marandú tiene el objeto de mejorar las condiciones económicas y sociales de la población indígena;

Que según los reclamantes, la policía efectuó un allanamiento de las oficinas del proyecto "Marandú", tomando documentos y cartas, alegando que estos eran prueba de actividades subversivas;

Que según los hechos denunciados, Marilyn Rehnfeldt estuvo detenida por varios días y el Profesor Chase Sardí por 7 meses sin que se les formularan cargos de ninguna especie;

Que igualmente se alega la privación de libertad de Gloria Estragó por espacio de aproximadamente un año antes de que se formulasen cargos en su contra y que fuese posteriormente liberada;

Que según la denuncia, el señor Chase Sardí, Victorio Suárez y Gloria Estragó fueron brutalmente torturados, sufriendo el primero la fractura de varias costillas que dificultaron el movimiento de sus brazos, así como una infección en un oído, sin recibir la atención médica necesaria;

Que los señores Suárez y Schwartzman continúan detenidos sin que se hayan presentado cargos en su contra;

Que por notas de 10 de febrero y 2 de junio de 1976, la CIDH transmitió al Gobierno del Paraguay las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó las informaciones correspondientes (Art. 42 del Reglamento);

Que el Artículo 51, 1) del Reglamento de la Comisión establece lo siguiente:

1. Se presumirán verdaderos los hechos sobre los cuales se ha solicitado información si en el plazo de ciento ochenta días desde la fecha en que se solicitó la información correspondiente al Gobierno aludido, éste no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros elementos de convicción.

Que pese al largo tiempo transcurrido el Gobierno del Paraguay no ha suministrado información alguna,

RESUELVE:

1. Por aplicación del Artículo 51, 1) del Reglamento presumir verdaderos los hechos materia de la denuncia.

2. Observar al Gobierno del Paraguay que tales hechos configuran gravísimas violaciones al derecho de la libertad y a la seguridad de la persona (Art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); al derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art. IX); al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia (Art. X); al derecho de justicia (Art. XVIII); al derecho de asociación (Art. XXII); al derecho de protección contra la detención arbitraria (Art. XXV), y al derecho a proceso regular (Art. XXVI).

3. Recomendar al Gobierno del Paraguay poner en libertad inmediatamente a los señores Suárez y Schwartzman.

4. Recomendar al Gobierno sancionar, de acuerdo con las leyes paraguayas, a los responsables de los hechos denunciados, medida que deberá ser comunicada a esta Comisión dentro del plazo máximo de 60 días.

5. Comunicar esta Resolución al Gobierno del Paraguay y a los denunciantes.

6. Incluir esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización (Art. 9 (bis), inc. c, iii. del Estatuto).

Aprobada en sesión 522a el 13 de mayo de 1977 (41o Período de Sesiones) y transmitida al Gobierno del Paraguay el 27 de mayo de 1977.