CASO 1798 (Bolivia)

Caso No 1798, presentado en comunicaci�n de 9 de febrero de 1974, denunciando la muerte de numerosos campesinos que se hab�an manifestado en contra del gobierno en la ciudad de Cochabamba. Ademas, la detenci�n arbitraria del abogado Benjam�n Miguel quien se encontrar�a incomunicado en una c�rcel de La Paz desde el 20 de enero del mismo a�o.

En vista de que la comunicaci�n no reun�a todos los requisitos de los Art�culos 38 y 54 del Reglamento la Comisi�n, en carta de 19 de febrero de 1974, solicit� de los reclamantes que la complementara.

El reclamante, en comunicaci�n de 19 de julio de 1974, complement� la denuncia con datos concretos sobre los hechos arriba mencionados.

La Comisi�n, en nota de 11 de octubre de 1974, solicit� del Gobierno de Bolivia la informaci�n correspondiente, de conformidad con los Art�culos 42 y 44 del Reglamento. Copia de dicha nota fue transmitida a la Delegaci�n de Bolivia ante el Consejo Permanente de la OEA, el 17 del propio mes y a�o. En comunicaci�n de 11 de noviembre de 1974, se inform� al reclamante el tr�mite dado al caso.

En su trigesimoquinto per�odo de sesiones (mayo de 1975) la Comisi�n prosigui� el examen del caso observando que el Gobierno de Bolivia no hab�a administrado la informaci�n correspondiente habi�ndose agotado el plazo de 130 d�as del Art�culo 51 del Reglamento para el env�o de esta informaci�n. En consecuencia acord� aplicar lo previsto en el propio Art�culo, inciso 1, de presumir verdaderos los hechos sobre los cuales se hab�a solicitado informaci�n.

Al tenor de ese acuerdo la CIDH aprob� en su trigesimosexto per�odo (octubre de 1975) la Resoluci�n siguiente (OEA/Ser.L/V/II.36, doc. l9 rev.1 de 14 de octubre de 1975):

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CONSIDERANDO:

I

Que en comunicaci�n de 19 de julio de 1974 se denunciaron los siguientes hechos:

1. Detenci�n y posterior expulsi�n del abogado boliviano Benjam�n Miguel Harb.

Seg�n la denuncia, el abogado boliviano Benjam�n Miguel Harb, Presidente del partido Dem�crata Cristiano de Bolivia, fue detenido el 21 de enero de 1974, en la ciudad de La Paz (Bolivia), por haber hecho a trav�s de la prensa una cr�tica a las medidas econ�micas impuestas a mediados de dicho mes por el Gobierno de Bolivia.

Precisa la denuncia que la detenci�n del nombrado abogado fue practicada por agentes de la Direcci�n de Orden Pol�tico (DOP), sin que hubiera habido ninguna orden formal de autoridad competente y sin que se le hubiere imputado cargo alguno de haber violado alguna ley; que esta detenci�n dur� hasta el 15 de febrero de 1974 (veinticinco d�as), tiempo durante el ecual permaneci� incomunicado en una celda policial por siete d�as, habi�ndosele permitido solamente ver a sus familiares por diez (10) minutos en dos (2) oportunidades; y, que durante toda su detenci�n no se le tom� ninguna declaraci�n, pero si se procedi� ?contra la ley a ficharlo con fotograf�as como si se tratara de un delincuente con sentencia ejecutoriada dictada por una autoridad competente'.

En lo que respecta a la expulsi�n del pa�s de este abogado, dice la denuncia textualmente:

'Tres meses despu�s de haber sido puesto en libertad condicional, BENJAMIN MIGUEL HARB fue expulsado de manera inconstitucional e ilegal de Bolivia, hecho ocurrido el 21 de mayo de 1974, con destino al Paraguay, pa�s donde se encuentra a la fecha. Junto con �l fueron desterrados tres altos dirigentes de la Alianza PDC - PRA - MNRI. El Ministro del Interior invoc� como fundamento de esta medida, el haber cometido 'supuestos delitos contra la ley'.

La Constituci�n Pol�tica de Bolivia prescribe que nadie puede ser detenido por m�s de 24 horas sin una orden judicial. Como una medida de protecci�n a la libertad personal, la misma Constituci�n Pol�tica establece el recurso de 'habeas corpus', pero las autoridades judiciales que se encuentran sometidas al poder pol�tico no dan lugar a estos recursos legales'.

2. Brutal represi�n de manifestaciones de protesta de campesinos contra medidas econ�micas del gobierno.

Dice este respecto la denuncia: 'La represi�n del ej�rcito fue brutal. Se produjo una de las masacres m�s sangrientas que conoce la reciente historia boliviana. Murieron m�s de cien campesinos. La represi�n del ej�rcito fue extremadamente violenta en el Departamento de Cochabamba donde el n�mero de muertos es el siguiente; en Punata, Totora y en el Valle 49 muertos; en Sacaba 35 muertos. No se conocen los nombres de las v�ctimas y las autoridades no han anunciado ninguna investigaci�n.

'La S�ptima Divisi�n del Ej�rcito, al mando del General Carlos Alvarez, que fue designado para . . . 'restablecer la calma' en el departamento sudoriental, admiti� s�lo 25 muertos. Luego, el mismo Alvarez sintetiz� la doctrina que inspira la acci�n del gobierno al se�alar textualmente: 'No importa que mueran unos cuantos si la mayor�a vivir� feliz'.

'El Episcopado Boliviano conden� con firmeza y claridad este verdadero genocidio'.

II

Que, de acuerdo con la facultad que le confiere el Art�culo 9 (bis) de su Estatuto, la Comisi�n solicit� del Gobierno de Bolivia, mediante nota de 11 de octubre de 1974, la informaci�n correspondiente, transmiti�ndole las partes pertinentes de la mencionada comunicaci�n, en la forma prescrita en los Art�culos 42 (1) y 44 de su Reglamento. Copia de esta comunicaci�n fue enviada, con fecha 17 de octubre de 1974, al entonces Representante Interino de Bolivia en el Consejo

Permanente de la Organizaci�n de los Estados Americanos.

III

Que en su trigesimoquinto per�odo de sesiones (mayo de 1975), la Comisi�n observ� que el Gobierno de Bolivia no hab�a suministrado todav�a las informaciones solicitadas y que hab�a transcurrido el plazo de 180 d�as previsto en el Art�culo 51 del Reglamento.

Que el Art�culo 51 del Reglamento dice as�:

Art�culo 51

  1. Se presumir�n verdaderos los hechos sobre los cuales se ha solicitado informaci�n si en el plazo de ciento ochenta d�as desde la fecha en que se solicit� la informaci�n correspondiente al Gobierno aludido, �ste no suministrare la informaci�n correspondiente, siempre y cuando la improcedencia de los hechos denunciados no resultare de otros elementos de convicci�n.
  2. La Comisi�n podr� prorrogar el plazo de ciento ochenta d�as en los casos en que lo encontrare justificado.

RESUELVE:

  1. Considerar, por aplicaci�n del Art�culo 51 del Reglamento, probados los hechos que se denunciaron en la comunicaci�n de 19 de julio de 1974.
  2. Observar al Gobierno de Bolivia que tales hechos constituyen grav�simas violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de justicia y de protecci�n contra la detenci�n arbitraria, consagrados en los Art�culos I, XVIII, XXV de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
  3. Recomendar al Gobierno de Bolivia que:

a) Disponga una investigaci�n sobre los hechos materia de la denuncia;

Otorgue al abogado boliviano Benjam�n Miguel Harb las garant�as necesarias para que pueda regresar a Bolivia en pleno goce de sus derechos,

Adopte las medidas necesarias para sancionar a quienes hayan sido responsables de muertes y actos de violencia ocurridos durante la represi�n a que se refiere la segunda parte de la denuncia y para otorgar a los deudos de las victimas de estos sucesos las indemnizaciones y reparaciones a que hubiera lugar de conformidad con el Derecho de Bolivia.

4. Solicitar del Gobierno de Bolivia que el 31 de diciembre de 1975, a m�s tardar, informe a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones indicadas en el p�rrafo (3) de esta Resoluci�n.

5. Incluir el caso en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organizaci�n de los Estados Americanos, de conformidad con lo dispuesto en el Art�culo 57 del Reglamento de la Comisi�n, si el Gobierno de Bolivia no suministrare oportunamente la informaci�n solicitada en el p�rrafo anterior (4) de esta Resoluci�n.

6. Hacer esta Resoluci�n del conocimiento del Gobierno de Bolivia y de los reclamantes.

Dicha Resoluci�n fue hecha del conocimiento del Gobierno de Bolivia en nota de 1 de diciembre de 1975 y de los reclamantes el 3 del mismo mes y a�o.