CASO 1752 (Estados Unidos)

Caso 1752, de 7 de septiembre de 1972, en el cual se denuncia la violaci�n de los siguientes derechos consagrados en la Declaraci�n Americana: Art�culos VI, IX, XXII y XXV (derecho a la constituci�n y a la protecci�n de la familia; derecho a la inviolabilidad del domicilio; derecho de asociaci�n y derecho de protecci�n contra la detenci�n arbitraria).

Este caso fue objeto de examen, en el curso del vigesimonoveno per�odo de sesiones (octubre de 1972) en el cual el relator designado en dicho per�odo, Dr. Gabino Fraga, recomend� que fuera declarado inadmisible de conformidad con el ac�pite c) del Art�culo 39 del Reglamento de la Comisi�n, toda vez que los hechos materia de la queja eran incompatibles con el Estatuto de la CIDH.

Afin de ejecutar el acuerdo arriba citado la Comisi�n aprob�, en su trig�simo per�odo de sesiones; ( abril de 1973) una resoluci�n en cuya parte decisoria se dispone que "en vista de que ha existido una resoluci�n judicial que ha examinado los hechos invocados por los sujetos y teniendo en cuenta que la queja no se ha hecho valer en contra de 1a resoluci�n judicial, aduciendo la ilegalidad de la misma, 1a Comisi�n no puede ni debe volver a examinar las violaciones invocadas, y por tanto, de conformidad con el Art�culo 59 inciso c) del Reglamento de la propia Comisi�n es de desecharse y desecha 1a queja de la Alianza Federal de Mercedes".[1]

Dicha resoluci�n fue puesta en conocimiento del reclamante con comunicaci�n de 15 de mayo de 1973.

El reclamante, en comunicaciones de 26 de julio y 18 de septiembre de 1973, present� sus objeciones a la resoluci�n de la Comisi�n solicitando su reconsideraci�n.

La Comisi�n consider� las objeciones presentadas por el reclamante en el curso de su trig�simoprimer per�odo de sesiones (octubre de 1973) y design� en ausencia del relator del caso Dr. Gabino Fraga, al Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches como nuevo relator para que estudiara el asunto.

El relator present� un proyecto de resoluci�n (doc.39-31) recomendando la reapertura del examen del caso 1752.

Con base en dicho proyecto la Comisi�n aprob�, por unanimidad, en el propio per�odo, la siguiente resoluci�n (OEA/Ser.L/V/II.31, doc.29 rev. 1, de 24 de octubre de 1973):

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

CONSIDERANDO:

1. Que el 7 de setiembre de 1972, Juan Isidro Valdez y otros, cindadanos norteamericanos residentes en el Estado de Nuevo M�xico, representados por el abogado Thomas Romero, del Centro Legal de la Raza, presentaron una queja contra las autoridades policiales (law enforcement officials) de dicho estado y miembros de la Guardia Nacional (National Guardsmen), alegando violaciones de sus derechos humanos, contemplados en los Art�culos VI, IX, XXII y XXV de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

2. Que los hechos denunciados son expuestos de forma ordenada y clara y pueden resumirse as�:

a. Las pr�cticas discriminatorias contra personas de origen mexicano y de lengua espa�ola, que eran un factor hist�rico en los Estados Unidos, a�n subsisten en materia de administraci�n de la justicia (p�g. 5).

b. En 1967, los quejosos eran miembros de la Alianza Federal de Mercedes, una organizaci�n formada por ciudadanos norteamericanos de habla espa�ola, dedicada a la defensa de diversas reivindicaciones de naturaleza pol�tica y de concesiones de tierra (p�g. 9 No. 1).

c. E1 2 de junio de 1967, algunos d�as despu�s de una reuni�n de la Alianza, el quejoso Juan Isidro Valdez fue detenido arbitraria e ilegalmente por las autoridades policiales del Estado de Nuevo M�xico, siendo liberado el 4 del mismo mes sin que se haya iniciado ning�n procedimiento legal contra el quejoso (p�g. 8 No. III).

d. E1 5 de junio de 1967, los dem�s quejosos estaban reunidos en el Rancho Leyba, situado en Canjil�n, Nuevo M�xico, cuando las mismas autoridades invadieron injustificadamente dicha propiedad privada y detuvieron a los quejosos en un corral cercado por alambradas de p�as, donde fueron mantenidos durante m�s de 24 horas, sin alimento adecuado e instalaciones sanitarias. Soldados de la Guardia Nacional fueron empleados para impedir a los quejosos salir del local donde estuvieron detenidos (p�g. 8 No. V).

5. Que los quejosos alegan haber agotado todos los procesos y recursos disponibles en la jurisdiccion interna ya que presentaron su caso a la "United States Ditrict Court for the District of New Mexico", recurrieron a la"United States Court of Appeals for the Tenth Circuit" y finalmente sometieron una petici�n (writ of certiorari) a la Corte Suprema que la habr�a denegado en marzo de 1972 (p�g. 7 No. VII).

4. Que los quejosos piden formalmente a la CIDH que:

a. Investigue y prepare un informe sobre los hechos denunciados y recomiende las medidas que consideren apropiadas, de conformidad con e1 Art�culo (bis) del Estatuto y Art�culo 37 del Reglamento.

b. Prepare un estudio sobre la situaci�n actual de las materias relacionadas con respecto de los derechos humanos de todas las personas de habla espa�ola en el sudoeste de los Estados Unidos (p�g. 7) (relief sought).

5. Que consta en el expediente la publicaci�n sometida a 1a Corte Suprema de los Estados Unidos en octubre de 1971, por los abogados de 1a "Americas Civi1 Liberties Union" (156 Fifth Avenue, New York, New York 10010), en representaci�n de los quejosos, bajo el t�tulo "Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit", en la cual figuran como reclamantes (petitioners) Juan Isidro Valdez y otros quejosos junto a esta Comisi�n y como demandados (respondents) Joe Black: "Chief of the New Mexico State Police", otras autoridades locales y dos miembros de la Guardia Naciona1.

6. Que dicha publicaci�n contiene el texto integral de la petici�n presentada por los quejosos a la Corte Suprema, as� como el texto de la decisi�n de la Corte de Apelaciones del D�cimo Circuito de los Estados Unidos, que confirm� la sentencia de primera instancia. En dichos textos figuran las siguientes informaciones:

a. Los quejosos y otros miembros de la Alianza Federal de Mercedes, iniciaron una acci�n judicial con base en los p�rrafos 1983 y 1985 del "United States Code", que reglan los casos del derecho civil y en la cual reclama de los demandados una indemnizaci�n de US$3,000 cada uno, por violaci�n de los derechos garantizados por la Constituci�n de los Estados Unidos, especialmente derechos de expresi�n del pensamiento (freedom of speech) y de reuni�n; derecho de petici�n y derecho de protecci�n contra la detenci�n arbitraria, registro y secuestro (unreasonable search and seizure and arrest).

b. E1 procedimiento por el jurado result� en una decisi�n a favor de 12 de los 13 acusados. E1 �nico demandado victorioso fue Sevedeo Mart�nez al cual e1 jurado reconoci� el derecho a una indemnizaci�n de US$ 3,000 contra cuatro de los miembros de la Polic�a del Estado de Nuevo M�xico.

c. El recurso de los quejosos ha sido juzgado en mayo de 1971 por la Corte de Apelaciones del D�cimo Circuito de los Estados Unidos, que confirm� la decision del jurado, la decisi�n estableci� 16 puntos sobre los hechos, 1os puntos 6, 9, 14, 15 y 16 confirman los hechos expuestos por los quejosos en su reclamaci�n a esta Comisi�n. Sin embargo, la conclusi�n de la Corte fue la siguiente: "In sum, our stuy of the voluminous record convinces us that the plaintiffs have now had their day in court and that the varied issues were properly submitted to the jury under instructions that are without the defects now suggested by the several plaintiffs."

7. Que no obra en el expediente el texto de la decisi�n de 1a Corte. Suprema porque, como informa el abogado de los quejosos, dicha Corte neg� el certiorari en marzo de 1972, resoluci�n esa que no es reducida a escrito ni menciona sus fundamentos de hecho o de derecho.

8. Que nombrado relator, el Dr. Gabino Fraga, present� su informe en el cual opin� que:

"Ahora bien, como esa resoluci�n firme examina y considera que no existieron las violaciones a los derechos humanos alegadas por los quejosos, la Comisi�n no puede, ni debe volver a examinar las violaciones de tales derechos, pues existiendo un acto posterior de la autoridad judicial, la queja debi� de enderezarse y fundarse en contra de ese acto judicial alegando la ilegalidad del mismo ".

9. Que la Comisi�n en su sesi�n de 26 de octubre de 1972, decidi� archivar el caso "por ser incompatible con las disposiciones del Estatuto" al tenor del Art�culo 39, inciso c) del Reglamento (doc.40-29 rev.l).

10. Que el 27 de octubre fue recibido en la Comisi�n el siguiente addendum de los quejosos:

"The actions complained of by the parties to this petition were not acts carried out by 'private' individuals. Said acts were carried out by officials of recognized governmental entities and as such constitute state action. It is recognized that the United States Government has the obligation and ability to control such state action, especially when such action results in the violation of basic human rights by said individuals acting in their official capacity. To hold to the contrary would be to give reign to all governments, acting under and through leaver officials, to violate the human righta of individuals without ever being called to an accounting by such bodies as the Inter-American Commisaion on Human Rights.

Because the Government of the United Stetes failed to prevent, halt, or rectify the acts and the consequences complained of herein, the parties to this petition have sought fit to register formal complaints with the Commission, and pray for the relief which the Commission is competent to grant."

11. Que el 25 de abril de 1973 la Comisi�n adopt� una resoluci�n final cuya conclusi�n dice:

"Decide que en vista de que ha existido una resoluci�n judicial que ha examinado los hechos invocados por los quejosos y teniendo en cuenta que la queja no se ha hecho valer en contra de la resoluci�n judicial, aduciendo la ilegalidad de la misma, la Comisi�n no puede ni debe volver a examinar las violaciones invocadas, y por tanto, de conformidad con el Art�culo 39, inciso c) del Reglamento de la propia Comisi�n es de desecharse y desecha la queja de los miembros de la Alianza Federal de Mercedes".

12. Que dicha resoluci�n transcribe extensamente los fundamentos de la decisi�n de la Corte de Apelaciones del D�cimo Circuito pero no examina los dos pedidos contenidos en la comunicaci�n inicial del reclamante ni su addendum

13. Que el texto de la resoluci�n de la Comisi�n ha sido transcrita al abogado de la Alianza con fecha 15 de mayo de 1973 (p�g. 68) y 18 de setiembre siguiente y el mismo abogado solicit� a la Comisi�n la reconsideraci�n de su decisi�n con los siguientes argumentos: "Implicit in the denunciations as articulated in our petition is the denunciation of the entire judicial procedure which petitioners herein were required to exhaust. Had petitioners been satisfied that the domestic judicial determination was fair and just, the need for filing the petition would not have existed. It is petitioner's position that by its very nature, the petition inherently denounces the judicial decision rendered in the case as well as the failure of the United States Supreme Court to act in the matter.

Petitioners failed to realize that the Commission would interpret their implicit denunciation of the judicial procedure as no denunciation whatsoever. This is incorrect and for the record petitioners wish to clarify the matter as follows: the acts complained of by petitioners in their original complaint impliedly include the denunciation of the domestic judicial decisions rendered. Petitioners feel the decision is contrary to fact when viewed in light of the American Declaration and the human rights protected thereunder."

14. Que se verifica as�, que los hechos ocurrieron en 1967 pero que los recursos de la jurisdicci�n interna s�lo han sido agotados en marzo de 1972, de manera que los quejosos presentaron su comunicaci�n a la Comisi�n en setiembre de 1972, es decir, dentro del plazo de los seis meses establecidos en el Art�culo 55 del Reglamento. Igualmente, entre la comunicaci�n de la decisi�n final de la Comisi�n, fechada el 15 de mayo de 1973, y el pedido de revisi�n o reconsideraci�n recibido el 2l de setiembre de 1973, transcurrieron cuatro meses, lo que puede ser considerado un plazo razonable, considerando las circunstancias de1 caso.

Que en principio no parece que los pedidos de los quejosos en su comunicaci�n inicia1 y en su addendum, sean incompatibles con ning�n art�culo del Estatuto.

16. Que, realmente, el mero hecho de que se hayan agotado los recursos internos, existiendo una resoluci�n judicial definitiva, que ha examinado los hechos invocados por los quejosos, no es obst�culo para que la Comisi�n pueda examinar si dichos hechos caracterizan o no alguna nota de los derechos humanos definidos en la Declaraci�n Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Lo que la Corte de Apelaciones del D�cimo Circuito decidi� fue que, en el caso de los quejosos, no han sido violados los derechos especificados en la Constituci�n de los Estados Unidos. Solamente la revisi�n de este punto de la conclusi�n exceder�a la competencia de esta Comisi�n. Bastar�a recordar, como ejemplo, que hasta 1954 la Corte Suprema de los Estados Unidos mantuvo la doctrina "equal but separate", en materia de discriminaci�n racial, lo que no hubiera impedido a la CIDH, si entonces ya hubiera existido, declarar que tal decisi�n ser�a contraria a 1a Declaraci�n Americana.

17. Que as�, el pedido de revisi�n de los quejosos, adem�s de oportuno, contiene, a primera vista, materia relevante cuyo m�rito la Comisi�n no ha examinado. En consecuencia, lo que corresponde hacer es solicitar la informaci�n reglamentaria del Gobierno de los Estados Unidos, con la aclaraci�n del Art�culo 43 del Reglamento de que dicha solicitud "no entra�a prejuzgar la admisibilidad de la denuncia".

RESUELVE:

1. Admitir la posibilidad de revisi�n de la resoluci�n de 25 de abril de 1972 (doc.19-30).

2. Solicitar informaciones al Gobierno de los Estados Unidos de Am�rica, de conformidad con el Art�culo 9 (bis) del Estatuto y el Art�culo 42 del Reglamento de la CIDH.

En cumplimiento del Punto II de dicha resoluci�n la Comisi�n se dirigi� al Gobierno de los Estados Unidos de Am�rica, en nota de 19 de diciembre de 1973, en solicitud de informaci�n sobre los hechos materia de la denuncia tal como disponen los Art�culos 42 y 44 de su Reglamento. Junto con la nota de referencia se acompa�� copia de la resoluci�n de 24 de octubre de 1973.

En comunicaci�n de 10 de enero de 1974 se hizo del conocimiento del reclamante el texto de la resoluci�n aprobada y el tr�mite dado al caso.

[1] OEA/ Ser.L/V!II.30, doc. l9 rev. 1, de 25 de abril de 1973