CASO 1746 (Brasil)

Caso No. 1746, de fecha 10 de junio de 1972, denunciando las condiciones violatorias de los derechos humanos en que se encontraban los presos políticos en el presidio "Tiradentes" Sao Paulo, y la decisión de trasladar a muchos de ellos a otros establecimlentos penitenciarios ubicados en zoras apartadas del país. En otros casos tales traslados se habían cumplido ya sin previo aviso a los familiares de los reclusos o a sus representantes legales. Dicha situación había provocado una huelga de hambre y otros problemas en dicho penal.

La Comisión, en nota de 22 de agosto de 1972, solicitó del Gobierno del Brasil la información correspondiente, transmitiéndole las partes pertinentes de 1a denuncia, de conformidad con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento.

En el vigésimonoveno período de sesiones (octubre de 1972), la Comisión consideró esta comunicación y acordó posponer su examen haste su próximo período ordinario de sesiones, en vista de que no había transcurrido el plazo de 180 días para que el Gobierno del Brasil suministrara las informaciones solicitadas (Artículo 51 del Reglamento).

E1 Gobierno del Brasil, con nota de 3 de abril de 1973, dio respuesta a la solicitud de referencia de la Comisión acompañando extensa información sobre los hechos denunciados. En resumen, informó lo siguiente:

1. Que las autoridades tuvieron conocimiento de que algunos elementos de "elevada peligrosidad" habían organizado dentro del presidio Tiradentes una célula terrorista para coaccionar a los demás presidiarios. Estos hechos ampliamente divulgados por la prensa llevaron a las autoridades a tomar urgentes y enérgicas providencias.

Dicha célula terrorista editaba desde la cárcel panfletos, cartas y comunicados encaminados a desprestigiar la imagen del país en el extranjero.

2. Que en vista de que todos los presos involucrados en estas actividades se encontraban en dicho establecimiento en prisión preventiva o habían sido condenados a penas privativas de la libertad por atentar contra la seguridad del Estado (Ley de Seguridad Nacional No. 898/69) y se hallaban a disposición de las autoridades de la justicia penal militar, se solicitó de dichas autoridades, por parte de los directores del penal, la adopción de las medidas pertinentes.

3. Que las autoridades judiciales militares dispusieron el traslado de los principales responsables del problema a otros estableciminetos pena1es.

4. Que no puede alegarse arbitrariedad en los mencionadoa traslados, que fueron hechos por orden de la autoridad competente (Loy de Seguridad Nacional, Artículo 76; Código Penal, Artículo 29, inciso 3; Código de Procedimiento Penal Militar, Artículo 588 y, Artículos 61 y 62 del Código Penal Militar).

5. Que la afirmación de que e1 traslado de los reclusos a otros establecimientos penales amenazaba su seguridad personal, temiéndose por sus vidas, es totalmente falsa e infundada, y que la trasferencia tuvo por objeto desarticular la célula terrorista subversiva que actuaba desde el penal.

6. Que también era falsa la afirmación de que las transferencias no se comunicaran oportunamente a los familiares y abogados de los reclusos.

7. Que treinta y dos reclusos, descontentos con las medidas adoptadas declararon huelga de hambre a partir del 12 de mayo de 1972, solicitando la suspensión de los traslados y el retorno de 1os presos ya reubicados en otros penales al penal Tiradentes.

8. Que de 120 presos solamente 32 participaron en la huelga.

9. Que los presos afectados nunca se quejaron de malos ratos o falta de asistencia de las autoridades del penal, incluso durante la huelga de hambre, habiéndoseles dispensado cuidados médicos.

10. Que no era cierto que las autoridadea hubieran impedido que los reclusos insubordinados conversaran con el Señor Arzobispo de Sao Paulo, o que se hubiera impuesto a los reclusos la mediación del Director de Institutos Penalea. También las autoridades permitieron que el Nuncio Apostó1ico en el Brasil visitara a los reclusos.

11. Que la actuación del Director de Institutos Penales, mencionada en la denuncia, pretende confundir a la Comisión, pues corresponde a dicho Director el fiel cuplimiento de las disposiciones legales pertinentea al régimen penitenciario y, en consecuencia, dicho funcionario visitó el penal para formarse un juicio objetivo del problema. La realidad es que los propios afectados lo reclamaban como mediador, según testimonian las autoridades eclesiásticas.

12. Que en cuanto al caso de un menor que se encontraba en el presidio Tiradentes y es púber, se encontraba allí aguardando el resultado de la investigación policial (inquérito) que luego se transformó en el sumario No. 132/7 en el despacho del Juez Auditor de la 3ra. Auditoría Penal Militar, quien transfirió la causa al Juez de Menores de la ciudad de Sao Paulo, a cuya disposición se encuentra actualmente el sindicado.

13. Que en consecuencia, el Gobierno del Brasil rechaza la denuncia presentada ante la CIDH, pues el traslado de presos fue realizado conforme a las leyes vigentes y ordenda por las autoridades judiciales competentes para detener las actividades subversivas del grupo mencionado.

La Comisión examinó el caso 1746 junto con las informaciones suministradas por el Gobierno del Brasil, en el curso de su trigésimo período (abri1 de 1973), habiéndolo declarado inadmisible de conformidad con el acápite d) del Artículo 39 de su Reglamento, en vista de que 1os hechos materia de la queja no tienen pertinencia con desconocimiento de derechos humanos por parte del Gobierno del Brasil.

Este acuerdo fue comunicado al gobierno del Brasil en nota de 15 de junio de 1973 y a los reclamantes en carta de 19 del propio mes y año.